ELPAÍS* : La corrupción y sensación de corrupción en los poderes públicos que desespera a los españoles tiene a dos de cada tres convencidos de que España es el país más corrupto de Europa y al 81% pensando que los partidos políticos son corruptos o muy corruptos. Otros tienen una opinión parecida de sí mismos (el 65% de los italianos otorgan a su país la medalla de oro en corrupción, con idéntico criterio que los españoles sobre sus partidos). A todos da la razón Transparency International (TI), la entidad sin ánimo de lucro volcada en la lucha contra la corrupción, que en su último informe destaca que España, junto a sus primos de Grecia, Italia y Portugal, adolece de una grave carencia de responsabilidad de los poderes públicos y una ineficacia, negligencia y corrupción tan enraizadas como faltas de control o sanción. “Ya no se pueden pasar por alto los vínculos entre corrupción y las crisis financiera y presupuestaria en estos países”, señala Transparency.
La entidad, radicada en Alemania, se ha hecho un nombre por sus estudios y revelaciones sobre cloacas políticas y económicas en todo el mundo. En el informe, que hoy hace público, titulado Money, Politics and Power: Corruption Risks in Europa (Dinero, política y poder. Peligros de la corrupción en Europa), Transparency se centra en la falta de claridad con que se adoptan decisiones en los países europeos.
Ya a primeros de año un Eurobarómetro revelaba que tres de cada cuatro europeos consideran que la corrupción es un grave problema en su país y cómo la mitad de ellos considera que la corrupción no ha hecho sino ir a más en los pasados tres años. La inmensa mayoría de los europeos estima que sea cual sea el nivel político institucional (local, regional o nacional) está minado por la corrupción y que políticos y responsables de los concursos públicos enseñorean a placer ese patio de Monipodio, que solo en la faceta de concurso públicos mueve del orden de 1,8 billones de euros anuales a escala comunitaria. Hace unos días, el Pew Research Center, un centro de estudios de Estados Unidos, revelaba que italianos (65%), españoles (63%) y griegos (52%) se tienen a sí mismos por los más corruptos de Europa.
En el año 2011 hubo destacados juicios sobre corrupción en Francia e Italia y escándalos que sacudieron a las opiniones públicas en el Reino Unido (gastos privados de parlamentarios cargados como públicos), Noruega (fraudes en pensiones), República Checa y Rumania (clientelismo puro y duro) y Bulgaria, Finlandia y Eslovenia (conflictos de intereses). La corrupción y los indicios racionales de corrupción llevan años campando por sus respetos en España, sin ahorrar poderes e instituciones. El 80,8% de los españoles tiene para sí que los partidos políticos son corruptos o extremadamente corruptos, según TI. El mismo porcentaje que en Italia, superados ambos ligeramente por la frustración de rumanos y por mucho por los afligidos griegos (87,9%).
Dice Transparency, refiriéndose a los países del sur de Europa, que en ellos “la corrupción consiste con frecuencia en prácticas legales pero no éticas” fruto de la opacidad en las reglas que rigen a los grupos de presión, el tráfico de influencias o la permeabilidad entre los sectores público y privado.
El informe subraya que la financiación de los partidos políticos no está debidamente regulada en Europa, pese a ser un área de alto riesgo de corrupción, y que los códigos de buena conducta de que se han dotado algunos parlamentos (no todos) están llenos de agujeros. Quienes hacen la ley hacen la trampa, viene a decir Transparency que en el suculento negocio de los contratos públicos constata que las legislaciones nacionales se ajustan a las directivas de la UE “aunque es un secreto a voces que en muchos países estas normas con sistemáticamente burladas y que eso se hace con impunidad”.
“Hay demasiados Gobiernos que escabullen su responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas y de los concursos públicos”, indica TI. “Peor incluso, solo dos países [Noruega y Reino Unido] protegen adecuadamente de represalias a quienes deciden denunciar presuntos delitos o conductas no éticas”.
Transparency hace notar cómo la frustración popular con la gestión de la cosa pública lanzó en 2011 a millares de jóvenes a las calles “indignados (…) por la incompetencia y la corrupción de los políticos” en España, Grecia, Italia y Portugal. “Las administraciones públicas de estos países carecían del marco legislativo para responder de sus actos y de mecanismos de integridad y de modos para su puesta en práctica efectiva”, apunta TI. “España, Grecia y Portugal son casos claros de cómo la ineficacia, los abusos y la corrupción no están suficientemente controlados o sancionados”.
* El País - RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO Bruselas 6 JUN 2012
La corrupción alimenta la crisis, alerta Transparency International
El alcalde de Ayamonte y su antecesor declaran en calidad de imputados
HUELVAINFORMACIÓN* : El alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo (PSOE), y su antecesor, el ex regidor municipal Rafael González (PSOE), comparecerán hoy ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 ayamontino para explicar su vinculación con la supuesta trama de irregularidades urbanísticas relacionada con el núcleo costero de Isla Canela. Ambos lo harán en calidad de imputados, según confirmaron ayer fuentes de la judicatura a Huelva Información.
El juez encargado de la instrucción del caso atribuye a Rodríguez Castillo un delito contra la ordenación del territorio, mientras que a Rafael González le imputa la comisión de delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, estafa y cohecho.
Se trata, eso sí, de imputaciones cautelares y provisionales, ya que el procedimiento está en su fase inicial. Junto con los dos ediles desfilarán entre hoy y mañana por el Palacio de Justicia ayamontino otras siete personas más, concretamente miembros de la Corporación municipal de González -de diferentes áreas y niveles de responsabilidad, desde técnicos a ex concejales de Urbanismo- y cuatro constructores y promotores.
Las pesquisas, llevadas a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), desembocaron en la práctica de un registro en febrero de 2010 en la casa consistorial de Ayamonte en el que se intervinieron documentos de gran calado. Tras examinarlos en profundidad, la Fiscalía halló en ellos indicios de la comisión de varios delitos relacionados con el urbanismo y decidió abrir diligencias informativas en marzo del año pasado para esclarecer cambios en la calificación de un suelo que albergaba 800 viviendas.
Se trata de una superficie de 148.214 metros cuadrados, catalogada en el Plan de Ordenación local como zona verde y emplazada a pie de playa, que acabó siendo destinada a la construcción de residenciales con vistas al mar.
El cambio de calificación fue respaldado en noviembre de 2004 por el grupo socialista municipal que entonces lideraba Rafael González, dando así el visto bueno a la elaboración de un estudio de detalle de las parcelas centrales de la Unidad de Ejecución 1A del Plan de Ordenación Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional de Isla Canela. Esta acción se hizo, presuntamente, a espaldas de la Junta de Andalucía, que obtuvo las primeras noticias sobre la maniobra urbanística en la primavera de 2008 y que corrigió al Consistorio en 2009, declarando la nulidad del estudio de detalle e instándole a revisar de oficio el planeamiento por considerar que éste significaba un atropello a la normativa vigente.
La Administración autonómica remitió al juez recientemente varios informes en los que manifiesta que se aprecia incumplimiento de la normativa de aplicación en 15 de los 19 estudios de detalle sometidos al análisis judicial, puesto que se habían elaborado sin el informe preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía y vulneraban, incluso, varios artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
En los informes autonómicos la Junta deja claro que se ha producido una alteración de los usos y parámetros de edificabilidad, de la configuración de manzanas, parcelas y viario, en definitiva, de la ordenación pormenorizada establecida por la ordenación original del PGOU mediante las ordenaciones previstas en los proyectos de urbanización. Además, la entonces llamada Consejería de Obras Públicas y Transportes (ahora de Fomento y Vivienda), recuerda al titular del Mixto 3 de Ayamonte que su gabinete jurídico se vio abocado a recurrir por la vía contenciosa la reiterada negativa municipal -Antonio Rodríguez Castillo llegó a emitir un decreto dejando clara su postura- a anular algunas de las modificaciones aprobadas por el Pleno ayamontino cuando dio luz verde a la edificación de viviendas en primera línea del litoral onubense.
La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil parte de 1993 y abarca los años sucesivos, tras la llegada a la zona de Pryconsa-Iscasa y la posterior multiplicación de la oferta turística que desató el boom del ladrillo en el entorno privilegiado de Isla Canela, una zona marismeña rodeada de espacios protegidos.
Desde que hace poco más de un año la autoridad judicial decidiera abrir el melón urbanístico ayamontino el sumario ya acumula más de 4.000 folios de documentación, muchos de ellos fruto de los dos registros llevados a cabo por la Benemérita en el ayuntamiento. Durante las diligencias, los investigadores del Instituto Armado han llegado a tomar declaración a la ex mujer de Rafael González.
Sobre la mesa del instructor del caso está también la posible conexión de estas supuestas irregularidades urbanísticas con la ONG Ayamonte Solidaria, fundada por el propio ex alcalde y que llevaba ayuda a proyectos en Guatemala. El Seprona sospecha -y así se lo ha hecho saber al juez- que él y algunos colaboradores pudieron utilizar la ONG como una suerte de tapadera para ingresar presuntas comisiones urbanísticas enmascaradas de donaciones para enriquecerse y blanquear más de medio millón de euros.
A lo largo de las jornadas de hoy y mañana el juez podrá escuchar de primera mano los testimonios de los nueve imputados en la causa y decidirá si incrementa o disminuye el grado de implicación de cada uno de ellos.
* Huelva Información - R. RENDÓN · R. MORENO - 7.6.12
Foto: Ayamonte (Huelva), edificios Isla Canela - huelvainformacion.es
La Fiscalía pide tres años de prisión para el alcalde de Ponga
ELCOMERCIO/Asturias* : El Fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias, Joaquín de la Riva, solicita la condena para el alcalde de Ponga por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, otro de prevaricación y uno continuado de desobediencia. El Ministerio Público pide para él una condena de tres años de prisión, multa de 9.720 euros, diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y el pago de una indemnización al Principado de Asturias de 37.185,04 euros. La vista oral está señalada para mañana, además de para los días 12, 19 y 21 de junio, en el Juzgado de lo Penal número uno de Oviedo, a las 9.30 horas. En el banquillo se sentarán igualmente otras dos personas, empleadas del Ayuntamiento pongueto, por un delito continuado de desobediencia.
Los hechos se remontan a febrero de 2008 cuando, según recoge en su escrito la Fiscalía, el alcalde de Ponga, Cándido Vega, solicitó a la Consejería de Medio Rural y Pesca una autorización para el arreglo y acondicionamiento de los caminos de Calviado a Solafoz, del Caserío de Ventaniella al puerto de Ventaniella y de La Guaranga a Arcenorio. En junio de aquel mismo año se celebró un Pleno en el Ayuntamiento en el que regidor propuso la aprobación de la ejecución de los trabajos necesarios para la limpieza y acondicionamiento de las pistas de acceso a las majadas donde hubiera ganadería del concejo, a través de los empleados del Ayuntamiento y con la utilización de la maquinaria municipal. El Pleno aprobó por unanimidad la propuesta, siempre que se contara con los permisos preceptivos correspondientes.
El día 31 de julio de aquel año, el Servicio de Planificación y Gestión de Montes de la Consejería de Medio Rural comunicó al Ayuntamiento de Ponga que, a los efectos de determinar si era necesaria la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental, deberían remitir a dicho servicio un documento de evaluación medioambiental . Sin embargo, según se extrae del informe de la Fiscalía, Cándido Vega, pese a saber que no contaba con la preceptiva autorización, ordenó la realización de las obras. Así, el día 6 de agosto de 2008, un agente de la Guardería de la Consejería de Medio Ambiente observó que, en el Puerto de Ventaniella, una pala excavadora manejada por el acusado M. C. V., empleado del Ayuntamiento de Ponga, estaba procediendo a ensanchar un camino tradicional, empedrado en algunos tramos, de una anchura aproximada de 2 metros, convirtiéndolo en una pista de un ancho de 3,5 a 4 metros. Este agente levantó acta de adopción de medidas cautelares y ordenó al palista que parase su actividad de forma inmediata, retirando la pala del monte, a lo que se negó M. C. V., alegando que él sólo recibía órdenes del alcalde. Al día siguiente, la Guardería del Medio Natural comprobó que la pala seguía trabajando y que estaba 200 metros más arriba de donde se había mandado parar el día anterior. De nuevo se dirigieron los agentes al palista ordenándole detener las obras, haciendo éste caso omiso y continuando con las mismas. Los guardas se entrevistaron con el alcalde, advirtiéndole de la ilegalidad de los trabajos y comunicándole que se había dado orden de paralizar los mismos, pese a lo cual se continuó con los trabajos dentro del ámbito territorial del Parque Natural de Ponga, y del LIC y ZEPA Ponga-Amieva.
Similares hechos se desarrollaron también en agosto de 2008 en los Puertos de Arcenorio y Fonfría, y Sobrelafoz y Faeda, aunque en estos casos el operario era E. R. M. Tuvo incluso que intervenir la Guardia Civil para el precintaje de la máquina.
El acondicionamiento sufrido por los tres caminos descritos «conlleva un cambio en las condiciones de uso actuales de los mismos, dado que las actuaciones de mejora llevadas a cabo permiten el acceso con vehículos todoterreno hacia áreas que hasta la fecha no eran accesibles por estos medios, lo que supone un incremento de las posibilidades de frecuentación de la zona, y con ello un aumento apreciable de las posibilidades de interferir con el ciclo biológico de especies amenazadas, de que se generen incendios de forma accidental o intencionada, así como del furtivismo, tanto de especies cinegéticas como catalogadas», advierte la Fiscalía. Considera que Vega es autor de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, otro de prevaricación, y de un delito continuado de desobediencia. Del delito continuado de desobediencia se considera también autores a los acusados M. C. V. y E. R. M, para los que la Fiscalía pide la pena de diez meses de prisión a cada uno, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
* El Comercio - ANA MORIYÓN - 5.6.12
Foto: Ponga (Asturias) - spainonline.com
Unos 800 cargos públicos imputados por corrupción, 100 en listas electorales
NUEVATRIBUNA* : Alrededor de 800 cargos públicos y políticos están imputados en casos de corrupción y, de ellos, unos 100 se presentaron en las listas en las últimas convocatorias electorales y, así, cada día se abre en la realidad un nuevo capítulo de la famosa película "Atraco a las tres".
De este modo se pronuncia, en una entrevista, María Ángeles López de Celis, la autora de "Los presidentes en zapatillas" que ahora acaba de publicar su segundo libro bajo el título "El síndrome de Alí Babá" (De cómo corruptos y sinvergüenzas acaban yéndose de rositas)".
Cuenta la que fuera secretaria de varios presidentes del Gobierno que, "irritada" porque en una situación de crisis seguía habiendo gente "metiendo mano en el cajón", decidió como ciudadana de a pie recoger en un libro los casos de corrupción como denuncia de algo que ha recorrido todas las etapas de la democracia.
Para "desdramatizar" el asunto, ha decidido abordarlo con un toque de "humor" y quiere especialmente agradecer a los periodistas su trabajo porque, sin ellos, el libro no hubiera sido posible.
A las "buenas gentes", a esos hombres y mujeres que se sienten desamparados ante la amenaza real del desempleo y a los jóvenes que no encuentran su camino hacia la realización personal y profesional ha dedicado López de Celis este libro.
Más de 4.000 millones de euros "se han ahogado en la charca de la corrupción en menos de diez años", según algunos cálculos manejados por la autora, quien repasa en su libro casos como el aceite de colza, la financiación ilegal de los partidos en los casos Filesa y Naseiro y los casos de Mariano Rubio, Juan Roldán y Juan Guerra.
No ha olvidado la máxima actualidad en la corrupción y también incluye el caso Gürtel, el de Palma Arena o los EREs de Andalucía.
Reconoce que las tentaciones, la avaricia y la codicia forman parte de naturaleza humana, pero "hay que controlarlo", enfatiza la autora antes de afirmar que en España los corruptos "no pagan por sus desafueros".
López de Celis no deja títere con cabeza y no salva a ningún partido de las garras de la corrupción, algo "nefasto" para una sociedad a la que "se le van por esa alcantarilla muchos recursos".
Según ella, al PSOE se le castiga más cuando alguno de sus miembros se ve implicado en algún caso, ya que las personas que "enarbolan la bandera de la libertad y de la honestidad, no pueden admitir en sus filas a procesados".
En cambio, el sufragio del PP es más "disciplinado" y los simpatizantes y afiliados suelen responder a la llamada al voto de sus dirigentes, lo que no quiere decir que acepten la corrupción.
La autora cifra en 800 el número de cargos imputados, una cantidad que "no se tiene en pie". "En un país donde estamos pasando estos momentos tan críticos, no es posible encima premiar a la gente que ha jurado por su conciencia y honor poner por encima los intereses de España", apostilla.
No ha tenido tiempo de incluir el caso Urdangarin en su libro, solo una breve cita, pero López de Celis cree que aunque el yerno del rey no sea condenado, "su honorabilidad ha quedado en entredicho". "Ha hecho un daño irreparable a la Casa Real; es una persona que ya no cuenta con el respeto de los españoles", subraya.
Considera que en la corrupción, como el déficit público, "no hay índice cero" porque siempre habrá alguien que "se deje tentar".
De todos modos, aboga por reducir los casos a niveles "tolerables", para lo que, en su opinión, es necesario hacer hincapié en la educación para inculcar a los niños los valores del "honor, la moral, la vergüenza y el espíritu de sacrificio".
Propone también poner coto a situaciones como la financiación "turbia" de los partidos o el retraso del Tribunal de Cuentas en la fiscalización de las fuerzas políticas, pero sobre todo cree imprescindible la independencia "total y absoluta" del poder judicial para que estos casos no queden inmunes.
A los corruptos hay que "aislarlos y castigarlos", concluye López de Celis no sin antes hacer un llamamiento a todos los ciudadanos para que no consientan esta lacra y salgan a la calle sin es necesario para intentar pararla. "Nosotros, los ciudadanos, también somos responsables".
* Nueva Tribuna - 28.5.12
Foto: Corrupción - terra.es
El urbanismo de Calp, en el dique seco
LEVANTE/Alicante* : El urbanismo en Calp está seco. Es evidente que con la crisis ya no se mueve un ladrillo. Pero hay otro motivo. El agua potable escasea. Calp la tiene a unos cuantos kilómetros de distancia puesto que se trasvasa desde los pozos Lucífer de la Vall de Laguar. Da para abastecer al municipio, pero no para mucho más. Por tanto, el desarrollo urbanístico de la ciudad del Penyal pende de un hilo de agua.
El Tribunal Supremo, en una sentencia del pasado 16 de mayo, rechaza el recurso presentado por la Generalitat Valenciana para tratar de desbloquear el plan parcial de mejora del sector 16 Gargasindi de Calp. El Supremo estima que debe seguir vigente la paralización de este programa urbanístico decretada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana hace ahora algo más de un año.
Resulta curioso que, mientras que la comisión territorial de Urbanismo aprobó el plan en 2007 sin tener en cuenta el informe desfavorable de abastecimiento de agua, el TSJ sí lo considerara vinculante hasta el punto de dictar un auto que suspende el plan parcial. Ahora el Supremo ratifica ese auto y recuerda que ese informe negativo, fechado en diciembre de 2007, indica que el agua prevista para la actuación debe proceder de los pozos Lucífer y Barranc Salat I y II. "El volumen del primero se usa en su totalidad para el abastecimiento del municipio de Calp, mientras que está paralizada la tramitación de la concesión de los pozos Barranc Salat I y II" y, por tanto, "no existe disponibilidad" de agua para este programa urbanístico.
En su recurso de casación, la Generalitat Valenciana alegaba que no se iban a producir "daños y perjuicios" porque la vigencia del acuerdo estaba supeditada a obtener un informe positivo de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre recursos hídricos. También apela al interés público de dar luz verde a este plan urbanístico.
Sin embargo, el Tribunal Supremo deja claro que el único interés general que prevalece es el de garantizar que las nuevas viviendas tengan agua potable. Y recomienda no empezar la casa por el tejado, es decir, primero debe haber un informe favorable de suministro y luego aprobarse el plan.
* Levante - 6.6.12
Foto: Calp (Alicante), construcción masiva - elpais.com
Más chalés en Las Rozas en un encinar protegido
DIAGONAL/Madrid* : El alcalde de Las Rozas, Madrid, imputado en un delito contra el medio ambiente, quiere levantar mil viviendas en un espacio protegido.
El Ayuntamiento de Las Rozas (PP) pretende talar un encinar catalogado como Monte Preservado para construir más de mil viviendas. Este municipio madrileño cuenta en la actualidad con 100.000 habitantes y, según denuncia la plataforma Salvemos Las Rozas, la construcción de estas viviendas no es una prioridad, ya que existen más de 8.000 viviendas vacías. “Además, en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que prepara el Ayuntamiento se ha programado la construcción de otras 10.000 viviendas. Esto, unido a las 5.000 viviendas por ejecutar del anterior PGOU correspondiente al año 1994, duplicaría la población total de Las Rozas que existe hoy”, asegura Jaime del Val, portavoz de Salvemos Las Rozas.
Modificación del PGOU
El encinar, situado en las inmediaciones del Parque Empresarial, no fue incluido como urbanizable en el PGOU de 1994. Sin embargo, una modificación puntual llevada a cabo en 2012 ha permitido que se pueda urbanizar este espacio protegido. El nuevo ejecutivo del PP, con el alcalde, José Ignacio Fernández Rubio, a la cabeza, argumenta que esta “medida es para proteger el encinar”. Salvemos Las Rozas y la Asamblea Popular del 15M en este municipio, denuncian que “lo que realmente se pretende es ‘legalizar’ las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), construidas ilegalmente sobre zona verde”. De esta manera, el ejecutivo local intenta paliar la pérdida de las 12 hectáreas sobre las que se levantó la Ciudad del Fútbol y en las que no se permite construir, con la cesión de dos hectáreas del encinar que ahora sí serán urbanizables. Tanto la plataforma en defensa del encinar como Ecologistas en Acción, el 15M e Izquierda Unida piden la dimisión del regidor José Ignacio Fernández Rubio, exalcalde del municipio vecino de Guadarrama donde está imputado por un delito de “prevaricación con consecuencias contra el medio ambiente”. En ese pueblo, Fernández Rubio y otros cuatro concejales concedieron hace doce años una licencia provisional a un restaurante de Guadarrama, El Molino del Rey, que fue levantado en suelo protegido.
La modificación del Plan General de Urbanismo de 1994 incluye dos zonas (dos hectáreas) protegidas. La segunda hectárea del encinar afectada corresponde a un espacio que cuenta con abundantes ejemplares de Piruétano o Peral Silvestre, especie autóctona de la Península Ibérica y el Noroeste del Magreb, que actualmente se encuentra protegida. La vegetación de esa parte del encinar forma parte de la directiva de Hábitats y, por la Ley 16/1995 del 4 de mayo es terreno forestal y de protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid. Las empresas inmobiliarias a las que ya ha sido asignado el proyecto son la constructora Levit y la promotora Gran Atlas 2.000, propietarias de los terrenos.
Falta de transparencia
Para luchar contra la urbanización del encinar se ha creado la plataforma Salvemos Las Rozas, que denuncian la ilegalidad del proyecto. Las asociaciones que integran esta plataforma señalan que la clasificación de este encinar como suelo urbano no se corresponde con lo que marca la normativa, ya que carece de los servicios básicos que exige la legislación para que se considere urbanizable un espacio hasta ahora rústico protegido.
Además, la asociación añade que la clasificación de los terrenos debería ser “suelo no urbanizable de protección”, de acuerdo a ley. Desde que se inicio la presentación y la aprobación de la modificación, el pasado mes de diciembre, el PGOU todos los partidos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Las Rozas denuncian la “falta de transparencia” del Gobierno local, por aprobar la modificación en periodo de vacaciones navideñas, entre el 23 y el 30 de diciembre de 2011.
* Diagonal - GONZALO SORIANO - 6.6.12
Foto: El Ayuntamiento quiere talar y construir mil viviendas en un bosque protegido. / Jaime del Val
El alcalde de Valladolid, imputado por irregularidades urbanísticas
EFE* : El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), declarará como imputado en próximo 12 de julio en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción nº1 de la ciudad por presuntas irregularidades en el PGOU de 2003, han informado fuentes próximas al caso. Además del regidor, tendrán que prestar declaración también en calidad de imputadas otras siete personas durante los próximos junio, julio y septiembre, entre ellos políticos y técnicos del Ayuntamiento, han precisado dichas fuentes.
Las diligencias se refieren a unos supuestos cambios efectuados en el PGOU desde que se aprobó en pleno municipal en marzo de 2003 hasta que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia en febrero de 2004, al parecer con divergencias entre los dos textos, algunas supuestamente vinculadas con cambios de edificabilidad.
El alcalde, aún sin constancia de una comunicación acerca de su declaración como imputado, ha explicado a los periodistas que comparecerá en el juzgado en función de lo que le digan, han referido fuentes municipales.
En el caso de que comparezca como imputado, acudiría acompañado de un letrado con la opción de poder decir lo que le parezca, y en el supuesto de declarar como testigo, iría sólo y con la obligación de decir la verdad, han precisado dichas fuentes. El alcalde ha reiterado su disposición a colaborar con la Justicia, como ha asegurado que lo ha hecho desde el primer día, con la puesta a disposición de ordenadores, despachos y todo lo que sea necesario, continuando con la misma línea de cooperación con la Justicia que asegura haber mantenido hasta ahora.
* 20Minutos - EFE - 5.6.12
Foto: Valladolid, alcalde - EP
Icod.- El fiscal pide dos años de cárcel y 20 de inhabilitación para el alcalde
ELDÍA/Tenerife* : La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita dos años de prisión y veinte de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el actual alcalde de Icod de los Vinos, Juan José Dorta (PSC), y tres de los concejales de su actual gobierno, los socialistas Ramón Jesús Socas Luis, Ana María Pérez Díaz y José Alberto Ruiz Guzmán. El fiscal encargado del escrito de acusación del procedimiento abreviado 33/2010 considera que el mandatario, los tres ediles citados y otros cinco exconcejales del PSC de la Ciudad del Drago cometieron delitos continuados de prevaricación y prevaricación urbanística durante el mandato 2003-2007.
Tras la reciente apertura del juicio oral, que tiene su origen en las diligencias previas 736/2007, EL DÍA ha tenido acceso al escrito de la Fiscalía, que acusa al alcalde icodense, Juan José Dorta Álvarez, de un delito continuado de prevaricación urbanística, por el que pide dos años de prisión y diez de inhabilitación especial, y otro delito continuado de prevaricación, por el que pide otros diez años de inhabilitación para empleo o cargo público.
La Fiscalía plantea idénticas acusaciones y penas para Ramón Jesús Socas Luis, Ana María Pérez Díaz, José Alberto Ruiz Guzmán y los exconcejales socialistas Bernardo Martín Socas, Jesús Manuel Rolo Rodríguez y Luciano López Estévez. Para Carmen Casilda Hernández solo solicita diez años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.
El exconcejal de Urbanismo Maximino Fuentes Pérez es el acusado que afronta una petición de penas más elevada. La Fiscalía lo acusa de prevaricación, prevaricación urbanística y un delito contra la ordenación del territorio, por ello solicita el cumplimiento de tres años de prisión, 22 años de inhabilitación y una multa de 2.700 euros. Además, pide que abone, junto al constructor C.G.G., también procesado, el coste de la demolición de una edificación ilegal en la calle Los Canarios.
El Juzgado Número Dos de Icod de los Vinos basó a finales de 2010 sus acusaciones de posibles delitos de prevaricación continuada contra Dorta y los ediles y exediles citados en cuestiones como la supuesta adjudicación irregular y reiterada de obras, servicios y suministros por valor de casi tres millones de euros a unas pocas empresas; la concesión de licencias con informes técnicos en contra para varios edificios y decenas de viviendas, o la supuesta contratación "a dedo" de personal.
Pagos irregulares
Ese auto judicial de noviembre del año 2010, remitido a la Audiencia Provincial por la jueza instructora, decía que los acusados de esta gran cantidad de pagos irregulares actuaron así "de forma continuada, conscientes de que omitían el procedimiento legalmente establecido, y sin que mostraran ninguna intención de enmendar sus errores ni de cambiar su modo de actuar, impidiendo a otras empresas la posibilidad de realizar esas obras".
Aquel auto del Juzgado icodense citaba entonces trece casos de posible prevaricación urbanística y continuada por la concesión de licencias con informes técnicos desfavorables, con "un claro desprecio" de la normativa urbanística y "en un intento de beneficiar a empresas y particulares". Informes donde, según el propio auto, incluso se advertía expresamente a los ediles de la posibilidad de estar cometiendo delitos. En total, se habrían otorgado licencias irregulares para más de 150 viviendas en Icod, 58 de ellas de protección oficial.
* El Día Tenerife - 3.6.12
Foto: Icod de los Vinos (Tenerife) - iespana.es
De edificio abandonado a biblioteca: Un colectivo bilbaíno ocupa un bloque que llevaba 50 años vacío
LAINFORMACIÓN* : En el barrio no hay una biblioteca ni una sala en la que realizar conferencias. ¿Y el viejo edificio que lleva décadas sin tocarse? Los vecinos de un barrio de Bilbao han tomado una construcción abandonada y que nunca ha tenido actividad para llevar algunos servicios públicos a la zona.
¿Y por qué no? Cinco décadas construido y nunca ha sido utilizado para nada. Los vecinos del barrio de Uribarri (Bilbao) han decidido ocupar la construcción. Según el colectivo 'Patakon' la razón ha sido “la falta de servicios públicos”. Los que han estado limpiando el lugar afirman que dentro hay poco más que polvo. Los jóvenes del barrio quieren establecer allí un centro sociocultural, como han explicado a elcorreo.com. Y espacio no les va a faltar. El bloque de cinco pisos fue construido con la intención de albergar una fábrica, pero no consiguió los permisos necesarios.
“Lleva 50 años construido y nunca ha servido para nada. Es perfecto para las necesidades del entorno”, han explicado los portavoces de 'Patakon' al medio local. Además, como el propietario es un único titular, el Ayuntamiento ya ha dicho que no puede interferir. A no ser que se interponga denuncia.
La extinta asociación vecinal Gure Etxea ya intentó en 1994 transformarlo en un ambulatorio, pero no hubo suerte. “Dentro hay medio siglo de suciedad”, dice una de las voluntarias al salir del edificio. Desde la asociación afirman que el proyecto “está abierto a gente de todas las edades y todas las ideas, todo puede hablarse”.
Lo primero será una biblioteca, pero en el barrio “hay muchas necesidades”, así que ideas no faltan. Los vecinos han tomado el lugar por su propio pie después de pedir varios locales al Ayuntamiento.
* La Información - 5/06/2012 | Gorka Ramos
Foto: Imagen aérea del barrio bilbaíno donde se ha ocupado un edificio
AVE, aeropuertos, autovías, TV... Razones por las que Merkel no pasa ni una a España
ELCONFIDENCIAL* : Por muchas reformas que Mariano Rajoy haya puesto encima de la mesa, el Gobierno español no transmite confianza fuera de nuestras fronteras. Más allá de la gestión del caso Bankia, la reforma financiera y la laboral, la Unión Europa echa en cara a España que acumule en sus cuentas millones de euros invertidos en un sinfín de proyectos que han resultado ser un fracaso: miles de kilómetros de líneas de alta velocidad, autopistas, autovías, aeropuertos, tranvías... Inversiones millonarias de dudosa rentabilidad que Europa no está dispuesta a pagar.
Con 47 millones de habitantes y 17 autonomías divididas en 50 provincias, sin contar Ceuta y Melilla, España tiene a su disposición 52 aeropuertos, de los que solo ocho son oficialmente rentables; más de una veintena de provincias dispone de otro aeropuerto a menos de una hora por carretera. Alemania, con casi el doble de población que la española (81 millones de habitantes), no necesita más de 39 aeropuertos.
Si el Gobierno español hubiera incrementado el gasto en la misma proporción que el Ejecutivo alemán entre 2002 y 2008 (es decir, un 2,8% y no un 50%), en 2009 España apenas hubiese tenido un déficit público del 1% del PIB (unos 10.000 millones de euros) frente al 11,1% (más de 100.000 millones de euros) que arrojó.
Europa critica el derroche de los países del Sur mientras aplaude la capacidad de ahorrar de los alemanes, con un salario bruto anual (40.914 euros) casi el doble que el español (21.500). La austeridad de la que presume Alemania se traduce, por ejemplo, en que solo necesita 10 canales televisivos autonómicos, mientras que en España existen trece operadores públicos de titularidad autonómica que emiten en 26 canales. Solo la televisión valenciana acumula una deuda de unos 1.200 millones de euros, la mayor de todas las autonómicas. Sin subvenciones de las autonomías ni tasas, entre todas arrastran una deuda de más de 2.100 millones de euros.
Que España sea el país europeo con más posibilidades de ser rescatado se achaca a la irresponsabilidad de sus políticos, que no aprovecharon la fase expansiva para ahorrar o reducir impuestos. De hecho, un estudio interno elaborado por asesores de la Presidencia del Gobierno desvela que España es el país europeo con mayor número de políticos (445.568) con cargos públicos por habitante de toda Europa. Unos trabajadores que se dedican a la función pública, 300.000 más que en Alemania, que copan todos los niveles de la administración (senadores, alcaldes, diputados, concejales, organismos internacionales, consorcios, mancomunidades…).
Más kilómetros de AVE que EEUU
Este año, la Alta Velocidad Española (AVE) celebró sus veinte años, y lo hizo como líder mundial por su puntualidad y la longitud de su red, fruto de la inversión de 39.500 millones de euros que ha copado durante las dos décadas. La primera línea española fue la que une Madrid y Sevilla. Desde entonces, España es el segundo país del mundo en longitud de líneas de alta velocidad, solo superado por China (con una población treinta veces mayor), y con muchos más kilómetros que Francia y Alemania. Un ejemplo: en 2010, España contaba con 3.744 kilómetros de AVE; en Alemania, apenas superaban los 1.400 kilómetros.
En una visita a España en mayo de 2009, invitado por el Ministerio de Fomento, el secretario de transportes norteamericano, Ray LaHood, se sorprendió de la capacidad económica de un país con un PIB 15 veces inferior al estadounidense, y al despedirse congratuló al ministro del ramo. EEUU no se podía permitir los costes de inversión y mantenimiento de las líneas de AVE. En julio de 2011, Fomento cerró la línea directa Toledo-Cuenca-Albacete, en la cual perdían 18.000 euros al día por transportar una media de nueve pasajeros diarios. Ninguna línea en España, ni siquiera la de Madrid-Barcelona, es rentable.
Tanto el Tesoro como el Fondo Monetario Internacional presionan a Alemania para que acepte un giro en la política europea de austeridad y ayude a los países con problemas como España. Pero Merkel insiste en que España ha gastado mucho más de lo que ha ingresado y aún tiene que apretarse más el cinturón. Otro ejemplo del derroche: a fecha de 31 de diciembre de 2007, España tenía 14.689 kilómetros entre autopistas y autovías, convirtiéndose en el tercer país del mundo por longitud de vías de alta capacidad, solo superado por Estados Unidos y China. Como ocurre con los aeropuertos y las líneas de Alta Velocidad, España vuelve a superar con creces a Alemania, Francia e Inglaterra.
En su defensa, los políticos españoles justificarán los números rojos ante Europa con el aumento del paro y la caída de la actividad inesperada. En ningún momento han reconocido que su mala planificación contribuyó a hundir un poco más las finanzas públicas. Más ejemplos: la autopista de peaje que une Cartagena con Vera (Almería), se diseñó para una media de 7.000 vehículos al día, y todavía no ha alcanzado los 2.000. En ella se invirtieron 650 millones de euros. Las autopistas radiales de entrada y salida de Madrid, conocidas como R2, R3, R4 y R5 tienen un tráfico medio diario que no llega ni al 30% del tráfico que hace rentable esas infraestructuras, por lo que suponen una verdadera ruina. La inversión de estas carreteras, “imprescindibles” para el Gobierno que las inauguró, fue de 2.552 millones de euros.
Más de 400 millones se comió la AP-41, autopista de peaje que une Madrid con Toledo, con un tráfico 79% inferior al previsto; la misma cantidad que se destinó a la autopista de la segunda circunvalación de Alicante, por la que estaba previsto que circularan 30.000 vehículos al día y la media no llega ni a los 10.000… En 2006, Alemania disponía de 152 kilómetros de autopista por millón de habitantes. España, con un salario mínimo interprofesional de 641 euros, contaba con 276.
* El Confidencial - Ana I. Gracia - 3.6.12
Foto: Ciudad Real, aeropuerto fantasma - EFE
Cádiz.- Decenas de órdenes de demolición de viviendas ilegales sin ejecutar
LAVOZDIGITAL* : La reciente filtración a la prensa de una posible amnistía que estudia el Gobierno central para sacar de la ilegalidad una bolsa de cientos de miles de viviendas que salpican el territorio nacional de norte a sur; el decreto ya aprobado por la Junta para regularizar 250.000 inmuebles en la Comunidad -unas 40.000 solo en la provincia gaditana- que se levantaron incumpliendo los planeamientos urbanísticos; o bajando un peldaño más en las administraciones públicas, las actualizaciones de los planes locales de ordenación, que van todos encaminados a ampliar la superficie urbana e incluir en esos espacios terrenos que antes estaban vetados a la construcción. Una limitación que sin embargo no fue óbice para que surgieran como setas casas y más casas que fueron constituyendo en algunos casos auténticos núcleos de población que crecieron al margen de la ley y las normas. Todo este conjunto de medidas, algunas en proyecto y otras adoptadas por administraciones de distinto color político, están teniendo una influencia directa en la lucha que desde hace años se libra en los juzgados para perseguir y castigar los atentados contra el suelo.
Pese a las numerosas sentencias firmes que ordenan la demolición de viviendas ilegales, no se están ejecutando. O lo que es lo mismo, ante las previsibles regularizaciones masivas que se están ya produciendo a nivel local, regional y ahora se especula con medidas de carácter nacional, los jueces están echando el freno y suspendiendo las ejecuciones. La Justicia se queda a medio camino, dictando condenas que no se cumplen de forma escrupulosa. Si esto ocurriera con otro tipo de delitos, que generan mayor alarma social, el escándalo sería mayúsculo.
Al frente de esta batalla en contra de las viviendas ilegales se sitúa el Ministerio Fiscal y colectivos ecologistas, que son los únicos impulsores de las denuncias contra las construcciones fuera de la ley. En el caso de Cádiz, la Fiscalía de Medio Ambiente ha sido uno de las más activas a nivel nacional en la persecución de estos delitos. El anterior fiscal delegado en esta materia, Ángel Núñez, fue muy crítico durante el periodo que ejerció esa responsabilidad con los ayuntamientos, a los que culpó de su desidia para frenar el desarrollo urbanístico al margen de las normas.
Su sucesora, Patricia Navarro, mantiene esa misma línea de combate y una de sus reciente iniciativas ha sido elevar al Tribunal Supremo un recurso para que se posicione sobre la ejecución de los derribos como parte de la condena a la que se enfrentan los procesados. El movimiento de la Fiscalía es tratar de buscar una suerte de jurisprudencia que sirva para unificar criterios ante las sentencias dispares que se están produciendo, con jueces que ordenan esta medida y otros que la consideran excesiva. La propia Navarro, que se encontraba estos últimos días en unas jornadas sobre esta materia en Segovia, confirmó a este medio que aún no ha habido pronunciamiento. Sería la primera vez que el Supremo se posicione.
Mientras llega esta decisión, la realidad es tozuda e indica que las órdenes de demolición se han paralizado en la práctica. En febrero, un pleno de la Audiencia Provincial acordaba dejar en suspenso esa medida en aquellos supuestos en los que la vivienda hubiera sido regularizada gracias a la aprobación definitiva del planeamiento urbano que le afecta. Solo cuando haya una aprobación y no una previsión, se suspenderá la medida. Una decisión que librará de la pica a miles de viviendas que serán legalizadas gracias a nuevos PGOUs como el de El Puerto o el POTA de la Costa Noroeste.
En estos momentos, la Fiscalía de Medio Ambiente tiene un registro de medio centenar de sentencias firmes sin ejecutar, en las que se ordena al procesado que tire el inmueble que levantó incurriendo en un delito contra la ordenación del territorio. Algunos de esos fallos, en los que no cabe recurso alguno, fueron dictados antes de 2008. Es decir, hay edificaciones en esta provincia sobre las que pesa una orden de demolición desde hace cinco o más años que siguen en pie, generando una «sensación de total impunidad», como subraya una y otra vez la fiscal delegada Patricia Navarro cuando se le pregunta por este asunto.
Desde noviembre de 2010
La última vez que actuó la pica por orden judicial se produjo en noviembre de 2010. Y fue un derribo parcial de una edificación levantada en Grazalema, en pleno Parque Natural, que desvió el cauce del río Guadalete. Un atentado ecológico que comenzó a fraguarse en 2005 y que generó un chorreo de denuncias de colectivos como Ecologistas en Acción. Un año después de arrancar los trabajos, la Justicia anulaba la licencia que otorgó la alcaldesa socialista María José Lara, que terminaría imputada en la operación que inició la Guardia Civil ('caso Pinsapar') junto a su tío, Antonio Mateos y predecesor suyo en el cargo. Una investigación que destapó una trama de cobro de comisiones, que llevó al exarquitecto municipal a la cárcel. Este profesional recibió en abril pasado la ratificación definitiva por vía contenciosa que debía tirar su casa, que había construido en suelo protegido. Un ejemplo de cómo gestores públicos han incumplido alegremente con las normas urbanísticas. Esta orden de demolición se suma a la carpeta de pendientes de ejecución y sin fecha de materialización.
Si a la ya crónica falta de diligencia en estos asuntos que han demostrado los ayuntamientos, que durante años han permitido que fuera creciendo un parque inmobiliario ilegal en sus municipios, la crisis también se cuela con sus efectos en este problema. Una vez más, la actual situación económica está siendo determinante o sirve de perfecta excusa para no acometer las órdenes de demolición que la Justicia dicta.
La Ley establece que si el propietario del inmueble no ejecuta esa medida, debe ser la Administración quien la lleve a cabo de manera subsidiaria. «La respuesta que estamos recibiendo es que no hay dinero para afrontar esos trabajos y se dejan sin hacer», reconoce la fiscal de Medio Ambiente. También se suma, como apuntan desde los ayuntamientos, que no hay ofertas por parte de empresas especializadas para hacerse cargo de esos trabajos «porque socialmente están mal vistos».
La presión ejercida por los dueños de viviendas ilegales, que han llegado a constituir hasta formaciones políticas con capacidad de decisión (el caso del Partido Vecinal de Chiclana que se ha hecho cargo de las carteras de Urbanismo y Obras en virtud del pacto de gobierno sellado con el PP) se está traduciendo en más influencia. Algo que viene advirtiendo la Fiscalía de Cádiz, que ha denunciado en reiteradas ocasiones como estos colectivos son 'lobbies' de poder.
Pero la provincia de Cádiz no es ni mucho menos una excepción; si bien, dada su situación geográfica con uno de los litorales más apreciados del país está sometida a más ataques contra el suelo que cualquier provincia del interior. Aunque también en los lugares sin costa, los desmanes urbanísticos se siguen dando. Así, en la última memoria hecha pública por la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía, el responsable del Ministerio Público en Córdoba, denunciaba la permanencia de las construcciones ilegales, de lo que responsabilizaba a «la escasez de órdenes de demolición y el generalizado incumplimiento de las que se acaban dictando. Para que la persecución de estos ilícitos y su sanción puedan tener alguna efectividad, es imprescindible eliminar el ilícito beneficio que produce el delito urbanístico».
Tal y como se está aplicando la ley en estos momentos, los fiscales reconocen que los condenados por edificaciones ilegales «terminan consiguiendo sus propósitos» porque en la práctica solo están afrontando el pago de una multa, las condenas de cárcel no se ejecutan porque en la mayoría de los casos los procesados no tienen antecedentes; mientras que observan cómo sus viviendas se libran de la pica y solo tienen que esperar la llegada de algún proceso regularizador que incluya su propiedad entre las zonas urbanizables.
* La Voz Digital - SILVIA TUBIO - 3.6.12
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz). viviendas 'ilegales' carretera Sanlúcar - diariodecadiz.com
El urbanismo de Boadilla, bajo sospecha
ELPAÍS/Madrid* : Casi todo el urbanismo de Boadilla del Monte está bajo sospecha. En total, la suma de las adjudicaciones de las que podría haberse beneficiado la trama del caso Gürtel podría alcanzar los cien millones de euros. El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel, ha acordado que la empresa municipal del suelo de este municipio madrileño (EMSV) envíe toda la documentación referida a las adjudicaciones de las que fueron beneficiarias tres empresas que aparecen en el sumario de la red corrupta: Teconsa, Ortiz y el Grupo Rafael.
El juez quiere cotejar, entre otros, el expediente municipal de la adjudicación del Auditorio Escuela de Música de Boadillla del Monte. El Ayuntamiento de Boadilla, con el imputado en el caso Arturo González Panero de alcalde, otorgó esta obra, según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a la sociedad Ortiz, por un valor de 5,35 millones de euros.
Pero el magistrado ha ido un poco más allá al requerir a la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General del Estado (IGAE) para que emita un informe que determine el grado de cumplimiento de los contratos otorgados a la empresa Tecnologías de la Construcción (Teconsa), por un montante que supera los 25 millones de euros.
La petición de Ruz siembra ahora la sospecha sobre otras adjudicaciones que, hasta el momento, no estaban incluidas en el sumario. Se trata de la construcción de una piscina municipal cubierta en el Polígono de Las Eras, por un importe de 2,94 millones de euros; la adjudicación de dos colegios, uno de primaria y otro de secundaria, por un valor de 3,97 millones de euros; y tres promociones de viviendas de protección pública, de 96, 80 y 57 viviendas cada una, y más del doble de plazas de garaje. Solo esta última, las 57 viviendas, superan los 8 millones de euros. En total, y según estimaciones del caso, Ruz pone el foco en las adjudicaciones de Teconsa y Ortiz, que suponen una inversión superior a los 30 millones de euros procedentes del Consistorio, que entonces gobernaba Arturo González Panero, alias El albondiguilla, con Juan Siguero como número dos. Ambos están imputados en la causa.
Además, y fuera del urbanismo, el magistrado reclama a la empresa municipal del suelo de Boadilla toda la documentación referida a la adjudicación, facturación y pago de 16 eventos que supuestamente beneficiaron a la red de Correa. Ruz investiga si Correa se benefició también de la organización de estos 16 actos públicos realizados por sus empresas. Según un auto del pasado 17 de mayo se trata de tres campañas sobre la Ora; dos sobre la implantación del SER en Boadilla; dos promociones publicitarias sobre el ahorro de agua; cuatro publicidades sobre viviendas públicas; dos campañas del festival Summercase 2006; otras dos sobre la celebración de una gala en una televisión privada; así como la inauguración de la sede del PP de Boadilla del Monte el 19 de julio de 2006. Este acto contó con la presencia e Arturo González Panero, pero también de quien entonces era secretario general del PP madrileño Francisco Granados, de la actual delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y de la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Adrados.
Esta decisión judicial constituye un paso firme e importante, pues hasta el momento las adjudicaciones bajo sospecha en Boadilla del Monte se limitaban a la edificación de un polideportivo por parte de la sociedad Constructora Hispánica (30 millones de euros), la pavimentación de varias calles del centro de Boadilla, también a Hispánica (500.000 euros); la adjudicación de una parcela por 27 millones a la firma UFC, de José Luis Ulibarri, así como la adjudicación directa a Easy Concept, una de las empresas del presunto cerebro de la red, Francisco Correa, de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), que superaba los 7,2 millones de euros. Otra de las adjudicaciones de las que se benefició la red corrupta, más de un centenar de locales comerciales y plazas de garaje en la promoción Residencial Siglo XXI está valorada en 6 millones de euros. Todo por un montante muy superior a los más de 60 millones de euros.
A ello hay que añadir que el exjuez Baltasar Garzón logró abortar una operación de la trama Gürtel en la urbanización Prado del Espino (Boadilla) por la que el Ayuntamiento de este municipio perdía un mínimo de 13 millones de euros, según un informe de la policía.
Si a los últimos 30 millones de Teconsa y Ortiz se suman los más de 60 millones sospechosos que se habían detectado hasta el momento, el beneficio de la red podría haber superado ampliamente los 90 millones de euros, según las valoraciones de las adjudicaciones municipales. Incluyendo actos e ingresos que se dejaron obtener, la red Gürtel pudo tener un beneficio cercano a los 100 millones de euros,
Los informes que forman parte de las diligencias judiciales apuntan también al ingreso en las cuentas de la trama de 1,8 millones de euros que posteriormente se repartieron tanto Correa como Pablo Crespo, su número dos. La policía apunta que se trata de "una cantidad muy elevada para vincularla a un solo pago, y más teniendo en cuenta que en otras actuaciones realizadas con Teconsa el pago de la comisión correspondía a un porcentaje de un 3% sobre el precio de adjudicación de la obra". Por ello considera que el importe "no se correspondería con el pago de una comisión, sino que aglutinaría varias adjudicaciones de las que ha sido beneficiaria Teconsa en Boadilla del Monte [Madrid]". Estas adjudicaciones son las que está investigando ya Ruz, que también trata de determinar la participación de Teconsa en la organización de la visita del Papa a Valencia.
* El País - TONO CALLEJA Madrid 3 JUN 2012
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), sede_Ayuntamiento - elpais
La voracidad urbanística se come a bocados la costa española y las mejores playas
20MINUTOS* : El proyecto urbanístico que amenaza la playa virgen de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz), es el enésimo ataque contra un paraíso natural en España. En el país donde se tuvo que inventar la palabra ladrillazo para denominar los excesos cometidos por los promotores inmobiliarios, no hay arenal protegido ni paraiso natural que frene el avance de las excavadores.El proyecto de Valdevaqueros afecta a 700.000 m2 con una edificabilidad de 84.000 m2, prevé la construcción de un complejo hotelero de 1.450 plazas y 350 viviendas, y está promovido por la empresa GMT, con el arquitecto Juan Muñoz –marido de la periodista Ana Rosa Quintana– a la cabeza. La Comisión Europea está estudiando la denuncia presentada por Verdemar-Ecologistas en Acción por posibles infracciones en la playa de Los Lances y en la duna de Valdevaqueros.
El mismo día que esa playa acaparaba titulares, se conocía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulaba la protección ambiental dada por la Junta de Andalucía en 2008 al paraje del parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) en el que se proyecta la macrourbanización 'Marinas de Aguamarga' con 350 viviendas en parcelas de uso residencial y un hotel con 300 habitaciones.
Pero antes que Valdevaqueros y Aguamarga, hubo otros nombres de playas paradisíacas que se han hecho tristemente famosos por las agresiones o amenazas sufridas. Repasamos algunos de ellos con ayuda del informe que cada año elabora la organización Greenpeace.
Paisajes amenazados
Es trenc. El Gobierno balear ha dado su aval al proyecto de construcción de un complejo hotelero a 150 metros de la playa virgen de Es Trenc. Es un arenal de más de cuatro kilómetros que había sido preservado por la norma estatal de costas. Curiosamente la playa de Es Trenc fue elegida por nuestros lectores como la mejor playa balear de 2011.
Marina de Cope. La Región de Murcia promueve el proyecto turístico e inmobiliario más ambicioso de la comunidad: convertir 21 millones de metros cuadrados de costa virgen en un megacomplejo urbanístico. En el proyecto de Marina de Cope se prevé la construcción de unas 5.000 viviendas y 20.000 plazas hoteleras, así como cinco campos de golf, centros deportivos y de ocio, así como una marina interior para 2.000 embarcaciones.
Jaizkibel. El proyecto de construir un puerto exterior adosado al monte Jaizkibel (Hondarribia) está en stand by después de que un informe ministerial concluyese que alteraba "de forma irre-versible" los LIC –ecosistemas protegidos– de Jaizkibel y Ulía. Euskadi, con 253 kilómetros de costa, tiene protegido "sólo un 14,2% de su litoral,el porcentaje más bajo de todo el Estado", según un informe de Greenpeace y Jaizkibel Bizirik.
Puerto Mayor-Puerto Maestre. En 2005 se paralizaron cautelarmente las obras del puerto deportivo Puerto Mayor, en La Manga (Murcia). Más de la mitad de la superficie que se ganará al mar se dedicará a la creación de un campo de golf y a la construcción de viviendas. Las obras continuaron durante meses a pesar de la petición de paralización del ministerio de Medio Ambiente. En 2008 el TSJ autorizó al promotor a terminar la dársena deportiva, pero no la urbanización.
Paisajes destruidos
Algarrobico. El Supremo falló en marzo que el hotel Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre. La sentencia sentencia desetimaba el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional (AN). Sin embargo, el PP busca ahora la fórmula para sortear la ley.
Marina D'Or. El mega complejo urbanístico de Marina d'Or (Castellón) tenía en 2010 el dudoso honor de superar el índice de 30 pisos sin vender por cada 1.000 habitantes, la media española está en 13,3 por cada 1.000 personas. Contra todo pronóstico, en abril de 2010, la Generalitat aprobó el Proyecto de Actuación Integrada (PAI) para la construcción de 35.000 nuevas viviendas en Marina d'Or Golf (en Cabanes y Oropesa).
Acantilados de Andratx. (Mallorca). "Un desastre urbanístico", según el Tribunal Supremo, que en diciembre de 2009 condenó a sus principales responsables. El alcalde del pueblo, Eugenio Hidalgo, ingresó en prisión después de haber sido condenado a 4 años de cárcel por haber construido un chalé en una zona rústica protegida. El alto tribunal justificó entonces que se acudiera al Derecho Penal "ante la inoperancia administrativa" para frenar la destrucción paisajística.
Urbanización Calafat. Otro ejemplo de saturación urbanística, tan propia de la costa de Tarragona, donde en pocos años, la sobreedificación ha ocasionado una barrera continua. En la primera mitad de la década, la mayor concentración de nuevas construcciones en la costa catalana se ha producido en el entorno del delta del Ebro. Además, en esta zona con escasez de agua, se han producido desarrollos urbanísticos alrededor de campos de golf.
Las cifras de la destrucción
(Según datos de Greenpeace)
El 44% de la población española vive en los municipios costeros, que apenas representan el 7% del territorio.
En los últimos 20 años se ha destruido en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día.
En algunas comunidades más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables y casi el 25% del litoral es costa artificial.
En la actualidad en España hay suelo recalificado y comprometido para construir cerca de 20 millones de viviendas.
Entre 1990 y 2000 la urbanización en España aumentó un 25,4%, la población, un 5%.
En 2007 los ayuntamientos del litoral proponían la construcción de cerca de 3.000.000 de nuevas viviendas.
En la actualidad hay en España 416 campos de golf. Un campo de golf necesita al año una cantidad de agua equivalente al consumo de una población de 10.000 habitantes.
En 2008 la venta de pisos en la costa descendió un 30%. En 2009 había un millón de viviendas sin vender, casi la mitad en la costa mediterránea.
En 2004, el presupuesto necesario para mantener las infraestructuras turísticas (aeropuertos, puertos, hoteles, playas, etc.) superó en un 25% a los ingresos producidos por el turismo.
Siete de cada diez alcaldes acusados de corrupción fueron reelegidos en las elecciones municipales de 2007.
En 2010, 38 ciudades españolas incumplen la normativa de depuración de aguas, cuyo plazo vencía en diciembre de 2000.
* 20 Minutos - 31.5.12
Foto: Tarifa (Cádiz), playa Valdevaqueros - martindearriba
Fomento dará 1,2 millones para la red que legalizará viviendas en Barreiros
ELPAÍS/Lugo* : El Estado pondrá dinero en Barreiros. El convenio por el que Xunta, Diputación de Lugo y Ayuntamiento pretenden arreglan el estropicio urbanístico de la villa costera con 14 millones de euros para saneamiento, servicios e infraestructuras viarias contará también con algo más de 1,2 millones que abonará el Ministerio de Fomento al municipio, a cuenta de la cesión de varios tramos de la carretera nacional para su conversión en travesía urbana. Los fondos estatales contribuirían así a la aportación municipal prevista en el convenio, siete millones que hasta ahora se suponía que se iban a obtener de los promotores inmobiliarios con intereses en la zona. Con ello se pretende dar viabilidad al crecimiento inmobiliario autorizado por el alcalde, el popular Alfonso Fuente Parga, que dio licencia para levantar 3.000 edificios, casi tantos como los habitantes del lugar.
La contribución de Fomento se suma a los 5,2 millones que sí han consignado los promotores ante el Ayuntamiento a través de avales, según sostuvo ayer en la comisión de Ordenación Territorial del Parlamento la secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, a preguntas del diputado socialista Ismael Rego. Este salió de inmediato al paso. “Van a implicar también al Estado. ¿No quedamos en que el 50% lo ponían los promotores?”, preguntó, para arremeter contra el “ultraje” de que se financie “el gran pelotazo” con impuestos “mientras otros viajan en Mercedes y se desplazan a países exóticos”.
El debate trató también sobre la renuncia de la Xunta a los contenciosos con el Ayuntamiento a cuenta de la manga ancha de este al autorizar licencias, que en algunos casos suscitó también el interés de la fiscalía. Rivas apeló al informe de la asesoría jurídica que supuestamente avala este cambio de postura frente a la beligerancia de la Xunta del bipartito, que llegó a suspender el planeamiento municipal. La modificación de la ley de ordenación del territorio de 2010, que elimina la obligación de los parcelaciones en núcleos rurales, y el propio convenio multilateral fueron motivo para el desistimiento, según argumentó. Rego volvió a reclamar que se entregue tal informe, que la cámara reclama sin éxito desde hace un año.
Los vaivenes doctrinales de los servicios jurídicos de las Administraciones salieron también a colación en el debate previo sobre los núcleos rurales costeros. El nacionalista Bieito Lobeira reclamó que la Xunta pida al Estado que retire el recurso contra la Lei de Vivenda de 2008, aprobada en Galicia por consenso y que trataba de regular la cuestión. El Gobierno de Zapatero recurrió la ley por invasión de competencias y la cuestión sigue pendiente en el Tribunal Constitucional. “Se nos dijo que si el PP gobernaba el recurso se retiraba”, recordó Lobeira, que anticipó una resolución desfavorable del Constitucional. Rivas apuntó que el PP ya recurrió al tomar posesión en la Xunta. Entonces en el Gobierno central estaba el PSOE, pero volver a pedir la retirada ahora que gobierna el PP sería al entender de la secretaria de Urbanismo “trasladar el mal ejemplo de que las decisiones de la Abogacía del Estado son tuteladas por el Gobierno de turno”. Después insistió en que Xunta y Ministerio de Medio Ambiente negocian una solución para los núcleos.
El BNG, por último, quería “exigir” al Gobierno central que en ningún caso la concesión a la fábrica de celulosas de Ence en Pontevedra siga más allá de 2018. Los populares optaron por “instar”, y no hubo acuerdo.
* El País - VÍCTOR HONORATO Pontevedra 31 MAY 2012
Foto: Panorámica de edificios en construcción en Barreiros, donde el Ayuntamiento dio licencia para construir unos 3.000 / ANXO IGLESIAS
El Supremo invalida el plan de usos de la Albufera a seis meses de caducar
LASPROVINCIAS/Valencia* : Una sentencia del Tribunal Supremo del 10 de mayo anula el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque de la Albufera. Este plan, que está en vigor desde el 19 de noviembre de 2004, caduca este año ya que su plan de vigencia era de ocho años.
Acció Ecologista-Agró interpuso esta demanda en 2005 al considerar que el plan permitía extender el suelo urbano al territorio protegido (sobre todo en terrenos de Pinedo, El Palmar y El Perelló) y al entender jurídicamente que esta norma no podía estar por encima de la del Plan Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Las acciones legales comenzaron ese año y en 2008 consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia les diera la razón, aspecto que ahora ha ratificado el Supremo, cuatro años más tarde. Sin embargo, la nulidad llega un poco tarde puesto que el PRUG era un plan que nació con la caducidad de ocho años, es decir que este año tiene que actualizarse.
De hecho la Consellería de Medio Ambiente ya ha comenzado la ronda de contactos para cambiar la norma.
Desde d'Acció Ecologista-Agró se recibió ayer la noticia con alegría. El representante de la agrupación en la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera, Víctor Navarro, explicaba que la sentencia es muy positiva porque «anula todas las autorizaciones que se han hecho sobre la zonificación de la zona. Lo que ha dicho el Supremo es que no cabe extender el suelo urbano al terreno protegido», decía ayer. El miembro de Agro tildaba tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento de «temerarios» al haber pensado que el PRUG podía estar por encima de una norma superior como es el PORN. Y expresaba que la sentencia lo dice muy claro al «imponerles el pago de los 6.000 euros que suponen las costas del juicio», que tendrán que repartirse a partes iguales las dos instituciones.
Navarro entiende que desde la Conselleria y el Ayuntamiento se van a tener que revocar ahora algunas de las autorizaciones que se han dado para hacer «algunas casas de aperos, pequeñas casas vallados y, por ejemplo, la licencia de los casas de madera que se hicieron en un camping cercano al Palmar».
Navarro entiende que «los 300 chalets que Valencia quería hacer en la zona de Pinedo ya no se van a poder hacer» y apunta hacia un lugar que tendría mucha más repercusión porque se trata de una obra que ya está terminada: «Habrá que ver si la reforma y ampliación del Parador del Saler es legal o no».
El ecologista lo tiene claro: «Ahora lo que tienen que hacer es anular todas las autorizaciones que han dado desde el 2004 y si no actúan entonces podremos empezar a hablar de prevaricación». «Ahora lo que vamos a hacer nosotros es revisar todas las autorizaciones que se han dado y vamos a priorizarlas dependiendo del daño que ecológico que hayan podido producir».
El Ayuntamiento de Valencia no quiso pronunciarse al no tener constancia aún de la sentencia condenatoria. En los últimos años se han realizado importantes actuaciones como la regeneración de las playas, la demolición de una fábrica y un colegio en la playa y la plantación de árboles y arbustos autóctonos de la Devesa de El Saler.
* Las Provincias - 1.6.12
Foto: Parque Natural de la Albufera - turismo
Proteger solo al casero no potencia el mercado de alquiler
Las medidas del Gobierno prevén que los propietarios puedan recuperar su vivienda en cualquier momento con independencia de lo que establezca el contrato, mientras que el inquilino también podrá dejar el piso comunicándolo con un mes de antelación. Hasta ahora los contratos tenían una duración de cinco años —la llamada prórroga forzosa— y de tres más si ninguna de las partes decía lo contrario. El Ejecutivo quiere que el periodo de prórroga forzosa sea de tres años y otro más de forma tácita. Es decir, el límite legal para permanecer en un piso de arriendo se reducirá a la mitad, de ocho a cuatro años.
España ha adolecido siempre de un mercado de alquiler muy débil por la primacía de la cultura de la propiedad. Los últimos datos de Eurostat, de 2010, indican que el 83% de los ciudadanos vive en un piso de su propiedad, mientras que solo el 17% reside con otro régimen de tenencia, sobre todo alquiler. La excepción es la ciudad de Barcelona, cuyo parque de viviendas de alquiler siempre ha oscilado entre el 25% y el 30%. Varios países superan esa proporción, todos ellos del este de Europa (ver cuadro). En Dinamarca, Francia, Reino Unido o Países Bajos entre el 30% y el 40% de los ciudadanos vive en régimen de alquiler, mientras que en Alemania esa proporción llega al 46,8%. En Suiza, incluso, el porcentaje de gente que arrienda (55,7%) es mayor que el de compra. La carencia es todavía más elevada en el alquiler social, que, según el Comité Europeo por la Vivienda Social, supone el 1% del parque de viviendas en España, frente al 19% de Francia, por ejemplo. ¿Servirán las medidas del Gobierno para corregir esos déficits?
“El Gobierno vuelve a equivocarse”, asegura con rotundidad el vicerrector de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, quien considera que el problema actual en el mercado de alquiler “no es de oferta, sino de demanda”. “No hay suficiente gente que demande viviendas de alquiler. Los inmigrantes vuelven a sus países, la gente que se cambia de ciudad por trabajo ha disminuido y los jóvenes que se independizan de sus padres también descienden. Por primera vez hay un exceso de oferta y por eso los precios están bajando, y mucho”, sostiene Bernardos.
Las condiciones de ahora del mercado inmobiliario pueden resumirse en una demanda que ya no puede acceder a la compra y debe ir al alquiler y, a la vez, otra que ya ni puede permitirse arrendar. El año pasado, 58.200 familias fueron desalojadas de su hogar, un 22% más que en 2010, según el Consejo General del Poder Judicial. Muchas, además, están acudiendo al alquiler por obligación: no pueden pagar sus cuotas hipotecarias y llegan a un acuerdo de dación en pago con la entidad acreedora para seguir en el piso en régimen de alquiler. “No creo que las medidas sirvan para impulsar el alquiler. Va a ser más el mercado el que fuerce a la gente que se plantee alquilar en vez de comprar”, asegura Miguel Hernández, experto en el sector inmobiliario de IE Business School. Hernández recuerda que, antes de la crisis, la brecha entre la compra y el alquiler estaba en el precio: salía más a cuenta hipotecarse que alquilar. Es decir, el arraigado mantra de que alquilar es tirar el dinero. “Algunas medidas eran necesarias, pero debe haber un diferencial entre el alquiler y la compra”, afirma.
Por el lado de la oferta, a finales de 2010 había 687.523 viviendas vacías que no hallaban comprador. Pero eso era solo de obra nueva. El Censo de Población y Viviendas de 2001 estaba en más de tres millones en las casas vacías. Y, a falta de que estos datos se actualicen este año, los expertos estiman que la cifra va a escalar. La exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, considera que el principal problema del stock de viviendas es que muchas no son aptas para el alquiler, ya sea por su tipología o por su ubicación. El profesor Bernardos, en cambio, propone que el Gobierno actúe por el lado de la oferta. Por ejemplo, movilizando el parque de viviendas que está en manos de la banca con un alquiler máximo de unos 150 euros mensuales, “asequible para una familia que lo esté pasando mal”.
La insolvencia de la demanda, también en el alquiler, está obligando a bajar precios. Según el último informe del portal inmobiliario Idealista.com, líder en España, en 31 de 42 capitales de provincia analizadas hubo descensos de precios en el primer trimestre del año. Y muchas llevaban encadenando varias bajadas. La oferta de pisos de alquiler, además, casi se ha duplicado entre 2009 y 2011. El Gobierno catalán, que dispone de datos oficiales porque es obligatorio depositar las fianzas de los pisos en la empresa pública Incasòl, ha registrado en ese periodo un incremento del 30% de los nuevos contratos de alquiler. Si en 2008 había 80.000 arriendos anuales, hoy hay casi 130.000.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha defendido en el Senado que el borrador que ha preparado pretende “preservar la libertad de arrendatarios y arrendadores” y asegurar una mayor “equidad” en sus relaciones, puesto que los inquilinos podrán dejar su vivienda sin ninguna penalización económica si deben trasladarse de ciudad por motivos económicos. Bernardos discrepa: “Todas las medidas están pensadas para mejorar la rentabilidad del propietario de vivienda, pero se olvida que el alquiler tiene un componente social muy importante. El Gobierno lo ve como un asunto de mercado estrictamente, pero los contratos de alquiler estaban muy acotados por ese factor social”, afirma.
Ahí coincide la exministra Beatriz Corredor, que opina que el Gobierno considera “el alquiler como un bien de inversión y no como una forma de acceso a la vivienda”. “Se trata de dar al alquiler un mínimo nivel de dignidad”, afirma Corredor. Una de las claves para ampliar el mercado de alquiler es “darle un mínimo nivel de dignidad”. Para Corredor, el fomento del alquiler pasa por igualar las condiciones fiscales de uno y otro modo de residencia y estimular la emancipación de los jóvenes. Y el Gobierno, recuerda, de momento ha decidido suprimir la renta básica de emancipación por las medidas de austeridad y, en cambio, ha vuelto a generalizar las desgravaciones fiscales para la compra de una vivienda habitual.
Entre las medidas anunciadas por el Gobierno, además, está la desaparición del IPC como referencia para actualizar los precios del alquiler. Serán las partes, según ha anunciado el Gobierno, quienes acuerden esa subida. Corredor desconfía de esa medida y recuerda que la liberalización de los alquileres de la ley de Boyer, en 1995, no consiguió movilizar el parque de viviendas hacia el alquiler, sino que se aumentaran las rentas. Tampoco Bernardos considera adecuada esa medida, puesto que la reforma debería proteger al más débil, “al inquilino”. “No se da una situación de igualdad entre arrendador y arrendatario”, afirma.
Fernando Encinar, de Idealista.com, opina que “para el inquilino no hay mejoras sustanciales, y todas las medidas favorecen al propietario”. “La medida de no tener como referencia el IPC da una inseguridad enorme al inquilino. El propietario puede venir y decirle que tiene una oferta mejor y que le sube el arrendamiento de golpe si quiere quedarse”, advierte.
¿Se ha pasado el proyecto de ley, pues, al proteger demasiado al propietario en detrimento del inquilino? En época de bonanza, las patronales venían asegurando que si no había más alquileres era por la inseguridad jurídica del propietario. Y ello a pesar de que la tasa de morosidad del alquiler, en esa época, era mucho más baja que la de la compra, de alrededor del 1%. Otra de las medidas de la ley consiste en agilizar los desahucios de los inquilinos morosos. La propuesta de Fomento pasa por que, si así lo propone el contrato, el impago pueda desembocar a la resolución del arrendamiento, sin más exigencia que un previo requerimiento notarial o judicial y sin necesidad de una sentencia declarativa. El responsable de Infraestructuras de KPMG, Cándido Pérez Serrano, asegura que la norma dará “más protección jurídica” a los propietarios. “A largo plazo, también será mejor para los demandantes, porque habrá un parque de viviendas más amplio donde elegir”, afirma.
El coordinador general del Observatorio de la Vivienda del Consejo del Notariado, Ignacio Navas, aplaude toda medida que dé “seguridad jurídica” al arrendador, pero critica que se pueda producir una semiliberalización, es decir, que la liberalización acabe siendo “excesiva” para el inquilino. “Sería partidario de que se deje libertad a las partes cuando sean dos particulares, pero no cuando el arrendador sea una sociedad”, asegura.
Más rotunda es la organización Cáritas Barcelona, que media entre bancos y ciudadanos para evitar desahucios. La organización ha pedido al Gobierno que retire ese proyecto al considerar que trata de responder a las exigencias “del sector financiero” para poder alquilar viviendas en un corto plazo de tiempo, sin apenas compromisos y con “las máximas facilidades para los desahucios”. En su opinión, España tiene hoy una oportunidad única de tener un parque de vivienda social en alquiler si movilizara el parque de viviendas “ocioso” que ahora está en manos de las entidades que ha nacionalizado. Y más en un momento en el que un alquiler barato sería la solución para miles de familias que están al borde de la exclusión social.
* El País - LLUÍS PELLICER / LUIS DONCEL Barcelona / Madrid 29 MAY 2012
Foto: Se alquila - elmundo.es
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Los privilegios de las concesionarias de autopistas
Las concesionarias de autopistas en España disfrutan de un beneficio fiscal tan obsoleto como el de la Iglesia en cuanto a pago de tributos a las Haciendas Locales. Desde 1972, las concesionarias están bonificadas con el pago del 95% del IBI que corresponde a los municipios por los que discurren sus carreteras de pago. La norma preconstitucional se perpetuó con el cambio de legislación que tuvo lugar en 1988 con la entrada en vigor de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y continúa hasta el momento actual. Aunque la norma prevé que las nuevas autovías sí paguen el tributo, en la práctica no se ha materializado este cambio ya que o bien las concesiones se han prorrogado en el tiempo o bien la Justicia ha entendido que una nueva autopista era la continuación o mejora de una ya existente. Además, las carreteras gratuitas se encuentran totalmente exoneradas del pago de este impuesto municipal.
La compensación por parte del Estado de esta bonificación, o su derogación, es una petición histórica de la Federación Española de Municipios (FEMP), que conviene recordar en mitad de la presión de las concesionarias por extender los peajes en sombra o la famosa ‘euroviñeta’ por todo el entramado de carreteras español. Los ‘lobbies’ de las concesionarias de las autopistas (ASETA) y el de las grandes constructoras (SEOPAN) han articulado su discurso de presión alrededor del peaje en las autovías por la necesidad de concienciar a los ciudadanos de que “los servicios públicos no son gratuitos”.
Sin embargo, estas empresas se han olvidado de explicar en sus informes que lo que sí es gratuito para ellas es el paso por los municipios españoles, un beneficio fiscal que ha sustraído miles de millones de euros a las arcas públicas locales.
Por apuntar un ejemplo de lo que este regalo fiscal retrae de las arcas públicas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falló en 2010 a favor de las protestas de un grupo de pequeños ayuntamientos que solicitaban la compensación por parte del Estado del cobro de este impuesto. Así, el TSJM reconoció que Monasterio de Rodilla, un municipio de Burgos de 215 habitantes por el que discurre la AP-1, tenía derecho a una compensación de más de 425.000 euros por el impuesto no cobrado desde 2006.
La sentencia reconocía el derecho a cobrar el 100% del IBI desde 1983, pero los pagos anteriores a 2006 se consideraron prescritos. Finalmente, el Tribunal Supremo falló a favor de la Administración General del Estado en el recurso final, y Monasterio tuvo que devolver los primeros 200.000 euros que ya había cobrado por los años 2006 y 2007.
Aunque no hay cálculos de lo que este impuesto podría suponer para el conjunto de los ayuntamientos de España a los que afecta, es fácil imaginar lo que se están ahorrando las concesionarias de autopistas si una pedanía de 200 habitantes como Monasterio se queda sin cobrar al año 100.000 euros por este IBI.
En total, en la sentencia del TSJM desestimada por el Supremo, se le había reconocido el resarcimiento de 4,5 millones de euros en concepto de IBI a una veintena de pequeños municipios atravesados por la AP-1. Por su parte, los diez regidores de los ayuntamientos afectados por la autopista del Huerna aseguran que dejan de ingresar al año seis millones de euros por la bonificación impuesta por la Administración General del Estado.
Los estudios que maneja ASETA sobre la recaudación que se obtendría con la Euroviñeta hablan de unos ingresos anuales de 2.700 millones, aunque la patronal SEOPAN rebaja sus aspiraciones a 1.800 millones. En cualquier caso, ambas cifras no estarían muy alejadas del montante que supondría para el Estado por la recuperación del IBI para las haciendas locales, un verdadero chute de liquidez para los famélicos ayuntamientos.
Las patronales justifican el pago del peaje por el uso y deterioro de la red viaria por parte de aquellos conductores que lo utilizan pero de nuevo omiten recordar que los vecinos de un municipio cargan con la bonificación de este impuesto, tanto usen la autopista como si no. El origen de este incentivo fiscal en los setenta, e incluso de su continuación en los ochenta, se puede entender en un contexto de infradesarrollo de la red viaria del país y del intento del Estado de impulsar la iniciativa privada en la construcción de autopistas. Pero, ¿es sostenible que las grandes constructoras reclamen el cobro de un peaje generalizado y el disfrute al mismo tiempo de una bonificación de impuestos indiscriminada?
Como apunte final, y para que el lector se haga una buena composición de lugar del tipo de presión al que las concesionarias someten al Gobierno del PP, cabe recordar que el presidente de la patronal de las autopistas (ASETA) es José Luis Feito, el mismo que ha ejercido durante años de mentor intelectual de la CEOE y que recientemente ha hecho declaraciones tan singulares como que los parados deberían aceptar un trabajo en Laponia.
Feito era del equipo de confianza de la vicepresidencia de Economía liderada por Rato a comienzos de la década pasada, y trabajó codo con codo con el actual ministro del ramo, Luis de Guindos.
* El Diario.es - Opinión - 29.5.12
Foto: Autopistas de peaje vacías - elpais.com
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A más ladrillo, más deudas
Es el caso de Finestrat, el municipio valenciano más endeudado de entre las poblaciones con menos de 20.000 habitantes. Sumando la deuda financiera y los pagos pendientes a proveedores, esta localidad, de apenas 6.000 habitantes, que ha triplicado su población desde el año 2000 por su proximidad a Benidorm, debe 22 millones de euros.
La remisión de facturas impagadas al Gobierno para someterse a un plan de ajuste suma 12 millones de euros y su remanente negativo de tesorería a finales de 2010 —último ejercicio auditado por la Sindicatura de Comptes— fue de casi 9,6 millones. Ese mismo año, en plena crisis, el Consistorio, gobernado por el PP desde 2007 con mayoría absoluta, tuvo un desfase presupuestario negativo de 970.664 euros sobre un presupuesto de 14 millones.
Cuando el PP alcanzó el poder, la deuda era de ocho millones de euros. El actual portavoz socialista, Vicente Martínez, se queja de que “han estado camuflándola para no disparar las alarmas y no sobrepasar el límite máximo legal de endeudamiento que, ahora, cuando han reconocido que se deben 22 millones, está más que rebasado”· “Se ha desbordado todo porque el gasto sigue descontrolado”, prosigue Martínez, para quien “Finestrat podría ser un pueblo rico si se toman medidas”, ya que “solo del Impuesto de Bienes Inmuebles ingresa casi siete millones de euros”. Pero no se trata solo de la deuda, de la que el PSPV culpa al anterior edil de Hacienda, Juan Francisco Pérez. Hoy, en Finestrat, hay siete urbanizaciones diseminadas y otra media docena por desarrollar.
Frente a esta fallida aventura, otro municipio, Parcent (1.123 habitantes), en La Vall de Pop de La Marina Alta, decidió rebelarse ante el frenesí urbanizador que se desató tras las elecciones de 2003 con la alcaldesa del PP, María del Carmen López. El movimiento vecinal que surgió para oponerse a los tres PAI aprobados en enero de 2006, que preveían la construcción de 1.800 viviendas, acabó generando la llamada doctrina Parcent, al posicionarse en contra el Tribunal Superior de Justicia y denunciar luego el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo la política urbanística valenciana. De aquella movilización surgió el Gobierno local de Coalición Democrática de Parcent, hoy con una amplia mayoría, que dio carpetazo al plan general ideado por sus predecesores y se comprometió con la transparencia.
Cada año el Ayuntamiento de Parcent hace públicas sus cuentas. Este ejercicio manejará un presupuesto de 626.775 euros —que llegó a ser de 2,31 millones en 2006—, solo un 0,6% inferior al del año anterior, en plena crisis y caída generalizada de ingresos para la mayoría de municipios valencianos. No ha necesitado un plan de ajuste y mantiene una única deuda de 22.532 euros con la empresa de los contenedores soterrados de recogida de residuos, con la que ha pactado el pago cuando el Ayuntamiento cobre el Plan Confianza. Las cuentas de 2011 se cerraron con 27.000 euros de superávit y el Consistorio incluso adelantó 43.000 euros de salarios que debería haber abonado la Generalitat.
* El País - ARTUR BALAGUER - 27.5.12
Foto: La localidad de Parcent, que evitó la urbanización de sus montes, vista desde el Coll de Rates. / NATXO FRANCÉS
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Imputan a funcionarios de Benalmádena por irregularidades urbanísticas
Las pesquisas, dirigidas por un juzgado de la provincia, se iniciaron a raíz de la denuncia de una persona del entorno del ayuntamiento benalmadense, que puso en conocimiento de la Benemérita una serie de supuestas irregularidades en la construcción de una promoción de viviendas en el municipio, explicaron las fuentes consultadas.
El expediente sobre el que han puesto el foco los investigadores data de hace varios años. Los especialistas de la Guardia Civil indagan en una operación en la que al parecer se habría conseguido un aumento de edificabilidad en la construcción de unos inmuebles utilizando unos documentos aparentemente falsificados. Esas supuestas irregularidades habrían colocado en el punto de mira de la investigación a varios funcionarios que trabajan -o lo habrían hecho en el pasado- en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Benalmádena.
Fase de explotación
Tras varios meses gestándose en los despachos de los agentes que llevan el caso, la operación ha entrado esta semana en su fase de explotación. En los últimos días han sido citados para prestar declaración varios funcionarios y trabajadores municipales. Algunos de ellos han sido interrogados en calidad de imputados y se les ha informado de que van a ser citados por el titular del juzgado que instruye las diligencias.
El peso de la investigación lo ha llevado el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona); los mismos grupos que trabajaron, en un mano a mano con el Cuerpo Nacional de Policía, en la 'operación Majestic' contra una supuesta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de Casares.
No en vano, las dos investigaciones se han simultaneado en el tiempo. 'Majestic', que llevaba cocinándose en comisaría y en la comandancia desde finales de 2010, saltó a la palestra el pasado 14 de mayo, cuando un equipo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil precintó el Ayuntamiento de Casares para proceder a su registro.
La redada se saldó aquella jornada con las detenciones del exalcalde Juan Sánchez, su esposa, un abogado y una mujer. Durante los días siguientes, varias personas desfilaron por el Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona para ser interrogadas por su presunta implicación en la trama. La primera fase de 'Majestic' se cerró la semana pasada con doce imputados, aunque con los dos principales sospechosos en busca y captura.
* SUR - JUAN CANO / JAVIER RECIO - 30.5.12
Foto: Benalmádena (Málaga), ayuntamiento - guiadebenalmadena
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