ELPAÍS* : El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de reforma de la actual Ley de Costas, vigente desde 1988, que ampliará las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años, a contar a partir de que acabe la prórroga actual; diseñará un régimen especial para 11 zonas problemáticas a las que excluye del dominio público marítimo terrestre, establecerá concesiones de cuatro años para los chiringuitos y reducirá la definición de dominio público. Además, la superficie de la servidumbre de protección en las rías podrá bajar en algunos casos de 100 a 20 metros.
El texto del anteproyecto, justifica la reforma en que la ley vigente ha “tolerado resultados inaceptables medioambientalmente” y añade que el tiempo pasado desde su aprobación “se impone y consolida situaciones”. El Ejecutivo asegura que la norma ha “provocado desconfianza y desconcierto”.
Según el Gobierno, la ampliación en 75 años de las concesiones de uso del dominio público, que empezaban a caducar en 2018, es necesaria para “evitar el riesgo de que se produzca la pérdida del derecho en un plazo tan breve, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los extranjeros”. Además, los dueños de las casas en la playa las podrán vender y hacer reformas sin permiso siempre que no aumenten de altura ni volumen.
La nueva ley admite que habrá un deslinde especial más laxo para la isla de Formentera “debido a la especial configuración geológica” de la isla. Además, excluye del dominio público otros 10 núcleos de población que por su situación entrarían dentro de la definición de la zona pública. Se trata de Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d´Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia). Estos pasarán a formar parte del Patrimonio del Estado, que se pueden vender. Los ecologistas lo ven como el paso previo para que pasen a manos privadas, ya que si se considera dominio público no se puede vender. En total, se salvarán unas 10.000 viviendas.
El texto excluye del dominio público las “dunas artificiales y las dunas muertas”, lo que reducirá la zona pública en lugares como Doñana. Además, limita la definición del alcance de los mayores temporales conocidos parta establecer el dominio público. Hasta ahora, Costas recurría a veces a vestigios fósiles para demostrar que hasta allí llegaba el mar y por lo tanto debía ser dominio público. Ahora solo lo serán si hay “referencias comprobadas” de que allí llegaba el mar.
También exime a las marinas artificiales de ser dominio público, como la marina de Empuriabrava (Girona), al señalar que “no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran”.
La norma permite además la publicidad en las playas —hasta ahora estaba prohibida—, “siempre que sea parte integrante o acompañe a actividades permitidas en el dominio público”.
Las industrias (“extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera”) situadas en dominio público deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión. Este trámite permitiría seguir en la ría de Pontevedra a la polémica papelera de Ence.
Desde que se conoció el anteproyecto, los ecologistas han emprendido una batalla contra lo que consideran un atentado medioambiental que da vía libre a nuevas ilegalidades urbanísticas. También ha criticado la reforma el PSOE, que considera que la reforma huele a compromiso político adquirido con personas e intereses concretos que se trasladan a una ley de carácter general".
Por el contrario, la Comisión Europea se ha manifestado a favor de la reforma por considerar que "ofrece una mayor seguridad jurídica a los propietarios" de fincas en el litoral a la vez que protege eficazmente el medio ambiente. "Es una buena noticia para la economía española. Los ciudadanos y las empresas europeas tendrán más confianza a la hora de invertir", subrayó recientemente en un comunicado la vicepresidenta Viviane Reding.
Las claves de la reforma
La primera reforma de calado de la Ley de Costas desde que entró en vigor en 1988 incluye importantes novedades. Incluido el nombre. Ahora se llama pomposamente Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. En general, salva lo ya construido con una concesión casi eterna y sin las restricciones actuales. Estas son sus claves.
Núcleos amnistiados. La reforma excluye 10 núcleos de viviendas que dejarán de ser dominio público marítimo-terrestre. Lo hace sin un informe técnico ni una explicación amplia de por qué se han elegido. Se trata de casos muy conflictivos, como El Palo y Pedregalejo (Málaga), la Marina de Empuriabrava (Girona) (ver gráfico). Solo en estas zonas hay unas 10.000 viviendas que se salvan de la piqueta.
Trato especial. Formentera tendrá un deslinde especial por su “especial configuración geológica”. Es una de las zonas de Baleares menos urbanizadas y el ministerio cree que aplicando la ley hasta ahora vigente casi toda quedaría protegida.
Más años. Las decenas de miles de casas construidas legalmente sobre el dominio público marítimo-terrestre (la playa) antes de la Ley de Costas recibieron una concesión de 30 años o de 60 años. Como empiezan a caducar en 2018, Medio Ambiente les dará otros 75 años a cambio de un pequeño canon que está aún por definir.
Venta de viviendas. Los concesionarios de las casas podrán venderlas (estaba prohibido) y hacer reformas, si no aumentan su volumen ni altura.
Menos protección. Medio Ambiente autoriza a reducir en las rías la servidumbre de protección de 20 a 100 metros “en atención a las características topográficas o hidrográficas”. Esgrime que esa es la distancia en los ríos. Así salva muchos problemas en los núcleos rurales de Galicia que estaban afectados por la Ley de Costas y que ahora se libran.
Más industria. Las industrias (“extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera”) situadas en dominio público deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión. Este trámite deja en manos de la comunidad autónoma la continuidad de la polémica papelera de Ence en Pontevedra, con concesión hasta 2018. Si la Xunta de Galicia da el visto bueno, la prórroga de Costas durante otros 75 años será automática.
Planes municipales. La reforma permite al delegado del Gobierno suspender los planes municipales que invadan el dominio público. El Gobierno se refiere a este punto como “cláusula anti-Algarrobicos”. Falta por ver si ese punto superaría un recurso ante el Constitucional y si las demarcaciones de Costas tienen capacidad suficiente para supervisar uno a uno los planes municipales y dan la alerta a tiempo.
Menos dominio público. La ley excluye del dominio público las “dunas artificiales y las dunas muertas”, lo que reducirá la zona pública en lugares como Doñana. Además, limita la definición del alcance de los mayores temporales conocidos para establecer el dominio público. Hasta ahora, Costas recurría a veces a vestigios fósiles para demostrar que hasta allí llegaba el mar y, por tanto, debía ser dominio público. Ahora solo lo serán si hay “referencias comprobadas” de que allí llegaba el mar.
Salinas y acuicultura. La ley exime a las salinas e instalaciones de acuicultura de ser terreno público al señalar que “no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran”.
Registro de la Propiedad. La ley obliga a la Administración a incorporar en el Registro de la Propiedad todos los deslindes. La falta de ese trámite había generado muchos problemas a los compradores que denunciaban que no habían sido informados.
Chiringuitos. Los chiringuitos y demás instalaciones desmontables de la playa recibirán un permiso cada cuatro años en vez de anualmente, como hasta ahora. Más adelante, previsiblemente, se modificará el reglamento de la ley y ahí sí que se puede ampliar la superficie de estos establecimientos.
Diferentes tipos de playas. El Ministerio de Medio Ambiente distinguirá entre dos tipos de playas en un reglamento posterior: las playas urbanas y las que están rodeadas de espacios protegidos. En estas últimas la regulación será más estricta.
* El País - 5.10.12
Foto: Empuriabrava (Girona), viviendas y canales - elpais
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LEVANTE/Alicante* : Los PGOU caen en la Marina Alta como moscas. En cuestión de días, el Tribunal Supremo ha anulado el plan urbanístico transitorio de Dénia y el plan general de 2005 de Teulada-Moraira. La sentencia que tumba este último planeamiento es del pasado 13 de septiembre. El Alto Tribunal rechaza el recurso de casación que presentó la Generalitat Valenciana contra un fallo del TSJ que, aunque calificado por el Supremo de "confuso", ya concluía que el PGOU se había aprobado sin que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) hubiera emitido antes el informe vinculante sobre la protección de los barrancos.
La última y definitiva sentencia advierte de que el ayuntamiento, cuyo alcalde era entonces José Císcar, el actual vicepresidente del Consell, sí pidió el informe de la CHJ referente a que existían recursos hídricos para sostener el desarrollo urbanístico previsto. Sin embargo, no requirió del organismo de cuenca otro dictamen sobre la afección sobre cauces y barrancos.
"El instrumento de planeamiento urbanístico de Teulada no podía aprobarse sin haber sido solicitado y obtenido informe favorable sobre las alteraciones que contemplaba en los cauces, que son competencia exclusiva del Estado", precisa la sentencia. El consistorio sí realizó un estudio de inundabilidad, pero el Supremo aclara que "no puede suplir" el dictamen de la CHJ.
Al comenzar este litigio nadie presumía que podía acabar con la anulación del actual PGOU de Teulada-Moraira. La Asociación S.O.S. Moraira Teulada rechazó el proyecto de una agrupación de intereses urbanísticos y del propio ayuntamiento de cubrir y encauzar un tramo del barranco de la playa del Portet. Esa asociación consideraba que se agravaba el riesgo de inundación en esta zona turística. Además, al encauzar el barranco, el agua saldría al mar con más fuerza y produciría "un efecto devastador" sobre la pradera de Posidonia oceanica.
Pero, al final, el colectivo S.O.S Moraira Teulada terminó recurriendo la resolución por la que la conselleria de Territorio aprobaba definitivamente este plan general. Alegó que el organismo de cuenca no había valorado el impacto sobre los barrancos.
El actual gobierno local del PP deberá pedir al Consell que apruebe un régimen transitorio para salir del paso. Eso o volver al urbanismo de las catacumbas.
* Levante - A. PADILLA - 5.10.12
Foto: Moraira (Alicante), puerto - viajero
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JOSÉ JOAQUÍN BELDA GONZÁLVEZ* : Resulta tremenda la actuación de los políticos en el desarrollo justo del urbanismo. En Elche se están produciendo últimamente sentencias judiciales públicas contrarias a los intereses municipales, calificadas en firme por los tribunales incluso como "irracionales y arbitrarias". Resultan muy fuertes y contundentes contra la prepotencia política de la obstinación y hechos consumados sin contemplaciones ningunas ni asumir los graves daños que se producen para los intereses generales. Es obvio que en nuestra ciudad, como en tantas otras, por los políticos de distinto signo, se ha abusado hasta el infinito del exceso de poderío político, que les ha permitido tomar decisiones totalmente arbitrarias, de ejecución inmediata, como ocupaciones de propiedades, obligando a pequeños propietarios, ante la indefensión de información veraz y de aceptar propuestas casi coactivas, ante la amenazas ejecutiva de la Administración publica en manos de los políticos. La única alternativa es acudir a los costosos y largos procesos tribunales, al alcance de muy pocas personas.
Sentencias de los tribunales que como ésta del histórico Huerto de Ripoll, ahora Porta de la Morera, no lo olvidemos calificado como huerto publico en el PGOU de 1986, y anteriores tutelas de protección del palmeral, recalificado urbanísticamente en contra de todo y contra todos, vecinos próximos que a pesar de las protestas y movilizaciones realizadas para hacer valer sus claros y evidentes derechos, no valieron para nada. La maquinaria política continuaba.
En estos momentos, después de ya varias sentencias negativas sin hacer caso de ellas tampoco, volvieron a primar más la obstinación que la racionalidad y el sentido común, para llegar por completo a la política irracional de hechos consumados, el que venga detrás que arreé. En este caso, los ciudadanos de Elche han de aceptar ahora irremediablemente la nueva configuración sin posibilidad alguna de volver a la situación anterior, a la anulación judicial, debido lógicamente a los grandes daños que se causarían a tercero de buena fe, como han sido los compradores ocupantes actuales de viviendas en el Huerto de Ripoll con sus 170 palmeras por entonces.
Lo peor ya no es que salga una cosa mal, son las tremendas formas que se han utilizado en contra de todo, separando de sus responsabilidades y negociados incluso a técnicos que ponían objeciones por otros habitualmente afines que no ponen problemas donde los hay. Peor aún, obviando incluso solicitar dictámenes a los propios servicios jurídicos para externalizar éstos de forma acomodaticia a los fines políticos.
Todo ello reportando para las arcas públicas cuantiosos perjuicios en el orden de gastos por pleitos propios y ajenos, a las que hay que sumar las indemnizaciones correspondientes, más el ridículo de desprestigiar innecesariamente la función pública, abierta y transparente para todos los ciudadanos, en muchos casos debido a una mediatización política irracional.
Lo sencillo que sería respetar los planeamientos urbanísticos, los PGOU, tal y conforme son aprobados, y no permitir las recalificaciones a la carta que hacen los políticos habitualmente, convirtiendo en papel mojado los hipotéticos modelos de ciudad, la participación pública y todas esas cosas que deberían en teoría ser respetadas por todos en beneficio de los verdaderos intereses generales.
Hoy en día hay mecanismos y medios para hacer más rápidos y flexibles las revisiones de los PGOU y del territorio como ahora se vienen definiendo, para que, sin menoscabar la transparencia y la participación pública, puedan integrarse anualmente incluso las modificaciones y propuestas que se requieran como de interés general sin tener que utilizar el ocultismo de despachos en beneficio de unos y en perjuicio de otros. La implicación de los colegios de arquitectura, geografía y las propias universidades a las que se les suele ningunear son precisas y necesarias en ello.
Asuntos de recalificaciones y arbitrariedades hay muchos, como ejemplos: L' Aljub, las expropiaciones de la Universidad, los 500.000 euros a la Fundación Metrópoli, la reurbanización del Paseo de la Estación, el Valle Trenzado, los proyectos fallidos de la Noria, la cuarta ampliación del parque industrial, el Porta de Elx, el Auditorio, el macro proyecto irrealizable del nuevo barrio San Antón, la adjudicación de la escuela de golf sin concurso, con lo lógico y sencillo que resulta realizarlo así, etcétera.
En cambio, lo verdaderamente importante y urgente como es el Plan Especial de Protección del Palmeral y el plan de choque contra la plaga del picudo, como existe en Canarias, con todas las administraciones públicas involucradas... Desde el año 2006 que se detectó, estamos esperando que se acometan soluciones reales y prácticas, continuando su propagación inexorable en los jardines, parques y huertos del municipio hacia la autodestrucción del histórico Palmeral Patrimonio de la Humanidad.
* Información - Opinión - 3.10.12
Foto: Elche (Alicante), palmeral - viajes
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IGNACIO ESCOLAR/Madrid* : 1- 21 de junio de 2006. El ingeniero José Antonio Clemente y su esposa crean la empresa Tecnoconcret. Clemente es también accionista de otra sociedad, Tamaco 07 Consulting, junto con Pablo González y José Juan Caballero: el hermano y el cuñado del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Seis semanas después de constituirse Tecnoconcret, el Canal de Isabel II convoca un concurso para adjudicar un pequeño campo de golf en el barrio de Chamberí sobre los depósitos de agua de Madrid.
2- 27 de diciembre de 2006. Tecnoconcret SL, medio año después de nacer y sin ninguna experiencia en el sector, consigue la adjudicación por cinco años del campo de golf dentro de un consorcio con otras dos sociedades: Iridium (propiedad de ACS) y Soto Once. Las tres compañías crean una nueva empresa para gestionar la adjudicación: Green Canal Golf. La adjudicación la aprueba el consejo de administración del Canal de Isabel II. Ignacio González, presidente del Canal, no se inhibe en la votación, a pesar de la relación empresarial de José Antonio Clemente con su hermano y su cuñado.
3. Finales de 2007. Iridium (ACS) se queda con todas las acciones de Green Canal Golf, comprando su parte a Soto Once y a Tecnoconcret.
4. 10 de noviembre de 2008. Un año después de vender a Iridum su parte en la adjudicación del campo de golf, el cuñado de Ignacio González y el hermano de Ignacio González entran en el accionariado de Tecnoconcret. Cada uno se queda con el 31,6% de la sociedad, a través de una ampliación de capital.
5. Esta información la publicó Manuel Rico hace años y no pasó nada. Nunca pasa nada. Hoy Ignacio González es presidente de Madrid.
* ElDiario.es - Ignacio Escolar - 1.10.12
Foto: Madrid, campo_golf_Canal_Isabel_II - elpais.com
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ELPAÍS/Cádiz* : El titular del Juzgado 1 de Rota, José Antonio Villegas, ha imputado a la alcaldesa de la localidad gaditana, Eva Corrales (PP), y al primer teniente de alcalde y exregidor Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), por supuestas irregularidades urbanísticas y un trato de favor con el constructor local Felipe Castellano, asimismo imputado. El juez investiga si ambos acusados tramitaron tres convenios para urbanizar un polígono industrial sin los informes preceptivos, tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación y malversación.
Los tres convenios se firmaron entre 2009 y 2010, cuando Corrales era concejal de Urbanismo y Sánchez alcalde, e iban “encaminados a beneficiar a la empresa Promociones Castellano SA de manera ilícita”, según denuncia el fiscal en su decreto del pasado 24 de julio. Tras estudiar una denuncia del PSOE, Anticorrupción censuró el proceder de la corporación local: “Con el convenio urbanístico se pretende de manera flagrante huir del derecho administrativo, evitando la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, y por ende los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los procedimientos”.
Sánchez ya está imputado en otro caso por un delito contra la Administración Pública por unas compras de trajes de trabajo realizadas supuestamente por el Consistorio a la empresa del propio exalcalde. Ahora, en esta nueva causa, el juez tomará declaración a los tres acusados el próximo 29 de noviembre.
La fiscalía advierte de que el Ayuntamiento benefició al constructor Felipe Castellano de manera “injustificada” y pese a los reparos del interventor: “El convenio estaría enmascarando una verdadera subvención directa a favor de Promociones Castellanos”, dice sobre uno de los tres acuerdos entre el Consistorio y la constructora.
En el primer convenio, que supuso un pago de 506.117 euros para urbanizar un sector cuyas obras correspondían a los propietarios del suelo, el alcalde aprobó el pago “a pesar del reparo del interventor”. “El convenio parece establecer una financiación mediante dinero público de lo que son gastos que no le corresponde satisfacer al Ayuntamiento”, censura el decreto.
Además, Anticorrupción subraya que el Ayuntamiento incumplió los trámites legales hasta el punto de que ahora “se ha visto obligado a devolver” un préstamo por dos millones más 118.420 euros en intereses, que le concedió el Ministerio de Industria para construir unas naves que finalmente nunca se realizaron.
Mientras la alcaldesa rehusó este miércles hacer declaraciones sobre su imputación, Sánchez achacó el caso a “un montaje del PSOE, porque lo que no pueden ganar en las urnas, van a los tribunales”. Además, el exalcalde censuró la actuación del ministerio público: “El fiscal puede decir lo que quiera, pero ahí están los informes técnicos. Parece que yo hubiera redactado los convenios en un cuarto. Y en Rota nos conocemos todos, esto no es Marbella”, alegó. Sánchez considera que el fiscal se ha limitado a investigar la querella del PSOE “en base a una denuncia y una documentación, pero aún faltan los testimonios”. “Me siento absolutamente inocente, pero sufriremos un descrédito”, vaticinó.
El secretario general del PSOE roteño, José Javier Ruiz, resume el “enrevesado” asunto: “Yo te doy dinero y a cambio me devuelves un equipamiento, que en realidad me corresponde hacer a mí. Hay un intercambio de dinero a favor de esa empresa que se queda con el dinero”. Y defiende su denuncia: “No queremos judicializar la política, sino que llegamos ahí después de denunciarlo políticamente. Es nuestra obligación como oposición”.
* El País - JAVIER MARTÍN-ARROYO - 3.10.12
Foto: Rota (Cádiz), alcaldesa E.Corrales - google
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ELPAÍS/Alicante* : En los últimos cinco años, los ciudadanos de Alicante contemplan estupefactos cómo se suceden los escándalos en su provincia. El caso Brugal, que empezó como una revancha entre empresarios por la concesión de unas contratas de basuras, se ha convertido en un sumario con más de 30.000 folios. El levantamiento del secreto de este sumario, el pasado 3 de junio, confirma las salpicaduras a promotores inmobiliarios, políticos y empresarios que llevan años en el negocio de los residuos. Los jueces han imputado a 26 personas, y la Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha acusado a otras 80 personas. La mayoría de los imputados son cargos públicos del PP, pero ni Mariano Rajoy, presidente de los populares, ni Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, han abierto la boca sobre este escándalo. Al contrario, dos de los principales implicados, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, alcaldesa y exalcalde, respectivamente, de Alicante, tomaron posesión de sus escaños en el Parlamento autonómico el pasado jueves. Ahora están aforados, y su futuro pasa por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Un tercer imputado, el todavía presidente de la Diputación provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, cuenta con muchas posibilidades de seguir en el cargo.
El caso Brugal tiene dos derivadas. Una de ellas se centra en la concesión de la contrata de basuras de Orihuela y en la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos en la comarca alicantina de la Vega Baja. La otra investiga la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante. Cuando se levantó el secreto del sumario de esta segunda parte del caso, la pestilencia de la corrupción y del dinero sucio llenaron la ciudad y las páginas de los periódicos. Las conversaciones mantenidas entre los personajes de esta trama salieron a la luz al conocerse las transcripciones de las grabaciones efectuadas por la policía, por orden del juez. Unas conversaciones en las que queda clara la complicidad existente entre el mayor promotor inmobiliario de Alicante, Enrique Ortiz; la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y el exalcalde Luis Díaz Alperi, ambos del PP.
El 28 de junio de 2008, el poder político, empresarial y financiero de Alicante intercambiaba numerosa información sobre el futuro planeamiento urbano de la ciudad. A lo largo de ese día, Enrique Ortiz, promotor inmobiliario que controla directa o indirectamente el 70% del suelo urbanizable de Alicante; máximo accionista del Hércules CF; presidente del grupo Cívica, que gestiona diversas contratas municipales que van desde la recogida de basuras hasta la limpieza viaria, llama por teléfono a Quesada, responsable del equipo multidisciplinar que redactaba el nuevo PGOU, para hablar del proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez. La conversación cuenta con el visto bueno del entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, y de Sonia Castedo, concejala de Urbanismo en aquellos momentos y que pocos meses después, en septiembre, sería elegida alcaldesa tras la dimisión de aquel.
Finalizada la conversación, el constructor Ortiz informa al abogado urbanista Ricardo Sala del contenido de la misma, reclamándole confidencialidad. Poco después, la concejala Castedo llama al promotor autorizándole a reunirse al día siguiente con Quesada en la sede de Cívica. Más tarde, en el domicilio de Vicente Sala, presidente de la Caja del Mediterráneo (CAM), conversan Ortiz, otro promotor apellidado Caravaca y Jesús Muñoz, de la inmobiliaria Alicante Urbana. La jornada concluye con una fiesta en el yate de Enrique Ortiz a la que acuden Díaz Alperi y varios concejales del PP. El motivo: celebrar el archivo de una denuncia contra el alcalde, un concejal y el promotor por prevaricación, malversación de caudales y falsificación de documento público.
El retrato tóxico que hiciera Dashiel Hammett de Poisonville en Cosecha roja queda trasladado al Mediterráneo a través de un sumario en lo que ya venía conociéndose como caso Brugal, un escándalo que había estallado dos años antes en la comarca alicantina de la Vega Baja por la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela y del plan de tratamiento de residuos. Desde entonces, el promotor tiene pinchado el teléfono por orden del magistrado titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín. La policía encargada del seguimiento redacta una nota con lo sucedido ese 28 de junio: "Llamada Ortiz-Jesús Quesada en la que el jefe redactor del PGOU accede a prestar auxilio proyecto remodelación estadio Rico Pérez con la anuencia de Alperi y Sonia Castedo. Llamada Ortiz-Ricardo Sala en la que Ortiz le informa confidencialidad reunión con Jesús Quesada. Conversación Sonia Castedo-Ortiz concediendo permiso para que Jesús Quesada se reúna al día siguiente en sede de Cívica. Reunión Ortiz-Jesús Muñoz-Caravaca-Vicente Sala en el domicilio del último. Reunión-celebración de Ortiz-Alperi-concejales de confianza en yate de Ortiz".
La redacción policial venía a confirmar las sospechas de un presunto trato de favor por parte del Ayuntamiento de Alicante hacia el promotor Enrique Ortiz. La Brigada de Blanqueo de Capitales mantuvo pinchado el teléfono del promotor hasta el 23 de enero de 2010, controlando todos sus movimientos. La investigación concluyó con una denuncia contra 21 personas por parte del fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. A Ortiz, Alperi y Castedo les acusó de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. El reciente levantamiento del secreto del sumario reveló el nivel de compadreo existente entre responsables políticos, municipales y autonómicos, financieros y empresariales. Alicante, a tenor de las conversaciones intervenidas, se había convertido en un gran solar a reparcelar a gusto de un promotor que no dudaba en presionar a políticos y técnicos municipales o halagarles con regalos si mejor convenía a sus intereses. Ortiz confiaba en dar un pelotazo de 120 millones de euros.
Pero el caso Brugal no solo estaba relacionado con el urbanismo de la ciudad de Alicante. Dos años antes, en marzo de 2006, Ángel Fenoll, un empresario viejo conocido del PP en la comarca alicantina de la Vega Baja (fue condenado por comprar votos para los populares), destapa la caja de los truenos al depositar ante el fiscal Briones una grabación con un concejal en la que se hablaba de un intento de soborno al entonces alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, y a otros tres ediles de esa ciudad. Fenoll actuó por despecho, enfadado porque, primero el Ayuntamiento orcelitano y después la Diputación de Alicante, le habían dejado sin el contrato de recogida de basuras en Orihuela y sin la gestión del tratamiento de residuos en la comarca, que, con un presupuesto de 380 millones de euros, le había sido adjudicado, qué casualidad, a Enrique Ortiz. El incendio que comenzó Fenoll le abrasó primero a él, que acabó en la cárcel -en el DVD que entregó a la fiscalía anticorrupción se autoinculpaba-, y después al presidente de la Diputación y del PP provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, que fue arrestado durante 12 horas junto a tres concejales del PP de Orihuela y siete empresarios. El motivo: la adjudicación irregular de la planta de basuras, sin que se haya descartado aún la posibilidad de blanqueo de dinero y financiación irregular de partidos políticos en la Vega Baja.
Enrique Ortiz se libró de pasar unas largas horas en comisaría porque se encontraba en los Sanfermines de Pamplona; pero su relación con el presidente de la Diputación y las jornadas estivales pasadas juntos a bordo de su yate fueron pronto conocidas. Una tercera persona, Rafael Gregori, amigo íntimo de Ripoll, desempeñó un papel destacado en una oscura operación en la que, según concluye la policía, participó Ortiz al hacerse cargo del pago de parte de unos pisos con que se compensaría al presidente del PP alicantino por haber decantado la balanza a favor del promotor. Gregori y Ripoll hablan sobre la contraprestación:
Rafael Gregori. Oye, vamos a ver, me hace falta que me digas las letras de los pisos que queréis.
Joaquín Ripoll. Espérate que te lo mire y te lo digo.
R. G. Míralo y me lo dices.
J. R. Espérate que lo tengo aquí al lado
R. G. Porque había varios quintos, ¿no?
J. R. Sí. Yo creo que eran, a ver...
R. G. Eran dos que eran de distinto ascensor, creo, ¿no?
J. R. Sí, eran dos que eran de distinto acceso, que eran el D y el E.
R. G. El D y el E, ¿no?
J. R. El D y el E, sí.
R. G. Vale. El cinco D y cinco E.
J. R. Cinco D y cinco E. D de dedo y E de España.
R. G. Muy bien. Venga, pues yo te los dejo guardados.
Ambas viviendas están valoradas entre 800.000 y un millón de euros. Ripoll fue imputado por los presuntos delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. El juez imputó a Ortiz por fraude y cohecho; a Rafael Gregori, por fraude, cohecho y tráfico de influencias, y a Ángel Fenoll, por cohecho, tráfico de influencias, fraude y delito fiscal.
Enrique Ortiz recuerda en sus comportamientos al protagonista de la película de Francesco Rosi I mani sulla città (Las manos sobre la ciudad). Un constructor inmobiliario, obsesionado por construir edificios, bloques y más bloques de viviendas. En la película hay corrupción, soborno, recalificación fraudulenta de terrenos, favoritismos... El promotor corrupto acaba convirtiéndose en el concejal de Urbanismo, a pesar del pacto entre el resto de los partidos para que no se ocupe esa delegación municipal. Ortiz no necesita ser elegido concejal de Alicante, le va mejor así. Las conversaciones grabadas en el caso Brugal revelan el poder que tiene sobre el área de Urbanismo de Alicante. El informe policial concluye que era "patente el continuo contacto del entorno del empresario con el personal de la gerencia de Urbanismo", y especialmente con Isabel Campos, jefa del servicio jurídico administrativo de ese departamento. La soltura con que se maneja el promotor llega a extremos como el de pedir a un empleado suyo que redacte un informe sobre un determinado proyecto urbanístico para que lo envíe a la jefa de la oficina téc- nica "que lo tiene que hacer como suyo".
Las conversaciones entre Ortiz y la funcionaria son frecuentes, lo que, para la policía, demuestra "la colaboración de los responsables de Urbanismo con el empresario". En una conversación intervenida, Ortiz habla con la funcionaria para que el Ayuntamiento apruebe el proyecto refundido del Plan Rabassa, que contempla la construcción de 13.505 viviendas. "Tiene que ir al próximo pleno", dice, a lo que responde Isabel Campos: "¿Tiene que ir al próximo pleno?, pues tendremos que correr". La conversación concluye de la siguiente manera:
Enrique Ortiz. "Bueno, cariño mío, pero cúrramelo, trabaja para mí un poco".
Isabel Campos. Bueno, ya veremos, eh...
E. O. Sí, trabaja para mí.
I. C. Que era de coña, que era de coña.
Ortiz termina: "Ya lo sé, ya lo sé".
Las relaciones entre Campos, la asesora jurídica de la Gerencia de Urbanismo, y el empresario Ortiz son frecuentes. Este le regala por Navidad un bolso, e Isabel le llama para darle las gracias:
I. C. Nada, que era para darte las gracias por el bolso, bueno, eso es, Maleles
[la esposa de Enrique Ortiz].
E. O. Qué bonito.
I. C. Hombre..., está bien, está bien.
E. O. ¿Te ha gustado?
I. C. Sí, sí.
E. O. Bueno, ¿cuándo vamos a comer juntos?
I. C. Cuando quieras.
E. O. Que te eche un poco los tejos.
I. C. Cuando tú quieras [riéndose].
E. O. En sentido profesional, los tejos profesionales.
I. C. Ya lo sé, ya lo sé.
La obsesión por el control del planeamiento urbano de Alicante guía la mayoría de las acciones de Enrique Ortiz. En junio de 2008 habla con Sonia Castedo y le dice: "Intenta tener el planito y me lo enseñas". A lo que la entonces concejal de Urbanismo responde: "Sí, sí, sí, mañana, mañana, nos vemos entonces". Un mes después, el empresario habla con un empleado de confianza suyo, Javier Llorens, y le dice: "Si te pregunta alguien si tienes el plano, le dices que no". A lo que este responde: "Ya lo sé". Ortiz le da más instrucciones: "Mírate ahora con el plano los suelos nuestros en qué situación se encuentran. Todos, incluso toma nota de los de la Cerámica, la Florida, los de fuera, puedo hacer que los pinten de verde, de azul... De lo que tú me digas para que nos den los aprovechamientos en otro lado. Míralo a ver dónde están que creo que los han pintado de gris y eso es nada". Ese mismo día, en otra conversación, Llorens le dice: "Otra cosa, del plan general hay un trozo, el más importante, pero falta otro: el de Aguamarga". Un Ortiz convincente responde: "Ya lo sé, me lo darán. Ya te lo daré". En julio de 2010, la policía registró las oficinas del promotor y encontró un pen drive propiedad de Javier Llorens que contenía los planos de la revisión del PGOU de Alicante.
Ortiz siempre ha pasado por ser un hombre con un poder extraordinario en el Ayuntamiento de Alicante, lo que ha provocado algún que otro encontronazo con la justicia a cuenta de algunas obras civiles y sus correspondientes modificaciones. Hasta la fecha, ha salido bien librado de los tribunales; pero ahora mismo se encuentra imputado en tres sumarios. Por el caso Brugal, en sus dos ramas principales: la basura de la Vega Baja y la revisión del PGOU de Alicante. Los delitos que se le atribuyen son tráfico de influencias, cohecho, fraude y uso de información privilegiada. El promotor también está imputado por el caso Gürtel, por la presunta financiación irregular del PP.
En diciembre de 2006, Ortiz aseguraba: "Por desgracia, no mando nada", y ya entonces era famoso por su control de la casa consistorial. En realidad, sus empresas, inicialmente dedicadas a la obra civil, comenzaron a despegar con la llegada de Díaz Alperi a la alcaldía de Alicante; sus relaciones fueron tan estrechas que la primera persona en enterarse de que este dimitía fue el promotor, como fue el primero en saber oficialmente que Sonia Castedo iba a ser la alcaldesa. Alperi le llamó en presencia de Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, desde el mismo restaurante en que se decidió la alternancia en el sillón municipal. Ortiz fue el primero en felicitar a Sonia Castedo. De hecho, muchos políticos de Alicante comen de su mano. Su relación con el poder es excelente.
Ortiz sabe cómo tratar a los políticos. "Les regalo un detalle", dijo un día a su mujer, "y los tengo a mi disposición". Una táctica que le sirvió a Álvaro Pérez El Bigotes en Valencia y al promotor en Alicante. Aunque algunos regalos de Ortiz son claramente el pago de un soborno, a tenor de lo que narra la policía. El patrimonio familiar de José Joaquín Ripoll se incrementó entre enero de 2008 y junio de 2010 en cerca de 1.300.000 euros. La policía asegura que el grueso de ese incremento corresponde a dos pisos situados en el ensanche de la ciudad o a su equivalente en metálico. Por lo que respecta a Luis Díaz Alperi, la policía está convencida de que el promotor le pagó un viaje a Creta a él y a la concejal Sonia Alegría en el jet privado de la empresa de Vicente Cotino con un coste de 37.500 euros. La investigación se extiende a tres bungalós en los que residen los hijos de Alperi. La hipótesis policial apunta a una empresa interpuesta y a un presunto falseamiento contable. Ortiz también puso 30.000 euros para que un hijo de Alperi entrara como socio en una nueva empresa de publicidad. Los agentes creen que las dádivas a Sonia Castedo, en forma de viajes vacacionales con gastos pagados, coinciden en el tiempo con gestiones efectuadas a favor del promotor durante la redacción del plan general.
Regalos recibieron, siempre según la policía, el consejero de Infraestructuras, Mario Flores: un reloj valorado en 2.000 euros que fue devuelto; el exalcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, también recibió otro reloj, valorado este en 20.000 euros, que habría sido pagado a medias por Ortiz y Antonio Solana, otro promotor con intereses en Benidorm. Hubo también otros regalos de menor cuantía, bolsos diversos para las concejalas del PP del Ayuntamiento de Alicante, la esposa del consejero Mario Flores y la consejera de Turismo, Belén Juste.
"Cómo le voy a decir que no a un político", se preguntaba Enrique Ortiz en este periódico allá por noviembre del año pasado. Cómo le podía decir que no Sonia Castedo, primero como concejala de Urbanismo y después como alcaldesa de Alicante, a un empresario a quien conoce desde hace 17 años -"cuando yo no era nadie"- y que ve perfectamente normal que, durante 21 meses, tanto responsables políticos como técnicos del Ayuntamiento de Alicante mantuvieran no menos de 21 reuniones en despachos oficiales o en domicilios privados con el principal promotor de viviendas de la ciudad. "Lo que ocurre", dice la alcaldesa Sonia Castedo, "es que de un tiempo a esta parte estamos convirtiendo en anormal lo que siempre ha sido normal".
La alcaldesa ve "normal" que su hermano trabaje para el despacho de abogados que asesora jurídicamente al responsable de la redacción del plan general porque "cuando se adjudicó a Jesús Quesada la redacción del PGOU, ese bufete estaba incorporado a la propuesta y en aquellas fechas mi hermano no trabajaba para ese despacho", y no le parece extraño mantener un contacto casi diario durante cuatro años con el promotor. Sí le molesta, aunque con matices, el tufo que despierta tanto compadreo, tanto regalo y tantos viajes. "Ahora que conozco esas conversaciones, sí, me molesta; pero si no las conociera, yo diría que habría sido una situación digamos que, entre comillas, bastante normal. Hay mucha hipocresía social y mediática porque ahora mucha gente parece que no conoce a Enrique Ortiz".
Pero en las conversaciones hay cosas que no parecen muy normales. En mayo de 2008, siendo concejala de Urbanismo, Ortiz llama a Castedo "para pensar qué hago, marcarme mi estrategia de todo", y le propone una entrevista en su despacho, pero la edil se niega: "No quiero que vayas al despacho, prefiero ir yo al tuyo, fíjate". Respuesta: "¡Ah! Que lo que quieres es que no me vean allí". Cierre: "No, no quiero que te vean allí, claro". Las cintas recogen la estrecha relación entre la actual alcaldesa y el promotor. Hablan sobre el proyecto de reforma del Rico Pérez, sobre la instalación de la multinacional Ikea en la zona de Rabassa, del malestar que tiene el empresario porque la redacción del plan general no discurre según sus intereses. En las grabaciones policiales hay más de 1.700 referencias a Sonia Castedo en las que expresiones como "te lo tiene que confirmar Sonia", "fue lo que nos dijo Sonia", "la Sonia va a ser el crack de la Comunidad", "Enrique nos diría si puede cuadrar o no puede cuadrar en función de lo que diga Sonia", "voy a hablar con Sonia y con lo que sea te llamo", "y si tienes que hablar con Sonia, te vas a hablar con Sonia".
El 22 de mayo, Sonia Castedo logró el mejor resultado en la historia de Alicante para el PP, pasando de 15 a 18 concejales. Sumó 15.000 votos más. El caso Brugal seguro que le ha afectado a su imagen, pero no le ha pasado ninguna factura en las urnas.
Con información de Santiago Navarro.
"Alperi va a reunirse con esta gente para decirles que lo tienen que arreglar y os dejen contentos"
El promotor Enrique Ortiz habla con José Cortina, director general de Bancaja y director del área de negocio nacional. El constructor, según las grabaciones de la policía, reitera que el alcalde Luis Díaz Alperi se va a reunir con los encargados de confeccionar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante para decirles que "lo tienen que arreglar" y dejar contentos a los de Bancaja.
Ortiz. En resumen, que va a reunirse con esta gente para decirles que lo tienen que arreglar y que os dejen contentos
Cortina. Vale, entonces, ¿la edificabilidad es la original que teníamos?
Ortiz. Le he dicho que os iban a bajar la edificabilidad, que tal y que cual, que estéis tranquilos que ha dicho que va a tomar él cartas en el asunto. No me ha dicho más porque no conoce al detalle el tema, pero que va a tener una reunión con esta gente del PGOU y me dirá algo, pero su voluntad es arreglarlo. Ya te tendré yo al día.
Cortina. Mañana te llamaré y te digo a qué hora hemos quedado con Domingo.
[Según la policía, estos intereses podrían estar relacionados con las actuaciones urbanísticas del PAU 3 de Alicante. El 29 de mayo de 2008 hablan Ortiz y el entonces alcalde, Luis Diaz Alperi, interesado en agradar al constructor].
Alperi. Una cosa que me interesa saber: ¿a ti perder la condición de urbanizador del APA-9 es una cosa que te preocupa?
Ortiz. Me puede preocupar relativamente, pero no cierres todavía nada.
Alperi. Pero ¿es algo que te preocupa o no?
Ortiz. Lo que pasa, que si las ventajas son importantes... si por un lado gano tres y por otro pierdo uno, pues bien.
Alperi. Vale, vale, es que yo necesitaba saberlo; vamos, que si lo pierdes tampoco pierdes nada.
Ortiz. Si gano económicamente, no pasa nada.
Ortiz a Sonia Castedo: "Tengo que hablar contigo para marcarme mi estrategia de todo"
En la recta final de la redacción del PGOU de Alicante, entre mayo de 2008 y junio de 2010, las conversaciones entre Enrique Ortiz y Sonia Castedo, entonces concejal de Urbanismo y meses más tarde alcaldesa de Alicante (septiembre de 2008), fueron casi diarias. Una trascripción del 12 de mayo de 2008 revela los primeros contactos.
Ortiz. ¿Qué quieres que hagamos?
Castedo. Pues lo que tú quieras. Dime cómo te va mejor (...). Tú no estás aún citado por mí, ¿verdad?
Ortiz. ¡Qué va!, si pasas de mí que te cagas.
Castedo. No, no, de manera oficial.
Ortiz. ¡Noooooooo!
Castedo. Vale, vale, perfecto (...).
Ortiz. ¿Quieres que vaya a la una? ¿A qué hora llegas tú al despacho?
Castedo. No quiero que vayas al despacho, prefiero ir yo al tuyo, fíjate.
Ortiz. Ah, que lo que no quieres es que me vean allí.
Castedo. No, no quiero que te vean allí, claro. (...)
Ortiz. Yo es que quiero irme contigo ya, porque tengo un montón, tengo que hablar contigo para pensar qué hago, marcarme mi estrategia de todo.
Castedo. Bueno, o me puedo acercar a tu casa, o te puedes acercar a mi casa.
Días después hablan medio en clave de unos documentos.
Ortiz. Eres la tía más lista que he conocido en la vida.
Castedo. ¿Por qué?
Ortiz. Me has dado un tebeo del Coyote.
Castedo. No sé lo que va dentro. ¿Qué va dentro?
Ortiz. Eres la hostia, eres la tía más grande que he conocido en la vida.
Castedo. Porque, ¿qué va dentro?
Ortiz. Es el mismo que tengo antes de la modificación.
Castedo. No puede ser, si es el último.
Ortiz. Eres un crack.
Castedo. Es el mismo que tengo yo.
Ortiz. Pues si es el mismo es porque no ha variado. Ha tenido que variar porque había un montón de suelo de la Generalitat.
Castedo. Pues lo mismo no aparece ahí, porque el cambio fue antes de... Yo hablo con él.
* El País - JOSEP TORRENT 12 JUN 2011
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y empresario Ortiz (archivo) - elmundo.es
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ELPAÍS/Barcelona* : El juez del caso Palau ha llamado a declarar como imputado a Marc Puig, exsecretario de Comunicación del Gobierno catalán en la época de Jordi Pujol, ante las sospechas de que su empresa sirvió para desviar fondos del Palau de la Música a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Puig era el administrador de la empresa de publicidad Emocional Base cuando ocurrieron los hechos, en 2006. Según el informe de Hacienda que ha derivado en su imputación, la empresa facturó casi 60.000 euros al Palau por trabajos dudosos.
Además de alto cargo del último Gobierno de Pujol, Puig fue consejero de administración de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de RTVE. Desde el año pasado es director de comunicación y atención ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona.
Según la providencia dictada por el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, Puig deberá declarar como imputado el próximo 22 de octubre.
Hacienda sospecha que los 60.000 euros facturados por Emocional Base acabaron en manos de CDC a través de quien fue su tesorero, Daniel Osácar, también imputado en la trama política del caso Palau. El juez sospecha que el origen del dinero está en la constructora Ferrovial, que presuntamente hizo pagos al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública. Entre 2005 y 2008, la empresa de Puig realizó trabajos para Convergència y otras plataformas de la órbita nacionalista. Además, tuvo a sueldo en su empresa a la hija de Daniel Osácar, Mònica Osácar.
Además de Puig, deberá declarar como imputado Ramon Marc Martí, responsable de la empresa Publiciutat, que entre 2006 y 2007 facturó al Palau 237.399 euros por trabajos de publicidad y relaciones públicas.
Esas dos empresas de publicidad no son las únicas que, supuestamente, sirvieron para camuflar pagos de Ferrovial a CDC. Los responsables de distintas empresas de buzoneo y montaje audiovisual están imputados también en la causa por su papel en el desvío de fondos.
El pasado mes de julio, el juez impuso a CDC una fianza de 3,2 millones al considerar a CDC responsable civil “a título lucrativo”, ya que se benefició, supuestamente, del expolio del Palau perpetrado por Fèlix Millet y Jordi Montull.
* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 2 OCT 2012
Foto: Barcelona, Palau de la Música ampliación - 20minutos
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Ecologistas en Acción* ha presentado su informe sobre la calidad del aire en el Estado español durante 2011. Entre las conclusiones más relevantes del trabajo, se desprende que un 94% de la población respira aire que supera los índices recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Si nos atenemos a los límites de contaminación que marca la legislación, el porcentaje de población afectado sería del 22%, 10,4 millones de personas. La situación, a pesar de su gravedad, se mantiene en unos niveles estables en los últimos años, sobre todo por el efecto de la crisis. El principal agente contaminador del aire es el tráfico en las zonas metropolitanas. Las Administraciones no están adoptando las medidas necesarias para solucionar este serio problema de salud pública.
El estudio, realizado como cada año por Ecologistas en Acción, analiza la calidad del aire que respira la práctica totalidad de la población española (47,02 millones de personas en enero de 2011). Los datos utilizados provienen de los que facilitan las Administraciones autonómicas a partir de sus redes de medición de la contaminación.
Los resultados más relevantes de este estudio son los siguientes:
Los contaminantes que más problemas de salud originan en el Estado español durante 2011 son las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el ozono troposférico (O3), el dióxido de azufre (SO2) y el dióxido de nitrógeno (NO2). Para la valoración del porcentaje de población española que respira aire contaminado se han tenido en cuenta todos estos contaminantes.
La población que respira aire contaminado en el Estado español, según los valores límite establecidos por la Directiva 2008/50/CE, es de 10,4 millones de personas. Esto es, un 22% de la población respira un aire cuya contaminación supera los límites legales.
Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la OMS, la población que respira aire malsano se incrementa hasta los 44,3 millones de personas. Es decir, un 94% de la población. A destacar que el informe publicado la semana pasada sobre la calidad del aire en Europa por la Agencia Europea del Medio Ambiente ha utilizado esta misma metodología de análisis –referida a las recomendaciones de la OMS– que viene usando Ecologistas en Acción desde hace años.
La principal fuente de contaminación en áreas urbanas (donde vive la mayor parte de la población) es el tráfico rodado.
Al igual que en los años siguientes a 2007, durante 2011 se registra una pequeña reducción de los niveles de contaminación con respecto a años precedentes, algo que –como viene apuntando esta organización ecologista– sigue ocurriendo más por razones coyunturales que por la aplicación de medidas planificadas y orientadas a mejorar la calidad del aire. Entre las causas de esta situación destacan: la reducción de la movilidad originada por la crisis (el consumo de combustibles de automoción en 2011 es un 14,8% inferior al de 2007, aunque se ha experimentado un repunte en 2011); la disminución de la actividad industrial debido a la coyuntura económica; y por último, la evolución del parque automovilístico hacia vehículos más pequeños y eficientes y, por tanto, menos contaminadores.
Ecologistas en Acción quiere destacar que la contaminación del aire es un asunto muy grave: estudios de la Comisión Europea cifran en 19.940 fallecimientos prematuros al año en España por esta causa [1]. A pesar de ello, las Administraciones no están tomando las medidas necesarias para solucionarlo. En particular:
Las superaciones de los límites legales se vienen repitiendo de forma sistemática en los últimos años. La Comisión Europea inició, en enero de 2009, un procedimiento de infracción contra España por el incumplimiento de la normativa sobre calidad del aire que está a punto de llevarnos al Tribunal de Justicia Europeo.
La información al ciudadano no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.
Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire y los Planes de Acción para reducir esta contaminación, obligatorios según la legislación vigente, en muchos casos no existen, y en otros apenas si tienen efectividad por falta de voluntad política de acometer medidas estructurales. Estos planes son responsabilidad de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos.
El anterior Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino aprobó in extremis un Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire que no se ha puesto en marcha. Por su parte, el actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha señalado que pretende modificar dicho plan y la Ley de Calidad del Aire para hacerlos “más realistas”, algo que no invita al optimismo sobre la ambición para reducir la contaminación.
Ecologistas en Acción recuerda que las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire pasan por la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público (en especial el eléctrico), además de dar facilidades a los medios no motorizados en las ciudades. Por su lado, para mejorar el aire de las zonas industriales la mejor estrategia es la adopción generalizada de las mejores tecnologías industriales disponibles y la reducción drástica de la generación eléctrica por centrales térmicas.
Notas
[1] Dirección General de Medio Ambiente, Comisión Europea, 2005: CAFE CBA: Baseline Analysis 2000 to 2020. pág 105
* Ecologistas en Acción - 2.10.12
Foto: Contaminación en Madrid - S.Burgos (El País)
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DIARIODELEÓN* : Ahora que tanto se habla del rescate financiero de los bancos, cuando la fusión entre Caja España-Duero y Unicaja entra en su fase final, salen a la luz nuevos datos sobre la gestión que se ha llevado a cabo en la dirección de la Caja leonesa en los últimos años.
El director general de la sociedad inmobiliaria de la entidad, Inmocaja, ex teniente de alcalde y ex concejal de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento de León, Cecilio Vallejo, facturó 331.588,71 euros —más de 55 millones de las antiguas pesetas— a la Caja por trabajos como arquitecto para Viproelco, sociedad participada por España-Duero, pese a que su contrato como director general de Inmocaja se lo prohibía expresamente.
Desde el 2006 al 2010, Cecilio Vallejo facturó a través de Sami Gestión S.L., sociedad creada el 9 de junio del 2004 y en la que el ex concejal figura como administrador único, esa cantidad a Viproelco por la «redacción de proyectos básicos y de ejecución y la dirección de obras», que él mismo se adjudicaba, de diversas parcelas y sectores urbanísticos que desarrolla la sociedad Viproelco.
En concreto, del 2006 al 2009, Vallejo recibió a través de Sami Gestión, S.L., la cantidad de 264.250 euros y en el 2010, 67.338,71 euros. Ya el año pasado, una vez que se había cerrado la fusión entre Caja España y Caja Duero se descubrió que aún quedaban pendientes de pago 17.688,43 euros a Sami Gestión, pero el propio ex concejal y todavía director general de Inmocaja renuncia a cobrarlos en el consejo del 18 de mayo del 2011. A este dinero hay que sumarle los 155.472,48 euros —más de 25 millones de pesetas— que el ex teniente de alcalde cobra aún como director general de Inmocaja, a razón de 12 pagas de 13.312 euros al mes, además de los gastos por dietas y viajes.
Un contrato que se selló el 29 de diciembre del 2006, que entró en vigor el 1 de enero del 2007 y en el que en su cláusula quinta se le prohíbe expresamente ejercer otro tipo de actividad. Esta cláusula dicta textualmente: «Don Cecilio Javier Vallejo se compromete expresamente a prestar servicios en la empresa que le contrata en régimen de plena dedicación, no pudiendo, en consecuencia, y mientras dure el contrato, ejercer por cuenta propia o de terceros, actividad alguna, suponga o no competencia para esta entidad mercantil, salvo autorización expresa de la misma».
Una autorización que Cecilio Vallejo no tiene, como lo demuestran los escritos remitidos por el entonces consejero delegado de Inmocaja y director general de Caja España, José Ignacio Lagartos. En el primero, fechado el 26 de mayo del 2010, se le pide expresamente que comunique al Consejo, «cuantos trabajos vaya a realizar tanto por cuenta propia como de terceros» y que sean distintos a los que tienen que ver con su actividad como director general.
Eso sí, llama la atención, que esta exigencia llegue tres años después de la firma del contrato como director general, en el que se le exigía «plena dedicación». A esta petición, Vallejo responde con un escrito de solicitud para que le autoricen la participación en la «redacción y dirección de obra» de Viproelco. La respuesta de Inmocaja, a través de su consejero delegado, llega el 25 de junio del 2010 y es clara y contundente: «En atención a la estipulación quinta de su contrato de trabajo, en la que se pacta su prestación de servicios en exclusiva, le informamos que no está autorizado para realizar actividad alguna bien por cuenta propia o de terceros, en cualquier otra empresa diferente a Inmocaja».
Ante la contundencia de la negativa, el 30 de junio, Vallejo reconoce haber realizado trabajos «como arquitecto en el control y dirección de las obras» de Viproelco, algo que no le permite su contrato con Inmocaja, y exige cobrar lo estipulado del 5% en la redacción del proyecto y el 10%, por la dirección de obra, «dado lo avanzado de las obras». Eso sí, añade que no desarrolla «ninguna otra actividad profesional como arquitecto».
Una afirmación que desmienten los informes de situación de Viproelco, en los que el político figura como arquitecto y director de obra en las promociones que Viproelco ejecuta en El Portillo, Los Juncales y la Universidad.
* Diario de León - F.Ramos - 27.9.12
Foto: León, ayuntamiento - google
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ElPAÍS/Málaga* : El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha asegurado hoy que desde que fue elegido concejal en 1991 tuvo “grandes sueldos” y cobró entregas periódicas de sociedades municipales y gratificaciones puntuales del entonces alcalde, Jesús Gil, que ocultó a Hacienda y que nunca ingresó en cuentas. “¿Por qué no puedo tener el dinero en mi casa?, no me gustan los bancos, tengo malas experiencia con ellos”, ha repetido Muñoz a la fiscal durante un tenso y enredado interrogatorio en la causa por blanqueo que se juzga en la Audiencia Provincial de Málaga.
El exalcalde está acusado de haber blanqueado 3,5 millones de euros que obtuvo en sobornos y comisiones durante el tiempo que tuvo responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Marbella, con la colaboración de su ex mujer, Maite Zaldívar, y de la cantante Isabel Pantoja, con la que tuvo una relación posterior. Ambas están también procesadas junto a otras siete personas.
Durante su interrogatorio, Muñoz ha sido muy vehemente para explicar que el dinero no procedía de prácticas corruptas, sino que fue ganado lícitamente, aunque buena parte fuera en negro, y desde 1991. Los informes de la policía que ha investigado el caso se centran en los ingresos que obtuvo Muñoz desde 1997 y que eran muy inferiores a los gastos que realizó, desequilibrio en el que se fundamentan las pruebas de la acusación.
Ha relatado que antes de ser concejal se había enriquecido con dos negocios que tenía en Puerto Banús, y que desde que entró a formar parte de la corporación municipal, en junio de 1991, empezó a cobrar además de su sueldo como edil y dietas por asistencia a plenos y comisiones, más la asignación como diputado provincial, “un sobre mensual con 300.000 pesetas (1.803 euros) de Contratas 2000”, una sociedad municipal, y desde 1993, 400.000 pesetas por el mismo procedimiento en negro de otra empresa pública, Eventos 2000. Además ha dicho que Jesús Gil gratificaba en ocasiones a sus concejales con cantidades que llegaban hasta un millón de pesetas (6.000 euros), y que el fundador del Grupo Independiente Liberal (GIL) le prestó además 22 millones de pesetas (133.223 euros) para comprar una casa que nunca le devolvió.
Muñoz ha intentado justificar así a la fiscal que pudiera realizar gastos que no tienen explicación en sus ingresos declarados como la adquisición de una vivienda que puso a nombre de sus hijas, de las acciones de una sociedad (3.000 euros) para su exmujer Maite Zaldívar, de una casa en el centro de Marbella a nombre de esta firma, un vehículo todoterreno, una embarcación y otra empresa de pavimentos en la que intervino su excuñado Jesús Zaldívar, también acusado.
Admite que recibía “un sobre mensual con 300.000 pesetas (1.803 euros) de Contratas 2000”
Pero en su testimonio, Muñoz ha ofrecido todo un contraste a lo largo de su vida, coincidiendo con su declive político (fue derrocado por una moción de censura en agosto de 2003) y su relación con Isabel Pantoja. Así, de toda la altanería con la que ha descrito sus grandes ganancias anteriores, ha llegado a dibujar la ruina absoluta durante su relación con Pantoja, hasta el punto de afirmar que hasta le tenía que dar dinero para un café. Ha asegurado que su intervención en la compra de la casa de La Pera se limitó a presentar a un intermediario a la cantante para que negociara con Banif, entidad del grupo Banco Santander, la compra y la hipoteca, que se la dieron al 100%. También ha negado haber intervenido en los negocios ganaderos de Pantoja, aun cuando en su día declaró al juez instructor que vendió reses, y que tampoco tuvo nada que ver en la operación por la que la cantante compró un apartamento en el hotel Guadalpín, a precio más bajo de mercado, después de haber permitido la apertura del establecimiento al que había paralizado y multado por exceso de edificabilidad. “De los temas económicos de la señora Pantoja no conozco absolutamente ninguno”, ha recalcado.
Muñoz ha protagonizado numerosos encontronazos con el presidente del tribunal, el juez Federico Morales, tras haber hecho un amago de negarse a declarar. El abogado defensor de Julián Muñoz pidió aplazar el testimonio de su defendido porque asegura que hasta anoche no se recibió la documentación del Ayuntamiento de Marbella sobre los ingresos que ha tenido Julián Muñoz desde 1991 y que insiste en incompleta. El juez negó la petición y Muñoz se negó entonces a declarar, pero ante las advertencias del presidente del tribunal de que si no lo hacía en ese momento ya no tendría oportunidad de hacerlo en toda la vista oral y tras consultar cinco minutos con su letrado, finalmente accedió.
El juez ha sido implacable con la vehemencia de Muñoz, al que en varios momentos ha reprendido su actitud. En varios momentos le ha conminado a que se limitara a contestar las preguntas de la fiscal sin replicarle ni devolverle interrogantes, y que se ciñera a los asuntos requeridos sin explayarse en divagaciones. “No nos podemos permitir el lujo de la explicación que está dando, cada uno tiene una historia, pero la historia de la vida de cada uno de ustedes no cabe en esta sala”.
En otro momento, cuando Muñoz ha contestado a la fiscal que compraba sociedades cuando teóricamente no tenía dinero “porque quería, como hacen muchos españoles”, el juez le ha interrumpido para amonestarle: “Usted divague por si, no en nombre de los españoles, por respeto del momento que estamos viviendo y sufriendo, no extienda su conducta al resto de los españoles”.
* El País - DIEGO NARVÁEZ Málaga 2 OCT 2012
Foto: Muñoz en el juicio - elpais
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ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha imputado a los dos alcaldes del PP de Alicante, la actual regidora Sonia Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados del amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz.
El magistrado del alto tribunal Juan Climent, que instruye esta causa (una de las tres piezas clave del sumario de caso Brugal), ha citado a ambos altos cargos del PP para interrogarles el próximo día 19.
Climent, en una providencia firmada este lunes, ha asumido los argumentos del primer instructor de esta causa, Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante. Tejada observó indicios de delito en la conducta de Castedo y Alperi en el trámite de PGOU y remitió el pasado mes de julio el sumario al TSJ dada la condición de aforados de Castedo y Alperi. Ambos son diputados autonómicos.
La policía, el fiscal anticorrupción y el instructor mantienen que Castedo y Díaz Alperi redactaron el PGOU siguiendo los “deseos” del constructor Ortiz y a cambio de dádivas. En el caso de Alperi, un viaje en un jet privado a Creta; y en el de Castedo, unas vacaciones en Andorra y un coche de la marca Mini.
En su escrito de motivación razonada enviado al TSJ, el juez Tejada aseguró: “Indiciariamente resulta la percepción y/o solicitud de dádivas por parte de los aforados [Castedo y Alperi] por la comisión de un acto cuando menos injusto, pues merced a las mismas, los aforados facilitaron información que no debía ser pública relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante e incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular [Ortiz], prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés particular”.
Según el juez, Castedo y Alperi adaptaron seis PAIS a los intereses de Ortiz. Y destaca que, sobre la base de información secreta, Ortiz acaparó suelo protegido para permutarlo por urbano. La policía cifró este pelotazo en 120 millones.
El sumario de Brugal está plagado de conversaciones entre Ortiz, Castedo y Alperi que demuestran la cercanía entre ellos el supuesto trasvase de información secreta. En una de esas conversaciones, Castedo dice a Ortiz: “Te hemos apañado también lo que hay en el APA 9, Lomas del Garbinet, y también lo del Rico Pérez”.
En este sumario había ya 16 imputados, entre ellos, el propio promotor Ortiz, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, el abogado urbanista, José Luis Castedo, hermano de la regidora, y tres exdirectivos de Bancaja y CAM.
Castedo encajó la imputación con aparente satisfacción: “Es la única manera que tengo para defenderme”, dijo, al tiempo que agradeció la diligencia del TSJ en llamarla a declarar.
Castedo y Alperi se mantienen en sus cargos de momento, aunque la regidora sí ha anunciado que dejará el acta de diputada. El PP se limitó a asegurar que les abrirá un expediente informativo. Los tres grupos de oposición (PSPV, EU y UPyD) exigieron la dimisión urgente de ambos cargos del PP.
La oposición exige la marcha de Castedo
Los tres partidos en la oposición en el Ayuntamiento de Alicante han exigido su dimisión tras conocerse la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo. "Mantenerse en el cargo es arrastrar por el fango la imagen de la ciudad. La gestión del PP al frente de Alicante desde el año 95 está bajo sospecha con una alcaldesa imputada y un exalcalde en la misma situación", ha esgrimido el secretario general de la agrupación socialista, Gabriel Echávarri.
EU, por su parte, ha solicitado la dimisión "inmediata y fulminante" de Castedo y de Alperi. La formación considera que el presidente del Consell, Alberto Fabra, "debe pedirles hoy mismo su dimisión como diputados en las Cortes Valencianas si quiere tener alguna credibilidad en la lucha contra la corrupción". EU ha solicitado la dimisión de Castedo en los últimos plenos municipales.
Unión Progreso y Democracia, finalmente, también ha insistido en que la alcaldesa debe dejar su cargo. La formación considera necesario convocar un pleno extraordinario para votar un nuevo alcalde entre los 29 concejales restantes de la corporación municipal.
* El País - SANTIAGO NAVARRO / ROSA BIOT - 1.10.12
Foto: Sonia Castedo recibe la felicitación de su predecesor, Luis Díaz Alperi, tras tomar posesión como alcaldesa de Alicante. / PEPE OLIVARES
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ELPAÍS/A Coruña* : Autorizar un chalé en suelo protegido a sabiendas de que era ilegal les ha supuesto una multa de 1.080 euros y la inhabilitación para cargo público a cuatro exediles de Pontedeume (dos del PSOE y dos del BNG), ya retirados de la política local. La condena por prevaricación urbanística les llega diez años después de participar en la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Pontedeume que el 30 de mayo del 2002 autorizó a un vecino de esta localidad coruñesa a levantar una casa unifamiliar en una finca de 2.500 metros cuadrados el lugar de Casquido, en la parroquia eumesa de Nogueirosa.
Unos meses antes, la secretaria municipal había advertido en un informe jurídico fechado el 26 de diciembre de 2001 que la vivienda invadía una “zona de protección costera” e informaba desfavorablemente a la licencia. Aún así, los cuatro ediles de la comisión de gobierno votaron a favor. Su argumento para justificar un delito urbanístico fue que se estaban levantando otras construcciones en la misma zona —en suelo clasificado en el planeamiento municipal como no urbanizable— y que denegarle la vivienda a este vecino sería “un agravio comparativo”, en palabras de Manuel Rei, del BNG, y uno de los cuatro exediles condenados.
Por medio, se cruzó la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta, adscrita a la Consellería de Política Territorial, que en 2003 envió al Seprona a constatar la existencia de “varias casas en fase de ejecución en suelo protegido” y formalizó la denuncia. La vivienda en cuestión tampoco se ajustó al proyecto técnico ya que superaba “ampliamente” las dimensiones y altura permitida.
De la instrucción se ocupó un juzgado de Betanzos que tardó años en remitir la causa al tribunal coruñés. Diez años después, y con la casa en pie, el juzgado de lo penal número 1 de A Coruña ha condenado a Julio Yáñez Bengoa, Manuel Allegue Curbeira, Manuel Rei Romeu y Emilio Salorio Fraga por un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo.
Al juez no le cabe duda de que los exconcejales “votaron a favor de la licencia a sabiendas de su ilegalidad, injusticia y arbitrariedad” y desoyendo “con absoluto desprecio” las advertencias de la secretaria que “claramente les expuso que era contrario a derecho” para dar luz verde a una construcción “al margen de la legalidad”.
El magistrado Javier Clemente Lázaro les impone a los cuatro exediles una sanción de seis euros diarios durante seis meses para cada uno además de inhabilitarlos para cualquier cargo “de naturaleza electiva y ámbito local” por un periodo que no se concreta en el fallo.
El nacionalista Manuel Rei ejerció de alcalde accidental en la comisión de gobierno que les ha costado la condena a él y a Salorio, su compañero de filas, junto a los socialistas Allegue y Yáñez. Entre los imputados también figuraba el arquitecto técnico municipal, Manuel Ignacio Valiente García, que redactó un informe favorable a construir una casa en una zona de protección litoral. El juez condena a los cuatro políticos pero absuelve al perito en una sentencia de 14 páginas fechada el 16 de julio y que ya ha sido recurrida por los cuatro exconcejales ante la Audiencia Provincial de A Coruña. El retraso de la justicia en dictar sentencia tras un procedimiento de “tramitación relativamente sencilla” han funcionado como atenuante.
El letrado de los concejales, José Luis Arangurén, explica que el mismo atestado de la Guardia Civil que motivó la denuncia figuraban otras tres construcciones unifamiliares similares a la de Casquido que los tribunales no ha encontrado irregulares. "Tres fueron sobreseídas y esta es condenatoria", expone. Opina que estos problemas urbanísticos derivan de una modificación de la Lei do Solo que provocó "un maremágnum de normas irreconciliables e interpretables que invitaban a la confusión".
En la misma zona de Pontedeume, en terrenos próximos a la desembocadura del río Eume, fueron denunciadas siete viviendas y una ampliación de tejado por presuntas irregularidades urbanísticas.
* El País - LORENA BUSTABAD - 29.9.12
Foto: La casa ilegal en Pontedeume que ha provocado la inhabilitación de los exconcejales. / GABRIEL TIZÓN
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ELPAÍS/Girona* : Aquí los dioses se lucieron”, cuentan Martí Franch y Ton Ardèvol (arquitecto del paisaje e interiorista, respectivamente) a propósito del paraje de Tudela-Culip, al norte del parque natural del Cabo de Creus (Girona). Geológicamente, este rincón de la costa catalana es uno de los más espectaculares de España. Un lugar maravilloso donde se construyó un complejo turístico en 1961, el Club Med, cerrado 40 años después. Tras la clausura, se quiso borrar la huella dejada por aquel desarrollo urbanístico a través de un proyecto de deconstrucción y restauración encargado por las instituciones y acometido por un equipo multidisciplinar de 45 personas, al frente de las cuales están Franch y Ardèvol. La mayor actuación de estas características jamás ejecutada en la cuenca mediterránea ha dado resultado, convirtiendo un espacio privado en un bien público. Un proyecto que es el único español finalista en la Bienal Europea de Paisaje que se celebra en Barcelona a partir del día 27 de septiembre.
“Mira esta fotografía. Y ahora esta otra. Por arte de magia, lo que había construido ha desaparecido”, explica la geóloga Marta Puiguriguer, que espera a la entrada del recinto. La magia no es brujería. Es arte de un equipo obsesionado para que “nada perturbe la belleza del paisaje, un icono por sí mismo”. Junto a ella, Franch y Ardèvol, comenzamos una caminata de 1,7 kilómetros. Donde hoy se disfruta de formas rocosas, antes solo se veían edificios. El camello, el águila o el rinoceronte que inspiraron a Salvador Dalí para el Gran masturbador resurgen en todo su esplendor. Rocas, esquistos y pegmatitas que, erosionadas por el viento durante millones de años, han creado morfologías singulares. Para los geólogos, este paraje de imposible acceso hasta hace poco es un laboratorio al aire libre donde observar lo que ocurrió hace unos 300 millones de años a 14 kilómetros bajo tierra y a 600 grados de temperatura. “Es como si tuviéramos una ventana de lo que está pasando en algunos puntos del interior de la Tierra”, cuenta Puiguriguer.
Realmente nadie diría al llegar, tras dejar Cadaqués y desviarse a la izquierda en la carretera que conduce al faro del cabo de Creus, que allí hubo una vez 400 bungalós, restaurantes, anfiteatro, pista de tenis, campo de fútbol, muelle para embarcaciones y hasta un helipuerto. Casi no queda rastro del complejo turístico levantado para la clase media francesa en pleno franquismo por el arquitecto figuerense Pelayo Martínez -con la complicidad del pintor Salvador Dalí, que temía la destrucción del paraje- y considerado por los expertos como uno de los mejores ejemplos ibéricos de arquitectura moderna de los años sesenta.
El Club Med de Cadaqués fue languideciendo. La ciudad de vacaciones había caído en desuso, sobre todo por la imposibilidad de transformar su modelo turístico de un todo pagado austero en un entorno protegido. La designación del cabo de Creus como parque natural en 1985 y luego reserva natural integral por la Generalitat de Cataluña dejó al complejo sin posibilidad de modernizarse.
Dos décadas después, en 2005, con la economía en su máxima expansión, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, llevó la Ley de Costas al extremo para iniciar una campaña de recuperación de la zona marítimo-terrestre, para convertirla en un espacio público, de acceso libre y sin edificaciones (nada que ver, por cierto, con la barra libre que proyecta ahora el Gobierno de Rajoy). El objetivo era destruir edificaciones y urbanizaciones ilegales para devolver el espacio a la ciudadanía. El paraje de Tudela-Culip en el cabo de Creus era el más emblemático, por el embrujo del lugar y sus dimensiones. Así que el Ministerio pagó al Club Med cuatro millones de euros por sus 200 hectáreas, con el objetivo de hacer desaparecer 45 hectáreas de ellas, las urbanizadas. También se debían recuperar los ecosistemas naturales, la playa, la fauna autóctona y la flora (como el enebro o el limonium) para dar un uso social al paraje. Pasar del turismo del sol, arena, mar y sexo -las cuatro eses, que dicen los ingleses- al turismo paisajístico, que también genera riqueza ambiental y económica.
La ejecución del proyecto empezó en julio de 2009 y terminó 14 meses después, en plena crisis económica, con un coste de siete millones de euros, que sufragó la Generalitat a través de la Gestora de Runas de la Construcció. El equipo de Franch y Ardèvol elaboró un diagrama detallado de cómo se debía realizar la deconstrucción. Son 35 fichas en las que describen el procedimiento, desde los materiales textiles (para evitar que los escombros ensucien el entorno) hasta pequeñas herramientas para repicar la roca, barrer y aspirar el polvo.
La máxima de la reutilización se llevó al extremo con los 43.000 metros cúbicos de escombros. Lo que era autóctono, una tercera parte, se reutilizó allí mismo. El resto se envió a la marina seca de Roses en camiones. Solo en flora exótica arrancada, como el diente de león -desperdigada por 90 hectáreas, el equivalente a 120 campos de fútbol-, se generó una cantidad de rastrojos similar al volumen de un edificio de cuatro plantas. Pero ni se quemó ni se movió. Se dejó secar. Sirve de colchón en los cráteres dejados por los edificios, cubiertos por los 4.000 metros cúbicos de zócalos de pizarra construidos sobre los que reposaban los inmuebles del Club Med.
El equipo restauró estratégicamente algunos zócalos, aquí y allá. Los más grandes, en el antiguo punto de información del complejo, que sigue teniendo la misma función, aunque ahora informa sobre la geología, vegetación y el poso cultural del paraje, que ha servido de fuente de inspiración desde tiempos remotos. Ellos se inspiraron para la restauración en las descripciones de la zona del escritor Josep Pla. “Es un homenaje a lo que significó para muchos este lugar, cuando soñábamos con la libertad de la que disfrutaban los clientes del Club Med. Además, es muy importante recordar que fue un complejo turístico muy bien diseñado y respetuoso con el medio ambiente”, asegura Ton.
La sensibilidad de los autores se percibe durante todo el paseo. En teoría, una hora de ida y otra de vuelta. En la práctica, bastante más si uno se deja embrujar por el entorno. Ellos se lo han pateado cientos de veces. “Creo que hemos hecho 200 kilómetros durante las visitas de obra”, recuerda Ardèvol. Empapándose del ambiente, porque este no es un proyecto realizado solamente sobre plano ni desde un despacho. “En la oficina ves los volúmenes, pero no eres capaz de percibir las texturas ni el horizonte”, remata Franch.
Durante un tramo, el itinerario cambia. El asfalto deja paso al hormigón pigmentado con el color blanco y rosado de la piedra del lugar, la pegmatita. Es como si la roca hubiese resbalado sobre el camino. La eliminación de las carreteras también forma parte de la reconstrucción. Solo queda la que marca el recorrido a seguir hasta el final, en la cala Culip, desde donde se observa el faro. Es la única playa donde uno se puede bañar; en el resto está prohibido. Antes contemplamos la isla de Portaló desde el mirador donde los turistas practicaban yoga y veían, al fondo, Francia.
Los paneles informativos son mínimos y están muy escondidos durante todo el recorrido. “Hemos evitado al máximo los impactos visuales. Queremos que la gente se centre en las rocas, el mar y el viento. Queremos reivindicar el paisaje y no los artilugios”, dice Martí. Al mismo tiempo, tratan de fomentar la doble percepción a la que invitan las rocas del lugar. Algunos atriles tumbados indican dónde se pueden descubrir formas animales en las rocas. Un águila o un conejo por aquí, una pareja de monos o de enamorados por allá…
A Franch y Ardèvol les preocupa mucho cómo envejece la obra. Dos años después de haber sido entregada, recupera poco a poco, día a día, su estado natural. “Marta, ¡mira cómo crecen los enebros y los coixinets de monja!”. “¡Fijaos en la playa, ya no queda rastro del espigón!”. Este verano ha sido el primero en que cualquier persona podía visitar el paraje, a cinco euros por vehículo. Sin embargo, las instituciones aún no saben bien cómo gestionar el uso público, tanto lúdico como didáctico, de un enclave que ha costado años y 11 millones de euros en recuperar. Ellos consideran que “no solo es importante por las aves y las plantas. Es más calidad de vida para los lugareños. Sin olvidar que fomenta la cultura de la naturaleza, que es un nuevo patrimonio”.
El reclamo de cualquier sitio turístico, fíjense en cualquier postal, es siempre el paisaje. El camino que ellos han marcado en el cabo de Creus plantea el derecho social a un paisaje y medio ambiente de calidad, lo contrario a lo que plantea la nueva Ley de Costas del Gobierno de Rajoy. Algo de razón tendrán, porque acumulan varios galardones por este proyecto. El gremio ha reconocido la tarea artística coral de un equipo de 45 personas, capitaneadas por Martí Franch (Barcelona, 1971) y Ton Ardèvol (El Poal, Lleida, 1951), en el cabo de Creus. El primero, el Premio de Arquitectura de las Comarcas de Girona y del Jurado de la Cultura. El más reciente, de la Asociación Americana de Arquitectos Paisajistas (ASLA) a los mejores proyectos de ordenación paisajística del mundo, el único europeo entre los nueve elegidos. El veredicto del jurado es elocuente: “Esto es integración artística en el paisaje (…). No se trata de salvar el mundo, solo quiere ser lo que es”.
* El País - LAIA REVENTÓS - 28.9.12
Foto: Cabo Creus (Girona), Club Med deconstruido - PAU ARDÈVOL
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INFORMACIÓN/Alicante* : No todos somos iguales. Parece lógico pensar que quien está implicado en procesos judiciales de tanto calado como Brugal o Gürtel optaría por acceder al Ayuntamiento de Benidorm para tratar el futuro de media ciudad con discreción: por una puerta lateral o por el acceso directo desde el aparcamiento. Pero Enrique Ortiz, promotor omnipotente, no es así: se deja ver, le gusta que le vean. Mientras espera la cita con la cúpula urbanística del gobierno local de turno, puro en mano, sonrisa de oreja a oreja, se sienta con sus abogados en la mesa más visible de la terraza ubicada frente al Ayuntamiento, saluda a un conocido, abraza a un íntimo y parece disfrutar de su protagonismo. Ortiz es un tipo extrovertido, le sabe sacar jugo a la vida. Y cuando viene a Benidorm se siente como en casa. Domina la situación. Sabe, sabemos, que "media ciudad es de él", afortunada frase del actual alcalde, Agustín Navarro, que define a la perfección el hegemónico lugar que el contratista ocupa en el municipio. Eso ha sido siempre así: a lo largo de los años, Ortiz siempre ha hallado motivos para divertirse: lo hizo con Pérez Devesa, lo hizo con Pérez Fenoll y lo hace ahora con Navarro.
Vara dura. Y eso que en los últimos tiempos la clase política local ha puesto de moda reclamar o prometer mano dura con el promotor: Navarro anunció que para 2013 le obligaría a adecentar el acceso desde la AP-7; la líder del CDL, Gema Amor, señaló, antes de pactar con el PSOE y en otra frase para la historia, que el convenio con El Moralet era "un traje a medida" para Ortiz ; el ya exconcejal de Urbanismo, Juan Ángel Ferrer (PSOE), logró que el pleno le instara a pagar más de 17 millones en cánones urbanísticos por Armanello; su sucesor y actual jefe de la plaza, Vicente Juan Ivorra (CDL), anunció que el empresario por fin abonaría después de 4 años el famoso canon por la estación de autobuses; y la portavoz adjunta del PP, Lourdes Caselles, volvió a pensar en la gloria de las hemerotecas y acusó al nuevo pacto PSOE-CDL de actuar en "connivencia" con él. Pero a la hora de la verdad, tan buenas intenciones colisionan con el particular sentido del humor de Ortiz, quien exige ahora 47 millones de euros por 345.000 m2 en El Moralet que el Ayuntamiento tiene obligación de expropiarle desde 1990. Genial. Otra más. La vida es bella.
Siga sonriendo. Ortiz, que además de dejarse querer por el destino es un tipo instruido, sabe que las finanzas del Consistorio no están para esas alegrías. Pero a él le da igual. Plantea esa espada de Damocles consciente de que así obtiene margen para negociar el resto de grandes asuntos que tiene pendientes en la ciudad: "vale, no te exigiré esos 47 millones pero a cambio en Armanello me vas a dar esto y en el PolígonoÉ pues esto otro". Y a seguir sonriendo.
Problema para el CDL. Cuando Amor dijo aquello de lo del traje a medida se refería a aquel convenio frustrado en El Moralet y por el que Ferrer, a cambio de la expropiación, ofrecía a Ortiz y a su socio Antonio Solana terreno edificable equivalente a 500 viviendas en otras zonas de Benidorm. Ahora es el propio CDL el que gestiona urbanismo. Así que tiene un problema: evitar que el Ayuntamiento pague esos 47 millones y a la vez arreglárselas para que nadie pueda decir que son los centristas los que confeccionan trajes. Ivorra, que es un hombre cauto, ha dicho que negociará con Ortiz. Lo de siempre: otra vez a sentarse con quien tiene todos los ases en la manga. Con el que sonríe.
Sin escollos. Y Ortiz juega al póker a pesar de que incluso los tribunales le cercan. Gracias al exedil de Urbanismo socialista Jaime Llinares los jueces investigan o han investigado los impagos del canon de la estación, el posible trato de favor al promotor en Terra Mítica o las rotondas que se habrían pagado dos veces y que han puesto en un brete al exalcalde Pérez Fenoll. Pero qué más da. A nuestro hombre no hay escollo que el emborrone tanta felicidad. Aunque conducir por la avenida Comunidad Europea que el promotor debería haber urbanizado hace años sea aún hoy jugarse la vida.
* Información - ARTURO RUIZ - 26.9.12
Foto: Alicante, empresario E.Ortiz y alcaldesa S.Castedo - elpais
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DIAGONAL* : El Ayuntamiento de Pamplona destruye las huertas de Arantzadi para construir un centro de interpretación. Los vecinos se oponen y luchan por mantener viva la tierra.
En su web dedicada al parque fluvial del Arga, el Ayuntamiento de Pamplona afirma plantearse “la recuperación de este hábitat natural como un objetivo prioritario, integrando el entorno fluvial del Arga en la ciudad no sólo como un espacio público de ocio sino como motor de un urbanismo racional y sostenible”. Mientras el ayuntamiento defiende esto en el mundo virtual, en el mundo real asistimos el jueves 12 de septiembre, y por orden de Juan José Echeverria, concejal de Urbanismo de este equipo de Gobierno, a la destrucción, otra vez, de una huerta comunal en el meandro de Arantzadi, una de las escasas zonas fluviales del río Arga en donde todavía se practica una horticultura ecológica que viene alimentando a la ciudad desde hace cientos de años.
Las primeras lechugas, cebollas y tomateras fueron aplastadas a finales de agosto. Los bulldozers estacionados en la zona acabaron con estas plantaciones cuando el Consistorio de Iruñea inició las obras del proyecto de urbanización del meandro, aprobado por el pleno en 2009 con una total falta de participación ciudadana en su elaboración y tramitación.
La presencia de la policía ante la oposición vecinal se hizo más patente las primeras semanas y especialmente desde que el colectivo Arantzadi Auzolanean (Arantzadi trabajando en comunal) decidió continuar con la labor agrícola de la zona, tarea destinada a desaparecer en el proyecto municipal. El resultado de esta oposición ha sido la represión, además de la destrucción de las huertas. Doce personas siguen detenidas al cierre de esta edición, acusadas de desobediencia y resistencia a la autoridad.
Arantzadi Auzolanean comenzó en junio con un acto de “expropiación” de las dos hectáreas de tierras de la familia Aldaya, ahora propiedad del municipio igual que el resto del terreno: “Le comunicamos al Ayuntamiento que desde entonces la zona quedaba exenta de las obras y que íbamos a empezar con la recuperación de la huerta”, comenta Alberto, un agricultor del colectivo. “Para mediados de julio ya había una huerta en producción, a finales de julio y principios de agosto empezamos la distribución de parte de la producción al comedor social París 365”.
A pesar del destrozo inicial, el 1 de septiembre se organizó una “fiestacción” en la misma huerta destruida “y movimos unas siete toneladas de tierra para volverlas a poner en su lugar original. Todo eso a carretilla y pala y con el trabajo de la gente. Fue emocionante, por aquí pasaron centenares de personas”. Arantzadi Auzolanean continúa su labor todas las mañanas. Mientras, la policía municipal ha vallado la zona y prohibido el paso: “A pesar de los obstáculos la gente circula diariamente, sobre todo muchas personas mayores que conocen el meandro, de los barrios de la Rotxapea y de la Txantrea, pero también vecinos de todas las edades, niñas y niños, gente que tiene familia hortelana y con alguna aproximación al tema, y también gente que jamás en la vida se había acercado a una huerta. Entramos en la zona de obras y trabajamos la tierra, y de vez en cuando hacemos salidas y paramos las máquinas que trabajan en esta zona”.
“Empezamos a juntarnos por una convocatoria de Ekologistak Martxan a toda la gente que nos interesaba el parque”, apunta Teo, arquitecto y miembro de Arantzadi Bizirik (Arantzadi Vivo), un grupo abierto formado por personas y colectivos de distinta índole que mantienen como vínculo común la preocupación por poner en valor y salvaguardar en lo posible la actual fisonomía y características de Arantzadi. “Cuando hicieron el proyecto ya hubo gente que empezó a escribir en la prensa diciendo que aquello no estaba muy claro. Por nuestra parte, hemos analizado las posibilidades de hacer un parque público que mantuviese las huertas productivas, ecológicas, para vender en los mercados de la comarca.
Que se amplíe el uso de huertas a 150.000 m2 (ahora hay unos 130.000), manteniendo la estructura actual de caminos, rebajando setos para contemplar las huertas, con 25.000 m2 de pradera arbolada para libre acceso y manteniendo las huertas sociales. Teniendo en cuenta, además, que es uno de los pocos espacios fértiles que todavía se conservan y que ha sustentado la alimentación de la ciudad durante siglos. Hablamos de agricultura en pleno centro urbano, un privilegio para la ciudad que se debe conservar y no destruir”.
El proyecto municipal no sólo obvia esta realidad sino que la ataca, destruyendo 85.000 m2 de huertas productivas y colocando en su lugar 65.000 m2 de bosque inundable, 20.000 de jardines convencionales, 3.000 para micro huertas particulares y, lo que es más absurdo, mil metros cuadrados para un “museo de la huerta” de hormigón, gestionado por la fundación privada Fundagro, con un coste de nueve millones de euros y 300.000 euros más al año de mantenimiento.
De dicho coste se han gastado ya cinco millones mediante crédito y no hay más fondos para continuar. “La iniciativa es ahora de Arantzadi Auzolanean. Tienen otras maneras de seguir defendiendo lo mismo, pero les apoyamos por completo”, apunta Teo. La lucha por defender un meandro vivo continúa. La próxima cita es el viernes 14 a las 9.30 "cerca de la huera de Beroiz para protestar al paso de los políticos" que acudirán al museo de la Huerta.
* Diagonal - HELENA BENGOETXEA / IRUÑEA - 13.9.12
Foto: LA LUCHA POR LA TIERRA. Vecinos y vecinas siguen cultivando la tierra a pesar de la prohibición policial. / Foto: Ekinklik.
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LEVANTE/Alicante* : Tras caducar el pasado mes de julio el plan transitorio, que estaba en vigor desde diciembre de 2005, nadie sabía a ciencia cierta qué régimen urbanístico imperaba en Dénia. Se especulaba con que había que volver al desarrollista PGOU de 1972, que, entre otras barbaridades, permitía que en la calle Marqués de Campo se levantaran fincas de 13 alturas. El laberinto urbanístico todavía se hizo ayer más intrincado. Poco antes de las 15h llegó al ayuntamiento una sentencia del Tribunal Supremo que lo termina de poner todo patas arriba.
El Supremo tumba el plan transitorio. Rechaza el recurso de casación que presentó la Generalitat Valenciana contra un primer fallo del TSJ de la Comunitat Valenciana que ya daba la razón a la Asociación de Afectados de Almadrava Molins en el recurso contencioso que presentó contra el plan transitorio o de mínimos. Esta última sentencia, que tiene fecha de 13 de septiembre, confirma que el plan de mínimos es nulo pues no contaba con "informes sectoriales preceptivos y vinculantes"; se refiere a los informes de Costas y de la Dirección General de Carreteras.
Al menos ahora ya hay una certeza. Definitivamente, el planeamiento que vale es el de 1972, el último legal que ha estado en vigor.
Los tribunales también anularon el PGOU de 1990.La Asociación de Constructores de Dénia reclamó la pasada semana que se aclarara que régimen urbanístico regía en el suelo urbano. Al caducar el plan transitorio, el equipo de gobierno (PP y Centre Unificat) suspendió licencias en todo el suelo, excepto en el urbano. Los informes jurídicos realizados esta misma semana dejaban claro que se debía seguir aplicando el último plan urbanístico legal, que hasta ahora era el de mínimos. Ese dictamen se iba a llevar al pleno de hoy, pero faltaba la planimetría.
Giro urbanístico inesperado
Pero el urbanismo en Dénia suele dar giros inesperados. Justo cuando el gobierno local apelaba a que aún tenía cuerda el plan transitorio, prorrogado seis veces hasta que el Consell dijo basta, el Supremo lo convierte en papel mojado.
La perspectiva de volver al desfasado urbanismo de hace 41 años es para echarse a temblar. La primera reacción del gobierno local fue de desconcierto. A primera hora de la tarde, nadie acertaba a vislumbrar las consecuencias de la sentencia. Curiosamente, cuando se pidió parecer a la conselleria de Territorio, la respuesta fue que allí no había llegado el fallo.
Pero, avanzada ya la tarde, la concejala de Urbanismo, Pepa Font, de Centre Unificat, llamó a la calma. La sentencia "no tiene demasiadas consecuencias. El plan transitorio ya no estaba vigente tras rechazar la conselleria la última prórroga". Font dijo que es la conselleria la que debe arrojar ahora luz sobre qué régimen urbanístico debe aplicarse en la ciudad. Sin embargo, también avanzó que "en 15 ó 20 días" se llevará a pleno la exposición pública del nuevo PGOU. En ese momento, quedarán suspendidas las licencias en todo el término municipal. El nuevo plan general podría aprobarse definitivamente en mayo, pero eso ya depende de la prisa que se dé la conselleria.
Mientras, desde la asociación de Almadrava Molins, lejos de alegrarse por el litigio ganado, recalcaron que la sentencia llega tarde, pues Dénia ya tiene listo un nuevo planeamiento que desclasifica este tramo litoral y tira por tierra la pretensión de los vecinos de que se mantenga como urbano.
* Levante - A. PADILLA - 27.9.12
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
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