EUROPAPRESS/Sevilla* : La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico ha reclamado al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), la entrega del "testimonio completo", --en referencia a la documentación--, de las obras acometidas por la junta de compensación del sector conocido como La Isla al margen de la licencia de obras concedida por la Administración local.
Cabe señalar que el plan parcial del SUS-R9, bautizado como La Isla, contempla una zona de 67,4 hectáreas de Alcalá de Guadaíra en la que se ha proyectado la construcción de mil viviendas protegidas, un centro hospitalario, un campo de fútbol, un intercambiador modal de transportes para el tranvía, carriles bici, zonas educativas, comerciales y espacios verdes. Si bien la junta de compensación constituida en torno a estos suelos contaba con una licencia de obras otorgada el 18 de junio de 2010 por la junta de gobierno del Ayuntamiento, los trabajos fueron paralizados en 2011 al constatar la Sección de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra que los trabajos no respondían a la licencia en cuestión, que aludía a la "explanación" de los suelos.
EXTRACCIÓN "ENCUBIERTA" DE ALBERO
En concreto, los trabajos en cuestión habrían comprendido sobreexcavaciones y rellenos e incluso las fuerzas de oposición del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra alertaron de una "extracción de albero encubierta" a través de estas labores. El pleno del Consistorio, de cualquier modo, aprobó el pasado mes de enero por unanimidad de todos los grupos políticos ordenar a la junta de compensación la "restauración del orden jurídico perturbado" e informar de los hechos al Ministerio Público.
Pues bien, el pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra correspondiente al mes de junio dio cuenta de un informe relativo a las actuaciones llevadas a cabo por la junta de compensación del sector La Isla merced a las determinaciones de la propia corporación alcalareña. El documento, recogido por Europa Press, pone de relieve que la juta de compensación interpuso un recurso de reposición contra el acuerdo plenario en cuestión para evitar que los hechos fuesen remitidos a la Fiscalía, alegando para ello la "mínima entidad" de los hechos y que había comenzado la "reposición" de los daños causados.
REPOSICIÓN CULMINADA
El 16 de mayo de 2012, de cualquier modo, la entidad 'Elabora Agencia para la Calidad de la Construcción', contratada para el control de calidad de los trabajos de restitución ordenados en el sector La Isla, emitió un informe según el cual "las sobreexcavaciones y rellenos han sido restituidos conforme a las especificaciones establecidas", toda vez que el 5 de junio, la Sección de Obras Públicas de la Gerencia Municipal de Urbanismo zanjaba que la junta de compensación había cumplido "satisfactoriamente" las órdenes del acuerdo plenario.
Pero el 4 de junio, y como también figura en este documento, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico requirió al Ayuntamiento "la remisión de testimonio completo del expediente de protección de legalidad urbanística, así como reportaje fotográfico de la obra realizada", extremo además acordado por el propio pleno del Consistorio alcalareño.
* Europa Press - 24.7.12
Foto: Alcalá de Guadaíra (Sevilla), vista - sevillaweb
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FARODEVIGO* : "Transformar a contratados en empleados públicos", según las advertencias puestas de relieve por el interventor; "meter a gente afín por la puerta de atrás –personas ajenas a la administración que llegan a usar dependencias municipales– a cambio de informes pagados y a la carta", reprochan desde la oposición política y el ámbito sindical. El Concello de Ourense adjudicó, en la junta de gobierno local celebrada el pasado jueves, una nueva asistencia técnica para el servicio de Urbanismo por importe de 30.000 euros, IVA incluido. Solo se presentó un arquitecto. Desde finales de abril, el gobierno local ha aprobado el pago de casi 100.000 euros para contratar informe externos para cuestiones urbanísticas, un ámbito proceloso en Ourense tras la caída del PXOM 2003 tumbado por el Tribunal Supremo que obligó a redactar una ordenación provisional como solución transitoria al retrotraerse el marco de actuación al plan de 1986. La anulación de licencias suma más quebraderos de cabeza.
El recurso desde Urbanismo a despachos profesionales de abogados y arquitectos –algunos repiten– con la justificación de poder solventar trámites de la ciudad después de la consiguiente pérdida de derechos urbanísticos y el aluvión de reclamaciones –más de 100 millones en global–, supone un método de contratación "irregular" de servicios que el funcionario fiscalizador reprendió en más de un informe, el más reciente revelado por FARO en abril. La consecuencia más grave de este método de actuación es que se incurre en una "cesión ilegal de trabajadores" que llevaría al reconocimiento del contratado como laboral indefinido. En mayo se formalizó el contrato por más de 32.000 euros con un bufete de abogados para "colaborar en la defensa jurídica y el asesoramiento jurídico", pese a existir servicio propio. En abril, una UTE se llevó un contrato de casi 31.000 euros para confeccionar cartografía municipal a escala de zonas del núcleo urbano y el perímetro rural. Todos los procesos se tramitaron por procedimientos negociados sin publicidad.
Desde el gobierno, la edil responsable de Urbanismo, Áurea Soto, defendía ayer la necesidad de externalizar determinados servicios de su concejalía prescindiendo del trabajo de los trabajadores. Soto aprueba las asistencias como "refuerzos jurídicos y técnicos que son necesarios". La concejal se molestó con las críticas de la oposición. "Igual al PP no lo interesa que este Concello intente frenar indemnizaciones por la caída de determinadas recalificaciones", dijo, en alusión al plan anulado, que se aprobó con una planimetría . La edil pone sobre la mesa casos recientes como el de la indemnización aprobada para un constructor "que reclamaba 2,5 millones después de 25 años en los que el ayuntamiento no hizo absolutamente nada".
Según su criterio, la contratación de asistencias permite resolver la problemática urbanísticas de una ciudad inmersa en reclamaciones y a caballo entre un plan general anulado y otro que aún tardará. "Desde este gobierno estamos intentando que el Concello no quiebre dentro de cinco años, que es lo que puede pasar si no resuelven las reclamaciones que ya superan los 100 millones de euros". La concejala resta importancia a las advertencias del interventor poniendo como ejemplo que las contrataciones de asistencias son "práctica habitual de todas las administraciones, incluida la Xunta y Fomento".
Tanto Partido Popular como Democracia Ourensana se posicionan en contra de este tipo de adjudicaciones de servicios. Susana Gómez, de DO, reprocha la actitud "de diosa y de diva" de la edil responsable y reprueba que, a pesar de los reparos del interventor, se pidan "informes a la carta realizados por amigos".
Por su parte, fuentes sindicales reprochan el "menosprecio" a los trabajadores del Concello y recuerdan que el gobierno local se comprometió a reducir y a justificar las asistencias técnicas en el marco de la negociación con la junta de personal.
* Faro de Vigo - J.FRAIZ - 17.7.12
Foto: Ayuntamiento Ourense - spain
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LAOPINIÓNMÁLAGA* : La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Vecinos El Candado y ha anulado la licencia de obras concedida por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga en 2003 para la modificación de las instalaciones de la fábrica de cementos que la sociedad Financiera y Minera tiene en La Araña.
En dicho recurso los vecinos hacían referencia a los incumplimientos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, de la obligación de haber sometido la actuación previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, de la obligación de obtener con anterioridad al otorgamiento de la licencia los permisos, concesiones o autorizaciones contenidas en el decreto de 24 de febrero de 1992 de navegación aérea y servidumbre, al contemplar una torre de precalentamiento de 110 metros de altura, y al no haber acreditado la aportación de la licencia de actividad de la actuación de referencia con carácter previo a la licencia de obras.
Según el abogado de la asociación, Gonzalo García Weil, entre estas obras se encontraba la sustitución de los hornos rotatorios por uno nuevo y la ejecución de la citada torre de precalentamiento, actuaciones que consideró «indispensables» para la posterior obtención de la Autorización Ambiental Integrada, que de esta manera «puede quedar en entredicho».
Insistieron en que desde un primer momento, la asociación argumentó que dicha licencia incumplía el PGOU y que debía de someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental para dar cumplimiento al principio de prevención en origen.
Además, resaltaron que el TSJA les da la razón al estimar que dichas obras no debían de haberse autorizado, ya que la cementera urbanísticamente se encontraba fuera de ordenación, no siendo su ubicación la idónea para albergar las obras acometidas, entre otras razones, por su proximidad a varios núcleos de población. En este sentido, Manuel Grund, miembro de la asociación, explicó que por estar fuera de ordenación «lo máximo que podían hacerse eran obras de mantenimiento».
La Sala de lo Contencioso también estima que la torre de 110 metros de la cementera excede la altura máxima permitida en el PGOU de 1998, de 35 metros, según precisó Grund.
Por otro lado, respecto a la actuación de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, dirigida entonces por Ignacio Trillo, el TSJA considera, según los vecinos, «improcedente» la exención en la tramitación del procedimiento de evaluación del proyect0 de impacto ambiental, concedida en su día por dicho organismo, improcedencia que radica en que las modificaciones realizadas por la cementera son tenidas en cuenta por el Tribunal, que las ve «sustanciales».
Para el abogado de la asociación, la sentencia abre «un nuevo horizonte jurídico que tendrá indudable trascendencia en el futuro urbanístico de la cementera y en la Autorización Ambiental Integrada concedida el 23 de julio de 2007 por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta que permite la valoración energética de residuos».
García Weil aseveró que no hay ninguna lucha contra nadie, sino «por la defensa del medio ambiente», al tiempo que indicó que «entendemos que la sentencia va a ser difícilmente recurrible, pero no imposible».
Finalmente, el letrado expresó la voluntad de los vecinos de conseguir que las distintas administraciones extremen «al máximo su celo para evitar la contaminación atmosférica del entorno de la cementera» y así proteger la salud de las personas que «ya han padecido durante años escapes, ruidos intolerables y el tránsito incesante de camiones por las calles de la ciudad transportando coque de petróleo (restos del refine del petróleo y derivados que se utiliza como combustible en la fábrica)», concluyó.
* La Opinión Málaga - Blanca Astorga - 19.7.12
Foto: cementera La Araña (Málaga)
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ELPAÍS/Alicante* : La política de grandes eventos y de proyectos frustrados del Consell acaparan la atención de la prensa internacional. El periódico The New York Times abrió el lunes su edición digital con un artículo sobre el complejo cinematográfico de la Ciudad de la Luz, en Alicante, que sitúa como "ejemplo del frenesí valenciano" por la construcción grandes instalaciones, que "ha dejado un legado de 25.000 millones de dólares e infraestructuras en bancarrota" en la Comunidad Valenciana.
Los autores de la información, Doreen Carvajal y Rafael Minder, recuerdan que la Ciudad de la Luz, en sus inicios, fue proyectada como un "megaestudio de cine donde los cuentos de hadas se hacían reales", y donde las instalaciones "podían crear un desastre tipo tsunami en un enorme tanque de agua con vistas al mar Mediterráneo, como un Hollywood en la costa española".
Sin embargo, exponen que en la actualidad este tanque "está seco y los 54 acres de backlots están prácticamente desiertos". El complejo "está en venta y agobiado por atraer productoras", mientras las autoridades europeas "han dado un ultimátum a la Generalitat valenciana para que explique esta semana cómo pretende devolver los 325 millones de dólares de los contribuyentes indebidamente gastados en ambiciones de magnate del cine".
Al respecto, los periodistas estadounidenses estiman que la respuesta "podría ser breve", y citan las recientes palabras del vicepresidente del Consell, José Císcar, quien reconoció sobre este asunto que "realmente, no hay dinero para devolver". Los investigadores de la Comisión Europea "han sido particularmente críticos con los grandiosos estudios, en respuesta a las quejas de los estudios privados", que en su día, "denunciaron que Valencia estaba distorsionando la competencia de mercado con su fuerte financiación pública", y por ello han reclamado la devolución de las cantidades destinadas a este complejo.
Doreen Carvajal y Rafael Minder se remontan al año 2006, para apuntar que, por entonces "nadie se podía imaginar esta dura realidad". "Cuando el presidente de la Generalitat de Francisco Camps, posaba delante de las cámaras con el actor francés Gerard Depardieu", a quien "abrazó vestido" como Obelix, con motivo de la película Asterix en los juegos olímpicos rodada en este complejo.
En torno a Francisco Camps, apuntan que "eligió a un vendedor de coches [Modesto Crespo] e incondicional de su partido, para presidir Caja Mediterráneo (CAM), entidad que ayudó a financiar la construcción de los estudios y otros proyectos del gobierno, y que ha quebró el año pasado". De igual modo, New York Times recuerda que "los estudios, en los se han rodado 60 películas, fueron una inspiración del director Luis García Berlanga, que propuso hacer una escuela de cine en Alicante", si bien, el concepto derivó en un proyecto "mucho mayor, reflejo de las ambiciones de los políticos locales y del fácil acceso a la financiación".
Eventos extravagantes
En esta línea, el rotativo estadounidense además subraya que la Comunidad Valenciana también ha invertido en estos años en "un puerto para superyates, una casa de la ópera --en referencia al Palau de les Arts-- al estilo de la de Sidney, en Australia; un museo de ciencias futurista; el mayor acuario de Europa; un puente con forma de vela, y un aeropuerto que nunca ha registrado una sola llegada o salida". Completan la lista de "eventos extravagantes" la America's Cup y las carreras de fórmula 1, así como el parque temático Terra Mítica de Benidorm (Alicante), que, indican, "también ha quebrado". Además, hace referencia a la contratación del arquitecto "super estrella" Santiago Calatrava, afincado en Zurich, para varios proyectos, quien, recuerdan, "defendía sus honorarios de 115 millones de dólares como 'modestos' y 'por debajo de la media' de proyectos similares".
"La creación del estudio, en 2005, fue parte de una fiebre constructora que se repitió a lo largo de las 17 regiones autonómicas", indica el diario. "Conforme la crisis de la nación se ido ahondando, la combinación de los intereses --de banqueros, magnates de la construcción y autoridades de los gobiernos regionales--, responsables de los excesos como Ciudad de la Luz, han ido saliendo a la luz aquí y en otros lugares".
* El País - 10.7.12
Foto: Alicante, ciudad de la luz - ciudaddelaluz.com
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ELPAÍS* : Para comprender la nueva Ley de Costas hará falta tener a mano un mapa de España. Porque la ley, cuya reforma estudió el Consejo de Ministros, establece distinto trato en función de la zona. Unas 10.000 viviendas de una decena de núcleos conflictivos quedan excluidas de ser dominio público marítimo-terrestre. Y lo hacen sin informe técnico ni justificación del Gobierno sobre por qué los elige. Además, la isla de Formentera, un paraíso casi virgen, tendrá una definición de la zona protegida más laxa para no proteger toda la superficie. Por último, en algunas rías la servidumbre de protección bajará de 100 a 20 metros. Las viviendas en la playa del resto del litoral podrán seguir 75 años más, que se suman a los 30 años o 60 que ya les dio la actual ley, vigente desde 1988.
El Ministerio de Medio Ambiente ha redactado la primera reforma legal de calado en 24 años de la norma, que ni Aznar tocó. Lo que hace es mantener todo lo ya construido y quitarle problemas a los ocupantes de las viviendas. Y lo hace sin desmontar toda la arquitectura jurídica de la ley. Salvo en los sitios más conflictivos, donde intenta sofocar el incendio eximiéndoles de la norma. Pero corre el riesgo de enfadar a todos y que los propietarios de otros lugares o los ya derribados exijan el mismo trato que los de estos 10 enclaves.
Basándose en un criterio desconocido, Medio Ambiente saca del dominio público 10 núcleos de población que suman unas 10.000 viviendas. Son zonas de muy distinto origen: desde las casas de pescadores de El Palo (Málaga); las viviendas de Oliva (Valencia), cuyo deslinde es de octubre de 1947, a la marina de Empuriabrava (Girona), construida con canales privados artificiales en los años setenta para extranjeros. Ahora estarán en la servidumbre de protección, con lo que no podrán ampliar las casas, pero sí serán propiedad privada.
¿Qué tienen en común? Solo que según la ley actual y la Constitución fueron declarados dominio público tras un extenso expediente de deslinde (el trámite que delimita la zona pública y privada de playa) con informes técnicos. Eso había generado graves problemas sociales y políticos. Medio Ambiente considera que no era razonable que núcleos tan grandes y consolidados estuvieran declarados como dominio público.
Las excepciones se adoptan sin informe técnico ni apenas justificación
Los dueños, muchos de ellos desde hace generaciones, podrán recuperar la propiedad de su vivienda. En un paso intermedio, el terreno será del Estado, que previsiblemente lo adjudicará a los actuales ocupantes por un precio simbólico o lo permutará con el Ayuntamiento.
Como explica José Ortega, abogado de uno de los grupos de afectados por la Ley de Costas, surge el fantasma del agravio: "No entiendo por qué sacan la marina de Empuriabrava y no la de Santa Margarida, que es más pequeña pero es un caso similar". Para esos casos, el Gobierno prevé simplificar la desafectación, el trámite para que el dominio público pase a manos privadas. Ortega valora otras partes de la reforma.
No es el único ejemplo de aplicación particular de la ley según la zona. En Formentera, uno de los litorales mejor conservados de España, se aplicará un criterio diferente de dominio público, más laxo, "con carácter excepcional y debido a la especial configuración de la isla". El deslinde no llegará allí hasta donde alcanzan los mayores temporales conocidos sino los ordinarios y se suaviza la definición de dominio público. Medio Ambiente considera que es un caso único y que si aplicara la ley vigente la mayoría de los habitantes de la isla pasarían a ser concesionarios. Además, en las rías se podrá aplicar una servidumbre de protección menor, de 20 metros en lugar de los 100 establecidos para aquellos suelos que no eran urbanos en 2011. Así salva núcleos rurales gallegos como los de Marin.
El Gobierno corre el riesgo de sublevar a los propietarios de otros lugares
El secretario de Estado de Medio Ambiente. Federico Ramos, opinó que la reforma de la ley da "seguridad jurídica" y no desprotege el litoral, que es "un activo a conservar": "No se va a poner un ladrillo más, pero sí se va a poder reparar y mejorar lo que ya existe". Sobre los 10 enclaves elegidos, los califica como "núcleos tradicionales a los que no se le había dado respuesta" adecuada.
Los 10 núcleos seleccionados se salvan. El resto tendrá una concesión casi a perpetuidad y sin apenas condiciones, Quienes tenían una casa legalmente construida en la playa antes de la Ley de Costas recibieron en 1988 una concesión de 30 años y en el mejor de los casos de 60 sin pagar canon. Cuando esas caduquen tendrán otros 75 años para usar la casa a cambio de un pequeño canon. La primera concesión equivale al justiprecio de la expropiación y la segunda al uso. En total, las casas podrán llegar a estar sobre la playa hasta 135 años.
El ministerio considera que el planteamiento de la Ley de Costas de ir derribando lo construido a partir de 2018 (cuando empezaban a vencer los 30 años) era demasiado "radical" y había generado "mala imagen de España" en Europa -hay muchos extranjeros afectados y sus embajadas y eurodiputados presionan al Gobierno-. Qué ocurrirá pasados los próximos 75 años es imposible de aventurar. Por lo pronto es una concesión que supera con mucho la vida de una persona y sin apenas restricciones.
"No se pondrá un ladrillo más, pero sí se mejorará", dice el Ejecutivo
Hugo Morán, responsable de medio ambiente del PSOE, criticó la reforma: "El privilegio está prohibido desde el derecho romano. La reforma huele a compromiso político adquirido con personas e intereses concretos que se trasladan a una ley de carácter general. Es poner el Boletín Oficial del Estado al servicio de unos intereses particulares". Morán critica que la ley vulnera el espíritu de la Constitución de 1978, que declaró expresamente el litoral como dominio público al ver lo que había pasado en España con el desarrollismo de los sesenta y setenta.
Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, critica la reforma específica para cada sitio y añade que "ignora las proyecciones de subida del mar por el cambio climático". Critica que se dan concesiones a muy largo plazo y el Estado puede verse obligado a indemnizar a los propietarios si el mar se come sus viviendas.
Medio Ambiente cambia poco la definición de dominio público marítimo-terrestre y no autoriza la propiedad privada en la costa. Hacer eso habría supuesto un embrollo jurídico de dimensiones impensables y además habría obligado a reiniciar el trámite de deslinde, que ha tardado casi 25 años en estar al 95%. El Gobierno no tenía dinero para volver a deslindar la costa y espera que con los cambios introducidos (exclusión de algunas dunas fósiles) sirvan la mayoría de los trabajos realizados.
Por eso las críticas no proceden solo del sector conservacionista. Carmen del Amo, presidenta de otra asociación de afectados, critica la reforma por tibia y por "discriminatoria": "No me gusta que haya arbitrariedad y que por ley se pongan urbanizaciones con nombres y apellidos que quedarán excluidas". Carmen del Amo es dueña de una vivienda en Rocafel, una de las zonas del anexo que quedan amnistiadas, pero aun así critica el uso arbitrario y "a dedo".
"El privilegio está prohibido desde el derecho romano", recuerda el PSOE
La norma puede generar un agravio con quienes ya han perdido su vivienda por la aplicación de la Ley de Costas, gente a la que se le expropió la concesión por muy poco dinero. El Gobierno considera que estos no tienen ninguna posibilidad de recurrir con éxito. Se les aplicó la ley vigente en su momento y remite a quien pagó por una donación antes de que se quitara el impuesto.
Rita Rodríguez, abogada de WWF, opina que el conjunto de excepciones contradice el discurso del ministerio: "Dicen que reforman la ley por inseguridad jurídica, pero añaden una serie de excepciones puntuales que no se justifican ni se explican y la llenan de conceptos indeterminados. Esto crea más inseguridad y tiene unas implicaciones enormes".
Puede que la reforma sea jurídicamente discutible. No solo por las excepciones sino por la parte que otorga al Estado la posibilidad de suspender planes municipales que afecten a la costa. Incluso puede que de llegar al Constitucional el Gobierno pasase un mal rato defendiendo su reforma. Pero no es sencillo que algún partido político recurra la norma, dado lo impopular que sería defender que barrios enteros pasen a dominio público. La realidad se ha impuesto.
* El País - Rafael Méndez Madrid 14 JUL 2012
Foto: Empuriabrava (Girona), viviendas y canales - elpais
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ELSOPLÓN* : El Centro de Artes de Alcorcón ha supuesto la demolición de una biblioteca, la tala de cientos de árboles y un despilfarro de 120 millones de euros. Un proyecto faraónico del ex alcalde socialista Enrique Cascallana.
La Ciudad del Circo se ha convertido en un quebradero de cabeza para los actuales gobernantes del Ayuntamiento por un capricho del anterior alcalde, que quiso homenajear a su padre, payaso de profesión, creando un circo, una escuela de artes circenses y cuadras para guardar animales. Para su construcción se derribaron una biblioteca y una fuente, arrasaron con los bancos del parque que ahora ocupa las obras sin finalizar y talaron cientos de árboles que cobijaban en la sobra a los lectores y paseantes que buscaban paz y tranquilidad en un paraje natural.
Un municipio de 168.000 habitantes se embarcó en la aventura de un proyecto de 120 millones de euros. Ahora, las obras de construcción del centro están paralizadas y las fachadas de algunos edificios están llenas de pintadas.
La Ciudad del Circo está completada solo en un 70% aproximadamente y ya lleva un sobrecoste del 40%. Su financiación fue endosada a Emgiasa, una empresa municipal creada para la construcción de viviendas, y que ahora tiene una deuda de 333 millones de euros aproximadamente.
Todos consideran que al anterior alcalde del PSOE se le fue las manos con el proyecto. Todo por su terquedad y por la obsesión de querer homenajear a su padre, que era payaso.
* El Soplón - 27.6.12
Foto: Ciudad del Circo - elsoplon
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ELPAÍS* : Entre 137 y 227 millones de euros. Es la inversión que requerirá el litoral valenciano en 2100 dependiendo de que el nivel del mar aumente entre 50 centímetros y un metro. Greeenpeace le ha puesto precio al proceso de erosión de la costa valenciana, la más castigada de la Península Ibérica, ya que, según esta organización ecologista, el 14% se encuentra afectada por graves procesos de erosión y otro 52% de la franja costera está en regresión debido a la sobreocupación del frente litoral. Esta es la principal conclusión del informe Destrucción a toda costa 2012, publicado esta semana por la organización ecologista.
Para Greenpeace, el factor que más ha contribuido a esta situación, junto a la urbanización costera y la alteración del régimen de los ríos, es “la presencia de un puerto cada 11 kilómetros de costa” de media. Según el informe, ello aboca a una factura ambiental que “tiene un coste económico inabordable”, pese a que entre 2009 y 2011 el Ministerio de Medio Ambiente invirtió en la Comunidad Valenciana más de 125 millones de euros “destinados principalmente a reponer arena e infraestructuras litorales dañadas por una combinación de temporales cíclicos e intervenciones humanas perjudiciales”.
Greenpeace recuerda que entre 1987 y 2005 prácticamente se dobló la superficie ocupada y urbanizada en territorio valenciano y ahora, en los 100 primeros metros de costa, habita el 75% de la población. En esa franja, además, se han construido las principales infraestructuras estratégicas y la mayor parte de los polígonos industriales.
En una franja de cien metros habita el 75% de la población
También critica que el Plan de Acción Territorial del Litoral (PATL) se quedara atascado en 2006 en la fase inicial de información pública, lo que para los ecologistas supone “un claro ejemplo de la nula voluntad política del ejecutivo regional de impulsar marcos normativos de ámbito supramunicipal que hubieran favorecido la ordenación y gestión de espacios litorales sometidos a una presión insostenible”. En todo caso, Greenpeace asegura que se trataba de un “documento de clara estirpe desarrollista o productivista”, porque de los 14.000 millones de euros que pretendía invertir, el 87% del dinero se destinaba a infraestructuras, el 7% a urbanismo y solo el 6% al medio ambiente.
Según refleja el informe, la provincia más castigada del litoral mediterráneo español es Castellón —“un ejemplo de lo que no se debe hacer si la intención es apostar por el desarrollo sostenible”— donde hay 592 viviendas que invaden el dominio público y cuyo frente sufre unas “tasas de retroceso en la línea de costa con valores muy elevados, entre siete y ocho metros al año”.
Y concreta que la principal causa de la erosión “la generan los puertos de Castellón y Burriana, con una acumulación de sedimentos hacia el norte y una generalizada erosión hacia el sur”. “La alteración es tal que entre Burriana y Sagunt se estima que se necesitan unos 100 millones de euros para regenerar 25 kilómetros de costa”, añaden el estudio.
* El País - Artur Balaguer - 15.7.12
Foto: Burriana (Castellón), playa - mma.es
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ECOLOGISTASENACCIÓN* : La plataforma Antivirus, de la que forma parte Ecologistas en Acción, ante la inminente aprobación del proyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, apodada ley Virus por el nefasto efecto que tendrá sobre el medio rural califica la decisión de grave error, carente de justificación. La plataforma lamenta que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se doblegue al capricho de la Presidencia del Gobierno e ignore los argumentos de peso aportados por técnicos, académicos, asociaciones de arquitectos, asociaciones ecologistas y partidos políticos solicitando la retirada de la ley.
La Plataforma Antivirus, formada por organizaciones ecologistas, académicos, colectivos de arquitectos, partidos políticos, entre otros, lamenta el despotismo se opone a la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, Ley Virus por:
Tendrá efectos ambientales irreversibles El consumo de suelo, la apertura de caminos, el cierre de fincas, y la presencia humana y de animales domésticos, supondrán una fragmentación y degeneración de los hábitats naturales, su flora y su fauna, un aumento del riesgo de incendio, y mayor dificultad en las tareas de evacuación.
Destruirá la economía agraria El aumento de valor del suelo, como consecuencia de las expectativas urbanísticas que se generarán, hará inviables los usos rurales. Va en contra, y hace inviables, los modelos de revitalización propuestos por la Unión Europea: fomento de la agricultura, producción de calidad, y turismo rural.
Impone un modelo de ordenación territorial insostenible La dispersión de usos urbanos por todo el territorio, genera infraestructuras y servicios ineficientes, y de difícil gestión, cuyo mantenimiento corresponderá a todos. Fomenta una movilidad insostenible.
Afecta a derechos y deberes constitucionales Restringe el derecho al disfrute del medio, anteponiendo el interés privado al bien común. Se delega en los propietarios del suelo la función de protección asignada por la constitución a las administraciones públicas. Se aumenta el valor del suelo, sin contraprestación alguna para la colectividad, lo que favorecerá la especulación.
Elimina las garantías de protección sobre el medio ambiente Vulnera del principio de excepcionalidad en las actuaciones sobre suelo protegido, al establecer una autorización con carácter general. Se impone sobre los Planes Generales de Ordenación, a los que corresponde la ordenación municipal. Elimina la participación pública y de los organismos responsables de la protección del medio, fomentando el fraude y la ilegalidad.
No responde a ninguna necesidad En la legislación actual ya se contempla la posibilidad de vivienda asociada a actividades rurales, además de existir miles de parcelas no ocupadas en urbanizaciones dispersas.
Degradará los hábitats naturales, debilitará la economía rural, afectará al derecho constitucional del disfrute de todos al medio ambiente, impondrá un modelo de ocupación del territorio insostenible, propiciando la ilegalidad….
¿A quién beneficia, entonces? Únicamente a los propietarios de grandes parcelas.
La plataforma Antivirus intentará que la nueva ley sea recurrida en el Tribunal Constitucional por incumplir normativa estatal. Denunciará los hechos ante la Comisión y el Parlamento Europeos por contravenir normativa europea e iniciará una campaña de divulgación entre los ciudadanos para que sepan que mientras miles de ciudadanos son desahuciados, el Gobierno regional se empeña en favorecer a terratenientes.
* Ecologistas en Acción Madrid - 9.7.12
Foto: Madrid, suelo rural - cartamaverde
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ELPAÍS* : Un año después de que la Junta de Gobierno Local iniciara el expediente de tramitación, la comisión municipal de Urbanismo de Málaga verá mañana la aprobación definitiva de los planes de ordenamiento que permitirán legalizar unas 900 viviendas autoconstruidas por sus propietarios sin las pertinentes licencias en la barriada de Puerto de la Torre, una de las principales zonas de expansión de la ciudad, muy revalorizada por la mejora de accesos tras la apertura de la hiperronda de circunvalación.
Durante las últimas tres décadas, Puerto de la Torre, una zona de carácter agrícola al noroeste del término municipal, ha experimentado una notable explosión demográfica a base de la construcción de viviendas aisladas en parcelas que se han ido segregando sin atender procedimientos administrativos y sin que existieran planes de urbanización. En este tiempo han sido numerosos los conflictos entre vecinos y el Ayuntamiento para dotar a las urbanizaciones de servicios y calles.
Con el pase por la comisión mañana, los dos planes especiales de reforma interior de Arroyo España y El Llanillo quedan listos para ser aprobados definitivamente en el próximo pleno municipal. Pero para culminar el ansiado proceso de normalización de las casas aun quedará concretar un acuerdo entre el Ayuntamiento y los vecinos para gestionar los planes y determinar la contribución que corresponde a cada parte, porque los propietarios tendrán que hacer su aporte para la urbanización y dotación. Los planes sientan las bases legales para la conversión de estos suelos urbanos no consolidados en ordenarlos.
La zona de Arroyo España ocupa 136.371 metros cuadrados, de los que más de 86.00 se reconocen de uso residencial, con 541 viviendas entre las ya existentes y las previstas. Se destinan 6.000 metros cuadrados a equipamientos, 13.500 a espacios libres y 30.000 a viario.
En El Llanillo (90.000 metros cuadrados) hay 299 viviendas y se habilitan más de 11.000 metros cuadrados para equipamientos y espacios libres.
* El País - Diego Narváez Málaga 17 JUL 2012
Foto: Málaga, Puerto-de-la-torre - photaki
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LEVANTE/Alicante* : La urbanización de la Cumbre del Sol, en el Poble Nou de Benitatxell, no ha necesitado de complejos proyectos arquitectónicos ni de grandes grúas para ganar altura. Ha conquistado de abajo a arriba durante 40 años una montaña, el Puig de la Llorença, y ahora mira por encima del hombro el litoral de la Marina Alta y parte del de la Marina Baixa. La promotora de la Cumbre del Sol, la empresa VAPF, sigue su lenta pero implacable escalada mientras otros proyectos urbanísticos fracasan. Ni siquiera las leyes urbanísticas que preservan el paisaje y los hitos geográficos son una traba. Ahora la Cumbre del Sol hace cumbre. Ese modelo urbanístico de convertir una montaña litoral en un enjambre de chalés toca techo.
La promotora está realizando obras de urbanización en los viales que, abiertos hace unos años, llegan hasta la misma cima, a 445 metros de altitud, del Puig de la Llorença. El impacto paisajístico es incontestable. Desde Moraira o Calp se ve la cresta de la montaña surcada de viales que ahora se asfaltarán. La actual normativa urbanística, con normas como la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, "impide la construcción sobre elementos dominantes o en la cresta de las montañas, los bordes de los acantilados y la cúspide del terreno".
Pero la Cumbre del Sol parece que se rige por otras leyes. Fuentes municipales advirtieron ayer de que la promotora está ejecutando un plan parcial aprobado en 1979 y realiza ahora obras de urbanización en los sectores Lirios y Jazmines, que son los que llegan hasta la cima de la montaña. "No se puede hacer nada", sostuvieron estas fuentes.
Así, el negocio urbanístico parece no tener fin en esta urbanización de la Cumbre del Sol. Los trabajos de urbanización consolidan unos terrenos que, por su valor como hito geográfico, se podían haber mantenido libres de construcción. Los chalés no se levantarán de un día para otro. Pero la cima del Puig de la Llorença, con sus 445 imponentes metros sobre el nivel del mar, también sucumbe a un modelo urbanístico que se aviene mal con las nuevas corrientes de integración paisajística y respeto al territorio.
* Levante - 17.7.12
Foto: Imagen tomada desde Moraira de la montaña del Puig de la Llorença. a. p. f.
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LAINFORMACIÓN/Sevilla* : El juzgado de lo Penal nº9 de Sevilla ha condenado a la alcaldesa de El Madroño, María Josefa Rubiano (PSOE), a una multa de 1.620 euros y a cuatro años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación urbanística cometido en la concesión de dos licencias de obra, en septiembre y diciembre de 2004, en suelos declarados no urbanizables por el planeamiento urbano vigente entonces y sin ser recabados "los informes técnicos y jurídicos exigibles".
La sentencia, fechada el 29 de junio y recogida por Europa Press, expone que la alcaldesa de El Madroño recibió el 21 de septiembre de 2004 una solicitud de licencia promovida por D.M.T. para la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela del terreno conocido como 'Cercado las Eras' que, en esa fecha, tenía la condición de "no urbanizable" según las normas urbanísticas vigentes en aquel momento. "Dicha licencia fue concedida sin recabar previo informe técnico ni consulta a la Diputación de Sevilla pese a constarle la calificación de no urbanizable del terreno", señala la sentencia dentro del capítulo de hechos probados.
LICENCIAS FUERA DE LA "LEGALIDAD"
Ya en diciembre de 2004, y siempre según la sentencia, la alcaldesa de El Madroño concedió a J.L.M. una licencia de construcción para una casa de labranza en la finca 'La Berrocosa' pese a tratarse también de suelos "no urbanizables", mientras la propia licencia aludía a la construcción con la idea de "vivienda". "Por tanto, dicha licencia no se ajustaba a la legalidad", indica la sentencia condenatoria. El fallo zanja que con la concesión de estas licencias, "resulta patente" que la alcaldesa incurrió en "un incumplimiento absoluto y radical de las más elementales reglas del procedimiento administrativo exigible, obviando la observancia de las normas urbanísticas aplicables".
La alcaldesa, según la sentencia, no recabó para estas licencias de obra "los informes técnicos y jurídicos exigibles conforme a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)". Porque en la primera de las dos licencias, si bien las normas urbanísticas aprobadas provisionalmente por el Ayuntamiento en abril de 2005 declaraban urbanizables los terrenos en cuestión, "tales normas carecían de eficacia jurídica en tanto no se efectuara la aprobación definitiva, que no correspondía al Ayuntamiento". La sentencia, del mismo modo, no encuentra "sustento probatorio" a la tesis de la defensa en cuanto a que Rubiano reclamó asesoramiento a la Diputación provincial a través de una conversación telefónica. "No puede la acusada alegar desconocimiento del carácter rústico del suelo, cuando el propio proyecto básico así lo contemplaba", zanja el fallo.
SIN LOS INFORMES NECESARIOS
En cuanto a la segunda licencia de obras en cuestión, la sentencia señala que "tampoco en este caso se contó con los informes técnicos y jurídicos exigidos por la normativa aplicable y cuya necesidad conocía ya la acusada. El Ministerio Público consideraba que los hechos relatados constituyen un delito continuado de prevaricación urbanística, por lo que reclamaba para la alcaldesa de El Madroño un año y seis meses de prisión y ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La sentencia, finalmente, resuelve que Rubiano incurrió en un delito de prevaricación urbanística con la atenuante de dilaciones indebidas y condena a la alcaldesa a una multa de 1.620 euros y a cuatro años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El fallo, de cualquier modo, es susceptible de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
* La Información - EP - 16.7.12
Foto: EL Madroño (Sevilla) - sevillaweb.info
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ELPAÍS/Valencia* : “Estoy enamorada del barrio y no me voy ni muerta”, asegura convencida María Luisa, propietaria de una de las 1.651 casas de la zona cero del Cabanyal, carne de excavadora en el plan de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez que aprobó el gobierno del PP en 2001.
Y viendo lo que rodea a esta madrileña de 57 años, vecina del barrio desde hace 17 años, surge la duda. ¿Por qué quedarse? Tiene la puerta de la entrada agrietada por las patadas, la ha reforzado con una verja exterior y, en el patio interior de su casa, el que comparte con un bajo de propiedad municipal ocupado ilegalmente, ha desplegado una sábana para no ver el desastre del otro lado. La chatarra se apila varios metros sobre el suelo y del mal olor se libra con la ventana siempre cerrada. Su paisaje a diario se compone de tambores de lavadoras desguazados, cuadros de bicicleta y otros desechos.
“De tres o cuatro años a esta parte, ha sido la cuesta abajo. Y como alguien no haga algo, esto irá a más”, augura. Sus antiguos vecinos, una pareja mayor, se marcharon hace años acobardados por el avance de la marginación y la venta de droga.
La degradación se ha extendido como un cáncer por las manzanas afectadas por la prolongación. Desde que Salvem El Cabanyal dio con el expolio como vía de defensa, el Ayuntamiento de Valencia no ha recibido más que reveses judiciales. El último, el de la Audiencia Nacional, que validó la orden ministerial que firmó el Gobierno del PSOE en 2009. Las bolsas de marginación son cada vez mayores y la política de hechos consumados del Consistorio de comprar casas en la zona cero para luego derribarlas, convierte el barrio en un polvorín.
Los asaltos a las casas abandonadas se repiten. El domingo que la selección española ganó la Eurocopa, un grupo desguazaba literalmente el 161 de la calle Josep Benlliure. “La utilizaban como almacén y la vaciaron y se llevaron hasta las rejas de las ventanas”, explica un testigo. Vicent Gallart, vicepresidente de la Asociación de Vecinos, ha denunciado al Consistorio la falta de limpieza y el mal estado de los propiedades municipales.
“¿Qué quién es culpable de todo esto?”, se para una señora de unos 80 años, “pues, de los que un día se fueron a los pisos nuevos de Blasco Ibañez [hace unas décadas], que abandonaron su barrio de toda la vida en busca de algo que creían mejor”, opina con cierta amargura.
Muchos de los que se fueron, están volviendo. Y no solo ellos. El Cabanyal y, en general, los Poblados Marítimos de Valencia, son cada vez más apreciados por parte de jóvenes, extranjeros y también por las terceras generaciones de los antiguos cabanyaleros. David, de 41 años, es uno de ellos. “Han querido convertir este trozo [el afectado por la ampliación] en un gueto. Les molesta [al gobierno local] los vecinos porque somos como un grano en el culo del Ayuntamiento. Llamamos a la policía, avisamos, estamos ahí, diciendo, haciendo”, explica. Desde su balcón nos muestra un solar de los muchos que pueblan el barrio. Ahí estaba el horno de La Estrella, “un palauet” que David recuerda de sus juegos de infancia y que el Consistorio derribó hace más o menos tres años. “Ahora se meten ahí a defecar y a pincharse”.
La relación de Valencia con el mar nunca ha sido fácil. “Desde el centro siempre se ha visto El Cabanyal como un residuo, algo que había que eliminar para que Valencia llegase al mar”, reconoce el arquitecto Tato Herrero. Y el proyecto de prolongación de la avenida es un reflejo de ese tópico.
Una parte del barrio, una minoritaria en palabras del gobierno local, no se resigna al paso de las excavadoras. Un grupo de vecinos, a través de la plataforma Salvem El Cabanyal, lleva 14 años —desde 1998 que presentaron la primera alegación— de lucha contra un plan urbanístico del PP que rompe un núcleo histórico de trama singular. Son muchos años de contienda política, judicial y social. Los que resisten en sus casas, partidarios o contrarios a la prolongación, están cansados del avance de la degradación y la parálisis institucional. El gobierno de Rita Barberá, del PP, ha peleado contra la orden de Ángeles González-Sinde dentro y fuera de los juzgados. La paralización de licencias de actividad y de obras, combinado con la crisis, no se comprende en el barrio.
“Está muy mal”, reconoce Mayte Gallart, miembro de Si volem, asociación partidaria de la prolongación de la avenida. “Yo me he comprometido con el barrio y he comprado una casa. Tengo dos hijos y lucho porque me lo creo”, añade Gallart convencida de que la avenida traería prosperidad a la zona.
En ayuda del barrio han salido fundaciones de defensa del patrimonio histórico como la World Monument Fund o Hispania Nostra. Hasta la universidad ha terciado. Jorge Hermosilla, vicerrector de Participación y Proyección Territorial de la Universitat de València, dirige desde hace unos meses un grupo de trabajo cuyo ánimo es la mediación. Se reunieron con las fuerzas vivas del barrio: la asociación de comercio Acipmar, la Asociación de Vecinos, Salvem el Cabanyal, la Junta Mayor de la Semana Santa, y con todos los grupos políticos con representación municipal, también el PP. Su diagnóstico no admitía dudas: hay que reactivar el barrio, económica y socialmente, para evitar su decadencia y degradación. No tocan el conflicto urbanístico, pero proponen para dinamizar la economía del barrio la implantación de residencias universitarias dispersas en el barrio, una idea que planea sobre el barrio desde el año 2000 por su cercanía de los campus de las dos universidades públicas de Valencia. Hay dos líneas de trabajo que ofrecer al Consistorio, según Hermosilla: la elaboración de un plan integral socioeconómico, y un conjunto de acciones que acompañan al plan, que son autónomas y que se pueden llevar a cabo ya, entre ellas, las residencias para estudiantes.
Valencia acoge cada año unos 3.000 estudiantes del programa Erasmus. “Yo estoy en esto por delegación del rector [Esteban Morcillo]. La Universitat tiene un gran potencial a través de sus investigadores y creemos que podemos aportar ideas en beneficio del barrio”, explica el vicerrector. Ese es el espíritu de una mediación que el vicealcalde Alfonso Grau ha valorado y aceptado.
Como la universidad, otros colectivos ciudadanos se han puesto manos a la obra para combatir la parálisis de la zona con acciones. Viu al Cabanyal es una de esas iniciativas que ya están en marcha. “Sale de un grupo de trabajo de la asamblea de Pobles de la Mar-15M y el planteamiento es sencillo, se trata de poner en contacto a propietarios de casas con inquilinos. Todo sin ánimo de lucro”, cuenta Marimar, una de las promotoras del portal.
Comenzó en octubre del año pasado a través de Facebook y ahora lo hacen a través de una web y de momento han propiciado unos 60 alquileres. Hay muchas casas vacías y el cierre de comercios, agudizado por la crisis, es un auténtico drama para el barrio. “El Cabanyal es muy pueblito, está cerca del mar y eso gusta mucho a la gente. Se trata de recuperar la ilusión y el orgullo de barrio”, prosigue Marimar.
El perfil de los que se interesan por las casas del barrio es de los más variado. Hay mucho estudiante, gente que busca compartir piso y familias que dejaron el barrio y ahora quieren volver. “Si nos esperamos más, se cae todo”, concluye Marimar.
Los comerciantes de Acipmar tienen un plan de dinamización propio pero reclaman al Ayuntamiento más limpieza y seguridad en las calles. “Los comerciantes propusimos un plan para abrir nuevos negocios en las calles peatonales y por falta de licencias resulta imposible ponerlo en marcha”, lamenta el vicepresidente José Óscar.
Al calor de los nuevos residentes están surgiendo iniciativas dirigidas por gente joven. Sandra Miralles, de 31 años, abrió hace unos dos años en la calle del Progreso el Centro Cultural y Gastronómico Vegetariana La Regadera, en El Canyamelar, fuera de la polémica prolongación. Sus padres tienen vínculos con el barrio y cuando ella regresó a Valencia, tras vivir en Barcelona y Suramérica.
Tiene un comedor por el que pasan desde ejecutivos del puerto hasta, turistas extranjeros, abuelos con sus nietos, de todo. Los socios —hay que serlo para entrar al centro— pueden comer y tapear de noche y pagan la voluntad. Son unos 1.500 socios. Es un local amplio, bohemio y muy agradable. Organiza talleres de cocina, costura creativa, charlas y hasta tertulias de idiomas según el día de la semana. “Aquí, a La Regadera, viene siempre gente nueva”, describe la propietaria que augura sin vacilaciones: “En 10 años este barrio va a cambiar”. Se entiende que para bien.
* El País - CRISTINA VÁZQUEZ Valencia 14 JUL 2012
Foto: Vista desde los tejados del tramo de barrio amenazado por la prolongación de la avenida. / MÒNICA TORRES
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DIAGONAL/Madrid* : A pesar de las diferentes voces en contra de su aprobación, el Ejecutivo regional ha dado finalmente luz verde este pasado lunes al anteproyecto de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, que permitirá la construcción de viviendas en suelo protegido. Su aprobación –será confirmada por la Asamblea durante el presente mes de julio-, da paso a la construcción de viviendas aisladas y de una sola planta en suelo protegido por planeamiento urbanístico. Finalmente, no se aprobó la edificación en suelos protegidos por leyes sectoriales, como sí recogía en un principio un primer informe filtrado el pasado mes de marzo. Desde que se conociera el documento del anteproyecto, diferentes asociaciones ecologistas dieron la voz de alarma ante los posibles efectos que tendría en el medio rural.
El anteproyecto aprobado por el gobierno que preside Esperanza Aguirre abre la veda para levantar chalets y urbanizaciones en suelo rural.
Desde el Gobierno regional se justifica el proyecto como una solución para conciliar la vida de aquellos que trabajan en la ciudad y desean vivir en el campo. Sin embargo, las asociaciones ecologistas apuntan que esto supondrá un desastre ambiental y fomentará los pelotazos urbanísticos.
El documento defiende la promoción por parte de particulares de viviendas sostenibles en suelo rural. Las parcelas podrán tener una planta con una superficie mínima de seis hectáreas, una altura máxima de 3,5 metros y una distancia entre edificaciones de 250 metros para suelos protegidos por el planeamiento. Según la normativa se podrán levantar viviendas de 500 y 1.000 m2. El gobierno de Aguirre proyectaba ampliar también a 10 hectáreas para aquellos suelos protegidos por leyes sectoriales, aunque finalmente se ha desestimado.
La portavoz de Equo Madrid, Inés Sabanés, ha solicitado la retirada de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles al considerar que abriría el campo a una nueva especulación que "está completamente reñida con la sostenibilidad", añadía. En la misma tónica se expresaba el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, quien aseguraba esta semana que el anteproyecto "atenta contra el medio ambiente y supone basar el futuro en el ladrillo". Por contra, el Ejecutivo regional se defiende y alega que con la nueva ley, la comunidad madrileña se iguala a la mayoría de comunidades autónomas, que permiten la construcción de viviendas rurales aisladas en suelo no urbanizable sin protección. El Gobierno regional defiende que los requisitos exigidos en el anteproyecto son más rigurosos que los contemplados en otras regiones. Mientras la superficie mínima de parcela exigida en Madrid es de 6 hectáreas, en Cantabria es de 0,5 hectáreas o 2 hectáreas en Murcia y Extremadura; y mientras la altura máxima de la edificación en Madrid son 3,5 metros y una planta, en Cantabria, por ejemplo, se autorizan hasta 8 metros y dos plantas, defienden desde la Comunidad.
Viviendas ‘sostenibles’
Desde el primer momento en que se conocieron las intenciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, las protestas por parte de las distintas asociaciones ecologistas no se hicieron esperar. Ecologistas en Acción asegura que la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles “es un acto de despotismo injustificable” y critica que se ignore los argumentos de peso aportados por técnicos, académicos y asociaciones de arquitectos y ecologistas. La asociación advierte que esta ley permitirá la construcción de viviendas aisladas y urbanizaciones dentro de grandes fincas en espacios protegidos, montes, embalses, dehesas, etc., con todas las instalaciones necesarias para ser habitables. Este uso del suelo provocaría un urbanismo descontrolado, ampliaciones fraudulentas y una degradación irreversible del territorio explican desde la asociación, que añade que las nuevas viviendas podrían aprobarse con una simple licencia municipal y eludiría el control ambiental y urbanístico requerido por ley, como por ejemplo el impacto paisajístico. Contra esta ley, Ecologistas en Acción puso en marcha la Plataforma antiVIRUS, con las siglas que hacen referencia a lo que la Comunidad llama Viviendas Rurales Sostenibles (VIRUS, según ecologistas). La plataforma aglutina a profesionales arquitectos, geógrafos y grupos ambientales. Para Ecologistas, el anteproyecto supone una clara amenaza para el medio ambiente y denuncia que es un intento de seguir con la política del ladrillazo. La organización pone de ejemplo el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, de 52.796 hectáreas, un 65% de titularidad privada, donde se podría construir urbanizaciones de 3.400 viviendas de 1.000 m2 gracias al nuevo anteproyecto aprobado.
ASA - Asociación, Sostenibilidad y Arquitectura- se opone también a esta ley regional. Su presidenta, María Jesús González Díaz, considera que la ley es incompatible con la legislación ambiental de la propia Comunidad de Madrid y las disposiciones europeas. González critica la falta de rigor a la hora de indicar los riesgos que supondrá la nueva ley y considera inadecuado el uso de la palabra “sostenible”. En la misma línea, la arquitecta y urbanista Teresa Arenillas, presidenta del Club de Debates Urbanos, considera el anteproyecto una burla: “¿Cómo se puede decir en el siglo XXI que el modelo sostenible es vivir en una vivienda aislada en el campo y trabajar en la ciudad?”, se pregunta. Arenilla alerta de los efectos nocivos que acarreará esta medida, como la movilidad, obligatoria, en transporte privado, el consumo de agua, instalaciones eléctricas o el asfaltado necesario para habilitar nuevas urbanizaciones en medio del campo. Además, la asociación ecologista denuncia que el anteproyecto no define qué criterios se usarán para ubicar las viviendas ni cómo éstas se abastecerán de agua y energía o dónde verterán las aguas fecales. Igualmente, protestan por el silencio administrativo desde el Gobierno regional ante las reclamaciones al anteproyecto efectuadas por la asociación. “Es una idea pensada para una minoría con alto poder adquisitivo. Además, sale más barato que edificar en la ciudad”, advierte también Agustín Hernández profesor de Urbanismo de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Madrid.
Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Montes presentó también en su momento alegaciones al anteproyecto y manifestó el pasado miércoles su satisfacción por las garantías ofrecidas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al no autorizarse la construcción de viviendas en bosques y en montes protegidos, así como en cualquier otro territorio o paisaje protegido por una legislación sectorial, como Espacios Protegidos, Red Natura, Lugares de Interés Comunitario y Montes Preservados. Además, se congratula de que se haya modificado finalmente la norma con el fin de exigir un informe ambiental firmado por un técnico competente, que acredite que no existen afecciones significativas del proyecto a los valores ambientales del entorno. La gran mayoría de las asociaciones ecologistas consultadas por DIAGONAL se muestran pesimistas, ya que consideran que el anteproyecto de Ley será finalmente aprobado -probablemente en septiembre próximo– a pesar de las protestas en contra.
* Diagonal - RICARDO VALLANO/ MADRID - 16.7.12
Foto: David Fernandez
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JOAN ROMERO/ORIOL NEL.LO/ONOFRE RULLÁN* :
En mayo de 2006, en pleno auge inmobiliario, un grupo de ciudadanos dedicados al estudio y la gestión del territorio impulsamos el manifiesto Por una nueva cultura del territorio. En el texto se advertía de los riesgos ambientales, económicos y sociales que entrañaba la depredación del territorio, el abuso de los recursos naturales, la ocupación acelerada del suelo y la degradación del paisaje. Desgraciadamente, buena parte de los riesgos enunciados entonces son hoy evidentes. La sociedad española debe hacer frente ahora a una crisis económica gravísima, cuyo origen se encuentra en buena medida en el desaforado desarrollo urbanístico y, en particular, en la expansión del sector inmobiliario en el período 1996-2007. Los efectos muy negativos que todo ello está teniendo en la evolución del empleo, la estabilidad de la economía española, la confianza en el sistema financiero y la solvencia de las administraciones públicas son incuestionables. Sus secuelas sociales, ambientales, urbanísticas y paisajísticas pesarán durante décadas sobre la sociedad española.
De nuevo, quienes promovimos aquel manifiesto y otros muchos profesionales e investigadores nos creemos en la obligación de reaccionar ante los anuncios del Gobierno de España de cambiar radicalmente lo establecido por la Ley de Costas de 1988. Consideramos que la propuesta gubernamental, lejos de introducir mayor racionalidad en la gestión de los espacios litorales reincidirá, según nuestro criterio, en muchos de los errores ya cometidos. En caso de prosperar, afectaría muy negativamente al conjunto del litoral español y en especial a las áreas costeras que aún conservan valores naturales destacados. El espacio costero es por naturaleza muy frágil y se ha visto sometido en las últimas décadas a una enorme presión, que ha comportado la ocupación y artificialización de áreas muy extensas. Un proceso que, de no domeñarse y corregirse podría venir a hipotecar de forma irreversible la calidad ambiental y el atractivo de nuestro litoral. ¿Podríamos imaginar la situación de nuestras costas tras el proceso urbanizador de las últimas décadas sin este instrumento normativo?
La propuesta de revisión de la ley anunciada por el ministro Miguel Arias Cañete "con el objetivo de hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de las actividades económicas y la seguridad jurídica" parte, a nuestro entender, de un diagnóstico erróneo: la contraposición entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico en los espacios costeros. Como bien sabemos, la realidad nos indica exactamente lo contrario: la competitividad de las actividades turísticas radica de forma cada vez más clara en factores como la calidad paisajística y en la identidad del lugar. La gestión sostenible del territorio costero es ciertamente una obligación social y ambiental, pero resulta también un apremiante imperativo económico.
Asimismo, el anuncio de que se procederá a la "recuperación de terrenos degradados para el desarrollo de actividades económicas, mediante el fomento de la desafectación de espacios de dominio público que ya no requieren una protección especial por haber perdido sus características naturales", podría verse como un incentivo a la degradación de los espacios costeros en pos de su privatización. La propuesta no tiene en cuenta ni la fórmula que se ha dado a las zonas de monte incendiadas (prohibición de reclasificación y calificación urbanísticas por un amplio período de tiempo), así como a la alteración o desclasificación de espacios naturales protegidos, que requiere la acreditación, para evitar las acciones espurias, de que la degradación se ha producido por evolución natural.
La privatización de extensas áreas costeras que la modificación de la Ley podría comportar resultaría en una irreparable pérdida colectiva. Con ello el Estado haría dejación de su responsabilidad indeclinable en la preservación de las costas y eventualmente se incurriría en el incumplimiento de los compromisos internacionales en materia de medio ambiente suscritos por España. Además, debe tener en cuenta que a localización de edificaciones, infraestructuras y actividades económicas con carácter permanente en los espacios costeros supone exponer a personas y bienes a riesgos naturales crecientes, que según las proyecciones a medio y a largo plazo se verán incrementados por los efectos del proceso de cambio climático. Las administraciones públicas no pueden ignorar esta realidad y estos escenarios científicos sin incurrir en graves responsabilidades de carácter económico, social y moral.
Consideramos que la protección del litoral es una obligación moral. No es moralmente defendible favorecer intereses privados a costa de los bienes públicos. No es políticamente sostenible la defensa de intereses particulares en detrimento del interés general. Quienes tienen la obligación constitucional de proteger, preservar e impulsar políticas que respondan a una nueva cultura del territorio, hoy indiscutible en países desarrollados y en sociedades cultas, anuncian iniciativas que van a acentuar la degradación, la fragmentación sectorial, la desregulación y prácticas tan insostenibles como indefendibles en foros cívicos o políticos de cualquier país desarrollado. Avanzar en la línea de la privatización, de hecho o de derecho, es apostar por una política de tierra quemada que, una vez agotada, implicaría enormes costes de reparación que recaerán sobre las espaldas de todos. Los bienes comunes, como el dominio público costero, no pueden quedar a merced de los derechos privados pues su gestión es estratégica y su reparación costosísima.
Oriol Nel.Lo, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, Onofre Rullán, de la Universidad de las Islas Baleares, y Joan Romero, de la Universidad de Valencia firman este artículo también suscrito por los profesores e investigadores siguientes: Salvador Antón, Eugenio Burriel, Carmen Delgado, Josefina Gómez Mendoza, Josep-María Gili, Javier Martín-Vide, Rafael Mata, Ángel Menéndez Rexach, Guillermo Morales, Oriol Nel·lo, José Ojeda, Luciano Parejo, Joan Romero, Onofre Rullan, Joan Subirats, Fernando Vera y Florencio Zoido.
* El País - Opinión - 12.7.12
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace 2006
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ELPAÍS/Pontevedra* : La última decisión de los tribunales confirmando la demolición por ilegal de la urbanización Os Raeiros, en O Grove, que ordenó la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanistica (APLU) de la Xunta, aboca a los 52 chalés a una ejecución del fallo judicial sin fecha. Esta enésima sentencia que desestima un desesperado intento por evitar el derribo es la contestación de la Sala Segunda del Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a dos de los propietarios, aunque fueron 48 los que también recurrieron la orden de la APLU y que esperan resolución, además de la empresa promotora Iniproim SL, cuyo administrador, Fernando Varela, es hermano del exconselleiro de Cultura de Feijóo, Roberto Varela, y propietario de una de las viviendas.
Aunque es improbable que en esta instancia superior se vaya a producir algún pronunciamiento contradictorio de otros magistrados, siendo el fallo firme, los demandantes podrían recurrir al Tribunal Constitucional que solo entraría a valorar aspectos de la sentencia en el caso de que se hubieran vulnerado derechos constitucionales de los propietarios.
A este paréntesis judicial que podría tardar varios años en cerrarse se añade el elevado coste del derribo, inabordable por el Ayuntamiento de O Grove y que algunas fuentes ya han estimado en torno al millón de euros. Una actuación municipal previsible porque, aunque la sentencia obliga a los propietarios a ejecutarla bajo multas de apercibimiento de hasta 10.000 euros, son las Administraciones locales las que intervienen ante inacción de los infractores.
Además, la desaparición de la lujosa urbanización de Raeiros a pie de playa podría retrasarse todavía más por la moratoria a los derribos de edificaciones ilegales que contempla la futura Lei de Vivenda de la Xunta, que está en trámite parlamentario. Este proyecto del Gobierno gallego obligará a la Administración a indemnizar a los propietarios antes de efectuar los derribos, con un año de tramitación de los procedimientos, lo que supondrá aplazar las sentencias de los tribunales. La moratoria de casos tan paradigmáticos como el de Os Raeiros ha sido cuestionada por los juristas y aplaudida mayoritariamente por los alcaldes afectados.
En este escenario es difícil vaticinar cómo y cuándo se ejecutará la sentencia de derribo en O Grove. Con fecha de 14 de junio, el fallo sobre el primero de los recursos de los propietarios de los chalés considera inapelable el anterior dictamen del juzgado de Pontevedra, que a su vez avaló en diciembre pasado la decisión de la APLU de marzo de 2010.
El tribunal mantiene que tienen que ser derribados los chalés ejecutados por la promotora Iniproim, encostados en grupos de cuatro, cinco y seis, compuestos cada uno de sótano, planta baja y bajo cubierta, articulados alrededor de una zona central donde se sitúan varias piscinas, edificio de servicios, viales y muros de contención.
El fallo también hace referencia a las sucesivas resoluciones y procedimientos de los que emana esta sentencia y confirma que “aquella obra ejecutada constituía una parcelación urbanística de suelo rústico legalmente prohibida”. Por ello, recuerda la Sala, “se ordenó la restitución de aquella parcela matriz a su estado original, así como el ajuste de su uso para el que fue autorizado de exclusivo carácter hostelero y no para uso residencial”.
También hace alusión la sentencia a las dificultades que entraña la demolición de los adosados uno a uno, en el caso de los propietarios recurrentes a los que no ha condenado a las costas del proceso. “Hay que tomar en consideración la imposibilidad de ejecutar el derribo aislado, siendo obvio que semejante extremo requiere una acción coordinada y global en este entorno edificativo por completo ilegal”.
* El País - ELISA LOIS - 13 JUL 2012
Foto: Urbanización de Raeiros, en el ayuntamiento pontevedrés de O Grove. / CARLOS PUGA
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LASPROVINCIAS* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha instado al Ayuntamiento de Castellón a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que invalida la revisión del PGOU de Castellón de 2000 y concede dos meses de plazo al consistorio para que el documento sea sometido a trámite de información pública en los términos resueltos por el alto tribunal.
Así, el auto del TSJCV, que anula la resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda de 28 de enero de 2010, que dio el visto bueno a la aprobación del PGOU de la ciudad, resuelve las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Castellón.
El concejal de Urbanismo, Miguel Angel Mulet, ha afirmado , tras conocer este auto, que el pleno del próximo día 13 de julio aprobará solicitar al Consell un decreto de régimen transitorio «con el fin de que determine el marco normativo en el que el Ayuntamiento puede seguir trabajando en tanto en cuanto se finalice el proceso de ejecución de la sentencia».
Se convocará una junta de portavoces extraordinaria el mismo viernes para que este punto sea llevado a la sesión plenaria. Mulet ha destacado que tanto el equipo de gobierno municipal como el equipo técnico y jurídico «velan en todo momento por la seguridad jurídica y urbanística en la ciudad».
De esta forma, Mulet ha destacado que este decreto «establecerá transitoriamente el régimen urbanístico vigente en la capital de la Plana».
Por otra parte, el edil ha recordado que, desde que la sala ordenó en febrero la ejecución de la sentencia, es decir, que se sometiera de nuevo el PGOU a un segundo periodo de exposición pública, tanto los servicios jurídicos como los técnicos del Ayuntamiento de Castellón han estado trabajando para preparar toda la documentación necesaria, «un proceso que culminará con su aprobación en el pleno de septiembre y su posterior exposición pública». Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Amparo Marco, considera que la sentencia del TSJ que confirma la anulación del Plan General de Ordenación Urbana es un correctivo «a la negligencia y al gobierno caótico del Partido Popular». «Bataller sabía que el PGOU estaba anulado de facto y ha hecho todo lo posible para obstaculizar una solución a la parálisis urbanística de Castellón», afirma.
Los socialistas de Castellón consideran que el equipo de gobierno debería haber aprovechado este momento para avanzar en la elaboración de un nuevo PGOU. «Ahora lo que toca es definir un nuevo modelo de ciudad adaptado a la realidad urbanística, a los condicionantes judiciales y al momento de la economía», resalta Marco. «Cualquier otra solución que se saque de la manga el PP será un pastiche», añade.
Al respecto, recuerda que el PSPV presentó una moción en el último pleno para establecer un régimen transitorio mediante una resolución de la conselleria de Medio Ambiente que declarara expresamente la conservación de determinados planes especiales.
* Las Provincias - EP - 12.7.12
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
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DIARIODECÁDIZ* : La Fiscalía de Cádiz ha logrado que el Tribunal Supremo respalde su batalla contra los derribos. Que el Alto Tribunal acepte la tesis que se ha venido defendiendo desde el Ministerio Público gaditano de que, por regla general, toda condena por delito contra la ordenación del territorio debe conllevar la demolición de lo ilegalmente levantado.
Había habido pronunciamientos a favor de las demoliciones de casas ilegales, pero en salas de lo Contencioso Administrativo. Por fin ahora ha llegado el esperado pronunciamiento en sede penal. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación que presentó la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Cádiz, Patricia Navarro, contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que, aunque condenó a una mujer por un delito contra la ordenación del territorio (construir en El Puerto una casa ilegal), así como por desobediencia (por seguir las obras pese a los requerimientos de paralización del Ayuntamiento) y estafa (vendió la casa a un tercero de buena fe), a 18 meses de prisión en total por los tres delitos solo, por dilaciones indebidas, rechazó el derribo de la edificación por considerarlo que no era una medida proporcionada.
Con el sempiterno argumento que se ha impuesto entre los magistrados de la Audiencia: que, al estar acreditado que la casa estaba enclavada en una zona donde había más casas, la demolición era una medida desproporcionada al ilícito cometido.
El recurso en casación de la fiscal Patricia Navarro ha logrado el doble objetivo pretendido: no sólo que en este caso concreto, el de la casa construida en la carretera de Sanlúcar, en El Puerto, en terreno no urbanizable, se inste al derribo, sino también que el tribunal Supremo se pronuncie en general sobre todos los pronunciamientos similares que se han venido suscitando en la Audiencia, que han deparado que en la práctica numerosas casas ilegales sigan en pie en la provincia, con sus demoliciones paralizadas sine die, a expensas de hipotéticas legalizaciones futuras por reclasificaciones de suelo.
El Supremo, en su sentencia, que revoca parcialmente la de la Sección Cuarta de la Audiencia que rechazó el derribo, lo dice de forma más que contundente. "No es argumento impeditivo de la demolición que en el hecho probado se consigne que en la zona donde se realizó la construcción existen numerosas viviendas similares, pues esto sería tanto como convertir un suelo no urbanizable en suelo urbano o urbanizable por la desidia de la administración, incluida la penal", anota el fallo del TS.
También corrige a la Audiencia al sentenciar que "tampoco puede aceptarse la tesis de remitir a la ulterior actuación administrativa tal demolición". Porque, a juicio de Supremo, esto entrañaría "una injustificada dejación de la propia competencia de los tribunales penales y reincidiría procesalmente en la propia causa que la generó, según explícita confesión del legislador, la protección penal, cual es la histórica ineficacia de la administración para proteger adecuadamente ese interés general que representa el valor colectivo de la ordenación del territorio".
El TS entiende que de persistir estas sentencias que posponen los derribos indefinidamente, amparándose en posibles cambios de criterio, "obligaría a suspender la mayoría de las sentencias, ate la posibilidad o el riesgo de que el legislador modifique los tipos correspondientes o incluso despenalice la conducta".
* Diario de Jerez - ROSA ROMERO - 12.7.12
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), viviendas ilegales carretera Sanlúcar - diariodecadiz.com
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LASPROVINCIAS* : Enrique Ortiz utilizó su influencia sobre la alcaldesa y su predecesor para cambiar la calificación de distintos suelos a su antojo y conseguir así maximizar sus beneficios.
La exposición razonada que el juez Manrique Tejada ha enviado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al margen de detallar los indicios delictivos contra Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, constituye casi un tratado de urbanismo. Y es que el instructor, para fundamentar el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante a favor del constructor Enrique Ortiz, profundiza en la legislación urbanística y enumera todos los sectores que están bajo sospecha. Así, el magistrado afirma que «el beneficio pretendido por las sociedades mercantiles en las que participa el imputado Enrique Ortiz sería el que seguidamente se expone».
«En el sector ubicado entre el parque natural de Lomas del Garbinet y el antiguo APA9 (...) podría tener intereses el imputado a través de la sociedad Inmovist Inversiones Inmobiliarias». Comparando los planes diseñados por el antiguo redactor del PGOU, Lluís Cantallops, y el actual, Jesús Quesada, imputado en la causa, el juez concluye que hay una franja de suelo que pasa de no urbanizable a urbanizable. Además, «se aprecia otra mejora en la parcela, consistente en el desplazamiento hacia el noroeste de la línea de suelo urbanizable, haciendo que la carretera de conexión del planeamiento parcial con la autovía se desplace junto a los límites del parque matural de Las Lomas de Garbinet». Esto implica la reducción de los metros de suelo protegido y el aumento de la superficie urbanizable, «sin que el vial de conexión proyectado rompa ya la continuidad del planeamiento a desarrollar».
Este sector es especialmente relevante para el juez puesto que, días después de una reunión en la Gerencia de Urbanismo entre Ortiz, Quesada y Castedo, la entonces concejal de Urbanismo le dice al constructor: «Te hemos apañado también lo que hay entre el APA9 y Lomas de Garbinet».
El escrito remitido al TSJ también incide en el supuesto beneficio obtenido por el máximo accionista del Hércules derivado «de las modificaciones llevadas a cabo para sufragar el coste de rehabilitación» del estadio Rico Pérez con «el aprovechamiento urbanístico obtenido en otra zona susceptible» de generarle ganancias. Tras esa misma reunión en la Gerencia de Urbanismo, que tuvo lugar el 15 de mayo de 2008, «Sonia Castedo comunica a Enrique Ortiz que se ha atendido a sus pretensiones sobre el estadio».
El juez asegura que «existen indicios» de que «una parcela ubicado en el centro del casco urbano de Alicante y ocupada por el estadio Rico Pérez y otras instalaciones no residenciales cercanas a la calle Ceres son clasificadas por el anterior equipo redactor en el año 2004 como integrantes de la red primaria de equipamientos y, tras las reuniones y conversaciones ya referidas que tienen lugar antes de la presentación de la revisión del planeamiento al Ayuntamiento, pasa a tener la clasificación de suelo terciario-dotacional», supuestamente destinado a una zona comercial.
Sin embargo, el magistrado también recoge que «ante la reacción pública» de oposición que se suscita, este suelo finalmente «pasa a tener la clasificación de residencial».
Otro de los sectores en los que Enrique Ortiz supuestamente se prevalió de su influencia sobre Castedo y Alperi para salirse con la suya fue la zona de Fontcalent, donde se sitúa el campo de entrenamiento del Hércules. «Las gestiones pudieran ir encaminadas a obtener el mayor número de metros posible en la zona de Fontcalent, del mayor coeficiente de ponderación posible y de la adscripción de dicho suelo protegido a la zona de suelo urbanizable que más conviene a los intereses del imputado». Es decir, el empresario, presuntamente empleando información privilegiada, habría comprado suelo que se iba a proteger para que después el ayuntamiento le compensara con edificabilidad en otro sector.
Entre las diferencias entre el PGOU de Cantallops y el de Quesada, el juez destaca que este último califica como urbanizable una zona que en 2004 era no urbanizable porque afectaba a unas ramblas. «En dicha zona tendría 125.117 metros cuadrados de suelo la mercantil Enrique Ortiz e Hijos», afirma.
En principio, las maniobras de Enrique Ortiz se encaminan a sacar rentabilidad de la ubicación de la llamada Ciudad de la Economía en una parcela «que finalmente acaba incluida dentro del parque natural de los Saladares de Aguamarga. «En este caso no se adquiere directamente suelo, sino participaciones de empresas que son propietarias de suelo», explica el escrito del juez.
Una de estas firmas es Dreamview, en cuyo «pacto de socios» se menciona que «si bien las fincas están ubicadas en suelo no urbanizable, está previsto el cambio de calificación urbanística del sector en el que se hallan». Esto, a juicio del magistrado Tejada, «constituye un indicio más de la información privilegiada» que supuestamente manejaba Ortiz.
«A partir de este conocimiento, las gestiones del imputado parecen ir encaminadas a obtener beneficio de la inversión realizada en las mercantiles propietarias de dicho suelo, o bien manteniendo la clasificación (...) como urbanizable u obteniendo el mayor beneficio de su clasificación -que finalmente ocurre- como parque natural», mediante los aprovechamientos urbanísticos en el sector denominado Torres de la Huerta.
Al final, el PGOU aprobado provisionalmente en 2010 reduce «notablemente» los metros de parque natural adscritos al sector de Torres de la Huerta, lo que, según el instructor, «beneficia al imputado». El magistrado indica que «el aprovechamiento urbanístico a materializar en esa zona habría de distribuirse entre menos metros cuadrados», con lo cual Ortiz podría construir edificaciones de hasta 15 plantas en las Torres de la Huerta.
Además, el escrito del juez reproduce una conversación entre Ortiz y uno de sus trabajadores, Javier Llorens, en la que el promotor le advierte de que «si te pregunta alguien si tienes el plano, le dices que no». Y le indica: «Mírate ahora con el plano los suelos nuestros, (...) puedo hacer que los pinten de verde, de azul, de lo que tú me digas para que nos den los aprovechamientos en otro lado».
A este respecto, el magistrado insiste en que «lo relevante de la conversación es que (...) el imputado manifiesta estar en disposición de influir para determinar la clasificación de un suelo de manera que pueda beneficiarle».
En las negociaciones de Aguamarga incluso participa Alperi, cuando ya ha dejado la Alcaldía, y le indica a Ortiz que «con quien tiene que hablar para resolver el problema es con él y con los socios de Salvetti Abogados». En este bufete, subcontratado por Laboratorio de Proyectos para resolver las alegaciones al Plan General, trabajaba el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, también imputado.
En este sector, también conocido como La Condomina, la investigación judicial se centra en las parcelas propiedad de Viviendas del Mediterráneo Orvi. En esta empresa participan, además de Enrique Ortiz, el empresario manchego Aurelio González- Villarejo y Vicente Pérez Cañas (contra estos dos últimos no habría indicios de delito, en opinión del juez).
De los 'pinchazos' se desprende la intención del constructor «de buscar comprador a las participaciones» de sus socios, y para ello «parece tener la colaboración intermediaria del que todavía era alcalde de Alicante, el cual le pone en contacto y realiza gestiones» con el imputado Bernardo Campos, también empresario. Este último busca unos supuestos inversores armenios, representados por el abogado Jorge Yacobi, que un principio parecen interesados pero no consuman la compra. De todas negociaciones, el juez resalta «la especial relación de influencia» de Ortiz sobre Alperi.
* Las Provincias - A. S. MOLLÁ - 7.7.12
Foto: Alicante, Castedo y Ortiz en el estadio - lasprovincias
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LAPROVINCIA/GranCanaria* : Al Ayuntamiento de Santa Brígida se le acumulan los problemas urbanísticos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el Plan Parcial que sustenta la expansión urbana de buena parte del municipio satauteño, lo que deja sin cobertura legal a un centenar de casas y dúplex construidas junto al casco histórico de la villa al amparo de ese planeamiento.
La sentencia, dictada por la Sección 2ª de Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC el pasado 20 de junio, de la que es ponente el magistrado Alfonso Rincón González, considera nulo de pleno derecho el Plan Parcial Sector 2 de Suelo Apto para Urbanizar de la villa, que fue aprobado de forma definitiva el 25 de septiembre de 1997 por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Ese acuerdo de aprobación definitiva es nulo porque es anterior a las Normas Subsidiarias municipales de Santa Brígida, que se publicaron en 2001 y, además, de forma incompleta, pues no se incluyeron las fichas que establecen y desarrollan el régimen jurídico del suelo.
Por tanto, "la falta de publicación de la normativa de las Normas Subsidiarias impide su entrada en vigor y consiguiente eficacia", lo que determina "la imposibilidad jurídica de su desarrollo mediante el Plan Parcial impugnado", según concluye el fallo judicial, que admite parcialmente los argumentos empleados por el abogado Ignacio Cáceres Cantero para estimar su recurso contra el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente.
La Sala, por tanto, desestima todas las cuestiones de inadmisión planteadas contra la demanda del letrado por el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Brígida, el Cabildo de Gran Canaria y la constructora Maherma SA.
El plan parcial que ahora ha quedado sin efecto está "prácticamente ejecutado y edificado", según reconoce el Ayuntamiento en su escrito de oposición al recurso. Esa enorme parcela, antes catalogada como suelo rústico, se extiende desde el centro comercial, también con problemas de legalidad, hasta cerca de La Angostura y el cruce de Los Olivos. En esos terrenos hay construidos varias urbanizaciones de chalés adosados y un centro social, entre otras edificaciones. También estaba prevista la instalación de un Mercadona, pero la cadena de alimentación desistió ante los problemas con la parcela.
Polémica
Las licencias para llevar a cabo esos proyectos, el centro social y el supermercado, fueron concedidas por el pleno de corporación en 2010, siendo alcalde Lucas Bravo de Laguna, que siempre ha defendido la legalidad del plan parcial anulado.
El actual regidor también se ha enfrentado públicamente con el abogado y vecino de Santa Brígida que ahora ha ganado el pleito, Ignacio Cáceres Cantero, incluso lo amenazó con demandarlo por actuar de mala fe e ir en contra de los intereses del municipio. El letrado advirtió en su momento de la ilegalidad de esos proyectos, precisamente porque no estaban publicadas las Normas Subsidiarias. Esta normativa, de carácter superior, es la que proporciona cobertura legal a los planes parciales que luego desarrollan el suelo.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJC, de 15 folios, aún no es firme, por lo que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, algo que las partes derrotas en primera instancia es muy probable que hagan.
* La Provincia - M. REYES - 7.7.12
Foto: Santa Brígida (Gran Canaria), vista - sobrecanarias
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