DIAGONAL/Madrid* : A pesar de las diferentes voces en contra de su aprobación, el Ejecutivo regional ha dado finalmente luz verde este pasado lunes al anteproyecto de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, que permitirá la construcción de viviendas en suelo protegido. Su aprobación –será confirmada por la Asamblea durante el presente mes de julio-, da paso a la construcción de viviendas aisladas y de una sola planta en suelo protegido por planeamiento urbanístico. Finalmente, no se aprobó la edificación en suelos protegidos por leyes sectoriales, como sí recogía en un principio un primer informe filtrado el pasado mes de marzo. Desde que se conociera el documento del anteproyecto, diferentes asociaciones ecologistas dieron la voz de alarma ante los posibles efectos que tendría en el medio rural.
El anteproyecto aprobado por el gobierno que preside Esperanza Aguirre abre la veda para levantar chalets y urbanizaciones en suelo rural.
Desde el Gobierno regional se justifica el proyecto como una solución para conciliar la vida de aquellos que trabajan en la ciudad y desean vivir en el campo. Sin embargo, las asociaciones ecologistas apuntan que esto supondrá un desastre ambiental y fomentará los pelotazos urbanísticos.
El documento defiende la promoción por parte de particulares de viviendas sostenibles en suelo rural. Las parcelas podrán tener una planta con una superficie mínima de seis hectáreas, una altura máxima de 3,5 metros y una distancia entre edificaciones de 250 metros para suelos protegidos por el planeamiento. Según la normativa se podrán levantar viviendas de 500 y 1.000 m2. El gobierno de Aguirre proyectaba ampliar también a 10 hectáreas para aquellos suelos protegidos por leyes sectoriales, aunque finalmente se ha desestimado.
La portavoz de Equo Madrid, Inés Sabanés, ha solicitado la retirada de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles al considerar que abriría el campo a una nueva especulación que "está completamente reñida con la sostenibilidad", añadía. En la misma tónica se expresaba el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, quien aseguraba esta semana que el anteproyecto "atenta contra el medio ambiente y supone basar el futuro en el ladrillo". Por contra, el Ejecutivo regional se defiende y alega que con la nueva ley, la comunidad madrileña se iguala a la mayoría de comunidades autónomas, que permiten la construcción de viviendas rurales aisladas en suelo no urbanizable sin protección. El Gobierno regional defiende que los requisitos exigidos en el anteproyecto son más rigurosos que los contemplados en otras regiones. Mientras la superficie mínima de parcela exigida en Madrid es de 6 hectáreas, en Cantabria es de 0,5 hectáreas o 2 hectáreas en Murcia y Extremadura; y mientras la altura máxima de la edificación en Madrid son 3,5 metros y una planta, en Cantabria, por ejemplo, se autorizan hasta 8 metros y dos plantas, defienden desde la Comunidad.
Viviendas ‘sostenibles’
Desde el primer momento en que se conocieron las intenciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, las protestas por parte de las distintas asociaciones ecologistas no se hicieron esperar. Ecologistas en Acción asegura que la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles “es un acto de despotismo injustificable” y critica que se ignore los argumentos de peso aportados por técnicos, académicos y asociaciones de arquitectos y ecologistas. La asociación advierte que esta ley permitirá la construcción de viviendas aisladas y urbanizaciones dentro de grandes fincas en espacios protegidos, montes, embalses, dehesas, etc., con todas las instalaciones necesarias para ser habitables. Este uso del suelo provocaría un urbanismo descontrolado, ampliaciones fraudulentas y una degradación irreversible del territorio explican desde la asociación, que añade que las nuevas viviendas podrían aprobarse con una simple licencia municipal y eludiría el control ambiental y urbanístico requerido por ley, como por ejemplo el impacto paisajístico. Contra esta ley, Ecologistas en Acción puso en marcha la Plataforma antiVIRUS, con las siglas que hacen referencia a lo que la Comunidad llama Viviendas Rurales Sostenibles (VIRUS, según ecologistas). La plataforma aglutina a profesionales arquitectos, geógrafos y grupos ambientales. Para Ecologistas, el anteproyecto supone una clara amenaza para el medio ambiente y denuncia que es un intento de seguir con la política del ladrillazo. La organización pone de ejemplo el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, de 52.796 hectáreas, un 65% de titularidad privada, donde se podría construir urbanizaciones de 3.400 viviendas de 1.000 m2 gracias al nuevo anteproyecto aprobado.
ASA - Asociación, Sostenibilidad y Arquitectura- se opone también a esta ley regional. Su presidenta, María Jesús González Díaz, considera que la ley es incompatible con la legislación ambiental de la propia Comunidad de Madrid y las disposiciones europeas. González critica la falta de rigor a la hora de indicar los riesgos que supondrá la nueva ley y considera inadecuado el uso de la palabra “sostenible”. En la misma línea, la arquitecta y urbanista Teresa Arenillas, presidenta del Club de Debates Urbanos, considera el anteproyecto una burla: “¿Cómo se puede decir en el siglo XXI que el modelo sostenible es vivir en una vivienda aislada en el campo y trabajar en la ciudad?”, se pregunta. Arenilla alerta de los efectos nocivos que acarreará esta medida, como la movilidad, obligatoria, en transporte privado, el consumo de agua, instalaciones eléctricas o el asfaltado necesario para habilitar nuevas urbanizaciones en medio del campo. Además, la asociación ecologista denuncia que el anteproyecto no define qué criterios se usarán para ubicar las viviendas ni cómo éstas se abastecerán de agua y energía o dónde verterán las aguas fecales. Igualmente, protestan por el silencio administrativo desde el Gobierno regional ante las reclamaciones al anteproyecto efectuadas por la asociación. “Es una idea pensada para una minoría con alto poder adquisitivo. Además, sale más barato que edificar en la ciudad”, advierte también Agustín Hernández profesor de Urbanismo de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Madrid.
Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Montes presentó también en su momento alegaciones al anteproyecto y manifestó el pasado miércoles su satisfacción por las garantías ofrecidas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al no autorizarse la construcción de viviendas en bosques y en montes protegidos, así como en cualquier otro territorio o paisaje protegido por una legislación sectorial, como Espacios Protegidos, Red Natura, Lugares de Interés Comunitario y Montes Preservados. Además, se congratula de que se haya modificado finalmente la norma con el fin de exigir un informe ambiental firmado por un técnico competente, que acredite que no existen afecciones significativas del proyecto a los valores ambientales del entorno. La gran mayoría de las asociaciones ecologistas consultadas por DIAGONAL se muestran pesimistas, ya que consideran que el anteproyecto de Ley será finalmente aprobado -probablemente en septiembre próximo– a pesar de las protestas en contra.
* Diagonal - RICARDO VALLANO/ MADRID - 16.7.12
Foto: David Fernandez
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JOAN ROMERO/ORIOL NEL.LO/ONOFRE RULLÁN* :
En mayo de 2006, en pleno auge inmobiliario, un grupo de ciudadanos dedicados al estudio y la gestión del territorio impulsamos el manifiesto Por una nueva cultura del territorio. En el texto se advertía de los riesgos ambientales, económicos y sociales que entrañaba la depredación del territorio, el abuso de los recursos naturales, la ocupación acelerada del suelo y la degradación del paisaje. Desgraciadamente, buena parte de los riesgos enunciados entonces son hoy evidentes. La sociedad española debe hacer frente ahora a una crisis económica gravísima, cuyo origen se encuentra en buena medida en el desaforado desarrollo urbanístico y, en particular, en la expansión del sector inmobiliario en el período 1996-2007. Los efectos muy negativos que todo ello está teniendo en la evolución del empleo, la estabilidad de la economía española, la confianza en el sistema financiero y la solvencia de las administraciones públicas son incuestionables. Sus secuelas sociales, ambientales, urbanísticas y paisajísticas pesarán durante décadas sobre la sociedad española.
De nuevo, quienes promovimos aquel manifiesto y otros muchos profesionales e investigadores nos creemos en la obligación de reaccionar ante los anuncios del Gobierno de España de cambiar radicalmente lo establecido por la Ley de Costas de 1988. Consideramos que la propuesta gubernamental, lejos de introducir mayor racionalidad en la gestión de los espacios litorales reincidirá, según nuestro criterio, en muchos de los errores ya cometidos. En caso de prosperar, afectaría muy negativamente al conjunto del litoral español y en especial a las áreas costeras que aún conservan valores naturales destacados. El espacio costero es por naturaleza muy frágil y se ha visto sometido en las últimas décadas a una enorme presión, que ha comportado la ocupación y artificialización de áreas muy extensas. Un proceso que, de no domeñarse y corregirse podría venir a hipotecar de forma irreversible la calidad ambiental y el atractivo de nuestro litoral. ¿Podríamos imaginar la situación de nuestras costas tras el proceso urbanizador de las últimas décadas sin este instrumento normativo?
La propuesta de revisión de la ley anunciada por el ministro Miguel Arias Cañete "con el objetivo de hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de las actividades económicas y la seguridad jurídica" parte, a nuestro entender, de un diagnóstico erróneo: la contraposición entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico en los espacios costeros. Como bien sabemos, la realidad nos indica exactamente lo contrario: la competitividad de las actividades turísticas radica de forma cada vez más clara en factores como la calidad paisajística y en la identidad del lugar. La gestión sostenible del territorio costero es ciertamente una obligación social y ambiental, pero resulta también un apremiante imperativo económico.
Asimismo, el anuncio de que se procederá a la "recuperación de terrenos degradados para el desarrollo de actividades económicas, mediante el fomento de la desafectación de espacios de dominio público que ya no requieren una protección especial por haber perdido sus características naturales", podría verse como un incentivo a la degradación de los espacios costeros en pos de su privatización. La propuesta no tiene en cuenta ni la fórmula que se ha dado a las zonas de monte incendiadas (prohibición de reclasificación y calificación urbanísticas por un amplio período de tiempo), así como a la alteración o desclasificación de espacios naturales protegidos, que requiere la acreditación, para evitar las acciones espurias, de que la degradación se ha producido por evolución natural.
La privatización de extensas áreas costeras que la modificación de la Ley podría comportar resultaría en una irreparable pérdida colectiva. Con ello el Estado haría dejación de su responsabilidad indeclinable en la preservación de las costas y eventualmente se incurriría en el incumplimiento de los compromisos internacionales en materia de medio ambiente suscritos por España. Además, debe tener en cuenta que a localización de edificaciones, infraestructuras y actividades económicas con carácter permanente en los espacios costeros supone exponer a personas y bienes a riesgos naturales crecientes, que según las proyecciones a medio y a largo plazo se verán incrementados por los efectos del proceso de cambio climático. Las administraciones públicas no pueden ignorar esta realidad y estos escenarios científicos sin incurrir en graves responsabilidades de carácter económico, social y moral.
Consideramos que la protección del litoral es una obligación moral. No es moralmente defendible favorecer intereses privados a costa de los bienes públicos. No es políticamente sostenible la defensa de intereses particulares en detrimento del interés general. Quienes tienen la obligación constitucional de proteger, preservar e impulsar políticas que respondan a una nueva cultura del territorio, hoy indiscutible en países desarrollados y en sociedades cultas, anuncian iniciativas que van a acentuar la degradación, la fragmentación sectorial, la desregulación y prácticas tan insostenibles como indefendibles en foros cívicos o políticos de cualquier país desarrollado. Avanzar en la línea de la privatización, de hecho o de derecho, es apostar por una política de tierra quemada que, una vez agotada, implicaría enormes costes de reparación que recaerán sobre las espaldas de todos. Los bienes comunes, como el dominio público costero, no pueden quedar a merced de los derechos privados pues su gestión es estratégica y su reparación costosísima.
Oriol Nel.Lo, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, Onofre Rullán, de la Universidad de las Islas Baleares, y Joan Romero, de la Universidad de Valencia firman este artículo también suscrito por los profesores e investigadores siguientes: Salvador Antón, Eugenio Burriel, Carmen Delgado, Josefina Gómez Mendoza, Josep-María Gili, Javier Martín-Vide, Rafael Mata, Ángel Menéndez Rexach, Guillermo Morales, Oriol Nel·lo, José Ojeda, Luciano Parejo, Joan Romero, Onofre Rullan, Joan Subirats, Fernando Vera y Florencio Zoido.
* El País - Opinión - 12.7.12
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace 2006
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ELPAÍS/Pontevedra* : La última decisión de los tribunales confirmando la demolición por ilegal de la urbanización Os Raeiros, en O Grove, que ordenó la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanistica (APLU) de la Xunta, aboca a los 52 chalés a una ejecución del fallo judicial sin fecha. Esta enésima sentencia que desestima un desesperado intento por evitar el derribo es la contestación de la Sala Segunda del Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a dos de los propietarios, aunque fueron 48 los que también recurrieron la orden de la APLU y que esperan resolución, además de la empresa promotora Iniproim SL, cuyo administrador, Fernando Varela, es hermano del exconselleiro de Cultura de Feijóo, Roberto Varela, y propietario de una de las viviendas.
Aunque es improbable que en esta instancia superior se vaya a producir algún pronunciamiento contradictorio de otros magistrados, siendo el fallo firme, los demandantes podrían recurrir al Tribunal Constitucional que solo entraría a valorar aspectos de la sentencia en el caso de que se hubieran vulnerado derechos constitucionales de los propietarios.
A este paréntesis judicial que podría tardar varios años en cerrarse se añade el elevado coste del derribo, inabordable por el Ayuntamiento de O Grove y que algunas fuentes ya han estimado en torno al millón de euros. Una actuación municipal previsible porque, aunque la sentencia obliga a los propietarios a ejecutarla bajo multas de apercibimiento de hasta 10.000 euros, son las Administraciones locales las que intervienen ante inacción de los infractores.
Además, la desaparición de la lujosa urbanización de Raeiros a pie de playa podría retrasarse todavía más por la moratoria a los derribos de edificaciones ilegales que contempla la futura Lei de Vivenda de la Xunta, que está en trámite parlamentario. Este proyecto del Gobierno gallego obligará a la Administración a indemnizar a los propietarios antes de efectuar los derribos, con un año de tramitación de los procedimientos, lo que supondrá aplazar las sentencias de los tribunales. La moratoria de casos tan paradigmáticos como el de Os Raeiros ha sido cuestionada por los juristas y aplaudida mayoritariamente por los alcaldes afectados.
En este escenario es difícil vaticinar cómo y cuándo se ejecutará la sentencia de derribo en O Grove. Con fecha de 14 de junio, el fallo sobre el primero de los recursos de los propietarios de los chalés considera inapelable el anterior dictamen del juzgado de Pontevedra, que a su vez avaló en diciembre pasado la decisión de la APLU de marzo de 2010.
El tribunal mantiene que tienen que ser derribados los chalés ejecutados por la promotora Iniproim, encostados en grupos de cuatro, cinco y seis, compuestos cada uno de sótano, planta baja y bajo cubierta, articulados alrededor de una zona central donde se sitúan varias piscinas, edificio de servicios, viales y muros de contención.
El fallo también hace referencia a las sucesivas resoluciones y procedimientos de los que emana esta sentencia y confirma que “aquella obra ejecutada constituía una parcelación urbanística de suelo rústico legalmente prohibida”. Por ello, recuerda la Sala, “se ordenó la restitución de aquella parcela matriz a su estado original, así como el ajuste de su uso para el que fue autorizado de exclusivo carácter hostelero y no para uso residencial”.
También hace alusión la sentencia a las dificultades que entraña la demolición de los adosados uno a uno, en el caso de los propietarios recurrentes a los que no ha condenado a las costas del proceso. “Hay que tomar en consideración la imposibilidad de ejecutar el derribo aislado, siendo obvio que semejante extremo requiere una acción coordinada y global en este entorno edificativo por completo ilegal”.
* El País - ELISA LOIS - 13 JUL 2012
Foto: Urbanización de Raeiros, en el ayuntamiento pontevedrés de O Grove. / CARLOS PUGA
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LASPROVINCIAS* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha instado al Ayuntamiento de Castellón a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que invalida la revisión del PGOU de Castellón de 2000 y concede dos meses de plazo al consistorio para que el documento sea sometido a trámite de información pública en los términos resueltos por el alto tribunal.
Así, el auto del TSJCV, que anula la resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda de 28 de enero de 2010, que dio el visto bueno a la aprobación del PGOU de la ciudad, resuelve las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Castellón.
El concejal de Urbanismo, Miguel Angel Mulet, ha afirmado , tras conocer este auto, que el pleno del próximo día 13 de julio aprobará solicitar al Consell un decreto de régimen transitorio «con el fin de que determine el marco normativo en el que el Ayuntamiento puede seguir trabajando en tanto en cuanto se finalice el proceso de ejecución de la sentencia».
Se convocará una junta de portavoces extraordinaria el mismo viernes para que este punto sea llevado a la sesión plenaria. Mulet ha destacado que tanto el equipo de gobierno municipal como el equipo técnico y jurídico «velan en todo momento por la seguridad jurídica y urbanística en la ciudad».
De esta forma, Mulet ha destacado que este decreto «establecerá transitoriamente el régimen urbanístico vigente en la capital de la Plana».
Por otra parte, el edil ha recordado que, desde que la sala ordenó en febrero la ejecución de la sentencia, es decir, que se sometiera de nuevo el PGOU a un segundo periodo de exposición pública, tanto los servicios jurídicos como los técnicos del Ayuntamiento de Castellón han estado trabajando para preparar toda la documentación necesaria, «un proceso que culminará con su aprobación en el pleno de septiembre y su posterior exposición pública». Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Amparo Marco, considera que la sentencia del TSJ que confirma la anulación del Plan General de Ordenación Urbana es un correctivo «a la negligencia y al gobierno caótico del Partido Popular». «Bataller sabía que el PGOU estaba anulado de facto y ha hecho todo lo posible para obstaculizar una solución a la parálisis urbanística de Castellón», afirma.
Los socialistas de Castellón consideran que el equipo de gobierno debería haber aprovechado este momento para avanzar en la elaboración de un nuevo PGOU. «Ahora lo que toca es definir un nuevo modelo de ciudad adaptado a la realidad urbanística, a los condicionantes judiciales y al momento de la economía», resalta Marco. «Cualquier otra solución que se saque de la manga el PP será un pastiche», añade.
Al respecto, recuerda que el PSPV presentó una moción en el último pleno para establecer un régimen transitorio mediante una resolución de la conselleria de Medio Ambiente que declarara expresamente la conservación de determinados planes especiales.
* Las Provincias - EP - 12.7.12
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
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DIARIODECÁDIZ* : La Fiscalía de Cádiz ha logrado que el Tribunal Supremo respalde su batalla contra los derribos. Que el Alto Tribunal acepte la tesis que se ha venido defendiendo desde el Ministerio Público gaditano de que, por regla general, toda condena por delito contra la ordenación del territorio debe conllevar la demolición de lo ilegalmente levantado.
Había habido pronunciamientos a favor de las demoliciones de casas ilegales, pero en salas de lo Contencioso Administrativo. Por fin ahora ha llegado el esperado pronunciamiento en sede penal. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación que presentó la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Cádiz, Patricia Navarro, contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que, aunque condenó a una mujer por un delito contra la ordenación del territorio (construir en El Puerto una casa ilegal), así como por desobediencia (por seguir las obras pese a los requerimientos de paralización del Ayuntamiento) y estafa (vendió la casa a un tercero de buena fe), a 18 meses de prisión en total por los tres delitos solo, por dilaciones indebidas, rechazó el derribo de la edificación por considerarlo que no era una medida proporcionada.
Con el sempiterno argumento que se ha impuesto entre los magistrados de la Audiencia: que, al estar acreditado que la casa estaba enclavada en una zona donde había más casas, la demolición era una medida desproporcionada al ilícito cometido.
El recurso en casación de la fiscal Patricia Navarro ha logrado el doble objetivo pretendido: no sólo que en este caso concreto, el de la casa construida en la carretera de Sanlúcar, en El Puerto, en terreno no urbanizable, se inste al derribo, sino también que el tribunal Supremo se pronuncie en general sobre todos los pronunciamientos similares que se han venido suscitando en la Audiencia, que han deparado que en la práctica numerosas casas ilegales sigan en pie en la provincia, con sus demoliciones paralizadas sine die, a expensas de hipotéticas legalizaciones futuras por reclasificaciones de suelo.
El Supremo, en su sentencia, que revoca parcialmente la de la Sección Cuarta de la Audiencia que rechazó el derribo, lo dice de forma más que contundente. "No es argumento impeditivo de la demolición que en el hecho probado se consigne que en la zona donde se realizó la construcción existen numerosas viviendas similares, pues esto sería tanto como convertir un suelo no urbanizable en suelo urbano o urbanizable por la desidia de la administración, incluida la penal", anota el fallo del TS.
También corrige a la Audiencia al sentenciar que "tampoco puede aceptarse la tesis de remitir a la ulterior actuación administrativa tal demolición". Porque, a juicio de Supremo, esto entrañaría "una injustificada dejación de la propia competencia de los tribunales penales y reincidiría procesalmente en la propia causa que la generó, según explícita confesión del legislador, la protección penal, cual es la histórica ineficacia de la administración para proteger adecuadamente ese interés general que representa el valor colectivo de la ordenación del territorio".
El TS entiende que de persistir estas sentencias que posponen los derribos indefinidamente, amparándose en posibles cambios de criterio, "obligaría a suspender la mayoría de las sentencias, ate la posibilidad o el riesgo de que el legislador modifique los tipos correspondientes o incluso despenalice la conducta".
* Diario de Jerez - ROSA ROMERO - 12.7.12
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), viviendas ilegales carretera Sanlúcar - diariodecadiz.com
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LASPROVINCIAS* : Enrique Ortiz utilizó su influencia sobre la alcaldesa y su predecesor para cambiar la calificación de distintos suelos a su antojo y conseguir así maximizar sus beneficios.
La exposición razonada que el juez Manrique Tejada ha enviado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al margen de detallar los indicios delictivos contra Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, constituye casi un tratado de urbanismo. Y es que el instructor, para fundamentar el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante a favor del constructor Enrique Ortiz, profundiza en la legislación urbanística y enumera todos los sectores que están bajo sospecha. Así, el magistrado afirma que «el beneficio pretendido por las sociedades mercantiles en las que participa el imputado Enrique Ortiz sería el que seguidamente se expone».
«En el sector ubicado entre el parque natural de Lomas del Garbinet y el antiguo APA9 (...) podría tener intereses el imputado a través de la sociedad Inmovist Inversiones Inmobiliarias». Comparando los planes diseñados por el antiguo redactor del PGOU, Lluís Cantallops, y el actual, Jesús Quesada, imputado en la causa, el juez concluye que hay una franja de suelo que pasa de no urbanizable a urbanizable. Además, «se aprecia otra mejora en la parcela, consistente en el desplazamiento hacia el noroeste de la línea de suelo urbanizable, haciendo que la carretera de conexión del planeamiento parcial con la autovía se desplace junto a los límites del parque matural de Las Lomas de Garbinet». Esto implica la reducción de los metros de suelo protegido y el aumento de la superficie urbanizable, «sin que el vial de conexión proyectado rompa ya la continuidad del planeamiento a desarrollar».
Este sector es especialmente relevante para el juez puesto que, días después de una reunión en la Gerencia de Urbanismo entre Ortiz, Quesada y Castedo, la entonces concejal de Urbanismo le dice al constructor: «Te hemos apañado también lo que hay entre el APA9 y Lomas de Garbinet».
El escrito remitido al TSJ también incide en el supuesto beneficio obtenido por el máximo accionista del Hércules derivado «de las modificaciones llevadas a cabo para sufragar el coste de rehabilitación» del estadio Rico Pérez con «el aprovechamiento urbanístico obtenido en otra zona susceptible» de generarle ganancias. Tras esa misma reunión en la Gerencia de Urbanismo, que tuvo lugar el 15 de mayo de 2008, «Sonia Castedo comunica a Enrique Ortiz que se ha atendido a sus pretensiones sobre el estadio».
El juez asegura que «existen indicios» de que «una parcela ubicado en el centro del casco urbano de Alicante y ocupada por el estadio Rico Pérez y otras instalaciones no residenciales cercanas a la calle Ceres son clasificadas por el anterior equipo redactor en el año 2004 como integrantes de la red primaria de equipamientos y, tras las reuniones y conversaciones ya referidas que tienen lugar antes de la presentación de la revisión del planeamiento al Ayuntamiento, pasa a tener la clasificación de suelo terciario-dotacional», supuestamente destinado a una zona comercial.
Sin embargo, el magistrado también recoge que «ante la reacción pública» de oposición que se suscita, este suelo finalmente «pasa a tener la clasificación de residencial».
Otro de los sectores en los que Enrique Ortiz supuestamente se prevalió de su influencia sobre Castedo y Alperi para salirse con la suya fue la zona de Fontcalent, donde se sitúa el campo de entrenamiento del Hércules. «Las gestiones pudieran ir encaminadas a obtener el mayor número de metros posible en la zona de Fontcalent, del mayor coeficiente de ponderación posible y de la adscripción de dicho suelo protegido a la zona de suelo urbanizable que más conviene a los intereses del imputado». Es decir, el empresario, presuntamente empleando información privilegiada, habría comprado suelo que se iba a proteger para que después el ayuntamiento le compensara con edificabilidad en otro sector.
Entre las diferencias entre el PGOU de Cantallops y el de Quesada, el juez destaca que este último califica como urbanizable una zona que en 2004 era no urbanizable porque afectaba a unas ramblas. «En dicha zona tendría 125.117 metros cuadrados de suelo la mercantil Enrique Ortiz e Hijos», afirma.
En principio, las maniobras de Enrique Ortiz se encaminan a sacar rentabilidad de la ubicación de la llamada Ciudad de la Economía en una parcela «que finalmente acaba incluida dentro del parque natural de los Saladares de Aguamarga. «En este caso no se adquiere directamente suelo, sino participaciones de empresas que son propietarias de suelo», explica el escrito del juez.
Una de estas firmas es Dreamview, en cuyo «pacto de socios» se menciona que «si bien las fincas están ubicadas en suelo no urbanizable, está previsto el cambio de calificación urbanística del sector en el que se hallan». Esto, a juicio del magistrado Tejada, «constituye un indicio más de la información privilegiada» que supuestamente manejaba Ortiz.
«A partir de este conocimiento, las gestiones del imputado parecen ir encaminadas a obtener beneficio de la inversión realizada en las mercantiles propietarias de dicho suelo, o bien manteniendo la clasificación (...) como urbanizable u obteniendo el mayor beneficio de su clasificación -que finalmente ocurre- como parque natural», mediante los aprovechamientos urbanísticos en el sector denominado Torres de la Huerta.
Al final, el PGOU aprobado provisionalmente en 2010 reduce «notablemente» los metros de parque natural adscritos al sector de Torres de la Huerta, lo que, según el instructor, «beneficia al imputado». El magistrado indica que «el aprovechamiento urbanístico a materializar en esa zona habría de distribuirse entre menos metros cuadrados», con lo cual Ortiz podría construir edificaciones de hasta 15 plantas en las Torres de la Huerta.
Además, el escrito del juez reproduce una conversación entre Ortiz y uno de sus trabajadores, Javier Llorens, en la que el promotor le advierte de que «si te pregunta alguien si tienes el plano, le dices que no». Y le indica: «Mírate ahora con el plano los suelos nuestros, (...) puedo hacer que los pinten de verde, de azul, de lo que tú me digas para que nos den los aprovechamientos en otro lado».
A este respecto, el magistrado insiste en que «lo relevante de la conversación es que (...) el imputado manifiesta estar en disposición de influir para determinar la clasificación de un suelo de manera que pueda beneficiarle».
En las negociaciones de Aguamarga incluso participa Alperi, cuando ya ha dejado la Alcaldía, y le indica a Ortiz que «con quien tiene que hablar para resolver el problema es con él y con los socios de Salvetti Abogados». En este bufete, subcontratado por Laboratorio de Proyectos para resolver las alegaciones al Plan General, trabajaba el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, también imputado.
En este sector, también conocido como La Condomina, la investigación judicial se centra en las parcelas propiedad de Viviendas del Mediterráneo Orvi. En esta empresa participan, además de Enrique Ortiz, el empresario manchego Aurelio González- Villarejo y Vicente Pérez Cañas (contra estos dos últimos no habría indicios de delito, en opinión del juez).
De los 'pinchazos' se desprende la intención del constructor «de buscar comprador a las participaciones» de sus socios, y para ello «parece tener la colaboración intermediaria del que todavía era alcalde de Alicante, el cual le pone en contacto y realiza gestiones» con el imputado Bernardo Campos, también empresario. Este último busca unos supuestos inversores armenios, representados por el abogado Jorge Yacobi, que un principio parecen interesados pero no consuman la compra. De todas negociaciones, el juez resalta «la especial relación de influencia» de Ortiz sobre Alperi.
* Las Provincias - A. S. MOLLÁ - 7.7.12
Foto: Alicante, Castedo y Ortiz en el estadio - lasprovincias
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LAPROVINCIA/GranCanaria* : Al Ayuntamiento de Santa Brígida se le acumulan los problemas urbanísticos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el Plan Parcial que sustenta la expansión urbana de buena parte del municipio satauteño, lo que deja sin cobertura legal a un centenar de casas y dúplex construidas junto al casco histórico de la villa al amparo de ese planeamiento.
La sentencia, dictada por la Sección 2ª de Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC el pasado 20 de junio, de la que es ponente el magistrado Alfonso Rincón González, considera nulo de pleno derecho el Plan Parcial Sector 2 de Suelo Apto para Urbanizar de la villa, que fue aprobado de forma definitiva el 25 de septiembre de 1997 por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Ese acuerdo de aprobación definitiva es nulo porque es anterior a las Normas Subsidiarias municipales de Santa Brígida, que se publicaron en 2001 y, además, de forma incompleta, pues no se incluyeron las fichas que establecen y desarrollan el régimen jurídico del suelo.
Por tanto, "la falta de publicación de la normativa de las Normas Subsidiarias impide su entrada en vigor y consiguiente eficacia", lo que determina "la imposibilidad jurídica de su desarrollo mediante el Plan Parcial impugnado", según concluye el fallo judicial, que admite parcialmente los argumentos empleados por el abogado Ignacio Cáceres Cantero para estimar su recurso contra el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente.
La Sala, por tanto, desestima todas las cuestiones de inadmisión planteadas contra la demanda del letrado por el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Brígida, el Cabildo de Gran Canaria y la constructora Maherma SA.
El plan parcial que ahora ha quedado sin efecto está "prácticamente ejecutado y edificado", según reconoce el Ayuntamiento en su escrito de oposición al recurso. Esa enorme parcela, antes catalogada como suelo rústico, se extiende desde el centro comercial, también con problemas de legalidad, hasta cerca de La Angostura y el cruce de Los Olivos. En esos terrenos hay construidos varias urbanizaciones de chalés adosados y un centro social, entre otras edificaciones. También estaba prevista la instalación de un Mercadona, pero la cadena de alimentación desistió ante los problemas con la parcela.
Polémica
Las licencias para llevar a cabo esos proyectos, el centro social y el supermercado, fueron concedidas por el pleno de corporación en 2010, siendo alcalde Lucas Bravo de Laguna, que siempre ha defendido la legalidad del plan parcial anulado.
El actual regidor también se ha enfrentado públicamente con el abogado y vecino de Santa Brígida que ahora ha ganado el pleito, Ignacio Cáceres Cantero, incluso lo amenazó con demandarlo por actuar de mala fe e ir en contra de los intereses del municipio. El letrado advirtió en su momento de la ilegalidad de esos proyectos, precisamente porque no estaban publicadas las Normas Subsidiarias. Esta normativa, de carácter superior, es la que proporciona cobertura legal a los planes parciales que luego desarrollan el suelo.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJC, de 15 folios, aún no es firme, por lo que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, algo que las partes derrotas en primera instancia es muy probable que hagan.
* La Provincia - M. REYES - 7.7.12
Foto: Santa Brígida (Gran Canaria), vista - sobrecanarias
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ELPAÍS* : La Ley de Costas, uno de los pilares de la protección ambiental, está a punto de sufrir su primera gran reforma desde que entró en vigor, en 1988. El Consejo de Ministros tiene previsto analizar este viernes el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Cañete. Según ha podido saber este diario, la norma alarga las concesiones a las viviendas construidas en la playa desde los 30 años actuales —que en algunos casos podían llegar a 60— hasta 75, y autorizará la compraventa. Además, permite en las rías reducir la protección de 100 a 20 metros, obliga a la Administración a llevar el deslinde al Registro de la Propiedad, y distingue entre playas naturales y urbanas, en las que la regulación será más flexible. En general, supone una flexibilización de la norma para lo ya construido y facilita nuevos usos en la playa.
Arias Cañete, que es abogado del Estado, presume de conocer de primera mano cómo se hacen los deslindes de Costas y sus deficiencias. El ministro ha emprendido una reforma integral de la legislación ambiental y su primer anuncio en Medio Ambiente, en enero pasado, fue la “muy profunda” reforma de la Ley de Costas.
La reforma busca “promover una efectiva protección del litoral, así como el uso sostenible del mismo”, pero, como ha declarado Medio Ambiente, eso debe ser compatible con “el impulso de la actividad económica y la generación de empleo, siempre que sea plenamente respetuosa con la integridad y conservación del dominio público marítimo-terrestre”. Para ello, el Gobierno ha preparado un texto con dos artículos, seis disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una derogatoria y tres finales.
La Ley de Costas, aprobada en 1988 bajo una enorme polémica, aspiraba a liberar la playa de hormigón en 60 años y salvar lo mucho que aún quedaba entonces de playa virgen. La norma impedía construir sobre la arena, el dominio público marítimo-terrestre. Las casas construidas legalmente en primera línea antes de la entrada en vigor de la norma pasaban a ser propiedad del Estado. Pero en vez de expropiar e indemnizar —algo que habría sido imposible en los 8.000 kilómetros de litoral—, los propietarios recibían una concesión de uso por 30 años, ampliables a 60 en algunos casos, sin pagar canon. Los propietarios no podían vender las concesiones. El Tribunal Constitucional avaló en 1991 esta “muy singular forma de expropiación”, como la definió.
En 2018 se cumplen los 30 años, con lo que el Estado podría comenzar entonces a recuperar propiedades y a derribarlas sin indemnización. Incluso ahora mismo rescatar las concesiones es extremadamente barato, puesto que solo hay que pagar por los años que quedan. Al acercarse el plazo, que un día pareció inalcanzable, crece la presión de los dueños de inmuebles en la playa.
La norma ha generado enormes polémicas en todo el litoral. Además, las embajadas de Alemania y Reino Unido, entre otras, han presionado a España porque afectaba a muchos de sus ciudadanos que compraron chalés en primera línea.
El Gobierno considera que la ley y su aplicación no ha dado garantías a los propietarios, y con la reforma pretende “incrementar la seguridad jurídica” de los titulares de derechos “presentes y futuros” en relación con las costas.
Para ello, Medio Ambiente ha optado por ampliar el plazo máximo de las concesiones hasta los 75 años, que se empezarán a cumplir en 2063. Esgrime que ese es el plazo que fijan otras leyes para concesiones, como la de Aguas y la de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Además, las concesiones se podrán vender, algo que ya intentó el Gobierno del PSOE pero cuya reforma encalló en el Congreso. Así, Medio Ambiente pospone el problema.
Hay afectados que denuncian que compraron una casa en la playa después de la ley sin que el registro ni el notario les avisaran de que estaba en dominio público, donde no puede haber propiedad privada sino concesiones. La norma obligará a la Administración a incluir en la web del ministerio y en el Registro de la Propiedad el deslinde, la línea que delimita la parte pública y la privada de la playa, y que hasta ahora tiene efecto con solo publicarla en el Boletín Oficial del Estado. Costas no ha llevado al registro la inmensa mayoría de los deslindes. La duda está en que según cómo quede el texto y cómo se aplique puede suponer, de facto, que quienes tienen una casa en dominio público se libren de la Ley de Costas. Y eso pese a que la Constitución señala que “son bienes de dominio público estatal (...) en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial”.
La reforma incluye novedades como que en las rías podrá reducirse “excepcionalmente” la servidumbre de protección desde los 100 metros a los 20. En Galicia, la Ley de Costas ha generado muchos problemas por los núcleos rurales aislados, que no tenían la consideración de suelo urbano en la ley. Este cambio puede solucionar parte de ellos al rebajar la protección en esa franja.
Medio Ambiente se compromete a publicar un desarrollo reglamentario posterior a la ley sobre la utilización de playas. Allí establecerá un régimen diferenciado para las playas urbanas (las contiguas con suelos urbanizados) y las playas naturales. Previsiblemente en las playas urbanas los requisitos y los usos permitidos serán mucho más flexibles que en las naturales.
El PP ha hecho bandera de la defensa de los chiringuitos, porque con la norma actual tienen restringida su superficie a 150 metros cuadrados. Con el cambio, previsiblemente se facilitarán las instalaciones en la costa. Los socialistas de Gandía (Valencia), por ejemplo, ha denunciado que un empresario ya planea un chiringuito de 987,63 metros cuadrados y que confía en la reforma para levantarlo el verano que viene.
* El País - RAFAEL MÉNDEZ Madrid 12 JUL 2012
Foto: Benalmádena Costa (Málaga) may07 - J.Rojas (El País)
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ELPAÍS/Cádiz* : La Fiscalía de Cádiz ha mostrado su satisfacción después de que el Tribunal Supremo avale un recurso contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz. Este nuevo fallo judicial ordena el derribo de una casa ilegal en El Puerto de Santa María, cuyo propietario había sido condenado por un delito contra la ordenación del territorio. La Audiencia gaditana consideraba “desproporcionada” la demolición porque esa casa estaba rodeada de otras similares, con lo que el derribo no iba a reparar el daño causado. En cambio, el Supremo, a petición de la fiscalía, sí considera que hay que tirar esa vivienda porque, de lo contrario, se estaría consolidando la ilegalidad cometida.
El caso recurrido por la fiscalía ante el Supremo hacía mención a una casa de El Puerto de Santa María. Según la Audiencia Provincial, “en la zona donde se realizó la construcción existen numerosas viviendas por lo que, estando acreditado que la casa está enclavada entre muchas otras similares, no procede acordar la demolición pues se antoja una medida desproporcionada al ilícito cometido”.
La fiscalía recurrió porque no entendía cómo a una persona condenada por atentar contra la ordenación del territorio, desobediencia y estafa se le seguía permitiendo disfrutar del objeto con el que había cometido el delito, que era su casa. Según el Ministerio Público, no tiene sentido justificar que se puede derribar una casa aislada pero no hacerlo cuando hay otras más a su alrededor, porque eso supone “un efecto llamada” a seguir cometiendo el delito.
El Supremo cree que el derribo sí es proporcional “porque es la única vía posible para restaurar el orden quebrantado”. Aunque caben excepciones, el alto tribunal cree que no es argumento posible decir que no se puede reparar el daño porque hay otras construcciones.
La casa a la que alude la sentencia se construyó en un suelo no urbanizable. Su promotor levantó precintos municipales y vendió la vivienda ocultando los expedientes que pesaban sobre ella. Según la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, “es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre la demolición de edificaciones ilegales en sede penal” y recoge su tesis de que la regla general debe ser que toda condena por delito contra la ordenación del territorio debe conllevar la demolición de lo ilegalmente levantado.
* El País - PEDRO ESPINOSA Cádiz 11 JUL 2012
Foto: El Puerto (Cádiz), viviendas ilegales - diariodecadiz.es
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PÚBLICO/Madrid* : Un centro de mayores y otro de día, una biblioteca municipal, dos pabellones deportivos cubiertos, un centro cultural, pistas deportivas y un centro de salud es lo que se podría construir en Vallecas con tan sólo el 2,3% del gasto estimado en infraestructuras para construir Eurovegas en la zona de Valdecarros.
La plataforma Eurovegas No vuelve a arremeter contra el macroproyecto con un segundo informe que pone de manifiesto el gasto que tendrían que asumir los ciudadanos para que Sheldon Adelson pueda construir su casino en este lugar. Un total de 4.675 millones de euros sería el coste que asumirían los ciudadanos, sumando el gasto de la expropiación de los terrenos (3.874 millones de euros) y la construcción de las infraestructuras (800 millones de euros) que demandan desde Las Vegas Sands Corporation.
El informe que presenta la plataforma denuncia que "una vez más queda demostrado cómo nuestros gobiernos benefician y premian a los más poderosos en detrimento de la ciudadanía común", a quien reclaman los impuestos para financiar el macroproyecto del magnate Sheldon Adelson.
Son 700 hectáreas las que demanda Adelson, una zona enmarcada por el Ensanche de Vallecas, la Atayuela, el Parque Lineal del Manzanares Sur y Getafe. Un lugar próximo al parque tecnológico de Valdemingomez, que cuenta con la mayor concentración de instalaciones de tratamiento de residuos urbanos de Madrid, una infraestructura que debe ser trasladada a petición de Las Vegas Sands si finalmente se construye Eurovegas en este emplazamiento.
Otra zona de interés cercana es la Cañada Real Galiana, un lugar en el que viven 40.000 personas en chabolas que sufren una vulneración de derechos humanos según Amnistía Internacional. La empresa de Adelson no ha manifestado lo que plantea hacer con este poblado, que considera un "elemento incómodo". Las administraciones españolas tampoco se han pronunciado sobre ello, por lo que se desconoce el futuro que puedan tener los habitantes de esta zona.
Falta de transparencia por parte de la administración
De nuevo, tal y como reclamaban en el primer informe, la plataforma denuncia la opacidad informativa ante la que se presenta, dado que no ha recibido respuesta a las peticiones formales que ha presentado para conocer los detalles de este macroproyecto.
Por ello, los datos que presentan siempre son aproximativos y calculados a la baja, eligiendo las opciones menos caras. Contemplan todas las solicitudes que han planteado los representantes de Las Vegas Sands para construir este proyecto. Entre los apartados que señalan, figura la construcción de una estación de AVE que significaría un gasto de entre 82 y 140 millones de euros. Además, también habría que sumar el dinero que se invertiría en la mejora de cercanías y la ampliación de la línea 1 de metro hasta las puertas del casino.
También señalan la ampliación del aeropuerto de Barajas y Torrejón de Ardoz, donde se crearían "nuevas pistas privadas donde aterricen los jets privados de los mejores clientes de Sheldon Adelson".
La plataforma Eurovegas No denuncia que "se favorezcan intereses privados en detrimento del bien común". Soledad Sánchez, miembro de Eurovegas, aseguró a Público.es que este proyecto significa que "no hay ninguna intención de cambiar el modelo productivo" que nos ha llevado a la crisis y criticó que "el discurso ha sido demagógico, mientras que la realidad va por otra parte".
* Público - MARÍA GONZÁLEZ Madrid 08/07/2012
Foto: EurovegasNo, protesta (Madrid) - elmundo (archivo)
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ANDALUCÍAINFO* : La Fiscalía de Medio Ambiente del Campo de Gibraltar ha ampliado a once el número de imputados por presunta prevaricación como consecuencia de las diligencias abiertas en el caso relacionado con la licencia urbanística del Club Hípico Botafuegos. En concreto, dicha ampliación de diligencias afecta a los ex concejales Francisco Calvo y Gabriel Orihuela, como miembros del consejo de gestión de la Gerencia; a Ana Núñez de Cossío y Olga Muñoz, por haber intervenido en todos los actos; y al propio constructor, José Galán, por entender el fiscal que coopera en la prevaricación.
El procedimiento judicial parte de 2007, cuando se imputó al ex alcalde Patricio González, por ser quien firmó la licencia de construcción del club hípico en 2002 sin informe jurídico y sin que se declarara de utilidad pública.
Ello motivó la denuncia del grupo ecologista Agaden, que fue por un doble sentido: la denuncia penal y la que pedía que se revisara de oficio la licencia. El Ayuntamiento tuvo que hacer, de hecho, esa revisión de oficio porque el dictamen del consejo consultivo vino diciendo que esa licencia era ilegal. Como consecuencia de estas diligencias se imputó también al entonces delegado de Urbanismo, José Ortega; y al ingeniero municipal, José Álvarez.
Posteriormente, el proceso judicial entró en una segunda fase, en la que el constructor edificó las pistas de pádel, la zona de deportes y los gimnasios. Para esta segunda fase no se había dado licencia expresa por parte del Ayuntamiento, sino que el constructor, en 2004, pidió un informe de viabilidad urbanística y, amparándose en dicha información, no vinculable, la puso en marcha. Luego, pidió la legalización, a la que el Ayuntamiento no le contestó y eso se dio como silencio administrativo negativo.
La presunta prevaricación viene dada porque se dio la primera licencia en suelo no urbanizable y también por el informe de viabilidad, con la salvedad de que se trata de una mera información urbanística. Este hecho, no obstante, ha provocado la ampliación de diligencias que, meses atrás, se extendió a los técnicos Diego Vázquez y Pedro Lechuga, que ya prestaron declaración. Así mismo, se ha vuelto a imputar al ex edil José Ortega, al que se excluyó del procedimiento, por intervenir en el informe de viabilidad, aunque no ha sido llamado a declarar.
Sí que lo hicieron el pasado jueves en la sala número 3 de instrucción los ex ediles Francisco Calvo y Gabriel Orihuela, por intervenir en el informe de viabilidad; las técnicos Ana Núñez de Cossío y Olga Muñoz; y el constructor, José Galán. Este defendió ayer la legalidad de sus actuaciones, aclarando que pidió permiso para la construcción a la Confederación Hidrográfica del Sur, y significando que “¿por qué no alegaron que no se podía construir cuando salió a exposición pública, sino seis años después?”.
* Andalucía Información - Domínguez Saucedo - 5.7.12
Foto: Algeciras (Cádiz), club hípico ilegal - sur
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ELPAÍS* : Una delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) está inspeccionando desde el lunes el estado de ejecución de las 435 construcciones escolares incluidas en el plan Crea Escola de la Generalitat, para cuya cofinanciación la Unión Europea aportó entre los años 2006 y 2008 créditos por 800 millones de euros, que computan como deuda pública. El Gobierno valenciano debía financiar el resto del programa que supera los 1.600 millones.
De entrada, la delegación que visita esta semana la Comunidad Valenciana se ha interesado especialmente en preguntar por la relación de los más 100 proyectos de reforma integral y nuevas construcciones que todavía no se han ejecutado, pero que figuraban en los convenios firmados entre 2006 y 2008.
El BEI tiene que emitir “un informe de evaluación final del proyecto cuando el mismo haya concluido" y “valorar el impacto global tanto desde el punto de vista económico, técnico, medioambiental y financiero”, según consta en una respuesta por escrito de la división de reclamaciones del banco europeo a una queja de una asociación de padres afectada durante estos años por el retraso en la construcción del nuevo colegio. El BEI se comprometió a dar respuesta antes del 2 julio, justo la fecha en la que la delegación europea ha visitado in situ el colegio afectado.
Se trata del colegio público Ernest Lluch de Nàquera, incluido en el convenio con el BEI, cuyas obras están paradas desde hace dos años, pese a que se licitó el proyecto en 2010. Los padres se preguntan: “¿Cómo una obra licitada con su consiguiente consignación presupuestaria, en la que el BEI participa, puede no haberse ejecutado dos años después por falta de disponibilidad presupuestaria?”.
Este no es el único proyecto sobre el que planean dudas. El colegio público Max Aub de Alboraia es otro de los paralizados en 2010 y que la delegación europea ha visitado, además del nuevo colegio de la Patacona ya en marcha, acompañada por los arquitectos de Ciegsa, la empresa pública de construcciones escolares, que la Generalitat que liquidó ayer.
La visita de la delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) coincide con la liquidación de Ciegsa, la empresa pública de construcciones escolares creada por la Generalitat hace 11 años. Durante sus años de funcionamiento Ciegsa ha realizado 505 actuaciones (entre reformas y nuevas construcciones) por valor de 2.494 euros. Pero la Generalitat solo ha pagado 766, según el último informe de la empresa.
Aprobado el ERE de Ciegsa
Los 84 empleados de Ciegsa, entre arquitectos, aparejadores, ingenieros y el personal jurídico y administrativo han rechazado el expediente de regulación de empleo (ERE), que ayer se aprobó en asamblea por unanimidad. Dos tercios de los empleados van a la calle. Sólo se quedan 33, según el documento que hoy se entregará a la empresa. La negociación ha permitido salvar 14 puestos de trabajo que iban a la calle.
Ciegsa, no obstante, tiene 335 actuaciones escolares pendientes: 17 obras en ejecución, 137 pendientes de ejecutar, 84 en fase de redacción y otras 115 en fase de gestión del suelo. Eliminada la Dirección de Régimen Económico de la Consejería de Educación en 2011 (de la que dependían los arquitectos de obra escolar) no hay otro departamento que pueda dar continuidad a las obras del plan Crea Escola paralizadas prácticamente, desde 2010, cuando la falta de liquidez y la crisis financiera de la Generalitat empezaron a hacerse patentes.
Ante la falta de dinero de la Generalitat, Ciegsa se ha encargado desde hace años no sólo de las obras escolares, sino también del coste de la implantación de las aulas prefabricadas, y del equipamiento (mesas, sillas, pizarras y material informático).
Uno de los objetivos del convenio del BEI era acabar con las aulas prefabricadas. Pero, lejos de disminuir, el volumen de barracones se ha mantenido prácticamente intacto. Si en 2007, fecha del préstamo, había 1.111 prefabricados, en 2011 según el Informe Anual del Defensor del Pueblo, se mantenían 1.091.
En cada firma de los acuerdos de préstamos de 800 millones con el BEI se ha insistido en la necesidad de acabar con los prefabricados. Así lo expresaron su presidente y vicepresidente, Philippe Maystadt y Carlos Costa, durante firma de 2007. “El programa Crea Escola permitiría la desafección de 386 aularios”. El objetivo se volvió a repetir en la firma del convenio de 2008.
La última visita de una delegación del BEI fue en 2009, según confirma la Consejería de Educación. Desde entonces, “el último crédito del BEI aprobado en 2010 para financiar nuevas obras de los programas Crea Escola y Millora Escola, no ha sido firmado y por tanto no ha sido desembolsado”, confirma la respuesta escrita del BEI a los padres del colegio público Ernest Lluch. Un centro en el que todo el alumnado de infantil estudia en barracones. Los padres se han movilizado durante todo el curso para denunciar esta situación.
Fuentes del banco europeo aseguran que la visita de la delegación técnica "es rutinaria, forma parte del seguimiento que el BEI hace sobre la evolución de los proyectos".
* El País - NEUS CABALLER - 4.7.12
Foto: El Ampa del colegio público Ernest Lluch de Nàquera pidió explicaciones a la Consejería de Educación en marzo pasado.- elpais
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ELSOPLÓN* : Las radiales de Madrid pierden tráfico a diario debido a la tasa de peaje. Desde que estalló la crisis, las pérdidas de usuarios han aumentado de manera considerable. Un gasto desorbitado para el poco uso que tiene.
El proyecto del Ministerio de Fomento del Ejecutivo de José María Aznar llevó a cabo las obras de estas carreteras de excelente calidad, pero altamente costosas. En 2010, el departamento ultimaba la concesión de préstamos participativos por importe de alrededor de 200 millones de euros a las 5 radiales de peaje de Madrid. De este modo, pretendían que las empresas que las gestionan superasen el riesgo de la quiebra.
Las radiales tardaron 10 años en ser construidas y supuso un gran número de expropiaciones. Ahora, el número de usuarios, en algunos casos, es un 25% interior a lo estimado cuando se proyectó.
A pesar de los datos, el actual Ministerio de Fomento ha lanzado un salvavidas a las autopistas de peaje. Ana Pastor ha anunciado que ampliará de 2012 a 2021 la compensación por la pérdida de tráfico y que se suma a los 290 millones en créditos avalados por el Estado que figuran en los Presupuestos de 2012.
Las radiales no han cubierto sus previsiones. Los costes se dispararon por las expropiaciones y tienen un 30% del tráfico previsto. 9 concesionarias están además al borde de la quiebra. Entre todas, acumulan una deuda de 3.800 millones de euros de la que no pueden pagar ni los intereses.
* El Soplón - 29.6.12
Foto: Madrid, radiales vacías - elsoplón
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PÚBLICO* : La bajada de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) tendrá un "nulo impacto" para cuatro millones de hipotecados. Según señala Adicae, la asociación de usuarios bancos cajas y seguros, el hecho de que millones de personas que se endeudaron para comprar una vivienda tengan en sus préstamos las llamadas "cláusulas suelo" hace que las rebajas de tipos de interés no repercutan en favor de los consumidores.
Así, esta asociación denuncia que este tipo de cláusulas están haciendo que muchas familias hipotecadas estén pagando tipos de entre el 3,5% y el 6% en un momento en el que el Euríbor se sitúa en el 1,26%. De hecho, estas disposiciones que bancos y cajas están volviendo a incorporar a las nuevas hipotecas, han motivado una macrodemanda colectiva de Adicae contra más de cien bancos y cajas a la que se han sumado más de 15.000 hipotecados.
Según la asociación de usuarios de la banca, las cláusulas suelo hacen que en una hipoteca de 150.000 euros a treinta años, la cuota mensual sea de media 142 euros más, lo que le supone al cliente pagar alrededor de 1700 euros de más al año. Este es el motivo, prosigue Adicae a través de un comunicado, por el que un 10% de las hipotecas con cláusulas suelo estén teniendo crecientes problemas de morosidad.
Semana de protestas
Con el objetivo de denunciar cómo la banca española "se apropia de la rebaja de tipos" y "aleja artificialmente el precio real de las hipotecas de los tipos oficiales", Adicae prepara una semana de movilizaciones. Entre el 16 y el 20 de julio, esta asociación llevará a cabo asambleas informativas en toda España, organizará envíos masivos de cartas y correos electrónicos a instituciones, partidos políticos y órganos judiciales, presentará escritos ante los ministerios de Economía, Justicia y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. También convocará concentraciones ante las entidades que han impuesto esta "abusiva y arbitraria" limitación a la bajada del precio de las hipotecas.
* Público - E. HERRERA - 06/07/2012
Foto: Varias personas se manifiestan en Madrid contra el abuso de los bancos.- EFE
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ELSOPLÓN* : El tren de la Warner costó más de 160 millones de euros a la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre ha decidido sepultar este pozo sin fondos que ideó Alberto Ruiz-Gallardón cuando presidía la región. Las ayudas que ha otorgado la región durante todo este tiempo al parque de atracciones han sido un despilfarro millonario.
El coste final del parque fue de 394 millones de euros. Para ayudar a los promotores, la Comunidad de Madrid se comprometió a adquirir el suelo, que costó 8 millones de euros, y a pagar la ampliación de carriles de la carretera M-506, que costó 28,4 millones de euros. Además, la Comunidad de Madrid también se encargó de los 15 kilómetros de vía férrea, que costó 85 millones de euros.
En marzo de 2004, la Comunidad compró el parque, repartiendo el accionariado entre el Gobierno, Caja Madrid, la empresa inmobiliaria Fadesa, NH Hoteles, el Corte Inglés, Warner Bros y otras cinco constructoras. El Ejecutivo regional compró el 43,6% de las acciones.
La Comunidad puso en el proyecto 160 millones de euros de las arcas públicas con la intención de recuperarlo al vender su participación y parte del terreno anexo. Pero, la deuda del parque, en 2005, acumulaba una deuda de 226 millones de euros.
Ahora, el Ejecutivo regional se ha desvinculado totalmente de él. Pero ha sido necesario perder cantidades astronómicas para que Esperanza Aguirre haya decidido eliminar el tren de la Warner, cuyo mantenimiento ha estado costando 3,3 millones de euros al año a los madrileños desde que fue inaugurado el parque de atracciones. Que tan solo tuviera una media de 190 pasajeros diarios no parecía motivo suficiente para acabar con él hasta que han llegado los recortes obligados por la crisis.
* El Soplón - 2.7.12
Foto: Madrid, parque Warner - turismo
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ELPAÍS* : Decenas de conversaciones telefónicas, múltiples reuniones y varios planos demostrarían la supuesta connivencia del constructor Enrique Ortiz y los alcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi para diseñar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que saciara los intereses del promotor.
El juez instructor de la pieza separada del caso Brugal, Manrique Tejada, en el escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), en el que pide la imputación de Castedo y Alperi a los que atribuye tres delitos (cohecho, trafico de influencias y uso privilegiado de información), dedica casi la mitad de las 100 páginas del informe a esos supuestos pelotazos. El objetivo de Ortiz sería acaparar el mayor volumen de metros de suelo posible no urbanizable para poder reclasificarlo, y construir, o bien tener terrenos en parques para negociar, y adscribirlos a zonas urbanizables.
El juez incide que el suelo donde Ortiz logró compensaciones por tener terreno en parques naturales, como en las Torres de la Huerta, era suelo urbanizable que está junto a urbano cercano a la línea de costa, y con un potencial valor inmobiliario.
En una de las conversaciones grabadas por la policía Ortiz habla con uno de sus colaboradores al que le informa de su capacidad de decisión a la hora de alterar los proyectos:
Ortiz: Si te pregunta alguien su tienes el plano, dices que no.
Llorens: Ya lo sé.
Ortiz: Mírate ahora con el plano los suelos nuestros en qué situación se encuentran, todos, incluso los de Cerámica, La Florida, los de fuera, puedo hacer que los pinten de verde, de azul..., de lo que tú me digas para que nos den aprovechamiento en otro lado.
El juez destaca el contenido de esta conversación porque manifiesta que Enrique Ortiz “está en disposición de influir para determinar la clasificación de un suelo de manera que pueda beneficiarle”. Otro episodio en el que se detiene el magistrado en su informe son las múltiples gestiones realizadas en el proyecto de remodelación o rehabilitación del Estadio Rico Pérez. Unas negociaciones que arrancaron en mayo de 2008 y concluyeron en noviembre de 2011 con el supuesto beneficio para el promotor de la obtención de suelo urbanizable junto al campo de fútbol.
El juez recuerda la adjudicación del 16 de abril de 2007 del estadio de fútbol a la mercantil Aligestión, SL, participada por Enrique Ortiz, por 7,8 millones de euros con la obligación de invertir en reparación y acondicionamiento 4.275.000 euros. Además, el informe del magistrado destaca una reunión en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento entre Ortiz, Castedo y Jesús Quesada, redactor del PGOU, que también está imputado. En esta cita, según el informe, la alcaldesa “comunica a Ortiz que se han atendido a sus pretensiones” sobre el estadio.
En la documentación que se remite al TSJ se incorporan sendos planos. En uno de ellos la clasificación del suelo donde se ubica el estadio, en el documento del concierto previo, es protegido, y el suelo de la calle de Ceres, ubicada al noroeste del estadio, era urbanizable. Y un segundo plano, que presentó el anterior equipo redactor del PGOU en diciembre de 2004, el suelo del estadio de fútbol tiene la clasificación de red primaria para equipamiento deportivo, y la calle de Ceres para equipamiento de servicio urbano.
Sin embargo, el 1 de julio de 2008 el redactor del plan, Jesús Quesada, entrega para su exposición pública la revisión del PGOU, en la que la parcela del Rico Pérez figura como suelo urbano con una calificación de terciario-industrial, cuyo objetivo es crear un área comercial, de 45.000 metros, y mejorar el campo de fútbol.
El juez en su escrito considera que la “actuación del imputado (Ortiz) pretende obtener aprovechamiento urbanístico en zonas susceptibles de ser clasificadas como Parques Naturales, concretamente en Fontcalent, donde las sociedades mercantiles en las que participa tienen suelo en propiedad y gestionan adquirir más”. En la revisión del PGOU aprobada la calle de Ceres figura como “suelo residencial, y excluyendo el estadio, como zona destinada a edificaciones en manzana cerrada”.
Por todo ello, el magistrado concluye que “existen indicios derivados del contenido de las conversaciones y documentación” de que en el 2004 el anterior equipo catalogó esa parcela dentro de la red primaria de equipamientos y “tras las reuniones y conversaciones” se pasó a tener la clasificación de suelo terciario-dotacional, y la calle de Ceres pasó a residencial.
El juez sospecha que Enrique Ortiz pretendía “obtener el mayor número de metros posibles en la zona de Fontcalent, del mayor coeficiente de ponderación posible, y de la adscripción de dicho suelo protegido a la zona de suelo urbanizable que más conviene a los intereses del imputado para obtener beneficio, así como a la clasificación del suelo de su propiedad como urbanizable”.
Las gestiones del promotor para conseguir el mayor rédito posible a sus inversiones fueron múltiples, y el juez destaca como Ortiz al redactor del PGOU, Jesús Quesada, le advirtió de “ser amigo” de Castedo y Alperi.
No obstante, el magistrado en sus conclusiones finales admite que el posible delito de aprovechamiento de información privilegiada del Enrique Ortiz con obtención de beneficios “sólo podrá consumarse una vez se ejecute el planeamiento del desarrollo a resultas de la revisión del PGOU aprobado definitivamente en el sector concreto que ha sido objeto de la investigación”. Un plan que, por ahora, está paralizado.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ Alicante 6 JUL 2012
Foto: Alicante, empresario E.Ortiz y alcaldesa S.Castedo - elpais
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ELPAÍS/Madrid* : El equipo de Gobierno de Tres Cantos está estudiando dar el permiso para que se construya en la finca de El Tagarral, un terreno que en estos momentos es suelo no urbanizable (una parte de protección agrícola de regadío y el resto de protección ecológica), según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esta decisión, según su alcalde, Jesús Moreno, se adoptaría con la intención de evitar que los municipios de Tres Cantos y Colmenar Viejo, así como la Comunidad de Madrid, tuvieran que abonar 60 millones de euros a las empresas propietarias de las fincas: Martinsa, Nozar y Masaveu, tal y como determinó una sentencia de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y que ya es firme.
Este fallo judicial fijaba inicialmente el perjuicio que habían sufrido los empresarios al no recalificarse sus terrenos en 24 millones de euros, pero conforme han pasado los años sin que se ejecutara la sentencia el montante ha venido aumentando. Llegando a los 60 millones, a razón de 200.000 euros más cada mes.
El problema tiene su origen en los años ochenta, cuando Tres Cantos todavía pertenecía al Ayuntamiento de Colmenar Viejo. El Ayuntamiento aprobó en 1987 el plan general dejando fuera la finca del Tagarral, cuyo plan parcial había sido aprobado en 1967, pero que no se había construido. Por eso los propietarios recurrieron la decisión del Consistorio, dándole los tribunales siempre la razón. La última vez fue el TSJM en 2003, que fijó una indemnización que ahora mismo supera los 60 millones de euros. En 2007 la sentencia se convirtió en firme, por lo que el dinero debe ser pagado de forma solidaria por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Tres Castos y el Consistorio de Colmenar Viejo.
Hasta hace unos meses todos los grupos políticos se oponían a la reclasificación de unas fincas, que los ecologistas consideran una joya natural, y que goza de protección agrícola y ecológica, según el plan general que aprobó en 1987 el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. De hecho, en 2005 la mayor parte de los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento de Tres Cantos confirmaron en una moción su decisión de que no se especulara con los terrenos de El Tagarral.
En los últimos meses el Consistorio, gobernado por el PP, ha cambiado de estrategia y ha anunciado su intención de estudiar la posibilidad de reclasificar los mencionados terrenos, o al menos una parte, para evitar el pago de los 60 millones. “La moción de 2005 pedía que no se especulara con el terreno. Y esto lo cumplimos plenamente, fue una moción que suscribimos, y con esta decisión ni se quiere especular, porque solo se reclasificarán los terrenos si estos no reúnen las condiciones medioambientales”.
El anterior alcalde, José Folgado (PP), envió una carta urgente a todos los vecinos en los que abordaba el problema del terreno de El Tagarral. Las tres posibles soluciones, según el primer edil, eran: o bien pagar, esperar el embargo o reclasificar la finca.
Para el alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, la mejor solución es recalificar los terrenos. “Nosotros estamos trabajando en la línea de llegar una solución para no pagar una indemnización”, explica en este sentido el regidor tricantino, que prosigue: “Seguiremos con lo que dicta el plan general, que dice que los suelos no están protegidos, están en suspenso, por lo que no habría que pagar nada. Tenía una protección agropecuaria para que hubiera animales, pero el mismo PGOU decía que Medio Ambiente estudiará qué terrenos son urbanizables y qué terrenos son agrícolas”.
Por ese motivo, Medio Ambiente está haciendo un estudio que decidirá si deben protegerse o ser urbanizables. Lo mejor es llegar a un acuerdo, ver qué características tiene el suelo las tres Administraciones con los propietarios y si reúne las condiciones del 87. Pero el Consistorio parece haber optado por la tercera, al encargar un estudio para constatar la viabilidad ambiental de la zona, y ver cómo se puede hacer el cambio de calificación de El Tagarral: “Y ese tiempo nos costará, solo en intereses de demora, otros 4,5 millones de euros”, aseguró el diputado socialista Miguel Aguado Arnáez, en una intervención en la Asamblea que versaba como punto único la situación de la finca de El Tagarral. “Hay una responsabilidad política, porque Tres Cantos pasará de los 42.000 habitantes actuales a alrededor de 100.000 habitantes. Creemos que destroza un área, destroza una ciudad, y complica las comunicaciones con Colmenar Viejo y otros municipios. La solución del PSM sería una permuta con los terrenos de igual valor. Ya clasificados y urbanizables”.
Los socialistas no son los únicos que critican la decisión del PP. Para el diputado regional de UPyD Gabriel López el plazo transcurrido desde que el Supremo dictaminó la firmeza de la sentencia en 2007, es, a todas luces, “injustificable”. “Hace pensar en un obstruccionismo impropio de instituciones públicas respetuosas con el ordenamiento jurídico”. Este diputado destacó, como una prueba más de la decisión del Ayuntamiento de rectificar los terrenos, la existencia de un acuerdo con los demandantes, en virtud del cual los empresarios se comprometían a no ejecutar la sentencia si los terrenos se reclasificaran. “El urbanismo no debe ser un mero instrumento para hacer caja ni para pagar deudas, como es el caso”, se lamentó este parlamentario de esta formación.
La diputada de IU-Los Verdes, Carmen Villares, destacó el hecho de que las constructoras Martinsa y Nozar compraron su parte después de la sentencia, abonando 180 millones de euros: “Resulta curioso que paguen tan alto precio sin garantía legal de poder edificar. Hasta el nuevo alcalde del PP se mostraba contrario a la reclasificación urbana antes de ser alcalde. Por eso desde IU queremos que se respete la moción presentada en 2006 y que en ningún caso se recalifiquen los terrenos, por las nefastas consecuencias económicas, sociales, y medioambientales que entrañaría para el entorno y la calidad de vida de los ciudadanos de Tres Cantos”.
Por su parte, el director general de Urbanismo y Estrategia Territorial, José Trigueros Rodrigo, señala que el hecho de que un suelo sea o no protegido “no es aleatorio”. Por eso, en un futuro, esos suelos, si no tienen valores para ser protegidos, podrían ser urbanizados. “Si El Tagarral no tiene que ser protegido, hagámoslo urbanizable, como se preveía en los años sesenta y setenta. Lo único que tengo que decirles es que estamos intentando acortar los plazos, porque somos conscientes también de que cada día que pasa, si no se llega a una solución urbanística nos cuesta unos cuantos euros más”.
* El País - TONO CALLEJA Madrid 9 JUL 2012
Foto: Imagen de los terrenos de Tres Cantos en los que se ampliaría el Soto de Viñuelas. / ULY MARTÍN
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ELPAÍS* : Una delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) está inspeccionando desde el lunes el estado de ejecución de las 435 construcciones escolares incluidas en el plan Crea Escola de la Generalitat, para cuya cofinanciación la Unión Europea aportó entre los años 2006 y 2008 créditos por 800 millones de euros, que computan como deuda pública. El Gobierno valenciano debía financiar el resto del programa que supera los 1.600 millones.
De entrada, la delegación que visita esta semana la Comunidad Valenciana se ha interesado especialmente en preguntar por la relación de los más 100 proyectos de reforma integral y nuevas construcciones que todavía no se han ejecutado, pero que figuraban en los convenios firmados entre 2006 y 2008.
El BEI tiene que emitir “un informe de evaluación final del proyecto cuando el mismo haya concluido" y “valorar el impacto global tanto desde el punto de vista económico, técnico, medioambiental y financiero”, según consta en una respuesta por escrito de la división de reclamaciones del banco europeo a una queja de una asociación de padres afectada durante estos años por el retraso en la construcción del nuevo colegio. El BEI se comprometió a dar respuesta antes del 2 julio, justo la fecha en la que la delegación europea ha visitado in situ el colegio afectado.
Se trata del colegio público Ernest Lluch de Nàquera, incluido en el convenio con el BEI, cuyas obras están paradas desde hace dos años, pese a que se licitó el proyecto en 2010. Los padres se preguntan: “¿Cómo una obra licitada con su consiguiente consignación presupuestaria, en la que el BEI participa, puede no haberse ejecutado dos años después por falta de disponibilidad presupuestaria?”.
Este no es el único proyecto sobre el que planean dudas. El colegio público Max Aub de Alboraia es otro de los paralizados en 2010 y que la delegación europea ha visitado, además del nuevo colegio de la Patacona ya en marcha, acompañada por los arquitectos de Ciegsa, la empresa pública de construcciones escolares, que la Generalitat que liquidó ayer.
La visita de la delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) coincide con la liquidación de Ciegsa, la empresa pública de construcciones escolares creada por la Generalitat hace 11 años. Durante sus años de funcionamiento Ciegsa ha realizado 505 actuaciones (entre reformas y nuevas construcciones) por valor de 2.494 euros. Pero la Generalitat solo ha pagado 766, según el último informe de la empresa.
Aprobado el ERE de Ciegsa
Los 84 empleados de Ciegsa, entre arquitectos, aparejadores, ingenieros y el personal jurídico y administrativo han rechazado el expediente de regulación de empleo (ERE), que ayer se aprobó en asamblea por unanimidad. Dos tercios de los empleados van a la calle. Sólo se quedan 33, según el documento que hoy se entregará a la empresa. La negociación ha permitido salvar 14 puestos de trabajo que iban a la calle.
Ciegsa, no obstante, tiene 335 actuaciones escolares pendientes: 17 obras en ejecución, 137 pendientes de ejecutar, 84 en fase de redacción y otras 115 en fase de gestión del suelo. Eliminada la Dirección de Régimen Económico de la Consejería de Educación en 2011 (de la que dependían los arquitectos de obra escolar) no hay otro departamento que pueda dar continuidad a las obras del plan Crea Escola paralizadas prácticamente, desde 2010, cuando la falta de liquidez y la crisis financiera de la Generalitat empezaron a hacerse patentes.
Ante la falta de dinero de la Generalitat, Ciegsa se ha encargado desde hace años no sólo de las obras escolares, sino también del coste de la implantación de las aulas prefabricadas, y del equipamiento (mesas, sillas, pizarras y material informático).
Uno de los objetivos del convenio del BEI era acabar con las aulas prefabricadas. Pero, lejos de disminuir, el volumen de barracones se ha mantenido prácticamente intacto. Si en 2007, fecha del préstamo, había 1.111 prefabricados, en 2011 según el Informe Anual del Defensor del Pueblo, se mantenían 1.091.
En cada firma de los acuerdos de préstamos de 800 millones con el BEI se ha insistido en la necesidad de acabar con los prefabricados. Así lo expresaron su presidente y vicepresidente, Philippe Maystadt y Carlos Costa, durante firma de 2007. “El programa Crea Escola permitiría la desafección de 386 aularios”. El objetivo se volvió a repetir en la firma del convenio de 2008.
La última visita de una delegación del BEI fue en 2009, según confirma la Consejería de Educación. Desde entonces, “el último crédito del BEI aprobado en 2010 para financiar nuevas obras de los programas Crea Escola y Millora Escola, no ha sido firmado y por tanto no ha sido desembolsado”, confirma la respuesta escrita del BEI a los padres del colegio público Ernest Lluch. Un centro en el que todo el alumnado de infantil estudia en barracones. Los padres se han movilizado durante todo el curso para denunciar esta situación.
Fuentes del banco europeo aseguran que la visita de la delegación técnica "es rutinaria, forma parte del seguimiento que el BEI hace sobre la evolución de los proyectos".
* NEUS CABALLER Valencia 4 JUL 2012
Foto: El Ampa del colegio público Ernest Lluch de Nàquera pidió explicaciones a la Consejería de Educación en marzo pasado.- elpais
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PERIODISMOHUMANO* : Los ‘pelotazos’ urbanísticos fallidos, en los que participaron la mayor parte de los bancos y cajas españoles, han llevado a la ruina a cientos de empresas y al paro a decenas de miles de ciudadanos, pero dejarán intacto al sistema financiero. Las operaciones especulativas de ayer se han convertido hoy en activos tóxicos, es decir, viviendas y suelos sobrevalorados. El desfase entre su valor real y el expectante que marcaron las tasaciones bancarias será pagada por todos los ciudadanos por triplicado: mediante sus hipotecas, por la reducción de servicios públicos y través de sus impuestos, según coinciden algunos expertos. La otra alternativa, dejar caer a las entidades intoxicadas, como hicieron Estados Unidos o Islandia, no se la plantea nadie en la UE por miedo a que ello propague un “pánico contagioso”.
El rescate europeo a la banca española les facilita un crédito de hasta 100.000 millones de euros para ‘limpiar’ sus activos tóxicos derivados del ladrillo. Si se llegará a utilizar o no todo este dinero, y su reparto entre las distintas entidades bancarias afectadas, es todo un misterio. Dependerá de las auditorias externas que el Gobierno español ha aceptado para nuestro sistema financiero y del seguimiento estrecho de las condiciones del rescate que realizará la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo), ante el descrédito internacional del Banco de España como regulador. La auditoria realizada por los privados Wyman y Berger estima que como máximo se necesitarán 62.000 millones, sobre todo para sanear las entidades nacionalizadas, que son Bankia, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia, pero es sólo una primera aproximación. Por lo pronto el Gobierno, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha inyectado ya 13.869 millones al sistema financiero.
El problema es que los mercados internacionales, los que prestan el dinero tanto a los bancos como al Gobierno español, creen que la situación está tan deteriorada que las entidades de crédito no serán capaces de devolver el préstamo europeo y, por tanto, buena parte de este dinero se convertirá en deuda pública, puesto que el responsable último de la devolución es el propio Gobierno. De confirmarse esto último, los expertos coinciden en que ésta sería una “década perdida” para España, puesto que la ruina bancaria, resultado de su especulación con valores inflados de productos inmobiliarios, gangrenaría de tal forma la economía española que no sería capaz de comenzar a crear empleo neto hasta al menos 2017, al mismo tiempo que se tendrían que seguir recortando las prestaciones sociales, por lo que las consecuencias de deterioro del nivel de vida de la población ahora mismo son incalculables.
De esta forma, son los ciudadanos los que financian a la banca, y no al revés. Y si las entidades no quiebran, gracias a la financiación pública, podrán ‘hibernar’ sus activos tóxicos, sus viviendas y especialmente sus suelos rústicos altamente sobrevalorados, hasta un momento futuro en que puedan revenderlos a mejor precio que el actual. Así se evitaría que estalle del todo la burbuja inmobiliaria y conservarla en cambio para su reactivación en un futuro relativamente cercano.
Una burbuja que tuvo como elemento clave de origen la Ley estatal del suelo de 1998, en la que se establecía que el valor de un terreno no se debía medir por su propia naturaleza y entorno (protegido, rústico, urbano o urbanizable), sino por el valor “expectante” de mercado. Como consecuencia las empresas de tasación, vinculadas o pagadas por las propias entidades financieras, comenzaron a atribuir a viviendas y suelos valores cada vez más elevados.
Entre 1997 y 2007 el precio de las viviendas aumentó un 288 por ciento, según la Fundación BBVA. A su vez, el 84 por ciento de esta subida se debió a la repercusión del coste del suelo, cuyo precio se quintuplicó en este mismo periodo. Las altas hipotecas que hoy siguen pagando decenas de miles de españoles, y por las que muchos estás siendo desahuciados, proceden de ese proceso. La ley se cambió en 2006, volviendo a la valoración de los suelos por su situación real, pero sucesivas prórrogas en su aplicación a los balances de las empresas han provocado que, a efectos de contabilidad bancaria, nunca se haya revisado en profundidad el valor de los terrenos de su propiedad.
Según explican fuentes cercanas al sector, el procedimiento era sencillo: “Un señor de una empresa inmobiliaria invita a comer al propietario de una finca agrícola. Al terminar el almuerzo, le escribe en la servilleta que pueden hacer en sus suelos 1.000 viviendas, y del beneficio que obtengan sólo tienen que quitar 6.000 euros por vivienda. Así juntan seis millones de euros con los que pueden construir un campo de golf, lo que ya de por sí justificaría la recalificación de los terrenos. Y de paso le compraban el coche de bomberos al alcalde. Adquiere la finca con el valor expectante escrito en la servilleta, pero no la paga en el acto, sino que pacta pagos aplazados. Después va al banco con la misma servilleta y pide hipotecar la finca al valor expectante, y resulta que le conceden el crédito aunque el suelo siga siendo rústico. Así había hasta 200 operaciones en marcha en toda Andalucía, en suelos no urbanizables, lo que suponía que se hubieran construido 200.000 viviendas. Pero al final casi ninguna operación salió, y ahora son activos tóxicos de esos bancos que financiaron, y que vamos a pagar todos al menos por duplicado”, sentencia.
Un ex trabajador de la quebrada inmobiliaria Aifos, que también prefiere guardar el anonimato, confirma esta tesis: “Se hacían operaciones de 100 o 120 millones en base a castillos en el aire, a un mirlo blanco, como decíamos en el sector”. Un ejemplo claro de activo tóxico hibernado, a la espera de que vuelva a hincharse la burbuja, es la zona de Mangueta, en Vejer de la Frontera (Cádiz), una de las últimas playas vírgenes, completamente libre de construcción, del litoral gaditano. La mayor parte de las 270 hectáreas de este paraje fueron compradas en 2004 por una inmobiliaria vinculada a CatalunyaCaixa por unos 30 millones de euros a pesar de que era suelo rústico.
El avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Vejer llegó a contemplar en ese lugar la construcción de un máximo de 400 viviendas, 950 plazas hoteleras y un campo de golf. Sin embargo, la recalificación de los suelos nunca llegó a ser autorizada por la Junta de Andalucía. Al final, el Plan de Ordenación del Territorio aprobado por la Administración autonómica para la comarca gaditana de La Janda declara Mangueta como suelo no urbanizable de especial protección, permitiendo solamente la construcción de un hotel fuera de los primeros 500 metros del frente litoral. Ese suelo, a pesar de que nunca fue urbanizable, es por tanto ahora un activo tóxico.
“No sé cómo alguien pudo dar 5.000 millones de las antiguas pesetas por esos suelos, que sólo servían para plantar cebollinos. Para lo único que ha valido es para incrementar el precio de la vivienda en la zona y asfixiar a mucha gente con la hipoteca”, denuncia un dirigente político gaditano relacionado con esta operación. Pero CatalunyaCaixa no renuncia del todo. Según ha manifestado a Periodismo Humano esta entidad financiera, nacionalizada y en proceso de rescate, Mangueta sigue formando parte de su Plan de Gestión de Suelo. “Se trata de un suelo con tutela especial y un grado de maduración urbanística todavía inicial, si bien nuestro objetivo es la consolidación de nuestros derechos urbanísticos”, insisten.
Francisco Luis Benítez, politólogo y experto en redes y estrategias de comunicación relacionadas con el mundo financiero, lo tiene claro: “los suelos tóxicos los tienen en una incubadora, esperando a volver a la burbuja especulativa, sin duda, y en este plan, en diez años volveremos a ese modelo, que es totalmente insostenible”, vaticina.
A su juicio, “todavía no se ha pinchado de verdad la burbuja inmobiliaria, y deberían hacerlo. Hay dos millones de viviendas vacías, y su precio tiene que volver casi a los niveles en que estaban los precios de la vivienda en 1996. Porque si no, pasa lo que ahora, que los ciudadanos pagan ese desfase tres veces. Una por un precio inflado de las viviendas y unas hipotecas desmedidas. Dos, porque la inyección a la banca en forma de créditos participativos resta dinero al Estado y a la economía, porque son 5 puntos de nuestro PIB. Y tres, porque al final habrá que financiarlo vía impuestos, subiendo el IVA hasta el 21 por ciento y otros impuestos indirectos que gravan el consumo”.
Para que esto no sucediera, haría falta, según Benítez, un mayor control democrático del rescate bancario. “Debe crearse una comisión parlamentaria, con participación de todos los grupos políticos, para hacer un seguimiento exhaustivo del rescate a la banca y comprobar que el dinero que se inyecte sirva verdaderamente para refinanciar las entidades, y que no se meta dinero en entidades que no merecen ser salvadas. Hay que dejar caer lastres como Bankia y restructurar sólo lo necesario. En Estados Unidos dejaron caer a Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers y la aseguradora AIG. Si tienen que caer bancos, que caigan, no pasa nada”.
“Los accionistas y los acreedores –continúa Benítez- pierden, pero qué le vamos a hacer, eso es el capitalismo. Y los impositores tendrían garantizados sus depósitos hasta 100.000 euros. Qué le vamos a hacer, ése es el riesgo de los bancos. El Estado no debería responder ante los accionistas, y si ha sido una estafa piramidal, como la de Forum Filatélico, pues que caigan, es lo que tiene la avaricia. Pero parece que aquí los tiros no van por ahí. Parece que lo que se pretende es reactivar el ladrillo y volver a la liberalización del suelo”, lamenta.
En su opinión, las soluciones tienen que venir de la mano de la política, no desde el mundo financiero. “Sin una política de gasto público que haga recuperar la confianza, el rescate no servirá para nada”, advierte. Además, “hay que nacionalizar las comisiones urbanísticas de aprovechamiento, con participación de las tres administraciones públicas, para hacerlas más transparentes y evitar que se muevan entre la alegalidad y la corrupción”. Y en la vertiente europea, “la UE está siendo solidaria con España porque es una economía demasiado grande, no se puede hacer lo mismo que con Grecia o Portugal. O se transforma en una auténtica unión fiscal y monetaria o la UE se dinamita. Si hay un problema coyuntural monetario, que Alemania vuelva temporalmente al marco y los demás nos quedemos en el euro, y así se produce una devaluación automática de la moneda”, aventura como posibles soluciones imaginativas.
La sobreprotección que Europa está brindando al sistema financiero, ahora en concreto el español, se puede deber al cambio de modelo productivo que se produjo a partir de los años ochenta, a partir de las liberalizaciones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que repercutieron en todo Occidente con la deslocalización industrial, para trasladar los centros de producción a países en vías de desarrollo, y la fuerte dedicación de las economías desarrolladas al sector financiero, debilitando el resto de su tejido productivo.
La crisis bancaria internacional está poniendo en cuestión ese modelo. “China está creciendo a un 5% anual, y eso para ellos no es crecimiento. Si Europa no les compra, se quedan sin mercados donde vender, donde exportar”, recuerda Benítez. Y a su vez, “tiene que haber vallas para los movimientos financieros especulativos. El Parlamento europeo aprobó una tasa para este tipo de movimiento y todavía no se ha aplicado”, lamenta. Actualmente en el mundo, por cada transacción de economía real se dan novecientas de tipo financiero, en las que la especulación hace multiplicarse el dinero, la rentabilidad, de forma artificiosa, “casi ficticia”. Así, esta nueva fase de desarrollo del capitalismo podría fácilmente denominarse “economía de ficción”.
* Periodismo Humano - 05.07.2012 · José Luis Gordillo
Foto: Viviendas, parcelas suelo rústico - JLG
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