ELECONOMISTA* : Son aeródromos que no llegan a cubrir ni un tercio de la capacidad que tienen instalada. Junto a los casos de Ciudad Real, que ya cerró; Castellón, sin vuelos pese a ser inaugurado, o Alguaire (Lleida), sin ninguna línea regular durante todo el año, existen otros aeropuertos de Aena cuya continuidad no se justifica por el tráfico que acogen. Por sobrecapacidad o redundancia con otras instalaciones, sobran dos en Galicia, otros dos en el País Vasco y Navarra, dos en Andalucía, tres en Castilla y León, uno en Aragón, uno en Murcia y otro en Extremadura. Otros tampoco son rentables, pero su ocupación se acerca a la mitad de la capacidad.
La estampa se repite una y otra vez a lo largo de la geografía española. Un mapa plagado de aeropuertos semivacíos, que en el mejor de los casos no reciben ni la mitad del tráfico de pasajeros que sus instalaciones pueden gestionar al año. Algunos de ellos son fruto del afán constructor auspiciado por el boom del ladrillo, como en el caso del aeropuerto de Ciudad Real.
Otros, en cambio, han sido proyectados para dar alas a gobiernos nacionalistas, como el aeropuerto de Lleida-Alguaire. Todos tienen en común que fueron proyectados en época de bonanza, ante unas previsiones de tráfico aeroportuario en continuo crecimiento y con ingentes inversiones millonarias. Con la crisis y el consiguiente recorte de subvenciones a aerolíneas de bajo coste por parte de los gobiernos regionales gran parte de estas instalaciones se han quedado en la estacada.
Recorte de gasto
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha reconocido recientemente que proyectan elaborar para cada aeropuerto un plan de austeridad que permite minimizar el gasto corriente, pero de los 50 aeropuertos que existen en España, ¿cuáles son los que tienen mayor riesgo de no levantar el vuelo?
Entre los aeródromos que no llegan a cubrir ni un tercio de la capacidad que tienen instalada se encuentra Alguaire (Lleida), dos en Galicia, otros dos en el País Vasco, dos en Andalucía, tres en Castilla León, uno en Aragón, uno en Murcia y otro en Extremadura. A éstos se le sumarían los de Castellón y Ciudad Real.
El primer aeropuerto que se quedó en tierra fue el de Ciudad Real, promovido principalmente por Caja Castilla-La Macha. La semana pasada este aeropuerto escribió su último capítulo con el cierre de su única pista.
Tras ese fiasco, es ahora el aeropuerto de Castellón el que simboliza el despilfarro y el gasto innecesario con una inauguración protagonizada por Francisco Camps y Carlos Fabra, cuando su apertura real estaba aún lejana. Y ello a pesar de que su coste ha sido moderado, unos 150 millones, debido a que fue realizado por una concesionaria controlada por Globalvía (FCC y Bankia). El aeropuerto fue un empeño de Carlos Fabra cuando presidía la Diputación de Castellón, que ignoró el parecer de Aena, que veía ilógico dotar de un aeropuerto a una provincia cuya capital está a 75 kilómetros del aeropuerto de Manises (Valencia) y con un turismo nacional.
La meta de sus promotores era alcanzar 600.000 pasajeros el primerazo de funcionamiento de Castellón, pero ninguna aerolínea mostró nunca interés en operar allí, por lo que la concesionaria exigió más ayudas públicas que hicieran viable la explotación. La Generalitat decidió en diciembre romper el contrato de concesión y finalmente se llegó a un acuerdo para que la empresa pública Aerocas se quedara el aeródromo. Aerocas busca ahora un operador, mientras tramita los permisos para abrir el aeropuerto, 13 meses después de su pomposa inauguración.
Ampliación pospuesta
El Aeropuerto de Manises (Valencia) fue ampliado en 2007 con motivo de la Copa América de vela, y tenía prevista otra ampliación en 2011 y 2012, que el último Gobierno de Zapatero ya pospuso debido a que el aumento de pasaje no se producía. En 2007 pasó de una capacidad de 5 millones de pasajeros al año a 9 millones. Sin embargo, el tráfico en los últimos años ha caído por debajo de los 5millones de pasajeros. La puesta en marcha del AVE Madrid-Valencia le ha perjudicado. Además, tras cerrar Spanair, se han quedado sin vuelo directo con Barcelona.
El otro aeropuerto de la Comunidad Valenciana, el de El Altet, en Alicante, es el doble de grande de lo necesario en la actualidad, después de la ampliación inaugurada en marzo de 2011, con una inversión de 670 millones, para poder recibir 20 millones de pasajeros anuales, frente a los 12 que tenía antes. El Altet tendrá que competir a partir de este año con el nuevo aeropuerto internacional de Murcia, que tiene capacidad para 3 millones de pasajeros, la mitad de los cuales prevé quitárselos a El Altet.
En Murcia, el Gobierno central y el autonómico llegaron a un acuerdo después de promover simultáneamente la remodelación del aeropuerto militar de San Javier en su parte civil (recibió 1,26 millones de pasajeros en 2011) y la construcción a 50 kilómetros del nuevo aeropuerto privado de Corvera, cerca de la capital murciana.
Avales del Gobierno murciano
El nuevo aeropuerto fue promovido por el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, que lo dio en concesión durante 40 años a una sociedad privada, Aeromur, controlada por Sacyr y participada por Caja murcia, CAM, y Grupo Fuertes, entre otros. La inversión prevista de la concesionaria supera los 270 millones y parte de los préstamos han sido avalados por el Ejecutivo murciano. El proyecto acumula un retraso de más de dos años y la concesionaria quiere abrirlo este verano, aunque las compañías aéreas no contemplan que opere hasta otoño.
Los cuatro aeropuertos de Castilla y León viven un momento crucial. La drástica reducción de un 50 por ciento de las ayudas que reciben las compañías aéreas que operaban en la Comunidad (Air Nostrum y Ryan Air)ha reabierto el debate sobre el mantenimiento de unas infraestructuras que acumulan deudas millonarias.
Durante los cuatro últimos cuatro años, Air Nostrum ha recibido 32 millones de euros para mantener la actividad en los aeropuertos de León, Burgos y Salamanca, donde era el único operador, y Valladolid. Ahora, el Ejecutivo regional sólo subvencionará los vuelos a Barcelona desde estos aeródromos, que buscan desesperadamente operadores con los que poder justificar su continuidad. El pasado año, el resultado operativo de los cuatro aeropuertos arrojó unas pérdidas de 23 millones de euros.
Por número de pasajeros, sólo Valladolid, con 392.000 clientes el pasado año, se acerca a la mitad de su capacidad total, de 725.000 pasajeros. Le sigue muy de lejos, el aeropuerto de León, con capacidad para medio millón de pasajeros, aunque su tráfico de viajeros, de 92.000 personas en 2011, no da ni para mantener el servicio de cafetería, que se ha visto abocada a cerrar pocos meses después de la inauguración de la nueva terminal. Salamanca registró 43.000 viajeros en 2011, y Burgos, poco más de 33.000, la décima parte de su capacidad, cifrada en 350.000 pasajeros.
En Galicia, se acumulan tres aeropuertos en apenas 150 kilómetros de distancia, por lo que en vez de potenciar uno las inversiones se dispersan entre las terminales de Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña.
Esto provoca que, a pesar de que se cerró 2011 con 4,4 millones de pasajeros en conjunto (2,4 en Lavacolla, algo más de 1 millón en Alvedro y algo menos de 1millón en Peinador), la ampliación de las instalaciones en Santiago, ya terminada y las proyectadas para Peinador y Alvedro, plantean tener una capacidad futura para dar servicio a 10 millones de pasajeros al año (4 en Santiago, 4 en Vigo y 2 en A Coruña), más del doble de los usuarios que hubo el pasado ejercicio. Por ello, la estrategia del Gobierno gallego es que los tres funcionen como un único aeropuerto con tres terminales para poder competir con el de Oporto (Portugal).
La Xunta también acaba de dar un giro a su política de captación de pasajeros en los aeropuertos de la comunidad y renunciará a las ayudas a aerolíneas de bajo coste para destinar esos fondos a la promoción turística de la autonomía, por entender que estas subvenciones no fueron efectivas. Tan sólo se mantiene el apoyo económico a Ryanair en Santiago de Compostela porque tiene un contrato firmado hasta el año 2013.
Euskadi también tiene tres aeropuertos en un radio de menos de cien kilómetros para una población de apenas 2,2millones de habitantes. Pero un poco más allá hay otros tres aeropuertos, el de Santander, Pamplona y Biarritz (sur de Francia), a menos de dos horas por carretera. El más importante de la zona es el de Bilbao, con un volumen de pasajeros de 4millones al año y una capacidad anual de hasta 5 millones. Sus compañeros, el de Vitoria- Foronda y San Sebastián-Hondarribia tratan de captar tráficos con menor suerte, ya que con la crisis su nivel de uso ha caído en picado, apenas alcanzan los 28.000 y los 24.000 pasajeros, registrando las menores cifras de los últimos diez años. Mientras que en Bilbao operan 21 aerolíneas, en los otros dos operan tres compañías.
Donde no consiguen llegar los aeropuertos vascos es a captar vuelos transoceánicos, Bilbao que por volumen de demanda podría captarlos, no puede porque su pista es demasiado corta para estas aeronaves y necesitaría ampliarse. En Hondarribia, además, Helitt ha dejado de operar por falta de negocio tres meses después de instalarse.
El aeropuerto de Barajas, el de mayor tráfico de España se ha mantenido estable durante el pasado año, con 49,6 millones de viajeros y tiene potencial de crecimiento. Su capacidad es de 70 millones de pasajeros al año. Barajas no es un aeropuerto "estacional" como puede ser Palma de Mallorca o los aeropuertos canarios, por lo que el tráfico es bastante regular durante todo el año sin grandes variaciones de un mes a otro. De hecho, el mes con menor tráfico en Barajas es agosto. En este aeropuerto también vuela Ryanair, porque no tiene ningún aeropuerto secundario cercano.
Cataluña cuenta además de con los tres aeropuertos de la red decena (Barcelona-El Prat), Reus y Girona con el de Lleida Alguaire, gestionado por la Generalitat. La inauguración de la Terminal 1 del aeropuerto del El Prat, ha permitido a Barcelona tener margen para recibir más de 55 millones de pasajeros anuales.
En 2011, pasaron por sus instalaciones un total de 34 millones de viajeros, lo que supone un 17,8 por ciento más. Estos tráficos sitúan al aeropuerto en niveles previos a la crisis. En la recuperación del tráfico ha tenido que ver la entrada de Ryanair, en septiembre de 2010, aunque El Prat siempre ha defendido que no se le ha dado a la compañía irlandesa ningún trato preferencial que El Prat no tiene dependencia de ninguna aerolínea.
Girona y Reus, zona Ryanair
En cambio, sí son más dependientes a la aerolínea irlandesa los aeropuertos de Girona y Reus. El aeropuerto de Girona-Costa Brava está proyectado para recibir un volumen de viajeros de 7 millones anuales, mientras que el de Reus es de 3,5 millones, según datos de Aena. Los pasajeros del aeropuerto de Girona cayeron un 38 por ciento en 2011 por la cancelación de rutas de Ryanair, que alegó que se estaban incumpliendo los compromisos económicos alcanzados con el anterior Gobierno tripartito, similar a lo que denunció en Reus.
Tras meses de negociaciones, el Gobierno catalán y diversas instituciones se comprometieron en noviembre a pagar 45 millones de euros en cinco años. En el caso del aeropuerto de Gerona-Costa Brava, la Generalitat y las instituciones públicas de la provincia pagarán 5,8 millones anuales a Ryanair a cambio de que transporte entre tres y cuatro millones de pasajeros al año, mientras que en el caso de Reus esta cifra es de 3,2 millones.
Aunque formalmente, esos 5,8 millones se destinarán a un fondo de competitividad para el aeropuerto de Girona, que irá a parar a las compañías que allí operan (Wizzair, Transereo, Transavia y Ryanair ). Por su parte, el de Lleida-Alguaire gestionado por la Generalitat e inaugurado en enero de 2010 tiene una situación delicada. Entre diciembre y marzo recibió poco más de 28.000 pasajeros. Ahora, las instalaciones se quedan en stand by a la espera de que se inicie el 20 de julio la temporada de verano, que para este aeropuerto finaliza el 2 de septiembre con la llegada de charters de Travelplan y nuevas conexiones de Air Nostrum.
La Generalitat asegura que se está negociando para dotar de mayor conexión a este aeropuerto y que se va a cerrar un acuerdo en breve con un importante turoperador, según fuentes del Gobierno catalán. Los aeropuertos de Almería, Jerez de la Frontera y Granada-Jaén tienen una capacidad de 2,8 millones de viajeros cada uno, pero en 2011 sólo llegaron al 27 por ciento, 35,4 por ciento y al 31 por ciento respectivamente.
En el aeropuerto de Granada-Jaén, Ryanair mantenía hasta 2010 un acuerdo para obtener una subvención por parte de entidades semipúblicasy privadas. Finalmente se rompió este pacto ante la exigencia demás dinero por parte de las aerolíneas. La reacción de la compañía irlandesa se tradujo en la cancelación de sus seis rutas, lo que ha influido notablemente en la caída del tráfico en este aeropuerto. Por su parte, el de Sevilla tiene capacidad para hasta 8 millones y en 2011 se utilizó el 62,6 por ciento.
Málaga infrautilizado
El de Málaga tiene capacidad para 9.000 pasajeros hora tras haberse ampliado en 2010 con la Terminal 3, y actualmente lo utilizan 1.462 pasajeros hora según datos de 2011. Se usa, por tanto, el 16,2 por ciento de su capacidad. El caso de Córdoba es particular, porque en la actualidad sólo acoge aviación general (vuelos privados). En Zaragoza, la tendencia es de crecimiento, ya que se ha aumentado el volumen un 24 por ciento. Además, en el verano empezarán a operar nuevas compañías como Volotea, aerolínea de bajo coste que operará sin subvenciones, con vuelos a Palma, Ibiza y Málaga. En 2011 Zaragoza recibió un total de 751.097 pasajeros. Su capacidad es de un millón de pasajeros. Mientras, en el aeropuerto de Huesca sólo lo utilizaron 2.781 pasajeros en 2011, aunque tiene capacidad recibir 160.000 pasajeros anuales.
En el caso de los aeropuertos aragoneses la previsión es a seguir creciendo en Zaragoza. Y para ello desdel Gobierno de Aragón se ha aprobado recientemente la creación de la sociedad mercantil autonómica con capital público Promoción de Actividades Aeroportuarias para que los aeropuertos de Aragón. En el aeropuerto de Zaragoza Ryanair mantiene cuatro conexiones internacionales "que son mínimas para mantener un número de vuelos adecuado a la actual situación de crisis", según explica Diego Artigot, responsable de Transporte, Logística e Infraestructuras del Consejo Aragonés de Cámaras.
* El Economista - 16.4.12
Foto: Castellón, aeropuerto en Vilanova - elpais
.................................... Leer más...
RTVE* : La titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo ha imputado al alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás (PP), y a su jefe de gabinete, Francisco Castro, en la Operación Pokemon, que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones de ayuntamientos gallegos a diferentes empresas, principalmente al Grupo Vendex.
El regidor, que accedió al cargo en abril del año pasado en sustitución del dimitido Gerardo Conde Roa, en su caso acusado de un supuesto delito fiscal, deberá comparecer ante la magistrada en dos semanas, según han señalado fuentes populares a las que cita Efe.
Antes que a él, la jueza imputó en esta trama de corrupción a los regidores de Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE), y de Boqueixón (A Coruña), Adolfo Gacio (PP), que abandonaron sus cargos al frente de los mencionados consistorios.
También, al presidente del PSdeG-PSOE y regidor en Lugo, José Clemente López Orozco, que rechazó dimitir, una postura que dejó a su partido en minoría en esta ciudad, después de que el BNG decidiese abandonar la coalición tras la negativa de Orozco a irse.
Imputación a Currás
En el caso de Santiago de Compostela, Ángel Currás, se ha visto implicado en la Operación Pokemon después de la imputación hecha en esta causa a su concejala de Educación, Rebeca Domínguez, que prestó declaración en el mencionado juzgado lucense el pasado 20 de diciembre.
El regidor, que accedió al cargo en abril del año pasado en sustitución del dimitido Gerardo Conde Roa, del mismo partido, en su caso acusado de un supuesto delito fiscal, deberá comparecer ante la magistrada en dos semanas, han informado a Efe fuentes populares.
También ha sido llamado a declarar Castro, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Currás se proclama "inocente" y no dimitirá
En respuesta a la imputación en el caso 'Pokemon', el alcalde de Santiago de Compostela, Angel Currás, ha asegurado que es "inocente", por lo que, ha añadido, por el momento "en su ánimo" no está dimitir, según Europa Press.
En una breve conferencia de prensa convocada en el Ayuntamiento, Currás ha manifestado que el 17 de enero acudirá al juzgado que instruye la causa en Lugo con "absoluta tranquilidad" y ha manifestado que no se plantea renunciar a la Alcaldía por ahora, aunque si hay medidas cautelares pondrá su cargo a disposición del PP.
El regidor, que tomó el relevo del también popular Gerardo Conde Roa --implicado en un delito de supuesto fraude fiscal-- hace menos de un año, ha explicado que se le imputa un supuesto delito de tráfico de influencias y ha agregado que, aunque no conoce el motivo con exactitud, se puede "deducir" que está vinculado con la apertura de la guardería de Salgueiriños.
Precisamente, la edil compostelana Rebeca Domínguez, que sustituyó a Currás al frente de la Concejalía de Educación cuando éste se hizo cargo de la Alcaldía, tuvo también que declarar ante la jueza en calidad de imputada en relación a supuestas irregularidades en relación a la concesión de esta guardería en la capital gallega.
El alcalde de Lugo y presidente del PSdeG-PSOE, López Orozco, que también fue imputado en la 'Operación Pokemon' y ya prestó declaración ante la jueza instructora, ha mostrado su respaldo a Currás y ha defendido el respeto a la "presunción de inocencia" del alcalde de Santiago y su decisión de no dimitir. "No voy a aplicar lo que me quiso aplicar a mí el Partido Popular, sino todo lo contrario. Lo mismo que me apliqué a mí, se lo aplico al alcalde de Santiago", ha señalado López Orozco.
* RTVE/Agencias - 3.1.13
Foto: Santiago de Compostela, ayuntamiento - turismo
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : El aeropuerto de Castellón sigue sin aviones, a pesar de que el año pasado ya se habían gastado 138,5 millones de euros en esta infraestructura. Y su futuro es incierto tras el pleito que han entablado Aeropuerto de Castellón SL (Aerocas), la empresa de la Generalitat, y la firma Concesiones Aeroportuarias, que mantienen desde hace casi una década una relación contractual plagada de irregularidades.
El próximo sábado se acaba el plazo para que Concesiones Aeroportuarias, la sociedad que ha construido el aeropuerto de Castellón y que debía explotarlo durante 50 años, decida sobre la propuesta anunciada la pasada semana por Carlos Fabra, presidente de Aerocas. Si no se aceptan las condiciones, no desveladas, el conflicto se resolverá en el juzgado.
El ultimátum se produce justo un año después de que la Generalitat, a través de Aerocas, anunciara que rompía el contrato renovado en marzo de 2011 por considerar que no podía cumplir con sus condiciones. Esta semana, la Sindicatura de Comptes ha revelado que esa novación no cumplía con la normativa, pero las irregularidades no son una excepción. El órgano auditor lleva desde 2003 realizando advertencias sobre los contratos con la concesionaria.
El primer pliego de cláusulas para la contratación de la construcción y explotación del aeropuerto se publicó en mayo de 2003 y fue modificado a los dos meses. A la oferta tan solo acudió Concesiones Aeroportuarias (Conaer), entonces formada por Lubasa, FCC y PGP Asociados. En diciembre de ese mismo año se formalizó un contrato introduciendo nuevas estipulaciones que variaron las condiciones de la licitación. “Las partes van más allá de la mera aclaración e introducen una nueva redacción no prevista y que es distinta del texto del pliego”, recoge el informe de 2003. Según la Sindicatura, Aerocas debía haber realizado una nueva licitación, pero Aerocas alegó que no hubo reclamaciones dado que no existían competidores.
En octubre de 2004, Conaer solicitó nuevos cambios que fueron aprobados por Aerocas en diciembre. En ellos, la firma pública asumió la “obligación” de restablecer el equilibrio económico cuando se dieran sobrecostes. La cláusula condenó al Consell a hacerse cargo del coste provocado por los retrasos de la obra. Y los problemas no tardaron en llegar.
En 2005 el Ministerio de Fomento paralizó durante cinco meses la construcción del aeropuerto. La exconcesionaria reclamó el pago de 18,15 millones como indemnización y la cifra fue aceptada por Aerocas sin poner pegas. “La reclamación no va acompañada de ningún documento acreditativo de los daños reclamados”, advirtió la Sindicatura. Aunque la empresa pública reclamó informes, Conaer nunca los aportó. Aun así se aceptó pagar esa cifra. El director general, Juan García Salas, justificó en un informe que la reclamación era “coherente con los parámetros del mercado”, no obstante, matizó que era imposible su verificación y que la cifra podía no adecuarse a la realidad. Por ello, la Sindicatura concluyó que el desembolso no estaba justificado. Aerocas pidió un préstamo bancario de 18,5 millones que vence en 2027 y que ha asumido la empresa pública para hacer frente a ese pago.
En 2009 Aerocas reconoció nuevos sobrecostes y aceptó pagar otros 11,18 millones como variación de precios.
La última modificación significativa fue la novación del contrato firmada en marzo de 2011 y cuyas condiciones provocaron la ruptura definitiva de la Generalitat en diciembre del año pasado. En dicha novación, Aerocas aceptó pagar un nuevo sobrecoste de 4,15 millones que la Sindicatura considera que tampoco está razonado “ni por Aerocas ni por Concesiones Aeroportuarias”.
Estas modificaciones también se aprobaron a petición de la concesionaria como resultado del nuevo escenario económico y financiero. Pero la empresa del Consell asegura en sus alegaciones que “la novación solo puede ser considerada como favorable para Aerocas”. Entre los principales cambios analizados por la Sindicatura está la eliminación del pago, por parte del Consell, de seis euros por cada pasajero menos de los 600.000 previstos inicialmente y la retirada del canón de un millón anual que la concesionaria debía abonar por la explotación. En su lugar, tal y como explica Aerocas en las alegaciones presentadas a la Sindicatura, se estableció que realizaría aportaciones directas durante seis años para pagar las pérdidas a Conaer. Según el documento, en el primer supuesto la empresa pública hubiera pagado 17,4 millones en ocho años y, con la novación, 13,15 millones.
“Es precisamente el cambio operado, sorpresivamente, por la concesionaria en julio de 2011 (…) lo que está en el fondo de la no entrada en vigor de la novación", defiende Aerocas. Según sostiene, la concesionaria amplió a 21,2 millones lo que debía percibir de las arcas públicas, tal y como plasmó en el Plan Económico y Financiero (PEF) presentado como condición tras la novación. En este documento, que plasmaba las previsiones económicas de la explotación del aeropuerto de Castellón en los próximos 47 años, Conaer cifró en 893,3 millones el beneficio bruto de todo el periodo del contrato, una media de 19 millones al año. De ellos, el 10% sería para Aerocas.
Con todo, la firma pública insiste en que la novación era beneficiosa ya que pagaría menos (de 13 a 21 millones) por las pérdidas de los seis primeros años y se embolsaría más dinero por los supuestos beneficios posteriores (89,3). Ahora, que la concesionaria ha llevado el acuerdo a los tribunales y la Generalitat se enfrenta a una reclamación de 126 millones, a no ser que haya acuerdo en los próximos días.
* El País - LORENA ORTEGA - 26 DIC 2012
Foto: Una imagen de las pistas del aeropuerto de Castellón. / ÁNGEL SÁNCHEZ
.................................... Leer más...
PATRICIA GABANCHO* : Hace muchos años, con Pasqual Maragall en la alcaldía, el Ayuntamiento de Barcelona decidió proteger el Laberinto de Horta, el parque más antiguo de la ciudad, con una módica entrada disuasoria. El grupo municipal convergente puso el grito en cielo de la demagogia, aduciendo que se privatizaba un espacio público, del cual quedaban expulsados los vecinos. Pero el tiempo es implacable y ahora es el alcalde convergente quien pone precio al Parque Güell, por la misma razón: para protegerlo del vandalismo espontáneo que produce la masificación.
La sargantana polícroma de la entrada ve pasar nueve millones de personas cada año, que vienen a ser 25.000 cada día, y todas le acarician el lomo, todas se reclinan contra los azulejos para salir mejor en la foto. Dicen las estadísticas que el 86% son turistas.
De manera que se hizo lo mismo que en el Laberinto: instituir la gratuidad para los vecinos de proximidad, un acceso fácil para los barceloneses y una entrada módica para el resto de visitantes, con hora previa de visita para evitar aglomeraciones. De paso, se intentará poner un poco de orden en la espesa coreografía de autocares.
Esta vez, todos calladitos: el tema se aprobó en uno de esos plenarios que tienen por costumbre anular cualquier resolución del débil Gobierno municipal. El Laberinto continúa cobrando su entrada, como tantos jardines patrimoniales europeos, y ya nadie se acuerda de la falsa polémica. La ciudad crece, los conceptos maduran. Que no quiere decir que todo el patrimonio esté bajo cuidado oficial: a veces, los vecinos se ven obligados a volver a esas antiguas luchas artesanales que, entre pancartas y asambleas, salvaban un edificio amenazado por la voracidad comercial. Pues eso: en la misma ciudad que sensatamente protege el Parque Güell se ha quedado en el aire la majestuosa y decadente mole de La Rotonda, allí donde la ciudad se hace montaña. Para más ironía, quien le ha metido mano —y si digo mano digo excavadora— es quien más torturó al Eixample durante la Transición, es decir, Núñez y Navarro. En este caso opera con los papeles en regla.
Salvador Andreu, el médico de las pastillas contra la tos, planificó un edificio singular en el engarce de “su” avenida —fue el impulsor del Tibidabo— con el paseo de Sant Gervasi. Primero fue el Metropolitan, el hotel de lujo preferido de Tita Cervera y su Tarzán, después un hospital de enfermos terminales: ya se ve que la cosa no iba a acabar bien. Joan Valls, que describe edificios fantasmales en su libro Inhòspits, se pasea por una Rotonda vacía y con las ventanas quebradas; confiesa tener los pelos de punta. Reporta murmullos y llantos entre las paredes desconchadas. Hoy la Rotonda está envuelta por una lona, con alegres dibujitos de Mariscal, y por detrás le van comiendo la entraña las máquinas que tienen que transformarla en un complejo de oficinas.
Es cierto que el edificio fue sufriendo modificaciones en su azarosa vida, con nuevos volúmenes y remontas firmadas por Enric Sagnier y su hijo. Y también que no está protegido in totum porque estar o no en el catálogo de intocables fue, en su momento, una lotería, o una batalla contra los intereses creados. Pero una de las cosas protegidas es el volumen.
El arquitecto Alfredo Arribas ha dibujado 3.000 metros cuadrados de oficinas y cinco plantas de aparcamiento, que obligan a deconstruir el 80% del edificio para hacerlo más alto, más blanco, más ciego. Los vecinos, que recuerdan los salones nobles de antiguas bodas, han puesto el caso en los tribunales. El proyecto claramente vulnera todo lo que hay que vulnerar. Pero eso también tiene historia y tiene firma. Se ve que la Generalitat tripartita quería alquilar el conjunto ya transformado para instalar una conselleria, cosa que facilitó la negociación del proyecto, avalado por Ramon García Bragado. O sea, aquel que autorizó el hotel del Palau —por lo que está imputado— y otras perversiones en viejos edificios que ahora son hoteles de lujo, eso sí, firmados por arquitectos progres. El maragallismo nunca tuvo memoria: fue un momento brillante lanzado a conquistar el futuro. Los flecos ya desgastados de un sueño sin raíces dan para estos despropósitos, por no decir estos monstruos.
* Patricia Gabancho es escritora.
* El País - Opinión - 30.12.12
Foto: Barcelona, edificio la Rotonda en peligro - e-noticies
.................................... Leer más...
20MINUTOS* : El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado, siendo declarados como obligación de servicio público. Se ha aprobado un plan de "racionalización" de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia, con el objetivo de generar un ahorro progresivo que alcanzará en 2015 un total de 51 millones de euros anuales en costes directos. Este plan, que se implantará en varias fases, define los servicios que se regirán por obligaciones de servicio público (OSP), con el propósito de ofrecer una oferta intermodal que combine servicios ferroviarios de media distancia y servicios regulares de transporte por carretera.
El Gobierno ha establecido un plazo de seis meses para la aplicación de este plan, de forma que antes del 30 de junio de 2013 el Consejo de Ministros definirá los trayectos sujetos a obligación de servicio público, que se revisarán cada dos años.
El Ministerio de Fomento ha adoptado el criterio de declarar como obligación de servicio público las líneas con un aprovechamiento superior al 15%, si bien algunas en las que el ratio se sitúe entre el 10% y el 15% también podrán ser declarados como OSP.
Trayectos en autobús
La iniciativa busca el aprovechamiento de sinergias, de forma que los trenes de larga distancia podrán prestar cobertura a los usuarios, mientras que en otros trayectos podrán sustituirse por transporte en autobús. Junto a ello, se mejorarán los horarios y se usarán trenes más pequeños.
Fomento recuerda que actualmente hay servicios ferroviarios que muestran "importantes ineficiencias", toda vez que el 51,7% de los trenes cubren servicios que sólo utiliza el 16% de los viajeros, con un aprovechamiento inferior al 15%. En estos servicios se dan casos en los que el Estado aporta hasta 371 euros por billete, mientras que el coste para el viajero es de 11 euros.
Las CC AA podrán asumir líneas
Por otro lado, si alguna comunidad autónoma tuviera interés en la prestación de algún servicio ferroviario de viajeros sobre los trayectos no declarados como de obligación de servicio público, podrá formalizar un contrato con Renfe y asumir los costes de explotación de esa línea.
Renfe Operadora seguirá prestando los servicios de media distancia sobre la red de altas prestaciones, los Avant. Antes del 30 de junio de 2013 el Consejo de Ministros definirá qué servicios Avant resulta pertinente mantener como de servicio público.
Además, Renfe continuará prestando desde el 1 de enero de 2013 los servicios ferroviarios de viajeros sobre la red de ancho métrico que en la actualidad presta FEVE, en virtud de la integración de ambas sociedades en esa fecha.
* 20 Minutos - EFE - 28.12.12
Foto: Tren de media distancia en Cataluña. (EP)
.................................... Leer más...
DIAGONAL/Cuenca* : La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha permite el cierre del acceso a la Reserva Natural de las Hoces del río Cabriel, ubicada en la provincia de Cuenca, entre las localidades de Minglanilla e Iniesta. El argumento del cierre es que no se ha renovado el convenio con la propietaria de la finca que da acceso a esta reserva natural por razones económicas. Los terrenos son privados y la dueña argumenta que el camino de entrada a las Hoces del Cabriel es privado y lo ha cerrado. Además, la propietaria ha creado un coto de caza, con la bendición de Castilla-La Mancha, y ya ha llevado a cabo dos monterías.
Pero éste no es el único problema de la reserva natural de las Hoces del Cabriel. Se encuentra cerrado también el Centro de Interpretación Mirasol ubicado en la entrada de la reserva aunque la adjudicación de la gestión a la empresa pública Tragsa no caduca hasta 2015.
Derecho de paso público
El único acceso a la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel es un camino de tres kilómetros de longitud que fue acondicionado con fondos públicos por la Junta de Castilla-La Mancha. El primer tramo, de unos 500 m2 atraviesa un terreno de cultivo, el resto discurre paralelo al río Cabriel, desde el Centro de Visitantes Mirasol hasta la Sierra de los Cuchillos, dentro de la reserva.
Antes de la creación de la figura de protección del parque, el tránsito por ese camino sí estaba permitido, por lo que desde la Junta aseguran que se está tratando de recuperar el camino público. Gran parte del total de las 1.662 hectáreas protegidas y, en especial la zona de mayor valor ecológico situada junto al margen derecho del río Cabriel (a lo largo de 12 km) pertenecen a una empresa inmobiliaria con sede en Madrid llamada Caspima S.L. cuya administradora es Matilde de Castro Lomas que construyó en estos terrenos rústicos un centro de turismo rural acompañado de varias cabañas. Además, De Castro cuenta con una empresa turismo que realiza actividades en la reserva natural, entre ellas paintball.
En el municipio de Minglanilla y en la zona recuerdan cómo la familia De Castro se hizo con grandes extensiones de terreno en la zona: “Fue el padre de Matilde de Castro, el arquitecto Emiliano de Castro Bonel, quien adquirió los terrenos durante el Franquismo gracias a sus influencias. Al parecer los terrenos pertenecían a militantes republicanos...”, dice a DIAGONAL un activista ambiental integrante de una organización ecologista de la zona que prefiere no identificarse.
El negocio de la caza
Además, según las mismas fuentes, la Junta ha permitido la creación de un coto de caza a la propietaria de los terrenos. “Sospechamos que las vinculaciones políticas han permitido aprobar el coto y el cierre de la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel", explica el activista ambiental. Por su parte, la Junta se justifica diciendo que prevé la restricción de la caza en la zona de máxima protección (zona de las hoces del río y las formaciones rocosas conocidas como Cuchillos), la limitación de la caza menor para evitar el descenso de presas para las águilas existentes en la reserva y enfocar la caza en ese coto casi exclusivamente a la cabra montés.
Para Ecologistas en Acción de Cuenca, con este cierre queda claro que la creación de este parque tuvo claros fines políticos. “La Junta Rectora de esta reserva, no se ha reunido desde hace diez años, desconocemos quién es su director y no hay participación de las organizaciones que figura en el Decreto por el cual se crea la Reserva.
El interés de protección es nulo”.
‘Rentabilizar’ la naturaleza
Para Ecologistas en Acción es grave que “los espacios naturales se consideren un gasto a recortar en lugar de una inversión de futuro. La crisis está sirviendo como coartada para profundizar en el deterioro ambiental, como se puede observar con algunas de las acciones aprobadas o en trámite por el Gobierno de Castilla La-Mancha, tales como ofrecer privilegios a los cotos intensivos de caza. Además,-explican desde la organización ecologista- la Junta de Castilla-La Mancha permite el uso de una especie en peligro de extinción en la región y de interés prioritario en la UE, como es el águila perdicera como ave de cetrería o la descatalogación de Refugios de Fauna con la finalidad sacar a subasta la caza en estos terrenos públicos que, precisamente, se encuentran protegidos”, explican desde el grupo ecologista.
El Cabriel, sirve de frontera natural entre las provincias de Cuenca, Albacete y Valencia, donde se ubica el Parque Natural de las Hoces del Cabriel. El río Cabriel se encuentra catalogado como uno de los más limpios de Europa, en el que anidan especies como el águila real, águila perdicera o el búho real y donde se encuentran también nutrias. Además, la reserva posee una importante comunidad de cabras montesas.
En 1995 fue aprobado, mediante Decreto, la conservación de las Hoces del Río Cabriel con la creación de la Reserva Natural, máxima figura de protección que puede otorgar un Gobierno regional, con la finalidad de divulgar los valores naturales que alberga este espacio natural. Entonces el expresidente manchego, José Bono, se enfrentó al exministro de Fomento Borrell, para que el tramo de la autovía A-3 que une Madrid con Valencia, no pasara por las Hoces del Río Cabriel, en concreto por el paraje conocido como Los Cuchillos. El proyecto quedó paralizado, hasta finales de 1996 con el nombramiento del nuevo ministro Arias Salgado, tras la victoria del PP en las generales, se firmó un acuerdo para desviar el trazado fuera de la recién creada reserva, pasando sobre el embalse de Contreras , por donde se construyó finalmente.
* Diagonal - MATEO ASCASO - 28.12.12
Foto: HOCES DEL CABRIEL. El parque natural del río Cabriel está cerrado desde agosto. / ANTONIO MARÍN SEGOVIA
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Ferrol* : No se llegaron a poner ni los cimientos pero el proyecto para urbanizar A Saíña, una esquina privilegiada del arenal de A Frouxeira, ejemplifica muy bien los desmanes urbanísticos del boom del ladrillo incluso en parajes protegidos con la complicidad de las Administraciones Públicas. Un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ferrol ha ratificado la paralización de una urbanización de chalés adosados que la promotora Construcciones Rías Gallegas, SA, quería levantar en el lugar de A Saíña, un promontorio en primera línea de playa sobre los restos de un castro catalogado y en terrenos de la Red Natura (LIC Costa Ártabra).
La Demarcación de Costas dio su plácet, como también lo hizo la Dirección Xeral de Patrimonio que autorizó una construcción sobre un castro inventariado porque los técnicos lo situaron, por error, en el medio del mar. Adega acusa a la Xunta y al Gobierno central de “complicidad con el infractor” y dice que todavía no se explica cómo las dos Administraciones informaron favorablemente un proyecto “claramente ilegal”. “El perímetro de protección (del castro) se calculó con unas coordenadas erróneas que situaban la urbanización justo en el límite del monumento”, explican. “¿Casualidad o trampa?”, se pregunta Carlos Outeiro, de Adega Trasancos. “Cualquier persona con acceso a internet podía ver que la Xunta dio por buena una localización errónea”, resumen.
Las insistentes denuncias del colectivo ecologista y de un grupo de vecinos que vigilaron con lupa cada movimiento de las excavadoras y amagaron con ponerse delante de las palas, acabaron por parar la obra en 2009. La constructora reclamó en la vía judicial y un juez de Ferrol acaba de dar por buena la paralización. Para explicar este rocambolesco proyecto hay que retroceder hasta agosto del 2003, con el primer informe favorable del arquitecto municipal de Valdoviño. En marzo del 2005, el Ayuntamiento aprobó en junta de Gobierno la recalificación de unos terrenos en A Saíña (Unidad de Actuación 2). “Bien pronto”, cuentan desde Adega, un promotor se apresuró a pedir licencia para 17 adosados. Era la primera fase de una promoción que pretendía edificar hasta 69 viviendas unifamiliares a menos de 100 metros del litoral en suelo rústico de especial protección natural y patrimonial.
A Frouxeira, una de las playas más populares de Galicia, es un espacio protegido por cinco figuras ambientales (Red Natura, LIC, ZEPA, ZEPVN y Ramsar) que preservan un paraje único del litoral coruñés con una laguna costera y un ecosistema tan rico como sensible. “No tenía ni pies ni cabeza”, recuerda Outeiro, “la zona tenía todas las protecciones habidas y por haber y aún querían construir. Nos esforzamos mucho en detenerlo porque significaba que cualquier parte del patrimonio estaba en venta al mejor postor”.
El empresario colocó un cartel de obra y empezó a remover la tierra en 2006 cavando grandes zanjas aún visibles hasta que las denuncias que Adega interpuso en el Seprona, el Ayuntamiento y la Xunta por partida doble —direcciones generales de Urbanismo y Conservación da Natureza— le obligaron a detenerse. Rías Gallegas, SA, una empresa domiciliada en Oroso, no cejó en su empeño de edificar en la zona e hizo varios amagos de seguir adelante hasta que, en 2009, el Gobierno local de Valdoviño, acatando las instrucciones de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), anuló en pleno la primera licencia que otra corporación le había concedido al promotor cinco años antes. La justicia ha dado la razón al municipio pero el fallo todavía puede recurrirse.
* El País - LORENA BUSTABAD Ferrol 27 DIC 2012
Foto: Terrenos en los que Construcciones Rías Gallegas planeaba levantar hasta 69 adosados - elpais
.................................... Leer más...
EFE* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Cataluña ha pedido ahora a la Generalitat datos sobre los focos fijos de emisión de contaminantes para averiguar la incidencia de la industria en el nivel de polución atmosférica del área metropolitana de Barcelona. Según fuentes judiciales, el Fiscal de delitos medioambientales, Antoni Pelegrín, ha enviado un oficio a la Generalitat para requerirle datos sobre el nivel de emisión de contaminantes de la industria, en el marco de la investigación que abrió el año pasado sobre la contaminación de Barcelona. Pelegrín abrió diligencias de investigación sobre los niveles de polución, que en un principio se centraron en los contaminantes generados por el tráfico, siguiendo las directrices de una prueba piloto que durante un año llevó a cabo la Fiscalía de Madrid para analizar la calidad del aire en la capital española.
Tras recabar datos sobre los niveles de contaminación provocados por los vehículos, el fiscal de Medio Ambiente centra ahora su investigación en la polución procedente de focos fijos, por lo que ha pedido a la Generalitat que le facilite datos sobre la emisión de contaminantes de las industrias de Barcelona y sus alrededores durante los años 2011 y 2012. Con esos datos, que las empresas están obligadas a facilitar a la administración, el ministerio público pretende determinar en qué proporción son responsables de la polución de la atmósfera las industrias, principalmente las térmicas y cementeras, que son las que más gases generan. Los datos sobre emisiones de la industria permitirán al fiscal completar el mapa de contaminación de Barcelona y su área metropolitana que inició en abril de 2011, dado que ya dispone del resultado de las mediciones efectuadas por las estaciones de la Generalitat sobre los niveles de dióxido de nitrógeno y de óxido de nitrógeno en el aire.
De acuerdo con los últimos balances de la Generalitat, la contaminación provocada por dióxido de nitrógeno está por encima de los límites máximos marcados por la Unión Europea (UE), pero no así los niveles medios de partículas en suspensión en el aire (PM10), que son los más peligrosos para la salud. Cuando disponga de los datos sobre emisiones de la industria, Pelegrín, que también ha incorporado informes epidemiológicos a las diligencias preprocesales que tiene abiertas, encargará un informe pericial sobre la evolución de la contaminación entre los años 2011 y 2012 en Barcelona.
Posteriormente, han añadido las mismas fuentes, técnicos de medio ambiente de la Fiscalía elaborarán un dictamen para determinar el nivel de cumplimiento en Cataluña de las directivas europeas en materia de calidad del aire, de cara a exigir posibles responsabilidades a las administraciones responsables.
La investigación sobre los focos fijos de contaminación atmosférica resulta clave para la Fiscalía, dado que, a diferencia del tráfico rodado, permite determinar con claridad el origen de las emisiones y, de esa forma, facilitar su control y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento de la normativa. Además de analizar la contaminación a la luz de las directivas europeas, la Fiscalía trata de aclarar el nivel de cumplimiento de las 73 medidas para reducir la polución incluidas en un decreto que el gobierno catalán aprobó en julio de 2007.
Una de esas medidas aprobadas por el gobierno tripartito era la reducción de la velocidad máxima hasta los 80 kilómetros por hora en los accesos a Barcelona, una limitación que el gobierno de CiU eliminó a los pocos meses de asumir el poder.
* El País - EFE - 26.12.12
Foto: Un manto de aire contaminado cubre la ciudad de Barcelona. / JOAN SÀNCHEZ
.................................... Leer más...
LAOPINIÓN/Tenerife* : El área de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife puso multas a lo largo de 2011 por un valor de 109.001 euros aunque no cobró ni una sola sanción, y en 2010 también se perdieron unos 80.000 euros en este concepto. Los propios técnicos reconocen que la capacidad de recaudación de la Gerencia de Urbanismo hasta ahora ha sido prácticamente nula sobre todo por la dejadez de anteriores equipos de Gobierno y porque no se contaba con el mecanismo necesario para proceder al cobro. Estos esperan que la situación ahora mejore con el convenio firmado entre el Ayuntamiento de la capital y el Consorcio de Tributos.
El partido político Sí se puede, a través de sus concejales en la Corporación local chicharrera, Pedro Arcila y Asunción Frías, ha denunciado esta situación, porque no entiende que el Ayuntamiento no reclame las sanciones urbanísticas que él mismo pone, lo que provoca que estas se cometan sin pudor alguno en el municipio ya que no existe el miedo a que el Consistorio finalmente cobre las multas. Además, Sí se puede indica que este no es solo un problema de anteriores mandatos, porque en 2011 ya estaba dirigiendo la Corporación el actual equipo de Gobierno, formado por CC y PSC.
La mayoría de las infracciones urbanísticas cometidas en Santa Cruz cuyas multas no han sido recaudadas por el Ayuntamiento chicharrero se refieren a construcciones o a diferentes obras que se realizan sin permiso, que incumplen el Plan General o el propio proyecto aprobado, aunque también hay algunas relacionadas con el ruido y con actividades sin licencia.
Sí se puede explica que en el presupuesto de 2010 se previeron ingresos por sanciones urbanísticas por un importe de 80.000 euros y en el documento sobre el estado de liquidación del presupuesto se comprobó que no se había cobrado un solo euro por este concepto. Asimismo, en las cuentas de 2011 se previeron ingresos por 50.000 euros que tampoco se reclamaron, aunque en realidad los derechos reconocidos ascendían a 109.001 euros, es decir, que Urbanismo puso multas por dicho valor que nunca se cobraron.
En los presupuestos de 2012 se han previsto unos ingresos de 102.571 euros por sanciones urbanísticas aunque todavía se desconoce la cantidad que se ha recaudado este año porque el estado de liquidación de las cuentas no ha sido aprobado. "En los presupuestos de 2013 se incluyen 50.000 euros en este concepto, lo que indica que este año 2012 se ha estado también muy lejos de lo previsto", declara el concejal de Sí se puede Pedro Arcila.
Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo aseguran que es ahora cuando se está empezando a trabajar en este sentido porque antes no se ha hecho prácticamente nada, debido a lo cual el Ayuntamiento ha perdido "muchísimo dinero". De todas formas, los responsables de Disciplina Urbanística comentan que se debería dotar a esta área de más medios humanos y materiales, porque ahora apenas dan abasto con todos los expedientes y denuncias que se están tramitando en la actualidad. Y es que esta área solo cuenta con cuatro técnicos.
* La Opinión Tenerife - ELOÍSA REVERÓN - 15.12.12
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Baleares* : Nueva condena -a pena de cinco años de cárcel- por un episodio probado de corrupción en la época del Gobierno balear del presidente Jaume Matas (2003-2007), del Partido Popular. El exdirector gerente de la empresa pública regional de tecnologías Bitel, Damián Vidal, ha sido condenado por la Audiencia de Palma a una pena de cinco años de cárcel, como autor del delito de malversación de medio millón de euros de caudales público, fraude a la Administración y cohecho.
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que en 2008 abrió la causa –con la detención de Vidal-, tras una denuncia del anterior Gobierno balear del PSOE, pidió para el reo hasta 12 años de reclusión carcelaria e inhabilitación, más una indemnización de 569.000 euros y una multa de 141.274 euros. Horrach acusó a Vidal de los mismos delitos por los que ha sido condenado.
Damián Vidal es profesor en la Universidad de la islas Baleares (UIB), especialista en ingeniería y seguridad de programas y sistemas. Ha sido condenado tras probarse que cargó gastos privados a las cuentas público, se dio sobresueldos, usó la tarjeta para gastos injustificables, cobró comisiones y efectuó adjudicaciones a sus propios socios que reconocieron los hechos.
El condenado se defendió asegurando que su cargo era privado –no público- que es un enfermo bipolar obsesivo, afectado de un complejo de inferioridad ante la familia de su ex mujer y, por ello, quiso ser capaz de diseñar un submarino, estudiar más carreras universitarios y traducir códices medievales, para ostentar la herencia propiedad del castillo medieval de su familia, en Santueri, Felanitx, Mallorca.
Matas puso al frente de Bitel –en cuyo capital participó Telefónica- a Damián Vidal tras haber actuado como perito de la defensa de su parte en un caso judicial de espionaje electrónico a los correos de un cargo del PSOE desde el ordenador de Presidencia. Por este caso se juzgó y absolvió, por falta de intencionalidad, a dos asistentes de Matas que no se sentó en el banquillo –era ministro- al ser amparado por la cúpula de la Fiscalía general contra el criterio de los fiscales en Palma.
Antes del juicio Damián Vidal descartó un pacto posible pacto de conformidad con la Fiscalía, de colaboración con la justicia para rebajar hasta cuatro años y medio la posible condena. Después negoció otra rebaja por retorno de fondos distraídos que tampoco cuajó. El presidente de la Sala que firma la sentencia, Eduardo Calderón, abandona el tribunal y pasa a un juzgado ordinario, saturado de trabajo, como otros cuatro magistrados que salieron de la Audiencia para ocupar empleos de rango inferior.
* El País - ANDREU MANRESA Palma de Mallorca 21 DIC 2012
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
.................................... Leer más...
LNE/Asturias* : La crisis económica ha chocado de lleno contra los intereses urbanísticos en la ciudad y en los últimos dos años apenas se han dado pequeños pasos en el desarrollo de los convenios y los planes plasmados en el plan urbano de Avilés, aprobado en 2006. Entonces, sus impulsores lo calificaron de un proyecto «trascendente» para la villa y aseguraron que lograría garantizar el empleo y abaratar el precio de la vivienda. Nada más lejos de la realidad. En algunos casos, los promotores están dejando pasar los meses a la espera de tiempos mejores, que se prevén lejanos, como en el solar de la antigua residencia de Ingenieros; en otros, ya avisan de que proyectos como el de Gaxín, una de las mayores bolsas de suelo de la ciudad que incluye la construcción de más de 3.000 viviendas, son inviables.
El documento urbanístico no solo se centraba en el capítulo inmobiliario. En sus previsiones también estaba el suelo industrial de zonas como la de Retumés, donde no se han cumplido las previsiones. Así, el gobierno local confiaba en que en 2011 ya se estuvieran vendiendo parcelas, en cambio aún no hay ni siquiera proyecto definitivo; el plan está encallado por dificultades técnicas y económicas. En lo que se refiere al parque inmobiliario, el plan urbano preveía 17.680 viviendas: 9.000 de ellas en nuevo suelo urbanizable, el resto, el suelo ya calificado anteriormente.
Además, hay sobre la mesa catorce convenios, aunque apenas han progresado en los últimos años. Por el momento, sólo dos están finalizados: el de García Fernández (con la construcción de las viviendas y el parque de Luz Rodríguez Casanova) y el de la manzana de los Álvarez. Sin embargo, éste último está siendo víctima de la recesión económica y sus promotores se están viendo obligados a ofertar los pisos de lujo a precios de ganga.
Respecto a los Chaplin, uno de los dos promotores implicados, Construcciones Cigoña, ya comenzó a edificar uno de los bloques tras años de retrasos administrativos; el otro, ha solicitado una nueva prórroga de un año en su licencia de construcción. La previsión es que la próxima primavera comiencen las obras de la nueva calle Esther Carreño, que unirá Francisco Orejas Sierra con Juan Ochoa.
La empresa Dursa, por su parte, ya concluyó el primer edificio de su promoción en la confluencia de la calle Pruneda y el barrio del Nodo. La promotora está terminando de urbanizar uno de los tramos de la avenida de Alemania, uno de los requisito necesarios que le impuso el Ayuntamiento de Avilés para obtener la licencia de primera ocupación.
Uno de los convenios que ha cambiado de manos ha sido el de Cristalería. Costa Norte ha subrogado los derechos del proyecto a Novacaixagalicia. En el nuevo acuerdo, se modifican los plazos de ejecución previstos inicialmente a cambio de ceder ya una parcela al Ayuntamiento de Avilés para construir el centro social de Jardín de Cantos antes de culminar con todos los plazos urbanísticos. Así, el grupo inmobiliario tendrá un periodo de doce meses para presentar un proyecto de ejecución y, a continuación, otros dos meses para constituir la junta de compensación. Luego se abrirá otro plazo de seis meses para que presente el proyecto de compensación y urbanización. Una vez que el Ayuntamiento lo apruebe definitivamente, contará con un periodo de un año para iniciar las obras.
La Alcaldía aprueba el plan de actuación de Gaxín, inviable para sus dueños
Los retrasos es la tónica dominante de la mayoría de convenios urbanísticos. Ahí está el de La Lleda, que incluye 642 viviendas y que aún fue aprobado definitivamente el pasado viernes. Sin desarrollar están también el de La Llamosa, el Alto Vidriero y la Azucarera de Villalegre. A punto de llegar a su fin está el acuerdo entre el Ayuntamiento y Tropsa-Norton. Quedaba pendiente la construcción del Museo de la Historia Urbana de Avilés, cuyas obras están a punto de concluir tras años de demora.
Respecto al ambicioso proyecto de Gaxín, su desarrollo tiene visos de quedarse en el aire, por lo menos a corto y medio plazo. Hace unos días, los dueños mayoritarios del terreno desvelaron que descartaban seguir adelante con la operación, dadas las condiciones del mercado. Un portavoz del grupo Anjoca, aseguró: «No hay promotores que quieran hacer ahí nada, sería condenarte al suicidio. Seguimos siendo propietarios de los terrenos, pero hoy el suelo ya no vale absolutamente nada». El anuncio fue el desenlace de una crónica repleta desencuentros y retrasos. Sirva de ejemplo el proyecto de actuación, que los promotores presentaron en 2009 y que el gobierno acaba de aprobar, por decreto de Alcaldía. Según ha podido saber este periódico, los interesados aún no lo saben.
El plan urbanístico de Gaxín fue una de las grandes apuestas del Plan General de Ordenación Urbana, que se aprobó en el año 2006. El 60 por ciento de las 3.300 viviendas previstas iban a ser de protección oficial, y por eso el área residencial recibió la calificación de desarrollo prioritario. El interés por esta operación, en un momento de auge inmobiliario, hizo que los promotores llegaran a pagar 78 euros por metro cuadrado. Ya entonces, hace ahora siete años, el titular de Urbanismo, José Alfredo Iñarrea, advirtió de que era un precio muy elevado teniendo además en cuenta que las cargas de urbanización de la zona, dada la orografía y situación, conllevaba unos costes muy altos.
Un caso diferente es el del área de La Magdalena. Fue uno de los principales logros del mandato pasado pero desde hace dos años no se ha dado licencia alguna de edificación. Los ochos permisos para otros tantos edificios de viviendas con algún tipo de protección se dieron en 2010 y sus obras ya están terminadas. La previsión es que las tornas cambien y vuelva el interés de los promotores gracias a los cambios que se pretenden realizar en las parcelas que aún quedan pendientes de vender y así hacerlas más atractivas.
Los nuevos edificios, que tienen cabida para unas 400 viviendas -un 93 por ciento con protección-, tendrán mayor altura (hasta siete pisos) y carecerán de patios interiores. Para ello, Sogepsa promoverá una modificación puntual del actual plan y lo presentará ante la Comisión de Urbanismo del Principado (Cuota) para su aprobación inicial; después saldrá a información pública. El Ayuntamiento ya ha hecho su trabajo y ha remitido a la sociedad mixta los informes necesarios para realizar esas mejoras.
La propuesta pasa porque los edificios con tipo cerrado de 25 metros de fondo y con patios interiores pasen a ser abiertos con 15 metros de fondo. Además, para completar la edificabilidad prevista en el desarrollo, se retirarán del plan las viviendas unifamiliares y se permitirá la construcción de dos edificios de seis alturas y otro más de cuatro alturas, jugando con los desniveles del terreno.
* LNE - T. CEMBRANOS / E. CAMPO - 24.12.12
Foto: Avilés (Asturias) - lne.es
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Madrid* : En su visita a Barcelona la primavera pasada, cuando la ciudad condal pujaba con Madrid por ser la elegida para albergar la versión europea de Las Vegas, Sheldon Adelson tumbó las aspiraciones de la Generalitat con una frase eterna. El magnate de los casinos y 14ª fortuna mundial miró la torre Agbar, de 145 metros de altura, y pronunció de forma lapidaria: “Eso no es un rascacielos”. Acostumbrado a los edificios infinitos erigidos en mitad del desierto de Mojave, con el Stratosphere rasgando el cielo con sus 350 metros —desde cuya punta los más valientes, o locos, pueden hacer puenting—, Adelson no quería límites para recrear el strip de Las Vegas. El Gobierno regional rompió esas y otras barreras introduciendo una serie de enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como ley escoba, que la Asamblea de Madrid aprobará esta tarde.
“Las limitaciones establecidas por la legislación de suelo de la Comunidad de Madrid relativas al régimen de alturas permitidas no serán de aplicación a las edificaciones del Centro Integrado de Desarrollo (CID)”, reza una de las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario popular en el hemiciclo. No es la única modificación que afectaría a Eurovegas o sus posibles imitadores, a los que se busca aliviar las trabas burocráticas a través de la figura expresa de los CID.
La normativa final establece una bonificación por creación y mantenimiento de empleo “la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,1% por cada 100 trabajadores que integren la plantilla media en cada periodo”. Es decir, una exención del 100% por cada 100.000 empleados: de funcionar a pleno rendimiento en 2025 según las previsiones de la empresa, supondrá una inversión de 16.900 millones de euros, la creación de 164.000 empleos directos y una aportación equivalente al 4,5% del PIB de Madrid. A cambio, desaparecen la bonificación del 9% anual por inversiones en edificios o material y la bonificación de 9.000 euros —también al año— por cada trabajador que integre la plantilla, que sí aparecían recogidas en el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento.
En cualquier caso, la Comunidad también incluye una serie de cláusulas con las que guardarse las espaldas en caso de que el proyecto no salga según las previsiones. El pasado octubre el presidente madrileño, Ignacio González, y Adelson dieron una fecha para el comienzo de las obras: diciembre de 2013. Por si acaso, el Ejecutivo autonómico incluye ahora una normativa específica en caso de que no sea así. El Gobierno establece como “causas de caducidad de autorización" de los CID: "el incumplimiento de los plazos de inicio de la ejecución del CID previstos", salvo que se hubiera otorgado una prórroga; "la falta de culminación de las obras e infraestructuras de conexión del CID y de los elementos estructurantes de la urbanización transcurrido un plazo superior al doble del previsto en el programa de implantación": o "la no puesta en funcionamiento de al menos el 30% de las instalaciones que a estos efectos se señalen en el Proyecto de Alcance Regional y representen un mínimo del 25% de la inversión comprometida dentro de los plazos previstos".
* El País - JOSÉ MARCOS Madrid 26 DIC 2012
Foto: Eurovegas No, protesta (Madrid) (archivo) - elmundo
.................................... Leer más...
DIARIODEMALLORCA* : La negra sombra del cemento y sus derivados vuelve a planear y a presionar sobre el territorio mallorquín ya lesionado en exceso. Diario de Mallorca ha desvelado esta semana cómo, desde las altas instancias del PP balear y más en concreto desde el Govern, se está estructurando un plan para liberalizar mayor cantidad de territorio y tolerar nuevas construcciones y demasiados usos en suelo rústico. Es un plan no reconocido por el partido de gobierno pero que, como ha quedado claro en las informaciones publicadas por este periódico, está documentado. El asunto ha llegado a provocar división y tensión en el seno del PP. A nivel institucional, también entre el Govern y el Consell.
El Ejecutivo autonómico pretende que el Consell modifique el actual Plan Territorial de Mallorca para que se pueda construir más de una vivienda en las parcelas de 7.000 metros y que las naves de explotación agrícola puedan diversificarse para otras actividades.
El órgano insular competente para la gestión del suelo ha recibido tal pretensión como poco menos que una aberración y se ha manifestado molesto por lo que considera una clara invasión de competencias. Esto, por lo menos, es lo que ha manifestado la presidenta del Consell, Maria Salom.
La presión es consistente. El conseller de Turismo, Carlos Delgado, está convencido de que la sociedad balear necesita sacudirse los "complejos" que pesan sobre lo que el considera excesiva protección del territorio hoy no urbanizable. Dice que reconvertir parte de este suelo es un camino idóneo para luchar contra la estacionalidad turística. A mayor diversificación de posibilidades constructoras y de usos del territorio, más posibilidades de captar nuevos turistas, viene a decir. No ha contemplado que la pérdida de valores ecológicos, de espacio natural y de paisaje en armonía puede ser también un factor determinante de rechazo de Mallorca como destino vacacional. La clientela europea, tanto real como potencial, parece decantarse por esta última posición antes que por la apuntada por el conseller. Se impone la cautela y la prevención porque cualquier alteración en forma de mayor presión sobre el paisaje mallorquín puede volverse irreversible, tanto por lo que respecta a la calidad de vida de los residentes como por la solvencia del mercado turístico, en cuanto a oferta local. Basta mirar cómo los competidores más directos de Balears cuidan con particular esmero sus bienes naturales.
La inquietud no se centra sólo sobre una presumible alteración del actual Plan Territorial de Mallorca en cuanto a suelo rústico. De modo paralelo, también se ha sabido que la patronal de la construcción aspira igualmente a su modificación para poder liberalizar suelo no urbanizable de Palma y poder iniciar de este modo la promoción de nuevas urbanizaciones. Aseguran que en este momento el número de pisos nuevos en venta en la ciudad no alcanza el millar y pretenden poder ofertar hasta 12.ooo más, al ritmo de 1.700 anuales, hasta 2019. Indican que las previsiones del INE aconsejan este planteamiento que, en todo caso, parece una posición interesada y parcial porque no contempla las viviendas de segunda mano, las casas cerradas y el efecto real o las alteraciones que produce la crisis económica sobre el movimiento demográfico.
A partir de una interpelación del PSM, el president Bauzá aseguraba el jueves en el Parlament que su Govern "no tiene la menor intención de incrementar la presión sobre el suelo rústico". Se manifestó predispuesto a comprometer tal afirmación por escrito ante notario, pero no concretó conceptos ni términos sobre el particular. Todas las posibilidades quedan abiertas pues. El Ejecutivo no sostiene un pronunciamiento unilateral. En cualquier caso, está claro que en este momento la apertura de nuevas vías constructoras en Mallorca debe analizarse con suma prudencia y sensatez.
* Diario de Mallorca - Editorial - 23.12.12
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Valencia* : Las empresas y fundaciones de la Generalitat Valenciana, actualmente en proceso de reconversión por parte del Gobierno del presidente Alberto Fabra, no solo registraron unas pérdidas de 845 millones de euros en 2011, contribuyendo a lastrar una situación de la Administración valenciana que ha exigido su rescate en 2012. También fueron el escenario de una buena parte de las irregularidades, o "incidencias", en la contratación que recoge el informe correspondiente a 2011 de la Sindicatura de Comptes, el organismo fiscalizador de cuentas valenciano. El informe, que se presentó el viernes, detecta incidencias de cierto relieve en prácticamente la mitad de los contratos que revisó el organismo auditor. Y dedica una atención especial, entre otros, a contratos efectuados por la Ciudad de la Luz, en Alicante y la Fundación Palau de les Arts, en Valencia, así como por la cadena autonómica Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).
En el caso de la Fundación Palau de les Arts, que gestiona el edificio de la ópera, la pieza más emblemática del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre otras irregularidades, la Sindicatura de Comptes señala que se contrató a alguno de los integrantes de su patronato o algún familiar sin las preceptivas autorizaciones. El Protectorado de Fundaciones debió conocer el caso para dar la autorización y aprobar la retribución, pero no lo hizo, según recoge el informe. Una reunión posterior del patronato de la Fundación Palau de les Arts, en junio de 2012, acordó iniciar los trámites para subsanar la incidencia, pero la irregularidad ha sido constatada por el organismo auditor.
El informe también indica que deben establecerse controles de la emisión de entradas gratuitas y entradas para patrocinadores “dado que actualmente la Fundación asume el IVA de todas las invitaciones independientemente de si se asiste o no”. La Sindicatura recuerda que compete a la Intendente del Palau de les Arts preparar, revisar y actualizar el programa plurianual de actividades, pero “no consta que dicho programa plurianual se haya aprobado por el patronato o la comisión ejecutiva, en quien está delegada dicha competencia”.
En la Ciudad de la Luz, los estudios cinematográficos que la Generalitat Valenciana construyó en Alicante, que acumulan unas cuantiosas deudas, se formalizó en 2011 la novación de un contrato de colaboración con una productora “sin atender a los principios de publicidad y concurrencia”. A juicio de la Sindicatura de Comptes, se trata, en realidad de una subvención. Y dado que la Comisión Europea ha resuelto que cualquier incentivo concedido a productores cinematográficos con la condición de rodar en el complejo constituye “una ayuda estatal ilegal e incompatible”, el contrato resulta irregular. La Comisión Europea declaró en mayo pasado, en respuesta a una denuncia de otros estudios cinematográficos de propiedad privada por vulneración de la libre competencia, que “los 265 millones de euros de financiación pública concedidos por la Generalitat a la sociedad no se facilitaron en condiciones de mercado, por lo que tienen que ser devueltos por el beneficiario”.
La situación actual que enfrenta en los tribunales a la empresa pública Ciudad de la Luz y la concesionaria de la gestión del complejo, Aguamarga, ya se refleja en el informe de fiscalización de las cuentas de la Generalitat. “No se ha contabilizado ningún gasto proveniente del contrato suscrito con la empresa Aguamarga en concepto de arrendamiento de servicios de asesoramiento y orientación o supervisión general al estimar Ciudad de la Luz que está resuelto”, explica el informe. “Los gastos registrados contablemente en 2010 por este concepto se elevaron a 1.843.473 euros”. Se reseña a continuación la evolución del litigio, en el que la Generalitat solicita la rescisión del contrato y una indemnización por daños y perjuicios de 1,2 millones de euros y Aguamarga, el pago de los cánones pendientes y, en caso de resolución contractual, una indemnización de 10,3 millones de euros.
En lo que se refiere a Ràdio Televisió Valenciana, la institución auditora explica que la empresa pública adquirió derechos sobre tres documentales dedicados a “la situación política de España en la década de los 80, 90 y 2000” por 177.500 euros más IVA cada uno. Hasta ahora, constata la Sindicatura, sólo se ha emitido uno de los documentales y, aunque Canal 9 alega que vendió derechos de emisión a una televisión por 20.000 euros más IVA y a dos canales autonómicos por 10.000 euros más IVA cada documental, y que la productora recompró también parte de los derechos de comercialización, apunta que no se ha justificado su compra ni “la necesidad ni la idoneidad de los precios propuestos por el proveedor”.
La compra de los documentales, de contenido ultra, adquiridos a la productora Triskel, ya en periodo de gobierno de Fabra (que sucedió a Francisco Camps a mediados de año) levantó mucha polémica. Triskel es una productora vinculada al que fuera director de antena de Canal 9, Fernando Lázaro Quintela, que fue fichado por el entonces director de RTVV, José López Jaraba, en septiembre de 2011, solo dos meses después de la compra de los mencionados espacios. El pago de más de 600.000 euros por unos documentales que en algún caso ya habían sido emitidos por la cadena Intereconomía, fue objeto de duras críticas de la oposición y de fuertes polémicas en las Cortes. RTVV prescindió de Quintela el pasado mes de agosto.
El informe de la Sindicatura de Comptes aporta un elemento comparativo muy interesante para calibrar la falta de justificación de los precios que pagó RTVV por los polémicos documentales. Si en un principio costaron 177.500 euros más IVA cada uno y después de la supuesta recompra de derechos y la venta a otros canales el coste se redujo a 92.000 euros más IVA cada uno, aún así superaban cualquier precio de mercado.
Al analizar los expedientes de adquisición de programas y productos para la emisión, la Sindicatura detalla en un cuadro una “muestra seleccionada” para la revisión de los contratos de las producciones propias adquiridas por Canal 9 durante el año 2011. Según ese cuadro, un espacio divulgativo de 30 minutos tenía un coste por programa de 9.116 euros. Una serie de ficción adaptada de 60 minutos costaba 91.012 euros por programa. Un magazine de 100 minutos salía por 82.500 euros cada programa. Un concurso-show de 50 minutos, por 63.454 euros cada emisión. Una serie de ficción de una hora de duración costaba 96.137 euros el espacio y otra serie de ficción de 45 minutos, 49.801 euros cada episodio.
Quiere eso decir que los responsables de Canal 9 compraron unos documentales, orientados a la descalificación de figuras como el juez Baltasar Garzón o el dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, por una cifra muy superior a la de cualquier producto televisivo similar y sólo equiparable al coste de una producción de ficción de 60 minutos de duración.
EU pide que se actúe contra Calatrava
Un polémico arquitecto. Ignacio Blanco, portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, exigió ayer al Gobierno valenciano que actúe contra Santiago Calatrava tras desvelar el informe de la Sindicatura que el arquitecto reclama otros 700.000 euros por un mural con motivos taurinos en el Palau de les Arts. “A pesar de que hace años que finalizó sus trabajos, a falta de rematar L’Àgora, siguen apareciendo pufos como los 700.000 euros de unos murales taurinos o lo más de 2,5 millones de euros de indemnización a las constructoras del puente de L’Assut de l’Or por culpa del retraso en el proyecto”, afirmó el diputado de Esquerra Unida. “Ya está bien de que nuestros gobernantes rindan pleitesía a un personaje que no ha dejado pasar ni una sola oportunidad de sacarnos los cuartos”, dijo Blanco, que instó al Consell a exigir que sea el despacho del arquitecto domiciliado en Suiza quien asuma la indemnización.
* El País - ADOLF BELTRAN Valencia 22 DIC 2012
Foto: Valencia, Palau_les_Arts - EFE
.................................... Leer más...
20MINUTOS* : La ministra de Fomento, Ana Pastor, asegura que su Departamento está analizando rutas y tramos de tren que tengan un viajero al día de media para determinar si existen alternativas de transporte por carretera y, en ese caso, ofertar esa opción.
"Hay 176 estaciones y apeaderos que tienen un viajero al día o ninguno y lo que se está haciendo es analizar esas rutas y esos tramos, pero no el cierre de esas vías o líneas", ha aclarado la ministra en León.
Pastor defendió que en la definición de las denominadas "obligaciones del servicio ferroviario público" en las que trabaja su Departamento, el Estado "prevé que siempre haya un modo de comunicación para los ciudadanos, sea el tren o el autobús".
En este sentido, Ana Pastor ha recordado que el Ministerio de Fomento tiene una deuda de 40.000 millones de euros, Feve de 600 millones y Renfe de unos 5.000 millones.
"Tenemos billetes que valen cuatro euros y el Estado pone 210 euros y eso no es razonable", ha reiterado la ministra.
La alta velocidad, como prioridad del Gobierno
Ana Pastor también ha insistido que el Gobierno central tiene como prioridad continuar "potenciando" el tren y la Alta Velocidad, porque es una inversión "que verán las futuras generaciones".
Pastor no ha concretado una fecha de llegada del AVE a León, pero ha recordado que en la actualidad se están finalizando "al ritmo que se puede" las obras de la plataforma en los diferentes tramos del corredor Valladolid-Palencia-León-Asturias, así como los trabajos de electrificación y las catenarias.
"Queremos que toda España tenga las mismas oportunidades en infraestructuras", ha concluido la ministra.
* 20 Minutos - EP - 26.12.12
Foto: Tren, vía - google
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Andalucía* : Los Ayuntamientos han recurrido a todo tipo de artimañas para mantener sus planes de crecimiento urbanístico, pese a la realidad de la crisis. De hecho, tan solo 77 de los 771 municipios andaluces están adaptados al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), la norma que pretende velar por la “sostenibilidad” desde 2006. Como consecuencia de esta situación, zonas como el área metropolitana de Sevilla y la Vega de Granada, con algo más de dos millones de habitantes entre las dos, se han convertido zonas deterioradas, con polígonos fantasma, áreas urbanas deshabitadas y paisajes destruidos. El decreto promovido por la Consejería de Medio Ambiente y aprobado el miércoles en el Parlamento intenta evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir.
Ambas zonas han sido víctimas del crecimiento desordenado y de la posterior burbuja inmobiliaria. Los dos espacios constituían enclaves de alto valor ecológico, patrimonial, ambiental y paisajístico. Sin embargo, el abandono del uso agrícola tradicional de la zona, su cercanía de las capitales y la proliferación de usos de carácter urbano han acabado con gran parte de este valor.
Algunos Ayuntamientos han llegado a proponer crecimientos de hasta un 700% en el número de viviendas y han desarrollado solo parcialmente las llamadas “áreas de oportunidad”, creando polígonos y barrios desiertos. En otros casos, han conseguido atraer a la población sin garantizar la movilidad o infraestructuras básicas educativas, sanitarias o de depuración.
Esta situación no debería volver a ocurrir. El nuevo decreto aprobado el miércoles obliga a adaptarse al POTA en unos plazos concretos y agiliza la tramitación de los planeamientos urbanísticos. Los objetivos de ambas medidas son favorecer el desarrollo de actividades económicas y preservar la calidad ambiental de la región, evitando situaciones “irreversibles”, según advierte el propio decreto.
Otro objetivo de la normativa es acabar con la discriminación entre aquellos municipios que han adecuado sus planeamientos a los límites de crecimiento establecidos en el plan —del 40% del suelo urbanizable o el 30% de la población— y los aprobados con anterioridad, que “responden en muchos casos a modelos de crecimiento no sostenibles, alejados del actual contexto socioeconómico y de los criterios y limitaciones establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía”, según reconoce la Junta.
El POTA establece desde su aprobación criterios para un desarrollo sostenible de las ciudades. Sin embargo, la propia Administración regional ha aplicado en tiempos pasados criterios “flexibles” que los ayuntamientos han aprovechado para eludir las limitaciones o se han mantenido vigentes los PGOU antiguos, que no se veían afectados por la nueva norma. Son los conocidos como los “durmientes”. De esta forma, en estos momentos, y tras seis años de vigencia del POTA, solo el 10% de los planes municipales cumple con la normativa. El resto se mantiene en proceso de revisión o adaptación (73%) o ni siquiera ha comenzado la andadura a la nueva legalidad (16,5%).
Pero los “durmientes” tendrán que despertar, ya que el nuevo decreto obliga en su artículo tres a adaptar su planeamiento para someterse al POTA en los plazos previstos en los propios planes urbanísticos o, si este periodo no está establecido, en un máximo de ocho años desde su entrada en vigor.
“La falta de adaptación conllevará la imposibilidad de aprobar instrumentos de desarrollo que supongan crecimientos urbanísticos que superen los límites regulados en el POTA”, establece la normativa para obligar a someterse a las condiciones fijadas por la ley.
Igualmente, se reducirán a tres meses los plazos para la aprobación del planeamiento urbanístico, cuya tramitación se ha hecho más compleja en los últimos años por la existencia de numerosos informes preceptivos exigidos por las distintas normativas sectoriales, con diferentes procedimientos y tiempos para su emisión.
* El País - RAÚL LIMÓN Sevilla 15 DIC 2012
Foto: Imagen aérea de una zona urbanizada en el Aljarafe. / GARCÍA CORDERO
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : “Ha sido un desastre”, dice tajante el presidente de la Plataforma Salvemos la Vega de Granada, Paco Cáceres, que lleva años denunciando el modelo de especulación urbanística y destrucción del territorio. “Hay urbanizaciones vacías, ayuntamientos incapaces de garantizar los servicios a esas nuevas construcciones, municipios que se unen, etcétera. El problema fundamental es que no se ha aprendido absolutamente nada”, afirma. Cáceres sostiene que los ayuntamientos no saben cómo dinamizar económicamente el área metropolitana y asegura que “sueñan” con volver otra vez al ladrillo. “Lo que hace falta es un desarrollo endógeno”, apunta.
La Junta de Andalucía anunció un plan especial de ordenación integral de la zona que insta a impulsar la creación del Parque de la Vega de Granada. Hasta la fecha se ha hecho un diagnóstico, Documento de concertación, en el que se recoge cómo es la expansión urbanística desordenada la que ha producido mayor “distorsión del espacio productivo” y ha creado discontinuidades y tensiones más grandes en el ámbito más cercano a Granada. Parcelaciones ilegales y la implantación de usos industriales “han estrangulado” el espacio de la Vega.
Ese plan en el que trabaja la Junta trata de plantear “las carencias del Potaug respecto al suelo no urbanizable”, según destaca Alberto Matarán, profesor del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada, al que la propia Junta le ha consultado para alegaciones. Muchas de las actuaciones previstas en el plan de 1999 no se han desarrollado, sobre todo las que tienen que ver con paisaje, regeneración de zonas, protección.
Según explica, incide en dos puntos clave: el uso público y el mantenimiento de la actividad agraria. Al menos cambia el planteamiento, pero para la Plataforma Salvemos la Vega es insuficiente. “No es un plan especial para la Vega, es un plan de ocio que quieren poner junto a la Vega”, recalca Cáceres, que culpa a los propios ayuntamientos de no haber cumplido el Potaug y permitir, por el contrario, obras ilegales en zonas protegidas.
A medida que Granada ha ido perdiendo población, el área metropolitana la ha ido ganando. El crecimiento ha sido desigual en los municipios de la Vega. Si primero el desarrollo se centró en el sureste (Ogíjares y Cájar), posteriormente se extendió a la zona más próxima a la capital: Vegas del Genil, Las Gabias, Cúllar Vega y Churriana de la Vega por el Este, y Jun y Peligros por el Norte, según el desarrollo demográfico que recoge dicho documento. La evolución en municipios dedicados antes casi por completo a la agricultura ha sido espectacular. Ogíjares, por ejemplo, tenía una población en 1981 de 2.354 habitantes por los 13.255 de 2010.
Es difícil cuantificar el número exacto de viviendas vacías que hay actualmente en la Vega, si bien basta un paseo por algunos de los municipios que componen la aglomeración urbana de Granada para comprobar cómo hay urbanizaciones sin terminar y otras acabadas pero faltas de servicios. Además de la congestión que generó el modelo territorial del Potaug, que estaba basado “en el transporte privado y la urbanización difusa”, perjudicó el propio desarrollo de la actividad agraria.
La crisis ha supuesto, por lo menos, “una especie de moratoria”, destaca Matarán, que ve en la paralización una “oportunidad” para hacer las cosas de otra manera y hay administraciones “iniciando” proyectos en ese sentido.
La Plataforma Salvemos la Vega es más crítica y no ve en el plan especial un instrumento capaz de dar a la agricultura el poder que tiene ni de desarrollar las potencialidades culturales, patrimoniales o de negocio que podrían surgir.
“Atrapados” y sin futuro
Atarfe, al norte de Granada, ejemplifica a la perfección lo ocurrido. El crecimiento exacerbado alejado del núcleo consolidado previo desmonta por completo la estructura urbana y social de un pueblo que ha perdido en gran parte su identidad.
Saltarse la normativa ha generado, entre otras cosas, un paisaje compuesto por viviendas vacías (unas 3.000) que se completa con un campo de golf cerrado y degradándose que iba a hacer las delicias de esos llamados “inmigrantes climáticos” que optaron por comprar una vivienda en una de las residencias más lujosas proyectadas en el área metropolitana granada, Medina Elvira Golf.
De las casi 1.000 viviendas que hay construidas en esa especie de urbanización fantasma, unos 60 propietarios llevan años sufriendo un infierno. Les dieron las licencias de primera ocupación y escrituraron sin tener las obras de urbanización terminadas. Según la concejal de Atarfe Rosa Félix, están “atrapados” en una urbanización sin futuro.
El urbanismo en este municipio lleva años en los tribunales, un exalcalde condenado y aún inmerso en varios procesos judiciales junto a promotores, técnicos e incluso el regidor actual.
Un ejemplo de lo que fue el desarrollo del ladrillo y un lugar donde estudiar la herencia que ha dejado.
* El País - VALME CORTÉS Granada 15 DIC 2012
Foto: Área Metropolitana de Granada. / M. ZARZA
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : El pasado deja huella. Cada vez son más los urbanitas que buscan refugio y algo de consuelo en alguna de las aldeas abandonas de la geografía española. Oro puro. Si la industrialización dejó sin vida miles de pueblos españoles, ahora la crisis los ha puesto en el punto de mira de aquellos que intentan volver en busca de una oportunidad. El medio rural, que lucha contra la despoblación, los acoge con los brazos abiertos. Algunos prueban suerte emprendiendo negocios rurales. Otros buscan alejarse del asfalto, que se pare el tiempo y teletrabajar. Y otros agarran con fuerza las ofertas de trabajo que se ofrecen en aquellos lugares (carpinteros, panaderos, farmacéuticos, pintores, arquitectos...).
En España hay unos 3.000 pueblos o aldeas abandonadas, algunas se están habitando y otras no están en venta, señala Rafael Canales, responsable de Aldeasabandonadas.com, web española especializada en la venta de aldeas abandonadas y casas rurales. Solo cuelgan el cartel de “Se vende” unas 60. “No todas se comercializan, la mayoría porque falta documentación para registrarlas”.
Este portal recibe una media de 300 solicitudes de información al día, lo que da muestra de la demanda y el interés por la vuelta al campo. De hecho, la venta de pueblos y aldeas ha crecido un 19% respecto a 2011.
“Hay una tendencia clara de vuelta a los pueblos debido a la crisis inmobiliaria. Vuelven a ser habitados por la calidad de vida, por la ansiedad de vivir en las ciudades. No es lo mismo trabajar desde Madrid que desde una aldea, y por menos de lo que cuesta un piso en el centro se pueden comprar un pueblo entero”, explican en Aldeasabandonadas.com.
El entorno rural gana algo de terreno a la maltrecha economía de la ciudad. Y atención porque el boom también puede ser rural: las casas de pueblo se están revalorizando. “En diez años van a quedar pocas y su precio aumentará, y en el caso de Galicia y Asturias, el triple”, dice Canales.
La comunidad con más pueblos abandonados es Galicia, con 1.400 aproximadamente.
Pero de nuevo la gente se topa con las dificultades para encontrar financiación. “Recibimos un aluvión de correos, pero algunos son para decirnos que les falta el dinero o no tienen garantías para un préstamo hipotecario”, dice Canales.
El 97% de los que compran suele adquirir la aldea completa, aunque también se realizan compras parciales. Hay pueblos donde apenas siguen en pie 7 u 8 casas, otros con 30 y en Burgos hay uno en venta con 70 viviendas.
¿Quién compra? Los datos sorprenden porque el 70% son particulares, y el 30% restante, hosteleros. Hace tres o cuatro años era a la inversa. Algunos hacen uso del teletrabajo —son profesionales liberales que pueden trabajar desde cualquier parte del mundo—, otros deciden montar un negocio de turismo rural y los que vivían en la ciudad y se han quedado en paro buscan suerte en el mundo rural.
Algo más de la mitad de los compradores son españoles (el 55%), y el resto, foráneos (alemanes, ingleses, holandeses, belgas y americanos).
Sin ir más lejos, la última aventura rural ha sido la de una pareja de ingleses que ha comprado una aldea de una hectárea en el valle del Eo, en Pontenova (Lugo), ocupado por cuatro casas y un hórreo. Les ha costado 125.000 euros, por debajo del precio medio de una vivienda normalita, tirando a básica, en una ciudad española. Cada casa cuenta con su propio título y se encuentra con toda la documentación en regla, incluyendo catastro y registro.
Los hay más baratos y más caros. En Galicia se vende uno por 140.000 euros, en la zona de Ribera Sacra, Lugo. El más caro está en Cataluña: 4,5 millones de euros en la comarca catalana de Anoia, Barcelona. Ahora bien, cuanto más cerca de las grandes urbes y mejor comunicado, más caros. A 72 kilómetros de Madrid, entre Peguerinos y Santa María de la Alameda, entre Madrid y Ávila, se vende un pueblo en ruinas. Las propiedades en venta son 23 parcelas de un total de 40. Son 4.144 metros cuadrados y su precio de salida son 900.000 euros negociables.
A menos de cuatro kilómetros de la localidad segoviana de Pedraza, a 40 de Segovia y a 120 de Madrid hay un pueblo deshabitado en venta llamado La Alameda. “Las parcelas y ruinas que están a la venta conforman el 60% del pueblo y disponen de unos 1.800 metros de terreno. Tiene un proyecto de urbanización con licencia pagada para poder construir siete casas. El precio actual es de 380.000 euros negociables”, explica Ramón Amat, de la agencia Rústicas Singulares.
Luego se venden casitas para restaurar por mucho menos. Por ejemplo, dos viviendas en la aldea de Castro de Carballedo, Ribeira Sacra (Lugo) se comercializan por 26.000 euros.
El precio por rehabilitar una de estas construcciones en ruina depende de un sinfín de factores, pero los costes de rehabilitación pueden oscilar entre los 750 hasta los 1.100 euros por metro cuadrado, dice Amat.
* El País - SANDRA LÓPEZ LETÓN 6 DIC 2012
Foto: La Alameda (Segovia) se vende por 380.000 euros negociables - elpais
.................................... Leer más...
