ELPAÍS* : La reciente sentencia de un juzgado de lo Contencioso Administrativo que ha condenado al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar con 19,9 millones de euros a una promotora, es por si misma un varapalo para el Consistorio, que va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero la resolución es un sumando más en una larga lista de actuaciones y decisiones del equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre que implican un alto coste para las arcas municipales y con resultados muy inciertos, que llegan a poner en cuestión en algunos casos su utilidad, y que en algunos casos además son objeto de litigios judiciales. Algunas, como la compra del edificio que ocupa una de las manzanas de la emblemática Plaza de la Merced, o el frustrado museo de las gemas en Tabacalera han sido apuestas muy arriesgadas, que suman más de 50 millones de euros, sin que el Ayuntamiento sepa aun que hacer con ambos.
En el caso de la sentencia en cuestión, se ha penalizado la negligencia del Consistorio en cumplir los plazos de ejecución de una obra, por las consecuencias que ello ha tenido en los intereses de la promotora Baensa, que reclamó al Consistorio 18,3 millones de euros de compensación por el daño patrimonial causado, cantidad a la que se suma 1,6 millones en concepto de actualización del IPC. Baensa compró en noviembre de 2007 un solar junto al antiguo mercado de El Carmen donde proyectó levantar 200 viviendas, oficinas y locales comerciales. Entonces faltaba un mes para que el Ayuntamiento terminara las obras del nuevo mercado, y liberara así el antiguo, que iba a demolerse. Hasta octubre de 2011, casi cuatro años después, no entró en funcionamiento el nuevo mercado. Antes, en 2010, Baensa ya puso la reclamación judicial al consistorio, después de que este le negara la compensación que le pidió en primera instancia, porque al no poder disponer de toda la parcela, no pudo construir la promoción ni hacer frente al crédito hipotecario que tenía con Unicaja. A finales de 2009, Baensa negoció el traspaso de la finca.
Esta es una relación de alguna de estas operaciones de alto coste económico y resultados inciertos en las que está embarcada el consistorio.
Cines Astoria y Victoria. La compra del edificio de los cines Astoria y Victoria, una de las manzanas de la Plaza de la Merced, ha costado al Ayuntamiento 20,7 millones de euros, de los que la mayor parte (10,6 millones) se abonó en suelo y 9,9 millones en efectivo. En la operación, firmada en octubre de 2010, se pactó que el Ayuntamiento también abonaría una cantidad para compensar a la vendedora por los “gastos inútiles” realizados en la tramitación, elaboración de proyectos y comercialización de una promoción de 45 viviendas que contaba con todos los beneplácitos del Consistorio, hasta que a última hora, antes de conceder la licencia de obra, el alcalde prefirió comprar el edificio para destinarlo a uso cultural, para lo que hizo además una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La cantidad a compensar no se fijó, y ante la falta de acuerdo, la promotora Baensa, reclama al consistorio otros 7,2 millones de euros por dichos gastos “inútiles”. Se da la circunstancia de que se trata de la misma promotora que acaba de ganar al Ayuntamiento el litigio por los 19,9 millones de euros, y es evidente que ambas han mantenido unas relaciones difíciles. El Ayuntamiento no ha encontrado uso para el edificio, que tiene además por su situación un carácter singular. El alcalde anunció en la campaña electoral de su reelección en mayo de 2011 que haría un “museo de museos” que nunca concretó, y a finales del año pasado se convocó un concurso para recibir proyectos que quedó desierto por no considerar de interés ninguna propuesta.
Tabacalera. Después de gastar más de 25 millones de euros en la rehabilitación de varios pabellones de la antigua fábrica de tabacos para albergar el complejo Art Natura, museo de piedras preciosas y de ciencias de la naturaleza, el Consistorio ha resuelto el contrato con los promotores, la sociedad Royal Collections, por incumplimiento de contrato al no haber abierto las instalaciones. Royal Collections a su vez tiene dos litigios judiciales contra el Consistorio, al que hace responsable de la situación por haber demorado en exceso las obras de rehabilitación y la puesta a disposición de los edificios. El Ayuntamiento exige a la promotora que le devuelva los 6,7 millones de euros que le abonó en concepto de canon, cantidad que con los correspondientes intereses supera los 7,3 millones de euros, con lo que el gasto total del municipio en este frustrado proyecto sobrepasa los 30 millones. Como en los cines Astoria y Victoria, el Consistorio no sabe aún qué usos podrá darle a Tabacalera.
Convenios urbanísticos. Una de las operaciones más arriesgadas del Ayuntamiento ha sido el cambio del convenio urbanístico para el desarrollo de los suelos de los antiguos depósitos de Repsol con una sociedad vinculada a Novagaliciabanco y donde se proyectan cuatro grandes edificios, uno de ellos será el más alto de la ciudad, y tras haber aprobado una recalificación que triplica la densidad edificatoria en la zona. Según el convenio, la promotora debía pagar al Consistorio 82 millones de euros, de los que adelantó 12. Llegado el momento de abonar el resto al aprobarse el nuevo planeamiento, el Ayuntamiento se ha hecho cargo de las dificultades de la promotora y ha aceptado cobrar los 70 millones pendientes en suelo, de forma que se convierte en el principal propietario, con las dos terceras partes de los derechos edificatorios. El Ayuntamiento se propone venderlos, pero son la incertidumbre de cuanto podrá obtener por unos suelos que fueron tasados en 2006, en un momento de boom inmobiliario y por tanto de expectativas bien distintas a las actuales.
Entretanto, el Ayuntamiento se enfrenta también a la demanda de Endesa, que quiere revocar el convenio urbanístico para el desarrollo de los suelos en la zona de la antigua central térmica, donde se proyectaban más de 700 viviendas, comercios, hoteles y oficinas, por el que se fijó que pagaría al Consistorio 58 millones de euros, de los que 40 debía haber abonado ya hace nueve meses, cuando entró en vigor el nuevo PGOU. La sociedad pidió al Ayuntamiento revocar el convenio al entender que el deslinde de la zona se servidumbre marítima impedía ejecutar el proyecto original. El consistorio ha rechazado la petición en dos ocasiones y la promotora ha acudido a los tribunales. Un auto judicial ha ordenado a Endesa a cumplir el pago de los 40,6 millones en tanto se resuelve el litigio.
* El País - DIEGO NARVÁEZ Málaga 17 JUN 2012
Foto: Málaga, Tabacalera - ep
Málaga arriesga decenas de millones en operaciones inciertas
Móstoles.- ¡La Casika no se toca!
TERCERA/Madrid* : Miles de personas apoyan y se solidarizan con el CSOA mostoleño de La Casika, amenazado de desalojo.
El pasado 5 de junio ya se organizó una protesta en los juzgados. Sin embargo, la manifestación itinerante del 16 de junio ha sido mucho más multitudinaria; se calculan más de mil personas, que arrancaron desde la estación de cercanías de Móstoles Central y caminaron por los lugares públicos y emblemáticos de Móstoles. La manifestación ha durado tres horas, y ha concluido con una serie de comunicados de los principales colectivos organizadores, entre ellos, los propios organizadores del CSOA, que clausuraban el evento con la voz entrecortada por la emoción del apoyo recibido.
El Ayuntamiento había programado un concierto en la plaza de Pradillo, por donde finalmente la manifestación ha pasado, convergiendo ambos eventos, dando lugar a un momento muy particular.
Numerosos colectivos sociales se han implicado, entre ellos, SAD, CAS Madrid, Astilleros, CNT o Solidaridad Obrera. También, algunos medios y colectivos de contrainformación independientes han asistido al evento. Entre ellos, Radio ELA ha realizado una cobertura constante, pero también Fotogracción, el movimiento 15M en Móstoles, el de Arroyomolinos, el de Alcorcón.
El evento, además, ha tenido que "competir" con la multitudinaria manfiestación que el mismo 16 de junio ha tenido lugar en Madrid, apodada "el día de la bestia", en la que más de 5.000 personas han protestado por las calles del centro de Madrid y en las sedes de Bankia (Torres Kio) y del PP, por el rescate de España.
La Casika, es un centro social, okupado y autogestionado con 14 años de vida, ahora amenazado por desalojo y denuncias. Durante estos años, numerosos colectivos de diversa índole (ecologistas, feministas, colectivos en defensa de los derechos de los animales, antifascistas, anticapitalistas, movimientos vecinales, educativos, culturales…) han sentido el espacio como suyo, formando parte de él, utilizándolo y desarrollando multitud de actividades: charlas, talleres educativos, festivales de musica, de cine y teatro, exposiciones artisticas, encuentros de debate…
La diversidad y cantidad de actividades desarrolladas en la Casika, la han convertido en un referente cultural, social y político no sólo de Móstoles sino del resto de Madrid y del Estado, y ha proporcionado a nuestra localidad un punto de encuentro para la reflexión y acción alternativa, donde los valores del sistema capitalista han sido superados por la autogestión.
El 5 de Diciembre pasado, el c.s.o.a. La Casika cumplió 14 años. Ahora, hay varios procesos represivos abiertos y una denuncia por okupación (a Moises Blanco López quien a principios del año 2010 comenzó a militar La Casika). También hay una resolución administrativa por parte de la Consejería de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles (recurrida en los juzgados) que establece el cese de las actividades culturales, reuniones, comedores, etc. bajo amenaza de precinto.
Desde La Casika, señalan:
Las razones que llevaron a un grupo de jóvenes a empezar a dar vida a esta casa abandonada fueron:
Denunciar la especulación y las miles de casa vacías que nos rodeaban.
Mostrar la okupación como alternativa a la falta de oportunidades “serias y razonables” para adquirir una vivienda.
Denunciar la falta de espacios para el crecimiento individual, social, cultural y político de las personas.
Mostrar que la autogestión, la solidaridad, el respeto, la participación y el compromiso, son los valores y las herramientas que nos hacen crecer como personas y como sociedad.
Twitter: #lacasikanosetoca @Mostoles15M @radioela @CSOlaCasiKa #apoyalacasika #ManiLaCasika #15M #16J
http://lacasika.ourproject.org/
http://apoyalacasika.wordpress.com/
* Tercera Información - Rubén G. Herrera - 17.6.12
Foto: Móstoles (Madrid), la Casika no se toca - diagonal
Los restos del naufragio de la Comunidad Valenciana
ELPAÍS* : El aeropuerto de Castellón se ha ganado el apellido de “sin aviones” porque lleva más de un año inaugurado y a la espera de su apertura y de los permisos necesarios. “No vamos a abrirlo para que no haya aviones”, dijo en su día el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Pero no es un caso único. En la Comunidad Valenciana —la segunda autonomía con mayor deuda, 20.832 millones de euros hasta marzo, lo que representa el 20,2% de su PIB—se multiplican los casos de obras levantadas con dinero público y que, bien por la crisis, por una mala previsión o por disputas entre Administraciones, permanecen sin estrenar. Son el mejor ejemplo de lo que la canciller alemana, Angela Merkel, definió el jueves ante el Bundestag como “decisiones irresponsables”.
Un ejemplo es el Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real, en Castellón. Se construyó durante el mandato del PP con una inversión de 26 millones de la Generalitat. El complejo, de 18.000 metros cuadrados y previsto para deportistas de élite, solo se abrió para su inauguración en junio de 2011. En el mismo municipio se inauguró la conocida como “biblioteca sin libros”. El Ayuntamiento ha costeado los cuatro millones de la obra, pero el centro no ha dado nunca servicio porque la Generalitat no ha pagado su parte, 2,3 millones.
El centro ocupacional para personas con discapacidad psíquica de Penyeta Roja, en la ciudad de Castellón, es otro ejemplo. La Diputación —encabezada entonces por el popular Carlos Fabra— y la Generalitat invirtieron unos dos millones en unas obras que acabaron en 2009. No ha llegado a abrirse. “Se construyó para dar respuesta a una petición histórica de los padres”, explica el portavoz del PSPV en la Diputación, Francesc Colomer. Desde la consejería de Bienestar Social aseguran que no se ha abierto “porque no hay demanda para cubrir las plazas”.
En otro municipio de Castellón, Vall d’Alba, la Diputación busca qué salida dar a las viviendas tuteladas para personas mayores cuya construcción finalizó en 2006 gracias a una inversión de 400.000 euros de la institución provincial, la Generalitat y el Ayuntamiento. Las viviendas se inauguraron, pero nunca llegaron a abrirse. En 2010 el Ayuntamiento, del PP, aprobó crear allí un centro especializado de enfermos crónicos y las viviendas se volvieron a inaugurar en marzo de 2011, pero no hay dinero para llevar a cabo el centro.
Otras obras se proyectaron al calor del Plan E o del Plan C (Confianza) de la Generalitat. De este último, el PSPV estima que el Gobierno de Fabra aún debe a los Ayuntamientos 2.700 millones.
Los proyectos se realizaron, pero en algunos casos no había previsión para su puesta en marcha. El Ayuntamiento de Vinaròs, en Castellón, levantó un centro de día con 2,9 millones del Plan E bajo mandato socialista. El centro lleva un año cerrado. “Al proyecto le falta una residencia para 143 personas en la planta superior. Solo ha habido financiación para la primera parte”, explica el actual alcalde, Juan Bautista Juan (PP). Ahora se busca una empresa que ejecute la segunda parte.
En Valencia, los vecinos entregaron al Ayuntamiento que preside Rita Barberá un listado de las obras finalizadas y aún sin abrir, también financiadas con cargo al Plan E y al Plan C. Acabado desde hace más de un año está el Centro Social del barrio de Patraix, en el que se invirtieron 3,8 millones. En la misma situación están el Balneario de Natzaret (1,5 millones), una agencia de lectura (337.000 euros) y un polideportivo (9,5 millones). A ellos se suma el complejo Jubiocio, el mayor centro de jubilados de la ciudad, que costó 5,6 millones y que se está deteriorando por la falta de uso.
Fuera de la capital, en Sedaví (PP), hay un garaje de 2,4 millones que no se abre porque no hay dinero para su transformador. En Oliva, Ayuntamiento también gestionado por el PP, un centro polivalente, una biblioteca y una casa de fiesta llegaron a inaugurarse, pero están cerrados a pesar de que costaron cuatro millones.
En Alicante, el proyecto más destacado es el de la línea 2 del tranvía, que unirá el centro de la ciudad con la universidad. Las obras se terminaron hace más de un año, tras invertir la Generalitat más de 100 millones, pero sigue sin estar en funcionamiento. El Consell prepara un concurso que dejará la gestión en manos de una empresa mixta (público-privada).
El Ayuntamiento de Alicante, que preside la popular Sonia Castedo, destinó a una piscina cubierta más de tres millones, pero está cerrada dos años después de ser construida.
En Elche, otras dos obras demandadas durante años, como un centro de día para enfermos de Alzheimer (dos millones) y un centro de día y residencia para enfermos mentales (2,7 millones) tampoco se han abierto. Ambos fueron financiados con el Plan C e impulsados en la etapa en la que el PSPV dirigía el consistorio. La consejería de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat explica que no tienen fecha de apertura.
Cierra la lista Mutxamel. El Ayuntamiento de esta localidad invirtió 1,4 millones del Plan E en el centro de día Sant Pere para discapacitados, con 60 plazas. “Hace un año que está muriéndose”, dice el portavoz socialista en el Consistorio, Antonio García.
Con información de Cristina Vázquez (Valencia) y Rosa Biot (Alicante).
* El País - LORENA ORTEGA - 17.6.12
Foto: El centro de tecnificación deportiva de Vila-real. / ÁNGEL SÁNCHEZ
Puerto de Granadilla, un disparate urbanístico de 400 millones de euros
MªJOSÉ ESTESO POVES/Tenerife* : El puerto de Granadilla, al sur de la isla de Tenerife, ya se está construyendo. La obra va a suponer un desembolso de más de 400 millones de euros, aunque su financiación no está asegurada, afectará a 17 playas, sepultará cinco y dejará otras seis playas seriamente dañadas. Ese es el caso de las playas de El Médano, La Jaquita, Pelada y La Tejita. Además, tendrá un grave impacto ambiental sobre especies marinas únicas.
La resistencia contra la construcción del puerto de Granadilla es una de las más importantes de Canarias. Se remonta a diez años atrás, cuando movimientos vecinales, ecologistas y científicos se unieron para luchar contra un macroproyecto en esta zona protegida.
Las mentiras sobre el puerto
Cuando el Gobierno canario, presidido por Coalición Canaria (CC), anunció el 6 de mayo de 2002 la declaración de interés público del proyecto denominado Nuevo Puerto de Granadilla de Abona, pretendía con esta clasificación impedir que los tribunales frenasen un proyecto urbanístico que atenta contra el medioambiente. Las razones del puerto según CC fueron, por una lado, la necesidad de dotar a la isla de otro puerto debido “al agotamiento de la capacidad de las instalaciones del puerto de Santa Cruz (quinto en capacidad del Estado español)”, por otro, que no existía “otra localización viable en toda la isla” para la construcción de otro puerto industrial.
Según el informe presentado hace diez años, el colapso del puerto marítimo de Santa Cruz de Tenerife se produciría en 2008. Pero eso no ha ocurrido. Sobre la ubicación, la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, integrada por movimientos sociales, ecologistas y diversos científicos y profesores de la Universidad de Canarias, explica en los informes técnicos que, debido a la situación, Granadilla estará cerrado al tráfico marítimo gran parte del tiempo debido a los vientos que azotan esta zona. Lo mismo ocurre con un puerto similar construido en Gran Canaria, el puerto de Arinaga, que está paralizado desde que se acabaron las obras.
Por otra parte, “la obstaculización de las corrientes marinas y eólicas que produciría el dique exterior del puerto interrumpirá la dinámica normal del litoral, cambiará las corrientes marinas y el aporte de arena a las playas y dunas de la zona”, entre otros impactos, explica Javier Jiménez, de la asociación Ben Magec-Ecologistas en Acción. Asimismo, el puerto afectará a dos formaciones, como la Montaña Pelada y Montaña Roja, en perfecto estado de conservación, y a especies catalogadas en peligro de extinción como la piña de mar y la tortuga boba, que van a desaparecer con las obras. También se extinguirá el sebadal, una pradera marina necesaria para mantener la biodiversidad y que hasta hace dos años se encontraba protegida, en peligro en las islas.
La desprotección de especies
Fue el sebadal, las sucesivas denuncias ante los tribunales y la movilización popular lo que consiguió frenar las obras del puerto de Granadilla. En 2009 el Gobierno insular intentó descatalogar los sebadales para iniciar la construcción del puerto pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias frenó las obras. Un año después, Coalición Canaria volvió a descatalogar los sebadales, esta vez modificando el libro de especies protegidas de Canarias.
En 2010, CC, en el Gobierno junto con el PP, elaboró un nuevo catálogo de especies amenazadas en el que 226 de ellas se desprotegieron, se rebajó la protección de 131 y 94 pasaron a tener una clasificación ambigua. Ese fue el caso del sebadal, que de estar en “peligro de extinción” pasó a ser “de interés para los ecosistemas canarios”. De nada sirvieron las multitudinarias movilizaciones ciudadanas, ni las 60.000 firmas recogidas en contra del nuevo catálogo de especies de Canarias.
Pero la lucha continúa. El 12 de mayo se presentaron 5.000 firmas en el Ministerio de Medio Ambiente en contra del nuevo catálogo canario. Además, EcoOcéanos, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Ben Magec- Ecologistas en Acción y Plataforma contra el puerto de Granadilla han puesto en marcha una campaña de denuncia para exigir la paralización de lo que consideran uno de “los mayores despilfarros económicos y una barbaridad ambiental”, mientras se recortan derechos fundamentales de los ciudadanos.
Catedráticos y científicos canarios denuncian también el elevado coste ambiental y económico del puerto de Granadilla, como Alberto Brito, catedrático de biodiversidad marina o Wolfredo Wildpret, catedrático de la Universidad de La Laguna, quien asegura que “no existe en todo el territorio europeo tanta biodiversidad en tan poco espacio, aunque una parte de esa biodiversidad está en manos del poder económico y se encuentra en franco retroceso”. Según Federico Aguilera, catedrático de economía aplicada: “No hay dinero para financiar el disparate del puerto de Granadilla. No es rentable, ni social ni económicamente”.
Lo mismo piensa el exdirector de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Anatael: “Ésta es una obra ilegal porque no tiene asegurada la financiación y no es necesaria. Se están construyendo ya los cajones para formar el dique exterior del puerto de Granadilla. Cada uno tiene 45 metros de largo, por 20 de ancho y una profundidad de 18 metros. Esto es como un edificio de 18 plantas, cada uno. Se están construyendo a un ritmo de un cajón cada cinco días, serán 100 en total y cada cajón cuesta un millón de euros. ¿De dónde van a sacar el dinero para la ejecución de la obra? El endeudamiento va a ser tal que va impedir a la Autoridad Portuaria realizar obras en 20 años”. Fran Castro, de BenMagec, asegura que se corre un grave riesgo: “Se va a destrozar todo en una primera fase, para la que hay dinero, 150millones de euros, pero para el resto de la obra, 250 millones, no hay financiación. El remate del disparate ambiental y social, con los recortes que se están aplicando”.
* Diagonal - 14.6.12
Foto: El Puerto de Granadilla, en construcción.- José Mesa
Los indignados continúan su asedio a Bankia, "la cueva de Alí Babá"
PÚBLICO* : Miles de personas salen a las calles para denunciar el rescate de la Unión Europea y sus posibles contrapartidas. En Madrid, los indignados han realizado una cacerolada frente a la sede de Bankia, donde la Policía ha detenido a dos manifestantes.
Los indignados continúan su particular cruzada contra Bankia. Contra la inyección de liquidez a la entidad bancaria a base de dinero público, contra el rescate de la Unión Europea que según prometió Rajoy no tendría más recortes en derechos sociales como contrapartida, pero que se ha seguido de la recomendación del FMI sobre el aumento del IVA y la bajada del sueldo a los funcionarios.
A las siete de la tarde miles de personas se han reunido en el barrio madrileño de Cuatro Caminos para realizar un recorrido que ha tenido como punto de llegada la sede de Bankia en Plaza de Castilla, albergada en la edificación de las Torres KIO, frente a la que han hecho sonar su grito de denuncia con cacerolas y sartenes. 'Ahí está la cueva de Alí Babá' ha sido la consigna que los marchantes de la capital han recitado a su paso por una sucursal bancaria en la concentración que "no ha sido comunicada" a la Delegación del Gobierno, según informan a EFE fuentes del organismo público. Un grito habitual que se ha escuchado entre otros también conocidos como 'Que no nos representan', 'No es un rescate, es un saqueo' o 'Y luego direis que somos 5 ó 6'.
Durante la sentada, la Policía ha rodeado los edificios entre los que se encontraban los indignados con la gestión de Bankia, que califican de "estafa" y "saqueo", y donde dos personas han sido detenidas al encararse con los agentes. En la protesta se han sucedido las muestras de apoyo a los mineros de Asturias, en huelga por los recortes en el sector desde hace 20 días.
Los 'Yayoflautas' también han hecho acto de presencia, acompañados de pancartas entre los que se reivindica su lucha por "conservar y mejorar nuestros derechos para las generaciones presentes y futuras". Algunos indignados han imprimido carteles personalizados que han pegado en establecimientos bancarios. En ellos han puesto rostros de personas que han sido desahuciadas, bajo una invitación con forma de hashtag: #encaralabanca, una iniciativa que ha circulado por internet, organizada por la asamblea de vivienda del movimiento.
Bajo el lema 'El seu rescat, les nostres retallades' ('Su rescate, nuestros recortes'), también en Barcelona han salido a la calle. Las seis de la tarde ha sido la hora de salida de la manifestación que ha tenido como punto de encuentro la sede del PP para desplazarse después al edificio de la entidad bancaria Bankia en la capital catalana. Y en Bilbao la misma causa ha sacado a cientos de personas de sus casas, que igualmente han recorrido distintas cajas y bancos ("entidades de ladrones", critican desde una de las cuentas del 15-M en Twitter ), repasando la reivindicación de que se depuren responsabilidades en el sistema financiero.
Las redes sociales vuelven a ser el nexo de unión entre los manifestantes, que han utilizado en Twitter el hashtag #eldiadelabestia en alusión a la película en la que Alex de la Iglesia convertía las Torres KIO en el símbolo del diablo. #BankiaAlBankillo, #ElPobleVsBankia y #16J han sido otras de las referencias para hablar sobre la marcha en el site de los 140 caracteres.
* Público - 16.6.12
Foto: publicada en el Facebook de 'Acampada Sol'.
Feijóo ‘perdona’ una multa de tres millones a la firma del exalcalde de Sanxenxo
ELPAÍS/Pontevedra* : El Consello da Xunta del pasado 24 de noviembre acordó perdonar una sanción de 3.055.841 euros a la empresa Construcuatro, de la que en aquel momento era socio y consejero delegado Telmo Martín, ahora diputado del PP en el Congreso y antes alcalde de Sanxenxo, por la construcción en este municipio de un edificio de seis plantas que invade el dominio público de la playa de Silgar. La Xunta silenció ese acuerdo en la referencia pública de los adoptados en esa sesión del Consello. La decisión ignora la propuesta de sanción de tres millones del técnico que instruyó el expediente, en 2005, y da por bueno otro informe solicitado a mayores de Cristina Paz-Curbera y Llovet, a la sazón jefa del servicio de Gestión de Dominio Público y luego de la Demarcación de Costas de Pontevedra, cargo al que está previsto que vuelva la próxima semana.
La Xunta, para oficializar el perdón de los más tres millones de euros a la constructora de la que fue socio Telmo Martín hasta hace unos meses, convalidó en noviembre una resolución del conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos \[Enrique López Veiga\] de 18 de febrero de 2005, días antes de que el PP perdiera las elecciones autonómicas, y que fue recurrida en los tribunales. La resolución del expediente abierto a Construcuatro era competencia del Consello de la Xunta y no del conselleiro, sentenció el Tribunal Supremo en firme el pasado mes de junio. El conselleiro lo anticipaba ya en los fundamentos de su propia resolución, que no obstante determinó el sobreimiento “del expediente sancionador”. El Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo acordó “convalidar la resolución \[de López Veiga\] y acordar así el sobreseimiento del citado expediente seguido contra Construcuatro SA por la realización de obras en la zona de servidumbre de protección marítima en Sanxenxo”.
La obra es un edificio residencial de seis plantas a pie de la glamurosa playa de Silgar y en el que el propio Telmo Martín se reservó un piso con dos terrazas. Invade entre uno y 2,69 metros el dominio público desde la línea de playa, que debería ser, como establece la Ley de Costas, de 20 metros. Fue denunciado por la ONG Salvemos Pontevedra y el instructor, dependiente entonces de la Consellería de Pesca que presidía López Veiga, formuló “los hechos imputados, los preceptos infringidos, los preceptos sancionadores y la posible sanción” que fueron comunicadas a las partes. Tras recibir sus alegaciones, propuso la sanción.
Pero López Veiga recabó un “informe aclaratorio” de la Demarcación de Costas de Pontevedra, que a la sazón dirigía José Antonio Rueda Crespo, exsenador del PP y exvicepresidente de la Diputación de Pontevedra, fallecido el pasado mes de enero. Era el padre del actual conselleiro de Presidencia y secretario general del partido en Galicia, Alfonso Rueda. El trámite se realizó con sorprendente celeridad.
Paz-Curbera, subordinada de Rueda Crespo, realizó el informe, atribuyendo la invasión de Construcuatro del dominio público a “un error en el grafiado” de los planos, ya que la servidumbre de protección, dice Paz-Curbera, “en un primer momento se marcó a 19 metros cuando su correcta medición en este tramo es de 20 metros”.
Pero no se entiende por qué se grafiaron 19 metros en lugar de 20, cuando la Ley de Costas es taxativa en ese sentido. Además, según fuentes consultadas por este periódico, cuando se incoa un deslinde, se facilita una línea de dominio público y una línea de servidumbre de protección —20 metros en zonas urbanas y 100 metros en los demás casos— que se comunican, entre otros organismos, al Ayuntamiento correspondiente y a la Xunta. Esas líneas dan la plena validez legal hasta que se aprueba el deslinde definitivo. Cualquier otro plano que se utilice entre la incoación y la aprobación definitiva del deslinde carece de validez legal, nadie puede esgrimirlos como planos de deslinde. Los de Sanxenxo están aún sin aprobar, aunque el deslinde fue incoado ya en 1998.
Por lo demás, la línea de dominio público de la playa de Silgar fue siempre la misma. La constructora pudo fácilmente medir sus lindes y comprobar si cumplían el mandato legal. “Con o sin errores, con o sin planos, las referencias estaban claras y las distancias también”, aseguran los expertos. López Veiga, sin embargo, a la vista del informe de Paz-Curbera y pese a reconocer que la imposición de multas de más de 601.000 euros correspondía al Consello da Xunta y no a él, sobreseyó el expediente sancionador “por presuntas obras abusivas en la zona de servidumbre de protección”.
Los sucesivos recursos de las partes, contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de casación ante el Tribunal Supremo, confirmaron que el órgano competente para resolver el expediente sancionador era el Consello da Xunta, que lo oficializó en noviembre como se dice, a la chita callando y sin pronunciarse sobre la reposición de la legalidad urbanística que también, tras rebatir las alegaciones de Construcuatro, requería el instructor en su propuesta de resolución: imponer la sanción “y ordenar la vuelta de los terrenos donde se ejecutaron las obras a su primitivo estado”.
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán se ha referido a este caso asegurando que Telmo Martín es una gran emprendedor. "Ojalá hubiera empresarios como Telmo Martín", afirmó Louzán, "emprendedores desde siempre, que ayudan a crear empleo y riqueza".
Multa en Vigo y más enjuagues en Sanxenxo
La Xunta tiene pendiente de ejecutar otra sanción a la empresa Construcuatro de 3,7 millones de euros, de los que 1,23 millones corresponden a la devolución de los sobreprecios que cobró a compradores de pisos protegidos en un edificio que construyó en el polígono vigués de Navia, y 2,47 millones, el doble de las cantidades indebidamente cobradas, por la sanción mínima que procedía aplicar. La empresa ha presentado recurso de alzada y, cuando la Xunta lo resuelva, si confirma la sanción, aún le queda la vía contencioso-administrativa.
Telmo Martín fue consejero delegado de la constructora hasta el 23 de diciembre pasado, fecha en la que le reemplazó en el cargo, como en otras de sus empresas, su mujer, María Dolores Táboas Carballal. Él ha abandonado la política local —renunció a su acta de concejal de Pontevedra— para dedicarse intensamente al Congreso, donde consiguió escaño en las elecciones de noviembre y figura como el diputado más rico, con un patrimonio declarado de 21,5 millones de euros.
En Pontevedra, a cuya alcaldía aspiraba después de su tronitonante éxito como regidor de Sanxenxo, recibió un batacazo y de ahí su deriva política. Los desmanes urbanísticos de la villa que van evidenciando los tribunales también empañan su gestión como regidor, algunos también propiciados por Cristina Paz-Curbera y Llovet como responsable de la Demarcación de Costas.
Paz-Curbera, que elaboró el informe exculpatorio de Construcuatro por el edificio de Silgar aduciendo errores de grafiado en los planos, ya desempeñó esa jefatura (2005-09) y arrastra un pleito por construirse un chalé en suelo no urbanizable, que el plan general aprobado en el mandato de Telmo Martín recalificó a urbanizable (2003), y en zona de protección del dominio público marítimo-terrestre —en un acantilado próximo a las playas de A Carabuxeira y Areas— que ella debió preservar. Paz-Curbera también contribuyó a autorizar el chalé de un concejal con problemas análogos. Pese a ello, Alfonso Rueda la propone como candidata única para volver a la jefatura de Costas de Pontevedra. Está previsto nombrarla esta semana.
* El País - PRIMITIVO CARBAJO - 16 ABR 2012
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), edificio ilegal exalcalde en Playa_Silgar - elpais
México cancela un megaproyecto de la CAM para urbanizar una zona protegida
ELPAÍS* : El Gobierno mexicano anunció este viernes que revocó a la empresa española Hansa Urbana la autorización para construir un enorme proyecto inmobiliario, llamado Cabo Cortés, en una zona virgen de Baja California Sur. La decisión supone una victoria para la comunidad de Cabo Pulmo y para los activistas a favor del medio ambiente, que durante años denunciaron que ese desarrollo inmobiliario de 3.800 hectáreas no cumplía con las regulaciones ecológicas y que suponía una amenaza para uno de los arrecifes coralinos más importantes de México. El proyecto, un plan urbanístico de 8.000 casas y 15 hoteles en el litoral, es controlado ahora por la intervenida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que no solo es socio en la promoción sino que canjeó deuda de Hansa Urbana por acciones de la inmobiliaria con sede en Alicante.
“Cabo Cortés no se llevará a cabo. Lo que demuestra el compromiso del Gobierno, para asegurar la riqueza natural de México”, dijo el presidente Felipe Calderón en una ceremonia en la residencia oficial de Los Pinos. “Ha quedado claro para el Gobierno de la República que el proyecto original de Cabo Cortés, tal y como fue presentado, no ha demostrado aún, clara e indubitablemente, su sostenibilidad. Particularmente tratándose de un área tan importante para el Mar de Cortés, de México y el mundo”, informó en un comunicado la secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En un comunicado de prensa, la sociedad propietaria del proyecto Cabo Cortés, Hansa Baja Investments, comunicó que “la compañía llevará a cabo un replanteamiento del proyecto, con el objetivo de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y turístico de Baja California Sur y la sustentabilidad medioambiental. La compañía planteará un nuevo proyecto, cuyo desarrollo estará bajo el asesoramiento de gestores cualificados en materia medioambiental, con amplia experiencia en proyectos similares en México y a nivel internacional, que será compatible con la conservación y preservación de las condiciones medioambientales de la zona".
Un portavoz de la CAM insistió en la misma idea: que replantearán el proyecto para intentar adecuarlo a las exigencias de México, algo que suena extremadamente complicado tras el anuncio de Calderón, informa Rafael Méndez. La CAM es una de las entidades españolas que ha necesitado inyecciones de dinero público y acabó nacionalizada hace un año. También Bancaja, la otra entidad financiera valenciana, hoy integrada en Bankia, tiene paralizadas inversiones en la zona de Cabo Cortés por motivos ambientales.
Según ha denunciado la organización Greenpeace, Hansa pretendía construir en Cabo Cortés "una marina de 490 amarres, instalada sobre las dunas costeras, 27.000 habitaciones y dos campos de golf. Es decir, una capacidad habitacional casi igual a la de Cancún, en una zona semidesértica que históricamente ha sido de muy baja densidad poblacional". Hansa compró los terrenos en 2007.
El desarrollo inmobiliario ponía en riesgo a Cabo Pulmo, la aledaña reserva natural decretada desde 1995 como Área Natural Protegida y Parque Nacional Marino, e integrado en 2005 como Patrimonio Natural de la Humanidad.
"El riesgo principal para el arrecife de Cabo Pulmo es el arrastre de contaminantes, sedimentos del dragado de la marina, aceites de las embarcaciones, salmueras de la desaladora, aguas residuales; especialmente en las épocas del año cuando las corrientes van del norte al sur. Todo esto impactaría directamente en la gran biodiversidad conservada y recuperada en 15 años de trabajo", señaló Greenpeace. El megaproyecto llegó a alertar a la Unesco.
Encabezados por Mirna Manuela Cañedo Castro, pobladores de Cabo Pulmo interpusieron el 1 de julio de 2011 un recurso de revisión que pretendía la revocación de los derechos autorizados por la Semarnat a Hansa Urbana para llevar a cabo Cabo Cortés.
Desde 2010, Greenpeace denunció que la Semarnat validó indebidamente y en dos ocasiones una Manifestación de Impacto Ambiental que incumplía con la regulación y pasaba por alto "la opinión de científicos, la fuerte oposición de la comunidad de Cabo Pulmo, así como los argumentos presentados por la coalición Cabo Pulmo Vivo y no tomó en cuenta la disponibilidad de agua de la región y los criterios del Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos".
Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México, dijo a EL PAÍS que el Gobierno mexicano ha dado marcha atrás a "una autorización ilegal, dos veces otorgada de manera equivocada, de esta manera está respondiendo al reclamo de 220.000 ciudadanos de México y el mundo".
Greenpeace demanda ahora que dimita el subsecretario Mauricio Limón, que fue el que revisó la autorización del proyecto. Además, Arendar manifestó que no cantan victoria porque no solo quieren revisar minuciosamente el decreto de la cancelación de los permisos, sino que también quieren vigilar en qué se traducen las palabras del presidente Calderón quien al anunciar la revocación dijo: "Acompañaremos a los inversionistas de Cabo Cortés a desarrollar un nuevo proyecto turístico que sí sea sostenible". Greenpeace se manifestó preocupada al respecto dada la falta de agua en esa región.
* El País - SALVADOR CAMARENA México 15 JUN 2012
Foto: México, reserva golfo California - greenpeace.org
El alcalde de Murcia sigue en el cargo pese a declarar como imputado
ELCONFIDENCIAL* : El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que hoy declara como imputado por presunta prevaricación, no seguirá el ejemplo de Rafael Blasco, portavoz del PP en las Cortes Valencianas, que abandonó provisionalmente sus funciones el pasado martes por la posibilidad de ser imputado en el caso del fraude de ayudas a la Cooperación, aunque al primer edil murciano le abrieron expediente informativo en la sede nacional de Génova el pasado 30 de mayo.
La situación procesal de Cámara es clara: está imputado y esta mañana, a partir de las diez, declara en una deposición que se prevé larga ante el juez David Castillejos que instruye el 'caso Umbra', en el que se investigan posibles delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros, cometidos con la firma de media docena de convenios urbanísticos que causaron pérdidas de varios cientos de millones de euros al Ayuntamiento de Murcia.
Sin embargo, aunque el propio alcalde de Murcia declaró el pasado 30 de mayo, tras ser imputado del día anterior, estar a disposición del partido “como cualquier otro militante”, la jefa de prensa del Ayuntamiento, Ana de la Cierva, aseguró ayer a El Confidencial que no era cierto que se le hubiera abierto expediente informativo por la dirección del PP a raíz de la imputación y se negó a hacer más precisiones.
Fuentes del Comité de Garantías regional consultadas por este diario dijeron que el caso compete al mismo organismo nacional, puesto que Cámara pertenece a la dirección estatal en tanto que alcalde de ciudad mayor de 50.000 habitantes y, además, secretario general del PP en la Región de Murcia.
La oficina de prensa de Génova confirmó ayer por la tarde la apertura del expediente, con fecha 30 de mayo y por comunicación del propio interesado, al estar afectado por el llamado código ético del partido aprobado en el congreso nacional del pasado febrero.
En su punto siete, ese texto establece “el compromiso de comunicar a la Dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del Partido el cargo público que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública”. Pero está claro que ni el alcalde ni la dirección del PP consideran que este último supuesto no se cumple, puesto que sigue en el cargo.
Junto a Cámara están imputados su ex concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, dos directores sucesivos de la Gerencia de Urbanismo (Pedro Morillas y Alberto Guerra), el ex jefe de Planeamiento (Joaquín Peñalver), la jefa de los Servicios Jurídicos municipales (Ana María Vidal) y varios empresarios, entre los que destaca Jesús Samper, dueño del Real Murcia C.F. y detentador de los derechos publicitarios de la selección española de fútbol.
Precisamente, el convenio firmado por el ayuntamiento y Samper para erigir un nuevo estadio de fútbol, recalificar millones de metros cuadrados y construir un gran centro comercial al norte de la ciudad fue el primero de los acuerdos que investiga el juez desde hace cinco años.
* El Confidencial - Vidal Coy. Murcia 15/06/2012
Foto: Murcia, alcalde a la salida juzgado - rtve
Manifestación #16J: Rescatemos personas, desahuciemos banqueros
SEGUIMOSENLASCALLES* : Manifestación en Madrid sábado 16 junio 19h, Cuatro Caminos – Torres Kio. Actividades de difusión y debate público el viernes 15 en plazas de barrios y pueblos de Madrid. Habrá movilizaciones también en otras ciudades y se convocan más actividades del 15 al 17 sobre bancos, deuda y en solidaridad con el pueblo griego.
El reciente rescate a los bancos supone un agravamiento de la situación de empobrecimiento colectivo a la que se nos somete desde el inicio de la crisis. A todas las personas se nos ha hipotecado el futuro al convertirnos en avalistas de los bancos. Después de años de enormes beneficios para una minoría, ahora nos obligan a pagar sus pérdidas. Lo que nos presentan como solución, como la la única opción posible, es un paso más hacia el abismo: más deuda, más déficit, más recortes. Estamos siguiendo los mismos pasos que Grecia y todos los otros países de todos los continentes que han sido estrangulados por una deuda ilegítima e imposible de pagar.
A esto queremos darle la vuelta. Mientras un gobierno que no nos representa mendiga la confianza de los mercados, nuestra confianza está en otra parte: las plazas del mundo están hablando, desde Tahrir a Syntagma. El único rescate posible es el rescate ciudadano, el que ponemos en práctica en cada desahucio parado y día a día en las redes de apoyo mutuo de los barrios. Por ello, saldremos a la calle el sábado 16 en manifestación hacia las Torres Kio (sede central de Bankia, corazón de la bestia financiera ante la que ha claudicado el Gobierno) y animamos a que todas las ciudades hagan suya esta fecha para movilizarse.
Aquí, en Grecia y en todos lados: ¡no debemos, no pagamos!
Si Bankia es nuestra, #StopDesahucios, dación en pago y alquiler social.
Viernes 15: Jornada de difusión de calle
Para preparar la jornada del sábado y puesto que ni De Guindos ni Rajoy ni los medios corporativos nos van a explicar lo que está pasando, invitamos a asambleas de barrios y pueblos, grupos de trabajo y colectivos a organizar actividades de difusión por las calles: mesas informativas, charlas, proyecciones de documentales, piquetes y pasacalles, caceroladas… Actividades para generar debate público y explicar nuestras razones para movilizarnos a todo el mundo. Reaprópiate de esta jornada de difusión. En esta página iremos colgando enlaces y documentos, puedes dejar más en los comentarios. Fotocopia, difunde y cuéntalo boca a boca.
* Nodo 50 - Opinión - 13.6.12
Foto: Indignados, cartel manifa 16J Bankia
La Fiscalía se querella por las obras sin licencia del Hipódromo de la Zarzuela
ELPAÍS/Madrid* : El Ministerio Público acusa al promotor de un "presunto delito contra la ordenación del territorio".
La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid ha formulado una querella por un presunto delito contra la ordenación del territorio contra el Hipódromo de la Zarzuela. El Ministerio Público abrió diligencias de investigación hace unas semanas para estudiar la denuncia de un particular acerca de las obras de reforma sin la correspondiente licencia urbanística que el Hipódromo ha estado llevando a cabo en la instalación, catalogada como bien de interés cultural (BIC) desde 2009.
La Fiscalía atribuye al Hipódromo de la Zarzuela S. A., una sociedad anónima propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Loterías y Apuestas del Estado (LAE), un "presunto delito contra la ordenación del territorio previsto en el artículo 319.1 del Código Penal", según una comunicación oficial a la que ha tenido acceso este diario. El artículo 319.1 prevé penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años a "los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables".
Las obras a las que se refiere el artículo del Código Penal son las realizadas en "suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección".
El Ayuntamiento de Madrid ordenó la paralización de la reforma del Hipódromo de la Zarzuela en febrero pasado, tras comprobar que las obras no contaban con la pertinente licencia urbanística. El jefe del Servicio de Disciplina Urbanística ordenó “la suspensión inmediata” de los trabajos en la zona de ensilladeros del hipódromo. En caso de incumplimiento, aseguraba la resolución, que adelantó EL PAÍS, “se dispondrá el precintado de las obras y la retirada de la maquinaria y materiales”.
Fue la denuncia de un particular la que motivó una visita de los inspectores de Urbanismo del Consistorio, que comprobaron cómo en la zona de ensilladeros se habían demolido parte de las antiguas construcciones y se había empezado a edificar una nueva, de una planta, con estructura de hormigón y mayor superficie que la anterior, destinada a acoger unos vestuarios. Esa reforma no tenía licencia. Y no era la única. La resolución del jefe de Disciplina Urbanística menciona también otras obras en el restaurante, en la tribuna central y en una de las terrazas de las instalaciones realizadas sin permiso.
La licencia de obras para el restaurante del Hipódromo únicamente permitía acometer reformas como acabados en fachadas exteriores o el retejado. Sin embargo, la inspección constató que se había construido un nuevo torreón. Además, se había demolido el forjado de la planta baja y se había hecho uno nuevo con mayor superficie en el sótano. En la tribuna central, cubierta por el célebre voladizo ideado por el ingeniero Eduardo Torroja, la propiedad había hecho obras de tapiado de puertas y huecos y apertura de otros nuevos. Finalmente, en una de las terrazas se ejecutó una superficie terriza en la que se plantaron árboles y se instalaron farolas. Ninguna de estas actuaciones estaba cubierta por las licencias urbanísticas, señala la resolución.
Pese a que el documento, firmado el 14 de febrero, ordena la “suspensión inmediata” de los trabajos, el Hipódromo siguió adelante con las reformas. Diez días después, un portavoz aseguró que no había llegado "confirmación oficial de la paralización de las obras” y añadió que el Hipódromo cuenta con una licencia para todo el recinto desde julio de 2011. Las obras que no están contempladas en la licencia “lo estarán en el plan especial que se aprobó inicialmente en septiembre pasado”, señaló. Es decir, el Hipódromo estuvo realizando obras sin esperar a tener permiso para ello. El Ayuntamiento no hizo visita de inspección para comprobar si la reforma se detuvo hasta el 1 de marzo.
En septiembre pasado el Ayuntamiento aprobó inicialmente un plan especial para regular sus obras de rehabilitación. Sin embargo, entonces ya estaban hechas el 70% de las reformas. Durante cerca de tres años, los gestores habían rehabilitado la pista, las tribunas, una de las dos zonas de cuadras, el aparcamiento, los accesos... El plan especial venía a regularizar unas obras ya hechas que, según la Concejalía de Urbanismo, hasta entonces se habían ido autorizando mediante licencias puntuales. El plan especial se aprobó definitivamente el 28 de febrero pasado.
Las reformas pretenden rentabilizar una finca de 110 hectáreas, propiedad de Patrimonio Nacional, que no acaba de despegar como polo de atracción del ocio de los madrileños y que en 2010 tuvo 3,1 millones de euros de pérdidas. El Hipódromo trató de reconvertirse en terraza de verano, con discoteca al aire libre, hace unos años, pero la Concejalía de Urbanismo emitió una orden de cese de actividad a raíz de la denuncia de un particular. No tenía licencia de funcionamiento.
* El País - ELENA G. SEVILLANO Madrid 13 JUN 2012
Foto: Una carrera de la temporada de primavera de 2010 en el Hipódromo de la Zarzuela. / SANTI BURGOS
550 viviendas paralizadas en Torredembarra
ELPAÍS/Tarragona* : Una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obliga a retornar el proyecto de construir 550 viviendas en Els Muntanyans (Torredembarra, Tarragonès) a su fase inicial. Es decir, a someter el plan a exposición pública durante un mes, según explicó este miércoles el alcalde de la localidad, Daniel Masagué (CiU). La sentencia se decanta así por la petición de un particular afectado, quien argumentó que no pudo presentar alegaciones al plan urbanístico. Masagué explicó que el proyecto se aprobó durante una junta de gobierno, y no en un pleno municipal. Pero, además, las obras seguirán paralizadas porque el Ayuntamiento no quiere resolver las alegaciones hasta que la justicia no determine otra denuncia, interpuesta por la Plataforma Salvem Els Muntanyans y recurrida por la Generalitat ante el Tribunal Supremo. Según Masagué, las intenciones del Ayuntamiento son “no construir” en Els Muntanyans.
De hecho, el plan parcial Muntanyans II lleva una década envuelto en polémica. Los 550 chalets proyectados se ubican al lado de un espacio natural protegido, muy cerca del mar. El proyecto se inició en 2002 y el plan parcial fue aprobado en 2006. Sin embargo, tras una demanda de la Plataforma Salvem Els Muntanyans el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo declaró nulo en julio del año pasado por vulnerar la prohibición de urbanizar y edificar en zonas inundables. Pese a la batalla judicial, se construyeron calles e instalaron farolas. “Las obras se paralizaron por la crisis, las viviendas tendrían que situarse en medio de dos espacios protegidos, entre el mar y la montaña. Además, el lugar se inunda porque es la zona de paso de una riera”, explicó Ramon Ferré, técnico de la asociación medioambiental Gepec-Edc. Según Ferré, Els Muntanyans es el cuarto enclave de Cataluña con más especies de aves localizadas y la fauna correrá peligro si se edifica allí.
En cambio, la Generalitat defiende la construcción de las viviendas. Tras la sentencia del TSJC, el Ejecutivo catalán presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. “Creemos que la sentencia es errónea porque se basa en un informe anterior, después el plan se reformuló intentando hacer compatibles los derechos de los constructores con las reivindicaciones de los ecologistas”, señala César Puig, director de los servicios territoriales de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat en Tarragona. Si se agota la vía judicial y el plan urbanístico queda tumbado definitivamente, la empresa promotora del proyecto, Vegas de Guadaira SL, podría reclamar una indemnización cercana a los 100 millones de euros. El dilema será entonces quién se hace cargo de los pagos. “El presupuesto total del Ayuntamiento no llega ni a la mitad”, afirma el alcalde de Torredembarra.
* El País - MERCÈ PÉREZ PONS - 14 JUN 2012
Foto: Torredembarra (Tarragona) - mma.es
El TSJA sentencia que el área de El Algarrobico no es urbanizable
PÚBLICO/Almería* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia por la que anula el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar de 2008 y restablece el paraje donde se asienta el hotel de El Algarrobico como espacio protegido no urbanizable.
En la sentencia, el alto tribunal andaluz estima un recurso contencioso-administrativo de Greenpeace al anular la calificación del sector sobre el que se asienta el hotel como C3, definido como "núcleos habitados preexistentes y otras zonas transformadas", y establecer que debe ser catalogado como zona C1 (área natural de interés general), como se establecía en el anterior PORN de 1994.
El TSJA subraya que el anterior plan "otorgaba una más intensa y mejor protección ambiental al sector", ya que la catalogación como C3 suponía que era "compatible con las nuevas edificaciones y la rehabilitación de las existentes para el desarrollo de actividades ligadas al turismo en el medio rural".
El alto tribunal había suspendido cautelarmente el PORN del 2008 al considerar que dejaba abierta la posibilidad de reactivar el hotel, una decisión que el Tribunal Supremo respaldó en una sentencia del pasado mes de septiembre al rechazar un recurso de la Junta de Andalucía.
El Supremo advertía de que la aplicación del PORN del 2008 produciría "un efecto devastador en relación a la construcción y utilización del establecimiento hotelero situado en la zona El Algarrobico", y señalaba que la zona "queda mejor amparada" en el PORN de 1994, que otorga "más intensa y mejor protección ambiental".
La nueva sentencia del TSJA, que revoca el PORN del 2008 en lo que se refiere al sector de El Algarobico por "no ser ajustado a derecho", rechaza el cambio de la planimetría realizada por la Junta en 1997, ya que advierte de que "no puede cambiarse el nivel de protección de un área con una mera corrección de errores".
El fallo señala que "más bien parece haber sido una triquiñuela para hacer jugar a la inversa la jerarquización de los planeamientos urbanísticos y medioambientales" y adaptar el PORN al planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Carboneras.
Demolición
El TSJA apunta que la "agresiva actuación humana" que ha supuesto la edificación, de más de 400 habitaciones y veinte plantas, "ha de ser corregida por otros cauces, pero no modificando a la baja el nivel de protección".
Así, hace referencia a las medidas de disciplina urbanística como la que establece que la edificación realizada sin licencia o sin ajustarse a sus condiciones e incompatible con el planeamiento vigente será demolida sin indemnización.
El fallo del TSJA llega después de que el propio Gobierno andaluz publicara el pasado 23 de marzo en el BOJA una resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que se declaraba la zona de El Algarrobico como espacio protegido no urbanizable.
La responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha considerado que este paso de la Junta fue una "herramienta electoral", dos días antes de las elecciones autonómicas, "anticipándose" al fallo conocido hoy.
* Público - EFE Almería 13/06/2012
Foto: Algarrobico demolición - greenpeace.org
Los vecinos emprenden una nueva ofensiva contra el plan urbanístico de Cabueñes
LNE/Asturias* : Tras un primer intento fallido de derribar en los tribunales el plan parcial que afecta a su parroquia, la Plataforma Contra el Muro de Cabueñes vuelve a la carga. Y se ampara en la legislación vigente en materia de urbanismo y ordenación del territorio para lanzar una nueva ofensiva -en esta ocasión por la vía administrativa- contra el proyecto para construir 600 viviendas entre el Hospital de Cabueñes y la carretera de Villaviciosa. «Damos el plan por fallecido», sentencian.
En esta defunción, según las alegaciones que la Plataforma presentará en el Ayuntamiento y que sus portavoces explicaron ayer, intervienen once factores. Entre ellos, uno relacionado con el artículo 77.6 del texto refundido de las disposiciones regionales sobre ordenación del territorio y urbanismo (TROTU), que ya anularía por sí solo la reciente aprobación inicial del plan de Cabueñes. «Extinguidos los efectos de la suspensión, no podrán acordarse nuevas suspensiones en el plazo de cinco años con idéntica finalidad», establece.
Ignacio Martínez, experto que asesora a la Plataforma en esta lucha urbanística, sostiene que el trámite llevado a cabo por el Gobierno de Foro «queda fuera del marco legal hasta 2014, al haberse realizado la anterior aprobación inicial en marzo de 2008», estando al frente de la Administración local PSOE e IU. Aquel plan parcial llevaba la firma del ex jefe de los servicios urbanísticos municipales, Ovidio Blanco, entonces en excedencia. El técnico ha retomado su labor como arquitecto del Ayuntamiento después de haber salido airoso de una imputación judicial relacionada con el plan de Cabueñes.
El diseño de la operación corre ahora a cargo de Jovino Martínez Sierra, que ha introducido cambios para hacerla más asumible desde el punto de vista paisajístico. Aunque no los suficientes para apaciguar las críticas de los vecinos, que observan en la nueva documentación la misma carga de irregularidades. «Es como si buscasen a propósito que les tumbaran el plan, lo que les permitiría exigir indemnización por lucro cesante», dejan caer los portavoces de la Plataforma en alusión a los promotores, Reyal Urbis, Lomas-Barajas, Beyos y Ponga (sociedad vinculada a Cajastur), Moro e Inmobiliaria Playa de Gijón.
Las alegaciones vecinales denuncian que «no se ha hecho un análisis ambiental del plan como es debido y exigible ni se tiene en cuenta la normativa de sonoridad ni tampoco se incluye un informe de sostenibilidad económica» que avale la futura urbanización. Aparte de una serie de «deficiencias» como que «el expediente no presente índice» o «la falta de documentos» que la Plataforma considera imprescindibles para un correcto seguimiento del plan.
* LNE - Miriam SUÁREZ - 14.6.12
Foto: Cabueñes (Asturias), vista - cabueñes
De Tarifa a Cabo de Peñas: Las otras playas vírgenes amenazadas por el ladrillo en España
RTVE* : 1.065 kilómetros por carretera separan Tarifa (Cádiz) de Cabo de Peñas (Asturias). Dos cabos, al sur y al norte de la España peninsular, en el mar Mediterráneo y en el Cantábrico, de gran belleza natural y bajo una misma amenaza denunciada por los grupos ecologistas: la urbanización de dos playas vírgenes, de las escasas que quedan en el litoral.
La playa de Valdevaqueros, de Tarifa, es el último caso que ha saltado a la opinión pública. Pero, en los alrededor de 6.000 kilómetros de costa que tiene España, incluidas las islas, hay otros puntos que preocupan especialmente a Greenpeace y a Ecologistas en Acción: El Palmar de Vejer de la Frontera (Cádiz), Cabo de Gata (Almería), Marina de Cope y Cartagena (Murcia), Es Trenc (Baleares) o Cabo de Peñas (Asturias) son algunos de los puntos más calientes, entre otros muchos salpicados por el litoral.
Analizamos la situación de estos puntos costeros en los que hay proyectos de urbanización denunciados por los grupos ecologistas que, a su vez, defienden ayuntamientos y Gobiernos autonómicos como factores generadores de empleo y turismo.
De trasfondo también se sitúa la futura reforma de la Ley de Costas -la actual data de 1988-, que el Gobierno pretende llevar a las Cortes antes del verano, y que prevé ampliar las concesiones del dominio público costero más allá de los 30 años y obligar a los concesionarios a ser "corresponsables" de la conservación. La zona de servidumbre costera se mantendrá en 100 metros como regla general y en 20 en los núcleos urbanos anteriores a 1988.
Los grupos ecologistas, encuadrados en la Plataforma 'No a nuestra costa', abogan por la aplicación correcta de la ley actual y están expectantes a los movimientos del Ejecutivo. Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, advierte de que "cualquier flexibilización" de la norma podría "volver a hinchar la burbuja inmobiliaria" y la coordinadora del Área de Mar de Ecologistas en Acción, Natalia Martín, teme que el PP pretenda modificar la ley teniendo en cuenta los "intereses económicos privados" y se "vuelva al modelo anterior".
El Palmar (Cádiz)
Apenas a 60 kilómetros de la playa de Valdevaqueros (Tarifa), donde PP y PSOE han aprobado un plan de urbanización que contempla 1.423 plazas hoteleras y 350 viviendas, en El Palmar de Vejer de la Frontera, la misma promotora urbanística, el Grupo Tarje, del empresario Juan Muñoz, impulsa desde 2009 un "macroproyecto hotelero", denuncian a RTVE.es Greenpeace y Ecologistas en Acción.
La Plataforma Salvar El Palmar -con más de 12.000 amigos en Facebook- lucha para evitar la construcción de más de 1.400 plazas hoteleras en esta zona paradisíaca del mar de Trafalgar, un proyecto que ahora está parado, "según la Administración por falta de financiación", explica Antonio Nabú, de la plataforma, que añade que la mitad del terreno es de Bankia, la entidad bancaria en el ojo del huracán de la crisis financiera. No obstante, la responsable de Costas de Greenpeace teme que, "en cuanto haya liquidez, salga adelante".
Nabú indica que hay presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el plan parcial y tienen la esperanza de que no se ejecute porque el terreno está calificado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía como "zona inundable". Además, se pregunta "cómo puede ser sostenible" construir casi 1.500 plazas hoteleras en un lugar donde viven 500 personas y duda del reclamo turístico en una zona en la que "puedes estar 15 días sin poder pisar la playa porque se mete el viento Levante", por lo que teme que al final los apartahoteles se vendan como segunda vivienda.
Desde Salvar El Palmar también advierten de que ya se ha comprobado que "el modelo económico del ladrillo es pan para hoy y hambre para mañana".
El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, gobernado desde 2011 por el PP y antes por el PSOE, que ante la plataforma alega que el proyecto es legal y que generará empleo en el municipio, no ha querido hacer declaraciones a RTVE.es porque consideran que no se puede vincular este tema con el de Valdevaqueros.
Cabo de Gata (Almería)
Mientras que el tristemente famoso hotel Algarrobico, pese a los fallos judiciales que confirman su ilegalidad, sigue en pie en Carboneras a la entrada del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) a la espera de que la interminable burocracia culmine con su demolición, los grupos conservacionistas denuncian otras amenazas para uno de los espacios naturales mejor conservados del Mediterráneo.
El último golpe para esta Reserva de la Bioesfera ha caído a 10 kilómetros del Algarrobico en forma de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha estimado parcialmente un recurso contencioso administrativo de la promotora de la macrourbanización Marinas de Aguamarga y declara urbanizable esta zona costera de Níjar, donde hay proyectadas 350 viviendas y un hotel con 300 plazas. El TSJA anula por "arbitrario" el nivel de protección ambiental otorgado por la Junta de Andalucía a la zona, aunque hay un fallo del Supremo de 2007 que anula otro del tribunal andaluz que validaba la ejecución de la urbanización.
El portavoz de la Plataforma de Defensa del Parque Natural y presidente del Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), José Rivera, confía en que esa "contradicción" entre fallos judiciales acabe por hacer inviable la urbanización y, para ello, han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con la esperanza de que finalmente sea la sentencia del Alto Tribunal, la que dice que la zona no es urbanizable, "la que valga". Además, espera que la crisis impida que de momento se construya nada, aunque teme que sí puedan ejecutarse pequeñas actuaciones y que "al final se acaben cargando la zona".
Rivera alerta de otros dos proyectos, ambos también en Níjar: uno que prevé construir un hotel de 50 habitaciones en Campillo de Gata en Pujaire, con polémica judicial de por medio -un juzgado de Almería ha incoado procedimiento por prevaricación contra cargos de la Consejería de Medio Ambiente por dictar resoluciones contra el inicio de las obras y vulnerar acuerdos del TSJA favorables al proyecto-; y otro de una urbanización en La Fabriquilla con 150 viviendas y un hotel, que el Supremo ha avalado como urbanizable, aunque las dificultades para garantizar el abastecimiento de agua pueden disuadir a los inversores.
Desde la plataforma cívica llaman la atención de los promotores y les recuerda que ya hay construidos en el entorno del parque, en El Toyo y Macenas, macrourbanizaciones, hoteles y campos de golf que "languidecen" sin clientes ni inquilinos.
Por su parte, el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez (PP), ha asegurado a RTVE.es que el consistorio "siempre ha acatado las resoluciones judiciales" y ha estado "a lo que diga la Justicia", que en el caso de Aguamarga "ha dicho que hemos actuado conforme a derecho". Para Rodríguez, el proyecto resuelve "la asignatura pendiente" de Níjar de aprovechar la rentabilidad turística y sin que vaya a suponer "una masificación ni una aglomeración" de viviendas para el municipio.
Sobre los casos de Campillo de Gata y La Fabriquilla, el alcalde del municipio almeriense ha recordado que están parados porque están en los tribunales y no ha creído conveniente hacer ninguna valoración "hasta que la Justicia se pronuncie".
Marina de Cope (Murcia)
Siguiendo por la costa del Levante español, llegamos a la Región de Murcia. Allí, en uno "de los pocos tramos de costa que quedan vírgenes", según denuncia Ecologistas en Acción, está proyectado Marina Cope, un megacomplejo turístico, entre Lorca y Águilas, sobre 21 millones de metros cuadrados con 20.000 plazas turísticas. El enclave está rodeado por un LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y el Parque Regional de Cabo de Cope y Puntas del Calnegre.
"Es otro Marina D'Or que supone repetir los errores del pasado", asegura a RTVE.es Natalia Martín, que recuerda que el proyecto se inició en 2001 y acaba de recibir un último impulso.
La Consejería de Obras Públicas y Política Territorial del Gobierno de Murcia, del PP, aprobó el pasado 21 de mayo una orden que daba conformidad a las modificaciones de los planes urbanísticos de Lorca y Águilas y "da cumplimiento adecuadamente" a los requerimientos medioambientales de la Comunidad Autónoma y de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del Ministerio de Medio Ambiente, según aseguran a RTVE.es desde la Administración regional.
Desde la consejería se subraya que la iniciativa es "respetuosa" con el medio ambiente y tiene "todos los parabienes" y señalan que se han introducido una serie de limitaciones para la "protección de la fauna y flora autóctonas" y un plan de movilidad sostenible. Además, recuerdan que en 2004 la actuación fue declarada "de interés regional" con el objetivo de "potenciar el turismo de calidad" y sostienen que "prueba del detalle y rigurosidad" con los que se ha llevado a cabo el proyecto es que han transcurrido más de 10 años desde su inicio.
El siguiente paso será la redacción de un Plan Especial, promovido por el Consorcio de Marina de Cope, que deberá ser otra vez aprobado por Obras Públicas, por eso no pueden dar fechas estimadas de inicio de obras, "aunque sabemos que habrá algún promotor" que ejecutará el megacomplejo.
Pedro García, de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), ha anunciado que interpondrán un recurso contencioso administrativo contra esta resolución del Gobierno de la Región, a la vez que ha recordado que aún debe resolver el Tribunal Constitucional un recurso del PSOE y varias organizaciones ecologistas contra la corrección del límite del LIC de Marina de Cope que hizo el Ejecutivo murciano hace 11 años. "Es nuestra gran esperanza", afirma.
ANSE denuncia otros dos proyectos en la fachada de la costa murciana de una misma promotora, Hansa Urbana, "coparticipada por la intervenida CAM": la construcción de 7.700 viviendas y un campo de golf en las inmediaciones de Puntas del Calnegre, en el término municipal de Lorca; y la macrourbanización Novo Carthago, junto al Mar Menor y el humedal de Lo Poyo, en San Ginés de la Jara (Cartagena), que prevé levantar entre 8.000 y 10.000 viviendas, dos campos de golf y varios hoteles.
El primer teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Patrimonio y Medio Ambiente de Cartagena, Joaquín Segado, ha explicado que el proyecto de Novo Carthago lleva siete años tramitándose y ha pasado ya "favorablemente" dos declaraciones de impacto ambiental, la del PGOU y el plan parcial, y el proyecto urbanizador deberá pasar otra más.
Ha asegurado que una de las modificaciones del PGOU implicó "sacar" el proyecto de zona protegida y ha destacado que la actuación, "con al menos dos hoteles y 5.000 viviendas", pretende "fomentar el turismo de cierto nivel", de forma similar al ya existente La Manga Club, "que compagina perfectamente el respeto al medio ambiente y la actividad turística que genera empleo". Además, destaca que Hansa Urbana debe restaurar el Monasterio de San Ginés de la Jara, un Bien de Interés Cultural (BIC).
El Ayuntamiento de Lorca no ha respondido a la solicitud de información de RTVE.es sobre los proyectos de Marina de Cope y Calnegre.
Es Trenc (Mallorca)
A unos 150 metros de la impresionante playa mallorquina de Es Trenc está prevista la construcción de un complejo hotelero de 5 estrellas y con 1.200 plazas, un campo de golf y zonas polideportivas, que afectará a los arenales de Sa Ràpita y Es Trenc, aunque no se encuentra dentro del Área Natural de Especial Interés (ANEI), pero sí colinda.
El Govern de Baleares, del PP, lo declaró en abril pasado "proyecto de interés autonómico", lo que implica "reducir a la mitad los plazos de tramitación administrativa para tranquilizar a los inversores", denuncia a RTVE.es Margalida Ramis, del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), que añade que el Govern y el Consell de Mallorca se han "alineado con los intereses" del Ayuntamiento de Campos para "desbloquear" la actuación.
Además, el Consell de Mallorca aprobó, con los votos del PP, una resolución en la que se corregía un "supuesto error material" del Plan Territorial de Mallorca (PTM) que aumentaba de dos a 19 las hectáreas susceptibles de urbanización turística en Sa Ràpita. La resolución ha sido recurrida por el PSIB-PSOE ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
El grupo ecologista advierte de la "presión y el impacto" que la construcción de este proyecto hotelero tendría sobre el sistema de dunas y la franja litoral de la zona, "muy frágiles y ya muy vulnerables" por la gran afluencia turística en verano. Desde el GOB confían, una vez más, en la "falta de liquidez" por la crisis para que el complejo no se construya, ya que hasta el momento no se ha presentado proyecto.
Por su parte, el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, en declaraciones a RTVE.es, tras destacar que el hotel de lujo se situará "a cinco kilómetros de la playa", ha justificado la declaración de "interés autonómico" por los "beneficios" que puede tener para los vecinos de Campos y para la empresa turística, además de su "escaso impacto medioambiental" al edificarse en terreno permitido por el PTM. Además, recuerda que este plan fue aprobado la legislatura pasada por el Ejecutivo "de izquierdas" en el Consell de Mallorca.
Según Company, el arenal de Es Trenc "seguirá igual de protegido con o sin hotel de lujo a cinco kilómetros", ya que su protección "está absolutamente garantizada por diferentes figuras" y sostiene que, quien diga lo contrario, "hace un ejercicio de demagogia barata que lleva a la confusión y le hace un flaco favor a las Illes Baleares", a la vez que aboga por conjugar el desarrollo económico con el respeto a las playas y paisajes.
Además, el conseller lanza el mensaje de que el Govern "no tiene ninguna intención de iniciar ninguna carrera urbanizadora, ni desproteger zonas o espacios que cuentan con protección justificada" y recalca que no harán "un urbanismo ideológico, como hicieron otros durante la pasada legislatura, protegiendo terrenos que estaban urbanizados con el consecuente perjuicio para promotores y propietarios".
Cabo de Peñas (Asturias)
A más de mil kilómetros del inicio de nuestro recorrido, en el punto más septentrional del Principado de Asturias, se encuentra Cabo de Peñas, Paisaje Protegido, LIC y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), ubicado en el municipio de Gozón. A 500 metros de la playa de Verdicio de este municipio está prevista la construcción de un campo de golf y 500 viviendas unifamiliares, denuncia la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies.
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) del Principado acaba de aprobar -a finales de mayo justo antes de que se hiciera efectivo el cambio de Gobierno- el Plan General de Ordenación de Gozón que contempla este proyecto, que supondrá "un verdadero desastre" para la zona, según Fruti Pontigo, del grupo ecologista, que anuncia que se recurrirá judicialmente.
Por su parte, el primer teniente de alcalde de Gozón, Ramón Artime, defiende a RTVE.es que el proyecto "cumple con la legalidad al cien por cien" y supone una "apuesta por el turismo de calidad, que genera riqueza y empleo" para que este concejo se dinamice "y cambie el turismo de bolsa, casera y bocadillo de un día". El edil añade que de los 80 kilómetros cuadrados de Gozón, un total de 25 están protegidos, y lamenta que haya oposición a construir donde sí se puede. "No está la cosa en España para discutir inversiones", concluye.
La Coordinadora Ecoloxista también denuncia otros dos LIC amenazados por la excavadora en Asturias: las dunas del Espartal, en Castrillón, monumento natural en primera línea de playa junto al que están previstas 300 viviendas; y la turbera de las Dueñas, en Cudillero, también monumento natural y donde se proyectan 900 viviendas entre edificios e inmuebles unifamiliares.
En contra de lo que piensan otros ecologistas, para Pontigo, es "una falsa realidad" que la crisis vaya a parar estos proyectos urbanísticos por la sencilla razón de que "los ayuntamientos están faltos de dinero y dan más facilidades que nunca porque están desesperados". Además, alerta que también son oportunidades para la especulación "para comprar ahora barato y luego vender caro".
Todos estos son solo algunos de los casos con más repercusión nacional, pero los grupos ecologistas de toda España tienen abiertos otros muchos frentes en los 6.000 kilómetros de nuestro litoral, aún amenazado por la piqueta pese al pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
* RTVE Noticias - LAURA G. TORRES - 10.6.12
Foto: Tarifa (Cádiz), salvemos Valdevaqueros
El fiscal de Malaya pide 497 años de cárcel y multas que suman 3.800 millones
ELPAÍS/Marbella* : El fiscal anticorrupción de Málaga Juan Carlos López Caballero no es un hombre dado a golpes de efecto. El representante del ministerio público elevó ayer a definitivo su escrito de acusación provisional en el caso Malaya, la macrocausa sobre la corrupción municipal en Marbella. Y lo hizo sin introducir modificaciones de calado tras 180 jornadas de vista oral que se iniciaron en septiembre de 2010.
La modificación más significativa fue la retirada de la acusación a nueve de los 95 procesados iniciales, todos ellos personajes secundarios. El fiscal reclama para los 86 restantes penas que suman 497 años de cárcel y 3.800 millones de euros de multa. Los 435 folios del escrito final acusatorio sobre la trama de blanqueo supuestamente encabezada por Juan Antonio Roca mantienen casi en su integridad los postulados de partida. El fiscal reclama 30 años de prisión, 81 de inhabilitación y 810 millones de euros de multa para el cerebro de la trama por diversos delitos de blanqueo, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho. Ni un año más ni un euro menos que antes.
Respecto a Roca, en prisión desde marzo de 2006, solo cambian dos puntos de la acusación pública. El exasesor podrá conservar los bienes adquiridos por sus sociedades con anterioridad a 1996. Entre estas propiedades destaca su domicilio particular, un dúplex de lujo en el edificio Poseidón, en una de las mejores zonas de Marbella. El fiscal tuvo que renunciar al comiso de estos bienes debido a que cuando fueron adquiridos todavía no estaba en vigor la actual legislación antiblanqueo. El hecho de no pedir el comiso no implica que, en caso de resultar condenado en esta o en alguna de las otras 31 causas en las que está imputado, no se pueda obligar a Roca a responder de posibles multas o responsabilidades civiles con esos bienes.
Otro cambio en el escrito de López Caballero consiste en ofrecer el delito de apropiación indebida como alternativa a los delitos de malversación de caudales públicos. Este cambio supondría una pena máxima para Roca de 28 años de prisión. El fiscal recuerda en su escrito que Roca gastó más de 200 millones de euros entre 1997 y 2005 en inmuebles, vehículos, yates, mobiliario, viajes y obras de arte, una cantidad "que no puede justificarse sobre la base de las rentas lícitas conocidas" del exasesor y de su familia. Este patrimonio inmenso se ocultaba tras un entramado en el que el fiscal ha identificado al menos 70 sociedades.
Quien quizá salió más beneficiada de la sesión de ayer fue la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe. La exregidora gilista y auténtica marioneta en manos de Roca vio su petición de pena rebajada de 20 a 16 años de cárcel, después de que el fiscal apreciara un tipo de malversación más leve en el uso indebido que se hizo del Rolls Royce del fallecido alcalde Jesús Gil. Este vehículo, que fue recuperado, acabó siendo subastado.
Otro acusado beneficiado ayer fue el abogado Juan Germán Hoffmann, supuesto testaferro internacional de Roca, a quien se le retiró un delito de blanqueo, lo que supone una rebaja en la petición de siete a cuatro años de cárcel. Para el resto de los acusados —concejales, empresarios o testaferros de Roca como los abogados Sánchez Zubizarreta, Óscar Benavente o Montserrat Corulla— las peticiones de pena se mantienen en los términos iniciales.
La 180º jornada comenzó con sorpresa: el fiscal anticorrupción y fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, anunciaba la retirada de la acusación que mantenía sobre nueve procesados, todos ellos personajes muy secundarios de la trama corrupta. Se trata de María Roca Jimeno, hija del supuesto cabecilla de la trama; Javier Pérez Villena, hijo del empresario Ismael Pérez Peña, que ya se conformó con la pena que pedía para él el fiscal; Miguel Jiménez, ex concejal del Grupo Independiente Liberal; Sergio Santana, técnico informático y contable; Karin Marika Mattson, empleada de One Properties, una de las inmobiliarias de Roca; Ursula Quinzano, exsecretaria de Montserrat Corulla, supuesta testaferro de Roca; Hildegard Fernandez, veterinaria de los caballos del exasesor urbanístico; Carlos García Puente, exadministrador de una sociedad de Roca, y José María Mellado Romero, que participó en la operación de compraventa del hotel La Malvasía en la Aldea del Rocío.
Con la salida de estos nueve procesados, el juicio se queda definitivamente con 86 procesados.
* El País - FERNANDO J. PÉREZ Málaga 12 JUN 2012
Foto: Marbella, Roca declarando juicio (archivo) - elpais
La Xunta propone “aligerar el trámite ambiental” en los planes urbanísticos
ELPAÍS/Galicia* : Es solo un punto de partida. Lo que la Xunta denomina Bases para una nueva Lei do Solo. 28 folios que ayer el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, entregó a los grupos de la oposición, que solo se comprometieron a lo que ya estaba pactado: el Parlamento creará una comisión para elaborar otra ley del suelo. Las comparecencias de los expertos arrancarán en septiembre, pero nadie, ni el Gobierno ni los partidos de la oposición creen que pueda estar lista en esta legislatura.
El documento presentado ayer exhibe la filosofía que persigue la Xunta para la enésima modificación de la normativa urbanística. Y aboga por simplifar los trámites del planeamiento dada “la excesiva rigidez” de la Lei de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. En sus líneas maestras, el Gobierno gallego defiende que la futura legislación tenga en cuenta las particularidades de distintos territorios municipales. Así, propone que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes puedan aprobar sus planes generales por competencia delegada de la Xunta, igual que otros municipios más pequeños pero “que acrediten contar con una dotación técnica y jurídica adecuada”.
Dentro de esas líneas maestras, el Gobierno gallego “pide repensar la fase preceptiva de información pública” de los planes generales porque “las alegaciones no añaden desde el punto de vista del interés público prácticamente nada a un documento ya elaborado”.
La Xunta habla también en sus bases de “aligerar el trámite ambiental”. Aboga directamente por “cribar el trámite ambiental en las modificaciones puntuales del planeamiento, excluyendo al menos las modificaciones eximidas de informe urbanístico previo a la aprobación inicial, por no incidir en la clasificación de suelo ni una mayor intensidad de uso”.
El documento que ayer presentó Hernández, acompañado en la reunión por la secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas, pide “analizar la exención del procedimiento ambiental para los planes generales de los ayuntamientos sin complejidad urbanística que se limiten a reconocer los núcleos rurales ya existentes”. Las bases no se paran a definir qué entiende la Xunta por ayuntamientos sin complejidad urbanística.
Al tiempo que contempla la posibilidad de delegar la competencia de la aprobación del planeamiento a los municipios de menos de 50.000 habitantes y a otros con menos población que demuestren tener los medios técnicos y jurídicos adecuados, el Gobierno gallego plantea que para el resto de ayuntamientos la Consellería de Infraestruturas pueda decir al municipio no solo qué puede hacer en la ordenación urbanística sino orientarle en el cómo.
El Gobierno gallego insiste en la prohibición que ya establecen las Directrices de Ordenación del Territorio de proyectar desarrollos aislados del suelo urbano pero pide ir un paso más allá. Plantea suavizar las cargas para los promotores inmobiliarios para hacer “más atractivo” el desarrollo de los suelos urbanos no consolidados. Así lo argumentan las bases para la futura ley del suelo: “Las cesiones ra dotaciones no deben forzar los límites de lo razonable”. “Más que disminuir las cesiones [para espacios verdes y otros servicios que los constructores están obligados a hacer al Ayuntamiento] se debe apostar por incrementar la edificabilidad de suelo urbano no consolidado que permita hacer frente a los grandes costes de urbanización, sobre todo por indemnizaciones de construcciones ya existentes, realojamiento de inquilinos, obligación de mantener elementos catalogados...”
También en la excepción a las prohibiciones sobre el suelo rústico pretende la Xunta “simplificar el trámite de autorización previa autonómica”. El método que propone el Gobierno gallego es “establecer un control a posteriori”, que los alcaldes “otorguen licencias y en los casos en los que se acuerde, remitan copia del expediente a la Xunta, que comprobará su conformidad o manifestará reparos”. Según anunció ayer Hernández a la prensa, la futura norma quedará blindada, de manera que cualquier modificación tenga que contar con una mayoría cualificada en el Parlamento.
* El País - 11.6.12
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
El fiscal pide dos años para el exalcalde de Casarabonela por prevaricación urbanística
LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Málaga pide dos años de cárcel y diez de inhabilitación para el exalcalde de Casarabonela Sebastián Gómez (PSOE) por un presunto delito de prevaricación urbanística, mientras que la arquitecta municipal contratada se enfrenta a una década de inhabilitación y al pago de una multa de 14.400 euros.
Según consta en la calificación fiscal, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, el acusado tuvo entre 1999 y 2011 –cuando dejó el sillón– «la atribución de conceder licencias y la competencia sobre urbanismo y la protección del medio ambiente».
«Conocedor de los requisitos legales restrictivos para la construcción de viviendas en el campo, urdió un modo de sortearlos y dar apariencia legal a sus resoluciones, facilitando la construcción y ampliación de viviendas de recreo y otros usos desvinculados de explotaciones agrícolas o ganaderas», asegura el acusador público en el documento.
El alcalde contrató a C. M. M., también acusada, para desempeñar las funciones de arquitecta municipal, «consistentes en la emisión del informe técnico-jurídico». Su contratación también tuvo el fin, siempre según la Fiscalía, de «prescindir de los servicios técnico-jurídicos de la Diputación Provincial».
Así, el acusado podría «controlar e influir en la acusada, para indicarle el sentido que debía tener cada informe y luego dictaba sus resoluciones amparándose en esos mismos estudios», añade el acusador público, adscrito a la Sección de Medio Ambiente del ministerio público.
La acusada, añade el fiscal en el relato acusatorio, «no comprobaba la realidad de las obras ni su legalidad, y se limitaba a redactar los informes técnico-jurídicos y las resoluciones/decretos del alcalde según unos modelos formularios».
Las licencias de obra concedidas de ese modo eran para «edificaciones ubicadas en suelo clasificado como no urbanizable agrícola» en las normas subsidiarias de planeamiento de Casarabonela, aprobadas el 19 de mayo de 1982.
El fiscal recuerda que para estos casos, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) exige la presentación de un proyecto de actuación, con el requisito básico «de vinculación a una actividad agropecuaria». Éste deberá ser, además, informado por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, explica el representante del ministerio público.
El informe autonómico es anterior «a la concesión de la preceptiva licencia de obras municipal». Sin embargo, «el acusado prescindió sistemáticamente de todos los procedimientos para la concesión de licencias de obras en suelo no urbanizable», subraya el acusador público.
Los distintos informes y resoluciones se produjeron en una decena de expedientes, que, dice el fiscal, «sólo pudieron ser examinados después de que agentes de la Policía Nacional, con mandamiento judicial de 5 de junio de 2006, se personaran en el Ayuntamiento de Casarabonela para obtener copia, ante la reiterada negativa a entregarlas».
Calificación. La Fiscalía califica los hechos como un presunto delito continuado de prevaricación urbanística por acción en siete de los supuestos y por omisión en otros tres. La acusada se enfrenta a una multa de 24 meses a razón del pago diario de veinte euros, así como a una inhabilitación especial de diez años para desempeñar el cargo de arquitecta municipal. El exregidor, a una inhabilitación idéntica y a dos años de cárcel. El juicio se celebrará mañana en el Jugado de lo Penal 14.
* La Opinión Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 12.6.12
Foto: Casarabonela (Málaga) - eureka
