EUROPAPRESS/Mallorca* : La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años y medio más de cárcel para el exdirector general de Ordenación Territorial del Govern y exjefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, quien el próximo martes volverá a sentarse en el banquillo de los acusados junto al exasesor jurídico del municipio mallorquín Ignacio Mir y el excelador Jaume Gibert, por permitir que las ruinas que había en terreno protegido se convirtiesen en una vivienda de nueva planta, obviando "deliberadamente" la Ley.
Por estos hechos, el Ministerio Público pide para un año y medio de cárcel para Mir y para el promotor Jerónimo Arbós, dos para Gibert y dos y medio para el propietario de los terrenos, Gaspar Moner, por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y falsedad. Asimismo, reclama en su escrito de acusación provisional que los cinco acusados sean condenados también a la demolición de las obras construidas de forma presuntamente ilegal.
En concreto, Massot ya cumple condena en el centro penitenciario de Palma por otros dos flecos de la causa por los mismos ilícitos penales, al igual que Gibert, mientras que Mir ya fue condenado en firme a un año de prisión por la construcción de la vivienda del exalcalde Eugenio Hidalgo con licencia de nave agrícola. En concreto, los hechos, enmarcados en la pieza 13 del caso Andratx, prevén ser juzgados hasta el viernes por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.
En su escrito de acusación, la Fiscalía postula cómo Moner, en abril de 1999, convenció a su tía para que solicitase ante el Ayuntamiento una licencia para la rehabilitación y reforma de una vivienda unifamiliar aislada, a pesar de que en la zona, clasificada como Área Rural de Interés Paisajístico (Arip), era imposible autorizar la construcción de una vivienda de nueva planta dado que únicamente existían unas ruinas en el terreno y no una vivienda que reformar.
Así las cosas, la solicitud fue acompañada con un proyecto básico supuestamente inveraz de Arbós, puesto que en él simuló que preexistía una antigua vivienda en buen estado de conservación y que el objetivo de las obras era reformarla. Tras ello, tanto Massot como Mir, según la acusación pública, informaron en favor de la licencia pese a que "no se reunían los requisitos exigidos por la legalidad vigente para la concesión" de la autorización.
DOS LICENCIAS MÁS
Sin embargo, una vez iniciados los trabajos de construcción, Gibert levantó dos actas de suspensión de obras al no ajustarse a la licencia concedida, motivo por el que tres meses después fueron solicitadas otras dos autorizaciones, una de ellas para la 'legalización de la sustitución de la cubierta de la vivienda inicial, cambio de ubicación en la parcela y ampliación de la misma', y otra para la sustitución del cerramiento.
Solicitudes que nuevamente fueron acompañadas por los proyectos básicos y de ejecución de Arbós, mientras que Gibert, siguiendo órdenes "expresas" de Massot, emitió un certificado de antigüedad en el que hizo constar que la vivienda a reformar tenía 43 años, a sabiendas de que únicamente existía una casa de aperos y que la antigüedad debía aproximarse a los 23 años. Tanto Massot como Mir volvieron a informar la licencia favorablemente.
* Telecinco Noticias - EP - 5.12.12
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
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GRANADADIGITAL* : Un informe del Centro Unesco de Andalucía sobre la renovación de pavimentos en el barrio granadino del Albaicín advierte de que el uso de aglomerado asfáltico debe evitarse “en cualquier caso” pues es “inadecuado e innecesario” en un entorno de alto valor patrimonial y declarado patrimonio mundial.
El informe, al que ha tenido acceso Efe, señala que en la actualidad la Concejalía de Urbanismo, en colaboración con la empresa de agua Emasagra, está procediendo a la renovación de pavimentos del Callejón de las Tomasas en el Albaicín y que a continuación se hará lo mismo en el Camino Nuevo de San Nicolás.
De este modo, explica el centro, se terminará la actuación en las principales vías de tráfico rodado de la zona alta del barrio, iniciadas en el año 2009, en una intervención que prevé el cambio de los actuales empedrados tradicionales por otros pavimentos pensados fundamentalmente para el tráfico rodado.
Esos otros pavimentos están compuestos por una zona central de adoquín granítico y dos franjas de rodadura de aglomerado asfáltico, mientras que el resto de la calle hasta contactar con las fachadas de los edificios se pavimentará con el mismo tipo de adoquín.
La actuación es similar a la iniciada en la campaña del año 2009 en el Carril de la Lona, Plaza de San Miguel Bajo y Calle de Santa Isabel la Real, que fue finalmente modificada por la intervención de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, por lo que se eliminaron las franjas de aglomerado asfáltico.
El Centro Unesco Andalucía recuerda que en los últimos años se han remodelado pavimentos en otras zonas del centro histórico de Granada, sobre todo en los barrios de San Matías y el Realejo, en los que, según precisa el informe, “la prioridad funcional y estética parece haber sido el tráfico rodado”.
Al respecto explica que se han introducido franjas de rodadura de aglomerado asfáltico en sustitución de los adoquines o empedrados existentes y se han delimitado las calzadas con numerosas vallas metálicas negras “de gran impacto visual”.
Según la Unesco, la ejecución de las que considera “discutibles actuaciones” no puede implicar directamente su adecuación al Albaicín, pues este barrio está incluido en la lista del patrimonio cultural mundial desde el año 1994, categoría que no posee el resto del centro histórico de la ciudad.
El Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín (PEPRI), vigente desde 1990 y todavía sin revisar, no concreta con suficiente detalle los tipos de pavimentos admitidos en calles, aunque en uno de sus artículos indica que las obras responderán a las características del espacio urbano “con criterio integrador”.
El Centro Unesco señala que el Ayuntamiento de Granada no ha tenido “la prudencia” de solicitar el dictamen previo de la ponencia técnica de la comisión de seguimiento del PEPRI Albaicín, lo que podría haber servido para mejorar el proyecto.
En este sentido, advierte de que el área donde se ejecutan las obras está afectada por el entorno de 50 metros del Bien de Interés Cultural (BIC) Muralla de la Alcazaba Antigua y que por tanto el proyecto de urbanización debe contar con la aprobación previa de la Comisión Provincial del Patrimonio de la Junta.
El Centro UNESCO de Andalucía considera que la mejor solución es mantener los empedrados tradicionales de calidad y que el uso del aglomerado asfáltico debe evitarse “en cualquier caso” pues es “inadecuado e innecesario” en un entorno como el Albaicín.
RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO
El pavimento del callejón de las Tomasas, en la actualidad en obras, será de adoquines. La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada ha informado de que es “absolutamente falsa” la información difundida hoy por la UNESCO donde afirma que se va a poner aglomerado en el barrio del Albaicín.
Isabel Nieto, responsable del área de Urbanismo, ha informado de que el proyecto del Ayuntamiento de Granada para el callejón de las Tomasas se adapta escrupulosamente al dictamen emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio.
Así ha explicado que el Ayuntamiento de Granada ha consultado desde el principio a la Junta de Andalucía para acometer este proyecto y que, “como no podía ser de otra forma, hemos acatado su decisión de poner adoquines en esta vía”.
Se da la circunstancia además de que el Ayuntamiento ha aceptado la propuesta de Cultura pese a que los representantes de los vecinos del Albaicín solicitaron dos rodadas para evitar el ruido que provoca el tráfico al pasar por un pavimento de adoquines.
Nieto lamenta la alarma creada por la UNESCO en un barrio tan importante para la ciudad y advierte del daño irreparable que causa a la imagen de Granada este tipo de información.
La concejal de Urbanismo pide a los responsables de la UNESCO que, desde el compromiso que existe entre ambas instituciones por la conservación del patrimonio “en lo sucesivo se pongan en contacto con el Ayuntamiento antes de lanzar informaciones que no son reales”.
* Granada Digital - EFE - 5.12.12
Foto: Granada, calle Albaicín - flickr
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LAINFORMACIÓN* : Más de la mitad de los habitantes del mundo viven en ciudades, y esa población urbana se incrementará hasta el 70% en un brevísimo espacio de tiempo. Se prevé alcanzar esa cifra entre los años 2020 y 2030.
Una de cada 6 personas del mundo vive en la pobreza; en las ciudades, una de cada cuatro vive en un barrio de chabolas, subraya ONU Hábitat, una agencia de Naciones Unidas cuya misión es “promover asentamientos humanos social- y ambientalmente sostenibles y una vivienda adecuada para todos y todas”.
42,5 millones de personas en todo el mundo son refugiados. Algunos de ellos viven en condiciones precarias en campamentos de refugiados como el más grande del mundo: Dadaab, en Kenia. Otros corren mejor suerte en países desarrollados.
Ello sin contar los inmigrantes sin papeles, o a veces con ellos, que cambian de país en busca de un futuro o simplemente los migrantes que cambian el campo por la ciudad.
En la primera década de un nuevo milenio que se antojaba prometedor para muchos hace solo unos años, un total de 227 millones de personas de países en desarrollo han dejado de vivir en infraviviendas. Sin embargo, en 2020 serán 889 millones de personas las que continúen viviendo en situaciones de gran precariedad, según cálculos de Naciones Unidas. Seis de cada 10 africanos sufren esta situación, mientras que en Latinoamérica son 3 de cada 10, destaca la agencia EFE.
Más de la mitad de los habitantes del mundo viven en ciudades, y esa población urbana se incrementará hasta el 70% en un brevísimo espacio de tiempo: se alcanzará esa cifra entre los años 2020 y 2030, advierte ONU Hábitat.
* La Información - María Torrens Tillack - 7.12.12
Foto: Paula Regueira/EFE
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN/Región Murciana* considera desacertado que el Ayuntamiento de Abarán siga apoyando la recalificación de 4,5 millones de metros cuadrados de suelo en el paraje de Casablanca, para la construcción de un complejo urbanístico de 12.000 viviendas con campos de golf, ya que apostar por este tipo de desarrollos urbanísticos es perjudicial para el futuro de nuestro municipio al no responder a ninguna necesidad real. De hecho, el uso del suelo sigue siendo agrícola y es el interés que debe prevalecer a la hora de clasificar el suelo, en un municipio como el de Abarán.
Según esta asociación ecologista, continuar ahora con el apoyo a la recalificación para evitar las compensaciones económicas, es una huida hacia adelante y no soluciona nada: El desarrollo de esta nueva zona urbana, traerá consigo en el futuro nuevos gastos y obligaciones para el municipio, ya que es ineficiente económicamente por los elevados costes energéticos, de mantenimiento de infraestructuras y prestación de servicios públicos. De nuevo hay una falta de visión política a largo plazo y un alto grado de irresponsabilidad.
La mejor opción es renunciar al convenio urbanístico, declarando la nulidad del mismo al recaer en una potestad no negociable, a pesar de que conlleve costes económicos. Esta es, la única manera de poder reconducir la irresponsable actitud del equipo municipal de gobierno que lo firmó en el año 2005. El proyecto era insostenible entonces y sigue siendo insostenible ahora, aseguran, y añaden que el futuro del pueblo de Abarán debe estar por encima del interés particular de un empresario que haya invertido en el negocio del ladrillo.
Según el portavoz de la organización ecologista, Héctor Quijada, “lo que sucede ahora es que el Ayuntamiento se ha topado con la realidad, ha visto como tras el boom del ladrillo viene la ruina económica para la administración local y la constatación de que el milagro inmobiliario no es tal”. Y añade “parece que los gobernantes locales no han aprendido nada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria”, en alusión al acuerdo tomado en el último pleno, el cual ha contado con los votos favorables de PP, PSOE y UYD, y en contra de IU y la edil independiente Rosa García.
Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones en contra el proyecto en todas sus fases, el cual pretende la reclasificación de 4.704.451 m2 de suelo No Urbanizable a Urbanizable, junto al Parque Regional, ZEPA y LIC de la Sierra de la Pila. Además, calificaron como “fraude de ley” que el proyecto no fuera sometido a Evaluación Ambiental de Planes y Programas conforme a la Ley 9/2006, lo que llevaría a la realización de una nueva Evaluación Ambiental Estratégica, ya que el principal argumento de la asociación ecologista es que lo que está en juego es el futuro sostenible de todo el municipio de Abarán y no sólo de la finca en cuestión.
Para Quijada, el Plan de Ordenación Municipal de Abarán no puede sustentarse en el desarrollo de un modelo urbanístico y territorial ficticio, causante de la crisis inmobiliaria y que por tanto se encuentra agotado. Es necesario un cambio en la concepción actual del urbanismo, la ordenación del territorio debe considerar el suelo como un recurso natural, escaso y no renovable.
Ecologistas en Acción asegura que las autoridades municipales son perfectas conocedoras de la falta de justificación de esta reclasificación de terrenos en el actual PGMO, por ello solicitan que reconsideren su posición y que declaren la nulidad del convenio realizado.
* Ecologistas en Acción - Murcia - 3.12.12
Foto: Abarán (Murcia) - regmurcia
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ELPAÍS* : Los concursos que Gisa adjudicó en Girona entre 2007 y 2009 sufrieron sustanciales encarecimientos una vez en marcha. Es la principal conclusión que la Sindicatura de Comptes ha sacado tras cumplir el mandato del Parlamento catalán, que le encomendó la detección de posibles anomalías en los procesos de adjudicación de obras investigadas en el caso del clan de los asfalteros, una supuesta trama con la que un grupo de constructoras se repartió el pastel de las obras públicas en la provincia gerundense. El reparto habría contado con la presunta connivencia del gerente de carreteras de Gisa en Girona, Jordi Vergé, despedido tras conocerse la investigación.
Las cuatro principales obras adjudicadas en la provincia durante 2007 y fiscalizadas por la Sindicatura sufrieron desviaciones presupuestarias que supusieron para la Administración incrementos de coste de entre el 21,9% y el 46,1%.
Esa dinámica se repitió en los años sucesivos analizados, por lo que el organismo fiscalizador exige un planteamiento técnico y una supervisión más firme que evite posteriores replanteamientos de obras.
Del informe elaborado por la la Sindicatura también se evidencia un importante peso de elementos subjetivos a la hora de adjudicar las obras. El organismo público reclama a Gisa el establecimiento de “criterios de valoración que se puedan cuantificar mediante la aplicación de una fórmula o de un cálculo de proporcionalidad y ser expresados en cifras o porcentajes”.
De esa forma se evitaría, como acabó sucediendo, que en uno de cada tres concursos abiertos por la empresa encargada de las obras de la Generalitat no se impusiera la empresa que había conseguido la mejor puntuación en los baremos objetivos.
La Sindicatura de Cuentas analizó expedientes de contratación de obras de acondicionamiento de firmes, nudos viarios y rotondas aprobados en 2007 que forman parte de la investigación judicial iniciada en febrero del pasado año.
Prueba del descontrol existente en el control de las obras de Gisa, aquel año el importe total de las obras analizadas ascendía a un presupuesto inicial de 9,13 millones de euros, pero el organismo fiscalizador pone el acento en que si a ese importe se le suma “el del conjunto de proyectos modificados y de obras complementarias adjudicadas posteriormente —no necesariamente a las mismas empresas— el coste total adjudicado” sería de 75,3 millones de euros.
Casos similares sucedieron en 2008 y 2009, según otro trabajo hecho público ayer por la Sindicatura. En ese caso, los ocho expedientes analizados por el ente fiscalizador del Parlamento contaban con un presupuesto conjunto de 137,1 millones de euros, una cifra que creció hasta los 224,16 millones a causa de proyectos modificados y obras complementarias.
El informe, al que ni el Departamento de Economía ni la Oficina Antifraude han aportado información, constata que en seis de los ochos expedientes de 2008 y 2009 podría haberse incumplido el “principio de concurrencia”.
Como en el de 2007, el informe pone énfasis en la necesidad de dar “preponderancia a los criterios objetivos” en los pliegos de bases de los concursos. En otro caso, señala, “hace falta que el informe de la comisión técnica [...] incluya la motivación de la puntuación otorgada”. Sobre todo “si se tiene en cuenta que de los ocho expedientes solo en tres ha resultado adjudicatario el licitador de mayor puntuación en los criterios económicos”, que sí se pueden valorar de forma objetiva.
A causa de que el 50% del baremo se decidía por criterios subjetivos eran indispensables las decisiones que se tomaban en el seno de la comisión técnica de valoración de las propuestas técnicas. Ésta la integraban el director de la división de carreteras, que la presidía, el gerente de planificación y programación operativa y el gerente de carreteras de Girona, que ejercía de secretario. Jordi Vergé, que ocupaba ese último puesto, podía acceder así a valiosa información e influir en las adjudicaciones, por las que presuntamente recibía comisiones. A causa de esa implicación es uno de los imputados en el caso, acusado de cohecho y alteración de precios de concursos y subastas públicas. La empresa pública Gisa se ha personado en la causa, por lo que se libraría de posibles responsabilidades patrimoniales para la entidad.
Algunas de las conclusiones expresadas en el informe de la Sindicatura —que no detecta, no obstante, pruebas de irregularidades punibles— coinciden con las alcanzadas por la Oficina Antifraude cuando analizó las adjudicaciones al clan de los asfalteros desde la Diputacíón de Girona. La OAC consideró en aquel caso que la corporación municipal decidió con criterios “arbitrarios”.
Según las pesquisas judiciales, las empresas salpicadas por el caso actuaban como un cartel que decidía los precios de las obras de carreteras. Se habrían adjudicado hasta 75 concursos en Girona por un valor de 300 millones de euros solo en 2009 y 2010. En enero de este año, el juez que instruye el caso amplió a los ejercicios 2007 y 2008 la investigación para esclarecer las irregularidades.
Recurso tras el robo
Los últimos informes referentes a Gisa también recogen el caso de la contable de la empresa pública denunciada en abril del pasado año acusada de robar 513.107 euros a la empresa pública mediante la falsificación y cobro de diversos cheques. La Sindicatura desvela que la mujer, que habría falsificado la firma de centenares de talones desde 2007 a 2011, se habría apropiado en realidad de un total de 517.452 euros, lo que, a efectos prácticos, habría supuesto un sobrecoste de la obra total ejecutada en esos años. Como consecuencia de ese robo, que Trinidad I. A. utilizaba para cargar en una tarjeta de El Corte Inglés y cubrir su afán consumista, Gisa se ha visto forzada a reformular sus cuentas de 2010 para reflejar el incidente.
Poco después de conocerse el caso, la empresa despidió a la empleada por causas disciplinarias, incumplimiento muy grave, falsedad socumental, premeditación, lucro ilícito y grave perjuicio a la entidad, con agravante de uso de posición en beneficio propio. Aunque la empleada no recurrió el despido sí ha presentado una demanda por reclamación de cantidad de la liquidación.
* El País - DANI CORDERO - 5.12.12
Foto: Sede de Gisa en Barcelona. / MARCEL·LÍ SÀENZ
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DIAGONAL/Bilbao* : El encuentro BAT_2012 sobre urbanismo y convivencia organizado por Zaramari, que se define como “productora de ideas que trabaja sobre modelos de desarrollo sostenible a partir de las prácticas culturales”, puso punto y seguido a un proceso que mediante talleres y debates recoge las claves del contexto actual en las prácticas urbanas alternativas. Si algo dejó claro es que no se trata tanto de armar buenos discursos analíticos, sino de aportar alternativas para defender la vida urbana del totalitarismo privativo de derechos y oportunidades.
El urbanismo con perspectiva de género y la autoconstrucción, la declaración universal de los derechos urbanos o la definición de la ciudad, han sido algunos de los enfoques de estos talleres, que se realizaron en Bilbao, en la calle, en Bilbao Arte y en un centro cívico.
BAT_2012 congregó mucho profesional de la arquitectura en busca de alternativas dignas al paro y también a urbanistas en busca de claves para reencontrarse con una profesión que, tras su complicidad con el boom especulativo, busca reinventarse.
El trabajo colectivo parece ser un signo de los tiempos, ya que todos los talleres han planteado colaboraciones; Hiria Kolektiboa con Saioa Olmo, Todo por la Praxis con Astra, ColaBoraBora y Amaste, Zuloark con agentes de Bilbao, Zaramari con la escuela de San Francisco o la colaboración en el taller de “territorios inteligentes para ciudadanías emergentes” entre profesionales y la realidad del barrio de Bilbao la Vieja.
Urbanismo y género
El taller de Urbanismo y Género ha trabajado en un taller perfomativo en el que, a través de metodologías ideadas por la artista Saioa Olmo, se desmontaron las cuestiones fundamentales para los cambios de miradas que se plantea el urbanismo inclusivo: del “ciudadano modelo” a la ciudadanía compleja; la ruptura de la falsa dicotomía espacio público/ privado, la incorporación del trabajo reproductivo (en especial el cuidado) en el análisis y la propuesta urbana o los planteamientos de trabajar el urbanismo desde las redes de la vida cotidiana.
Todo por la Praxis vuelve al contexto vasco con ganas de contar el interesante trabajo del Plan Cañada, de intervención en la Cañada Real de Madrid, y para trabajar en Astra, espacio autogestionado que se inaugurará el 24 de diciembre en Gernika.
Amaste y ColaBoraBora plantearon en forma de taller la elaboración de una antología del espacio público, y para ello apuntan a un espacio activo en el que elaborar colectivamente la antología y descubrir y representar las reflexiones que surgen al interpretar esta cartografía letrada.
Domenico Di Siena, Marina Blázquez y Jesús Rodríguez plantearon un taller en el que ciudadanías emergentes interpretan creativamente las ordenanzas de Bilbao, y mediante derivas propusieron una acción festiva en la que encontrarse con la ciudadanía.
La declaración de los derechos urbanos que están trabajando desde Zuloark, plantea tres preguntas: qué derecho urbano hay que proteger; qué derecho hay que conquistar; y qué derecho habría que eliminar. Con estas tres preguntas abren un interesante marco para la reflexión en torno a los derechos de las personas a la vida y la ciudad.
Cartografía urbana
Las jornadas han contribuido a clarificar la cartografía desde la que hoy se está construyendo lo urbano (ciudad, ciudadanía, derechos), a pesar de la propia ciudad actual. Se ha tratado de repensar la relación con el espacio público, como personas y comunidades, pero también como profesionales, como agentes intermediadores desde la arquitectura, la educación, el arte o las ciencias sociales.
Las propuestas de BAT_2012 se han ampliado en las jornadas con ponencias relacionadas con el Co-Housing, los peligros de la autogestión relacionados con el elitismo; o los proyectos de arte y territorio. Así, el debate de las jornadas se ha centrado, sobre todo, en cómo articular las prácticas colaborativas. Desde el análisis de las colaboraciones entre profesionales y ciudadanía se planteó la cuestión de la responsabilidad con los procesos que implican participación, cuestionando hasta dónde es sostenible la tutorización y qué pasa con los procesos que muchas veces quedan sin cerrar.
Otra esfera de la cuestión colaborativa es la de los propios espacios o grupos de trabajo, y los proyectos que se están desarrollando dentro de los marcos colaborativos. Como se señala en el blog de ColaBoraBora, existe “una burbuja intangible precariamente sostenida (desde el impulso y las energías personales y/o desde las economías de subvención que por lo general configuran nuestras fuentes de ingresos), una burbuja que, tal como se señaló en las jornadas, probablemente está a punto de colapsar. […] Así que, asumamos el riesgo y la precariedad y encarnémoslo biopolíticamente, hagamos de ello nuestra palanca de cambio. Comprometámonos con las herramientas, sistemas y procesos, dediquémonos tiempo, compartamos reflexiones y proyectos. Dejemos de fundamentarnos en una soterrada generación y capitalización de dependencias y potenciemos exponencialmente las interdependencias.”
* Diagonal - OHIANE RUIZ MENÉNDEZ - 30.11.12
Foto: Maqueta de una ciudad elaborada por niñas y niños.- Zaramari
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ELPAÍS/Barcelona* : Más de 6 horas delante de un juez y del fiscal anticorrupción dan para mucho. El alcalde de Sabadell, el socialista Manuel Bustos, declaró el domingo como imputado por su presunta implicación en la trama de corrupción urbanística con epicentro en el municipio. Bustos abandonó el edificio con la misma sonrisa con la que había entrado, agradecido a los irreductibles —militantes socialistas, cargos de confianza, empleados del ayuntamiento...— que le esperaron a la intemperie hasta las 2.20. “Mañana hay que trabajar”, bromeó.
Antes, en un extenso interrogatorio, el alcalde tuvo que dar cuenta de algunos de los proyectos que están bajo sospecha en la operación Mercurio. La fiscalía trató de averiguar la implicación del alcalde en una red que, supuestamente, exigía a empresarios el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones y otros favores.
El alcalde de Sabadell y presidente de la Federación de Municipios de Cataluña escuchó decenas de conversaciones telefónicas con sus subordinados y su tío, el constructor Melquíades Garrido. En el interrogatorio, el fiscal confrontó los hallazgos de su investigación con Bustos, al que mantiene imputado por malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, delito contra la administración pública y omisión del deber de perseguir delitos. Estos son los asuntos que se trataron:
La inversión en Audi. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Bustos trató de favorecer a su tío, el constructor Melquíades Garrido. Para ello, habría tratado que se instalaran en la ciudad unas instalaciones de la marca de coches Audi. “Así haré una nave”, le dice Garrido a su sobrino en una de las llamadas. Bustos relató que trató de atraer el proyecto para crear riqueza y trabajo en la ciudad. “Yo hablo con los bancos”, dijo. Garrido, sin embargo, frenó sus aspiraciones al anunciarle que ni Audi ni el Banc de Sabadell estaban dispuestos a acometer una inversión que ronda los ocho millones. El proyecto nunca se llevó a cabo.
La urbanización millonaria. Los accesos a ese mismo polígono, el Parc Vallès —donde hoy se inaugura la tienda Ikea más grande de España— también está bajo sospecha. El alcalde aclaró, no obstante, que se trata de terrenos de titularidad privada, según fuentes de su entorno. Aunque admitió que trató de que las obras fueran adjudicadas a constructores de Sabadell. El gremio local está dirigido por su tío, a quien el jefe de Urbanismo comentó la necesidad de mantener reuniones “discretas” a tal fin. Bustos justificó que debía ser así para no levantar falsas expectativas. La empresa promotora no contó, finalmente, con los empresarios locales.
Ayuda a refugiados. Uno de los cuatro delitos que se atribuye a Bustos (malversación de fondos públicos) procede de un proyecto financiado por la Federación Catalana de Municipios (FMC), que él mismo preside. El ente municipalista pagó 24.000 euros al proyecto de una fundación de ayuda al refugiado. El fiscal sospecha que el edil trató de “dar trabajo" a una mujer ecuatoriana y que el proyecto no tenía base. En una llamada, Bustos pide a un responsable de la federación “renovar” el programa. Este le advierte de que, el año anterior, prácticamente tuvieron que “inventar” el proyecto. Ante el juez, Bustos aclaró que tuvieron que dar forma a las iniciativas que propuso la activista, negó las acusaciones y subrayó que el programa se ejecutó.
Basuras y cementerios. Bustos defendió la legalidad de la concesión del servicio de limpieza de la ciudad a la empresa Smatsa. La fiscalía sostiene que se "forzó" el pliego de condiciones, que en junio prorrogó el contrato con Smatsa por 15 años y un importe de 18,5 millones. Aunque no fue preguntado por el asunto, el fiscal también investiga la cesión del cementerio municipal a una funeraria a cambio del compromiso de acometer obras por 8,7 millones. El intermediario de la trama, el exconcejal del PP Jordi Soriano, “recomendó” a la funeraria que contratara a una empresa.
Dietas y pagos. El fiscal preguntó a Bustos por la percepción, presuntamente irregular, de unas dietas a través de la federación. El alcalde admitió que, solo en una ocasión, cargó con cuenta al ente municipalista una noche en un hotel de lujo de Madrid. En otro asunto, el alcalde pide a su hermano, el también imputado Francisco Bustos, 1.500 euros “para el juez”. El alcalde dijo que su hermano le dio ese dinero de su bolsillo para mantener una serie de atenciones con un juez de Sabadell.
Visita a la alcaldesa. Bustos admitió que envió a su hermano a hablar con la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, que había rechazado contratar a un cargo de confianza que había recomendado el número dos del PSC, Daniel Fernàndez. Bustos lo hizo, dijo, “indignado” porque la alcaldesa estaba “colapsada” y había rechazado a la candidata por no superar el test psicotécnico. El fiscal sospecha que el concurso se amañó.
Atento a la mezquita. La madre de Bustos le informó del rumor que circulaba por su barrio sobre la apertura de una nueva mezquita. El alcalde llamó a su concejal de Urbanismo, Joan Manau: “Ve y míratelo bien, ya me entiendes”. La fiscalía sospecha que Bustos quiso favorecer sus intereses particulares ante la posible petición de una licencia para abrir un oratorio musulmán junto a la vivienda de su madre. Al final, nadie pidió ninguna licencia. Bustos defendió que solo se interesó por un asunto importante para la ciudad.
Asedio a las discotecas. En una llamada, un empresario del ocio nocturno denuncia que el ayuntamiento le acosa a base de sanciones. Bustos explicó ante el juez que el pleno acordó desplazar las discotecas de la Zona Hermètica para evitar molestias a los vecinos. Por ese motivo, admitió, eran severos al aplicar sanciones en la zona.
“Esto tiene delito”. Fue la expresión que el alcalde empleó al observar un comportamiento fiscal anómalo en un responsable de la Compañía de Aguas de Sabadell que también está imputado. Algo similar dijo sobre un documento que guardaba en su despacho con las subvenciones concedidas por la Diputación de Barcelona a asociaciones locales. La fiscalía sospecha que, pese a apreciar las irregularidades, no hizo nada por evitarlas.
Sospechas previas. El fiscal preguntó al alcalde si conocía que Soriano pedía comisiones a empresarios en nombre del Ayuntamiento. Bustos dijo que no. Pero añadió que tuvo “ligeras sospechas” de que alguien lo hubiera hecho tiempo atrás. Tras la denuncia de un empresario, Bustos abrió una investigación que no dio resultados.
* El País - JESÚS GARCÍA / REBECA CARRANCO - 3.12.12
Foto: Sabadell (Barcelona), alcalde imputado - lavanguardia
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DIARIODESEVILLA* : Los planes urbanísticos municipales "metidos en un cajón" reservan una ingente bolsa de suelo destinada a la construcción. El voraz modelo urbanístico responsable de la actual crisis económica, esa burbuja inmobiliaria que alentó la especulación y disparó la codicia de las entidades financieras, sigue latente en la comunidad, durmiente.
Los planes urbanísticos de los ayuntamientos andaluces tienen previstos suelos para la construcción de aproximadamente un millón de nuevas casas, cuando existen unas 130.000 sin vender y otras casi 100.000 están desocupadas entre las 4,5 millones de viviendas que componen el parque andaluz, según datos del Ministerio de Fomento a finales de 2011.
Estas previsiones se recogen en el preámbulo del decreto ley de medidas urgentes que ha aprobado esta semana la Junta de Andalucía, y que se centrará específicamente en los planes que tienen los ayuntamientos del litoral que aún no tienen adaptados sus planes urbanísticos, 52 de 62. La Junta revisará esos planeamientos, ya que en muchos casos se remontan a la época del boom inmobiliario y contienen "demandas exógenas propias de otras situación socioeconómica". Se trata de un paso previo al Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía que se debe aprobar en el plazo máximo de dos años y que contendrá las bases futuras del urbanismo en el litoral andaluz.
Mientras tanto, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente va a escrutar qué proyectos recogidos en esos planes son viables, no sólo en su vertiente medioambiental, sino también en la económica, por lo que a priori, no se puede descartar nada y habrá que esperar al menos seis meses para conocer qué proyectos de ese millón de viviendas "metidas en un cajón" (se analiza cuántas corresponden al litoral) pueden seguir adelante.
Sin embargo, el principal partido de la oposición, el PP, que apuesta por volver a incentivar la actividad económica sin melindres ambientales o paisajísticas, se ha apresurado a criticar que este decreto ley supone un "atentado" para el desarrollo turístico de los municipios.
Los ecologistas aplaudieron en un primer momento la voluntad del Gobierno andaluz de reforzar la protección del litoral, pero la lectura detallada del decreto ley les ha devuelto las sospechas de que tampoco los actuales dirigentes de la Junta de Andalucía (PSOE-IU) tienen interés por desterrar un modelo urbanístico que llevó a lomos a la economía del país los últimos 20 años. Así, el regreso de la actividad urbanística que en los últimos años parece dormida se aventura como la vía que volverá a levantar la economía y, en estos momentos de paralización de la actividad, las administraciones tratan de articular los cimientos de lo que será el nuevo-viejo modelo.
La medida aprobada esta semana por la Junta de Andalucía (el decreto ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía) contiene un preámbulo en cuya letra se reconocería cualquier ecologista, plagado de lamentaciones por la ocupación del territorio hasta en un 40% del litoral.
Esta necesidad de proteger el litoral no parte de cero. Hay una decena de planes territoriales vigentes (Levante almeriense, Poniente almeriense, Costa Tropical, Vélez-Málaga y Axarquía, Costa del Sol, La Janda, Costa Noroeste de Cádiz y Costa Occidental de Huelva) que han establecido criterios al planeamiento urbanístico, pero la Junta ha entendido que se requiere de un instrumento específico de protección que aborde el corredor litoral en su integridad. Los planes actuales comprenden una franja de protección de los primeros 200 metros, pero el nuevo plan del corredor elevará ese blindaje hasta los primeros 500 metros a partir de la ribera del mar.
Ésta es la línea que por lo general han marcado las comunidades que ya cuentan con planes de protección y que son Cantabria (2004), Asturias y Cataluña (2005), País Vasco (2007) y Galicia, que se incorporó el pasado año.
Sí hay diferencias en cambio en los suelos sobre los que se puede actuar. La Junta ha decidido que se revisen también aquellos que han sido declarados urbanizables por los ayuntamientos. Hasta ahora el celo de la Administración autonómica se ha basado en proteger las zonas declaradas como no urbanizables, pero en esta revisión no se distinguirá. Eso sí, si el ayuntamiento ya tiene esos terrenos dentro de un plan parcial, la Administración autonómica no actuará.
Esto ha levantado las críticas de algunos sectores ecologistas, que ponen como ejemplo el caso del polémico proyecto de Valdevaqueros, en Tarifa, que está incluido en una plan parcial de 1995 y por lo tanto estaría fuera del ámbito de actuación del decreto. Las intenciones de la Junta sobre el proyecto han quedado esta semana más claras, después de que el pasado 7 de noviembre, como informó esta redacción el viernes, la Junta incluyese el plan Parcial de Valdevaqueros en el registro de Instrumentos Urbanísticos (RIU), un catálogo donde la Administración autonómica recopila todos los planeamientos aprobados en la comunidad. Los ecologistas sopesan denunciar este simbólico paso administrativo. Valdevaqueros, además, está mas allá de los 500 metros de costa.
Los redactores del futuro plan andaluz establecen paralelismos entre su próximo plan y los planes directores urbanísticos de Cataluña. Sin embargo, estos últimos incluyen no solo la franja de los 500 metros desde la ribera del mar sino también la comprendida de los 500a los 2.000 metros, en los que se adoptan determinaciones con el objetivo de asegurar la conectividad de la franja costera con el interior territorial.
Sí que comparte con el andaluz la actuación sobre los suelos urbanizables, preservando de la construcción especialmente a los suelos urbanizables no delimitados (no sectorizados ,en terminología de la legislación andaluza) y, excepcionalmente, sobre determinados sectores de suelo urbanizable delimitado (suelos urbanizables ordenados o sectorizados de la legislación andaluza).
Por lo general los planes de las comunidades intervienen en los suelos no urbanizables y Cataluña por ejemplo creó una nueva categoría, el suelo no urbanizable costero.
Los planes litorales de la cornisa cantábrica, al actuar en muchos casos sobre zonas en buen estado de conservación, con una menor presión urbanística y escaso poblamiento, tienen un carácter mas preventivo. Plantean además propuestas de actuación muy concretas para la mejora de las condiciones medioambientales y paisajísticas de determinados espacios (parques-playa, la red de sendas peatonales, las sendas cicloturistas o las actuaciones de regeneración de la cubierta vegetal degradada).
Las medidas cautelares aprobadas el martes también se ejercieron en Cataluña, Galicia, Cantabria o Baleares, ésta última, a la espera de aprobar su plan.
La iniciativa del Gobierno andaluz de regular también el suelo costero en Andalucía ha sido aplaudida por las organizaciones conservacionistas. Aunque con matices.
El principal para Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, es que sospecha que la intención es que la construcción en esos suelos sea el motor del desarrollo económico futuro. Si bien el espíritu de la ley es intachable, el desarrollo que le hubiese sido acorde, en opinión de Clavero, es la desclasificación de todos los suelos en el litoral.
Muchos de esos suelos que han clasificado los ayuntamientos y en los que prevén ese millón de viviendas están en posesión de los bancos, dispuestos a hacer uso de ellos en cuanto se recupere la actividad económica. "Esta propuesta mantiene el valor ficticio del suelo, los ayuntamientos no desclasifican y la Junta se desentiende", opina Clavero.
Otras deficiencias para el ecologista son las limitaciones: que sólo sea para el litoral, cuando hay cinturones de áreas metropolitanas sujetas a la especulación; que sólo comprenda los suelos urbanizables no desarrollados y que se ciña a los primeros 500 metros, "donde prácticamente ya está todo construido".
Las dudas sobre la verdadera intencionalidad de la Junta se desvelará en los próximos seis meses, cuando se dictaminen qué proyectos urbanísticos en el litoral pueden salir adelante.
* Diario de Sevilla - ANTONIO FUENTES - 2.12.12
Foto: Mijas - J.Rojas (ELPAIS.com)
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ELPAÍS/Castellón* : El grupo ecologista Gecen ha denunciado ante la Fiscalía de Castellón al alcalde de Nules, Mario García, y al concejal de Urbanismo, José Manuel Casaus, por la creciente edificación de casas en la marjalería de Nules-Burriana, que está incluida en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana y, por ello, es un enclave que cuenta con especial protección.
El Gecen considera que desde que tomaron posesión de sus cargos en 2007 ambos “son conocedores de estas construcciones ilegales y su presunta conducta (evitar perseguir los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo) constituye un presunto delito continuado de prevaricación por omisión”. Por ello, pide que se investigue a los dos responsables del Ayuntamiento de Nules por si pudiera desprenderse un presunto delito de la omisión del deber de perseguir delitos y por un posible delito contra la ordenación del territorio.
Subsidiariamente, el grupo denuncia al alcalde y al edil por un presunto delito de prevaricación.
En un comunicado, el colectivo ecologista añade que la “construcción ilegal masiva” en el humedal protegido “responde al concepto de impunidad que tiene el ciudadano” y que esta idea asentada entre la población de que “no pasa nada” es “transmitido por quien tiene la obligación legal de impedirlo y no lo hace”. Es por ello que piden a la fiscalía que investigue esta situación y “exija las responsabilidades oportunas”.
Para el Gecen, el caso de la marjalería “es un claro ejemplo de espacio protegido sobre el papel y destrozado y degradado día a día”. En la zona se habrían construido unas 500 viviendas después de que la Generalitat declarara la zona protegida. Todas ellas están pendientes de una solución política para evitar perder unas casas que están abocadas al derribo. La Fiscalía de Castellón inició hace años una investigación y está recabando los datos de las viviendas levantadas en la zona.
García, "muy tranquilo"
El alcalde de Nules, Mario García, ha recibido con cierta "sorpresa" la noticia de que el grupo ecologista Gecen ha presentado una denuncia contra él mismo y el concejal de Urbanismo por no perseguir construcciones "ilegales" en la zona del Marjal, y ha señalado en un comunicado que el Ayuntamiento "siempre" ha actuado "dentro de la legalidad". García ha asegurado estar "muy tranquilo" y ha dicho que en este tema han trabajado "desde el primer día desde el respeto a la ley".
En este sentido, el alcalde de Nules ha afirmado que en el Ayuntamiento existe una "completa documentación" que "demuestra todas las acciones que se han llevado a cabo desde 2007, como la apertura de expedientes sancionadores o el dictamen de órdenes de resolución de obras".
* El País - LORENA ORTEGA Castellón - 30 NOV 2012
Foto: Nules (Castellón), casas ilegales en marjal - levante-emv.com
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LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha quintuplicado el valor de una expropiación efectuada por el Ayuntamiento de Valencia en el plan de remodelación del barrio del Cabanyal, elevando la suma que debe pagar de 267.035 a 1.230.654 euros.
Así consta en una sentencia del pasado día 14 de que desestima el recurso del Ayuntamiento de Valencia contra una resolución del Jurado Provincial de Expropiaciones, que ya elevó la valoración del Ayuntamiento a 1,1 millones de euros.
La sentencia, a la que según el grupo municipal socialista ha dado hoy consentimiento la junta local de gobierno local, relata que la parcela, de unos 2.000 metros cuadrados, fue tasada en 2006 en 267.035 euros por parte del Consistorio.
Posteriormente, en julio de 2009, el jurado de expropiaciones valoró este terreno en 1.159.024 euros aplicando los módulos de cálculo de vivienda de renta libre, a lo que el Ayuntamiento recurrió considerando que se debería basar en los módulos de vivienda de protección oficial.
El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado este recurso, y además ha elevado la valoración de la junta, cifrándola en 1.230.654, casi el quíntuple de la efectuada por el Ayuntamiento.
El PSPV, que asegura que no es el primer caso que se produce, plantea en un comunicado "lo absurdo" de llevar a cabo un proyecto urbanístico que, además de "destruir la trama histórica del barrio", es "inviable económicamente".
Según un comunicado del Ayuntamiento de Valencia, los servicios municipales jurídicos municipales consideran que esta sentencia "únicamente asume el contenido de otra anterior y, por lo tanto, no tiene efectos económicos".
* Levante - EFE - 30.11.12
Foto: Valencia, el Cabanyal - levante-emv.com
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SAMUEL GARCÍA ARENCIBIA* : No sé si sabrán, pero el año pasado se cumplieron cien años de la primera ley de vivienda de nuestro país, que se recibió el feo nombre Ley de Casas Baratas, nombre con ecos históricos en muchas localidades para las viviendas protegidas. El capitalismo español hacía concesiones al movimiento obrero, años después de la creación del Instituto de Reformas Sociales y del Instituto de Previsión Social, piedras incipientes del estado social. Las revoluciones burguesas habían impuesto los derechos civiles y políticos (el estado liberal) y las víctimas organizadas de la revolución industrial europea imponían la elevación de los derechos sociales a los altares legales.
El derecho de acceso a la vivienda no entró en nuestra primera constitución de estado social, la de la Segunda República. Se incorporó a las declaraciones de derechos con posterioridad, con la Declaración Universal de Derechos Humanos.
A nivel nacional fue la constitución de 1978 la que recogió ese derecho en su artículo 47: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".
La subasta del derecho real
Sin embargo, el derecho a la casa ha sido dejado, como ocurre con otros derechos sociales, al albur de los decretos del mercado. La realidad empujada por el afán de la acumulación se alejó de la prescripción constitucional. La redacción del artículo 47 de la Constitución se hacía precisamente tras la primera de las tres burbujas inmobiliarias que ha sufrido este país, la del urbanismo salvaje, la destrucción de la costa, la segunda residencia; España se inscribía en el capitalismo-mundo como país de sol, playa y ladrillo, con una pequeña industria al servicio de multinacionales de la automoción.
Pronto se observó que el artículo 47 había caído en papel mojado, pues en los ochenta se produjo una segunda burbuja inmobiliaria de especulación, la época de los grandes pelotazos, las recalificaciones de suelo, los Solchaga llamando a hacer negocios en España...
El episodio, como en 2009, no concluyó por una intervención de los poderes públicos para impedir la especulación, con la moderación del crédito o con el uso de las capacidades en urbanismo o vivienda para frenar la hiperespeculación, sino por natural estrangulamiento de ese crédito. Vinieron después cuatro devaluaciones de la peseta por un 26% (17 de septiembre de 1992, devaluación 5%; 19 de noviembre de 1992, devaluación 6%; 13 de mayo de 1993, devaluación 8%; 7 de marzo de 1995, devaluación 7%) y un plan de ajuste (con doble inspiración: terapia de choque y cumplimiento de los criterios de Maastricht) que ya nos advertía en los noventa qué ocurre cuando pinchan las burbujas, aunque como sociedad no aprendimos la lección, seguramente porque ya en ese entonces los movimientos de concienciación popular estaban neutralizados.
A finales de los noventa se produce otra arrancada que se alargó por la facilidad del euro para el crédito a bajos tipos de interés y la liquidez de economías exportadoras y ahorradoras, elevó los precios por varios efectos (necesidad, aumento de la población, especulación) y lanzó una actividad constructora más que salvaje, construyendo una cantidad de viviendas desproporcionadísmo. Como en los ochenta el pinchazo no fue una acción deliberada de los poderes públicos para acabar con la especulación en un bien básico, sino la transgresión de los límites de endeudamiento de promotoras, entidades financieras, familias.
Las políticas de vivienda
Simultáneamente, como ha denunciado en un informe para la ONU Raquel Rolnik, Relatora Especial para la ONU sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, la política de vivienda de los estados generalmente se ha orientado más bien a fomentar las propensiones del mercado. Explica como se abandonaron las políticas de vivienda social y se promovió la adquisición o el alquiler de vivienda libre, donde estaba el negocio de promotores, constructores, entidades y propietarios, amigos influyentes de los representantes del pueblo.
En España eso se hizo con la deducción por adquisición de vivienda o al arrendador, otros sinnúmero beneficios fiscales y con una multiplicidad de subvenciones, ayudas, préstamos con tipo de interés influído por convenio entre entidades y administración pública a la promoción privada, adquisición, autoconstrucción, rehabilitación, arrendamiento de viviendas libres. Calcular el montante de recursos públicos dedicados a esta política de vivienda al servicio de intereses privados sería un ejercicio muy complicado, pero podemos imaginarnos el tamaño multimillonario, digamos que unos varios miles de millones de euros de 2012.
En 2009, año final de la insensatez, sólo la deducción para adquisición o rehabilitación y la de arrendamiento en el IRPF de vivienda ascendía a 5 mil millones. El año siguiente el Instituto Canario de la Vivienda para una veinteava parte de la población nacional tenía un presupuesto de 102 millones (que ha disminuído a 76, 59 y 42 millones en los años sucesivos), por lo que podría estimarse en unos 2 mil los millones de subvenciones y ayudas (más gastos de personal y corriente).
Esta política de estímulo a la compra y alquiler de vivienda contribuía a la búsqueda privada de soluciones a la necesidad de vivienda, impidiendo soluciones más amigas del interés general. Se fomentaba la construcción de vivienda nueva para la venta. Muchas personas entraban en el juego para tener un techo, pero promotores, constructores, entidades financieras se aseguraban el negocio de los beneficios, los contratos de construcción, los créditos hipotecarios. Además, los especuladores entraban en la subasta para conseguir plusvalías en los ríos revueltos.
En este tiempo, se han enajenado también centenares de miles de viviendas de propiedad pública. La promoción pública ha disminuído y ha mantenido el error de concentrar en los barrios pobres a los pobres, sin política de integración, aunque todas las zonas de las ciudades tengan solares abandonados esperando a una verdadera voluntad urbanística para hacer política de vivienda integradora. La promoción pública de esta etapa ha sido subsidiaria e insuficiente: el último remedio para unas pocas de las muchas personas que no podían pujar en el juego de la especulación con un bien básico, para unas pocas personas agraciadas por el salvavidas del estado.
Burbujas de felicidad
Mientras las burbujas se han inflado, la vivienda ha sido el objeto de un juego infernal en el que algunas grandes fortunas, promotoras, constructoras, entidades de crédito, han acumulado mayores fortunas. Así entre las grandes fortunas de este país encontramos varias relacionadas con la construcción.
A Rafael del Pino Calvo Sotelo, presidente de Ferrovial, se le atribuyen más de 4 mil millones; A José Manuel Entrecanales Domec, 3 mil quinientos; a Emilio Botín y a Manuel Jové Capellán, que hizo carrera en Fadesa le cuentan más de 2 mil; a otra familia banquera, los March, tampoco le fue mal; no llegan a 2 mil cada una de las hermanas Koplowitz (FCC); también andan por ahí sus ex-maridos, los Albertos (ACC); o el Florentino Pérez (ACC); el Enrique Buñuelos Castro (Astroc) desapareció de España y apareció con patrimonio multimillonario en Brasil... En Canarias, a Santiago Santana Cazorla, Eustasio López González (LOPESAN), Ignacios González, Placencias, Tadeos, Concepciones... seguramente también se le pueden encontrar los cientos, o al menos las decenas, de millones de patrimonio fabricado con ladrillos.
Los bancos españoles eran campeones que compraban empresas y bancos en España y otras partes del mundo. Las constructoras españolas se convertían en campeonas mundiales del sector.
A ellos se les inflaban sus erarios de millones durante la burbuja. Para millones de personas la burbuja era un estado dichoso de la economía, pues repartía muchos salarios surgidos de la magia, algunos en la construcción impensables, pequeñas especulaciones con un par de viviendas, intereses de unos humildes depósitos bancarios, créditos irrazonables... Para los trabajadores apostando en el casino del capitalismo popular había posibilidades de dar un par de saltos de cien mil en cien mil o de vida desahogada.
Las administraciones públicas no recaudaban impuestos estructurales porque se había disminuído su capacidad de ingreso, pero recibían los ingresos extraordinarios de la burbuja para alegrar un poco más a los constructores y al pueblo encantado de conocer al capitalismo que entusiasma con el faraonismo y reparte migajas: los mejores equipos de fútbol, los trenes AVE, los Auditorios de Calatrava, las autopistas para ganar unos minutos, los aeropuertos, los cheques bebé, los cheques emancipación...
Al mismo tiempo, muchas familias han tenido que soportar un esfuerzo muy elevado en su presupuesto familiar para acceder a la vivienda; otras se han visto excluídas, siendo una pequeña parte rescatada por las políticas de vivienda. No pudieron participar en la gran comilona ni en la mesa ni en el suelo donde caían migajas. Era la cara oculta de la burbuja, junto a la depredación del territorio, la construcción de ciudades fantasmas...
Pinchazos de crudeza
La música paró mientras muchas personas estaban ebrias. Ya no había liquidez internacional para recibir créditos de bancos alemanes y franceses con los que in pagando lo debido y aumentar un poco más la torre de Babel. Las vacas flacas habían llegado. Casas que no se venden, crédito promotor que no se paga, obras que no se terminan, trabajadores que se van a la calle, consumismo en depresión, administraciones que no recaudan, servicios públicos que se recortan, empresas que no venden, expedientes de regulación de empleo, ... Círculos viciosos y añoranza por los felices años de la sinrazón.
En la lógica de este capitalismo sin alternativa social que alce la voz el Estado rescata los bancos de mil y una formas. Aunque no tenga dineros para sostener los gastos sociales (en gran parte porque el sistema tributario se ha diseñado para que no contribuyan quienes más tienen) siempre se puede rascar los bolsillos para encontrar unos miles o unas decenas de miles de millones para echarle una mano a bancos, industria del automóvil, promotoras, ...
A quienes jugaron al capitalismo popular y salieron perdiendo o a quienes intentaron acceder a la vivienda en los tiempos de la euforia ( que excluye de la visión al verdadero necesitado) se les deja en la intemperie. Sale en su defensa una parte de la sociedad que se indigna con lo observado, STOP DESAHUCIOS.
Casas sin personas, personas sin hogar
La situación resultante de los años de capitalismo a toda máquina que satisface a oligarquías y pueblo complaciente con su consumismo es una colosal deuda de los promotores que fueron llamados por los cantos de sirena de un precio de la vivienda que no dejaba de subir, bancos que no cobran los créditos concedidos y no pueden hacer frente a sus deudas con otros bancos, familias con más miembros en desempleo o con sueldos reducidos y con incapacidad para afrontar alquileres o cuotas hipotecarias, administraciones públicas que no recaudan lo suficiente porque perdonan impuestos a los ricos y la actividad económica deprimida no produce ingresos suficientes, ...
En esta situación, a las casas vacías para especular de la época anterior se han sumado los inmuebles que no se pueden vender. Los esfuerzos públicos para que se vendan y disminuya la asfixia no paran de hacerse: reducciones del IVA de la vivienda en época de Zapatero mientras subía el IVA de todo lo demás para que los europeos adquirieran una segunda residencia; otorgamiento del permiso de residencia a extranjeros que adquieran una vivienda, en planes.
Igualmente, a las personas y familias que accedían en el mercado a la vivienda en alquiler con dificultad se le suman aquellas que consiguieron entrar en alquiler o propiedad durante los años de puestos de trabajo sostenidos por respiración artificial, expulsados con su eliminación. A las personas y familias que se vieron forzadas a relaciones de arrendamiento de mercado y no pueden afrontar la renta se les desahucia; a las personas y familias que pudieron iniciar un intento de adquirir la propiedad y no pueden pagar la cuota del préstamo, se les ejecuta la hipoteca, que tiene como resultado la pérdida de la casa y en muchas ocasiones la persistencia de una deuda (crédito no pagado, intereses de demora, gastos de ejecución de la hipoteca, ...).
Las hipotecas colgadas
En los créditos con garantía hipotecaria a veces hay otras garantías, como avales de familiares. Los bancos cuando dan a la firma un contrato saben muy bien lo que han escrito para ganar en cada operación. Tienen detrás unos equipos de valoración del riesgo y elaboración de contratos. Aún así muchas entidades se han visto con altos niveles de morosidad (especialmente promotora) y con incapacidad para cumplir con los créditos interbancarios que pidieron en el exterior. El Estado ha acudido en su rescate.
En cambio, muchas veces las personas físicas firmamos estos contratos y las escrituras de constitución de hipoteca con la inconsciencia de la gente normal, que vive confiada en el ciclo indeclinable de crecimiento, que no imagina que se está formando una tormenta perfecta y que no sabe las consecuencias de aquellas hojas que firmó sin leer o de aquel párrafo que no entendió. Cuando ocurre lo imprevisto llegan los lamentos por haber firmado un pacto con el diablo, con el alma como garantía.
La cultura de leer los contratos hubiese evitado muchos disgustos a personas que ahora se sienten indefensas contra esos contratos. En Derecho del Consumo se explica la desigualdad existente entre gran empresa y usuario. Por eso, en ese tipo de relaciones se han creado insuficientes instituciones de defensa. Pero una de las lecciones que ha enseñado la vida es que son precisas las precauciones propias.
Constantemente llega la información sobre el número de ejecuciones hipotecarias diarias o desde el año 2007. Unas quinientas al día o unos 400 mil en estos años. No obstante, parece claro que ese dato no se comunica con rigor, ya que en ese número se mezclan ejecuciones de hipoteca en vivienda habitual, que es el que debería preocupar, con otros tipos de ejecuciones hipotecarias sobre segundas viviendas o locales que no se dedican a la residencia. Los datos precisos sobre familias que por la ejecución hipotecaria se ven sometidos a una situación social vulnerable nadie los ha elaborado.
Pequeñas concesiones del poder
Después del guiño de Rubalcaba al 15M en la precampaña del 20N de 2012, el mínimo inembargable para deudores hipotecarios en vivienda habitual es de 962 euros más 192 por personas dependiente. Eso quiere decir que si tras la ejecución queda deuda pendiente, el banco empezaría a cobrar a partir de 962 en el caso de familias monoparentales, 1054 en familia de dos personas, 1266 en familias de tres, ... Aunque lo despreciáramos por oportunista e insuficiente, debo reconocer que en una valoración sosegada y justa es bastante protectora de la renta familiar frente a las caídas en desgracia. Aunque se pueda reducir la deuda pendiente.
También es importante el esfuerzo que se hace para eliminar cláusulas abusivas de los contratos de hipoteca que elevan la cuantía de la deuda por ejemplo por una imposición excesiva de intereses de demora, que ha tenido como consecuencia la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además de la aminoración de la deuda pendiente y la protección de la renta familiar hasta un determinado punto, hace poco, tras la representación de la preocupación por los dos partidos mayoritarios del país, se declaró la moratoria durante dos años del acto de lanzamiento en unos casos muy determinados, con ánimo cicatero. Para esas mismas familias se prevé la creación de un fondo social de viviendas de renta asumible. Unas medidas de poca trascendencia.
En estas acciones valoro que en lo importante, potenciar el derecho de disfrute de una vivienda digna y adecuada, se ha avanzado casi nada y en lo secundario, ayudar a quien se arriesgó a adquirir en tiempos brumosos firmando un contrato con zorros viejos, se ha adelantado mucho más.
¿Qué hacer?
En esta situación cabe preguntarse qué hacer. Una propuesta de acción es la de las personas afectadas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reclama la suspensión inmediata de lanzamientos, la dación en pago retroactiva, la creación de vivienda social, como puede verse en la iniciativa legislativa popular de esta plataforma, que consiguió 600 mil firmas.
Sus acciones han servido para visibilizar esta consecuencia del cambio de ciclo en el modelo social y económico de nuestra sociedad. Su propuesta reclama una solución específica para las personas afectadas por la hipoteca. Su organización es una de las más fuertes de los colectivos afectados por la crisis, mejor organizada por ejemplo que el de personas en situación de desempleo. Es normal que en su situación se rebelen contra el pisotón que les da el sistema.
Como otras iniciativas la PAH surge del fracaso del capitalismo de especulación con la vivienda como centro de gravedad. No es una iniciativa que antes del fracaso ya criticara las muchas contradicciones y propusiera un modelo social y económico diferente, con una política de vivienda social.
Sin embargo, me parece conveniente que alguien cuide una mirada más general, no de afectados. Habría que mantener la demanda que nunca se debió abandonar de una política pública de vivienda social e integradora, en la que el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada prevalezca de forma rotunda sobre la especulación, todo lo contrario que hasta el momento, pero no con la perspectiva de enderezar el destino sólo a personas y familias a las que se le torció en aquel juego de engaños sino también para los que no pudieron o no quisieron jugar.
La propuesta desde luego no debe mirar sólo al derecho de vivienda, sino a todos los derechos humanos, de quienes están afectadas por una ejecución hipotecaria y de quienes están libres de esa losa. Una orientación socialista-estatalista, más cómoda para las mayorías que una posición socialista-libertaria para la que se requiere un arrojo que nuestra generación no posee, debería exigir soluciones generales de reparto del trabajo; de empoderar a los trabajadores en las grandes empresas para limitar la desigualdad retributiva o la elevada desviación de beneficios para el capital; de fiscalidad progresiva y combate contra el fraude; de nacionalización de las riquezas personales y corporativas acumuladas en las décadas de inconciencia popular; de nacionalización de las empresas estratégicas; de nacionalización real de las empresas rescatadas con fondos públicos; de búsqueda colectiva de soluciones para las necesidades de vivienda, sanidad, educación, seguros; de formación en valores de austeridad; de verdadera solidaridad con los pueblos empobrecidos por nuestro modo de vida ahora que hemos descubierto lo desagradable que es el empobrecimiento...
Dedicado a Pablo Montoro Martín, por sus años de dedicación al tema de la vivienda
Para comentarios y reflexión colectiva sagara1977.wordpress.com
* Rebelión - Opinión - 29.11.12
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EUROPAPRESS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado al exalcalde de Torrevieja y diputado del PP en las Cortes Valencianas, Pedro Ángel Hernández Mateo, a tres años de prisión por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.
La sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), ha impuesto a Hernández Mateo una multa total de 10.500 euros, a razón de 50 euros diarios durante siete meses, y siete años de inhabilitación especial para el cargo de primer edil o cualquier otro de naturaleza electiva en el ámbito local. El ex primer edil también deberá indemnizar al consistorio torrevejense en la cantidad de 12.000 euros.
La sala considera hechos probados que el Ayuntamiento, con el ahora condenado a la cabeza, acordó en julio de 2003 la convocatoria del servicio de recogida de residuos sólidos, transporte a vertedero, limpieza viaria y limpieza y mantenimiento de la costa del término municipal de Torrevieja, "el concurso más importante, o uno de los más importantes, que pretendía llevarse a cabo" por el consistorio, debido a su objeto y trascendencia, así como al importe, un total de 97,8 millones de euros.
Posteriormente, en el proceso de selección de contratista intervino como órgano de asistencia y proposición la Mesa de Contratación, que se acordó que estaría presidida por el primer teniente de alcalde y por cinco vocales, de los cuales cuatro eran técnicos y uno político. Así, en una de las reuniones de este órgano, celebrada el 18 de noviembre de 2003, y que estuvo presidida "contrariamente a la práctica habitual" por el acusado, se procedió a la lectura del informe emitido en el expediente de contratación.
En este sentido, la mesa acordó solicitar diversos informes internos al Departamento de Urbanismo, a Contratación, y a Intervención, para estudio e informe económico de las ofertas presentadas. Finalmente, la secretaria del consistorio presentó un escrito donde hizo constar que "desde el punto de vista jurídico este concurso debería quedar desierto por no haber presentado ninguna de las mercantiles concursantes los mínimos exigidos en el Pliego de Condiciones".
En los días posteriores, Hernández Mateo afirmó haber realizado una triple consulta para adjudicar un contrato de consultoría externa con el que hacer frente a los referidos y contrarios informes internos. La sala apunta que el exalcalde, para facilitar y conseguir la aprobación de esta propuesta, alteró la composición de la mesa acordándose ese mismo día su incremento en dos vocales, pertenecientes a su mismo partido, con lo que se aseguró el voto favorable y evitó la utilización del voto dirimente.
También entiende probado que el 16 de abril de 2004, la junta de Gobierno local aprobó por unanimidad proponer como adjudicatario a las mercantiles Necso Entrecanales y Grupo Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, y que, una vez aportada la documentación requerida por las mercantiles propuestas como adjudicatarias, y con dictamen favorable también de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda, Patrimonio, Contratación, Censo y Estadística, del Ayuntamiento, en sesión de 4 de mayo de 2004, se validó por unanimidad la contrata.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
La sentencia considera que los hechos de los que se acusa al ex dirigente municipal forman una unidad y han de ser analizados así y apunta que "pese a describir conductas diferentes y poder circunscribirse en contextos diversos, cobran verdadero sentido" tras su examen conjunto, tras la contemplación "global" de los distintos actos, "administrativos o no", que se sucedieron en los momentos anteriores a la definitiva adjudicación del servicio de recogida de residuos.
La sala entiende que los acontecimientos estaban "preordenados" hacia la finalidad de adjudicar la contrata a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se la quedó. Para ello, y ante la existencia de informes internos "contrarios, y fueron varios", la sentencia indica que se diseñó y arbitró una actuación "compleja" dirigida "esencialmente" a conseguir de la Mesa de Contratación y de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda, Patrimonio, Contratación, Censo y Estadística del Ayuntamiento una propuesta, "que lo era preceptiva", favorable a esa adjudicación.
"ORIENTACIÓN DE LA VOLUNTAD"
Esta actuación "compleja" incluyó la orientación --"manipulación"-- de la voluntad de los integrantes en los distintos órganos que participaban en la decisión e incluso la "alteración" de la composición de uno de ellos, permitiendo así "sortear" los informes internos que negaban la compatibilidad de las ubicaciones propuestas con la normativa administrativa y que, al entender incumplido uno de sus requisitos esenciales, propugnaban que el concurso quedara desierto.
"Este modo de proceder sólo puede calificarse de arbitrario y lesivo para el interés público de la municipalidad de Torrevieja y para el particular del resto de concursantes, consumándose así el delito de prevaricación", ha subrayado la sala.
Además, apunta que existió otro "proceder penalmente reprobable" que consistió en "faltar a la verdad" al señalarse como realizada una triple consulta, "nunca producida", a despachos de reconocido prestigio para adjudicar un contrato de consultoría externa con el que hacer frente a los referidos y contrarios informes internos.
"FINALIDAD CLARAMENTE INSTRUMENTAL"
Según se especifica en la sentencia, la finalidad, "claramente instrumental", consistió en dotar de una apariencia de "extra-legalidad, transparencia e imparcialidad" al procedimiento administrativo seguido para "reforzar" la confianza en el único informante externo cuyo dictamen se solicitó.
"Se trataba, pues, de rodear a ese informe externo que iba a servir de apoyo a la decisión, previamente adoptada, de adjudicar a Necso el denominado contrato de basuras, de las mayores garantías de profesionalidad y objetividad", subraya la sentencia.
La sala, igualmente, recalca que esas garantías "contribuyeron notablemente a obviar los informes internos, a soslayar las relaciones profesionales del despacho encargado de realizar el informe externo con la adjudicataria, a dirigir ciertas voluntades y, claro es, a eludir eventuales y futuras impugnaciones, materializándose esta conducta, que lo es atentatoria de distintos bienes jurídicos, en un delito de falsedad en concurso medial y al servicio de prevaricación".
* Europa Press - 30.11.12
Foto: Torrevieja (Alicante), ayuntamiento - torrevieja.com
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LAVANGUARDIA/Tarragona* : El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado una sentencia de un juzgado de Tarragona que obliga al Ayuntamiento de Alcanar a derruir 32 viviendas de la calle Buguenvíl.lea porque se construyeron a partir de una licencia urbanística nula. Las viviendas se edificaron a partir de una licencia urbanística declarada nula en el año 2006 por el mismo juzgado de Tarragona al considerar que no se ajustaba a la legalidad urbanística con respecto a su densidad y tipología.
De estas 32 viviendas, situadas en casas plurifamiliares, 24 son propiedad de particulares, la mayoría segundas residencias, y el resto continúan siendo de la promotora.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el pasado 20 de noviembre el juzgado contencioso administrativo de Tarragona notificó al Ayuntamiento que dispone de 10 días hábiles para dar conocimiento del auto e iniciar el derribo para restaurar la legalidad urbanística.
El denominado caso Turov, nombre de la empresa que promovió la construcción de las viviendas, representa la punta del iceberg de al menos unas 50 licencias urbanísticas más que, si bien no han acabado con reclamación de responsabilidades civiles, los juzgados han corroborado que se otorgaron interpretando las densidades de viviendas como plurifamiliares donde sólo estaban permitidas unifamiliares.
El caso Turov empezó en julio de 2003, justo después de acceder a la alcaldía el socialista Ricard Bort, que aprobó, en su primera junta de gobierno local, una licencia urbanística para la construcción de estas 32 viviendas con sus correspondientes aparcamientos, pese a que el Plan Urbanístico de Alcanar sólo permitía 9 viviendas unifamiliares en esta zona.
Con la construcción de estas 32 viviendas, que correspondían a una primera fase de un total de más de 100 que no se han llegado a construir, se incrementaba la densidad en un 255,5% respecto al planeamiento permitido.
Fue una vecina de la zona quien, conocedora del incumplimiento legal en la urbanización próxima a su casa, acabó llevando el caso a los tribunales y consiguió que en noviembre de 2006 el juzgado contencioso administrativo de Tarragona declarase nula de pleno derecho la licencia urbanística otorgada a Turov.
Pero, poco antes, el Ayuntamiento había aprobado un Plan Especial de Reforma Interior (PERI), ratificado por la Comisión de Urbanismo de las Tierras del Ebro (CUTE), para redistribuir la edificabilidad de las dos parcelas propiedad de la promotora, una acción que no le ha servido para salvar la situación.
También ha resultado infructuosa la batalla legal emprendida por el Ayuntamiento cuando recurrió la primera sentencia de 2006, pues en 2009 el TSJC desestimó el recurso de apelación del consistorio y confirmó la nulidad de la licencia.
En noviembre del año pasado, y al ver que el Ayuntamiento no había derribado las 32 viviendas de la promoción de Turov, Antonia González volvió a presentar en los juzgados una petición de ejecución de la sentencia.
Por otra parte, la promotora badalonesa Turov S.L, en concurso de acreedores, ante la posibilidad firme de que el Ayuntamiento se viera obligado a derrocar las 32 viviendas y en previsión de que los vecinos pudieran reclamarle responsabilidades económicas, interpuso una demanda contra el Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial en diciembre de 2010 en la que solicitaba una indemnización por daños y perjuicios de 6.854.090 euros.
Sin embargo, una sentencia del juzgado contencioso administrativo número 2 de Tarragona exoneró al Ayuntamiento de Alcanar de indemnizar a la promotora de Badalona.
* La Vanguardia - EFE - 29.11.12
Foto: El segundo bloque de apartamentos de la promoción construida y comercializada por Turov, S.L. ACN / Jordi Marsal
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EFE/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado "nulo de pleno derecho" el Plan de Mejora Urbana (PMU) de la zona donde estaba la antigua fábrica de Can Fàbregas de Mataró (Barcelona) y donde está previsto construir El Corte Inglés. La sentencia se ha dictado tras una demanda de la plataforma ciudadana 'Salvem Can Fàbregas', según ha informado hoy el colectivo de abogados Ronda.
El TSJC también considera que el traslado que se realizó de las piezas de la fábrica contradice el Plan Especial del Patrimonio Arquitectónico de Mataró, según ha explicado hoy en rueda de prensa la abogada Agnès García.
El tribunal considera que el plan urbanístico "no es válido para dar cobertura al desmontaje" y añade que el desmantelamiento de la antigua fábrica no era posible "porque estaba catalogada con el máximo nivel de protección".
García ha destacado que "la sentencia llega tarde, cuando la fábrica está desmontada, pero estamos contentos porque reconoce lo que siempre hemos defendido".
El Ayuntamiento puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque de momento el gobierno municipal no se ha pronunciado.
El colectivo Ronda había presentado tres demandas, dos por la vía contencioso-administrativa que han sido desestimadas, y la tercera que ante el Tribunal Superior, el máximo órgano de la justicia catalana.
Fuentes municipales han recordado que la Generalitat aprobó de forma definitiva la modificación del Plan de Mejora Urbana (PMU) de la zona de Can Fàbregas el 14 de julio del año 2011. Aquel tenía que ser el paso definitivo para poder entregar el solar a El Corte Inglés, que todavía no ha empezado las obras, y realizar los trabajos pendientes de traslado de la fábrica.
El PMU inicial data del año 2008 y prevé cuestiones como el traslado y reconstrucción de la antigua fábrica, la distribución y volumen del futuro centro comercial, y las plazas de aparcamiento bajo el edificio privado y en el subsuelo público del entorno inmediato. El Plan ha sufrido varias modificaciones y ha sido objeto de intensas negociaciones con la Generalitat durante los últimos años.
Ahora, el TSJC ha considerado que el PMU contradice el Plan General de Ordenación Urbanística de Mataró que "permite la convivencia entre el centro comercial y la fábrica", según ha destacado la abogada.
En cuanto a la operación de traslado y desmontaje de la fábrica, el tribunal considera que no se ajusta al Plan especial del patrimonio arquitectónico.
Según ha explicado el arquitecto Agàpit Borràs, miembro de Salvem Can Fàbregas, el catálogo del patrimonio prevé la posibilidad de mover "elementos protegidos" sólo en caso de "fuerza mayor", pero la sentencia entiende que la operación realizada con la antigua fábrica no se ajusta a este supuesto.
* Finanzas - EFE - 29.11.12
Foto: Mataró, desmontaje Can Fábregas - mataro.org
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DIARIOCÓRDOBA* : Un año de prisión para el alcalde de Aguilar, Francisco Paniagua; el exconcejal de Urbanismo, Francisco José Palma; y el exsecretario del Ayuntamiento. Esa es la pena, además de inhabilitación por 8 años para cargo público, que ha solicitado el ministerio fiscal para cada uno de ellos por un supuesto delito contra la ordenación del territorio.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, el 28 de julio del 2006, la Corporación otorgó licencia a un particular para la construcción de una nave para la inspección técnica de vehículos (ITV).
Sin embargo, señala el ministerio público, la licencia no se ajustaba a la legalidad y fue otorgada por los acusados a sabiendas de ello, "por cuanto únicamente corresponde a la empresa pública Veiasa la gestión y explotación directa del servicio de de ITV en régimen de exclusividad" en toda Andalucía. La licencia, además, se concedió "careciendo de los requisitos previos" necesarios para la actividad pretendida, así como del proyecto de obras de los accesos a la carretera C-331.
Los terrenos de la parcela donde se levantó estaban clasificados como suelo no urbanizable de especial protección y no se cumplieron los trámites ambientales necesarios ni se justificó la utilidad pública o interés social de las obras. En definitiva, concluye el fiscal, las obras no son autorizables.
El asunto, que ha entrado esta semana por reparto en un juzgado de lo Penal de Córdoba, llegará a juicio en los próximos meses.
* Diario Córdoba - 27.11.12
Foto: Aguilar de la Frontera (Córdoba) - entrepueblos
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PÚBLICO/Madrid* : Los vecinos de las viviendas sociales a los que el Ayuntamiento de Madrid quiere desalojar de sus casas han pasado al ataque. Después del pánico inicial producido por las cartas de desalojo recibidas por parte del Consistorio, los vecinos han buscado asesoramiento legal y han diseñado su ofensiva. O la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS) y la compañía Renta Corporación desisten en sus negociaciones para vender los cinco edificios de viviendas sociales por 21 millones de euros o recibirán una querella por mobbing inmboliario.
“Si no se echan atrás en el contrato en el plazo establecido nos veremos obligados a interponer una querella por unos hechos que entendemos que pueden ser calificados de mobbing inmobiliario y que están teniendo repercusión en la "situación física y psicológica de los vecinos”, explica a Público Endika Zulueta, abogado de los afectados, quien añade que en caso de que esta querella sea interpuesta los “políticos” y “financieros” responsables del contrato de opción de compra “tendrán que pagar por los daños a los vecinos”.
El contrato de opción de compra firmado por la EMVS y la empresa Renta Corporación, de la que Ignacio López del Hierro (el marido de María Dolores de Cospedal), establece que la compañía compradora tiene de plazo hasta el 18 de diciembre para desistir de la compra de los cinco edificios sin perder un euro de los 363.000 euros ya depositados. Si, por el contrario, desistiera de la compra entre el 18 de diciembre y el 18 de enero (fecha en la que caduca la opción de compra) Renta Corporación perdería el dinero ya entregado que se encuentra depositado en una notaría de Madrid.
Por ello, los vecinos, asesorados por sus abogados, advierten a Renta Corporación de que no piensan abandonar sus casas y le aconsejan retirarse a tiempo de una operación financiera que sólo les puede ocasionar problemas y pérdidas de capital. “La EMVS no tiene legitimidad jurídica ni moral para hacer esta venta y la empresa no tiene capacidad jurídica para comprarla. Además, económicamente la compra no le va a salir tan rentable a la empresa compradora porque va a comprar un inmueble lleno de vecinos. La gran mayoría no piensan irse”, asegura Endika.
En los próximos días, los abogados de los afectados remitirán a Renta Corporación un escrito con las firmas de los vecinos en el que recomendarán a la empresa poner fin a “esta broma de mal gusto, irse a su casa y dedicarse a comprar otro tipo de inmuebles que no sean de viviendas sociales”. “Le emplazamos a que desistan de la compra antes del 18 de diciembre porque si no perderán los 363.000”, advierte Endika.
Función inmobiliaria
La pieza central del esquema que barajan los abogados se asienta en el argumento de que los contratos de alquiler de los inquilinos son todos de carácter indefinido, siempre y cuando no varíen las condiciones que les han hecho merecedores del mismo. Esta interpretación de los contratos se asienta en la legislación de 1986. La Administración, por su parte, aplica la normativa de 1995.
“Vamos a decirles mediante una carta [a la EMVS] que entendemos que se han equivocado en la interpretación de la ley. De la misma manera que para ellos es una casualidad que la empresa compradora tenga como consejero al marido de una conocida política quizá también de manera casual ellos se han equivocado en la interpretación de la ley”, ironiza el letrado.
En virtud de esta posición, los abogados y los vecinos que han recibido las cartas de desalojo responderán a la EMVS advirtiéndoles de que no abandonarán su hogar y aconsejarán a la EMVS que “pidan perdón por las molestias” y que se dedique “a lo que tiene que dedicarse” que es a “crear mecanismos para que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y adecuada y no a trabajar como si fuera una inmobiliaria”.
* Público - ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/11/12
Foto: Vecinos de la corrala de San Cayetano, EFE
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JAVIER CARABALLO* : Es probable que recuerden el vídeo aquel. Era un vídeo casero en el que aparecía un tipo entregándole a otro un sobre anaranjado, atado con una gomilla. Lo abría y descubría un fajo de billetes. Luego, una vez que los había contado, se lo guardaba, no en el bolsillo, sino debajo de la camisa. El primero, el que entregaba el sobre, era un empresario de la construcción. El segundo, el que recibió el dinero, el alcalde de un pueblo de Almería, Ohanes. Todo era tan explícito que casi no se requerían diálogos, pero también se oía la conversación de ambos y eso era, sin duda, lo mejor de todo. “Juanico -le decía el empresario al alcalde-, que no te digo ná… En tus manos me encomiendo, ahí lo llevas, 28 o 29 [mil euros], tú los cuentas (…) Y ten cuidado por si le has pedido a alguien más… Lo digo porque mi primo me lo ha dicho: me parece que a este alcalde le pasa como al otro, a este le gusta el cazo”.
El alcalde lo escuchaba atentamente mientras contaba los billetes y su contestación fue típica de muchos de estos a los que sorprenden en un caso de corrupción. Aún en ese instante en el que contaba billetes, aún ante la evidencia de que todo el pueblo conocía ya su tendencia a poner “el cazo”, se presentaba como una víctima. Y decía: “Esto para mí es muy desagradable, pero es que no tengo otra salida (…) Y luego, esas críticas... En fin, que si coges, malo y si no coges, peor”. Y seguía contando billetes, cabizbajo, veinticinco mil, veintiséis mil…
¿Puede existir una evidencia mayor de corrupción en política? ¿No, verdad? Pues ese alcalde ha quedado absuelto, limpio de polvo y paja. Hace un par de meses, el fiscal del caso envió un escrito al juez y le pidió que lo archivara todo al considerar que el delito había prescrito. La entrega de dinero que el propio empresario grabó en vídeo se produjo en 2005 y era, según se supo después, la primera partida; las otras se entregarían después cuando el Ayuntamiento aprobase la licencia de obras para la construcción de unas viviendas. Podría haber considerado el fiscal, y el juez, que aunque el vídeo se entregó tres años después de su grabación, la fecha de prescripción del delito no debía ser la fecha del vídeo, ya que se anunciaban entregas posteriores. Pero no, delito prescrito y caso sobreseído. También podría haberse esperado que alguna instancia judicial superior hubiera recurrido el sobreseimiento, pero tampoco. Caso cerrado.
Un Estado de derecho, claro, es, ante todo, un sistema garantista, alejado de juicios sumarísimos, pero lo que ocurre con la corrupción en España no tiene nada que ver con las garantías, sino con las deficiencias del sistema para perseguir esa lacra. Si la legislación permite la prescripción de una evidencia de corrupción como la de Ohanes, es que algo falla de forma estrepitosa. Si un caso así, que no es el único, acaba sobreseído y ningún partido propone una reforma legal, es que todas las proclamas políticas que se hacen para luchar contra la corrupción, eso tan repetido de “tolerancia cero”, no es más que un canto huero o cínico. Como lo ocurrido con la comisión de investigación del fraude de los ERE en la Junta de Andalucía. Ayer mismo concluyó, formalmente, la comisión de investigación de los ERE con la conclusión grosera que ya se adelantó la pasada semana: la culpa es del apuntador, del director general que firmaba las subvenciones, no de ninguno de sus superiores; y del interventor general, al que se acusa de no haber puesto suficiente énfasis en las quince veces que alertó de las irregularidades del sistema de reparto de los casi mil millones de euros de fondos de Empleo.
Se reunió ayer el Parlamento andaluz, y era tan vergonzoso el dictamen que impulsó el Gobierno de coalición PSOE-IU que, al final, sólo los socialistas lo votaron favorablemente, con lo que no prosperó. Se ha cerrado, pues, la comisión parlamentaria de los ERE como el caso Ohanes, sin culpables. Con este panorama, qué puede sentir el ciudadano, sino engaño y frustración, cuando, como esta semana en Sabadell, vuelve a destaparse un caso de corrupción; siempre las mismas explicaciones para explicar el mismo vicio repetido.
Que no, que no, que la corrupción en España ni se persigue ni se condena de forma eficaz y que, por esa dejadez, esta lacra seguirá aquí, como una solitaria que recorre el tejido subcutáneo de la realidad institucional. Ni existe un verdadero interés político por combatirla ni existen mecanismos legales adecuados para castigarla. En su último informe, con motivo de año judicial, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, llegó a afirmar que “la lucha contra el fraude y la corrupción, en cuanto resulta rentable [para quienes la cometen], tiene que estar dotada por ello de medios excepcionales y ahora esta lucha es más necesaria que nunca. La recuperación de los beneficios ilícitamente obtenidos presenta carencias importantes en nuestro sistema procesal”. Si lo sabrán los corruptos. Ya se lo dijo el empresario de Ohanes al alcalde, mientras se guardaba el dinero bajo la camisa: “Pues me parece muy bien, el tiempo que estés aprovecha y llévate lo que puedas”.
* El Confidencial - Matacán - 29.11.12
Foto: Corrupción - terra.es
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