LAINFORMACIÓN* : El Juzgado de Primera Instancia nº1 de Valladolid, encargado de investigar las presuntas irregularidades cometidas durante 2003 en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, tomará nuevamente declaración los días 9 y 10 de enero, respectivamente, a los imputados Luis Álvarez Aller y José Antonio García de Coca, el primero arquitecto municipal y el segundo exconcejal de Urbanismo.
El interrogatorio de ambos se produce como consecuencia de su fallida toma declaración ocurrida los pasados días 4 de septiembre y 13 de octubre, ya que en la primera de las dos citas sus letrados alegaron ante el juez José María Crespo la imposibilidad de realizar una defensa con garantías al no habérseles facilitado copia de todo lo actuado hasta ese momento y en la segunda, en cambio, la suspensión estuvo motivada por problemas técnicos en el sistema de grabación.
Con carácter previo a su interrogatorio, el juez instructor tiene previsto tomar declaración, el próximo día 20 de diciembre, a varios técnicos de la Consejería de Fomento.
Hasta la fecha, por dependencias judiciales ha 'desfilado' una veintena de imputados, entre ellos el propio alcalde, Francisco Javier León de la Riva, así como antiguos miembros de la corporación (Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateos) y de los todavía hoy ediles Gonzalo Hernández Santamaría y Manuel Sánchez, junto con el arquitecto Pablo Luis Gigosos.
El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos --el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos-- y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.
"A partir de ese momento, el concejal de Urbanismo y quizás otras personas realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido que fueron enviadas de nuevo a la Consejería de Fomento para ser publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León", denunció cinco años después el que hoy sigue siendo presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente.
La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.
Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación pública tras desembolsar 8.000 euros de fianza.
* La Información - EP - 23.11.12
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
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ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha rechazado el recurso de súplica que el Ayuntamiento de Castellón interpuso para evitar tener que iniciar desde el principio una nueva redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ha sido anulado en dos ocasiones por el Tribunal Supremo. Desde que hace un año el alto tribunal declarase nulo el plan que regía el urbanismo castellonense, el consistorio no ha cesado en su empeño de presentar recurso tras recurso y evitar lo que parece inevitable. De hecho, se inició en septiembre un nuevo trámite de exposición pública con la intención de tener aprobado el documento en abril. Pero entonces el TSJ ordenó al Ayuntamiento que dejara “de persistir en la aprobación de un PGOU” que es nulo y tramitara uno nuevo. El consistorio recurrió pero el TSJ ha vuelto a decir que la actuación no es la correcta.
“Nos llegó el auto ayer y lo analizaremos el lunes, junto con la consejería de Infraestructuras, para ver qué otras posibilidades judiciales podemos tomar”, explicó este sábado el alcalde, Alfonso Bataller. Según el regidor, el consistorio aun puede recurrir en casación la última decisión, pero pospone hasta el próximo lunes la decisión puesto que dijo desconocer los términos del último auto. Así, avanzó que en pleno de la próxima semana el concejal de Urbanismo comparecerá para dar una explicación de en qué punto queda el urbanismo de la ciudad.
Lo que quiere evitar el alcalde es tener que iniciar la tramitación de un nuevo PGOU que llevaría al menos cuatro años en los que el urbanismo de la ciudad quedaría prácticamente paralizado. Tal y como explicó el abogado de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción (Apecc), que también recurrió ante el TSJ, el único salvavidas es el régimen urbanístico transitorio aprobado por el Consell. Gracias a este documento Castellón podría seguir ejecutando las actuaciones previstas en el plan anulado durante los próximos cuatro años. Pero el riesgo es que cualquier vecino que se considerada afectado por una actuación, por pequeña que fuera, podría impugnar el decreto. Desde la Apecc ya han manifestado que esta situación de “inseguridad jurídica” es suficiente para que ningún constructor se arriesgue a realizar ninguna obra.
* El País - LORENA ORTEGA Castellón 24 NOV 2012
Foto: Castellón, vista - google.es
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LASPROVINCIAS/Valencia* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anula el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Valencia de julio de 2006 que adjudicaba el plan urbanístico Massarrojos Nord y la resolución que aprobaba el plan parcial del sector, sobre una superficie de 58.257 metros cuadrados y 221 viviendas.
El fallo especifica que en la tramitación del sector, que ya está urbanizado y con algunas de las viviendas construidas, no se incorporó estudio ambiental, a pesar de que el sector colindante del término municipal de Rocafort Masía de la Bonaigua tenía desde 2003 aprobado un estudio de impacto ambiental que protegía la masa arbórea de pinos.
La resolución tilda de «absurdo y arbitrario que la masa forestal no debe ser afectada en el sector residencial Masía de la Bonaigua en el término de Rocafort y esa misma masa no deba ser respetada en la Homologación y Plan Parcial de Mejora del Sector Residencial Massarrojos Nord, que es colindante y se trata de la misma masa arbórea».
El fallo también nombra dos informes que constan en el propio expediente, el de la arquitecta municipal donde se reclama el estudio y un informe del servicio de planeamiento que pone de relieve que «no se evalúa la afección de la nueva ordenación» sobre la vegetación existente.
El daño ambiental «podía haber sido mayor, ya que en la adjudicación del sector en la sesión plenaria del 28 de julio de 2006 que ahora se anula, se aceptó una alegación de la Sociedad Civil Particular Parque Santa Bárbara y del Ayuntamiento de Rocafort y se eliminó uno de los dos viales que atravesaban la masa arbórea protegida», denunció ayer el PSPV.
Por tanto, ahora el Ayuntamiento de Valencia «deberá motivar sus acuerdos, contestar el recurso de reposición y subsanar los destrozos ambientales causados por no tener en cuenta la normativa ambiental».
Dos años
La resolución judicial también critica «la tramitación del expediente» en cuanto «afea que el acuerdo plenario de 2006 se publicara en el BOP dos años después». En 2010 el Ayuntamiento aprobó la reparcelación de la zona, que incluía un jardín de 10.776 metros cuadrados y una zona deportiva de 2.662 metros cuadrados.
El concejal de Urbanismo, Alfonso Novo, recalcó ayer que el expediente contiene «un dosier de 2.000 folios de estudio de la masa arbórea afectada. La sentencia dice que el Ayuntamiento tiene que extenderse en esa motivación, fundamentarla más, y en eso van a trabajar los técnicos».
* Las Provincias - 20.11.12 - M. COSTA
Foto: Massarrojos (Valencia) - turismo
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DIAGONAL* : Por primera vez, colectivos andaluces por el derecho a la vivienda se unen en una jornada de protesta. Convocada, entre otros, por 15M Vivienda, STOP Desahucios y Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), Sevilla acoge este sábado 24 de noviembre la primera Jornada Andaluza por el Derecho a la Vivienda.
Por primera vez, colectivos andaluces por el derecho a la vivienda se unen en una jornada de protesta. Convocada, entre otros, por 15M Vivienda, STOP Desahucios y Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), Sevilla acoge este sábado 24 de noviembre la primera Jornada Andaluza por el Derecho a la Vivienda.
En la presentación pública de la Jornada, la Intercomisión de Vivienda 15M Sevilla, una de las convocantes, insistió en un mensaje: “la agresión al derecho a la vivienda tiene muchas caras, no sólo los desahucios hipotecarios”. Rostros diversos como “los desalojos por impago de alquiler, las familias que viven hacinadas, barriadas enteras con urgente necesidad de rehabilitación, chabolismo o la gente que duerme desde hace años en la calle, como en torno al río en Sevilla, donde permanecen entre 2.500 y 3.000 personas”. La pretensión es que el encuentro de personas afectadas con el que arranca la convocatoria, a partir de las doce de la mañana, en el centro vecinal Pumarejo, reúna esas distintas realidades. Los objetivos son los de compartir experiencias que incluyan no sólo diferentes problemáticas de acceso a la vivienda, sino también otras marcadas por las diferencias y semejanzas entre las provincias andaluzas, así como las estrategias de lucha de los colectivos participantes.
Tras una comida popular, en la misma Plaza del Pumarejo, preparada por los “Yayoflautas”, que han empezado a organizarse en Sevilla, una manifestación partirá a las cinco de la tarde del Parlamento de Andalucía, atravesando el centro de la ciudad, para culminar en la Plaza de la Encarnación, o las “Setas”, como se le denomina popularmente, el espacio en el que se inició el movimiento 15M de Sevilla.
Según los datos proporcionados por la Intercomisión de Vivienda 15M Sevilla en rueda de prensa, cada día son desahuciadas 87 familias en Andalucía. Las llaman “las cifras de la vergüenza” y alertan: “no paran de crecer”. Como ejemplo, en la provincia de Sevilla, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios se han incrementado en un 27% entre el primer y segundo trimestre de 2012.
Según señalan las organizaciones convocantes en el manifiesto que se ha difundido, “La situación a la que nos han llevado las instituciones políticas y financieras es de verdadera emergencia”. La Intercomisión de Vivienda 15M Sevilla define el reciente decreto-ley sobre desahucios como “una tirita en una hemorragia”. También tiene palabras para la Junta de Andalucía: “lo único que ha hecho es abrir ocho oficinas en toda Andalucía sin presupuesto, para asesorar a los nuevos hipotecantes, a ver quién se va a hipotecar ahora”, y para el Ayuntamiento de Sevilla, al que acusa de mantener su parque público de viviendas “prácticamente a los precios de mercado”, además de “que lleva desalojando muchos meses de una manera injusta a familias de EMVISESA”.
El Movimiento Andaluz por la Vivienda Digna nace con una serie de reivindicaciones, como son “parar todos los desahucios provocados por la crisis que no hemos generado los trabajadores”, “la puesta en uso de las viviendas vacías, despenalizar la ocupación de las mismas y gravar la especulación inmobiliaria y financiera”, “el desarrollo de una política social de vivienda desde lo público: creación de un parque público de alquileres sociales, desarrollo de un programa efectivo de rehabilitación de viviendas, control sobre el precio y asegurar los suministros básicos de luz y agua”, “la recuperación del suministro de agua y luz para la Corrala La Utopía de Sevilla” y, finalmente, “establecer con carácter retroactivo el derecho a la dación en pago propiciando soluciones que permitan a las familias permanecer en sus viviendas”.
* Diagonal - INMA DE PANDO - 23.11.12
Foto: Presentación de la primera Jornada Andaluza de Lucha por la Vivienda.- Concha Laverán
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JESÚS GARZA/Tegucigalpa* : El Gobierno de Porfirio Lobo no ha conseguido sacar adelante un proyecto para crear ciudades gobernadas por empresas privadas con la excusa de salir de la pobreza.
La Corte Suprema de Honduras declara insconstitucionales las llamadas Ciudades Modelo. El 18 de octubre, el máximo órgano judicial hondureño cerraba el culebrón sobre la “creación de ciudades ricas” que el economista estadounidense Paul Romer y el Gobierno elegido por los golpistas, Porfirio Lobo, trataban de ‘vender’ a la ciudadanía. Todo empezó a mediados de 2011 cuando Romer defendió en varias reuniones con Lobo y con el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández para establecer ciudades privadas, conocidas como ciudades modelo, espacios territoriales donde la libertad económica fuese la ley.
Después de los encuentros, los funcionarios hablaron ante los medios de comunicación sobre el “ambicioso proyecto de desarrollo destinado a superar la miseria económica”.
Espacios ‘libres’
El proyecto de Romer era crear enclaves ciudades-Estado, prácticamente independientes, administrados por expertos, que tendrían su propio Gobierno, sus propias leyes, incluso su propia moneda, lengua y administración de Justicia, a fin de que los inversores puedan tener seguridad. Todo a cambio de generar empleo en un país donde gran parte de la población en edad de trabajar está desempleada o emigra a países desarrollados.
Inmediatamente, se organizó una delegación oficial integrada por miembros del Ejecutivo, del Congreso Nacional, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), magistrados de la Corte Suprema de Justicia y lógicamente de las secretarías de Finanzas y de Comercio. Visitaron Singapur, Hong Kong, para conocer in situ las estrategias de desarrollo económico de esas localidades, presentadas como ejemplo de ciudades modelo exitosas.
Al regreso de la gira, los delegados hablaron con entusiasmo de esa experiencia como lugares por la libertad económica que se han desarrollado mucho. Tras la campaña en los medios de comunicación, el Congreso Nacional emitió un decreto para crear, lo que en términos legislativos denominó: Regiones Especiales de Desarrollo (RED), las llamadas ciudades modelo o charter cities.
En ese decreto, se preveía la concesión de territorios deshabitados, unos 1.000 km por región, en los cuales compañías inversoras crearían las infraestructuras necesaria para que otras compañías establecieran industrias que incluirían viviendas para trabajadores que llegarían, según el proyecto de diferentes zonas del país, e incluso extranjeros en estos territorios con libertad económica y política, policía de seguridad sin legislación laboral.
Sin embargo, las zonas ‘no ‘afortunadas’ han exigido también la implantación de ese modelo. Lo que hizo que varios diputados, queriendo llevar esos sueños a los departamentos que representan, terminaran reformando el decreto de las ciudades modelo y ampliando la posibilidad de concesión a zonas pobladas. El nuevo decreto autorizaba nombrar gobernadores, tribunales de justicia, incluso recurrir a tribunales extranjeros donde consideraran mayores garantías jurídicas.
La iniciativa no paso más allá de la emisión del decreto. Tras tres años en el poder, el presidente Lobo pretendía, esta vez desde las urnas, ganarse los votos de los hondureños. Finalmente, el proyecto de las ciudades modelo se ha caído. Las elecciones primarias de noviembre y las generales de 2013 han perdido su programa estrella.
* Diagonal - Opinión - 13.11.12
Foto: TEGUCIGALPA. Acción contra la creación de ciudades modelo - El Observador Diez
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EUROPAPRESS* : El pleno de la Eurocámara ha instado este miércoles al Gobierno de Mariano Rajoy a perseguir a los responsables de viviendas ilegales en la costa tras recibir numerosas quejas de ciudadanos por esta cuestión.
Los eurodiputados han instado al Gobierno español a "velar por que aquellos cuyas acciones fraudulentas han puesto a numerosos ciudadanos de la UE en una situación intolerable como consecuencia de la pérdida de sus hogares o del riesgo que corren de perderlos, además de haber infligido un daño grave al entorno de las costas y de haber contribuido en gran medida a la crisis financiera y económica, sean perseguidos debidamente y se les obligue a pagar los daños que han causado".
"La Ley de Costas ha tenido un efecto desproporcionado sobre los propietarios de inmuebles y, al mismo tiempo, no ha tenido repercusiones suficientes en los verdaderos causantes de la destrucción de la costa que, en muchos casos, han sido responsables de un desarrollo urbano excesivo a lo largo de la costa, incluidos los centros vacacionales, y que tenían buenos motivos para saber que estaban actuando, siempre, en contra de las disposiciones de esta ley", señalan los eurodiputados.
La petición al Gobierno español llega a través de una enmienda de la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken al informe anual de las actividades de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que ha recibido numerosas quejas de ciudadanos europeos por la falta de seguridad jurídica de las viviendas en la costa. La enmienda ha sido aprobada con 327 votos a favor, 291 en contra y 15 abstenciones.
La Eurocámara ha recibido 75 denuncias por quejas relacionadas con el derecho a la propiedad, especialmente por la Ley de Costas de 1988 en 2011 y que afectan a todas las regiones costeras del país, según refleja el informe anual de las actividades de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, aprobado este miércoles por el pleno del Parlamento Europeo por amplia mayoría.
Según el informe, la Eurocámara recibió el año pasado 23 quejas procedentes de la Comunidad Valenciana, 11 desde Andalucía, fundamentalmente de Almería, diez de Cataluña relativas a los dos puertos deportivos de Girona, nueve de Baleares, nueve de Canarias, tres de Asturias, otras tres de Cantabria, dos del País Vasco, dos de Galicia, una de Murcia y otras dos quejas generales contra la Ley de Costas.
Los ciudadanos españoles presentaron 51 de las quejas sobre el derecho de propiedad y 19 por ciudadanos de otros países. Además, 31 de los casos permanecen abiertos.
Los españoles remitieron un total de 204 quejas a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en 2011, lo que les convierte en los segundos que más presentaron, sólo por detrás de alemanes que remitieron por su parte 315 de las 1414 peticiones registradas el año pasado en total por infracciones a la legislación comunitaria.
Las quejas de los ciudadanos españoles se refieren sobre todo a quejas por infracciones de la normativa europea medioambiental, derechos fundamentales y justicia, como en otros años, según pone de relieve el informe.
Los eurodiputados han vuelto a exigir a los Estados miembros que apliquen "correctamente" las normas europeas.
* Europa Press - 21.11.12
Foto: Estrasburgo (Francia), eurocámara - europa
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LAVOZDIGITAL/Cádiz* : Nuevas imputaciones de presuntos delitos con responsabilidad penal para políticos de la provincia. La lupa de la investigación judicial se ha puesto ahora encima de la gestión llevada a cabo por el PSOE en Arcos. El Gobierno, casi en pleno, que encabezaba la exregidora Josefa Caro es el que ahora se enfrenta a la acusación de la comisión de presuntos delitos de prevaricación, malversación y delito contra la ordenación del territorio. Además de Caro, el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de la localidad, también imputa al exdelegado de Urbanismo, Joaquín Macías, y a otros concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno Local, como Benito Huertas, Fernando Mancheño, Genoveva Medina, Rafael Barrios y Francisca Morales.
Todos ellos han sido citados para dar explicaciones ante el juez instructor y todos lo harán en calidad de imputados, al menos hasta que se determine «la naturaleza y las circunstancias de los hechos», así como «la participación de cada una de estas personas», destaca el auto del juez.
Desde la Delegación Municipal de Urbanismo confirman que la querella contra los concejales del PSOE se ha presentado por parte del propio Ayuntamiento para «esclarecer la responsabilidad penal que pudiera haber». De hecho, el propio delegado, Manuel Erdozain (AiPro), destaca que estas actuaciones se inician como consecuencia de la concesión de licencias de primera ocupación a viviendas que se encontraban en «una zona de especial protección».
Erdozain destaca que el Gobierno local decidió «compensar» a las personas que tenían una parcela ilegal junto al Instituto Guadalpeña del Barrio Bajo «ofreciéndole la licencia y los servicios esenciales, a través de un convenio que firmaron, a cambio de un retranqueo en lo que habían ocupado para hacerle hueco a un nuevo vial que finalmente se construyó». La liebre, destacan desde dicha área, saltó «cuando un vecino vino a pedir licencia de obras en una zona que sabíamos que era ilegal y, sin embargo, aportó documentación de la licencia».
Normalmente, este tipo de documentos se dan directamente en Urbanismo, pero en este caso fue la Junta de Gobierno Local quien la otorgó. Cabe resaltar que el responsable de Urbanismo de entonces no formaba parte de dicha Junta de Gobierno donde se aprobó, aunque también se le ha imputado. Además, el portavoz de AiPro también destacó que «el actual portavoz del PSOE, Isidoro Gambín, estaba en esa Junta de Gobierno como vocal pero sin voto».
Josefa Caro, que será la primera en declarar el 13 de febrero de 2013 a las 11.30 horas, ya no ocupa el cargo de secretaria local de los socialistas pero sí que es la responsable de la Secretaría de Organización de la nueva Ejecutiva provincial. En la misma, Joaquín Macías es uno de los cinco miembros que conforman la Comisión de Ética. Este último declarará el día 14, a las 12.00 horas, y tras él, en días posteriores, se les tomará declaración al resto de imputados.
* La Voz Digital - ANTONIO ROMERO - 16.11.12
Foto: Arcos de la Frontera (Cádiz) - spain
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PÚBLICO* : El desalojo de los vecinos de los cinco edificios de viviendas sociales que el Ayuntamiento de Madrid pretende vender a una empresa privada, relacionada con el marido de Cospedal, ya ha comenzado. Esta misma mañana [miércoles], varios vecinos, cuya fecha de revisión del contrato está próxima, se han despertado con una carta en su buzón que les advertía de que deben abandonar su hogar. Todas las cartas entregadas tienen fecha del 8 de noviembre y están firmadas y selladas el 13 de este mes. Por otro lado, la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Madrid se ha reunido esta tarde, miércoles, con los vecinos del inmueble de San Cayetano y les ha informado, por primera vez, de que su edificio será vendido.
Este es el caso de Mario Agreda que ha recibido la notificación para que abandone su casa antes del 31 de enero a pesar de que su contrato, con fecha de 1991, le adjudica la vivienda de manera “permanente”. Hasta ahora, el contrato de Mario, de 70 años, se había renovado cada dos años de manera automática ya que los motivos por los cuales le habían concedido la vivienda social persistían. La única intervención del Ayuntamiento consistía en adecuar el alquiler a la renta del inquilino. Ahora, de manera unilateral la Administración ha rescindido el contrato.
“En relación al contrato de arrendamiento de fecha de 31 de enero de 1991 que usted tiene suscrito con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, le comunicamos nuestra voluntad de no prorrogar el mismo. Por tanto, el próximo 31 de enero de 2013, fecha de extinción de la vigente prórroga del contrato deberá proceder al desalojo del mismo dejándolo libre de ocupantes y poner en posesión del mismo a EMVS mediante la entrega de llaves a su personal”, reza el comunicado oficial.
Tras este primer párrafo, la EMVS comunica a Mario que si está interesado en “alquilar o comprar otra vivienda” se ponga en contacto con la propia empresa municipal. “Llevo 21 años viviendo en esta casa. Hasta ahora, el contrato se renovaba automáticamente cada dos años mientras que pagase el alquiler. Ahora según la carta que me mandaron rescinden de manera unilateral”, señala Mario a Público, quien asegura que a sus 70 años no tiene lugar donde ir junto a su esposa, como el resto de vecinos.
No obstante, el caso de Mario no es el único. Diversos vecinos de los dos inmueble situados en la calle de la Madera o el situado en Embajadores han recibido esta mañana la misma carta en la que se les notifica que deben dejar su casa. Lo único que varía en todas las cartas enviadas es la fecha en la que los vecinos deben proceder al desalojo, que depende de la fecha en la que el contrato debía ser renovado.
Así, Loli, vecina de la calle de la Madera, se ha enterado esta mañana de que el 18 de diciembre debe abandonar su hogar. Ni siquiera la han avisado un mes antes, como manda la ley. Esta vecina, que vive con su madre de 72 años y tiene un hijo de 21 años, llegó al vecindario procedente de otro edificio de su propiedad que fue declarado en ruina. Le dijeron que el realojamiento sería definitivo y que dispondría de una opción de compra. “Ni siquiera nos han dado tiempo para prepararnos. En apenas tres semanas tenemos que abandonar nuestra casa”, señala a Público.
En el mismo inmueble de Loli, otros dos vecinos han recibido la carta de desalojo: Javier, un hombre de 54 años con una minusvalía reconocida, debe desalojar su vivienda antes del 13 de diciembre; otra vecina de origen marroquí, que lleva 15 años en la casa, tendrá que hacerlo antes del 10 del mismo mes y Ángel, un señor de 81 años que vive junto a su mujer de 79 años, tendrá que abandonar su hogar en el mes de febrero.
Miedo a represalias
Cada uno de ellos tiene un contrato diferente dependiendo de sus circunstancias y de la ley vigente en el momento en el que lo suscribieron, sin embargo, todos ellos han recibido el mismo documento en el que se les comunica que si quieren continuar habitando en viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid deberán ponerse en contacto con la empresa pública.
“No obstante lo anterior y como se le ha informado recientemente, si estuviese interesado en alquilar o comprar una vivienda de la EMVS le rogamos que se ponga en contacto con la mayor brevedad posible con el Departamento de Intervención Social de la EMVS”, señala la carta tipo.
También ha sido notificado Salvador, vecino de la calle Embajadores. Este hombre de 47 años, actualmente en paro, vive con su madre de 83 años y junto a su hermana. Su carta de desalojo se diferencia del resto en un aspecto. Su contrato finaliza el 28 de junio de 2013 y ya le han notificado que antes de esa fecha debe abandonar el edificio.
Ahora, el miedo de Salvador es que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid tome represalias contra la comunidad por estar aireando estos problemas con la prensa y denunciando “el abuso” del que hace gala el Ayuntamiento. “Ya nos han dicho que mañana a las 15:30 horas nos cortarán la luz en todo el edificio por motivo de las obras. ¿Y si no la vuelven a conectar en unos días?
Reunión con la EMVS
La comunidad de vecinos del inmueble de San Cayetano, 8 ha mantenido la tarde de este miércoles una reunión con la EMVS para tratar “de manera informal” la actuación de la empresa pública y el realojo de los afectados. Durante la misma, y según aseguran las abogadas que han acompañado a los vecinos, la EMVS ha reconocido que tiene una opción de venta aunque no ha dicho a quién ni por qué.
“Nos han reconocido que tienen una opción de venta por las casas pero no nos quieren decir por qué la veden. Les hemos dicho que tienen que hacerlo que son una empresa pública con capital público, pero no ha habido manera”, asegura a Público la abogada Eva María Navarrete. Asimismo, la empresa ha señalado a los vecinos que tienen intención de realojarlos a todos en casas del centro, a los que puedas, y en edificios situados en Vallecas y Carabanchel, al resto.
La suerte que correrán los vecinos dependerá del tipo de contrato que tenga y la naturaleza de la relación de alquiler. Tal y como han contrastado las letradas, hay contratos que son temporales y otros que son indefinidos. “La empresa partía de que todos los contratos eran temporales y que podía reubicarlos donde quisiera, pero no es así”, asegura la letrada.
Si el contrato es indefinido, el inquilino podrá permanecer en su casa a pesar de la venta del inmueble, aseguran la abogada. No obstante, la empresa pública está tratando de convencer a todos los vecinos, independientemente del contrato que tengan, para que abandonen sus casas. “Les están asustando diciendo que el nuevo propietario puede modificar las condiciones del contrario de alquiler y eso no es así. Es la ley la que marca unos baremos para actualizar.
No obstante, las letradas aseguran que los vecinos que decidan permanecer en sus casas podrían sufrir otro tipo de problemas. “Existe el peligro real, porque así lo indica la experiencia, de que el nuevo comprador trate de echar a los inquilinos de forma legal o de forma menos legal”, asegura. Por otro lado, los vecinos realojados pasarán a tener un nuevo contrato de cinco años de duración, pero nadie les puede asegurar que no les volverá a suceder lo mismo que están viviendo ahora.
“Total coincidencia”
La agrupación local de Madrid de Izquierda Unida ha denunciado esta mañana, miércoles, la situación que viven los vecinos en la Comisión de Urbanismo y ha recordado que la empresa a la que el Ayuntamiento de Madrid pretende vender los cinco edificios está relacionada con el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Ante esta denuncia, el máximo responsable de la EMVS, Fermín Oslé, ha replicado que el hecho de que la empresa esté relacionado con López del Hierro es una “total coincidencia”.
* Público - ALEJANDRO TORRÚS Madrid 21/11/2012
Foto: Vecinos desalojo - ED
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SUR/Málaga* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el Plan Parcial de Ordenación (PPO) del macroproyecto urbanístico de Los Merinos que contempla la construcción de 800 viviendas de lujo, dos campos de golf y tres hoteles distribuidos en alrededor de 1.000 hectáreas entre los municipios de Ronda y Cuevas del Becerro. Así, la sentencia tumba de lleno la actuación, por inviable, al apuntar a la falta de recursos hídricos y a la afección a los abastecimientos de Cuevas del Becerro y/o Arriate.
El fallo indica que se “estima la demanda del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro anulando y dejando sin efecto el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Ronda, que el 18 de abril de 1995, por la que se aprobó definitivamente el plan parcial de ordenación de los Merinos Norte” y que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) diez años después, el 26 de junio de 2005.
El Ayuntamiento de Ronda ya ha anunciado, tras conocer la sentencia, que recurrirá y ha remitido a los medios a una rueda de prensa que tendrá lugar mañana. Justifica el recurso de casación que va a presentar en el hecho de que “fue una condición necesaria de la Junta de Andalucía que el Consistorio autorizara la utilización de los recursos hídricos asignados del término municipal para poder aprobar el citado plan parcial” y que en virtud del convenio firmado entre el Ayuntamiento y la promotora “estaba previsto hacer viable la utilización de los recursos hídricos propios con la creación de una infraestructura para la conducción del agua”.
Las arcas municipales han percibido ya más de 12 millones de euros de los 15 que establece el convenio firmado en su día por el Consistorio y la promotora en concepto de aprovechamientos urbanísticos. La sentencia del TSJA anularía dicho convenio por lo que el Ayuntamiento tendría que devolver dicha cuantía, una situación que de producirse sería un jarro de agua fría para la difícil situación económica que atraviesa el Ayuntamiento ya que no se podría hacer frente a esta cantidad. Además, la decisión del TSJA también tendría consecuencias sobre el nuevo PGOU de Ronda, que acaba de concluir su exposición pública, ya que el documento incluye el macroproyecto de Los Merinos, lo que perjudicaría a proyectos futuros al retrasarse la tramitación del nuevo PGOU.
Copisa, la empresa promotora de Los Merinos, un proyecto marcado por la polémica prácticamente desde que nació, frenó la actuación en abril de 2008 apuntando a la crisis económica y a la situación del sector inmobiliario. Sin embargo, ésta ha ido pagando al Ayuntamiento por aprovechamientos urbanísticos dejando clara su intención de seguir hacia adelante con el proyecto.
Los Merinos, junto con la operación de venta y compra de los terrenos para la construcción de un centro comercial de Eroski en la localidad y posibles viviendas ilegales en la Hoya del Tajo, sería otro de los expedientes investigados en la presunta trama de corrupción urbanística en la ciudad del Tajo por la que fueron detenidas siete personas, entre ellas, el exalcalde, Antonio Marín Lara, al que se le imputan los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad y blanqueo.
* SUR - Vanessa Melgar - 21.11.12
Foto: Ronda (Málaga), terreno Urb. Los Merinos - elpais
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MÁSPÚBLICO* : Si el procedimiento es injusto, ¿por qué se paralizará el desahucio sólo de unos pocos?”. Martí Batllori es uno de los abogados que forman parte del equipo jurídico de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) que ha redactado un documento en el que se solicita “la paralización cautelar de todas las ejecuciones hipotecarias”. El escrito, colgado en la web de la plataforma desde el jueves, ha sido registrado esta mañana por los afectados en los juzgados de diferentes ciudades del estado (ocho tan sólo en la Comunidad de Madrid).
Según Batllori, el documento –en cuya redacción han colaborado más de 25 letrados de toda España- ha sido enviado a todos los Colegios de Abogados de España para que faciliten su difusión. “Es un escrito de urgencia que responde a una situación crítica”, ha insistido el abogado, quien ha definido el acuerdo entre PP y PSOE como “una chapuza escandalosa reflejada en dos folios pírricos vergonzosos”.
Ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid, en la calle Capitán Haya, Iván Ramirez, activista de la PAH, repartía copias a las 11.00 horas. Había imprimido 200, más las 150 que había echo llegar a los afectados el sábado. “Está siendo un éxito. La gente ha respondido muy bien a la llamada de la PAH”, ha declarado Iván.
Funcionaria afectada
En la puerta de los Juzgados madrileños, un tumulto de gente, entre afectados, activistas y simpatizantes, compartía situaciones y comentaba los acontecimientos de las últimas semanas. Entre ellos, Mariló Ramos representaba un perfil de afectada más desconocido. Como funcionaria trabaja en la dirección general de informática del área de sanidad, pero “un sueldo cada vez más menguante y una cuota hipotecaria desmedida” la llevaron a las puertas del desahucio.
Doce días antes de su segunda orden de lanzamiento (el primero lo paró gracias a la PAH), el 16 de abril de este año, consiguió un alquiler social con Bankia de 350 euros mensuales. Madre de una niña adoptada de 6 años y divorciada, ha acudido hoy a entregar su escrito porque, a pesar de que lleva más de medio año pagando el alquiler, “la pesadilla no ha terminado”.
Confiesa no saber qué pasará con la deuda que tiene con Bankia: “Le debo 80.000 euros al banco, de los cuales 30.000 son costas judiciales. La entidad no me ha informado de qué ha pasado con esa cifra, ni cuántos intereses está generando mientras yo voy pagando”.
A su lado, Luz Lucena, vecina del barrio, la mira con cara de preocupación. Es la primera vez que participa en una acción de la PAH, “pero no la última”. Ha escuchado por la radio esta mañana que los afectados acudirían y se ha reunido con ellos “para conocer de primera mano su historia y para darles todo mi apoyo. Hace falta más conciencia social que nunca”, ha concluido la vecina.
* MásPúblico - BERTA DEL RÍO | 19/11/2012
Foto: Desahucio Granada, protesta tras suicidio - EFE
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EUROPAPRESS* : El grupo ecologista Gecen ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Castellón para que investigue infracciones urbanísticas en la Marjalería de Castellón entre 2006 y 2012 por si pudieran constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La denuncia va dirigida contra "quier resulte ser el promotor o constructor" de las obras y "contra aquellos que ostentan responsabilidades en competencias urbanísticas" tanto en el Ayuntamiento como en la Conselleria de Infraestructuras.
Según señala este colectivo en un comunicado, centenares de construcciones "ilegales" en la Marjalería y fuera de ésta "demuestran la incapacidad del Ayuntamiento de Castellón en poner fin al urbanismo ilegal pese a la claridad de la legislación y de los trámites que se han de seguir".
Así mismo, indica que los expedientes de demolición "caducan, se archivan, no se ejecutan, y las sanciones son ridículas, pendientes, caducadas o archivadas".
Todo ello no se puede justificar, a juicio de la asociación, "por una no intencional pésima gestión, por no saber llevar de forma adecuada los procedimientos", y por ello Gecen solicita a la Fiscalía que investigue las responsabilidades a nivel urbanístico de técnicos y políticos del Ayuntamiento y Conselleria de Infraestructuras, "y no sólo de propietarios privados".
Los ecologistas apuntan que en la Marjalería de Castellón existen valores a nivel medioambiental, agrícola, paisajístico, cultural, entre otros, reconocidos "muy deficientemente" en el Plan Especial de la Marjalería, y añade que, "como se señala en dicho Plan, las construcciones que afectan al suelo no urbanizable protegido de la Marjalería destruyen físicamente el bien protegido, siendo éstas incompatibles con la protección del espacio".
* Qué - EP - 20.11.12
Foto: Castellón, marjalería - tiempo
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PÚBLICO/Madrid* : El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ana Botella, ha firmado una opción de venta con la empresa catalana Renta Corporación Core Bussines para desprenderse de cinco edificios situados en el centro histórico de Madrid, que hasta ahora están ocupados por familias en riesgo de exclusión social. Esta empresa pertenece al grupo empresarial Renta Corporación Real Estate de la que es consejero externo independiente Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal. La compañía tiene una deuda declarada de 145 millones de euros.
El Consistorio madrileño recibirá a cambio de esta operación 21 millones de euros, unos 160.000 euros por vivienda en pleno centro, un valor muy por debajo de la realidad del mercado. Los cinco inmuebles albergan 130 viviendas, de las que 117 están ocupadas.
Las familias denuncian que el Ayuntamiento les está presionando para que firmen su realojo en otro barrio de Madrid alejado del centro de la ciudad. “Nos ha llamado Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) con tono amenazante. Nos decían que tengamos en cuenta que si no aceptamos el realojo podríamos quedarnos en la calle”, explica a Público Juan Antonio, un vecino afectado.
Las viviendas fueron compradas por el ayuntamiento en la década de los 80. Han sido rehabilitadas con dinero público y entre sus paredes viven desde hace más de 20 años mujeres que han sido maltratadas, familias numerosas, ancianos y pensionistas, que, por razones económicas, no tienen acceso al mercado libre de vivienda. Todos ellos mantienen un contrato de arrendamiento de bajo coste con el consistorio que se calcula a partir de su renta. Además, los vecinos denuncian el desarraigo que supondría para ellos el tener que cambiar de barrio a edades tan avanzadas. En el 55% de las viviendas viven ancianos y en 40 de ellas viven personas mayores de 70 años sin ninguna compañía.
El pasado 18 de octubre la EMVS suscribió una opción de compra con la compañía catalana Renta Corporación Core Business por la que el Ayuntamiento fija el precio de estos cinco edificios en 21 millones de euros. Para hacer efectivo el contrato, la empresa barcelonesa ha abonado 300.000 euros más IVA (63.000 euros) y debe pagar el resto antes del 18 de enero tal y como específica el contrato de opción de compra al que ha tenido acceso Público.
La concejalía de vivienda del Ayuntamiento madrileño, tras ser contactado por este medio, ha remitido un comunicado garantizando “una vivienda” a todos los vecinos “de similares características y adaptada a sus necesidades”. Para ello, según señala el comunicado, “un equipo de trabajadores sociales se ha desplazado a las viviendas para entrevistarse con las familias, informarles y escuchar sus necesidades”.
Algunos de los vecinos han señalado a Público que la EMVS ya se ha puesto en contacto con ellos para visitar las viviendas sociales que el Ayuntamiento posee en el otro extremo de la ciudad: Vallecas, Carabanchel y Villaverde. En todo caso, los nuevos arrendamientos que ofrecen tienen una duración de cinco años, de manera que, los vecinos se enfrentan a la incertidumbre de desconocer qué pasará con sus nuevas viviendas tras el fin del contrato de arrendamiento.
25% menos si hay “okupas”
No obstante, el Ayuntamiento no ha notificado a los vecinos la venta de los edificios y su consiguiente realojo de manera oficial, según informan los propios vecinos. Representantes de algunos de los inmuebles mantuvieron una reunión con la directora de Patrimonio de la EMVS en la que se negó la existencia de este acuerdo de venta.
Algunos de los vecinos, como Juan Antonio, ya han anunciado a Público que no piensan abandonar la que ha sido su casa durante los últimos 20 años por una decisión injusta ya que ellos tienen en contrato en vigor y han pagado “religiosamente” tanto el alquiler como la comunidad.
No obstante, la resistencia vecinal ya viene contemplada en el propio contrato. El acuerdo del ayuntamiento y la empresa compradora recoge una cláusula que establece un descuento del 25% en el precio de la vivienda en el caso de que de haya “okupas”, tal y como lo recoge el contrato.
La venta de los inmuebles pasa por encima de vecinos como Antonio, de 75 años y todavía convaleciente de un ictus, para quien abandonar su hogar supone “la muerte”. “He vivido aquí toda la vida y quiero morir aquí. Si me llevan fuera de mi barrio, donde tengo mi vida, es como si me mataran”, afirma entre lágrimas Antonio.
Mario Agreda, vecino afectado y delegado de la Comisión de Asuntos Indios en la ONU, denuncia que la venta supone “una violación de los derechos humanos”. "Esta decisión no respeta al ciudadano dentro del marco de la ley y abusa del derecho”, afirma.
Viviendas en el caso histórico
Jaime Lissavetzky, líder de la agrupación municipal del PSOE, y que no ha querido hacer declaraciones a Público, visitará mañana [por el martes] las viviendas afectadas y se fotografiará en el inmueble situado en San Cayetano, 10. Por otro lado, la Comisión municipal de Vivienda de Madrid, que se celebrará este miércoles, tiene previsto discutir sobre esta venta a instancia de los grupos locales de UPyD e Izquierda Unida.
En concreto, los cinco edificios que el ayuntamiento pretende vender son los inmuebles de Carrera de San Francisco (35 viviendas), Embajadores 46 (24), San Cayetano 8 y 10 (27 y 25 respectivamente) y calle Madera 24 y 26 (19). Como se mencionaba del total de 130 viviendas sólo 13 están vacías. Las viviendas tienen un gran valor histórico-artístico. Su restauración recibió el Premio Nacional de Urbanismo de 1988.
* Público - ALEJANDRO TORRÚS Madrid 19/11/2012
Foto: Vecinos afectados por la venta de cinco edificios de viviendas sociales. EFE
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FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xusticia de Galicia reiteró al alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla, la orden de derribo del edificio que alberga el hipermercado Eroski de Ponteareas, por no contar con licencia. El edificio si fue construido bajo el amparo de una licencia municipal, pero la misma fue anulada por la Xunta de Galicia en 2002 en un paquete de cuarenta que fueron concedidas cuando la comunidad autónoma suspendió las Normas Urbanísticas de Planeamiento.
El portavoz del BNG en Ponteareas, Xosé Represas, indicó ayer que desde 2008 Solla y el PP intentaron evitar la demolición "y ahora con su resolución, el TSXG recuerda al alcalde su deber de cumplir con la sentencia y le advierte que de no llevar a cabo a demolición podría ser denunciado por desobediencia".
Tras recibir un primer requerimiento por parte de TSXG, el alcalde de Ponteareas había explicado que el centro comercial trabajan sesenta personas y que el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal establecía la posibilidad de conceder la licencia, pues está ubicado en una zona de crecimiento de la localidad. Sin embargo desde el alto tribunal gallego se reitera en el auto que ordena la demolición.
Recuerda represas que en 2002 la actual diputada electa del PP, Nava Castro, en aquel momento alcaldesa "había concedido esa y otras cuarenta licencias para la construcción de 1.500 viviendas, justo antes de que la Xunta de Galicia decretase la suspensión de las normas urbanísticas de Ponteareas". La administración autonómica recurrió judicialmente las 40 licencias concedidas que en la mayor parte de los casos, como en el del Eroski, fueron anuladas por los tribunales.
Según el portavoz del BNG "a pesar de que los juzgados anularon las licencias, tanto el Eroski como unos veinte edificios se llegaron a construir ilegalmente. El Eroski en menos de un año y antes de que el BNG accediera al gobierno de Ponteareas". Las obras de los edificios fueron paralizadas por los nacionalistas desde lo gobierno municipal durante once meses, "pero se reiniciaron en cuanto Solla y Nava Castro presentaron la moción de censura, apoyados polos promotores afectados por las sentencias", asegura literalmente Xosé Represas.
El portavoz del BNG acusó a los gobiernos conservadores de Ponteareas presididos por José Castro, Nava Castro y González Solla -bajo las siglas del PP o UCPA- de "practicar durante treinta años la corrupción urbanística con total impunidad.
* Faro de Vigo - 14.11.12
Foto: El hipermercado Eroski de Ponteareas, ubicado a la entrada de la localidad. // D.P.
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20MINUTOS* : El portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha calificado de "auténtica pantomima" el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, una norma que está "llena de criterios arbitrarios" y que "llega al extremo del cinismo".
Sánchez lamenta que el Gobierno "se dedica solo a salvar a los banqueros que han hundido el país", de forma que el Ejecutivo "no está teniendo absolutamente ninguna sensibilidad ante la tragedia social que vivimos en España con cientos de familias desahuciadas".
"Nos parece de la más absoluta crueldad la actitud del Gobierno, que ha aprobado un real decreto ley que es una auténtica pantomima para aparentar que va a hacer algo para salvar los desahucios, pero cuando leemos el detalle de su articulado, vemos como eso no va a ocurrir en absoluto, ya que está cargada de criterios arbitrarios", ha agregado.
Sánchez lamenta que "se llega al extremo del cinismo, cuando la norma plantea que ante una familia que está a punto de ser desahuciada, en determinados supuestos la solución que le da el Gobierno es que tengan otro hijo, porque el criterio que incorpora la norma es que si un niño tiene menos de tres años, la familia se puede salvar del desahucio si además reúne otros requisitos".
"Es una campaña por el fomento de la natalidad", ha agregado el portavoz de Facua, quien lamenta que el Gobierno "no hace nada para salvar a las personas pero sí salva a banqueros y no toma medidas ante las cláusulas abusivas de las entidades".
"Que paralicen los desahucios"
Por ello, considera que "lo primero que debiera hacer el Gobierno por decencia es hacer un llamamiento y decirle a los banqueros que paralicen los desahucios, pues nunca se los ha pedido".
Facua pide además que "fruto del diálogo social con fuerzas políticas y organizaciones ciudadanas surja una norma que regule esta situación de forma correcta, pues la norma aprobada es una invitación a que los bancos sigan desahuciando".
"Se establecen condiciones muy difíciles de cumplir para evitar el desahucio", se lamenta el portavoz de Facua, quien pide "criterios objetivos para tasar las familias que no pueden ser desahuciadas, sería necesario cambiar el decreto ley por completo".
Facua además pide el establecimiento de moratorias en los pagos, que se establezcan procedimientos extrajudiciales para acordar la reestructuración de la deuda, además de mayor protección para los avalistas, reforma de las normativas aplicables a los desahucios, medidas contra la usura o procurar que las familias tengan derecho a un procedimiento concursal igual que lo tienen las empresas.
Amnistía Internacional: "Es insuficiente"
Amnistía Internacional (AI) considera "insuficientes" las medidas aprobadas el jueves por el Gobierno para paralizar los desahucios durante dos años y espera que éstas se solventen durante el trámite parlamentario.
En un comunicado, esta organización ha lamentado que el Gobierno haya excluido a las personas afectadas por los desahucios y a las organizaciones sociales del diseño de estas medidas, "contraviniendo las recomendaciones de Naciones Unidas".
"El Gobierno vuelve a desoír las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda y reincide en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia del derecho a una vivienda adecuada", ha denunciado el director de AI en España, Esteban Beltrán.
En este sentido, ha subrayado que el real decreto aprobado por el Ejecutivo no alude "ni una sola vez" al derecho a una vivienda adecuada, no propone ninguna reforma legislativa que garantice un recurso judicial efectivo para defenderse ante un desalojo, ni incluye la necesidad de hacer una evaluación del impacto de los desalojos en las personas.
La protección de los derechos humanos
Así, ha recordado que la normativa internacional prohíbe los desalojos sin garantías de protección de los derechos humanos y ha advertido de que nadie debe ser desalojado de su vivienda hasta que no se garantice que cuenta con recursos judiciales efectivos que le permitan proteger sus derechos.
También ha hecho hincapié en que ningún ciudadano "que no pueda contar por sus propios medios con una vivienda alternativa debe quedar en la calle".
Además, ha lamentado que el texto no exija al Gobierno la actualización del censo de viviendas vacías —que data del 2001—, sino que "únicamente" recomienda que promueva un fondo social de viviendas provenientes de las entidades de crédito, "sin un calendario claro ni una hoja de ruta definida".
Por esto, AI ha instado al poder judicial a que aplique las normas internacionales en relación con el derecho a la vivienda "desarrollando interpretaciones que aseguren la eficacia en su realización".
*20 Minutos - ep - 16.11.12
Foto: Desahucio, protesta - 20minutos
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ELDÍA/Gran Canaria* : El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde y hasta ahora portavoz de Nueva Canarias (NC) en el municipio, Ildefonso Jiménez, ha dimitido tras ser condenado en primera instancia a 18 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación para cargo público por el denominado "Caso Alisios".
El también edil en la oposición por NC en el consistorio teldense ha afirmado en una rueda de prensa, acompañado por una amplia representación de su partido en Telde y del secretario de Organización y consejero del Cabildo insular Carmelo Ramírez, que la decisión estaba tomada desde que se conoció la sentencia el pasado miércoles.
La decisión judicial, dictada por la magistrada del Tribunal de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Mónica Oliva, le condena por prevaricación urbanística y trato de favor al otorgar cédulas de habitabilidad con informes negativos a entre otros particulares el ex senador de Coalición Canaria (CC), José Mendoza.
Jiménez ha dicho que, en ese momento ya sabía que estaba "fuera de la vida política" y por eso ha tomado la decisión de dimitir de todos sus cargos políticos, entre ellos la portavocía de su partido en Telde y el acta de concejal, y volver al centro escolar de Jinámar en el que impartía clases.
Jiménez, quien acepta la condena pero no la comparte, ha dicho que es una "decisión irrevocable" independientemente de que el recurso que han presentado a la sentencia sea favorable.
Tras insistir en su inocencia, el ex concejal ha anunciado que abandona la vida pública, aunque "no echará de menos nada", porque, a su juicio, no se dan las condiciones necesarias para estar en ella.
* El Día - EFE - 16.11.12
Foto: Telde (GranCanaria), ayuntamiento - turismo
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LAVOZDEGALICIA* : El alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, está imputado en la operación Pokémon. El regidor deberá comparecer el próximo día 22 para prestar declaración porque la jueza Pilar de Lara trata de saber si ha incurrido en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en algún momento de los nueve años en los que estuvo en la corporación municipal, que él presidió, su compañero de partido y brazo derecho Francisco Fernández Liñares, eje de la trama. Este exedil es el único implicado de este caso que permanece encarcelado.
Desde la detención y encarcelamiento de Liñares comenzó a manejarse la posibilidad de que el nombre del alcalde de Lugo estuviese en una lista de cuarenta imputados elaborada por la jueza De Lara. El propio Orozco, en el mes de octubre, se presentó ante la jueza para decirle a esta que quería declarar en el marco de las diligencias de la operación Pokémon, sin embargo la magistrada no aceptó esa intervención anticipada por considerarla totalmente extemporánea.
Orozco tuvo que esperar hasta ayer, explicaron algunas fuentes, para conocer oficialmente su imputación. La citación fue para el día en que estaba anunciado el pleno para debatir el estado del municipio. Esa sesión tendrá que ser suspendida, porque todo apunta a que la declaración del regidor va a ser muy larga. Al parecer, son múltiples las cuestiones a las que tendrá que responder porque los frentes abiertos en el Concello de Lugo por parte del equipo de investigadores que trabaja para la jueza son numerosos.
La versión de Liñares
El hecho de que las diligencias se encuentren bajo secreto impide confirmar algunas versiones que apuntan a que Liñares en ningún momento de sus numerosas declaraciones lo responsabilizó de irregularidades ni de cobro de sobornos por adjudicaciones. Sin embargo Orozco va a tener que responder casi con toda seguridad a algunas adjudicaciones polémicas y en fase de investigación como son la ORA y el servicio de grúa municipal.
En la hoja de ruta de los investigadores también se encuentran los contratos de la publicidad en los autobuses urbanos, diversas obras efectuadas en calles de la ciudad, la tramitación de las retiradas de coches del depósito municipal, varios patrocinios de empresas relacionadas con la trama e incluso algunas oposiciones en las que estuvo Liñares y documentos hallados en la casa de este.
* La Voz de Galicia - C. PUNZÓN/ E. G. SOUTO/ X. CARREIRA - 16.11.12
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv
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EUROPAPRESS/Sevilla* : La Fiscalía de Sevilla solicita 8 años de inhabilitación y el pago de una multa de 3.600 euros para el que fuera alcalde de Cantillana entre los años 1995 y 2011, José Eduardo Reina (PSOE), y para el exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento entre los años 2008 y 2011 Antonio Maqueda Ruiz, por no denunciar más de 100 construcciones ilegales a pesar de los informes desfavorables emitidos por la arquitecta municipal.
En su escrito de acusación, el representante del Ministerio Público considera a ambos autores de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, por el que pide un año de inhabilitación, y de un delito de prevaricación urbanística, por el que solicita otros siete años de inhabilitación y el pago de una multa de 3.600 euros.
Asimismo, el fiscal considera responsables del delito de omisión del deber de perseguir delitos a Enrique Barrera Jiménez, que fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Cantillana entre 1995 y 2007, y a Manuel Naranjo Barrera, concejal del ramo entre junio de 2007 y marzo de 2008, para los cuales pide un año de inhabilitación para empleo o cargo público.
Según sostiene el fiscal, los cuatro acusados "no han denunciado" a las autoridades competentes, "como estaban obligados a hacerlo por sus cargos", las presuntas infracciones penales por las más de 100 construcciones ilegales realizadas durante 2007 y 2008 en distintos parajes de la localidad.
Al hilo, pone de manifiesto que las zonas donde se construyeron estas casas ilegales están calificadas como suelo no urbanizable de especial protección; zona de la Vega del Guadalquivir y de protección de complejos ribereños de interés ambiental de El Viar, y áreas de conservación prioritaria, todo ello de conformidad a las normas subsidiarias municipales de Cantillana.
«Dejadez de funciones»
Los acusados, según el fiscal, "conocían las situaciones de ilegalidad" de las construcciones por los informes desfavorables emitidos por la arquitecta técnico municipal y por una reunión mantenida por la Guardia Civil, no obstante lo cual, "y en dejadez de sus funciones", sólo promovieron expedientes sancionadores o realizaron alguna intervención municipal en relación a 21 parcelas.
No obstante lo cual, los acusados "no comunicaron" la existencia de presuntas infracciones penales a las autoridades judiciales o fiscales o a la Guardia Civil, lo que dio lugar a una investigación policial a partir de febrero de 2011 en la que se procedió a la imputación de 71 personas por construcciones ilegales en 40 parcelas, según el escrito de acusación consultado por Europa Press.
En relación al delito de prevaricación urbanística, el fiscal señala que, en junio de 2009, un particular solicitó licencia de obras para la realización de unos boxes en su parcela particular, existiendo un informe desfavorable de la arquitecta municipal, a pesar de lo cual la Junta Local presidida por el exalcalde y por el exconcejal de Urbanismo Antonio Maqueda Ruiz decidió otorgar dicha licencia el 26 de junio de 2009.
* ABC - EP - 13.11.12
Foto: Cantillana (Sevilla) - wikipedia
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ElDIGITALDECANARIAS/TOÑO LINARES* : Allá por los años ochenta, la televisión alemana emitió un reportaje sobre el excesivo volumen de construcción en la construcción en las costas canarias. Emisión televisiva que generó un rechazo de las autoridades canarias alegando intromisión en la forma de planificar su desarrollo, lo que supuso el pistoletazo de salida de un modelo de desarrollismo que ha llegado hasta nuestros días, con las graves consecuencias que hoy estamos sufriendo.
A lo largo de todo nuestro litoral observamos una serie de edificaciones que atentan contra la estética del buen gusto e, insultan a cualquier sensibilidad medioambiental. Desplazando cualquier vestigio de nuestro estilo arquitectónico cultural de esta tierra. Las casitas blancas con puertas verdes, característica propia de una vida de cara al mar, que los residentes en Canarias han patentado como seña de identidad propia, recibida como legado de un trabajo impagable de nuestros antepasados.
La defensa de los pueblos marineros de Canarias ha quedado silenciada por un desarrollo, dirigido por un sistema especulativo, ocasionando el retroceso cultural y social de esta tierra única, en aras del progreso impuesto por unos pocos, conduciendo al conjunto de la población a ser dependientes de esos propulsores del sistema capitalista, hoy en plena crisis, arrastrando a la ciudadanía a ser el pagador de la avaricia de este modelo socio-económico.
En este sistema devorador existen personas que se oponen a ser presa del modelo impuesto, como es el caso de las treinta y una familia de ChoVito, un poblado marinero construido en la pos guerra civil. Un poblado creado para saciar la necesidad de varias personas, al poder vivir de cara al mar, en convivencia con los recursos naturales que el océano les facilitaba. Un poblado que lo han colocado en el punto de mira.
Con el pretexto de la aplicación de la Ley de costas, ChoVito lo han condenado a ser pasta de la maquinaria de demolición, por interpretar que invade el espacio marítimo terrestre, al igual que lo invade gran cantidad de urbanizaciones hoteleras, turísticas, chalet de lujo, de reciente creación a lo largo de todo la costa de Canarias.
Visitando al poblado de ChoVito, observamos como todo el litoral del municipio de Candelaria esta totalmente edificado, probablemente incumpliendo la ley de costas, quedando el reducto de la zona donde se ubica la central térmica, el núcleo poblacional de Bajo la cuesta y, el propio ChoVito. No es de extrañar a nadie que el interés de desmantelar la central térmica, nada tiene que ver con el acabar con un modelo energético obsoleto y contaminante, al igual que la demolición de los núcleos poblacionales anexos, tengan exclusivamente un objetivo de especulación urbanístico.
Una sorpresa indignante es lo piensa toda persona de bien que conozca la problemática de este poblado de Candelaria, al ser incomprensible que obras, con dificultades judiciales incluidas, como es el caso de la Teresitas, hoteles en Lanzarote y, otras urbanizaciones a lo largo de la costa, no les sea aplicada la ley de costa con la misma intensidad y contundencia que se ha hecho con ChoVito. Un acto diferencial que escenifica el trato de favor para beneficiar el desarrollismo urbanístico, que ha sepultado cualquier rastro de la idiosincrasia de las personas que han poblado este archipiélago y, que quieren seguir residiendo en él, acorde con el estilo de vida heredado de sus antepasados.
La carencia de inteligencia o, el afán desmesurado de aglutinar fortunas rápidas, están haciendo que reductos como ChoVito, sean conocidos por generaciones venideras por postales, o cuentos de abuelos a nietos, cuando perfectamente podría hacerse rutas turísticas por estos poblados, mostrando un estilo de vida, consiguiendo de esta forma un reparto de la riqueza, en lugar de ofertar a los visitantes más cemento y piche. Oferta de la que pretenden escapar cuando salen de vacaciones.
Los residentes en ChoVito no han perdido esta batalla y, pase lo que pase, nunca la perderán, porque sólo las batallas perdidas son aquellas que se abandonan y, estas personas de altísima dignidad, no sólo se han opuesto a la demolición de sus viviendas, sino que le han plantado cara, a todo el sistema que como traje a medida, pretende condenarlos a vivir en jaulas prefabricadas, sumándole a esta condena la sanción económica en forma de hipoteca, y la pérdida cultural que dejarían a generaciones venideras.
El destruir ChoVito, o cualquier poblado costero de característica similar, escudándose detrás de la aplicación de la ley de costas, es como pretender destruir el Teide porque todos tenemos derecho a recibir la señal de telecomunicación, y este emblemático volcán nos lo impide.
(*) Presidente del colectivo ecologista Tagoror Achinech
* El Digital de Canarias - Opinión - 16.11.12
Foto: Cho Vito (Tenerife), poblado ilegal - hollands
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ELPAÍS* : Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ordena que, antes del 15 de mayo de 2013, se derribe el complejo residencial de 13 edificios -–ilegales– en la costa de Ses Covetes, justo al lado de la playa virgen de Es Trenc, en el municipio de Campos, Mallorca, muy cerca de la zona donde el Gobierno balear acaba de aprobar la construcción de un hotel gigante. El bloque, testimonio del desarrollismo residencial hasta la primera línea de costa, es desde 1995 un complejo fantasma, inacabado, repleto de pintadas que cada día en verano ven los miles de visitantes de los arenales."Es un caso como el de El Algarrobico”, observa Agustí Cerveró, abogado de los ecologistas y nacionalistas al celebrar el éxito jurídico y de respuesta civil a esta causa.
No ha sido fácil llegar hasta aquí. Antes de lograr esta sentencia se han emitido dos decenas de sentencias. Este último auto no es firme, pero sí ejecutivo. Ya en 2007 el Tribunal Superior balear ordenó –y reitera ahora– la demolición para “recuperar la legalidad urbanística perturbada” y que la costa recupere su condición natural. Los magistrados señalan al alcalde de Campos, Sebastià Sagreras, del PP, como órgano responsable de ejecutar la orden. El padre del regidor, llamado también Sebastià Sagreras, adquirió la promoción residencial cuando ya estaba bloqueada por los tribunales. Sobre el caso se han pronunciado también la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
La expansión inmobiliaria de la franja no explotada de Ses Covetes y Es Trenc quedó vetada por las leyes baleares de protección de los años 80. El ámbito litoral quedó preservado por la Ley de Costas de 1988. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Campos, en 1992, otorgó una licencia –declarada nula por los tribunales– para levantar 68 apartamentos, un bar restaurante y una piscina en un supuesto solar urbano. La obra fue paralizada en 1995, con las viviendas a punto de venderse y ocuparse.
El complejo se alzó en zona de dominio público marítimo terrestre, en suelo que en realidad no era urbano y protegido por la Ley de Costas. Ni siquiera el proyecto de reforma de esta ley aprobado recientemente por el Gobierno, que indulta miles de edificios construidos en la playa, salva de la piqueta esa muralla inacabada de viviendas de lujo. En el entorno existen antiguas y pequeñas casas tradicionales de veraneo de mitad de principios del siglo XX.
Los ecologistas del GOB (Grup d’Ornitología Balear) y el grupo nacionalista del PSM han promovido la denuncia pública y la acusación del asunto para evitar "un desastre ilegal de gran impacto medioambiental", señaló el proteccionista Miquel Angel March al iniciar su combate de casi 20 años. "Estamos muy satisfechos, por su trascendencia y porque es una noticia muy buena en un momento muy oportuno", celebra la portavoz del GOB, Margalida Ramis. Para poder mantener la causa abierta han tenido que realizar varias colectas ciudadanas.
La empresa propietaria reclamó inicialmente 27 millones de indemnización, pero renunció a la posible reclamación al dejar que expirara el plazo ante el Ayuntamiento. Los negociantes que compraron la ruina y la empresa tras entrar en quiebra anunciaron que recurrirían a los tribunales europeos para terminar la obra y su consumar su negocio. La empresa promotora declaró en la licencia un presupuesto de 2,5 millones de euros.
* El País - ANDREU MANRESA - 15.11.12
Foto: Vista del complejo residencial de 13 edificios, en la costa de Ses Covetes, justo al lado de la playa virgen de Es Trenc. / TOLO RAMON
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