El alcalde de Ourense y el de Boqueixón, detenidos en una operación de corrupción
Peajes a ninguna parte
Con una deuda bancaria de 660 millones de euros y 430 millones pendientes de pago por expropiaciones, los accionistas de la concesionaria (Abertis, Sacyr, Bankia y ACS) han tirado la toalla.
El preconcurso es una figura que les proporciona tres meses para negociar con las entidades financieras para intentar evitar el concurso. "Estas autopistas se concibieron como una alternativa a la ampliación de las autovías gratuitas, pero después estas fueron ampliadas con más carriles y los atascos se redujeron", argumenta José Antonio López Casas, director general de Accesos de Madrid.
Sin tanto atasco, la empresa afirma que le resulta muy difícil competir con las vías de uso gratuito. Este factor, la caída del tráfico por la crisis —este año se están viendo desplomes del 20% y el precio de los carburantes tiene que ver—, el sobrecoste por las expropiaciones y los gastos financieros han sido un golpe imposible de esquivar. El viernes pasado también solicitaron concurso de acreedores por motivos similares las dos sociedades que gestionan la R-4 (Madrid-Ocaña), con una deuda de 575 millones, cuyos accionistas son Cintra, Sacyr y Caja Castilla-La Mancha. La AP-41 (Madrid-Toledo) no es una radial, pero también ha suspendido pagos. Otras seis vías de pago, entre ellas la cuarta radial, la R-2, están al borde de la quiebra.
La idea de unas autopistas que descongestionaran el acceso a Madrid (en principio, gratuitas) se empezó a fraguar en la primera mitad de los noventa, con el socialista Josep Borrell como ministro de Obras Públicas, pero el proyecto de la R-3 y la R-5 fue diseñado y ejecutado con José María Aznar en el poder. El contrato de estas autopistas, la alternativa de pago a las autovías de Valencia y Extremadura, salió a concurso en 1999. Rafael Arias-Salgado, entonces titular de Fomento, afirmó que absorberían “al menos un 30%” de los vehículos que accedían a la capital. En 20 años, las empresas rentabilizarían la inversión, mientras los madrileños ahorrarían millones de pesetas en tiempo y gasolina. Además, las adjudicatarias debían hacerse cargo de la construcción y financiación de un tramo de la M-50, el tercer anillo de circunvalación de Madrid, que sería de uso gratuito. Para el Gobierno del PP, todo eran ventajas.
A los pocos meses, un consorcio integrado por siete empresas ganó el contrato: FCC, Zafir, Acesa, Caja Madrid, la Empresa Nacional de Autopistas, Inversiones e Infraestructuras y OHL. Las obras debían acabar en 24 meses y tendrían un coste de 727 millones. Los problemas con las expropiaciones y los cambios en el trazado retrasaron la inauguración a 2004. El coste final se incrementó un 12%.
Era solo la punta del iceberg. El tráfico ha resultado ser un 25% del previsto. La concesionaria calculó en 2004 que las dos radiales absorberían 70.000 de los 200.000 coches que circulan a diario por las autovías de Valencia y Extremadura. Ahora la media en cada una de esas radiales ronda los 10.000 vehículos. Mientras, la aplicación de la Ley del Suelo de 1998, que permitía valorar los terrenos en función de sus expectativas, disparaba el coste de las expropiaciones. “Calculamos que las expropiaciones nos costarían 40 millones y han sido 640”, asegura el director general de Accesos de Madrid, que ha pagado hasta ahora 210 millones.
Para Rafael Simancas, portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso, la mala gestión y planificación son los causantes de este ruinoso negocio: “Las constructoras tuvieron que realizar a cambio de las radiales un tramo de la M-50; para cuadrar las cuentas Francisco Álvarez-Cascos [sucesor de Arias-Salgado] pronosticó unos tráficos y unos resultados de explotación demasiado optimistas; tampoco previó los efectos de la Ley del Suelo, y el tráfico fue mucho menor porque las carreteras gratuitas se fueron mejorando”. Las cuentas de Accesos de Madrid arrojaron en 2010, último ejercicio disponible en el registro mercantil, unas pérdidas de explotación de 4,42 millones, frente a los 3,76 millones del año anterior.
Fomento ha tenido que salir al rescate de las autopistas en apuros. Fuentes del departamento que dirige Ana Pastor aseguran que se están articulando medidas coyunturales, como la ampliación de 2012 a 2021 de la compensación por la caída del tráfico —un sistema en el que el Estado adelanta el dinero— y los 250 millones en préstamos participativos (con aval del Estado) presupuestados para este año. A largo plazo, Fomento asegura que “se está trabajando en soluciones estructurales que proporcionen un horizonte sostenible al sector”. Según López Casas, su concesionaria tiene pendiente de cobro 80 millones como compensación y créditos participativos.
El PSOE advierte de que se necesita una solución inmediata, mientras la patronal, ASETA, ve una salida clara: que el conductor pague de forma directa por el uso de toda la red de alta capacidad para “redistribuir más racionalmente los tráficos” e “incrementar los ingresos del Estado”.
La lista de perdedores por la crisis de la R-3 y la R-5 es larga: accionistas, acreedores (además de Bankia, el Santander, BBVA, el Sabadell, Caixabank e ING)… pero los ciudadanos también pueden acaban pagando el pato. Si al final la empresa entra en liquidación, alguien tendrá que tapar el agujero y el Estado es el principal candidato. Si la Administración tuviera que rescatar la R-3 y la R-5, López Casas calcula que tendría que asumir como máximo 670 millones, que computarían como déficit público. Eso, más el sobrecoste de las expropiaciones. Del resto deberían hacerse cargo los acreedores.
* El País - CRISTINA GALINDO Madrid 16 SEP 2012
Foto: Radial de peaje R-4 (Madrid-Ocaña). EFE
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Procesan a dos ex alcaldes de Burguillos por delitos urbanísticos
El juzgado de instrucción 20 da por concluida la investigación de la causa y da al fiscal y a la acusación particular que ejerce el PP diez días para que presenten escrito de acusación contra los exalcaldes José Juan López y su sucesora, Mariana Pérez González.
Según el juez, José Juan López concedió entre junio de 2002 y agosto de 2003 licencia de obra a favor de la empresa municipal 'Burguillos Natural' para varias decenas de naves en el polígono 'El Estanquillo' de la localidad. Los decretos de la Alcaldía se dictaron "en contra de los informes técnicos y jurídicos, antes de la aprobación del PGOU, con incumplimiento de la legislación urbanística, sin constancia de proyecto o licencia de segregación y en suelo no urbanizable".
Todo ello "por razones de urgencia no justificadas debidamente", según el auto.
Los acusados son José Juan López y su sucesora Mariana Pérez, en este caso imputada porque el 7 de agosto de 2003, siendo primera teniente de alcalde y alcaldesa en funciones, concedió licencia a favor de la empresa 'Burguillos Natural' para seis naves de 5.100 metros cuadrados.
También en este caso, las licencias se otorgaron "en contra de los informes técnicos y jurídicos, antes de la aprobación del PGOU, con incumplimiento de la legislación urbanística concerniente a la parcelación llevada a cabo, sin constancia de proyecto o licencia de segregación y en suelo no urbanizable".
La juez imputa a ambos exregidores, que fueron denunciados por el actual alcalde, Domingo Delgado Pino (PP), un delito contra la ordenación del territorio.
* Diario de Sevilla - EFE - 14.9.12
Foto: Burguillos (Sevilla), ayuntamiento - wikipedia.org
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Miedo y asco en Eurovegas
JORGE FELIPE GARCÍA* : El mismo año en que se filmaba 'Miedo y asco en Las Vegas' (1998) se estaba construyendo en esta ciudad [1] el Venetian Casino Resort, que cuenta con 6.000 habitaciones y, en pleno desierto, con canales de agua por donde discurren góndolas. El propietario de esta aberración urbanística y medioambiental es un señor llamado Sheldon Adelson, un hombre mayor que se apoya en un bastón, tiene piel de cera y unos ojillos legañosos que no pueden esconder nada bueno. El amigo americano –sionista, esforzado contribuyente del candidato republicano Mitt Romney y del fundamentalismo del Tea Party– acumula investigaciones relativas a tramas de sobornos, prostitución y blanqueo de dinero fruto del honrado trabajo de secuestradores, traficantes y otros emprendedores. Entre lo legal y lo ilegal, el rastro de sangre y dolor, gracias a la colaboración de empresarios y cargos políticos locales, llega a nosotros convertido en “progreso” y “puestos de trabajo”.
Las plataformas Eurovegas No y Aturem Eurovegas se han opuesto a una deriva que pretende convertir al Estado español en un gran Parque Temático. Las diecinueve páginas del Informe económico fiscal sobre Eurovegas, elaborado por la primera de ellas, son inobjetables. De los datos y los sólidos argumentos se deduce que el verdadero negocio no es tanto el juego y las industrias colaterales, como la obtención de beneficios fiscales, exenciones, subvenciones y posibilidades de especulación que les deparará el intervencionismo neoliberal. Aun habiéndonos estallado en la cara la burbuja inmobiliaria, los responsables políticos perseveran en tropezar una y mil veces en el mismo ladrillo.
En términos de interés general (otra cosa es el particular), están actuando como el tonto del pueblo (de la “aldea global”, más bien), al insistir en un modelo de crecimiento que se cae a trozos por todas partes. En dicho informe se recuerda que actualmente Las Vegas cuenta con un 12% de paro (cuatro puntos por encima de la media estadounidense); una de cada 16 propiedades está embargada por los bancos y el 60% de los ciudadanos debe más al banco por su hipoteca de lo que vale su casa. En los últimos cinco años, la facturación de este sector en España ha caído notablemente (si bien, con toda seguridad, el proyecto no cuenta con la demanda interna, sino con el desembarco masivo de la barbarie del turismo). Por otro lado, a pesar de toda la fraseología acerca del “cambio de modelo productivo”, se sigue apostando por la descualificación de la mano de obra y la incentivación del abandono y fracaso escolares (en este caso, todo hay que decirlo, el gobierno es diligente: en el límite, podemos decir que la mejor, la más eficiente e inapelable forma de acabar con el abandono escolar es acabar con la escuela –pública, se entiende).
Aproximadamente dos tercios de la financiación de esta cosa habrá de ser aportada por la banca, unos 4.000 millones de euros. Lo noticiable no habría de ser esta inversión, sino su retirada de los circuitos económicos no especulativos, la imposibilidad de acceder a este crédito por parte de empresas y familias. El coste de la construcción y mantenimiento de las infraestructuras, así como las expropiaciones, corren generosamente a cargo de las administraciones públicas, lo que incrementará su déficit.
Las reformas legislativas que promueve Las Vegas Sands Corporation son sencillamente inaceptables; entre otras: revocación o modificación de las garantías laborales, la ley del tabaco y ley de blanqueo de capitales; reducción del pago de impuestos y de las cuotas a la Seguridad Social. El trato discriminatorio que ello supone para otras empresas podría utilizarse para la extensión de cierto igualitarismo, a saber: igualar a la baja todas las condiciones socioeconómicas y jurídicas. Estas reformas van directas hacia la creación de “un paraíso fiscal en el corazón de España”, entrando de lleno en el juego del dumping social y medioambiental a escala global, como buen país tercermundista.
En cuanto a esto último, y aunque exista una importante diferencia de escala y de (des)organización urbana entre la mayor ciudad de Nevada y el proyecto Eurovegas, creo que sí pueden señalarse, tomando pie en el artículo de Mike Davis titulado “Las Vegas contra la Naturaleza” [2], algunas líneas de continuidad: ineficiencia energética y especialización espacial, abdicación respecto a una ética responsable del agua, subordinación del gobierno local a la planificación corporativa privada [3], impulso a la dictadura del automóvil (con sus corolarios de “descentralización del consumo y la cultura” y “atrofia constante del centro de la ciudad”) [4] y fomento de la desigualdad social.
El Informe sintetiza a la perfección el proyecto de esta economía política: “Dentro de la maquinaria neoliberal en la que estamos inmersos, el hundimiento de las economías de los países de la periferia los deja expuestos a un nuevo colonialismo, el financiero, a través de chantajes como el de LVS a cambio de una inversión que “mejorará” la actual situación económica, serán las transnacionales promotoras las que irán marcando las pautas de las modificaciones legislativas y sociales, conformando a medio plazo una nueva estructura económica ultra-liberal. La ciudadanía, y las administraciones que en teoría se encargan de su organización y cuidado, perderán el poder decisorio frente a las condiciones cada vez más ultra-liberales de las empresas a cambio de traer a nuestro territorio sus negocios. El resultado, total libertad para el capital y precarización social y régimen de esclavitud para la clase trabajadora, o lo que es lo mismo, disponer de nuestras vidas para beneficiar a una élite que se reparte los cada vez más escasos recursos, en lugar de apostar por un modelo más racional, humano y solidario: poner la economía al servicio de la vida”.
Cuando nos estábamos recuperando de la intuición de Esperanza Aguirre, Mas contraatacó con “Barcelona World”, que se construirá, coherentemente, en Tarragona. Lluis Recoder, consejero de Territorio y Sostenibilidad, expuso, junto al consejero delegado de la empresa Veremonte, Xavier Adserà, y el subdirector de La Caixa, Lluís Rullan, un proyecto que, en palabras de aquel, “nos va como anillo al dedo”, dijo durante el rito nupcial entre la clase político-financiera catalana y la empresa valenciana presidida por Enrique Bañuelos, “uno de los máximos símbolos de la época dorada del boom inmobiliario español”. [5] La genial idea consiste en la construcción de seis complejos turísticos temáticos sobre diferentes áreas geográficas: Europa, EUA, China, Brasil, Rusia e India. Habrá hoteles, restaurantes, centros de convenciones y “quizá”, casinos. El emplazamiento es idóneo en cuanto a sus infraestructuras de transporte. Cuenta con tres campos de golf y está muy próximo al exitoso Parque Temático Port Aventura y una de las “playas más bonitas”. El desafío es recibir cada año diez millones de visitantes, siendo el centro de “ocio familiar” más grande de Europa. És tot tan bonic... Se prevé que la inversión sea de 4.500 millones de euros de nada, creando 20.000 puestos de trabajo directos. La situación es tan absurda que, probablemente, si de incentivar la economía se tratara (y no de seguir succionando recursos públicos hacia manos privadas, al punto que este capitalismo bandolero le va a terminar dando la razón a Proudhon: la propiedad es el robo), si de eso se tratara, decimos, la mejor idea sería repartir esos 4.500 millones de euros entre 200.000 personas.
Hemos asistido en estos meses a una patética subasta que, aun en la oscuridad de sus gestiones privadas, ha ejemplificado la rendición incondicional de la política ante el, literalmente hablando, “capitalismo de casino”. El patetismo se convierte en algo grotesco cuando, de forma paternalista, entran a saco, a menudo de forma teatral, impostada, en la capitalización emocional del sufrimiento de los parados. “¡Dos cientos mil, dos cientos cincuenta mil, dos cientos setenta mil puestos de trabajo y dos huevos duros!”, agita la chulapona presidenta ma-dri-le-ña, cebándose en el miedo y ansiedad de miles de trabajadores. El President retaba de forma soberbia a la oposición de Iniciativa-EUiA a explicar en las colas del INEM su rechazo al proyecto. Para quienes no tienen nada, para quienes han sido abandonados por el Estado a la intemperie del mercado laboral, un sueldo lo es todo. Estaremos dispuestos a firmar, junto al salario base, la amputación de una mano o la adquisición de un enfisema pulmonar o un cáncer a cambio de “un puesto de trabajo” (amianto, benceno, arsénico, cadmio, sílice, radiaciones, aluminio, carbón, caucho...). Exhibir la aquiescencia respecto del proyecto de quienes dependen a vida o muerte de un salario como muestra de su idoneidad es obsceno y perverso.
Nacional-católicos y demócrata-cristianos (cortesanos y terratenientes castellanos de la tierra de los Alvargonzález, burguesía periférica, temerosa de Dios y la clase obrera) seguramente se amparen en una miserable, rastrera hermenéutica. Ya saben de qué va la historia. Los fariseos quieren pillar al hombre: “¿Es lícito dar tributo a César, o no?” Viéndoles venir, según un tal Mateo, Jesús responde: “¿Por qué me tentáis, hipócritas?” Prudente (no quería morir… aún), el de Nazaret, ante un denario, afirmó aquello de “Dad, pues, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios”. “Todo es negociable”, que diría un político de Convergència i Unió. Digamos, un 50% para cada uno, y aquí paz y después gloria. No soy creyente; pero la interpretación correcta me parece obvia: nada es del César, todo es de Dios. Querer repartir impíamente el corazón del fiel y las riquezas de este mundo entre ambos, como apunta Ferlosio en alguna parte, no es siquiera ponerle una vela a Dios y otra –digamos, parafraseando– a Sheldon Adelson, sino dos velas al tipo este.
Ay, Alcorcón… mi Alcorcón… con sus descampados, las chicas de las que nos enamoramos de pequeños, la cadena trófica del matonismo en los recreos, el fútbol en los parques, los bocadillos interminables de la tarde, la amistad, el alcoholismo de nuestros padres, la adicción a las benzodiacepinas de nuestras madres, sus silencios… Alcorcón… “Ciudad-dormitorio”, periferia obrera, pueblo vertical, extremeño, andaluz y castellano, ¡proletariado! No sé yo ya qué quedará de eso… Quizá llevamos entonces una vida de mierda. Lo que viene ahora, en expresión de Ferlosio, es “puro infierno”. [6]
Notas:
[1] Las Vegas: “Una ciudad que finge no ser nada más que lo que es, una norme máquina de intercambio: espectáculo a cambio de dinero, sensaciones a cambio de dinero, dinero a cambio de más dinero, y placer a cambio de cual sea el precio abstracto de mañana”. D. Foster Wallace, del artículo “Gran hijo rojo” (en Hablemos de langostas, Mondadori, 2007, p. 16).
El microscopio hiperrealista de este autor disecciona en el texto la industria de la pornografía a través de la crónica de los premios anuales de la Adult Video News, una de las principales “convenciones” (que tanto subraya Esperanza Aguirre como factor moralizante y académico en compensación al juego) que tienen lugar en la ciudad de los casinos. El porno, según el autor, es ahora “un lobby con fuerza política en la misma medida que General Motors o RJ Reynolds-Nabisco)” [p. 28]. La nota 23 es interesantísima para pensar la deriva de esta “industria”, en la que la humillación y la violencia hacia la mujer amplía constantemente su “cuota de mercado”, siendo cada vez más masiva y más “extrema”. La dirección “extremadamente peligrosa” en la que se mueve este negocio es la del snuff film.
[2] “Las Vegas contra la Naturaleza”, Ciudades muertas, Ed. Traficantes de Sueños, 2007.
[3] Las inversiones empresariales “…con sus enormes costes sociales en lo que se refiere a la congestión del tráfico, el consumo de agua y electricidad, los hogares y las escuelas– obligan al sector público, fiscalmente malnutrido, a ir siempre por detrás, esta asimetría estructural del poder entre las corporaciones del juego y el gobierno local está expresada de la manera más dramática en la financiación de las nuevas infraestructuras públicas para promover la expansión de los casinos y el crecimiento del turismo. […] A diferencia de los dogmas económicos neoclásicos y de la moderna teoría de la ‘elección pública’, el desarrollo económico controlado por las corporaciones en un mercado de gobiernos locales débiles y competitivos es inherentemente ineficiente” (pp. 110 y 111).
[4] Ib., p. 113.
[5] La información procede de Elperiodico.cat (08/09/2012). Bañuelos es un hombre que se hizo a sí mismo, que, cual Ave Fénix, resurgió de sus cenizas tras el batacazo de la Inmobiliaria Astroc. Junto a las Koplowitz y Amancio Ortega, es uno de los adalides de la “marca España”, al figurar en la lista de billonarios que realiza la revista Forbes. Se le atribuye la siguiente frase: “me dejas desnudo en Central Park y al día siguiente me paseo por Manhattan en limusina”. Valdría la pena probar, ¿no?
[6] “Luz de neón”, El País, 09/07/2012.
* Rebelión - Opinión - 9.9.12
Castro.- El fiscal pide 23 años de cárcel para los exalcaldes Muguruza y Díaz Helguera
El 'caso La Loma' está relacionado con la presunta concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, carentes de servicio como agua, luz y limpieza viaria.
El escrito de acusación que ha emitido la Fiscalía señala que los procesados, con el fin de «hacer prevalecer su voluntad sobre el imperativo legal regulador del desarrollo urbanístico» han elaborado, informado y aprobado «consciente y voluntariamente planes parciales que contravienen el contenido del Programa de Actuación Urbanística y del Plan General y que carecen del contenido mínimo exigible por ley». Señala también el documento que los acusados han «informado y concedido consciente y voluntariamente licencias de obras que no se adecuaban al Plan General ni al resto de la normativa urbanística vigente» y han concedido «consciente y voluntariamente licencias de primera ocupación a edificaciones que carecen de infraestructura mínima para el uso residencial al que estaban destinadas».
Destaca también el fiscal que los particulares «han inducido a error intencionadamente a los adquirientes de las viviendas» en lo que se refiere al «estado de urbanización en general y del abastecimiento de agua en particular y respecto a la repercusión económica de esta circunstancia». Como resultado de ello «provocaron la adquisición y pago de viviendas que carecen de los servicios mínimos legalmente exigibles». Además de penas de cárcel que suman cerca de 200 años, el fiscal pide para un gran número de los procesados multas que asciende a varios millones de euros y penas de inhabilitación para empleo o cargo público, inhabilitación para el derecho de sufragio e inhabilitación que consiste en el ejercicio de funciones técnicas en la Administración. Entre los encausados para quienes se piden penas más elevadas figura el arquitecto Pedro Restegui, para quien se solicitan 12 años de cárcel, igual número que para el concejal Rufino Díaz. Para el exalcalde Fernando Muguruza, la Fiscalía solicita 11 años mientras que para Salvador Hierro pide 8.
Alude también el escrito a la situación patrimonial de algunos de los encausados, como Pedro Restegui, la responsable de disciplina urbanística Yolanda Sánchez, el secretario municipal, César Saiz y Rufino Díaz. Señala que todos ellos recibieron «contraprestaciones económicas por su colaboración en la aprobación de resoluciones municipales contrarias a derecho».
* El Diario Montañés - I. BAJO/ A. RUIZ - 14.9.12
Foto: Castro (Cantabria), imputados dos corporaciones - diariomontañes
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€SPANISH DR€AM - Documental del panorama inmobiliario
€SPANISH DR€AM from Guillermo Cruz on Vimeo.
El documental narra un viaje a través del panorama inmobiliario español de los últimos 40 años. Este viaje es motivado por la inquietud, que surge en mí y en muchos jóvenes, cuando decidimos emanciparnos. Ese deseo frustrado, en la mayoría de los casos, hace que me ponga a investigar para buscar porqués y posibles soluciones. El viaje me llevará desde los inicios cuando empezaron mis padres, hasta el momento actual(últimos 10 años), donde a los jóvenes que nacimos durante los años 70, nos ha tocado afrontar la coyuntura económica y social más complicada de la historia del estado español para acceder a una vivienda.
* Guillermo Cruz - facebook.com/espanishdream
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Alicante.- El TSJ asume la causa del PGOU al ver indicios de delito en Castedo y Alperi
Una vez asumidas por el máximo órgano judicial de la Comunidad las conclusiones a las que llegó el juez Tejada después de más de dos años de investigación (en las que consideraba que tanto Castedo como Alperi podían haber cometido los delitos de tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y un tipo de cohecho aún por concretar), será el magistrado del TSJ Juan Climent, a quien le ha correspondido el asunto por turno, el instructor de esta causa para que continúe con las diligencias y "resuelva lo procedente en derecho respecto a las mismas", según recoge el auto.
Otras quince personas
En el procedimiento, además de la primera edil y de su antecesor, están imputadas otras quince personas aunque Tejada planteaba en su exposición razonada de motivos (las conclusiones de sus pesquisas que remitió al TSJ) que solo seis continúen bajo esa condición: el empresario Enrique Ortiz y su mujer, el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio, José Luis Gutiérrez; el arquitecto Jesús Quesada, redactor del PGOU; y el empresario ilicitano Ramón Salvador. Por contra, el magistrado pedía el sobreseimiento para otros nueve imputados, entre ellos exdirectivos de la CAM y de Bancaixa y empresarios, sobre cuya suerte tiene que pronunciarse ahora el TSJ.
En el auto de la Sala de lo Civil y de lo Penal hecho público ayer también se acuerda, como consecuencia directa de la asunción de la causa, la apertura de diligencias a las que se incorporarán las que ahora se tienen que enviar desde el juzgado de Manrique Tejada. El magistrado, basándose en el contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas a Ortiz en el marco de una investigación sobre supuestas irregularidades en el plan zonal de basuras de la Vega Baja, una operación de la que después de desgajó la parte correspondiente al PGOU de Alicante, considera factible que el empresario pudo recibir de Castedo y de Alperi datos sobre el futuro planeamiento urbano de Alicante cuando aun eran reservados. Además de trascripciones de conversaciones que supuestamente probarían estas conductas, el juez incidía en su escrito al TSJ en hechos como la reunión que cinco meses antes de que el plan general se hiciera público mantuvieron en el despacho del redactor y ahora imputado, Jesús Quesada, el empresario y la entonces responsable de Urbanismo. Y destacaba la capacidad de Ortiz para "influir en la autoridades públicas (...) prevaliéndose de su especial relación personal con Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi".
Entre los regalos con los que los dos aforados fueron supuestamente compensados por facilitar esa información reservada al empresario, cita el instructor del caso en Alicante varios viajes (a Andorra en el caso de la alcaldesa y a Creta en el de Alperi), el pago a una empresa del hijo del exregidor y un coche que después Castedo presuntamente cedió a una amiga.
Los dos políticos serán citados ahora a declarar como imputados
Una vez asumida la competencia, acordada la apertura de diligencias y reclamado al juzgado del juez Tejada el expediente completo de la causa, el siguiente paso que tendrá que dar el nuevo instructor del caso del PGOU de Alicante, Juan Climent, será citar como imputados de los dos aforados para que presten declaración sobre los hechos que se les atribuyen. El propio Tejada dejaba claro en su exposición razonada que era imposible proseguir la investigación sin el testimonio de los también diputados autómicos, cargo que les confiere la condición de aforados e impide que, en su caso, actúe otro órgano judicial que no sea el Tribunal Superior. La existencia de los aforados arrastra al TSJ la totalidad de la causa que Climent puede llevar a las puertas de un juicio oral (que podría ser por jurado) o, de no concretarse los indicios de los que se parte, archivar.
* Información - 12.9.12
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn
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El 80% de los amarres de la marina de lujo de Tarragona siguen vacíos
En total, la marina cuenta con 64 amarres para embarcaciones de un mínimo de 35 metros de eslora. Una parte de ellos tiene capacidad para acoger yates de hasta 160 metros. Dentro del recinto hay seis edificios, pero solo el 32% del espacio está ocupado, la mayoría por oficinas. También se pueden encontrar comercios y establecimientos de restauración, aunque muchos han cerrado por la crisis. Los propietarios de la Marina Port Tarraco han rechazado ofertas para instalar locales de ocio nocturno porque no forma parte “del modelo de negocio” que desean para el lugar.
Según el director de la marina Port Tarraco, Marc Colls, el objetivo es atraer a las embarcaciones de alto nivel en los periodos de entre temporadas, durante la primavera y el otoño, cuando no surcan por aguas de la Costa Azul, Ibiza o el Caribe. La tripulación de estos yates puede alcanzar las 80 personas. “El 99% de los clientes son extranjeros; vienen de Estados Unidos, Inglaterra u Oriente Próximo”, explica Colls. Pese a la discreta ocupación de la marina, asegura que están fidelizando clientes y que el proyecto es a largo plazo. Esta temporada la ocupación podría rondar el 25%.
La compra de la marina por la familia real de Catar no se libró de la polémica. Esta zona del puerto deportivo de Tarragona se inauguró en octubre de 2006 con una inversión inicial de 32 millones de euros. Cuando el poderoso fondo inversor del golfo Pérsico intentó adquirir la marina, la transacción tardó en fraguarse porque una sentencia obligaba a derribar parte del complejo. Meses después, una nueva decisión judicial salvó del derribo tanto el complejo de ocio como las dársenas de embarcaciones porque se tuvo en cuenta que el Ayuntamiento cambió los usos del terreno.
* El País - MERCÈ PÉREZ PONS Tarragona 11 SEP 2012
Foto: Marina Tarraco, en el puerto de Tarragona, con el Serrallo al fondo. / JOSEP LLUÍS SELLART
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El urbanismo lleva otra vez al ex alcalde de Cómpeta al banquillo
En este nuevo caso los hechos se remontan a noviembre de 2003 cuando un particular presentó en el Ayuntamiento una solicitud para edificar una vivienda en un suelo no urbanizable. El escrito de acusación formulado por el Ministerio Público precisa que el entonces alcalde "concedió la licencia con la sola solicitud tres días de su presentación". No existía informe jurídico ni técnico ni un proyecto que justificara que la casa era necesaria para la gestión de una explotación agrícola, forestal o ganadera.
El promotor comenzó las obras y los vecinos interpusieron algunas denuncias. Ante esas circunstancias el arquitecto municipal, Emilio Álvarez, también acusado en este procedimiento, firmó en julio de 2004 un informe en el que, según el Ministerio Público, subrayaba que se construía en virtud de una licencia de obras "silenciando la evidente irregularidad en su concesión" y que las obras no se ajustaban al permiso otorgado. El arquitecto indicaba también que para legalizar la obra no había más que tramitar un proyecto de actuación en el que se hiciera ver que era necesaria para una explotación agraria.
El promotor solicitó en septiembre de 2005 el proyecto de actuación pero, según el fiscal, no justificó "en absoluto" la vinculación de la casa, en aquellas fechas ya construida, con la actividad agrícola. Únicamente aportó una ficha catastral en la que se aludía genéricamente a "olivos regadío" y recogía declaraciones de otro arquitecto en las que aludía que el particular le había informado que había encargado a un ingeniero el proyecto agrícola.
El fiscal puntualiza que se trata de una edificación "claramente residencial", en la que no hay ni una sola habitación destinada a almacenaje o aperos.
En estas circunstancias el arquitecto municipal emitió un primer informe favorable a la admisión del proyecto de actuación y aunque en mayo de 2006 la Junta de Andalucía lo denegó el técnico volvió a informar positivamente. Entonces, el pleno municipal aprobó el proyecto de actuación, razón por la que la Fiscalía también acusa por delito contra la ordenación del territorio a cuatro concejales de aquel equipo de Gobierno presidido por López Cerezo.
Una vez aprobado el proyecto de actuación, requisito imprescindible para regularizar la casa, el arquitecto imputado firmó otro informe en el que hacía constar que no existía "inconveniente para que se legalizase la vivienda construida" y, seguidamente, la secretaria municipal, María Yolanda Navarro, también acusada, emitió un informe jurídico también favorable a la concesión de la licencia de primera ocupación.
El juicio está previsto que se celebre el 19 de septiembre en el Juzgado de lo Penal número 10. Además, el Juzgado de lo Penal número 4 prevé también juzgar al ex alcalde de Cómpeta en octubre, tras suspenderse la vista oral en junio. En ese caso, López Cerezo se enfrenta a dos años de prisión y 10 de inhabilitación. En ese procedimiento también cuatro ex concejales y dos técnicos por un delito contra la ordenación del territorio.
* Málaga Hoy - 11.9.12
Foto: Cómpeta (Málaga) - buscarural.com
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Cultura autoriza nuevas obras a empresas que arruinaron patrimonio
A CBC Márquez Vieira, la Xunta le ha encomendado restaurar dos retablos y sus correspondientes imágenes en la iglesia de Santa Baía de Bousés dentro del municipio ourensano de Oímbra. La resolución, firmada el 14 de agosto por el subdirector de Conservación y restauración de bienes culturales de la Xunta, Manuel Chaín Pérez, faculta a la firma CBC a realizar catas y tomar muestras antes de “establecer los procedimientos de intervención más adecuados y respetuosos con los bienes”. La decisión de Cultura supone el regreso de esta empresa a un templo donde ya acometió tareas de rehabilitación con un resultado desastroso, según detallan informes internos de la propia consellería.
Tal y como consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los trabajos realizados por CBC en este templo utilizaron “tratamientos demasiado intervencionistas llegando a agredir la integridad de la obra, tanto por los productos empleados como por la errónea utilización de los mismos”. El peritaje asegura que el presupuesto de la obra, 17.000 euros, tampoco fue “coherente con el tiempo empleado, poco más de un mes” durante el verano de 2009.
El proyecto de rehabilitación que ha llevado a la Xunta a confiar de nuevo en esta empresa lleva la firma de Olga Quintela, a quien tanto el juez como el fiscal relacionan con varios delitos de corrupción en el sumario del caso Retablo, que acumula casi 3.000 folios y dos años de trabajo en juzgado de instrucción número 3 de Santiago.
También Ábside, otra de las sociedades que el juez y el fiscal sitúa en el centro de la presunta trama corrupta, ha recibido en los últimos meses nuevas encomiendas de Cultura. La Dirección Xeral de Patrimonio le faculta para restaurar el retablo lateral izquierdo en el Santuario de la Virgen de los Remedios ubicada en Verín. Con un presupuesto de 14.549 euros esta empresa podrá continuar su tarea en el templo después de superar algunas adversidades burocráticas y al segundo intento.
En octubre de 2011, Patrimonio resolvió no autorizar el proyecto y reclamó nueva documentación específica que incorpore los procedimientos técnicos y materiales que requiere la complejidad de la obra. Pero finalmente la consellería ha optado por encargar a Ábside “la desinsectación y consolidación del soporte de la imagen”, Asunción de María, además de realizar pruebas de barnizado y limpieza y “aplicar una capa de protección de la policromía y los estucos previa a la reintegración cromática”. La resolución está avalada por el director general de Patrimonio, José Manuel Rey Pichel, con fecha de 1 de febrero de 2012.
El documento autoriza a Ábside para trabajar de nuevo bajo supervisión de Xunta pese a que Cultura maneja informes periciales que dejan malparada a esta firma de restauración, la misma que intentó rehabilitar tres retablos en la Iglesia de Santa Tecla de Abeleda en Castro Caldelas, también en Ourense. En este monumento inventariado en el catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia “los tratamientos no fueron los adecuados para la salvaguarda de dichas obras”. Según la información que maneja la Xunta, en aquellas obras Ábside realizó “una reintegración volumétrica incoherente, sin forma y sin seguir las líneas exigidas por las piezas”. “La reintegración cromática es a base de manchas negras, más oscura que el original y con productos de dudosa estabilidad y reversibilidad”, lo que da lugar a “lagunas con pastas sin reintegrar”. “La capa de protección desvirtúa tanto la textura como el acabado de la obra que presenta una capa no homogénea tanto en brillo como en aplicación”.
La responsable del proyecto de rehabilitación, Carmen Acuña, está también imputada en el caso Retablo.
CBC y Ábside, bajo sospecha
Capitaneadas por dos mujeres que siguen imputadas por el juez en el farragoso sumario del caso Retablo, sobre las firmas CBC Márquez Vieira y Ábside consta un largo historial de estropicios en distintos informes de la Xunta. De tal calibre, que hasta el Obispado de Ourense realizó un llamamiento para dejar de contratarlas. En una misiva remitida a la Consellería de Cultura el Ecónomo Diocesano de Ourense señala: “se han detectado algunas intervenciones que en vez de conservar las obras han provocado graves deterioros en ellas, así importantes obras realizadas por estas empresas y supervisadas por la administración competente acusan mala praxis”.
Según la Iglesia, el retablo mayor del Monasterio de San Rosendo de Celanova; cinco más de la parroquia de Santa María Real de Entrimo; el conjunto de San Salvador de Prado de Limia; tres del Monasterio de Melón y los retablos mayores de Santiago de Carracedo y Santa María de Lamas en Xinzo; así como el conjunto de Santa Tecla de Abeleda “han sufrido importantes agresiones debido a estas actuaciones. Y representan, tal y como constata la diócesis, “una mínima parte de las intervenciones que se han podido visitar y mirar con detenimiento”. Su diagnóstico tras encargar pruebas periciales sobre las obras de rehabilitación es demoledor: “En ninguno de los casos se trabajó con un mínimo respeto a la obra original ignorando y alterando sus valores funcionales, estéticos, artísticos e históricos”. La conclusión del obispado sostiene que “los criterios adoptados [por Ábside y CBC] no se adecúan a los necesarios para la conservación de las obras de arte”.
* El País - JOSÉ PRECEDO Santiago 7 SEP 2012
Foto: Retablo lateral de la iglesia de Santa Baía de Bousés (Oímbra), en restauración. / ROSA VEIGA
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El Supremo frena el urbanismo salvaje del PP en el Guadarrama
La Sala Tercera del Supremo basa su decisión en que "ni la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, ni el posterior acuerdo que aprobó la clasificación del sector nº3 como suelo urbanizable, ni, en fin, el Plan Parcial, se sometieron a modalidad alguna de Evaluación Ambiental". Dichos acuerdos, el último de la Comisión Provincial de Urbanismo de Madrid, de 30 de noviembre de 2004, por el que se aprobó definitivamente el Plan, son anulados.
Además, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Fernández Valverde, reprocha a la Comunidad de Madrid la ausencia total de motivación sobre el interés que justificaba el plan de urbanismo y las recalificaciones citadas.
El Supremo relata que, en 1998, el Consejo de Gobierno de la Comunidad denegó la clasificación como suelo urbanizable del Sector 3, porque el suelo estaba incluido en el régimen de protección preventiva para el curso medio del río Guadarrama y su entorno establecido en un decreto de 1992.
Sin que mediara recurso administrativo o judicial alguno, cuatro años después de esa decisión, el Ayuntamiento instó a la Comunidad a revisar la denegación acordada en 1998, al estimar que vulneraba la autonomía local y que las deficiencias detectadas eran subsanables. Así, destacaba que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del curso medio del Guadarrama, de 1999, derogaba el decreto de protección de 1992 excluyendo de los mismos a los del sector 3.
El 1 de agosto de 2002, el Gobierno regional revocó su acuerdo denegatorio de 1998, y acordó autorizar la recalificación si el Ayuntamiento subsanaba las deficiencias. Con una nueva documentación municipal, el Consejo de Gobierno regional aprobó definitivamente en 2003 la revisión del PGOU en el sector 3.
Sin motivación
El Supremo establece que el Ejecutivo regional consideró que la única protección de los terrenos era la del decreto de 1992, "sin reparar, ni tener en cuenta, ni analizar, la protección dispensada por la legislación sectorial de Montes, ajena e independiente a la resultante del PORN". La sentencia indica que la recalificación urbanística "estaba necesitada de una motivación adicional en las que se explicitaran las razones de interés general por las cuales la implantación de los nuevos usos residenciales debía efectuarse en ese ámbito concreto, a la sazón disgregado del núcleo urbano o histórico del municipio, que gozaba de la protección, prevista en la legislación de Montes, más intensa en el caso de los suelos calificados como Montes Preservados, y en menor grado respecto del resto de masas forestales incluidas en el sector".
Para el tribunal, ninguna de esas circunstancias fueron "en modo alguno" aclaradas, justificadas ni motivadas "en el peculiar sistema de aprobación de la revisión del PGOU" de Villanueva de la Cañada.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, autora de la sentencia, hace una defensa del "carácter sostenible y medioambiental del urbanismo actual", que "se proyecta de forma más directa y efectiva, en relación con los sueloss rústicos en que concurren especiales valores de carácter ambiental, cualidad que concurre en los terrenos afectados por la actuación impugnada".
Añade el "plus de protección" que debe darse al medio ambiente en materia urbanística por exigencia tanto de la actual Ley de Suelo como de la normativa europea, que destacan que el suelo, además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable.
Expone que, en suelos donde concurren valores naturales especiales, como pueden ser los Montes Preservados o el Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, la actuación urbanizadora puede ser irreversible y comprometer el recurso natural, o su uso más racional, y proyectar "consecuencias nefastas" para otros recursos naturales como el agua, el aire o los ecosistemas.
El tribunal subraya además que la actuación urbanizadora proyectada está disgregada del núcleo urbano de Villanueva de la Cañada, lo que supone una vuelta precisamente "al urbanismo disperso" contra el que advierte el Texto Refundido de la Ley de Suelo del año 2008 por su "impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación de servicios públicos".
Querella de Anticorrupción en 2007
Villanueva de la Cañada y su urbanismo tiene una estrecha relación con los tribunales. En 2007, la Fiscalía Anticorrupción se querelló, entre otros, contra el alcalde de la localidad, Luis Partida, del PP; su esposa Juana María Manrique, arquitecta municipal; y Enrique Porto, director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid desde 2003 hasta su dimisión en 2006, por presuntos delitos de negociación prohibida a funcionarios, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad.
El motivo, siempre de acuerdo a la Fiscalía, eran las irregularidades detectadas en el proceso de aprobación del Plan Parcial del Sector 1 "Los Pocillos" de Villanueva de la Cañada, donde Porto y otros acusados tenían propiedades y obtuvieron una millonaria plusvalía (por más de 4 millones de euros) con la recalificación del suelo.
* Público - ANDRÉS MUÑIZ Madrid 07/09/2012
Foto: Villanueva de la Cañada (Madrid) - ayto-villacanada.es
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26 jueces y 15 años para concluir el sumario de un ‘pelotazo’
El caso, que parecía estar en vía muerta, aborda la compraventa de unos terrenos donde posteriormente se construyó un gran centro comercial de la sociedad vasca Eroski, bautizado como Parc Central. En la operación, presuntamente ilegal, está imputado Àngel Fernández, exconcejal de Urbanismo y mano derecha del exalcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CiU). Fernández estuvo implicado en otro caso de corrupción urbanística denominado Terres Cavades, que le obligó a dimitir de su cargo municipal. Además, los tentáculos del escándalo del Parc Central alcanzan a Isidoro Prenafeta Pastor, primo de Lluís Prenafeta, que fuera secretario general de la Presidencia de la Generalitat durante los primeros mandatos de Jordi Pujol e implicado en el caso Pretoria, de corrupción urbanística junto al exconsejero de la Generalitat Macià Alavedra y el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz. Isidoro Prenafeta es presidente de Tipel, una sociedad familiar dedicada al tratamiento y venta de pieles en la que trabajó como economista el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas.
En el proceso están imputados dos altos cargos más de Tipel, los directivos Juan Carretero y José M. Vidal, además del exalcalde de Reus Miquel Colàs, último edil franquista del municipio, y Luis Valero, socio fundador de Consum.
El sumario de la juez Ainoha Sagardia —que nada más concluirlo cesó para trasladarse al País Vasco— acusa a los imputados de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en la compraventa de un terreno y su recalificación posterior. La trama se remonta a 1991, cuando el solar donde ahora se ubica el centro comercial Parc Central fue vendido por Gas Tarraconense a la sociedad Metsport SL. La compra se cifró en 535 millones de pesetas (3,21 millones de euros) y esta empresa tenía como accionistas, entre otros, a la sociedad fantasma Tarantula Beeher, domiciliada en el paraíso fiscal de Curação, una isla de las Antillas Holandesas, y al constructor tarraconense Lluís Carbonell. Metsport vendió solo dos años después los terrenos a Erosmer Valencia, propiedad de Eroski, por un valor mucho más elevado; 1.337 millones de pesetas (8,03 millones de euros). Los beneficios de esta operación, 802 millones de pesetas, es decir, 4,8 millones de euros, supuestamente fueron desviados a cuentas en Holanda posteriormente transferidas a bancos suizos.
El rastro de esta plusvalía se perdió, pero durante el proceso se han constituido numerosas comisiones interrogatorias en estos países, además de en Liechtenstein y Andorra, lo que contribuyó a prolongar el proceso. Además, se investigaron cuantiosas donaciones que recibieron partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Tarragona.
La denuncia del caso Parc Central se interpuso de manera anónima. El complejo se empezó a construir en 1995 y, según consta en la instrucción del caso, fue inaugurado dos años después sin tener permiso de actividad.
* El País - MERCÈ PÉREZ PONS Tarragona 9 SEP 2012
Foto: Obras de construcción del Parc Central en 1997. / JOSEP LLUÍS SELLART
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Inhabilitan al alcalde y al exsecretario de Bigastro por subastar un paraje protegido
El fallo también condena por el mismo delito a la misma pena al exsecretario municipal, Antonio Saseta, quien ejerce actualmente como en un municipio murciano.
Además Moya, retirado de la escena política desde que fuera detenido en octubre de 2008 y el secretario deberán abonar la mitad de las costas, iniciado y mantenido en solitario desde 2006 por el presidente del Partido Popular, José Antonio Ricart. El juzgado absuelve del delito de prevaricación a las también exediles María del Carmen Grau y Maria Jesús Torres, porque no se ha acreditado que tuvieran "conocimiento" de "la ilegalidad y arbitrariedad" de los acuerdos adoptados.
La que confirmó ayer este juzgado es la primera condena a Moya, quien ejerció como alcalde socialista durante más 25 años en Bigastro y que está imputado en otras varias causas desgranadas en lo que en su día se bautizó como "Operación Bigastro", que investigaba la gestión urbanística y económica irregular del Ayuntamiento de este pequeño municipio. El fallo considera probado que Moya, con la colaboración "necesaria" del secretario y "arbitrariamente" tramitó y aprobó en 2005 la subasta 35.000 metros cuadrados en el paraje rústico de La Pedrera, valorado en 2,1 millones de euros. Moya lo hizo saltándose más de una decena de trámites legales "esenciales" como la inscripción de la fincas y su deslinde; el cumplimiento en los plazos de presentación de ofertas; la autorización de la Conselleria de Medio Ambiente; la convocatoria de la mesa de contratación en plazos y la falta de concordancia entre lo que planteaba el pliego que se iba a subastar y lo que realmente adquirió la única empresa ofertante. Y, sobre todo, el exalcalde actuó sobre un suelo de un paraje natural con un plan especial para el que necesitaba una autorización que nunca tramitó.
El Consell debió autorizar la operación
Entre otras irregularidades evidentes, se constata que el precio que aportó la promotora a las arcas municipales suponía más del 25% del presupuesto local, por lo que la subasta exigía la autorización del Consell. Visto bueno que no se solicitó. El secretario en su informe decía que el valor de la finca no superaba ese 25%. El único ofertante, Promociones Alicante Torrevieja, propuso, modificando el planteamiento inicial sobre la marcha, quedarse con otros 45.000 m2 para construir un campo de golf de prácticas con una concesión municipal por 50 años, valorada en 600.000 euros.
* Levante - D.Pamies - 7.9.12
Foto: Bigastro (Alicante) - ebigastro.com
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Las fotografías del satélite elevan a más de 15.000 las casas ilegales de Orihuela
Aunque la empresa de cartografía contratada por el Consistorio para ejecutar las ortofotografías del término municipal oriolano —de 365,44 kilómetros cuadrados, el cuarto más grande de España— para escrutarlo “palmo a palmo” antes de proceder a la revisión de su Plan General apenas ha entregado un tercio del trabajo, la edil asegura que la realidad superará “en miles de nuevas irregularidades la cifra que teníamos calculada a partir de la documentación existente en el Ayuntamiento”.
“Tanto es así que la parte del planeamiento que hay colgada en la web municipal ha recibido advertencias de particulares señalando que en solares supuestamente libres hay edificaciones desde hace años” de las que no hay constancia catastral.
Moreno hurgó en el asunto con un amplio abanico de pruebas fotográficas aéreas que comparaban el mismo suelo en 2005 y la actualidad. Las imágenes demuestran cómo en una misma parcela rústica se ha construido un chalé, un almacén y hasta un circuito de karting o la realidad de que en una parcela que en el catastro figura como “suelo sin edificar” se han levantado cuatro torres de ocho alturas que suman más de 100 viviendas.
El resultado del trabajo fotográfico contratado por el Ayuntamiento servirá para completar un informe que será trasladado a la fiscalía, según reveló la concejal de Planificación. Moreno confirmó que en 25 años de sucesivos Gobiernos del PP, en la ciudad nunca se ha completado un solo expediente de infracción urbanística hasta su finalización, es decir, la demolición de la vivienda ilegal. Este proceder ha conllevado que muchas de esas infracciones hayan prescrito, al haber transcurrido más de cuatro años desde que se detectaron.
Además, la edil resaltó que en unos casos se cobraba la multa por la infracción, pero en otros, no, y acusó al PP de haber utilizado el urbanismo en Orihuela para expandir el clientelismo político. “¿A qué nos hemos dedicado? ¿Por qué no ha habido una sola orden de demolición en 25 años? ¿Por qué nuca ha pasado nada?”, se preguntó.
La otra vertiente del trabajo es que el Ayuntamiento podrá exigir cuando complete el censo de viviendas ilegales el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los últimos cuatro años a todos los infractores. Un primer cálculo advierte de que la cifra podría superar los cuatro millones, dinero que el Consistorio ha dejado de ingresar. “Hay casas, por ejemplo, en Orihuela Costa que deberían pagar más de 800 euros de IBI y no lo hacen simplemente porque no están localizadas”, lo que llevó a Moreno a afirmar que “ciudadanos que viven en primera línea de playa no pagan nada y se aprovechan de los servicios que están financiando quienes sí pagan sus impuestos”.
Por eso, en cuanto se concluya el trabajo, el Gobierno local prevé instalar una oficina en el centro de la localidad para que los propietarios afectados por alguna de las tipologías de infracción urbanística regularicen voluntariamente la situación de sus viviendas. Este plan forma parte de una especie de ley de punto final al urbanismo salvaje que ha infectado Orihuela. El proceso está pactado con el Consell, que actualmente está inmerso en el proceso de modificación y reordenación de todo el corpus legislativo urbanístico valenciano.
El protocolo de actuación consensuado con la Consejería de Territorio para incorporar estas miles de casas al futuro Plan General incluye la aplicación de la tolerancia cero con los nuevos infractores. Moreno advirtió de que entre los cambios previstos por la Administración figura alargar hasta los 15 años el periodo de prescripción de las ilegalidades, lo que la llevó incluso a rogar a los propietarios de suelo rústico en Orihuela que desistan de seguir edificando sin licencia, so pena de verse abocados a la restauración de la legalidad. Esto implica, además de una sanción de entre 600 y 3.000 euros, la demolición del inmueble.
Pero este problema no es privativo de Orihuela. En 2006, el Consell decidió intervenir la gestión urbanística del Ayuntamiento de Catral, en cuyo término municipal dijo haber detectado 1.200 viviendas ilegales en suelo no urbanizable. Si bien aquella fue una decisión política contra un municipio con alcalde socialista apenas una semana después de que el entonces secretario general del PSPV, Ignasi Pla, presentara una moción de censura en las Cortes contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, puso al descubierto la realidad de una comarca en la que la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios (AECU) de Urbanismo cifra en entre un 5% y un 15% las casas ilegales que pueblan los 27 municipios de La Vega Baja, según dijo su presidente, Honorio Fernández. La mayoría se han levantado en suelo no urbanizable sin cumplir la ley, pero otras se ubican en pleno casco urbano. Moreno confirmó que una gran parte de las infracciones están en Orihuela Costa.
Otra de las consecuencias que producirá el hallazgo es que se retrasará la conclusión del nuevo Plan General, en trámite desde hace años, que prevé ampliar en 1,5 millones de metros el suelo urbanizable del municipio.
* El País - ARTUR BALAGUER 5 SEP 2012
Foto: Fotografía tomada por satélite de la misma parcela en 2005 y 2012, donde se han construido cuatro torres ilegales de ocho alturas.- elpais
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Un cargo de Cañete recorre municipios del litoral para prometer la legalización de casas
“Es muy pronto para saberlo, estamos identificando los problemas, hay distintos tramos de deslinde, afectados que eran propietarios de terrenos y otros que no”, señaló Saavedra en la localidad de O Morrazo, tras reunirse junto a Hernández con el alcalde, José Fervenza, del PP, y representantes de la asociación de afectados, y con la ausencia de última hora del presidente provincial, Rafael Louzán, que había anunciado que asistiría. El anteproyecto hecho público en julio de reforma de la ley de Costas prevé la reducción de la servidumbre de dominio público de 100 a 20 metros, pero para el caso de Moaña, donde en algún caso las viviendas afectadas están levantadas sobre la arena en edificios de varias plantas de arquitectura nada tradicional, el remiendo normativo no es suficiente. Fervenza defendió en el Parlamento autónomo hace dos años una reforma mucho más atrevida, que llegaba a plantear cambios en las condiciones de uso del dominio público. Aquel texto se envió a Madrid para su discusión, abortada con la propuesta de Cañete, que pretendía refundir las reclamaciones llegadas de toda España. Enterrada aquella idea, el alcalde apuesta ahora por realizar un nuevo deslinde que permita consolidar el hormigón en primera línea de playa. “No es que estemos en contra de la ley, pero sí a favor de modificar algún punto”, dijo. El director general no quiso comprometerse. “Hay que ver si es posible el equilibrio entre satisfacer las demandas de los afectados y la protección del dominio público”, advirtió Saavedra, que solo fue tajante para asegurar que no se va a “rebajar el nivel de protección del dominio público”. “Es un asunto complejo que requiere tiempo”, despejó, y apuntó, sin mucho entusiasmo, a otra posible solución “por vía administrativa”.
Los afectados se aferran a que muchas de las viviendas en peligro se adquirieron con licencia municipal. José Gallego, portavoz de la asociación, apreció la “buena disposición” de los dirigentes populares, pero también expresó dudas. “Este debe ser el tercer o cuarto director general con el que nos reunimos. Si el Gobierno tiene intención de resolver el problema, por nosotros mejor imposible, pero lo vemos difícil”. El conselleiro se salió igualmente por la tangente.”"Tenemos abierta una línea de entendimiento con el Ministerio, y hoy nuestro objetivo no era cerrar nada al 100%. La modificación legal ya tiene en cuenta en parte las demandas de la Xunta en relación con los núcleos”. El anteproyecto legal prevé rebajar la protección pero solo para aquellos suelos equiparables al urbano según los servicios y abastecimiento de que disponían en 1988, lo que no daría cobertura a áreas transformadas a partir de entonces.
* El País - VÍCTOR HONORATO - 5.9.12
Foto: Uno de los edificios junto a la playa de Moaña que el PP local pretende legalizar. / LALO R. VILLAR .................................... Leer más...
Tarragona.- Nueve imputados por pelotazo urbanístico en el caso Parc Central
Durante estos quince años de investigación han caído de la lista de imputados una decena de personas, aproximadamente.
La magistrada que estaba al frente del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Tarragona –cesó en el cargo el pasado viernes y actualmente ya hay otra juez sustituta–, Ainhoa Sagardia, comunicó ayer a las partes su resolución mediante un auto, de doce folios. En el escrito se recoge la correlación de hechos, con datos y fechas precisos, de todo lo investigado y que ha determinado que las personas que ya estaban imputadas en la causa sigan en la lista –ver recuadro adjunto–.
Las investigaciones
Los hechos investigados se remontan a principios de los años 90, por la venta de los terrenos de la antigua Gas Tarraconense por un valor total de 535 millones de las antiguas pesetas y su posterior venta a Erosmer –ahora Eroski– por 1.337 millones, lo que implica una plusvalía de 802 millones.
Entre medio hay un entramado de diversas sociedades, algunas en paraísos fiscales, lo que ha complicado aún más la instrucción de la causa. Durante estos quince años de investigaciones se han solicitado cuatro comisiones rogatorias a Suiza, tres a Holanda, una a Liechtenstein y otra a Andorra, todos ellos paraísos fiscales. Además, cada vez que se mandaba una comisión, alguna de las partes presentaba un recurso ante el correspondiente tribunal federal, que retrasaba todavía más la de por sí complicada tramitación del asunto.
El entramado
Mundobrokers SA era la entidad constituida en 1987 que inicialmente tenía que haber llevado a cabo la adquisición de los terrenos de los depósitos de la antigua Gas Tarraconense. Sin embargo, antes de ejecutar la opción de compra de los mismos, la cedió a la entidad Metspor S L. Ésta fue creada el 12 de julio de 1990 por un economista y dos empleadas de su despacho. Dicha entidad no tenía ninguna actividad ya que su único fin era, según el juez, poder ser transmitida a algún cliente.
El 24 de abril de 1991, todas las acciones de Metspor SL fueron vendidas al difunto Lluís Carbonell y a un familiar. Justo al día siguiente, la empresa compró a Gas Tarraconense la finca donde estaban los depósitos por 160 millones de pesetas. Igualmente, Metspor SL adquirió, el 10 de junio, varias fincas colindantes –de propiedad particular– por 375 millones de pesetas. En total una adquisición por 535 millones de pesetas. El 20 de diciembre de 1991, Metspor efectuó una ampliación de capital, siendo suscritas todas las participaciones por Carbonell Figueras SA, Colas Ricart SA y la entidad Tarántula Beheers.
Tarántula Beheers tenía su domicilio en Amsterdam. Había sido constituida solamente diez días antes. Su único accionista era la Cia Willowby Corporation, con domicilio social en Curaçao. El 23 de agosto de 1991, se presentó un escrito en el Ayuntamiento en el que solicitaba que se iniciaran los trámites para la modificación de la norma urbanística que afectada al terreno con el fin de permitir la construcción de un centro comercial. A principios del año 1993, Metspor firmó un contrato de compraventa con Erosmer.
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Inicialmente, pero, se había hecho llegar a la firma Continente una opción de compra para que levantase un hipermercado en los terrenos. La propuesta no fue aprobada por la Comissió d’Equipaments Comercials.
El 23 de marzo de 1993, Erosmer y el Ayuntamiento de Tarragona rubricaron el convenio urbanístico.
Finalmente, Erosmer compró las fincas por 1.337.880.000 pesetas, 802 millones más de lo que habían costado. Se estableció el pago en tres plazos. Antes de satisfacer el tercero, dos de los accionistas de Metspor vendieron sus acciones a la otra empresa, Tarántula Beheers. Según la denuncia realizada por la Fiscalía, parte de los beneficios de dicha operación fueron transferidos a la cuenta que Tarántula tenía en un banco de Holanda, que a su vez los transfirió a la cuenta que Willowby tenía en Suiza.
En medio de la venta se encuentra la empresa Las Pieles de España SA, quien habría efectuado de mediadora en la operación, de la que habría obtenido más de un millón de euros de comisión.
Sin delito fiscal
A pesar del entramado de empresas en paraísos fiscales, en el auto de la juez no se recoge el delito fiscal. Al parecer, al cabo de una semana de la presentación de la denuncia inicial, una de las empresas abonó al fisco 400 millones de pesetas correspondientes al IVA y al impuesto de sociedades. El dinero, al parecer, procedía de una de las cuentas suizas.
Tras la resolución judicial conocida ayer, todo parece indicar que las partes presentarán recurso de reforma –ante el mismo Juzgado y que significaría la paralización de la causa hasta que no se resuelva el asunto– o de apelación ante la Audiencia Provincial.
De una forma u otra, el asunto tardará todavía meses –por no decir años– en llegar a juicio. Tampoco se descarta que de la lista de imputados pueda caer algún nombre.
* Diari de Tarragona - ÀNGEL JUANPERE | 04/09/2012
Foto: LLUÍS MILIÁN
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El Ayuntamiento de Alicante declara prescrita una infracción urbanística pese a que el Síndic la calificó de grave
Los hechos en cuestión se remontan nada menos que a 2003, cuando Roberto Mora, vecino del edificio situado en la avenida de Salamanca 13, denunció en el Ayuntamiento una infracción urbanística consistente en la "destrucción de un muro de ladrillo caravista de la fachada principal del edificio".
La comunidad de propietarios de la finca exigió al denunciado paralizar las obras al no haberle dado permiso para las mismas. Desde entonces, Roberto Mora ha ido presentado escritos en Urbanismo denunciado lo sucedido, hasta sumar un total de 14. Incluso acudió al Síndic de Greuges al no obtener respuesta municipal. La respuesta de Cholbi fue la de calificar lo sucedido de "grave" y acusar al Ayuntamiento de permitir la prescripción al no atender las denuncias presentadas.
A la declaración de prescripción respondió el denunciante con un recurso de reposición rechazando con rotundidad la misma. El recurso ha sido también rechazado mediante decreto de la edil de Urbanismo, Marta García Romeu, en el que advierte que las obras se ejecutaron en 2003 y el expediente de infracción se abrió en 2008, por lo que se produjo la prescripción al haber transcurrido mas de cuatro años.
El denunciante rechaza tal argumento y en un nuevo escrito al Ayuntamiento denuncia un presunto trato de favor porque el padre del denunciado era en el año de las obras concejal del PP. Roberto Mora califica los hechos de "atropello e injusticia", así como de "prevaricación clara", alude a la "ocultación" de un informe sobre la inspección que hizo la Policía Local a las obras ilegales y exige al Ayuntamiento que obligue al denunciado a reponer el muro derribado.
* Información - M.Dopazo - 31.8.12
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org
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El fuego de la Costa del Sol destapa la polémica de las casas ilegales
¿Qué hacer con las casas ilegales destruidas? La respuesta está en el aire. Más de un centenar de viviendas se encuentran bajo la duda. Hoy, responsables de la Junta de Andalucía, Medio Ambiente, Salud y Fomento se reunirán con representantes de los seis municipios malagueños afectados por el incendio forestal del pasado jueves para hacer una primera evaluación de daños y crear una mesa permanente de coordinación.
A la reunión, en la Delegación del Gobierno en Málaga, han sido convocados los alcaldes de Ojén, Mijas, Marbella, Coín, Alhaurín El Grande y Monda; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, y el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo.
Ellos tendrán que dirimir los daños colaterales que ha generado el incendio. Pero, sin duda, el principal caballo de batalla es si las casas ilegales dañadas por el fuego podrán conseguir licencias de reparación.
Mijas se adelanta
El equipo gubernamental de Mijas ha querido adelantarse y ayer lunes remitió un escrito al Gobierno autonómico para que aclare si las viviendas ubicadas en suelo no urbanizable, inmersas en el proceso de regularización, y afectadas por el incendio de la semana pasada van a recibir la licencia municipal de reparación.
Esta aclaración la pidió el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, al consejero de Medio Ambiente, Luis Planas. En su misiva, Navarro explicaba al consejero las trabas legales con las que se encuentra el Ayuntamiento a la hora de tramitar licencias de obras de reparación de las viviendas afectadas por el incendio ubicadas en suelo no urbanizable, hasta que el proceso de regularización no sea aprobado definitivamente. Esto incluiría este tipo de casas al régimen legal de Fuera de Ordenación, lo que facilitaría la concesión de autorizaciones municipales de obras.
Única vivienda
El problema es grave, porque algunas de estas viviendas eran el único hogar que tenían muchas familias. Ante esta situación, el concejal de Urbanismo preguntaba al consejero si existe algún tipo de posibilidad para "dar autorizaciones a las edificaciones dañadas por el incendio de una forma excepcional" en caso de que dichas casas sean "vivienda habitual".
Aunque aún no existe una cifra oficial de las viviendas afectadas por las llamas, solo en las localidades de Ojén, Marbella y Mijas hubo casi 200. Y en esta zona el número de casas ilegales se aproxima al centenar. Al igual que en Mijas, se da la circunstancia de que buena parte de las viviendas afectadas en Ojen son ilegales. Cerca de 40 están diseminadas en la zona de La Mairena hasta el casco urbano, en suelo no urbanizable. Cuatro de ellas fueron totalmente arrasadas.
Decreto de la Junta
El problema que se plantea ahora es que, de acuerdo al decreto de la Junta (2/2012), para que se autorice la reconstrucción o la reparación de estas viviendas deben asimilarse a la situación de 'fuera de ordenación'. Y esto no es posible en Mijas hasta que no se apruebe definitivamente el plan de 'Delimitación de Asentamientos Urbanísticos y Hábitat Rural', que se inició hace tres meses. Ahora el concejal de Urbanismo deja la pelota en el tejado a la Junta de Andalucía y apoya a los propietarios de viviendas irregulares "porque desde el primer momento hemos tomado cartas en el asunto, pero a día de hoy es la Junta de Andalucía la que tiene que permitirnos dar licencias de reparación".
Y mientras los rescoldos del fuego van desapareciendo en el monte, la patata caliente esta encima de la mesa del encuentro entre políticos que se celebra hoy.
* El Confidencial - Amparo de la Gama. Marbella 04/09/2012
Foto: Dos hombres ayudan a desescombrar una vivienda de Ojén afectada por el incendio (Efe).
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Tercera ocupación del 15-M en Sevilla
Tina tiene 58 años y es la mayor de la Corrala. Fue desahuciada de su casa del barrio de Miraflores hace tres años y junto a su marido de 56 años y su hijo, que ayer cumplió los 18 años, se tuvo que ir a vivir a casa de su hermana. La mala suerte de Tina aumentó cuando a su hermana le dieron un piso de protección oficial porque su marido le pegaba. Tina cogió su maleta y se fue a la calle. “Yo me vi en la calle con mi hijo menor, y así no puedo estar”, relata la nueva inquilina del inmueble por teléfono. Estuvo durmiendo cinco noches en la Plaza de la Encarnación y unos tres meses en albergues hasta que la hermana de su marido les acogió en su casa.
Fue entonces cuando conocieron al movimiento 15-M de Sevilla y les informaron del plan que tenían: ocupar un edificio para personas que fueran desahuciadas, estuvieran en riesgo de serlo o tuvieran problemas para encontrar una vivienda.
El edificio de dos plantas “está en proceso de ser propiedad de Bankia, aunque ahora mismo pertenece a la sociedad de Inversiones Plaza Nueva 9”, según informó ayer un portavoz del 15-M. Se terminó de construir hace dos años, pero hasta hace siete meses el contratista estaba trabajando en él. No se llegó a comprar ningún piso ni tampoco se alquiló nada, incluidos los bajos, destinados para locales comerciales.
Todo está cerrado. Nadie entra ni sale como medida de seguridad, ya que la policía vigila la calle desde que la noticia de la ocupación se dio a conocer. En el interior están algunos miembros de las familias, a la espera de que la situación se calme un poco y se aseguren que pueden entrar a vivir el resto de inquilinos. Sin agua ni luz, los vecinos, familiares y miembros del 15-M mantienen la zona vigilada y les dan suministros por los balcones de la primera planta, de los que cuelgan pancartas, cuando se subieron las persianas y los nuevos vecinos se asomaron.
La comunicación con las familias que habitan la corrala es complicada. Para hablar con estos súbitos inquilinos solo se puede hacer por teléfono. Ninguno da su nombre verdadero porque tienen miedo de que la policía les fiche, por eso para localizarles tiran por el balcón un papel con dos números; uno que pone exterior, y es la persona encargada de explicar por qué se hizo la ocupación y cómo; y el otro, es un móvil para localizar a los que están dentro de las viviendas, así puedes hablar con las familias y conocer sus historias.
Macu tiene tres hijos, de 11, 9 y 3 años. A sus 33 años está separada y trabaja como limpiadora, su exmarido esta en paro y no percibe ninguna ayuda. Con el sueldo de Macu, 900 euros, no puede mantener a sus hijos y está a punto de ser desahuciada. Por eso es otra de las vecinas de la Corrala. “No queremos meternos en ningún sitio por la cara, queremos pagar, pero acorde a lo que podamos”, se justifica por teléfono. Ana, de 23 años, está parada y no recibe ayuda de ningún tipo, su único ingreso es esporádico, cuando hace algún trabajo como esteticista. Explica que se ha mudado para darle una vida mejor a su hijo de 15 meses.
“Las vecinas reclaman el derecho a la alegría. En contraposición a una época en la que las familias parecen estar viviendo un auténtico calvario como consecuencia de la crisis económica. Y porque sin alegría no se puede vivir”, asegura un miembro del 15-M que pide el anonimato. La idea de ocupar un edificio para “realojar” a familias que no tienen recursos para adquirir una vivienda de alquiler surgió a finales de mayo. Entonces 32 familias ocuparon un edificio en la calle San Lázaro y aún siguen viviendo, aunque sin agua y sin luz. Lo llamaron la Corrala la Utopía. Ambas acciones han tenido el apoyo del movimiento 15-M de Sevilla. Más tarde otras cinco familias ocuparon otro inmueble asesorados por el 15-M. Trabajan en equipo y buscan edificios propiedad de bancos y que no hayan sido vendidos ni alquilados; estudian las posibilidades que tienen para poder vivir; llevan a cabo la ocupación, y días después dan a conocer la ocupación.
Mientras, la situación en la Corrala la Alegría es complicada: algunos de los pisos no están terminados y la tensión es constante por el miedo a que haya un desalojo por parte de la policía.
* El País - MARÍA CENTENO Sevilla 2 SEP 2012
Foto: Varios vecinos asomados a un balcón del nuevo edificio ocupado en el centro de Sevilla. / PÉREZ CABO
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