LAVOZ/A Coruña* : Una vez más, el urbanismo boirense está en el punto de mira después de hacerse pública una nueva sentencia judicial. En este caso, el fallo, que es firme, anula la reorganización de las fincas sobre las que se levantó un edificio que hoy está habitado, así como la licencia para su construcción, en la avenida de Barraña. El litigio en torno a este asunto se inició pocos meses después de que el gobierno municipal concediese el permiso para la actuación, en el año 2007, y concluyó el pasado mes de marzo con la notificación de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Este último fallo judicial, contra el que no cabe recurso alguno, desestima las alegaciones presentadas tanto por el Concello de Boiro como por la empresa promotora contra una resolución anterior dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Santiago.
Esa primera sentencia daba la razón a los propietarios que interpusieron el recurso y anulaba los acuerdos de la junta de gobierno local presidida por Xosé Deira en los que se aprobaba el expediente de reorganización de fincas en suelo urbano consolidado y se concedía la licencia urbanística para levantar un inmueble de cuatro plantas en el cruce entre la avenida de Barraña y la calle número 5. Entre las peticiones formuladas en el recurso de apelación, se solicitaba que se declarase «inadmisible o desestimable» el contencioso-administrativo interpuesto, algo que el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechaza, aunque difiere en algunos de los razonamientos recogidos en la primera sentencia.
Defectos de procedimiento
Por ejemplo, se alude a los defectos de procedimiento en el expediente de reorganización de las fincas en las que se construyó el edificio que esgrimieron los demandantes, y se desestiman uno a uno utilizando distintos argumentos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sí les da la razón en un asunto primordial que tiene que ver con la «compra forzosa» o «adsorción por compra» de una parte de los terrenos del solar. Y es que, según se recoge en la sentencia, «la solución adoptada en el proyecto de normalización aprobado respecto de la parcela 3 no es conforme a derecho» y, en consecuencia, se confirman los «pronunciamientos anulatorios» recogidos en la primera sentencia, dictada en diciembre del año 2010, «con la consiguiente desestimación del recurso de apelación».
* La Voz de Galicia - MARTA GÓMEZ - 27.5.12
Foto: El edificio está situado en la avenida de Barraña. SIMÓN BALVÍS
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ELPAÍS/Alicante* : El Gobierno del PP del municipio juguetero de Ibi (24.000 habitantes) ha escalado hasta la cima de la negra estadística en la provincia de Alicante por supuesta corrupción. En tres años, otros tantos miembros del Ejecutivo local, liderado por la también diputada autonómica Maite Parra, han dimitido tras ser acusados, entre otros delitos, de malversación, cohecho y blanqueo de capitales y prevaricación.
Cada uno de los exediles es la punta de lanza de otras tantas piezas de un mecano de corrupción que los dos juzgados de la localidad tratan de desentrañar. La base de las tres supuestas tramas corruptas es el pago de comisiones a cambio de contratas, obras y planes urbanísticos.
La cainita disputa entre los dos antiguos sectores del PP alicantino, ripollistas y campistas, está en el origen de la investigación. En pleno pulso entre ambos sectores, la alcaldesa expulsó a principios de 2009 del Grupo Popular a la edil ripollista Felicidad Peñalver.
La reacción de Peñalver fue una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, supuestos tratos de favor a familiares e incrementos desmesurados patrimonio de sus excompañeros. La denuncia de Peñalver situó en el ojo del huracán a la alcaldesa y su hombre fuerte y presidente local del PP, Miguel Ángel Agüera. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibi abrió en 2010 una causa que dos años más tarde aún es secreta.
La cainita disputa entre los dos antiguos sectores del PP alicantino, ripollistas y campistas, está en el origen de la investigación. En pleno pulso entre ambos sectores, la alcaldesa expulsó a principios de 2009 del Grupo Popular a la edil ripollista Felicidad Peñalver.
La reacción de Peñalver fue una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, supuestos tratos de favor a familiares e incrementos desmesurados patrimonio de sus excompañeros. La denuncia de Peñalver situó en el ojo del huracán a la alcaldesa y su hombre fuerte y presidente local del PP, Miguel Ángel Agüera. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibi abrió en 2010 una causa que dos años más tarde aún es secreta.
Además, de estas tres causas principales, en los dos juzgados de Ibi hay más denuncias (de particulares y de políticos) sobre supuestas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Ibi. El lapso de tiempo que los jueces están investigando abarca desde 2003 hasta 2010. En ese periodo el Ayuntamiento ha estado en manos de PP, bien en minoría, como en la actualidad, o con mayoría absoluta, entre 2007 y 2011.
Y en ese período el Consistorio ha puesto sobre el tapete tres grandes obras, dos grandes contratas y un macroplan urbanístico. Y en la mayoría de los casos con importantes desvíos sobre el presupuesto inicial.
El mayor programa urbanístico ha sido el PAI del Alamí. El plan, que prevía 1.200 casas, se adjudicó en 2004 a la firma La Generala, la oferta más cara, por 17 millones. Esta empresa se comprometió a construir un pabellón y un vial. Ocho años más tarde, la zona del PAI, 350.000 metros cuadrados, es un erial, y ni hay pabellón ni vial. La adjudicación del PAI motivó la primera denuncia en los tribunales a cargo del promotor local José Gimeno por una supuesta estafa de 12 millones de euros contra la mercantil La Generala.
Una de las obras más importantes ha sido la piscina climatizada, que adjudicó el PSPV en 2002 por 1,8 millones a la firma Electrosur. En 2003, el PP revocó la adjudicación y se la dio a la mercantil Intersa-Levante, por 2,5 millones. La obra ha acabado costando 3,1 millones. Además, la reforma del Teatro Río, adjudicado a la firma Intersa-Levante por 3,9, al final ha costado nueve millones, y el coste del palacio de justicia se elevó de 1,3 a 1,7 millones.
Las dos grandes contratas son la del agua, a la firma Aquagest, por 25 años y un canon de 1,1 millones de euros, y la limpieza y recogida de la basura, pendiente de adjudicar. Hasta ahora estas dos concesiones iban por separado: la primera, en manos de FCC y la segunda, de Urbaser. El nuevo contrato ha salido por 36 millones y 18 años. La mesa de contratación lo adjudicó a la firma Secopsa-Utesa, pero está pendiente de un informe de la junta consultiva de la Generalitat.
* El País - SANTIAGO NAVARRO Alicante 27 MAY 2012
Foto: Ibi (Alicante) - cult.gva.es
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ELPAÍS/Guadalajara* : Las masas de adosados, unos de color beis claro, otros de ladrillo rojo, escoltan, en la distancia, la silueta casi intacta del castillo del siglo XV. Las glorietas de acceso a Pioz, a unos 55 kilómetros al noreste de Madrid, están marcadas con señales de alerta: cruce peligroso, acceso a urbanizaciones. Por todas partes asoman conjuntos de casitas nuevas construidas en el furor del boom del ladrillo. Trascastillo, El Bosque del Henares, Valcastillo, Las Suertes, Montealto, La Arboleda, Los Charquillos, Madrebuena. Algunas semivacías. Nada diferente de lo que puede verse en otros muchos puntos de España. Lo único especial de Pioz es que pasa por ser el pueblo más endeudado del país. Según su alcaldesa, Amelia Rodríguez, del PP, la deuda del municipio, que tiene un presupuesto de dos millones de euros, asciende nada menos que a 16 millones.
En medio de la vorágine diaria de la crisis, Pioz es un ejemplo a pequeña escala del fracaso del modelo de desarrollo que ha imperado en las últimas décadas en España. Un pueblo que a mediados de los años noventa no llegaba a los 1.000 vecinos invirtió millones para convertirse en una ciudad dormitorio de 25.000 habitantes. Las expectativas no se cumplieron y hoy Pioz tiene 3.800 empadronados y un agujero en las finanzas colosales.
Pero ser señalados como los más endeudados por su propia regidora no ha gustado mucho a la mayoría de los vecinos de toda la vida. Y más de uno se pregunta por qué fue tan diligente Amelia Rodríguez al identificar a Pioz como la localidad que tardará 7.058 años en saldar su deuda (tras acogerse al plan de pago a proveedores), a la que aludió hace unos días el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Sobre todo porque Beteta habló de un pueblo de Guadalajara, pero se cuidó muy mucho de dar nombres.
“Yo tampoco dije que fuera este Ayuntamiento. Solo que podría ser”, aclara la alcaldesa de Pioz, que recibe a la periodista muy seria porque se declara “harta de entrevistas” y muy ocupada. Amelia Rodríguez, de 45 años, pelo corto muy negro, viste pantalones oscuros y blusa rosa, y parece muy consciente del revuelo que ha levantado con su denuncia. “Estoy de acuerdo en que no es bueno para el pueblo, pero ¿qué hago?, ¿me callo?”. No parece ese el estilo de Rodríguez, con más de dos décadas en la política municipal, que en julio de 2011, poco después de hacerse cargo de la alcaldía, envió circulares a todas las Administraciones explicando la desesperada situación de las finanzas locales.
“Ahí están las facturas”, dice señalando un montón de carpetas blancas apiladas en una estantería de su despacho. Deudas de centenares de miles de euros por suministros y mantenimiento, por alumbrado público, asesoramiento urbanístico, limpieza de escuelas o pagos pendientes de la piscina municipal. De esta última, según Rodríguez, se abonaron solo 300.000 euros, y la factura con los intereses supera ampliamente el millón. Ante esta situación, “este año he tenido que suprimir los toros, porque tenía que elegir entre las fiestas o la calefacción de los colegios en invierno”, afirma la regidora, que insiste en que su denuncia no es política. “No se trata de si gobernó el PSOE o el PP. Se trata de tener dos dedos de frente”, añade en clara alusión a Emilio Rincón, su antecesor en el cargo.
Rincón, concejal por el Partido Regionalista de Guadalajara en 1999, ha sido alcalde hasta las últimas elecciones de 2011, primero con una agrupación independiente, luego con el PSOE, y defiende apasionadamente su gestión contra las “mentiras” de su sucesora. Para empezar, reduce la deuda a la mitad. “En el plan de ajustes que se aprobó en el pleno se habló de 5,4 millones de euros, que equivaldrían al 80% de la deuda, es decir, unos 8 millones de euros, nada de 16 millones”. El exalcalde, que trabajó en la construcción y ahora está en paro, es uno de los dos concejales socialistas de Pioz después de la escisión del partido y la creación de Ciudadanos por el Cambio (CuC), que obtuvo cuatro ediles y que ha hecho frente común con él en este tema. “La alcaldesa habla de facturas, pero no las enseña. Llevamos un año pidiendo hablar con la interventora y no lo hemos conseguido”, cuenta por teléfono Vladimiro Pastor, portavoz de CuC en el Ayuntamiento.
Buena parte de la deuda del pueblo procede de la depuradora de agua, que fue construida tras la aprobación del plan de urbanismo de 2003 y cuya factura, en torno a los 5,5 millones de euros, estuvo a punto de asumir el Gobierno regional saliente. ¿Por qué no se hizo por fases? Eran tiempos pletóricos para la construcción. Desde finales de los noventa, “se doblaba el padrón cada tres o cuatro años”, dice Pastor. Y la Corporación se frotaba las manos. “Pensamos en construir unas 7.000 viviendas con el objetivo de llegar a los 25.000 habitantes”, explica Rincón, de 49 años, en el bar Los Cazadores, que atiende un familiar. “Venía gente de Madrid y del Corredor del Henares a comprar pisos aquí. Al menos podríamos haber llegado a 10.000 empadronados”.
Urbanismo exigió un plan de infraestructuras: depuradora, colectores de aguas fecales, alumbrado. “Una inversión de 12 millones de euros, de los que se pagaron 8 millones”, asegura Rincón. Y llegaron también la piscina, el centro cultural, el centro médico, imprescindibles en una ciudad dormitorio de 25.000 almas. Pero en el verano de 2007 el viento cambió bruscamente. “Las promotoras paralizaron las obras en cuanto vieron que no vendían la primera fase”, recuerda el exalcalde, y todos los proyectos se desinflaron.
“Ya, pero el pueblo se ha beneficiado de todo eso. De la piscina, y del centro de salud, que antes era una cuadra, y del centro cultural, que tiene biblioteca y un salón de actos muy majo”. El que habla, Emilio Varela, dueño de una céntrica panadería y vecino de una de las despobladas urbanizaciones de Pioz, se declara consternado por toda la polémica. Aunque la biblioteca lleva meses cerrada porque la bibliotecaria está de baja, y el flamante centro médico solo abre por las mañanas. Para las urgencias hay que ir a la vecina Chiloeches. Pero ahí está la actividad del centro cultural Cervantes, que ha servido, dice Varela, de aglutinante social en un pueblo donde la mayoría de los habitantes vienen de fuera. Aunque no sean los soñados 25.000, sino una pequeña fracción sobre la que planea la deuda.
* El País - Lola Galán 25 MAY 2012
Foto: Un conjunto de viviendas adosadas en Pioz (Guadalajara). / GORKA LEJARCEGI
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ABC/Málaga* : Los investigadores de la «operación Majestic» han solicitado una orden de búsqueda y detención internacional contra Robert Gaspar y Robert Mani, los dos presuntos cerebros de la trama de blanqueo de capitales de dinero de la mafia rusa desmantelada en el municipio malagueño de Casares y que hasta este el momento se ha saldado con la detención de siete personas, entre las que se encuentra el exalcalde, y la imputación de al menos tres más.
Estos dos individuos, que forman parte de un buen número de sociedades y que operan en la Costa del Sol en negocios tan diversos que van desde la construcción a las carreras de caballos, se encontraban fuera del país cuando se llevó a cabo la operación y todo hace indicar que han sido alertados para que no regresen.
Inicialmente se sitúa el paradero de ambos en Filipinas y que se están haciendo gestiones para que sean localizados y arrestados. Para ello se ha solicitado al titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona, que instruye la causa, una orden de búsqueda y captura internacional contra Robert Mani y Robert Gaspar. Éste último está considerado el hombre fuerte en la Costa del Sol de Ricardo Fanchini, uno de los mayores traficantes de droga y blanqueo de dinero que está encarcelado en Estados Unidos. Mientras que el primero es un oscuro personaje con muchos intereses en la zona.
La investigación va implicando a más personas en el entramado. Las citadas fuentes explicaron que en listado de siete detenidos se encuentran una ciudadana alemana y otra natural de Johannesburgo acusadas de blanqueo de capitales.
Una de ellas fue interceptada en La Línea de la Concepción después de aterrizar en Gibraltar en un vuelo procedente de Londres. La surafricana fue capturada en el aeródromo de la capital malagueña cuando regresaba de Suiza. A estas dos mujeres se unieron en las últimas horas el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Casares, Pedro González, y el abogado y exconsultor municipal, Rafael Duarte, que quedaron posteriormente en libertad con cargos por prevaricación. Duarte también se encuentra imputado en el «caso Astapa».
* ABC - PABLO D. ALMOGUERA - 18.5.12
Foto: Casares (Málaga), urbanizaciones costa - EFE
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PACO SEGURA/ECOLOGISTASENACCIÓN* :
Tenemos adicción a las grandes infraestructuras de transporte. Durante años nos han venido repitiendo que teníamos un gran déficit de infraestructuras en relación a los países de nuestro entorno, y de pronto nos encontramos con que somos el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, con más kilómetros de alta velocidad ferroviaria y con más aeropuertos, la mayor parte casi vacíos, sin olvidar que en cada fachada marítima cada puerto aspira a ser el más importante y se dimensiona como si realmente lo fuera.
También nos han venido repitiendo una y otra vez que las infraestructuras de transporte son buenas para la economía, que sólo traen beneficios para la sociedad, que crean mucho empleo... Pero luego nos damos de bruces con la paradoja de que somos récord europeo en infraestructuras y récord europeo en paro; con que tenemos más y mejores infraestructuras que nadie, pero al mismo tiempo peores dificultades económicas.
En definitiva, el discurso oficial va por un lado y la realidad por otro. Las cosas no suceden como nos quieren hacer creer, pero sí como concluyen la mayor parte de los estudios que han analizado la relación entre el desarrollo econó- mico y las infraestructuras de transporte. En general coinciden en afirmar que a partir de un determinado umbral de dotación de infraestructuras –que en el Estado español hemos superado hace mucho y de largo– toda nueva infraestructura no sólo no resulta positiva desde un punto de vista economicista (dejando de lado el medioambiente), sino que muy a menudo puede ser contraproducente y empobrecer al país.
Es lo mismo que le ocurre a cualquier empresa: si una inversión no tiene un retorno económico positivo, la compañía se empobrece. Y nosotros llevamos años construyendo autovías en lugares que no llegan ni a la tercera parte del tráfico mínimo para que sea razonable esta inversión. Tendiendo las mejores líneas de alta velocidad –a 20 millones de euros el kilómetro– en itinerarios que no tienen un mínimo de demanda. Ejemplo: el Gobierno del PP ha dicho que va a continuar con el AVE a Galicia, lo que costará 8.517 millones, cuando un estudio encargado por Fomento en marzo de 2011 demuestra que sólo hay demanda para tres trenes al día por sentido. Las líneas de alta velocidad francesas son usadas por cinco veces más pasajeros que las españolas, y con relación a las japonesas este factor es de 14 veces.
Demanda insatisfecha
Nuestros políticos siempre han obtenido una gran rentabilidad de estos mitos que hacen tan deseables a las infraestructuras, tanto en forma de votos al prometerlas o inaugurarlas, como en forma de jugosas comisiones, dado el enorme volumen de dinero que se pone en juego. Basta recordar que el 70% de la inversión de la Administración central se dirige precisamente a la construcción de infraestructuras, además de la aportación de las comunidades autónomas o ayuntamientos. No es de extrañar tampoco que las grandes empresas constructoras no cejen en su presión para que la obra pública no decaiga.
Tras décadas prometiéndonos el desarrollo y la felicidad gracias a las infraestructuras, se ha generado una tremenda demanda insatisfecha. Todo el mundo quiere tener autovía, aeropuerto y alta velocidad, sin reparar en que las inversiones para conseguirlo son tremendamente onerosas y, claro está, se sacan de la hucha común al tiempo que se recorta en partidas sociales con gran incidencia sobre nuestra calidad de vida.
Por ejemplo, Zapatero anunciaba un “ahorro” de 15.000 millones de euros en dos años con su decretazo de mayo de 2010, y ese mismo año el Ministerio de Fomento se gastaba 19.300 millones de euros en construir líneas AVE y autovías. Mientras el Gobierno de Rajoy nos aplica unos draconianos recortes en sanidad, educación, prestaciones sociales, etc., nos anuncian un presupuesto de 11.928 millones de euros más en grandes infraestructuras para “ayudar a dinamizar la economía”. De hecho, aunque se publicó que el Ministerio de Fomento iba a sufrir un recorte del 34,6% en los presupuestos de 2012, una mirada cuidadosa muestra que si se incluye a las empresas públicas como Adif o Aena –que son las que construyen la mayor parte de las infraestructuras–, el recorte se queda en un 8,6%, muy por debajo de la media en todos los ministerios (un 16,9%). Pero nadie, más allá de unos pocos ecologistas, parece poner el grito en el cielo.
¿Quién paga las autopistas privadas?
Habrá quien crea que, al menos, la ciudadanía no tiene que pagar las autopistas privadas de peaje que se han construido recientemente, como las radiales de Madrid, la Cartagena-Vera, etc. Nada más lejos de la realidad. A causa de su poca rentabilidad económica, el Gobierno lleva tres años dando unos 300 millones de euros anuales a las concesionarias en créditos participativos (créditos blandos avalados por el Estado). Además, recientemente se ha acordado que el Gobierno sufrague hasta 2021 la diferencia entre lo que recaudan y lo que recaudarían si llegasen al 80% del tráfico previsto en los contratos. La utilización actual de estas autopis- tas no llega ni al 40%.
Además, cada vez hay más infraestructuras con peaje en la sombra, uno de los artificios que se usa para inaugurar obras y que las pague quien venga detrás. En este tipo de peaje es la Administración la que paga por cada vehículo que usa la autovía, lo que hace que se disparen las facturas año a año.
* Diagonal - Opinión - 18.5.12
Foto: Foto: Bonaventura Leris
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ELPERIÓDICO* : La secuencia se repite. La tenencia de alcaldía de Hábitat Urbano repasa los proyectos urbanísticos ya en marcha, casi siempre consensuados, en su día, por partidos políticos y vecinos. Les da dos vueltas, los cambia. Y los partidos y vecinos se echan las manos a la cabeza. Acusan al actual equipo de gobierno de improvisación y de buscar problemas (un nuevo acuerdo) donde no los había (un pacto cerrado). Ha ocurrido en la plaza de las Glòries y, ahora, en Sants. Seis entidades vecinales del distrito, quizá las más significativas, se han levantado en armas este mes contra el plan de Hábitat de urbanización de la cobertura de las vías. La crisis parece haberse cerrado, de momento, tras la promesa del ayuntamiento de atender las quejas de los vecinos y volver, en gran parte, al plan inicial, al pactado entre entidades vecinales y el anterior gobierno.
Tal y como adelantó EL PERIÓDICO el pasado mes de abril, la tenencia de alcaldía diseñó un nuevo proyecto de urbanización. Se trata de una especie de remedo del High Line del distrito de Meatpcking en Nueva York. Un paseo elevado al que se accede mediante unos núcleos de comunicación vertical (ascensores y escaleras) en lugar de amplios taludes como se propuso y se acordó en la etapa socialista.
La principal queja de los vecinos -además de las formas- es que el nuevo plan desvirtúa los intentos anteriores por reducir el tráfico rodado, en especial por la calle de Antoni Capmany, que Hábitat quiere convertir en una especie de atajo para llegar a la calle de Riera Blanca. De nuevo, como en Glòries, la vialidad es el principal obstáculo.
CALLE DE 'ZONA 30' / En concreto, la intención del ayuntamiento era crear un carril de circulación tipo zona 30, con aceras y calzada, que naciera en la plaza de Sants y conectara con Riera Blanca. Según un documento del propio ayuntamiento, esta calle estaba concebida como una zona de prioridad para el peatón. La previsión de tráfico era de 2.500 vehículos al día, parecida a la de la calle de Burgos, pero en sentido contrario.
Quizá para evitar -infructuosamente- las quejas vecinales, Hábitat previó esta calle con un solo carril de circulación para evitar que entrara a formar parte de la red básica de la ciudad, así como cualquier tentación de incluirla en cualquier recorrido del flamante bus de la malla ortogonal que se pondrá en servicio en el próximo mes de octubre.
Desde la publicación del plan, ayuntamiento y vecinos han celebrado tres reuniones. La primera, estrictamente formal de presentación del nuevo proyecto y en la que las entidades pidieron una memoria justificativa de los cambios. Con ella bien estudiada, acudieron al segundo encuentro, como en la vez anterior, el interlocutor fue Albert Civit, gerente adjunto de Hábitat Urbano. Tras Antroni Vives y el arquitecto en jefe Vicente Guallart, el número 3 de la tenencia de alcaldía.
VECINOS TENSOS /Fue esta una reunión tensa, por parte de los vecinos, que habían descubierto el cambio mayúsculo que significaba para el barrio el plan para la calle de Antoni Capmany. Esta reunión propició el escrito de queja que fue leído en la audiencia pública de Sants-Montjuïc, el pasado martes. Dicho escrito fue firmado por las asociaciones de vecinos de Badal-Brasil-Bordeta y la de Hostafrancs, el Centre Social de Sants, la comisión vecinal de la Bordeta, la de afectados por las obras del AVE y la Plataforma por el Soterramiento. En esa misma audiencia pública, el concejal del distrito, Jordi Martí (CiU), se comprometió a promover cambios.
Estos llegaron apenas 24 horas después, en una tercera reunión, esta vez con el propio Martí. El edil y hasta una quincena de técnicos desembarcaron a toda prisa para apagar el fuego nacido días atrás.
NUEVOS PLANOS / En este cónclave se facilitaron ya planos de la nueva propuesta que, en esencia, es la misma que había antes de que Hábnitat Urbano lo cambiara. «Hemos librado tres batallas y hemos ganado la guerra», sentenció satisfecho un líder vecinal a este diario como resumen de los escarceos vividos con el ayuntamiento. Pero los vecinos aún están a la espera de la memoria justificativa de estos nuevos (viejos) planos. «No entendemos cómo tienen unos dibujos y no los argumentos que los sustentan», critica otro líder vecinal, menos optimista que el primero.
* El Periódico - HELENA LÓPEZ / XABIER BARRENA - 25.5.12
Foto: Simulaciones informáticas de las propuestas del bipartito (arriba) y de CiU. EL PERIÓDICO
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RAFAEL NAVAS RENEDO* : Parece una inocentada, pero es la cruda realidad. El partido impulsado por los propietarios de viviendas ilegales en Chiclana controlará a partir de ahora, gracias a un pacto de gobierno con el PP, las áreas de Urbanismo y Vías y Obras del Ayuntamiento de esta localidad. Poner al zorro a cuidar de las gallinas, a Drácula al frente del banco de sangre, darle un mechero a un pirómano... En las últimas horas hemos escuchado toda clase de comparaciones para este nuevo matrimonio de conveniencia que demuestra que quien creía que ya lo había visto todo en política, se equivocaba. Los ciudadanos estamos acostumbrados a políticos que pactan con el diablo por mantener el sillón, pero es que en este caso al diablo le han dado las llaves del cielo.
Es muy posible que, de no haberlo hecho el PP, el PSOE se hubiese planteado un acuerdo similar (con o sin Urbanismo en manos del PVRE, que así se llama el nuevo socio del PP) contando con Izquierda Unida. Pero ese temor del PP no justifica una decisión que no se puede 'vender' de ninguna manera. Pues, por si hubiese alguna duda, el PVRE ha comenzado hablando de la derogación de la ordenanza para la regularización de viviendas en la ciudad y una reducción de las multas urbanísticas. ¿Qué podíamos esperar? ¿Qué será lo próximo?
Con Vías y Obras también en sus manos, ancha es Castilla. No hace falta tener mucha imaginación para adivinar a dónde irán hormigoneras, alquitrán y asfalto a partir de ahora. Y para ver el derribo de alguna casa de las miles de casas (15.000 como poco) construidas ilegalmente en Chiclana (durante varios mandatos del PSOE, tampoco se olvide), tendremos que esperar a un meteorito, porque no creo que los nuevos responsables de Urbanismo estén muy por la labor.
Queda confiar al menos en que la Justicia y la Administración autonómica no bajen la guardia en este sentido. Pues parece una broma macabra que la semana que comenzó con un golpe de la Guardia Civil al urbanismo ilegal en Chiclana con la 'Operación Yate', acabe con un acuerdo político de estas características que en nada ayuda a que los ciudadanos perciban la ejemplaridad de las medidas contra quienes se saltan las normas. Dirán quienes han firmado ese pacto que nada tiene que ver el PVRE con las prácticas delictivas de quienes se han enriquecido convirtiendo Chiclana en un desastre urbanístico. Estaría bueno que así fuera. Son casos distintos, por supuesto, pero no deja de ser paradójico. Es lo que sucede cuando se quiere poner una vela a Dios y otra al diablo, como ha hecho el PP. Sólo que en esta ocasión, al diablo le ha puesto dos. Y luego quieren que los ciudadanos no se alejen de la política. Si es que cada vez lo ponen más difícil. Esto no hay quien lo digiera.
* Diario de Cádiz - Opinión - 20.5.12
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ELPAÍS/Alicante* : El mero paso del tiempo encarece el Plan Rabassa. El coste de más ambicioso y polémico plan urbanístico impulsado por el promotor Enrique Ortiz, que prevé la construcción de 13.503 casas en la periferia norte de la ciudad, ha subido en más de cinco millones de euros desde su primera aprobación provincial en 2006. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del PP, convocó a última hora de la mañana de ayer una reunión extraordinaria y urgente de la comisión de urbanismo para hoy en la que pretende aprobar el texto refundido del conocido como Plan Rabassa. En la propuesta consta que las cargas repercutibles superan los 192,68 millones de euros, frente a los 187,3 millones de seis años atrás.
El macroplan es todavía un mero proyecto y su futuro se dirime en los tribunales ya que está impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) por falta de agua y por tramitarse al margen del PGOU a raíz de las denuncias del Gobierno, de Esquerra Unida, el PSPV-PSOE y la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC). El documento que mañana se votará en la comisión de urbanismo recoge las modificaciones a las que han obligado las distintas administraciones. Así, por citar un ejemplo, el Ministerio de Fomento emitió en marzo del año pasado un informe desfavorable sobre la propuesta de modificación puntual del Plan Parcial las Lagunas de Rabassa, que debe hacer posible la instalación de Ikea y de su macroproyecto comercial de 131.000 metros cuadrados en el Plan Rabassa. El informe obligó a Ortiz a presentar una nueva solución para evitar colapsos en los accesos a esta futura zona comercial.
El portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, denunció tras la convocatoria que se notificara la reunión a las 14.39 a los grupos municipales la convocatoria de la comisión de urbanismo. "Es inaceptable que un punto de este calado se pretenda colar en una reunión extraordinaria y urgente de la comisión de urbanismo sin que los grupos de la oposición tengamos tiempo ni tan siquiera de consultar un expediente muy complejo del que forman parte doce anteproyectos relativos a diversas actuaciones contempladas en el plan, desde la supuesta restauración ambiental de las Lagunas de Rabassa hasta la urbanización del tramo de la Vía Parque vinculado el Plan Rabassa", esgrimió Pavón.
EU vincula las prisas del equipo de gobierno, del PP, por impulsar el Plan Rabassa con una posible salida de Sonia Castedo de la alcaldía. Castedo está acusada por el fiscal Anticorrupción de cohecho y tráfico de influencias y uso privilegiado de información en el marco de la investigación del caso Brugal. La instrucción del sumario está pendiente de un último informe policial. El juez está obligado a enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) si observa indicios de delitos en Castedo por su condición de aforada. Si la regidora quedara imputada, fuentes del PP aseguran que sería motivo para su relevo al frente de la alcaldía de Alicante, en línea con la política marcada para los cargos populares por el presidente del PP valenciano, Alberto Fabra, por mandato expreso del presidente del Gobierno Mariano Rajoy.
EU, en cualquier caso, anunció que votará en contra de la urgencia y del texto refundido. Pavón recordó que el Plan Rabassa "es el paradigma en la ciudad de Alicante del urbanismo especulativo e insostenible que ha generado la burbuja inmobiliaria que está en el origen de la gravedad de la crisis económica que estamos sufriendo".
* El País - Rosa Biot Alicante 23 MAY 2012
Foto: Zona Plan Rabassa - urbanity
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ELPAÍS* : La sede del Banco de España en Jaén, un edificio modernista de los más emblemáticos del arquitecto Rafael Moneo, galardonado esta semana con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, languidece tras ocho años cerrado. Sus instalaciones están abandonadas desde el 31 de diciembre de 2004. Desde entonces se ha convertido en un ejemplo de la incompetencia de las administraciones para optimizar los inmuebles de titularidad pública.
El propio arquitecto navarro, autor también de obras tan relevantes como la ampliación del Museo del Prado o la de la Estación de Atocha, ha mostrado en varias ocasiones su decepción por el abandono del edificio del Banco de España jiennense, construido en 1988 con una inversión de 3,5 millones de euros.
Su fachada exterior, recubierta en gran parte de granito rosado, ha sido objeto de pintadas y, con frecuencia, la parcela que ocupa se convierte en un estercolero. El jardín interior se ha perdido y aunque la estructura del inmueble no peligra, sí que puede resentirse la madera que decora gran parte de las instalaciones de este edificio contemporáneo.
Al edificio no le han faltado propuestas de uso desde su cierre. Se dijo que albergaría la Comisaría de Policía, el Colegio de Arquitectos, el Archivo Histórico Municipal, una Biblioteca y centro cultural y, la última de ellas, el Conservatorio Superior de Música. Pero todos los proyectos han ido chocando con la falta de entendimiento entre los gobiernos de distinto signo político.
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunció en octubre de 2010 que el Banco de España sería la sede del Conservatorio Superior de Música. El compromiso se materializó en un protocolo suscrito poco antes de las pasadas elecciones municipales por la entonces alcaldesa, Carmen Peñalver, y el exconsejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica. Educación anunció entonces una partida de 3,7 millones para adquirir el inmueble al Estado y otra inversión, que no se detalló, para convertirlo en sede de los estudios musicales.
La idea era que pudiera empezar a funcionar para el curso 2012-203, una fecha que ya no podrá cumplirse porque ni siquiera se ha concretado la adquisición del inmueble. Y si el acuerdo parecía cercano cuando las administraciones central y autonómica eran del mismo signo político, ahora que ya no lo son, muchos piensan que este culebrón no ha hecho más que empezar.
* El País - GINÉS DONAIRE Jaén 13 MAY 2012
Foto: Edificio del Banco de España de Jaén, obra de Moneo. / JOSÉ MANUEL PEDROSA
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LAOPINIÓN/Málaga* : Con su rotunda sinceridad, casi tan inmensa como el corpachón desgarbado que lo acogía, Jesús Gil desembarcó en Marbella en 1990 diciéndole a quien quisiera escucharle que él quería ser alcalde para hacer 3.000 viviendas. Y encima era rico, por lo que no tendría necesidad de robar. El Grupo Independiente Liberal (GIL), creado por él y organizado jurídicamente por el brillante abogado José Luis Sierra, logró el 64,5% de los votos en 1991: 19 ediles, frente a los cuatro del PSOE. 20.531 votos. Veinte años después, cuando la perspectiva histórica todo lo ha puesto en su sitio, la herencia de Jesús Gil se aprecia en forma de una inmensa deuda (500 millones de euros) y varias operaciones policiales sólo contra el Consistorio marbellí: Saqueo 1, Saqueo 2, Minutas y la joya de la corona, Malaya. Pero el GIL no se encerró en los confines geográficos de la Perla del Mediterráneo: a mediados de los noventa, dio el salto a los municipios aledaños, Estepona, Manilva, Casares y Ronda, cuatro pueblos que hoy también están manchados con la lacra de la corrupción urbanística.
De carácter populista y conservador, el sello de Gobierno de Jesús Gil en Marbella, y de sus secuaces en otros pueblos, fue un desprecio absoluto de los controles de legalidad administrativa, el ninguneo de la Administración autonómica que debía controlar desde Sevilla el urbanismo de la Costa del Sol Occidental, y el fomento frenético de la inversión en el ladrillo, algo que no era exclusivo de Marbella, sino un cáncer presente en toda la Costa del Sol. Hay quien recuerda que cuando Gil llegó el litoral ya existía, pero paradójicamente Marbella, Ronda, Casares, Manilva y Estepona, ciudades en las que el GIL tuvo responsabilidades de gobierno o, por lo menos, estuvo presente en su corporación, arrastran hoy casos de corrupción de cierta enjundia: el último ha estallado esta misma semana en la localidad casareña, la cuna de Blas Infante, donde el GIL gobernó entre 1996 y 2000. Ésta tiene un componente extra que hace que se toquen las dos realidades delictivas de la Costa: la corrupción y el crimen organizado, ya que hay supuestas conexiones con las mafias del este. Uno de los detenidos es el exalcalde Juan Sánchez (IU), un hombre con una trayectoria política intachable, hasta ahora, y querido por su pueblo: en sólo dos días, los vecinos recaudaron su fianza de 200.000 euros.
Hay quien llama la atención sobre el hecho de que Jesús Gil no es el principal factor de la ecuación cuya incógnita es la corrupción, sino que él, constructor con una inteligencia natural para oler el negocio y moverse en el filo de la navaja legal, llega a una Costa del Sol con un magnífico clima, que empieza a estar preñada de ladrillo, con innumerables urbanizaciones que favorecen el anonimato, y donde las administraciones locales, ávidas de recursos extras con los que sostener la enorme población flotante que ha pasado de ser ocasional a habitual, hace tiempo que engrosan sus arcas con las plusvalías de los convenios urbanísticos. Es aquello de «Dios me ponga donde haya».
«No creo que se le pueda echar a Gil la culpa de lo que ha pasado: cuando él llega aquí hay ya una gran actividad urbanística, y la corrupción toma cuerpo cuando hay construcciones masivas, promociones millonarias, pelotazos urbanísticos y plusvalías de vértigo. A todo ello hay que unirle la cercanía de Gibraltar», señala Antonio Alcalá, presidente de la Audiencia Provincial. Éste recuerda el problema de los ayuntamientos faltos de recursos que abren los brazos al dinero fácil, dado que el urbanismo deja «pingües impuestos» al Consistorio, pero los servicios que a cambio se dan son escasos.
Caladeros. Otro experto que prefiere mantener el anonimato concluye: «Los tiburones acuden donde están los caladeros», y éstas eran, a principios de los noventa, aguas muy cálidas.
El hijo de Jesús Gil gobernó cuatro años en Estepona, y allí, en junio de 2008, estalló el caso Astapa contra la corrupción; gobernaba el PSOE, pero antiguos elementos del GIL se habían reconvertido y apoyaban a los socialistas. Hoy, hay cerca de cien imputados, el juzgado está saturado y ni la policía ni el fiscal ven la luz al final del túnel.
Juan Carlos López Caballero, fiscal Anticorrupción y nuevo fiscal jefe de Málaga, tiene claro que la Costa del Sol es una zona propicia para que crezcan tanto la corrupción administrativa como el crimen organizado: «Ésta es una zona caliente desde el punto de vista de la manifestación de actividades delictivas de organizaciones criminales».
La nueva óptica investigadora, en la que se persigue el beneficio del delito y no únicamente el acto administrativo contrario a derecho, permitió que la corporación marbellí de Marisol Yagüe y Juan Antonio Roca saltara por los aires, y desde ese prisma se han enfocado todas las operaciones que han venido después en los antiguos feudos del GIL: en septiembre de 2011, el exalcalde de Ronda y otras seis personas fueron detenidas por su presunta implicación en la operación Acinipo contra la corrupción urbanística. Ninguno de ellos perteneció al GIL, pero en ese Consistorio pudo quedar el reflejo de esa forma de gobierno patentada por los seguidores del expresidente del Atlético de Madrid. El caso continúa en instrucción.
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Manuel Camas, destaca que los casos que están estallando ahora se dieron hace unos años: «Son casos de los mismos años, actos que se produjeron en otra época: éste es un territorio en el que entonces había una gran presión urbanística, una zona con grandes posibilidades de desarrollo, y en el que había una gran demanda de vivienda, y por eso, a lo mejor, llega Jesús Gil: todo está concatenado».
Operaciones menos mediáticas. Camas se felicita por el hecho de que esas operaciones han perdido el tufillo mediático que inauguró Malaya: se han frenado las detenciones televisivas; la prisión preventiva no se prolonga más de lo necesario, y no se premia la delación con la libertad. Sin ir más lejos, en el registro del despacho del abogado detenido esta semana en Casares estuvo presente un representante del colegio.
José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología, abundó en una reciente entrevista concedida a este periódico en la forma en la que se relajaron los controles administrativos en las diferentes administraciones desde mediados de los noventa: «La mayoría de los problemas se hubieran podido resolver si las administraciones, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y la Administración central, hubieran cumplido las normas, y hubieran actuado diligentemente contra quienes no las cumplían. Las irregularidades urbanísticas nacen, además de por el interés de quien lo hace, por una negligencia de la administración ejecutiva».
También fallaron los tribunales. Las primeras acciones contra las licencias ilegales de Marbella se llevaron a cabo en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que tardaron demasiado en afirmar la ilegalidad de las licencias, pese a que hay quien defiende que fue esa actuación de la Justicia la que obligó a Roca «a echarse al monte».
Los casos Saqueo 1 y 2 €sólo hay sentencia del primero€ también demostraron la forma en la que se esquilmó el patrimonio municipal marbellí. En el primero, se consideró malversada una cantidad superior a los 23 millones de euros; el segundo está pendiente de juicio. Además, muchos exconcejales soportan procedimientos de alcance en el Tribunal de Cuentas por sumas millonarias, y se han separado más de una treintena de piezas de Malaya. La herencia de Gil, desde luego, deja huella.
También lo hizo en Manilva, cuando estalló la operación Ballena Blanca en 2005. Se trató en su día de la operación contra el blanqueo de capitales más importante de Europa. De 250 millones de euros presuntamente blanqueados en el despacho de un abogado marbellí, se pasó a 1,6 millones, según la sentencia del caso, un fallo para «enmarcar», según fuentes judiciales. Hubo cincuenta detenidos, pero sólo cinco personas fueron condenadas finalmente, entre ellas el líder de la trama, el abogado Fernando del Valle.
La Parrada. Una de las piezas separadas de Ballena Blanca, relativa al pelotazo urbanístico de la finca La Parrada, afectó al exalcalde de Manilva Pedro Tirado, exlíder del GIL en el municipio. Precisamente el asunto se está juzgando estos días. En concreto, con la operación urbanística se generaron 90 millones de euros de plusvalías, siempre según Anticorrupción. En su casa, el alcalde guardaba más de 700.000 euros en una bolsa de Louis Vuitton.
La cercanía de Gibraltar, un paraíso fiscal propicio para lavar dinero, la masiva presencia de bufetes asociados al ladrillo, y la magnífica oportunidad de enjugar el dinero negro en la estela de una macrourbanización, propiciaron algunas operaciones contra el blanqueo como Ballena Blanca o Hidalgo. La Fiscalía, para afinar aún más en la persecución de estas realidades presentes en la Costa del Sol, plantea la puesta en marcha de unidades policiales con agentes especializados y expertos en blanqueo y Hacienda.
Otros expertos apuntan también a las buenas comunicaciones por aire, mar y tierra de Málaga con otras zonas, lo que propicia que muchos miembros de organizaciones criminales, con especial protagonismo de la Camorra, la peligrosísima N´drangheta o de la mafia rusa, elijan la provincia para esconderse. Eso sí, aquí se disfrutan las ganancias pero no se actúa a no ser que sea estrictamente necesario. Rodeados de abogados que llevan sus intereses sin hacer mucho ruido, la vida es más apacible en tortuosas urbanizaciones difícilmente localizables y verdes campos de golf.
Crimen organizado. Otra de las patas que ha sostenido este tipo de negocios la forman las diferentes mafias del este que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detectado (y las que no) en buena parte del litoral mediterráneo español durante los últimos 17 años. Prácticamente desde la caída del telón de acero, aunque con más presencia a medida que avanzaban los años noventa. Las hemerotecas hablan de turistas con mucho dinero que venían a algo más que a invertir. Venían a trabajar.
Las operaciones Avispa (1995, 2005 y 2006), Troika (2008) y Java (2010) se saldaron con más de 72 detenidos, más de 100 registros domiciliarios y mil cuentas bancarias bloqueadas. Asentados mayoritariamente en la Costa del Sol, en la Costa Blanca y en Baleares, aprovecharon el caldo de cultivo que proporcionaba el anonimato de los grandes complejos turísticos y el boom del ladrillo les ayudó a maquillar el origen delictivo de sus inversiones y sus grandes fortunas. Las operaciones eran calcadas. Junto a los capos, las celdas se llenaban con sus propios abogados y asesores fiscales, la mayoría españoles.
Hasta ahora, Avispa ha sido el mayor golpe dado en la Costa del Sol a la mafia rusa. En su primera fase, en junio de 2005, una treintena de personas cayeron en Málaga, Murcia, Alicante y Cataluña acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta. En noviembre de 2006, otro golpe hacía caer nueve detenidos más en Marbella (2), Toledo (1) y Madrid (6), acusados de blanquear grandes cantidades de dinero procedente del juego ilegal en casinos rusos. Entre ellos estaba el presunto coordinador financiero de la organización, Oleg Vorontsov, y otros ciudadanos de origen ucraniano, georgiano, ruso y español. Fueron bloqueadas numerosas cuentas, un millón de euros, 90.00 dólares y cincuenta tarjetas de crédito.
El entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, avanzó en junio de 2008 los datos de la operación Troika, un gran golpe policial contra el clan ruso Tambovskaya en el que hubo 20 detenidos, la mitad de ellos en la provincia. En aquella ocasión se bloquearon 12 millones de euros en diferentes cuentas bancarias, además de 200.000 euros en metálico, 23 vehículos de lujo, obras de arte e incluso un yate. Alicante, Palma de Mallorca y Madrid se repartieron el resto de detenidos, mientras que una treintena de registros se extendió también por Valencia, Almuñécar, Granada, Marbella, Estepona, Nerja y Torrox.
La segunda fase de Troika supuso la detención en Málaga y Marbella de tres abogados por presuntamente blanquear dinero de la mafia rusa y el registro de media docena de viviendas y despachos de la Costa del Sol. El operativo estuvo dirigido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
En junio de 2010, caía en Marbella Zakhar Kniazevich Kalashov, alias Sakro El joven o el hombre invisible. En el momento de su detención, Kalashov estaba considerado como el máximo líder de la mafia rusogeorgiana, llevando supuestamente las riendas de los clanes Solnsevskaya, Ismailovskaya y Bratskaya. En septiembre de ese año, la Audiencia Nacional acordó su extradición a Georgia, donde tenía pendiente 18 años de prisión por delitos de asociación ilícita y secuestro.
También en mayo de 2010, la policía española, en colaboración con varios países, asestaba un durísimo golpe a la mafia irlandesa asentada en la Costa del Sol. La mayoría de los 30 detenidos cayeron en Marbella, Estepona y Fuengirola, aunque también hubo arrestados en Reino Unido (11) e Irlanda (3). En su villa de Estepona cayó el cincuentón Christopher Kinahan, viejo conocido de la policía irlandesa, británica y europea junto a sus hijos y su mano derecha. La investigación policial consideró que el dinero obtenido de forma ilícita por esta organización en sus diferentes actividades se invertía en el sector inmobiliario, tanto en la Costa del Sol como en otros lugares del mundo como Brasil, donde la investigación apuntaba que la organización poseía seis complejos turísticos y residenciales de lujo valorados en unos 500 millones de euros.
* La Opinión Málaga - JOSE TORRES / JOSÉ ANTONIO SAU - 20.5.12
Foto: Manilva - J.R. (El País)
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ELPAÍS* : Un informe advierte de que el problema afecta a 59 millones de personas.
Viviendas de paredes y techos de cartones ensamblados como un rompecabezas que deja alguna hendija al frío otoñal de Buenos Aires. Piso de tierra, como las calles que la rodean y que suelen embarrarse cada vez que llueve, lo que dificulta los accesos. Mucha caminata para llegar a la parada de autobús. Una bombona que sirve para cocinar o calentar el mate y leña para entibiar el ambiente. Conexión eléctrica clandestina. Una sala de estar y un dormitorio con una cama matrimonial donde también duermen algunos hijos. Afuera, a unos pocos metros, un baño hecho de plásticos con un pozo para hacer las necesidades básicas. Así son algunas de las viviendas precarias de las afueras de la capital argentina, un drama que afecta a toda Latinoamérica, pese a la última década de crecimiento económico y mejora de la equidad.
Más de un tercio de las familias latinoamericanas habita en una casa inadecuada o construida con materiales precarios o carente de servicios básicos, según una investigación publicada hoy por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se trata de unas 59 millones de personas con un problema que también atañe a la salud, al desempeño escolar, la discriminación social (muchas veces los trabajadores que buscan empleo ocultan que viven en barrios chabolistas porque están asociados a la delincuencia), la seguridad personal, la calidad del transporte y el medio ambiente, según el informe. Hacia 2015, el crecimiento económico de la región habrá ayudado a solo el 36% de las familias que en la actualidad viven en viviendas precarias. Los programas de vivienda pública probablemente ayudarán a otro 5%. Con estas proyecciones, dentro de tres años cerca del 36% de las familias en las zonas urbanas y rurales seguirán habitando viviendas inadecuadas, frente al 37% en 2009. El banco advierte de que la proporción resulta mayor que en otras regiones del mundo con niveles de ingresos semejantes.
Casi dos millones de los tres millones de familias que se forman cada año en ciudades latinoamericanas se ven obligadas a instalarse en viviendas informales, como las de las zonas marginales, según el informe que el BID elaboró a partir de datos oficiales de 18 países de la región. La mayoría de la población que vive en las principales ciudades carece de suficientes medios económicos o no puede acceder a un crédito hipotecario para las viviendas más económicas ofrecidas por el sector privado. Más de la mitad de las familias de Caracas, La Paz, Buenos Aires, São Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México, Quito y Managua no pueden costearse más que una morada construida por su propia cuenta.
El BID considera que los planes de viviendas sociales de los Gobiernos latinoamericanos deberían septuplicarse para satisfacer la demanda. Además advierte de que estos programas muchas veces no favorecen a los hogares más pobres. “Estos planes empiezan a ayudar a las familias cuando ya se han instalado en tierras baldías, sin infraestructura básica ni planeamiento”, señala el coordinador del estudio, César Bouillon, en conversación telefónica desde Washington. La urbanización de terrenos antes de ser habitados cuesta 1.299 euros por familia, frente a los 3.438 que cuesta mejorar un asentamiento ya constituido. Según Bouillon, otros problemas radican en la falta de acceso a los títulos de propiedad y la tendencia a desarrollar viviendas sociales en la periferia en lugar de recuperar zonas céntricas. La población, a su vez, tiende a construir sus viviendas con ladrillo o cemento, pese a que ambos materiales se han encarecido en los últimos años.
La ausencia de crédito para la clase media baja constituye otro obstáculo, según Bouillon. Muchos trabajadores no pueden justificar sus ingresos ante el banco porque están empleados de manera informal. También ocurre que “muchos municipios tienen regulaciones de desarrollo de la tierra pensados para suburbios de clase media o alta”, según Bouillon. En Buenos Aires, la vivienda más barata cuesta 34.460 euros, o 45 meses de trabajo asalariado medio, lo que contrasta con Bogotá, donde por 9.575 se consigue una, es decir, con diez meses de nómina, según el BID. Por último, los Gobiernos latinoamericanos no promueven el alquiler económico como los países ricos. En la extensa Latinoamérica solo el 16,9% de la población alquila, mientras que en la densa eurozona lo hace el 28%.
* El País - ALEJANDRO REBOSSIO Buenos Aires 15 MAY 2012
Foto: La favela Morumbi de São Paulo, en Brasil. / AP
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IDEAL/Almería* : Hoy está prevista una charla sobre cuestiones urbanísticas en Bédar. Una reunión informativa que lleva a cabo el recién creado grupo Bédar Sostenible y que tiene como fin informar a vecinos de la localidad que tengan dudas sobre planes de urbanismo que parece se quieren llevar a cabo en el municipio. Al conocerlos, muchos se preguntan ¿qué sentido puede tener una urbanización de 70 viviendas y un colegio de 700 metros cuadrados en un pueblo de apenas mil habitantes como Bédar?.
Ésa es la primera duda que surge al conocer un proyecto que tiene sus planos y sus nombres en La Meseta del municipio bedarense. Sin embargo, al intentar averiguar más sobre el asunto, lo que surgen son más interrogantes. Hubo hace más de un mes una primera reunión entre técnicos y representantes municipales y propietarios, a los que se les puso sobre la mesa el plano y se les dijo que si la mitad de ellos estaba de acuerdo se llevaría a cabo la urbanización.
Pero, ¿quién y cómo?. El alcalde de Bédar, Ángel Collado, asegura que «es algo que tienen que llevar adelante los propietarios. El Ayuntamiento lo único que ha hecho ha sido a petición de varios de ellos, realizar un diseño de esa unidad de ejecución. No se reclasifica suelo ni nada de eso, ese suelo era urbano consolidado y lo que se hace es que para poder desarrollarlo, para que cada uno pueda hacerse su casa, le proponemos una nueva ordenación para que decidan si les parece bien e intentamos que cada propietario se quede en su suelo de origen. Aunque de ese suelo hay que hacer las respectivas cesiones que van por ley». El primer edil remarca que «serán los propietarios los que tengan que desarrollarlo, el Ayuntamiento colaborará en lo que pueda». Según Collado, «la mayoría de los propietarios quiere llevar a cabo la urbanización», pero «el que no quiera, no pasa nada, como hay que hacer una nueva ordenación, se deja como suelo de especial protección. Nosotros no tenemos ningún interés, fue por iniciativa de los vecinos».
Muchos de los vecinos que están dentro de esa 'reparcelación' no tienen muy claro qué supone la urbanización, ni cómo les afectará. Algunos han acudido a abogados porque no se fían de lo que pueda ocurrir. De hecho, hay personas que han visto 'desaparecer' literalmente su terreno en ese proyecto. «Nosotros teníamos la parcela ahí, dentro de esa urbanización que se ha diseñado, pero, sin embargo, no sale como nuestra, con nuestros nombres, sino que se ha metido dentro de otra propiedad», explica un vecino de la zona, quién asegura que «hace más de 100 años que ese terreno pertenece a mi familia y le he dicho al alcalde que porqué no salgo como propietario y me ha dicho que habrá sido un error que se rectificará, pero de momento no me han dicho nada más», asegura temeroso de ver desaparecer ante sus ojos parte de su patrimonio.
Otro caso es de un ciudadano que también tiene su propiedad heredada de sus antecesores y que «me la han metido en este Plan y me han quitado la mitad para dársela a otros a los que habían quitado todo el terreno», asegura. Y también reitera que «estamos esperando una respuesta del Ayuntamiento, yo y mi abogado para tomar las decisiones pertinentes».
Muchos de esos vecinos han recurrido a consultar al colectivo Bédar Sostenible para saber más detalles sobre en qué puede derivar todo esto. Y, según pudieron asesorarles, efectivamente y tal y como dice el alcalde bedarense, «es un plan de ejecución». En los planos a los que ha tenido acceso IDEAL se muestra el terreno ya reparcelado (redistribuidos e indicando los terrenos que se queda el ayuntamiento, carreteras, etc.) con 70 viviendas planeadas y un colegio público. Tras reunir la tierra de todos los propietarios afectados por la urbanización, el terreno se reparcela y habitualmente las parcelas resultantes quedan reducidas, a veces hasta un 50% (se resta el terreno que corresponde al ayuntamiento, para servicios, etc.) y además estas parcelas resultantes no tienen por qué estar en la ubicación original. Los gastos de urbanización de la Unidad se reparten proporcionalmente en función de las parcelas que corresponden a cada uno.
Los vecinos de la localidad andan algo 'perdidos' con este asunto, y esperan poder aclarar sus dudas a través de Bédar Sostenible, y la consulta a expertos.
* Ideal - JENNIFER SIMÓN - 20.5.12
Foto: Bédar (Almería) - turismo
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ELPAÍS/Valencia* : Día grande en la comisión parlamentaria que investiga en las Cortes valencianas el descalabro de la CAM. Están citados los exdirectores generales Roberto López Abad, su sucesora en el cargo, María Dolores Amorós, y Daniel Gil Mallebrera, director general adjunto para proyectos inmobiliarios. Decenas de clientes de la CAM se han arremolinado a las puertas de las Cortes para denunciar la pérdida de los fondos que invirtieron en cuotas participativas de la caja alicantina.
Gil Mallebrera ha sido el primero en comparecer. Ha llegado puntual y ha esperado pacientemente sentado en un sofá a que los diputados constituyeran la comisión. Pero una vez en la sala, el antiguo ejecutivo de la CAM se ha acogido al derecho a no declarar dado que está sometido a un procedimiento judicial en Alicante como empleado de la CAM.
"Al objeto de evitar que se tergiversen mis declaraciones", ha alegado. Gil Mallebrera está imputado en el caso Brugal, que investiga toda una trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja.
Los diputados presentes en la comisión parlamentaria, sin embargo, han formulado sus dudas respecto a la gestión de Mallebrera para que consten en el acta de la comisión. Tanto Lluís Torró, de Esquerra Unida, como Mireia Mollà, de Compromís, han reclamado al compareciente para que dé explicaciones sobre créditos a determinadas empresas o "productos tóxicos".
El socialista Ángel Luna no se muestra sorprendido por la renuncia a declarar de Gil Mallebrera: "Esperaba algún tipo de estratagema para no decir nada", afirma, "usted tiene muchas cosas que ocultar".
Informes de los técnicos del Banco de España apuntan directamente a López Abad y Gil Mallebrera como máximos responsables de varias “operaciones singulares” desarrolladas por la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), una sociedad constituida en junio de 2002, un año después de la llegada de Roberto López Abad a la dirección general de la caja alicantina, y que tomó participaciones minoritarias en varios proyectos inmobiliarios para captar subrogaciones hipotecarias y para obtener beneficios de los desarrollos urbanísticos. Cando estalló la crisis inmobiliaria, TIP se dedicó a salvar a los socios y a tragarse las pérdidas. Compró activos inmobiliarios y amplió sus participaciones en promociones en marcha, en algunos casos hasta el 100%. El resultado para la CAM fue incurrir en unas pérdidas de 1.011 millones de euros.
Luna ha preguntado a Gil Mallebrera por la gestión de la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones. También le ha pedido que aclare el uso de empresas que trabajan en paraísos fiscales. El diputado socialista esgrime una nota manuscrita, supuestamente redactada por el propio Gil Mallebrera, que lee: "Échale imaginación. El Banco de España ha pedido el expediente y tenemos que conseguir que no nos lo califique".
David Serra, del PP, ha expresado la "indignación" de su grupo ante el silencio del responsable de proyectos inmobiliarios de la CAM y ha asegurado: "No vamos a cejar en las posibilidades de que comparezca y dé explicaciones". Serra también ha preguntado por Tenedora de Inversiones.
Rafael Maluenda ha suspendido la comisión no sin antes advertir que se reserva las acciones legales contra Gil Mallebrera por negarse a declarar.
* El País - ADOLF BELTRAN Valencia 21 MAY 2012
Foto: Daniel Gil Mallebrera, director general adjunto para proyectos inmobiliarios de la CAM, entra en la comisión parlamentaria. / CARLES FRANCESC
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ELPAÍS/Lleida* : El Ministerio de Fomento abrió por sorpresa el pasado sábado un primer tramo de siete kilómetros de la autovía A-14, entre las localidades de Rosselló y Almenar, que de momento no tendrá continuidad ni hacia el valle de Aran ni hacia Lleida, donde está previsto que conecte con la A-2. La obra ha supuesto una inversión de 37,6 millones de euros.
La subdelegada del Gobierno central en Lleida, Inma Manso, justificó ayer la puesta en servicio de este tramo de autovía por razones de seguridad y para evitar su deterioro. La carretera estaba acabada desde hacía tiempo y se había observado que se estaba utilizando para organizar carreras ilegales de coches y motos.
“Era peligroso y hemos precipitado su apertura por ese motivo, no porque creamos que es un tramo imprescindible. Si está abierta, estará más vigilada por los Mossos d’Esquadra”, señaló Manso. El tramo puesto en servicio, con casi un año de retraso, sin ningún acto protocolario y sin informar a los alcaldes de las poblaciones afectadas, corresponde al proyecto de nueva autovía entre Lleida y Sopeira, la alternativa desdoblada de la actual N-230 que conduce al valle de Aran. A partir de Sopeira, con una orografía más complicada y parajes de gran valor ecológico, la autovía será una carretera convencional, con tres carriles en algunos tramos.
Lo curioso del caso es que la vía, que discurre junto al aeropuerto de Lleida-Alguaire, no representa ningún ahorro de tiempo para los automovilistas, ya que para acceder y salir de ella tendrán que recorrer 4,7 kilómetros de viales de conexión con la N-230, una carretera que soporta un tráfico diario de 6.000 vehículos. La finalización de la autovía evitaría cinco travesías urbanas entre Lleida y Alfarràs, un tramo de 25 kilómetros y con 22 rotondas.
El primer tramo, de unos seis kilómetros, entre Lleida y Rosselló se licitó a finales de 2008 por 68 millones de euros, pero las obras, al igual que las del resto del trazado, todavía no están contratadas, con lo que la continuación de la tan reclamada vía rápida para llegar a las estaciones de esquí de Baqueira-Beret y Boí-Taüll tendrá que esperar varios años más.
La autovía entre Lleida y la frontera francesa a través del valle de Aran es una vieja reivindicación de las autoridades y los habitantes del Pirineo, aunque también han surgido voces en contra por razones medioambientales.
El proyecto ha estado sobre la mesa de los últimos Gobiernos del PP y PSOE, pero del conjunto de las obra solo se ha ejecutado el primer tramo, entre Rosselló y Almenar. La falta de planificación de Fomento ha creado malestar entre los alcaldes de la zona, aunque lo que más les preocupa ahora es que no hay calendario para su prolongación hacia el norte y el sur. Esta vía de comunicación constituye un importante corredor para el transporte de mercancías entre España y el sur de Francia.
* El País - LLUÍS VISA Lleida 22 MAY 2012
Foto: Tramo de la A-14, entre Rosselló y Almenar, Lleida, que Fomento abrió el sábado a la circulación. / HERMINIA SIRVENT
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NORTECASTILLA* : El alcalde de Arroyo de la Encomienda, el independiente José Manuel Méndez Freijo, y el concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Jesús García Galván, se sentarán en el banquillo de un Juzgado de lo Penal para responder de varios presuntos delitos contra la Administración pública (prevaricación y cohecho), después de que la Audiencia de Valladolid haya confirmado en un auto el procesamiento del juez de Instrucción nº1 de la capital.
Méndez fue acusado por el magistrado José María Crespo de favorecer con procesos de recalificación a la constructora Mahía, empresa que en el año 2001 le prestó 180.000 euros para poder superar las dificultades de su empresa Recreativos Dema. El regidor, según figura en la Instrucción, habría recibido además como pago de estos presuntos favores un piso de la promotora en Villagarcía de Arosa, cuyo desembolso es cuestionado por la Fiscalía y la acusación popular, representada la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI.
En el caso del concejal, Jesús García Galván, también portavoz del PP en la Diputación de Valladolid, la Audiencia mantiene también la imputación por la venta de un chalé construido por Mahía en el ría de Mugardos (La Coruña). La venta la realizó el dueño de la constructora, Ramón López Casal, que también ha sido procesado.
Seis años después de que se iniciasen las diligencias previas, el Tribunal provincial da por finalizada la fase de instrucción y considera que existen suficientes indicios para que respondan de los cargos de haber favorecido a la constructora gallega, con importantes intereses en ese municipio próximo a la capital vallisoletana. Recalificaciones que se realizaron en los sectores SAU 13, declarado ilegal por el TSJ de Castilla y León, y del SAU 9, cuya recalificación para edificar 2984 pisos fue aprobado por Méndez
El auto de los tres magistrados de la Audiencia, al que ha tenido acceso este diario, confirma también el procesamiento del socio de José Manuel Méndez, José Presas, del arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde, y de la María Iluminada Miguel, apoderada de Mahía y antigua empleada en una de las empresas de Méndez.
Por el contrario, los jueces no ven suficientes indicios para acusar al que fuera concejal de Obras de Arroyo, Javier Cruz, quien a pesar de haber comprado dos viviendas a Mahía en el mismo año y tener ingresos superiores a los declarados por importe de 164.906 euros, entre los años 2003 y 2007, no está acreditado el delito fiscal que está establecido por el Código Penal en 120.000 euros.
* El Norte de Castilla - 17.05.12 - JORGE MORENO
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid), exceso edificaciones - nortecastilla.es
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ELPAÍS/Cádiz* : El PP de Chiclana (Cádiz) ha firmado un acuerdo de gobernabilidad por el que entrega el área de Urbanismo y el de Vías y Obras a su nuevo socio en el Ayuntamiento, el Partido Vecinal Regionalista (PVRE), nacido en las pasadas elecciones municipales para recoger los intereses de los propietarios de viviendas ilegales de este municipio, cifradas en algo más de 15.000. Entre las cláusulas, el pacto incluye la eliminación de las actuales ordenanzas de regularización de casas y la rebaja de las multas a los que incumplieron la legalidad urbanística.
El PP venció los últimos comicios locales pero no logró la mayoría absoluta, que sí sumaban el PSOE, IU y el PVRE. Este último se estrenó en el Consistorio con dos ediles, todo un éxito electoral teniendo en cuenta su reciente creación. El nuevo partido había recabado respaldo de sus orígenes como plataforma reivindicativa de los derechos de todos los dueños de casas ilegales que proliferaron en este municipio en las tres últimas décadas. Los populares han vivido un año de gobierno en minoría pero han preferido este acuerdo por un triple motivo: el rechazo de la oposición en bloque a su plan de ajuste, las dificultades para consensuar el presupuesto y el reciente acuerdo en la Junta entre PSOE e IU, que hizo suponer al PP que llevaría a buscar similares alianzas municipales.
Con este acuerdo, los populares espantan la posibilidad de la moción de censura pero se juega su imagen al haber pactado y entregado Urbanismo a los que defienden pagar menos por las construcciones ilegales y una reducción de las multas a los incumplidores de la legislación. "Nosotros no somos ilegales. Somos vecinos. No decimos que no tenemos que pagar. Nunca hemos hecho eso. Decimos que no vamos a pagar un dinero que no tenemos", trató de aclarar ayer la portavoz del PVRE y nueva edil de Urbanismo, Marisol Ayala.
El acuerdo, respaldado por la dirección provincial y andaluza del PP, incluye un acuerdo programático de cuatro páginas y uno de gobernabilidad de dos. A grandes rasgos, el pacto tendrá vigencia de tres años y marca compromisos hasta 2015. Entre ellos: la congelación del IBI, la derogación de la ordenanzas que regían el proceso de regularización de viviendas y aplicar "las atenuantes que permita la ley" en la sanciones urbanísticas de suelos urbanizables o no consolidados. "Las zonas donde proliferan estas casas son oportunidades de inversión", sostuvo el alcalde, Ernesto Marín. Niega que este pacto sea "escandaloso" como lo ha definido IU. "El problema de las viviendas ilegales en Chiclana es ya un problema social y hay que resolverlo", resumió. El PSOE aseguró ayer que "respecta" el acuerdo. Su portavoz, José María Román, admitió haber tenido contactos con el PVRE pero nunca en los términos del acuerdo alcanzado con el PP.
* El País - PEDRO ESPINOSA - 19.5.12
Foto: Chiclana zona ilegales - ELPAIS - Roman Ríos
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