ELPAÍS/Galicia* : Dos firmas investigadas en la Operación Retablo —una presunta trama de corrupción generalizada en la restauración de arte sacro en las provincias de Ourense y Pontevedra— a las que la Xunta apartó de los trabajos en cuanto estalló el escándalo, retoman ahora las obras de rehabilitación siguiendo órdenes de la Consellería de Cultura. Las empresas Ábside y CBC Márquez Vieira, cuyos responsables siguen imputados por el juez en la citada investigación y que según informes de la Xunta han arruinado numeroso patrimonio artístico, incluidas tallas de algunos templos declarados Bienes de Interés Cultural, han recibido permiso de la Dirección Xeral de Patrimonio para restaurar nuevas piezas.
A CBC Márquez Vieira, la Xunta le ha encomendado restaurar dos retablos y sus correspondientes imágenes en la iglesia de Santa Baía de Bousés dentro del municipio ourensano de Oímbra. La resolución, firmada el 14 de agosto por el subdirector de Conservación y restauración de bienes culturales de la Xunta, Manuel Chaín Pérez, faculta a la firma CBC a realizar catas y tomar muestras antes de “establecer los procedimientos de intervención más adecuados y respetuosos con los bienes”. La decisión de Cultura supone el regreso de esta empresa a un templo donde ya acometió tareas de rehabilitación con un resultado desastroso, según detallan informes internos de la propia consellería.
Tal y como consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los trabajos realizados por CBC en este templo utilizaron “tratamientos demasiado intervencionistas llegando a agredir la integridad de la obra, tanto por los productos empleados como por la errónea utilización de los mismos”. El peritaje asegura que el presupuesto de la obra, 17.000 euros, tampoco fue “coherente con el tiempo empleado, poco más de un mes” durante el verano de 2009.
El proyecto de rehabilitación que ha llevado a la Xunta a confiar de nuevo en esta empresa lleva la firma de Olga Quintela, a quien tanto el juez como el fiscal relacionan con varios delitos de corrupción en el sumario del caso Retablo, que acumula casi 3.000 folios y dos años de trabajo en juzgado de instrucción número 3 de Santiago.
También Ábside, otra de las sociedades que el juez y el fiscal sitúa en el centro de la presunta trama corrupta, ha recibido en los últimos meses nuevas encomiendas de Cultura. La Dirección Xeral de Patrimonio le faculta para restaurar el retablo lateral izquierdo en el Santuario de la Virgen de los Remedios ubicada en Verín. Con un presupuesto de 14.549 euros esta empresa podrá continuar su tarea en el templo después de superar algunas adversidades burocráticas y al segundo intento.
En octubre de 2011, Patrimonio resolvió no autorizar el proyecto y reclamó nueva documentación específica que incorpore los procedimientos técnicos y materiales que requiere la complejidad de la obra. Pero finalmente la consellería ha optado por encargar a Ábside “la desinsectación y consolidación del soporte de la imagen”, Asunción de María, además de realizar pruebas de barnizado y limpieza y “aplicar una capa de protección de la policromía y los estucos previa a la reintegración cromática”. La resolución está avalada por el director general de Patrimonio, José Manuel Rey Pichel, con fecha de 1 de febrero de 2012.
El documento autoriza a Ábside para trabajar de nuevo bajo supervisión de Xunta pese a que Cultura maneja informes periciales que dejan malparada a esta firma de restauración, la misma que intentó rehabilitar tres retablos en la Iglesia de Santa Tecla de Abeleda en Castro Caldelas, también en Ourense. En este monumento inventariado en el catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia “los tratamientos no fueron los adecuados para la salvaguarda de dichas obras”. Según la información que maneja la Xunta, en aquellas obras Ábside realizó “una reintegración volumétrica incoherente, sin forma y sin seguir las líneas exigidas por las piezas”. “La reintegración cromática es a base de manchas negras, más oscura que el original y con productos de dudosa estabilidad y reversibilidad”, lo que da lugar a “lagunas con pastas sin reintegrar”. “La capa de protección desvirtúa tanto la textura como el acabado de la obra que presenta una capa no homogénea tanto en brillo como en aplicación”.
La responsable del proyecto de rehabilitación, Carmen Acuña, está también imputada en el caso Retablo.
CBC y Ábside, bajo sospecha
Capitaneadas por dos mujeres que siguen imputadas por el juez en el farragoso sumario del caso Retablo, sobre las firmas CBC Márquez Vieira y Ábside consta un largo historial de estropicios en distintos informes de la Xunta. De tal calibre, que hasta el Obispado de Ourense realizó un llamamiento para dejar de contratarlas. En una misiva remitida a la Consellería de Cultura el Ecónomo Diocesano de Ourense señala: “se han detectado algunas intervenciones que en vez de conservar las obras han provocado graves deterioros en ellas, así importantes obras realizadas por estas empresas y supervisadas por la administración competente acusan mala praxis”.
Según la Iglesia, el retablo mayor del Monasterio de San Rosendo de Celanova; cinco más de la parroquia de Santa María Real de Entrimo; el conjunto de San Salvador de Prado de Limia; tres del Monasterio de Melón y los retablos mayores de Santiago de Carracedo y Santa María de Lamas en Xinzo; así como el conjunto de Santa Tecla de Abeleda “han sufrido importantes agresiones debido a estas actuaciones. Y representan, tal y como constata la diócesis, “una mínima parte de las intervenciones que se han podido visitar y mirar con detenimiento”. Su diagnóstico tras encargar pruebas periciales sobre las obras de rehabilitación es demoledor: “En ninguno de los casos se trabajó con un mínimo respeto a la obra original ignorando y alterando sus valores funcionales, estéticos, artísticos e históricos”. La conclusión del obispado sostiene que “los criterios adoptados [por Ábside y CBC] no se adecúan a los necesarios para la conservación de las obras de arte”.
* El País - JOSÉ PRECEDO Santiago 7 SEP 2012
Foto: Retablo lateral de la iglesia de Santa Baía de Bousés (Oímbra), en restauración. / ROSA VEIGA
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PÚBLICO/Madrid* : El Tribunal Supremo ha anulado la recalificación como suelo urbanizable, acordada por la Comunidad de Madrid en febrero de 2003, de más de 1 millón de metros cuadrados en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada, feudo histórico del PP. Según la Asociación "Villanueva de la Cañada Sostenible", que ha ganado el caso en el Supremo casi diez años después, cerca del 70 por ciento por ciento del terreno merecía especial protección, bien por formar parte del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno; o bien por estar clasificado como "Montes Preservados", terrenos forestales o bosques, según la Asociación "Villanueva de la Cañada Sostenible".
La Sala Tercera del Supremo basa su decisión en que "ni la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, ni el posterior acuerdo que aprobó la clasificación del sector nº3 como suelo urbanizable, ni, en fin, el Plan Parcial, se sometieron a modalidad alguna de Evaluación Ambiental". Dichos acuerdos, el último de la Comisión Provincial de Urbanismo de Madrid, de 30 de noviembre de 2004, por el que se aprobó definitivamente el Plan, son anulados.
Además, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Fernández Valverde, reprocha a la Comunidad de Madrid la ausencia total de motivación sobre el interés que justificaba el plan de urbanismo y las recalificaciones citadas.
El Supremo relata que, en 1998, el Consejo de Gobierno de la Comunidad denegó la clasificación como suelo urbanizable del Sector 3, porque el suelo estaba incluido en el régimen de protección preventiva para el curso medio del río Guadarrama y su entorno establecido en un decreto de 1992.
Sin que mediara recurso administrativo o judicial alguno, cuatro años después de esa decisión, el Ayuntamiento instó a la Comunidad a revisar la denegación acordada en 1998, al estimar que vulneraba la autonomía local y que las deficiencias detectadas eran subsanables. Así, destacaba que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del curso medio del Guadarrama, de 1999, derogaba el decreto de protección de 1992 excluyendo de los mismos a los del sector 3.
El 1 de agosto de 2002, el Gobierno regional revocó su acuerdo denegatorio de 1998, y acordó autorizar la recalificación si el Ayuntamiento subsanaba las deficiencias. Con una nueva documentación municipal, el Consejo de Gobierno regional aprobó definitivamente en 2003 la revisión del PGOU en el sector 3.
Sin motivación
El Supremo establece que el Ejecutivo regional consideró que la única protección de los terrenos era la del decreto de 1992, "sin reparar, ni tener en cuenta, ni analizar, la protección dispensada por la legislación sectorial de Montes, ajena e independiente a la resultante del PORN". La sentencia indica que la recalificación urbanística "estaba necesitada de una motivación adicional en las que se explicitaran las razones de interés general por las cuales la implantación de los nuevos usos residenciales debía efectuarse en ese ámbito concreto, a la sazón disgregado del núcleo urbano o histórico del municipio, que gozaba de la protección, prevista en la legislación de Montes, más intensa en el caso de los suelos calificados como Montes Preservados, y en menor grado respecto del resto de masas forestales incluidas en el sector".
Para el tribunal, ninguna de esas circunstancias fueron "en modo alguno" aclaradas, justificadas ni motivadas "en el peculiar sistema de aprobación de la revisión del PGOU" de Villanueva de la Cañada.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, autora de la sentencia, hace una defensa del "carácter sostenible y medioambiental del urbanismo actual", que "se proyecta de forma más directa y efectiva, en relación con los sueloss rústicos en que concurren especiales valores de carácter ambiental, cualidad que concurre en los terrenos afectados por la actuación impugnada".
Añade el "plus de protección" que debe darse al medio ambiente en materia urbanística por exigencia tanto de la actual Ley de Suelo como de la normativa europea, que destacan que el suelo, además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable.
Expone que, en suelos donde concurren valores naturales especiales, como pueden ser los Montes Preservados o el Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, la actuación urbanizadora puede ser irreversible y comprometer el recurso natural, o su uso más racional, y proyectar "consecuencias nefastas" para otros recursos naturales como el agua, el aire o los ecosistemas.
El tribunal subraya además que la actuación urbanizadora proyectada está disgregada del núcleo urbano de Villanueva de la Cañada, lo que supone una vuelta precisamente "al urbanismo disperso" contra el que advierte el Texto Refundido de la Ley de Suelo del año 2008 por su "impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación de servicios públicos".
Querella de Anticorrupción en 2007
Villanueva de la Cañada y su urbanismo tiene una estrecha relación con los tribunales. En 2007, la Fiscalía Anticorrupción se querelló, entre otros, contra el alcalde de la localidad, Luis Partida, del PP; su esposa Juana María Manrique, arquitecta municipal; y Enrique Porto, director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid desde 2003 hasta su dimisión en 2006, por presuntos delitos de negociación prohibida a funcionarios, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad.
El motivo, siempre de acuerdo a la Fiscalía, eran las irregularidades detectadas en el proceso de aprobación del Plan Parcial del Sector 1 "Los Pocillos" de Villanueva de la Cañada, donde Porto y otros acusados tenían propiedades y obtuvieron una millonaria plusvalía (por más de 4 millones de euros) con la recalificación del suelo.
* Público - ANDRÉS MUÑIZ Madrid 07/09/2012
Foto: Villanueva de la Cañada (Madrid) - ayto-villacanada.es
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ELPAÍS/Tarragona* : La sombra de la corrupción sobrevuela antiguos cargos de Convergència Democràtica, además de directivos de empresas de ámbito estatal debido a un presunto pelotazo urbanístico en Tarragona hace más de 15 años por el que obtuvieron beneficios opacos de 4,8 millones de euros. Se trata del caso Parc Central, que tiene nueve imputados entre políticos y empresarios —en un principio había 11 imputados, pero en este tiempo dos personas han fallecido—. La investigación judicial se remonta a finales de la década de 1990, pero el asunto vuelve a la actualidad porque esta semana el juzgado de primera instancia nº6 de Tarragona ha finalizado la instrucción del sumario tras una década y media de indagaciones. Se trata de un sumario que abarca más de 30.000 páginas después de haber pasado por el caso hasta 26 jueces durante este largo lapso de tiempo.
El caso, que parecía estar en vía muerta, aborda la compraventa de unos terrenos donde posteriormente se construyó un gran centro comercial de la sociedad vasca Eroski, bautizado como Parc Central. En la operación, presuntamente ilegal, está imputado Àngel Fernández, exconcejal de Urbanismo y mano derecha del exalcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CiU). Fernández estuvo implicado en otro caso de corrupción urbanística denominado Terres Cavades, que le obligó a dimitir de su cargo municipal. Además, los tentáculos del escándalo del Parc Central alcanzan a Isidoro Prenafeta Pastor, primo de Lluís Prenafeta, que fuera secretario general de la Presidencia de la Generalitat durante los primeros mandatos de Jordi Pujol e implicado en el caso Pretoria, de corrupción urbanística junto al exconsejero de la Generalitat Macià Alavedra y el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz. Isidoro Prenafeta es presidente de Tipel, una sociedad familiar dedicada al tratamiento y venta de pieles en la que trabajó como economista el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas.
En el proceso están imputados dos altos cargos más de Tipel, los directivos Juan Carretero y José M. Vidal, además del exalcalde de Reus Miquel Colàs, último edil franquista del municipio, y Luis Valero, socio fundador de Consum.
El sumario de la juez Ainoha Sagardia —que nada más concluirlo cesó para trasladarse al País Vasco— acusa a los imputados de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en la compraventa de un terreno y su recalificación posterior. La trama se remonta a 1991, cuando el solar donde ahora se ubica el centro comercial Parc Central fue vendido por Gas Tarraconense a la sociedad Metsport SL. La compra se cifró en 535 millones de pesetas (3,21 millones de euros) y esta empresa tenía como accionistas, entre otros, a la sociedad fantasma Tarantula Beeher, domiciliada en el paraíso fiscal de Curação, una isla de las Antillas Holandesas, y al constructor tarraconense Lluís Carbonell. Metsport vendió solo dos años después los terrenos a Erosmer Valencia, propiedad de Eroski, por un valor mucho más elevado; 1.337 millones de pesetas (8,03 millones de euros). Los beneficios de esta operación, 802 millones de pesetas, es decir, 4,8 millones de euros, supuestamente fueron desviados a cuentas en Holanda posteriormente transferidas a bancos suizos.
El rastro de esta plusvalía se perdió, pero durante el proceso se han constituido numerosas comisiones interrogatorias en estos países, además de en Liechtenstein y Andorra, lo que contribuyó a prolongar el proceso. Además, se investigaron cuantiosas donaciones que recibieron partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Tarragona.
La denuncia del caso Parc Central se interpuso de manera anónima. El complejo se empezó a construir en 1995 y, según consta en la instrucción del caso, fue inaugurado dos años después sin tener permiso de actividad.
* El País - MERCÈ PÉREZ PONS Tarragona 9 SEP 2012
Foto: Obras de construcción del Parc Central en 1997. / JOSEP LLUÍS SELLART
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LEVANTE/Alicante* : El juzgado de Lo Penal 3 de Orihuela ha condenado al exalcalde José Joaquín Moya a 7 años de inhabilitación al considerar probado que prevaricó a la hora de adjudicar unos terrenos en el paraje de La Pedrera a una promotora para construir "un ambicioso proyecto" de apartahotel, de 260 plazas con SPA "prescindiendo de importantes y esenciales normas de procedimiento legalmente establecido". El proyecto llevaba aparejado un pequeño campo de golf.
El fallo también condena por el mismo delito a la misma pena al exsecretario municipal, Antonio Saseta, quien ejerce actualmente como en un municipio murciano.
Además Moya, retirado de la escena política desde que fuera detenido en octubre de 2008 y el secretario deberán abonar la mitad de las costas, iniciado y mantenido en solitario desde 2006 por el presidente del Partido Popular, José Antonio Ricart. El juzgado absuelve del delito de prevaricación a las también exediles María del Carmen Grau y Maria Jesús Torres, porque no se ha acreditado que tuvieran "conocimiento" de "la ilegalidad y arbitrariedad" de los acuerdos adoptados.
La que confirmó ayer este juzgado es la primera condena a Moya, quien ejerció como alcalde socialista durante más 25 años en Bigastro y que está imputado en otras varias causas desgranadas en lo que en su día se bautizó como "Operación Bigastro", que investigaba la gestión urbanística y económica irregular del Ayuntamiento de este pequeño municipio. El fallo considera probado que Moya, con la colaboración "necesaria" del secretario y "arbitrariamente" tramitó y aprobó en 2005 la subasta 35.000 metros cuadrados en el paraje rústico de La Pedrera, valorado en 2,1 millones de euros. Moya lo hizo saltándose más de una decena de trámites legales "esenciales" como la inscripción de la fincas y su deslinde; el cumplimiento en los plazos de presentación de ofertas; la autorización de la Conselleria de Medio Ambiente; la convocatoria de la mesa de contratación en plazos y la falta de concordancia entre lo que planteaba el pliego que se iba a subastar y lo que realmente adquirió la única empresa ofertante. Y, sobre todo, el exalcalde actuó sobre un suelo de un paraje natural con un plan especial para el que necesitaba una autorización que nunca tramitó.
El Consell debió autorizar la operación
Entre otras irregularidades evidentes, se constata que el precio que aportó la promotora a las arcas municipales suponía más del 25% del presupuesto local, por lo que la subasta exigía la autorización del Consell. Visto bueno que no se solicitó. El secretario en su informe decía que el valor de la finca no superaba ese 25%. El único ofertante, Promociones Alicante Torrevieja, propuso, modificando el planteamiento inicial sobre la marcha, quedarse con otros 45.000 m2 para construir un campo de golf de prácticas con una concesión municipal por 50 años, valorada en 600.000 euros.
* Levante - D.Pamies - 7.9.12
Foto: Bigastro (Alicante) - ebigastro.com
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ELPAÍS/Alicante* : Pocos meses después de llegar al poder en junio de 2011, el nuevo Gobierno de Orihuela, un tripartito formado por Los Verdes, el PSPV y el Centro Liberal Renovador, cifró en 8.000 las viviendas ilegales que sembraban su territorio municipal. La cantidad se fue a 12.000 la primavera pasada y, rendida a la evidencia de la comprobación aérea mediante el uso de las fotografías realizadas desde un satélite, la concejal socialista de Planificación y Proyectos, Antonia Moreno, ha elevado ahora la cifra más allá de las 15.000.
Aunque la empresa de cartografía contratada por el Consistorio para ejecutar las ortofotografías del término municipal oriolano —de 365,44 kilómetros cuadrados, el cuarto más grande de España— para escrutarlo “palmo a palmo” antes de proceder a la revisión de su Plan General apenas ha entregado un tercio del trabajo, la edil asegura que la realidad superará “en miles de nuevas irregularidades la cifra que teníamos calculada a partir de la documentación existente en el Ayuntamiento”.
“Tanto es así que la parte del planeamiento que hay colgada en la web municipal ha recibido advertencias de particulares señalando que en solares supuestamente libres hay edificaciones desde hace años” de las que no hay constancia catastral.
Moreno hurgó en el asunto con un amplio abanico de pruebas fotográficas aéreas que comparaban el mismo suelo en 2005 y la actualidad. Las imágenes demuestran cómo en una misma parcela rústica se ha construido un chalé, un almacén y hasta un circuito de karting o la realidad de que en una parcela que en el catastro figura como “suelo sin edificar” se han levantado cuatro torres de ocho alturas que suman más de 100 viviendas.
El resultado del trabajo fotográfico contratado por el Ayuntamiento servirá para completar un informe que será trasladado a la fiscalía, según reveló la concejal de Planificación. Moreno confirmó que en 25 años de sucesivos Gobiernos del PP, en la ciudad nunca se ha completado un solo expediente de infracción urbanística hasta su finalización, es decir, la demolición de la vivienda ilegal. Este proceder ha conllevado que muchas de esas infracciones hayan prescrito, al haber transcurrido más de cuatro años desde que se detectaron.
Además, la edil resaltó que en unos casos se cobraba la multa por la infracción, pero en otros, no, y acusó al PP de haber utilizado el urbanismo en Orihuela para expandir el clientelismo político. “¿A qué nos hemos dedicado? ¿Por qué no ha habido una sola orden de demolición en 25 años? ¿Por qué nuca ha pasado nada?”, se preguntó.
La otra vertiente del trabajo es que el Ayuntamiento podrá exigir cuando complete el censo de viviendas ilegales el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los últimos cuatro años a todos los infractores. Un primer cálculo advierte de que la cifra podría superar los cuatro millones, dinero que el Consistorio ha dejado de ingresar. “Hay casas, por ejemplo, en Orihuela Costa que deberían pagar más de 800 euros de IBI y no lo hacen simplemente porque no están localizadas”, lo que llevó a Moreno a afirmar que “ciudadanos que viven en primera línea de playa no pagan nada y se aprovechan de los servicios que están financiando quienes sí pagan sus impuestos”.
Por eso, en cuanto se concluya el trabajo, el Gobierno local prevé instalar una oficina en el centro de la localidad para que los propietarios afectados por alguna de las tipologías de infracción urbanística regularicen voluntariamente la situación de sus viviendas. Este plan forma parte de una especie de ley de punto final al urbanismo salvaje que ha infectado Orihuela. El proceso está pactado con el Consell, que actualmente está inmerso en el proceso de modificación y reordenación de todo el corpus legislativo urbanístico valenciano.
El protocolo de actuación consensuado con la Consejería de Territorio para incorporar estas miles de casas al futuro Plan General incluye la aplicación de la tolerancia cero con los nuevos infractores. Moreno advirtió de que entre los cambios previstos por la Administración figura alargar hasta los 15 años el periodo de prescripción de las ilegalidades, lo que la llevó incluso a rogar a los propietarios de suelo rústico en Orihuela que desistan de seguir edificando sin licencia, so pena de verse abocados a la restauración de la legalidad. Esto implica, además de una sanción de entre 600 y 3.000 euros, la demolición del inmueble.
Pero este problema no es privativo de Orihuela. En 2006, el Consell decidió intervenir la gestión urbanística del Ayuntamiento de Catral, en cuyo término municipal dijo haber detectado 1.200 viviendas ilegales en suelo no urbanizable. Si bien aquella fue una decisión política contra un municipio con alcalde socialista apenas una semana después de que el entonces secretario general del PSPV, Ignasi Pla, presentara una moción de censura en las Cortes contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, puso al descubierto la realidad de una comarca en la que la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios (AECU) de Urbanismo cifra en entre un 5% y un 15% las casas ilegales que pueblan los 27 municipios de La Vega Baja, según dijo su presidente, Honorio Fernández. La mayoría se han levantado en suelo no urbanizable sin cumplir la ley, pero otras se ubican en pleno casco urbano. Moreno confirmó que una gran parte de las infracciones están en Orihuela Costa.
Otra de las consecuencias que producirá el hallazgo es que se retrasará la conclusión del nuevo Plan General, en trámite desde hace años, que prevé ampliar en 1,5 millones de metros el suelo urbanizable del municipio.
* El País - ARTUR BALAGUER 5 SEP 2012
Foto: Fotografía tomada por satélite de la misma parcela en 2005 y 2012, donde se han construido cuatro torres ilegales de ocho alturas.- elpais
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ELPAÍS/Galicia* : Entre el goteo de promesas electorales que empiezan a lanzar al vuelo los partidos regresa la de solucionar el problema de las edificaciones junto a la costa. Con el caso paradigmático de los núcleos costeros tradicionales de Marín ya bastante encauzado tras la aprobación de su plan de ordenación, los afectados de otros municipios con un estatus menos claro quieren garantías de que la reforma en trámite de la Ley de Costas se ocupará de sus casos. El conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, pasó ayer por Moaña y Vilanova de Arousa para transmitir a los afectados el mensaje de que el PP no se olvida de ellos, acompañado del director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, venido desde Madrid. La visita dio para poco más que el socorrido “estamos trabajando en ello” y, en el caso de Moaña, para sembrar dudas sobre su posible encaje en la reforma esbozada por el Ministerio de Medio Ambiente.
“Es muy pronto para saberlo, estamos identificando los problemas, hay distintos tramos de deslinde, afectados que eran propietarios de terrenos y otros que no”, señaló Saavedra en la localidad de O Morrazo, tras reunirse junto a Hernández con el alcalde, José Fervenza, del PP, y representantes de la asociación de afectados, y con la ausencia de última hora del presidente provincial, Rafael Louzán, que había anunciado que asistiría. El anteproyecto hecho público en julio de reforma de la ley de Costas prevé la reducción de la servidumbre de dominio público de 100 a 20 metros, pero para el caso de Moaña, donde en algún caso las viviendas afectadas están levantadas sobre la arena en edificios de varias plantas de arquitectura nada tradicional, el remiendo normativo no es suficiente. Fervenza defendió en el Parlamento autónomo hace dos años una reforma mucho más atrevida, que llegaba a plantear cambios en las condiciones de uso del dominio público. Aquel texto se envió a Madrid para su discusión, abortada con la propuesta de Cañete, que pretendía refundir las reclamaciones llegadas de toda España. Enterrada aquella idea, el alcalde apuesta ahora por realizar un nuevo deslinde que permita consolidar el hormigón en primera línea de playa. “No es que estemos en contra de la ley, pero sí a favor de modificar algún punto”, dijo. El director general no quiso comprometerse. “Hay que ver si es posible el equilibrio entre satisfacer las demandas de los afectados y la protección del dominio público”, advirtió Saavedra, que solo fue tajante para asegurar que no se va a “rebajar el nivel de protección del dominio público”. “Es un asunto complejo que requiere tiempo”, despejó, y apuntó, sin mucho entusiasmo, a otra posible solución “por vía administrativa”.
Los afectados se aferran a que muchas de las viviendas en peligro se adquirieron con licencia municipal. José Gallego, portavoz de la asociación, apreció la “buena disposición” de los dirigentes populares, pero también expresó dudas. “Este debe ser el tercer o cuarto director general con el que nos reunimos. Si el Gobierno tiene intención de resolver el problema, por nosotros mejor imposible, pero lo vemos difícil”. El conselleiro se salió igualmente por la tangente.”"Tenemos abierta una línea de entendimiento con el Ministerio, y hoy nuestro objetivo no era cerrar nada al 100%. La modificación legal ya tiene en cuenta en parte las demandas de la Xunta en relación con los núcleos”. El anteproyecto legal prevé rebajar la protección pero solo para aquellos suelos equiparables al urbano según los servicios y abastecimiento de que disponían en 1988, lo que no daría cobertura a áreas transformadas a partir de entonces.
* El País - VÍCTOR HONORATO - 5.9.12
Foto: Uno de los edificios junto a la playa de Moaña que el PP local pretende legalizar. / LALO R. VILLAR
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DIARIDETARRAGONA* : Después de quince años de investigación y un sumario que contiene más de 30.000 folios, la juez que investiga el caso del supuesto ‘pelotazo’ por valor de unos 4,8 millones de euros –802 millones de las antiguas pesetas– en la compraventa de los terrenos de la antigua Gas Tarraconense –donde posteriormente se levantó el complejo comercial Parc Central–, ha finalizado la instrucción del caso. En la resolución judicial mantiene la imputación contra las nueve personas que ya lo estaban en las diligencias previas –otras dos personas imputadas han fallecido durante la tramitación del asunto–. Los delitos que se les imputan son tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Durante estos quince años de investigación han caído de la lista de imputados una decena de personas, aproximadamente.
La magistrada que estaba al frente del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Tarragona –cesó en el cargo el pasado viernes y actualmente ya hay otra juez sustituta–, Ainhoa Sagardia, comunicó ayer a las partes su resolución mediante un auto, de doce folios. En el escrito se recoge la correlación de hechos, con datos y fechas precisos, de todo lo investigado y que ha determinado que las personas que ya estaban imputadas en la causa sigan en la lista –ver recuadro adjunto–.
Las investigaciones
Los hechos investigados se remontan a principios de los años 90, por la venta de los terrenos de la antigua Gas Tarraconense por un valor total de 535 millones de las antiguas pesetas y su posterior venta a Erosmer –ahora Eroski– por 1.337 millones, lo que implica una plusvalía de 802 millones.
Entre medio hay un entramado de diversas sociedades, algunas en paraísos fiscales, lo que ha complicado aún más la instrucción de la causa. Durante estos quince años de investigaciones se han solicitado cuatro comisiones rogatorias a Suiza, tres a Holanda, una a Liechtenstein y otra a Andorra, todos ellos paraísos fiscales. Además, cada vez que se mandaba una comisión, alguna de las partes presentaba un recurso ante el correspondiente tribunal federal, que retrasaba todavía más la de por sí complicada tramitación del asunto.
El entramado
Mundobrokers SA era la entidad constituida en 1987 que inicialmente tenía que haber llevado a cabo la adquisición de los terrenos de los depósitos de la antigua Gas Tarraconense. Sin embargo, antes de ejecutar la opción de compra de los mismos, la cedió a la entidad Metspor S L. Ésta fue creada el 12 de julio de 1990 por un economista y dos empleadas de su despacho. Dicha entidad no tenía ninguna actividad ya que su único fin era, según el juez, poder ser transmitida a algún cliente.
El 24 de abril de 1991, todas las acciones de Metspor SL fueron vendidas al difunto Lluís Carbonell y a un familiar. Justo al día siguiente, la empresa compró a Gas Tarraconense la finca donde estaban los depósitos por 160 millones de pesetas. Igualmente, Metspor SL adquirió, el 10 de junio, varias fincas colindantes –de propiedad particular– por 375 millones de pesetas. En total una adquisición por 535 millones de pesetas. El 20 de diciembre de 1991, Metspor efectuó una ampliación de capital, siendo suscritas todas las participaciones por Carbonell Figueras SA, Colas Ricart SA y la entidad Tarántula Beheers.
Tarántula Beheers tenía su domicilio en Amsterdam. Había sido constituida solamente diez días antes. Su único accionista era la Cia Willowby Corporation, con domicilio social en Curaçao. El 23 de agosto de 1991, se presentó un escrito en el Ayuntamiento en el que solicitaba que se iniciaran los trámites para la modificación de la norma urbanística que afectada al terreno con el fin de permitir la construcción de un centro comercial. A principios del año 1993, Metspor firmó un contrato de compraventa con Erosmer.
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Inicialmente, pero, se había hecho llegar a la firma Continente una opción de compra para que levantase un hipermercado en los terrenos. La propuesta no fue aprobada por la Comissió d’Equipaments Comercials.
El 23 de marzo de 1993, Erosmer y el Ayuntamiento de Tarragona rubricaron el convenio urbanístico.
Finalmente, Erosmer compró las fincas por 1.337.880.000 pesetas, 802 millones más de lo que habían costado. Se estableció el pago en tres plazos. Antes de satisfacer el tercero, dos de los accionistas de Metspor vendieron sus acciones a la otra empresa, Tarántula Beheers. Según la denuncia realizada por la Fiscalía, parte de los beneficios de dicha operación fueron transferidos a la cuenta que Tarántula tenía en un banco de Holanda, que a su vez los transfirió a la cuenta que Willowby tenía en Suiza.
En medio de la venta se encuentra la empresa Las Pieles de España SA, quien habría efectuado de mediadora en la operación, de la que habría obtenido más de un millón de euros de comisión.
Sin delito fiscal
A pesar del entramado de empresas en paraísos fiscales, en el auto de la juez no se recoge el delito fiscal. Al parecer, al cabo de una semana de la presentación de la denuncia inicial, una de las empresas abonó al fisco 400 millones de pesetas correspondientes al IVA y al impuesto de sociedades. El dinero, al parecer, procedía de una de las cuentas suizas.
Tras la resolución judicial conocida ayer, todo parece indicar que las partes presentarán recurso de reforma –ante el mismo Juzgado y que significaría la paralización de la causa hasta que no se resuelva el asunto– o de apelación ante la Audiencia Provincial.
De una forma u otra, el asunto tardará todavía meses –por no decir años– en llegar a juicio. Tampoco se descarta que de la lista de imputados pueda caer algún nombre.
* Diari de Tarragona - ÀNGEL JUANPERE | 04/09/2012
Foto: LLUÍS MILIÁN
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INFORMACIÓN* : La Concejalía de Urbanismo ha rechazado el recurso interpuesto y ha declarado prescrita la denuncia presentada por un ciudadano con respecto a unas presuntas obras ilegales. La decisión municipal se produce pese a que el Síndic de Greuges calificó los hechos de "graves". Por su parte, el denunciante recalca que ha presentado 14 escritos por estos hechos, por lo que rechaza la prescripción y califica lo sucedido de "presunto trato de favor" al ser el denunciado hijo de un exedil del PP.
Los hechos en cuestión se remontan nada menos que a 2003, cuando Roberto Mora, vecino del edificio situado en la avenida de Salamanca 13, denunció en el Ayuntamiento una infracción urbanística consistente en la "destrucción de un muro de ladrillo caravista de la fachada principal del edificio".
La comunidad de propietarios de la finca exigió al denunciado paralizar las obras al no haberle dado permiso para las mismas. Desde entonces, Roberto Mora ha ido presentado escritos en Urbanismo denunciado lo sucedido, hasta sumar un total de 14. Incluso acudió al Síndic de Greuges al no obtener respuesta municipal. La respuesta de Cholbi fue la de calificar lo sucedido de "grave" y acusar al Ayuntamiento de permitir la prescripción al no atender las denuncias presentadas.
A la declaración de prescripción respondió el denunciante con un recurso de reposición rechazando con rotundidad la misma. El recurso ha sido también rechazado mediante decreto de la edil de Urbanismo, Marta García Romeu, en el que advierte que las obras se ejecutaron en 2003 y el expediente de infracción se abrió en 2008, por lo que se produjo la prescripción al haber transcurrido mas de cuatro años.
El denunciante rechaza tal argumento y en un nuevo escrito al Ayuntamiento denuncia un presunto trato de favor porque el padre del denunciado era en el año de las obras concejal del PP. Roberto Mora califica los hechos de "atropello e injusticia", así como de "prevaricación clara", alude a la "ocultación" de un informe sobre la inspección que hizo la Policía Local a las obras ilegales y exige al Ayuntamiento que obligue al denunciado a reponer el muro derribado.
* Información - M.Dopazo - 31.8.12
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org
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ELCONFIDENCIAL/Málaga* : El incendio de la Costa del Sol ha destapado la caja de los truenos: qué hacer con las viviendas ilegales que ardieron la semana pasada. Unos y otros se echan la culpa y el enfrentamiento entre políticos y afectados martillea el tímpano de los funcionarios que atienden al público en los organismos oficiales.
¿Qué hacer con las casas ilegales destruidas? La respuesta está en el aire. Más de un centenar de viviendas se encuentran bajo la duda. Hoy, responsables de la Junta de Andalucía, Medio Ambiente, Salud y Fomento se reunirán con representantes de los seis municipios malagueños afectados por el incendio forestal del pasado jueves para hacer una primera evaluación de daños y crear una mesa permanente de coordinación.
A la reunión, en la Delegación del Gobierno en Málaga, han sido convocados los alcaldes de Ojén, Mijas, Marbella, Coín, Alhaurín El Grande y Monda; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, y el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo.
Ellos tendrán que dirimir los daños colaterales que ha generado el incendio. Pero, sin duda, el principal caballo de batalla es si las casas ilegales dañadas por el fuego podrán conseguir licencias de reparación.
Mijas se adelanta
El equipo gubernamental de Mijas ha querido adelantarse y ayer lunes remitió un escrito al Gobierno autonómico para que aclare si las viviendas ubicadas en suelo no urbanizable, inmersas en el proceso de regularización, y afectadas por el incendio de la semana pasada van a recibir la licencia municipal de reparación.
Esta aclaración la pidió el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, al consejero de Medio Ambiente, Luis Planas. En su misiva, Navarro explicaba al consejero las trabas legales con las que se encuentra el Ayuntamiento a la hora de tramitar licencias de obras de reparación de las viviendas afectadas por el incendio ubicadas en suelo no urbanizable, hasta que el proceso de regularización no sea aprobado definitivamente. Esto incluiría este tipo de casas al régimen legal de Fuera de Ordenación, lo que facilitaría la concesión de autorizaciones municipales de obras.
Única vivienda
El problema es grave, porque algunas de estas viviendas eran el único hogar que tenían muchas familias. Ante esta situación, el concejal de Urbanismo preguntaba al consejero si existe algún tipo de posibilidad para "dar autorizaciones a las edificaciones dañadas por el incendio de una forma excepcional" en caso de que dichas casas sean "vivienda habitual".
Aunque aún no existe una cifra oficial de las viviendas afectadas por las llamas, solo en las localidades de Ojén, Marbella y Mijas hubo casi 200. Y en esta zona el número de casas ilegales se aproxima al centenar. Al igual que en Mijas, se da la circunstancia de que buena parte de las viviendas afectadas en Ojen son ilegales. Cerca de 40 están diseminadas en la zona de La Mairena hasta el casco urbano, en suelo no urbanizable. Cuatro de ellas fueron totalmente arrasadas.
Decreto de la Junta
El problema que se plantea ahora es que, de acuerdo al decreto de la Junta (2/2012), para que se autorice la reconstrucción o la reparación de estas viviendas deben asimilarse a la situación de 'fuera de ordenación'. Y esto no es posible en Mijas hasta que no se apruebe definitivamente el plan de 'Delimitación de Asentamientos Urbanísticos y Hábitat Rural', que se inició hace tres meses. Ahora el concejal de Urbanismo deja la pelota en el tejado a la Junta de Andalucía y apoya a los propietarios de viviendas irregulares "porque desde el primer momento hemos tomado cartas en el asunto, pero a día de hoy es la Junta de Andalucía la que tiene que permitirnos dar licencias de reparación".
Y mientras los rescoldos del fuego van desapareciendo en el monte, la patata caliente esta encima de la mesa del encuentro entre políticos que se celebra hoy.
* El Confidencial - Amparo de la Gama. Marbella 04/09/2012
Foto: Dos hombres ayudan a desescombrar una vivienda de Ojén afectada por el incendio (Efe).
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ELPAÍS* : Al mismo ritmo que se acentúa la crisis, las ocupaciones de inmuebles brotan ante la angustia de verse sin techo. En Sevilla esta semana cinco familias han dicho basta con el apoyo del movimiento 15-M y se han instalado en un céntrico edificio. Incluso sin luz ni agua corriente. Tina, Macu, Ana, J. y Norman son algunos de los inesperados inquilinos del inmueble bautizado como la Corrala la Alegría. Es la tercera ocupación que llevan a cabo familias asesoradas por el movimiento de protesta. Hasta ahora 46 familias han dado el paso en Sevilla.
Tina tiene 58 años y es la mayor de la Corrala. Fue desahuciada de su casa del barrio de Miraflores hace tres años y junto a su marido de 56 años y su hijo, que ayer cumplió los 18 años, se tuvo que ir a vivir a casa de su hermana. La mala suerte de Tina aumentó cuando a su hermana le dieron un piso de protección oficial porque su marido le pegaba. Tina cogió su maleta y se fue a la calle. “Yo me vi en la calle con mi hijo menor, y así no puedo estar”, relata la nueva inquilina del inmueble por teléfono. Estuvo durmiendo cinco noches en la Plaza de la Encarnación y unos tres meses en albergues hasta que la hermana de su marido les acogió en su casa.
Fue entonces cuando conocieron al movimiento 15-M de Sevilla y les informaron del plan que tenían: ocupar un edificio para personas que fueran desahuciadas, estuvieran en riesgo de serlo o tuvieran problemas para encontrar una vivienda.
El edificio de dos plantas “está en proceso de ser propiedad de Bankia, aunque ahora mismo pertenece a la sociedad de Inversiones Plaza Nueva 9”, según informó ayer un portavoz del 15-M. Se terminó de construir hace dos años, pero hasta hace siete meses el contratista estaba trabajando en él. No se llegó a comprar ningún piso ni tampoco se alquiló nada, incluidos los bajos, destinados para locales comerciales.
Todo está cerrado. Nadie entra ni sale como medida de seguridad, ya que la policía vigila la calle desde que la noticia de la ocupación se dio a conocer. En el interior están algunos miembros de las familias, a la espera de que la situación se calme un poco y se aseguren que pueden entrar a vivir el resto de inquilinos. Sin agua ni luz, los vecinos, familiares y miembros del 15-M mantienen la zona vigilada y les dan suministros por los balcones de la primera planta, de los que cuelgan pancartas, cuando se subieron las persianas y los nuevos vecinos se asomaron.
La comunicación con las familias que habitan la corrala es complicada. Para hablar con estos súbitos inquilinos solo se puede hacer por teléfono. Ninguno da su nombre verdadero porque tienen miedo de que la policía les fiche, por eso para localizarles tiran por el balcón un papel con dos números; uno que pone exterior, y es la persona encargada de explicar por qué se hizo la ocupación y cómo; y el otro, es un móvil para localizar a los que están dentro de las viviendas, así puedes hablar con las familias y conocer sus historias.
Macu tiene tres hijos, de 11, 9 y 3 años. A sus 33 años está separada y trabaja como limpiadora, su exmarido esta en paro y no percibe ninguna ayuda. Con el sueldo de Macu, 900 euros, no puede mantener a sus hijos y está a punto de ser desahuciada. Por eso es otra de las vecinas de la Corrala. “No queremos meternos en ningún sitio por la cara, queremos pagar, pero acorde a lo que podamos”, se justifica por teléfono. Ana, de 23 años, está parada y no recibe ayuda de ningún tipo, su único ingreso es esporádico, cuando hace algún trabajo como esteticista. Explica que se ha mudado para darle una vida mejor a su hijo de 15 meses.
“Las vecinas reclaman el derecho a la alegría. En contraposición a una época en la que las familias parecen estar viviendo un auténtico calvario como consecuencia de la crisis económica. Y porque sin alegría no se puede vivir”, asegura un miembro del 15-M que pide el anonimato. La idea de ocupar un edificio para “realojar” a familias que no tienen recursos para adquirir una vivienda de alquiler surgió a finales de mayo. Entonces 32 familias ocuparon un edificio en la calle San Lázaro y aún siguen viviendo, aunque sin agua y sin luz. Lo llamaron la Corrala la Utopía. Ambas acciones han tenido el apoyo del movimiento 15-M de Sevilla. Más tarde otras cinco familias ocuparon otro inmueble asesorados por el 15-M. Trabajan en equipo y buscan edificios propiedad de bancos y que no hayan sido vendidos ni alquilados; estudian las posibilidades que tienen para poder vivir; llevan a cabo la ocupación, y días después dan a conocer la ocupación.
Mientras, la situación en la Corrala la Alegría es complicada: algunos de los pisos no están terminados y la tensión es constante por el miedo a que haya un desalojo por parte de la policía.
* El País - MARÍA CENTENO Sevilla 2 SEP 2012
Foto: Varios vecinos asomados a un balcón del nuevo edificio ocupado en el centro de Sevilla. / PÉREZ CABO
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ELPAÍS/Madrid* : La inauguración del hospital público de gestión privada Rey Juan Carlos en Móstoles hace unos meses no va a ser la última de un gran centro sanitario en este municipio de 205.000 habitantes. Si el proceso continúa como está previsto, y todo parece indicar que así será, la localidad podrá contar dentro de tres años con un hospital privado de más de 100 camas. La empresa que lo promueve es HM Hospitales, propietaria de centros en Montepríncipe, Sanchinarro y Torrelodones. Y lo hará en suelo público, concretamente en una parcela de 37.000 metros cuadrados en plena zona urbana. Salvo imprevistos, el Ayuntamiento se lo cederá durante los próximos 50 años por un canon anual de 105.000 euros. Dentro de unas semanas, el Consistorio adjudicará el concurso a esta empresa, que fue la única que se presentó a la selección.
HM Hospitales obtuvo 96 puntos de 100 posibles en la valoración de su oferta. El Ayuntamiento de Móstoles sacó a concurso la concesión administrativa “para la construcción, explotación y concesión de un centro destinado a uso asistencial, cultural, sanitario o deportivo” a finales de junio. HM Hospitales, a través de Inversiones Sur 2012 SAU, fue la única empresa que se presentó. Mejoró ligeramente el presupuesto base de licitación, que era de 100.200 euros anuales. De acuerdo con el informe técnico de valoración, de fecha 22 de agosto, prevé construir un edificio de 20.100 metros cuadrados en cuatro plantas que albergaría un hospital de 110 camas (ampliables a 60 más), con 10 quirófanos, servicio de urgencias generales y pediátricas y unidad de cuidados intensivos.
La oferta del hospital consigue la máxima puntuación posible en cuatro de los seis criterios. En el de “mayor interés y utilidad pública” obtiene los 15 máximos: “Se considera que la sanidad es una actividad de servicio básico. Unido a la única oferta presentada se le otorga la máxima puntuación”, reza el informe. El uso al que se destinará la parcela, “explotación de un hospital universitario, tipo S-1 hospital clínica y policlínica” se informa “favorablemente”. La empresa, además, introduce algunas mejoras, como la construcción de un circuito peatonal, que llama “paseo saludable”, a lo largo de una de las fachadas, con 10 aparatos de gimnasia para exteriores además de otro mobiliario urbano. La inversión prevista, según el informe, es de cerca de 94.000 euros.
Otra mejora es el acondicionamiento de una zona verde al oeste de la parcela, en la que prevé plantar 153 árboles “de porte mediano y hoja caduca”. La inversión es de 115.000 euros. Finalmente, HM Hospitales ofrece también la ejecución de un aparcamiento en superficie para 153 vehículos, que construiría pasados 18 meses desde el inicio de la explotación del hospital. Le supondría 60.500 euros. En total, las mejoras equivalen a una inversión de cerca de 270.000 euros. La empresa asegura también que el proyecto supone 354 puestos de trabajo, 248 de ellos con contrato indefinido.
El cánon que pagará la empresa al Ayuntamiento, de 105.000 euros anuales (más la actualización del IPC) no empezará a cobrarse hasta el año siguiente a la puesta en marcha de la explotación. Esta es una de las críticas del portavoz del grupo municipal socialista, David Lucas, que calcula que Móstoles tardará cinco años en empezar a recibir esa cantidad. Lucas considera también que el cánon es “irrisorio” por una parcela de ese tamaño y su situación en el municipio. Su principal crítica, sin embargo, se dirige al propio concurso: “Si alguien quiere hacer un hospital privado en Móstoles, que lo haga, pero en suelo privado y no a costa del patrimonio de los mostoleños”.
El Ayuntamiento mostoleño señala que, de momento, lo que hay es una propuesta de adjudicación —del 28 de agosto— de la mesa de contratación, que debe aprobar “en las próximas semanas” la Junta de Gobierno, y que el concurso se ha hecho “con absoluta transparencia y pública concurrencia”. La licitación se publicó en el BOE a finales de junio y se pudieron presentar ofertas hasta el 28 de julio. En la mesa “están presentes los partidos políticos de la oposición y ninguno ha hecho ninguna objeción ni ha presentado alegaciones”, añade un portavoz.
El grupo HM llevaba más de tres años estudiando la apertura de un hospital que diera cobertura a la zona sur de la capital, explica una portavoz, y ha estudiado “múltiples parcelas susceptibles de acoger el nuevo proyecto”. La licitación del Ayuntamiento de Móstoles “ha precipitado la decisión”, añade, “dado que se encuentra en el área perfecta de tránsito entre los municipios de la zona sur”.
El portavoz de Sanidad de los socialistas en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, considera que Móstoles, con dos hospitales públicos (uno de gestión privada), tiene cubiertas de sobra sus necesidades sanitarias y también critica la entrega de una parcela pública por un canon tan pequeño. HM responde que en la Comunidad de Madrid hay unos dos millones de pólizas privadas y que, estudios de mercado muestran que “desde hace una década hay importantes traslados de la población de la zona sur a la zona centro de Madrid por motivo de la inexistencia de centros privados en la zona”.
* el País - ELENA G. SEVILLANO Madrid 3 SEP 2012
Foto: El terreno ubicado en la calle Alfonso XII esquina calle Camino de Humanes. / ULY MARTÍN (EL PAÍS)
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EFE* : El reciente derrumbe de la fachada de una torre gótica en San Esteban de Valdespina, en Palencia, ha disparado todas las alarmas sobre el deterioro del patrimonio histórico en Castilla y León, que ha obligado a los pueblos en los últimos años a organizar colectas, mercadillos y hasta subastas en un intento de salvar sus templos.
El derrumbe de la iglesia parroquial palentina se suma a otros casos similares como la muralla de Calatañazor, el bien del patrimonio histórico soriano que más desmoronamientos ha sufrido en los últimos años. Declarada conjunto histórico artístico en 1962, la muralla se cobró la vida de un hombre que sufrió el impacto de una piedra que se desprendió en 1995.
La lista roja de la asociación en defensa del patrimonio Hispania Nostra, que refleja los bienes patrimoniales en peligro, da fe de este deterioro con la inclusión de 141 bienes de Castilla y León, una cifra que triplica la de otras comunidades como Castilla-La Mancha (52), Aragón (49) o Andalucía (42).
La comunidad castellanoleonesa supera los 1.800 Bienes de Interés Cultural (BIC), según el profesor de Historia de Arte de la Universidad de León (ULE), Joaquín García Nistal, que ha lamentado que las actuaciones que se acometen en el patrimonio a veces tienen poco que ver con las "cartas de restauración" internacionales. Señala como uno de los casos prioritarios que requieren actuaciones urgentes el de la iglesia de San Lorenzo de Sahagún, en León, apuntalada desde hace cuatro años, informa Efe.
"De vez en cuando ocurre algún suceso desgraciado", ha reconocido el director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, Enrique Saiz, quien ha criticado los datos de Hispania Nostra sobre los bienes de la comunidad en peligro, a los que ha achacado falta de rigor.
Saiz ha defendido la contribución del Estado de las Autonomías a la conservación del patrimonio, con la aportación de fondos públicos y el acercamiento de competencias a los ciudadanos, y ha recordado que en las décadas de los años 50 o 60 no era noticia el derrumbe de bienes, aunque sí ocurrieran. "Hay que dar un giro copernicano en la consideración y mentalidad sobre el patrimonio cultural", asevera.
Sin dejar de admitir la responsabilidad de la Administración en la conservación, Saiz ha hecho un llamamiento a la sociedad para que el titular de los bienes o el ayuntamiento más cercano informe sobre situaciones de riesgo.
"Un paisaje de la ruina"
El patrimonio histórico de Castilla y León es "un auténtico paisaje de la ruina", según el responsable de Cultura del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, José Ignacio Martín Benito. Desde 2004 hasta ahora "se han multiplicado por cuatro los bienes patrimoniales en peligro", según Martín Benito, quien ha achacado esta situación al "rotundo fracaso y desentendimiento" del Ejecutivo autonómico.
El representante del PSOE ha abogado por fomentar la conservación y a la vez la promoción, para obtener beneficios en el plano turístico, en una comunidad que cuenta con patrimonio desde la etapa prehistórica hasta nuestros días.
Los ejemplos de monumentos deteriorados salpican la geografía castellanoleonesa. En Segovia, una parte del palacio medieval de Enrique IV está casi en ruinas, con la fachada apuntalada, y el antiguo palacio de Valsaín, el primero de todos los reales sitios españoles, sigue pendiente de que el consistorio de La Granja aborde un proyecto de restauración.
Burgos figura también entre las provincias más necesitadas de intervención en su patrimonio, con al menos el 15% de los templos esperando actuaciones "urgentes" y un centenar de iglesias en toda la provincia espera recibir ayudas del conocido como "convenio de las goteras", suscrito por la Diputación y el Arzobispado. Así lo ha explicado el ecónomo de la diócesis burgalesa, Vicente Rebollo, tras reconocer que la restauración y el mantenimiento del patrimonio religioso es "muy compleja" debido a la gran cantidad de bienes.
Subastas y recaudación vecinal
En algunos municipios, los vecinos no se han resignado a perder su patrimonio y han ideado sistemas que contribuyen a evitar el desastre, con actuaciones pioneras como la acometida en Aldeahuela de Periáñez, en Soria, un pueblo de apenas medio centenar de vecinos. Allí recurrieron hace dos veranos a una subasta de arte para arreglar el templo, gracias a la colaboración desinteresada de cuarenta artistas catalanes y sorianos, que permitió reparar la instalación eléctrica, sacar la piedra de sillería y pintar.
Tras más de un año cerrada al culto por las goteras y los desprendimientos, a los habitantes de Ituero de Izaba, Salamanca, se les ocurrió custodiar en sus casas las obras de arte y recaudar dinero entre los vecinos para desarrollar la restauración del templo, una colecta por la que también optaron vecinos de otra localidad de la provincia, Martiago.
Los propios feligreses fueron igualmente los que tuvieron que actuar en la localidad zamorana de Fuentespreadas, donde organizaron un mercado romano para rehabilitar un muro del templo con la recaudación.
* El Confidencial - EFE - 1.9.12
Foto: Fachada derrumbada la torre gótica de San Esteban de Valdespina, en Palencia. (EFE)
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INFORMACIÓN/Alicante* : ¿Qué hacer con un edificio que a causa de una sentencia del Tribunal Supremo ha quedado fuera de ordenación urbanística? Pues según el pleno de Benidorm, intentar legalizarlo. Con ese ánimo, la corporación aprobó ayer con los votos favorables del PSOE y el CDL una modificación del Plan General que daría cobertura legal al edificio "Coblanca 41", que incrementó su número de apartamentos de 92 a 112 mediante un trasvase de edificabilidad desde otra parcela anexa. Esa operación, impulsada ya desde 2004, fue bendecida definitivamente por otro pleno de Benidorm en 2007 a través de un estudio de detalle, el instrumento más modesto de la jerarquía urbanística. El Supremo anuló esa práctica debido a que aquel estudio contradecía una norma de más alto rango como es el propio PGOU.
Y ahora, lo que se modifica es precisamente el planeamiento de la capital turística para que "Coblanca 41" abandone su "actual situación ilegal", según precisó el edil de Urbanismo, el centrista Vicente Juan Ivorra, y "no abra la posibilidad de una demolición" de parte de la torre. De hecho, el propietario que denunció la situación de las viviendas ya ha pedido a la sala la "ejecución forzosa" de la sentencia. El ejecutivo local cree que de esta forma acata el fallo judicial y enviará copia de la resolución del pleno a los jueces.
Ahora bien, en el pleno de ayer socialistas y liberales fueron más allá y decidieron que de esa modificación se beneficie no sólo el inmueble que ha desatado la controversia, sino también todas aquellas edificaciones que habrían incrementado su volumetría de la misma manera. Y este añadido es el que provocó los votos contrarios del PP. Su edil José Ramón González de Zárate explicó que su partido hubiera estado dispuesto a que la modificación sólo incluyera a "Coblanca 41", pero no al resto de urbanizaciones en esta situación, toda vez que ni siquiera se tiene una relación de las mismas. Zárate agregó que el PP la ha pedido pero que no se la han dado.
Que la modificación del PGOU aprobada ayer se extienda al resto de la ciudad abre la caja de los truenos. Porque esta práctica fue muy habitual bajo los gobiernos populares de Pérez Devesa, cuando habitualmente propietarios o promotores de las parcelas pactaban esos trasvases de edificabilidad precisamente a través de los estudios de detalle.
De hecho, el antecesor de Ivorra en el área de Urbanismo, Juan Ángel Ferrer, criticó con sutilidad a sus ahora socios de gobierno: Ferrer apoyó la medida "porque es una forma de reparar los daños del urbanismo conveniado que el PP no supo resolver", en clara alusión a esas prácticas realizadas por un ejecutivo del que ahora el CDL se considera heredero.
¿Quién hace un traje a medida a quién?
La modificación del PGOU, que ayer se aprobó sólo en su fase inicial, provocó otro agrio debate entre PP y CDL. El edil de Urbanismo, el centrista Vicente Ivorra, se preguntó las razones por las que los populares sólo querían que la medida beneficiara a "Coblanca 41". "¿Es que el PP quiere hacer un traje a medida?", se preguntó. Además defendió su postura de extender el cambio a toda la ciudad para evitar nuevos conflictos judiciales. Por su parte, el popular José Ramón González de Zárate contestó que "ya veremos dónde está el traje a medida, porque se va actuar sobre parcelas que no conocemos". Zárate también se preguntó si el hecho de que la propuesta la firme el alcalde y no el edil de Urbanismo se debe a que "haya que esconder alguna incompatibilidad".
* Información - ARTURO RUIZ - 1.9.12
Foto: Benidorm modifica el PGOU para evitar la demolición de parte de una torre - informacion
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DIARIOCÓRDOBA* : El malestar por los cobros incrementados de varios años de IBI en El Higuerón coincide con declaraciones del decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, que considera que ha habido "una falta de control absoluto administrativo, incluso políticamente dirigido, durante mucho tiempo" en materia de Urbanismo, en relación al incremento del 21% en 2011 de los procedimientos registrados en la Fiscalía por los delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio en la provincia.
El representante de los letrados, basándose en la Memoria del Ministerio Público del 2011, analiza el aumento de procedimientos judiciales, y afirma que "hay un apartado de la memoria que dice que no se detectan nuevas edificaciones ilegales, con lo cual, se puede decir que son procedimientos antiguos que llegan ahora a trámite de juicio". La sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía registró el año pasado un total de 373 procedimientos judiciales, de los que 248 fueron por ordenación del territorio y urbanismo, seguido muy de lejos, con 49, por asuntos relacionados con patrimonio histórico. Además, se dictaron 32 sentencias por delitos urbanísticos, de las que 13 fueron condenatorias, y se interpusieron 64 denuncias. Estas cifras, a su juicio, "tienen una doble lectura", y es que "la situación actualmente parece que va a mejor", por lo que valora el trabajo de la Fiscalía, "sobre todo la fiscal de la sección, Consuelo Fidalgo", dice Garrido.
* Diario Córdoba - EP - 26.8.12
Foto: Córdoba. vista_chalets_construidos_entorno_Medina_Azahara - el pais.com
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ELPAÍS/Madrid* : Las 3.500 casas incluidas en el Plan Joven que el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) y el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja tenían previsto construir en el paraje de Valdeguerra siguen en el limbo. Han pasado más de siete años desde que la Comunidad pagara 18,75 millones de euros por unos terrenos que hoy siguen siendo rústicos. Y las viviendas paralizadas después de que la dirección general de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio devolviera en junio de 2009 un plan general que reclasificaba nueve millones de metros cuadrados para construir en una primera fase unas 12.000 viviendas, de las que 3.500 eran para jóvenes.
La Comunidad (PP) borra de esta forma con una mano lo que escribe con la otra. Fue en julio de 2006 cuando rechazó por primera vez la promoción del IVIMA y de la constructora Fadesa, ahora integrada en Martinsa. Sin embargo, el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja (PP) no ha abandonado su intención de reclasificar los terrenos. Por eso ha aprobado definitivamente el plan general, que remitió a la Comunidad que ahora tiene en su tejado la pelota.
Este crecimiento del parque de viviendas habría supuesto multiplicar por cuatro los 8.378 habitantes de este municipio del sur de la región. El informe de la Comunidad —que niega ese aumento y enmienda la intención del Ayuntamiento— sugiere un replanteamiento del crecimiento previsto para que se tenga en cuenta la población actual y las previsiones socioeconómicas, “con el fin de asegurar un uso racional y prudente de los recursos naturales”, alega. El Gobierno regional también considera necesario, según el informe, que el Consistorio limite la ocupación del territorio ya que Valdeguerra y sus inmediaciones gozan de protección paisajística, al mismo tiempo que es Lugar de Interés Comunitario (LIC).
Fue el 8 de marzo de 2006 cuando el entonces consejero de Medio Ambiente Mariano Zabía y la exalcaldesa de Colmenar de Oreja María Pilar Algovia hacían pública la compra de los terrenos, que convertirían al municipio en el cuarto con más viviendas para jóvenes, después de Madrid, Brunete y Móstoles. La nota de prensa difundida por la Comunidad lanzaba las campanas al vuelo, asegurando que los inquilinos pagarían “una renta de 368 euros mensuales durante siete años”. Fue precisamente Zabía quien un año antes acordó la compra por parte del IVIMA a la Comunidad de unos 200.000 metros cuadrados de suelo a un precio medio de 92,55 euros el metro cuadrado. Una cantidad muy superior a lo que pagó la promotora Fadesa meses antes al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja por 148 hectáreas en Valdeguerra: 29 euros el metro cuadrado, casi un tercio menos de lo abonado por la Comunidad. Zabía defendió en la Asamblea la compra destacando que al menos tres informes aseguraban que el precio de mercado superaba los 90 euros. Pese al importante desembolso no se ha puesto ni un solo ladrillo.
Desde 2005, Martinsa-Fadesa ha abonado unos 30 millones por los terrenos, según la oposición, que denuncia que el Ayuntamiento haya acordado que la promotora pueda aplazar sus pagos hasta 2016, el año en el que tendrá que abonar los últimos 16 millones.
La Comunidad asegura que en este ejercicio de 2012 promueve unas 10.000 viviendas protegidas en diferentes fases. El viceconsejero de Vivienda, Alejandro Halffter, destacó que la promotora pública regional gestiona un parque de 42.000 inmuebles en los que residen unas 100.000 personas. El PSM critica este plan. Según el diputado regional, Antonio Fernández Gordillo, “es un buen ejemplo de la política urbanística que está en el origen de la crisis de hoy. Y sorprende que en 2009 la Comunidad devolviera el plan al considerarlo insostenible cuando había comprado los terrenos cuatro años antes”.
El informe de Evaluación Ambiental sobre Valdeguerra también llama la atención en el hecho de que esta promoción se encuentre a unos 13 kilómetros del casco urbano de Colmenar de Oreja, y se encuentra pegado al PAU de La Montaña, en el colindante municipio de Aranjuez: “Se entiende imprescindible la consideración global de la necesidad de los crecimientos de Colmenar de Oreja y de Aranjuez, y que estos se coordinen y se gradúen en el tiempo”, pide el informe. Esto significa que la Comunidad trató de poner freno a la construcción de 22.000 viviendas entre las promociones de Valdeguerra, Puente Largo y la Montaña. En este último caso, la promotora era también Fadesa, que resultó adjudicataria junto a la firma Comar Inversiones del casino de Aranjuez. El encargado en el Gobierno regional de realizar los pliegos de la adjudicación del casino fue el que años después sería alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, imputado en el caso Gürtel. Tanto en el caso de Valdeguerra como en el de La Montaña, Fadesa adjudicó la sectorización de ambas promociones a la empresa Plarquin Consultores, ligada al exdirector general de Urbanismo Enrique Porto. Y esta firma también participó en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey, con Ginés López a la cabeza, de unas fincas por las que el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, cobró 12 millones de euros por intermediar.
* El País - TONO CALLEJA Madrid 26 AGO 2012
Foto: Un hombre observa los terrenos de ampliación en Colmenar de Oreja. / SANTI BURGOS
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ELPAÍS* : Son proyectos privados y públicos, diseñados en la ciudad de Valencia en la época de vacas gordas, que han terminado encallando en las procelosas aguas de la crisis después de haber absorbido grandes cantidades de dinero. La relación que sigue es una muestra, porque hay muchos más. La megaobra en torno a la dársena del puerto, por ejemplo, que costó cientos de millones de euros y por la que hoy aún pasean algunos turistas sin encontrar prácticamente nada abierto. O la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), para cuya acondicionamiento fue necesario expulsar a 300 vecinos y destruir 70 hectáreas de huerta en La Punta, donde 12 años después de iniciarse no se ha instalado ninguna empresa. O el Parque Central, la vieja promesa de un corazón verde para Valencia, que por mucho tiempo seguirá siendo solamente eso.
El edificio más lujoso
El edificio de la Porta de la Mar, considerado el más caro de Valencia y levantado por Lubasa, es desde principios de agosto propiedad de los tres bancos que financiaron su construcción. Fuentes de la empresa confirmaron que Bankia, BBVA y Banco de Valencia se quedaron con el inmueble y que están pendientes de reunirse en septiembre con las entidades para concretar la política de comercialización del inmueble, de la que hasta ahora se ha encargado Lubasa sin ningún éxito. Aunque el edificio se terminó en 2011, la venta sobre plano empezó en 2009. Tres años después, la empresa no ha conseguido vender ni un piso, ni una oficina, ni un bajo comercial.
Los precios, altos incluso para el contexto económico previo al crash inmobiliario, ayudan a entenderlo. Los pisos más baratos cuestan 1,7 millones de euros; el más caro, un ático de 400 metros cuadrados, ronda los cuatro millones. Lubasa aún no sabe si los nuevos propietarios impondrán generosos descuentos para desprenderse lo antes posible del edificio, tal y como la banca está haciendo en otros casos de forma acelerada.
Las fuentes sí admitieron que, de lo contrario, la comercialización será muy lenta debido a la competencia en el entorno. El edificio Porta de la Mar está ubicado en la plaza del mismo nombre, a espaldas del puente de Calatrava y enfrente del final de la calle Colón. “En esta zona los pisos deberían venderse a 4.000 o 5.000 euros el metro cuadrado”, lamentan las fuentes de la empresa, “pero se están ofreciendo a 1.000”.
Los precios exigidos hasta ahora por Lubasa (que desde 2009 se llama Durantia) están condicionados por el coste de partida. La constructora adquirió el edificio que alojaba los juzgados de Valencia por 105 millones de euros en 2006. Las obras, que mantuvieron el esqueleto del antiguo inmueble, empezaron cuando el pinchazo inmobiliario era un hecho.
El campo del Valencia CF
Hace tres años que no se mueve una piedra en el nuevo estadio del Valencia CF. Los impagos del club llevaron a las constructoras a interrumpir en 2009 la construcción del campo, apadrinado por el Ayuntamiento y la Generalitat. La estructura de hormigón permanece paralizada desde entonces en la avenida de las Cortes Valencianas.
En julio, el presidente del club, Manuel Llorente, compareció con la alcaldesa Rita Barberá para anunciar que la reanudación de las obras era inminente tras haberse alcanzado un compromiso con Bankia. Según afirmaron, los trabajos se retomarían en septiembre y el equipo podría jugar en el estadio en 2014. El teórico financiador mantuvo, sin embargo, silencio. Fuentes de la entidad financiera señalan que el acuerdo no está cerrado. Y que antes de que Bankia tome una decisión deberían cumplirse una serie de “hitos urbanísticos”.
El primero de ellos, la recalificación por parte del Ayuntamiento de Paterna de la ciudad deportiva del Valencia CF, se alcanzó hace pocos días. Simplificando, si todo sale bien, el club se desprendería del actual Mestalla, de los terrenos de Paterna y de derechos de edificabilidad en el entorno del nuevo campo, a cambio de lograr oxígeno —cancelación de préstamos anteriores y más financiación— para terminar el nuevo campo.
La maqueta del nuevo estadio fue presentada al público en noviembre de 2006. La hemeroteca muestra ufanos al entonces presidente del club, Juan Soler, a la alcaldesa Rita Barberá y al expresidente Francisco Camps. Soler contó en aquel momento que el campo, con capacidad para 75.000 espectadores, estaría finalizado en 2009 y supondría un negocio redondo para la institución, que ganaría dinero. El nuevo estadio iba a costar 250 millones de euros, y la venta de los terrenos del actual campo reportaría al club, al menos, 450 millones.
La nueva ciudad
El Programa de Actuación Integrada (PAI) de les Moreres, al sureste de Valencia, iba a conectar la Ciudad de las Artes y las Ciencias con el viejo barrio de Natzaret. Iba a ser la nueva avenida de Francia. Una urbanización de 317.000 metros cuadrados en los que se levantarían modernas torres con 2.189 viviendas, según afirmaba hace cuatro años Rita Barberá.
El número de edificios efectivamente levantados puede contarse hoy con los dedos de las manos. Entre ellos hay amplios solares donde crece la maleza y en los que todavía se alzan los carteles de los antiguos propietarios, anunciando una inminente promoción. Hay calles, farolas, semáforos, zonas ajardinada y pequeños parques infantiles, pero faltan las casas y la gente.
Cuando la pareja de Raúl Pérez, metalúrgico en la planta de Ford de Almussafes, se mudó a la zona hace un año, sabía que en la zona había poco movimiento, pero no tan poco. “En más de un año no han avanzado nada. No han construido más edificios para completar esto, ni han abierto comercios. Para comprar el pan o tomarte un café tienes que coger el coche”, comenta Pérez a la puerta del inmueble.
Los bancos, el lugar en el que acaban los fiascos inmobiliarios, están haciendo todo lo posible para quitarse las promociones de encima. La inmobiliaria Mesena, de Banesto, ofrece por ejemplo viviendas en la zona desde 99.800 euros. La publicidad informa de que el edificio en cuestión cuenta con piscina descubierta y sauna, pádel, squash, gimnasio y seguridad privada las 24 horas.
Cerca del antiguo Camí de les Moreres —que da nombre al proyecto urbanístico—, al otro lado de la desembocadura del Turia, se encuentran los terrenos en los que debería desarrollarse el PAI de El Grau, otra gran operación varada. En este caso, con consecuencias para las arcas públicas. Cuando el expresidente Camps anunció la construcción del circuito urbano de fórmula 1 dijo que a los ciudadanos no les costaría nada, porque se financiaría con las plusvalías urbanísticas obtenidas de la edificación de la vieja zona industrial del El Grau.
La Generalitat ha destinado más de 90 millones al circuito, pero en la zona no se ha puesto ni un ladrillo.
Un metro hasta el centro
Las obras de la línea 2 del metro de Valencia empezaron en 2007, el año de la Copa del América, una época de grandes planes para la ciudad. El metro debía unir el centro —el Mercado Central y luego el barrio de El Carme— con Natzaret en poco más de 10 minutos, pasando por la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Una parte sería subterránea (metro propiamente dicho) y otra iría en superficie (tranvía).
Cinco años después la construcción de la línea del metro está parada. La Generalitat reconoce que, como ocurre con otras iniciativas, no podrá retomarla sin ayuda del Gobierno. Y ni siquiera ofrece un horizonte para la puesta en marcha de la conexión Natzaret-Ciutat Vella.
Los años de trabajo, que implicaron obras faraónicas en puntos de la ciudad como la avenida del Reino de Valencia —donde se arrancaron y replantaron decenas de palmeras—, el entorno de la Estación del Norte o la plaza de Brujas —detrás del Mercado Central— han dejado un puñado de infraestructuras terminadas pero sin uso. La última parada, la de Natzaret, parece completamente concluida, pero hasta sus andenes no ha llegado aún el tranvía. Y las vías que la conectan con la zona de la Ciudad de las Ciencias, que requirieron la construcción de un puente, se confunden por tramos con viejas conexiones ferroviarias, por lo mucho que han crecido entre ellas las malas hierbas.
* El País - IGNACIO ZAFRA Valencia 25 AGO 2012
Foto: Las obras del nuevo estadio del Mestalla están paradas desde el año 2009. / JOSÉ JORDÁN
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PÚBLICO* : Facua-Consumidores en Acción cree que el proyecto de ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Viviendas que aprobará este viernes el Consejo de Ministros "potenciará aún más la especulación inmobiliaria", al facilitar el desahucio de los inquilinos que cumplen con sus obligaciones, y ha criticado que el Ejecutivo "recorta derechos" a los arrendatarios.
En una nota de prensa, la organización de consumidores tacha de "desequilibrada" la reforma legislativa, alegando que usa como "cortina de humo" la "necesaria" medida de limitar a diez días los desahucios a los morosos para "recortar derechos" al resto de arrendatarios, al permitir que "cualquier inquilino que asuma escrupulosamente los pagos de las rentas mensuales pueda ser echado a la calle" si el propietario requiere el piso para vivienda habitual.
"Se minimizan los derechos de los inquilinos para favorecer a los especuladores y a las entidades financieras", ha criticado en rueda de prensa el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, argumentando que "los arrendadores que quieran librarse de sus inquilinos para alquilar los inmuebles a un precio más alto" tendrán ahora vía libre.
Y es que con la normativa vigente los contratos sólo podían actualizarse al IPC durante los primeros cinco años pero, una vez se apruebe este proyecto de ley, el propietario podrá revisarlo al tercer año y "quitarse de encima al inquilino si tiene a otra persona que le ofrezca más por la vivienda o imponerle a aquél una renta muy superior".
Además, el IPC ya no será el índice de referencia para actualizar la renta cada año de vigencia del contrato, lo que "podrá traer aún más perjuicios para los inquilinos", según el portavoz de Facua, que avisa asimismo de la "gran inseguridad" que estos cambios generarán entre los arrendatarios.
No potenciará el alquiler
Por todo ello, la asociación de consumidores duda de que esta medida vaya a servir para incrementar el mercado del alquiler y situarlo en la media europea, como alega el Ministerio de Fomento, sino que por el contrario "potenciará aún más la especulación inmobiliaria", ya que "pretende fomentar el alquiler de la misma forma que el empleo: facilitando que se eche a personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones".
"Y, mientras, el Gobierno sigue sin imponer a Bankia, la primera inmobiliaria del país, y al resto de bancos nacionalizados que destinen su parque de viviendas a la venta y alquiler a precios justos", ha concluido.
* Público - EP - 24.8.12
Foto: Se alquila - A. Ruesga (El País)
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ELPAÍS* : El gran cambio de la capital acabó en los albores de la crisis. Pero hay proyectos que iban a culminarlo y se quedaron por el camino. El centro de convenciones bajo las cuatro torres, el eje Prado Recoletos. Así se soñó Madrid.
Ya son más de las seis de la tarde, pero al vigilante que se apresta a salir de la caseta al encuentro de la extraña le rezuma el sudor por las patillas: “Aquí solo estoy yo; las obras están paradas”, informa solícito. “No hay nada que ver”. A su espalda se levantan las Cuatro Torres, moles de casi 250 metros de altura que jalonan la entrada norte a la capital por la Castellana. Entre ellas y la tórrida garita del vigilante, un agujero de tamaño colosal: 33.000 metros cuadrados destinados al futuro Centro Internacional de Convenciones en los que, como mucho, se adivinan unos cimientos de hormigón. “Nuevo icono arquitectónico de Madrid”, lo definió el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón cuando colocó la primera piedra, en 2008.
Fue de los primeros proyectos en caer. Año y medio más tarde, el alcalde anunció que fulminaba 600 millones del presupuesto destinados a obras. El centro de convenciones y al estadio de Vallehermoso, entre otros, debían esperar tiempos mejores. En algunos casos ha sido la crisis; en otros, la falta de entendimiento con otra Administración; hay proyectos que, simplemente, cayeron en el olvido. La capital ha conseguido sacar adelante —a costa de acumular una deuda monumental— las iniciativas que impulsaron su transformación urbana: el soterramiento de la M-30, Madrid Río, la reforma de Serrano, peatonalizaciones en Arenal y Ópera, Callao y Fuencarral... Pero hubo planes e ideas que se quedaron por el camino. Un Madrid que se soñó pero no fue y que, en algunos casos, ya no será.
“Nos hemos permitido el lujo de hacer cambios importantes en la ciudad. Los más radicales, los que han transformado su fisonomía, conseguimos hacerlos justo antes de la crisis”, reconoce la coordinadora general de la Oficina de Planificación Urbana del Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Lobón. La ciudad sigue albergando proyectos, aunque vayan para largo: reformar la degradada plaza de España, abrir nuevas vías de conexión entre el centro y el río... La prioridad son los proyectos “de cara al turismo y la imagen de la ciudad”, señala. El resto, los que no son ni básicos ni imprescindibles para generar esa imagen, deben esperar. “No hay dinero”, repite Lobón varias veces durante la conversación.
» Centro Internacional de Convenciones. “Era un proyecto muy ambicioso”, dice de él, conjugando en pasado, Emilio Tuñón, uno de los arquitectos (junto con el recientemente fallecido Luis Mansilla y Matilde Peralta) que ganó el concurso de ideas que convocó el Ayuntamiento en 2007. “Tratamos de rematar todo el entorno de las Cuatro Torres, que miden más de 200 metros, así que no se podía trabajar como en un casco urbano. Reclamaba una escala mayor”. El espectacular edificio circular, de 120 metros de altura, iba a albergar tres auditorios (uno de hasta 6.000 plazas) y un aparcamiento para 5.000 vehículos. Costaría 300 millones de euros. “Somos muy posibilistas”, responde Tuñón a si están decepcionados por el parón del proyecto. “Con esta situación económica, a lo mejor lo que Madrid requiere es otro tipo de equipamiento, más social. A veces es bueno parar y repensar. El tiempo también es material de construcción”. Los trabajos están parados; el Ayuntamiento no sabe cuánto tiempo seguirán así. “A ver si se puede abaratar”, apunta Lobón. UPyD afeó al Consistorio en junio que lleve gastados 99 millones “en un agujero” que no da ningún servicio al ciudadano.
» Coliseo de las Tres Culturas.En lugar de agujero ciclópeo, lo que queda hoy del proyecto conocido con el grandilocuente nombre de Coliseo de las Tres Culturas es un enorme solar vallado, con algún arbolito solitario, en pleno barrio residencial de Canillas (Hortaleza). El Ayuntamiento recalificó dos parcelas y se las cedió en 2002 y por 50 años al ventrílocuo y empresario teatral José Luis Moreno, que proyectaba construir un gran centro artístico con tres teatros, un museo de arte, un conservatorio de música, varias salas de exposiciones, una escuela de arte dramático... “Emblema vivo y carismático de la ciudad del siglo XXI, logrando que su imagen sea identificable en los cinco continentes”, lo describe la página web, aún activa. “Le faltó financiación y el Consistorio recuperó el solar”, resume Lobón. El contrato se resolvió definitivamente hace un año, aunque quedaron algunas deudas por medio: el caso está en la Agencia Tributaria municipal.
“En este barrio hacen falta cosas así”, afirmaba la farmacéutica de Parque Conde de Orgaz, frente al solar, el jueves pasado. “Hablé con Moreno hace unos años y estaba entusiasmado con construir los teatros”, añadía. El Consistorio nunca lo tuvo tan claro. “Ni siquiera los vecinos estaban de acuerdo con el proyecto”, dice Lobón. La parcela, de uso dotacional, espera que el Ayuntamiento decida su uso futuro.
» Templete Red de San Luis. “Hace unos años llamaron del Ayuntamiento de Madrid. Querían recuperar el templete, pero dijimos que el original no se llevaba, que podían venir a estudiarlo y hacer una réplica”, relata Urbano González, coordinador de la Alcaldía de O Porriño, municipio pontevedrés en el que nació Antonio Palacios, autor del Círculo de Bellas Artes, del Palacio de Correos y del célebre templete de la Red de San Luis que durante décadas (entre 1919 y 1970) albergó el ascensor de la estación de Metro de Gran Vía. La obra, con cuerpo de granito y marquesina de hierro y cristal, se desmontó y cuando O Porriño la reclamó se trasladó piedra a piedra. Hoy adorna —sin marquesina, que no viajó a Pontevedra— un parque en el centro de la localidad.
La hemeroteca desvela que ya se hablaba de reconstruir el templete a finales de los años noventa. En 2008, Alberto Ruiz-Gallardón incluyó la réplica en la presentación de la futura peatonalización de la calle Fuencarral.“Ahora, una nueva generación de madrileños podrá disfrutar de un nuevo símbolo cuya función será identificar la entrada a este eje peatonal, al que ahora se incorporará un nuevo tramo de la calle Fuencarral”, dijo. “Está olvidado. La comisión de Patrimonio no admite reproducciones de obras antiguas”, dice Lobón.
» Plaza de los Mostenses. En la parte trasera de la Gran Vía hay una plaza que no parece tal. El mercado de los Mostenses, un anodino edificio de ladrillo visto, ocupa prácticamente todo el espacio que se abre entre la plaza de España y la calle San Bernardo. Necesita una reforma, han reconocido siempre en el Ayuntamiento. El anteproyecto que la Oficina de Centro encargó al estudio de arquitectura Espegel Fisac pasaba por derribar el mercado y levantar un edificio acristalado con biblioteca, piscina, mirador... y liberar buena parte de la plaza. Costaría 30 millones de euros. “Siempre se ha dicho que solo era un banco de ideas; hoy no es un proyecto como tal”, sostiene Lobón. El dinero, una vez más, decidirá qué se hace en el futuro con la no-plaza del mercado. Sus comerciantes, de momento, se están reuniendo con el área de Economía del Ayuntamiento para ver si pueden, al menos, reformarlo por dentro.
» Estadio de Vallehermoso. Los 46 años de historia del estadio de Vallehermoso acabaron bajo la piqueta en 2008. Se demolió porque su reconstrucción era inminente: más moderno, con más capacidad. Pero se cayó de los presupuestos en 2010. Ahora una empresa construye un polideportivo en el solar: tendrá piscina, gimnasio y salas de pádel. Pero no habrá estadio. “Ya no es una opción”, admite el Consistorio.
» Eje Prado-Recoletos. Posiblemente, el conflicto entre Ayuntamiento y Comunidad que más titulares ha dado a la prensa local en la última década. Gallardón declaró una zona del paseo Bien de Interés Cultural (BIC) en 1998 para tener la última palabra en cualquier obra de reforma. Entonces era presidente de la Comunidad. Ya de alcalde, aquella decisión le dio en la cara como un bumerán. El paseo del Prado, tal y como ha denunciado recientemente el PSOE, está degradado: pavimento levantado, jardines de aspecto descuidado... Y soporta demasiado tráfico.
En esas cuestiones incide Ricardo Aroca, arquitecto y ex decano del Colegio de Arquitectos de Madrid: “La ciudad sobrevive sin estos proyectos. Me preocupa más una cosa más elemental y sencilla, el primer signo de decadencia de una ciudad: que las aceras no se arreglen y los baches no se rellenen. Y esa falta de mantenimiento empieza a verse ya”. Aroca cree que también en este ámbito hubo burbuja: “Sin esta inflación de dinero fácil estos años nunca se hubieran acometido determinados proyectos. Hay hipertrofia”. Tuñón opina algo parecido: “Hubo un momento en que se construyó demasiado deprisa. Ahora se hacen las cosas con mucha más mesura y racionalidad”.
El proyecto de Álvaro Siza para el eje data de 2002. Está ejecutado el 60%. Todo, menos la parte BIC, la de los museos, por donde transitan miles de turistas. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre debería haber redactado una declaración de impacto ambiental en abril del año pasado. Pasado el plazo, el silencio equivale a denegación. Pero en el Ayuntamiento siguen esperando. “La Administración tiene la obligación de responder y nosotros no cejamos en nuestro empeño”, dice Lobón. A la vez, reconoce que prisa por ponerse a ello no hay. Y remata con la frase más popular de los últimos tiempos: “No hay dinero”.
* El País - ELENA G. SEVILLANO Madrid 18 AGO 2012
Foto: Vista aérea de las Cuatro Torres y el solar del Centro Internacional de Convenciones. / ÁLVARO GARCÍA
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FARODEVIGO* : La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por el abogado vigués Jesús Lorenzo Cuervo en representación del exconcejal de Urbanismo de Gondomar Alejandro Gómez Garrido, condenado por la Audiencia Provincial a un año de inhabilitación y al abono de multas que suman 540.000 euros por la comisión de tres delitos de cohecho, 180.000 por cada uno, en relación con las dádivas requeridas a promotores inmobiliarios a cambio de beneficios en el Plan Xeral de 2006.
El exedil popular es acusado de los mismos delitos que su compañero de gobierno José Luis Mosquera, delegado entonces del área de Cultura, y el arquitecto vigués Borja Ramilo, intermediario entre los concejales y los empresarios, se enfrenta así a la segunda desestimación de un recurso en el proceso.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló en julio del año pasado en contra de su apelación e incidió en que las escuchas telefónicas practicadas fueron legales y en que los testimonios de los otros dos condenados lo "delatan".
La sentencia del Supremo, publicada recientemente, poco después de la vista del pasado 5 de junio, desestima la solicitud de incorporación de pruebas como el plan de ordenación que se tramitaba en 2006, finalmente anulado tras el escándalo de corrupción. El magistrado ponente, Manuel Marchena Gómez, considera que la revisión de aquel PXOM no variaría el resultado del proceso, puesto que, argumenta, se juzgó la petición de sobornos a empresarios, no la legalidad de los proyectos urbanísticos que trataban de desarrollar.
El abogado de Gómez incidía en sus dudas sobre la legalidad de las intervenciones telefónicas, aunque el Alto Tribunal mantiene que no existió vulneración del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Tampoco concedieron importancia los magistrados a las argumentaciones del letrado respecto a la relación con el BNG del denunciante de los hechos €representante de los promotores de A Pousa€ y la proximidad de las elecciones municipales que finalmente ganó dicha formación y sí incidieron en que la solvencia de las declaraciones incriminatorias de Mosquera y Ramilo como prueba de cargo contra Gómez.
El exconcejal de Urbanismo gondomareño es el único acusado que mantiene vivo aquel proceso. Los otros dos condenados colaboraron con la investigación y obtuvieron beneficios en sus condenas con sanciones menores: Mosquera afrontó 135.000 euros y Ramilo, 67.500.
Y el fallo del Supremo no lo detendrá, según afirmaba ayer su abogado. Lorenzo Cuervo anunciaba un próximo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y no descarta acudir a Estrasburgo si tampoco prospera, dado que mantiene que la condena de su cliente "es radicalmente errónea".
* Faro de Vigo - NELI PILLADO - 18.8.12
Foto: Gondomar (Pontevedra), vista - urbact
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