ELPAÍS* : “Asistimos al fracaso total de la mercantilización de la vivienda: ha pasado de cumplir una función social a convertirse en una mercancía para acabar siendo un activo financiero que sube y baja. Pero la gente no vive en un activo financiero. Además, a diferencia de otros productos financieros, la vivienda es un derecho humano”. La relatora especial por el derecho a la vivienda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Raquel Rolnik, culpó ayer a la banca de la burbuja inmobiliaria que se ha producido en España y otros muchos países desde 2009. “La toma del sector inmobiliario por los bancos se traduce en que su último objetivo sea la revalorización y demuestra que la burbuja no es fruto de una política no deseada”, afirmó.
Rolnik está en Barcelona para participar en un curso y ayer acudió a una multitudinaria asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a la que asistieron afectados de Cataluña y Madrid. La relatora incluirá la experiencia de la PAH y la lucha contra los desahucios en España en el informe internacional que entregará en junio y que en octubre presentará a la asamblea general, en Nueva York. Para su informe, Rolnik requerirá información al Gobierno central y mañana se reunirá con el secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala.
Durante su encuentro con los afectados, la relatora constató cómo ha evolucionado el movimiento contra los desahucios que empezó en 2009, justo cuando inició su mandato. Rolnik ya se reunió entonces con representantes de la PAH barcelonesa. De la realidad del mercado inmobiliario español cuestiona que la ley permita los desahucios al tiempo que las familias no se libran de la deuda que arrastran. “El foco principal de las instituciones ha sido salvar el sistema financiero, es preocupante que la gente no haya sido objetivo de políticas claras”, dijo. Ayer celebró que la PAH haya introducido la dación en pago en el debate público. “No estoy hablando de comunismo ni socialismo, sino de marcos legales que incorporen derechos humanos”, sostuvo.
Rolnik escuchó decenas de testimonios de afectados por procesos de desahucio después de haberse quedado sin trabajo y no poder pagar la hipoteca. Como el de familias de origen africano que viven en Salt (Gironès), donde han denunciado una “estafa masiva de hipotecas con avales cruzados”.
La relatora escuchó los reproches de varios afectados por las inyecciones de dinero a los bancos por parte de los Gobiernos y el Banco Central Europeo: “Que nos den dinero para pagar la hipoteca al 1% de interés como a ellos”. “Quitémonos la culpa, no tenemos la culpa de habernos quedado sin trabajo, no somos morosos ni irresponsables, somos pobres”, terció otra asistente.
* El País - CLARA BLANCHAR Barcelona 1 MAR 2012
Foto: Raquel Rolnik, ayer junto a activistas de la PAH. / JOSÉ JIMÉNEZ
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ABC* : Hay cinco inmuebles abandonados, dos municipales y tres privados, que superan los mil metros cuadrados y no tienen proyecto futuro.
La cantinela fue tan repetitiva que incluso llegó a usarse como excusa para justificar los inmensos sobrecostes del proyecto Metropol-Parasol. Según el gran mentor de «las setas», Alfredo Sánchez Monteseirín, la Plaza de la Encarnación iba a ser protagonista de una «revitalización» fulgurante gracias al revolucionario plan diseñado por Jurgen Mayer tras décadas de abandono. «Este proyecto supondrá una revitalización global de nuestra economía, y tendrá, sin duda, una especial incidencia en el ámbito puramente turístico», declamaba el exalcalde mientras se aprobaban nuevos modificados que llegaron a encarecer la obra hasta los más de cien millones de euros sin dejar de ser un espacio privado de la empresa Sacyr. A punto de cumplirse un año de su inauguración, el impacto turístico empieza a ser el más valorado y la ocupación de los espacios comerciales es desigual, pues quedan locales vacíos. Pero su impacto en el entorno inmobiliario es negativo.
De hecho, a finales de noviembre, con las «setas» ya inauguradas desde hacía ocho meses, cerró el Hotel Ducal, único establecimiento hostelero de la plaza, por falta de clientes. Pero no ha sido el único caso. Este hotel fundado a comienzos de 1959 por Eusebio Moreno y que ha sido clausurado por su hijo Íñigo 51 años después porque ya apenas tenía como clientes a curas que visitaban el convento de las Hermanas de la Cruz, ha convivido sus últimos días con otro enorme inmueble completamente abandonado. Es, concretamente, el correspondiente al número 17 de la Plaza de la Encarnación, un edificio de arquitectura industrial, de tres plantas, que se encuentra completamente diáfano por dentro ante la falta de proyectos para su explotación. Actualmente pertenece a una familia sevillana y está siendo comercializado por la consultora Locartis y por el banco francés BNP Paribas. El local comercial que tiene en su planta baja, situado justo en la acera opuesta a la oficina de Sacyr en el Metropol, es de 430 metros y se vende por tres millones de euros. Jamás ha tenido uso, por lo que está en bruto. Y con las «setas» no ha mejorado la situación. En Urbanismo confirman que no existe ningún proyecto presentado hasta la fecha para este inmueble ni se ha pedido licencia de ningún tipo para su puesta en uso.
Lo cierto es que entre el Hotel Ducal y el citado inmueble, hay prácticamente 25 metros de fachada en el abandono por ese lateral del pionero proyecto arquitectónico «transformador» que prometía el anterior gobierno municipal. El hotel tiene cuatro plantas y 51 habitaciones, todas ellas cerradas desde hace cuatro meses porque la última clientela fiel salió espantada por el fragor de las obras. Y en su puerta, donde aún se mantiene la placa de la Asociación de Hoteleros para certificar que, lejos de revitalizarse, ha sido víctima del Metropol, se acumula la suciedad como emblema de su abandono.
Pero no es el único gran espacio vacío y sin un claro porvenir porvenir en el entorno del Metropol. El edificio de la calle Regina que hace esquina con la propia Plaza de la Encarnación también está sometido al yugo de los desconchones. Sólo sobreviven en su planta baja una zapatería y una joyería. El resto del edificio, de 1.420 metros cuadrados, no tiene uso. Fue diseñado por el gran arquitecto Juan Talavera en 1919 y ahora pertenece a otra familia sevillana que tiene intenciones de renovar el edificio a finales de este año para albergar restaurantes y locales comerciales. Pero en Urbanismo tampoco tienen ninguna petición oficial todavía. Y no se ha iniciado expediente para los dos edificios anexos a éste, los números 5 y 6 de La Encarnación, que son de titularidad municipal. Frente a ellos, al otro extremo de las setas, está el edificio de Hacienda, cuya explotación ha sido cedida a Sacyr como parte del pago por la obra y ahora el Ayuntamiento tiene que pagarle un alquiler por usarlo pese a que tiene los dos citados de enfrente en el abandono absoluto, con las ventanas tabicadas y esperando que se tome una decisión sobre ellos. La idea era acoger viviendas sociales en alquiler. Pero el estado cataclísmico de las arcas públicas, vaciadas por proyectos como el de la propia Encarnación, lo ha frenado todo. Siempre se dijo que, con el tiempo, se entendería en la ciudad la grandilocuencia arquitectónica del polémico proyecto, que sería motor económico de Sevilla. Pero, a un año de su apertura arroja un balance desigual. Y Sevilla está en números rojos.
Setas: año uno
La crisis va a ser durante algún tiempo buena aliada para quienes prometieron que invertir cien millones en el parasol era una mina de oro rentable para la posteridad. La crisis puede servir de excusa para juistificar que alrededor del «icono» crezcan —como setas— los carteles de «Se vende». Dicen, no obstante, que éste es el tiempo de la inversión y las oportunidades. Si sólo queda como mirador de turistas de bocata y adiós muy buenas, el negocio será un fracaso.
* ABC - ALBERTO GARCÍA REYES - 10.3.12
Foto: Sevilla, vista setas Metropol_Parasol - elpais
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ELPAÍS/Alicante* : El pleno del Ayuntamiento de Finestrat decidió ayer por unanimidad confiscar un aval de 340.000 euros otorgado por la CAM a la mercantil Procumasa, SA, del presidente del Hércules, Valentín Botella, para poder concluir las obras de urbanización del plan parcial del sector 16, cuyo suelo ha acabado en manos de Tenedora de Inversiones y Participaciones, SL (TIP), una mercantil de la misma caja alicantina.
Los terrenos que tras la reparcelación del sector 16 terminaron siendo propiedad de Procumasa, adjudicataria de la condición de agente urbanizador, pasaron a ser de TIP el 21 de mayo de 2009 mediante la escritura de compraventa otorgada por un notario de Alicante.
En plena crisis inmobiliaria, la CAM asumió el control del suelo en Finestrat de la empresa de Botella como contraprestación a la deuda que acumulaba la urbanizadora, actuando como apoderado de TIP José María Plá Penalba. Como consecuencia, tuvo que afrontar las cargas de urbanización pendientes.
El 8 de marzo de 2011 se firmó el acta de recepción provisional de las obras, que había ejecutado Infranostrum. La definitiva estaba condicionada a que Procumasa subsanara algunas deficiencias, vinculadas a la instalación eléctrica del sector.
Sin embargo, la empresa de Botella hizo caso omiso y se defendió comunicando al Consistorio en enero de este año que TIP, como propietaria del suelo, le debía 554.600 euros de la liquidación de las obras y que la mercantil de la CAM también había asumido el cobro de otros 422.000 euros a la constructora, Iberdrola y la dirección de la obra.
Como consecuencia, Procumasa consideró que su avalista, la CAM, era al mismo tiempo su deudor y responsable de las obligaciones derivadas de su acuerdo de compraventa. Y solicitó hace dos semanas la devolución del aval de 340.000 euros depositado como garantía de las obras, una cantidad que el Consistorio ha decidido recuperar en un plazo de 15 días si el plan parcial no se entrega en las condiciones exigidas.
El pleno también aprobó asumir la gestión directa de otro PAI inacabado, conocido como Balcón de Finestrat, porque el urbanizador, Explotaciones Urbanísticas Finestrat, SL, no ha subsanado las deficiencias. El programa se adjudicó hace 11 años y el Ayuntamiento ejecutará el aval del urbanizador, de unos 300.000 euros.
* El País - ARTUR BALAGUER Benidorm 9 MAR 2012
Foto: Finestrat (Alicante), la Cala - panoramio
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ELPERIÓDICO* : Uno de los detalles sorprendentes que se pueden descubrir en una paciente lectura de la historia del paracaidismo es que antecede en un siglo a la invención de la aviación. Es, con condescendencia por parte del lector, una metáfora posible de lo que durante más de un siglo ha sido el urbanismo barcelonés. Primero, las personas. Con ese lema ha crecido la ciudad hasta sus hechuras actuales. Primero, las personas. Luego, las casas. Así fue con motivo de la celebración de la Exposición Universal de 1888. Así volvió a ser cuando se organizó la Exposición Internacional de 1929. Lo fue también durante el franquismo, cuando la prácticamente única efervescencia industrial española era la catalana. Sin embargo, considerar al nuevo barraquismo del siglo XXI un heredero de esa tradición es un error. Es otra cosa.
En 1882, el Diario de Barcelona ya retrataba en sus páginas la existencia de colonias de barracas. La ciudad preparaba su primera gran cita internacional en busca de gloria, pues aunque a menudo se diga lo contrario no era más que una ciudad provinciana. Del Pirineo bajaron en busca de un empleo no pocos Onofre Bouvila para edificar los pabellones de la Ciutadella.
Lo de 1929 en adelante, en cierto modo, fue peor y más cruel. Barcelona ya lucía. En el Eixample se habían levantado, en ocasiones con dinero procedente de prácticas esclavistas en América, hermosos edificios. Así, los inmigrantes llegaban a la estación de França y tomaban allí un autobús que, antes de llegar a su destino, les permitía ver durante unos minutos aquello que desde entonces no sería su vida.
A finales de los años 50 vivían en barracas en Barcelona más de 100.000 personas. Había más de 30 calcutas sin luz, ni agua, ni alcantarillado. Quienes vivían junto al mar, en el Somorrostro o en el Bogatell, lavaban la ropa en la playa. La cazuela para cocinar era a menudo una gran lata de aceitunas en la que se hervía lo que se podía. En esas condiciones, la vejez se alcanzaba a los 50 años, un tiempo al parecer demasiado corto para que las autoridades cumplieran sus reiteradas promesas de que aquello del barraquismo tenía los días contados. La esperanza era tanta que incluso dio nombre a uno de esos falsos barrios de maderas y uralita. Durante la visita de Eva Perón a Barcelona corrió la leyenda de que esta iba a construir pisos para los desfavorecidos. Así, casi como una broma, surgió el nombre de La Perona, una de las más duras comunidades barraquistas de la ciudad.
Aquel urbanismo del Primero las personas, luego las casas murió formalmente el 7 de noviembre de 1990. Aquel día, el alcalde Pasqual Maragall asestó el primer mazazo al último derribo de barracas, en la calle de Francesc Alegre del Carmel. Lo que las expos de 1888 y 1929 no hicieron lo lograron los Juegos Olímpicos de 1992. Allí acabó la historia de las barracas de Barcelona. Lo sucedido ahora en Poblenou es otra cosa. Es otra historia. Distinta y singular, porque la pregunta es: ¿Qué hay más, barraquistas o pisos vacíos?
* El Periódico - 7.3.12
Foto: El mazazo de 1990 8 Maragall, en el último derribo, en el Carmel. ARCHIVO / juan valgañón
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ELPAÍS/Alicante* : Ningún magistrado quiere ejercer de titular en el Juzgado de Instrucción nº3 de Orihuela, oficina judicial matriz del caso Brugal,que trata de esclarecer una trama sobre el negocio de la basura y el urbanismo en Alicante. El concurso público convocado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cubrir la plaza de su anterior titular, el magistrado Carlos San Martín, ha quedado desierto, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La envergadura del sumario (40.000 folios) y el calado de los imputados, cuya lista encabezan el exlíder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, se ha convertido en un obstáculo al que ningún magistrado parece querer plantarle cara.
El juzgado número 3 de Orihuela lleva ahora dos de las tres piezas centrales del caso Brugal: un supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela y en favor de Fenoll y un supuesto soborno de éste y el promotor Ortiz a Ripoll por la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja.
En la actualidad, el Juzgado número 3 de Orihuela está dirigido por una juez sustituta, que cubre la plaza desde la salida de San Martín a finales del pasado año. Esta magistrada cuenta con otra de apoyo, refuerzo que nombró expresamente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el pasado mes de enero. La intención del TSJ era que la interinidad en la titularidad del juzgado fuera la mínima posible y de ahí la convocatoria de un concurso público, que ahora ha quedado desierto por falta de aspirantes.
La primera decisión que debe adoptar la juez sustituta es si acepta o no la petición del fiscal Anticorrupción de Alicante de citar a declarar a otros 54 implicados en las diligencias policiales en calidad de imputados (34 por la causa de la basura de Orihuela y el resto por la de la contrata de la planta del plan zonal de La Vega Baja).
Carlos San Martín, que dirigió el último periodo de la investigación policial y la primera fase de la instrucción tras levantar el secreto del sumario de las actuaciones, optó por dejar la oficina a finales del pasado año, tras ganar una plaza en los juzgados de Alicante.
El magistrado San Martín tomó esta iniciativa después de una resolución en la que anuló parcialmente las escuchas telefónicas practicadas a los cabecillas de la trama: Ripoll, Fenoll y Ortiz. Posteriormente, la Audiencia de Alicante revocó el auto de San Martín y dio validez a las intervenciones telefónicas de la policía.
La anulación de parte de las escuchas no fue la única resolución polémica de San Martín. El juez llegó a insinuar que no había ordenado los arrestos de los principales implicados en la trama el pasado 6 de julio de 2010, pese a que, apenas cuatro días antes, había firmado un auto autorizando las detenciones. Más adelante, el juzgado cometió otro error de bulto al introducir diligencias de otras piezas del sumario en un DVD que trasladó a las partes. Ello posibilitó su difusión en los medios de comunicación.
El entorno del magistrado San Martín atribuyó a la presión mediática su decisión de desentenderse del caso.
El sumario sobre el posible amaño del PGOU de Alicante lo instruye desde octubre de 2010, cuando asumió la competencia, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, el veterano magistrado Manrique Tejada.
En esta causa el fiscal Anticorrupción acusa a la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor y ahora diputado autonómico Luis Díaz Alperi, de cohecho, uso privilegiado de información y tráfico de influencias. Tejada no dudó a la hora de validar las escuchas y mantiene un ritmo constante en la instrucción. Tejada está pendiente de un informe policial sobre documentos incautados a Ortiz en su yate y empresa para rematar el sumario.
* El País - SANTIAGO NAVARRO Alicante 7 MAR 2012
Foto: Alicante, diputación - ruraliberica.com
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LAOPINIÓN/Tenerife* : En Santa Cruz hay 1.500 edificaciones fuera de ordenación, lo que supone un total de 80.000 vecinos afectados. Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz finalizaron ayer el catálogo que contiene las construcciones de la capital que se encuentran fuera de ordenación.
La principal consecuencia para estos inmuebles es que tienen fecha de caducidad, esto es, sus propietarios no pueden realizar obras de consolidación ni las que aumenten el valor de la edificación. En definitiva, no se podrán llevar a cabo trabajos de afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos dañados de la estructura del edificio; no se podrán cambiar las tuberías o las acometidas eléctricas; no se podrá mejorar el aspecto del inmueble; tampoco se podrá instalar un ascensor en el edificio o cerrar un balcón, entre otras actuaciones.
El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, reconoció ayer a este periódico que no se podrán resolver o legalizar el 100% de los casos pues hay "situaciones muy difíciles e imposibles de ordenar" como la construcción de áticos ilegales. "Con respecto a estos inmuebles es la propia Gerencia la que se niega a ordenarlos, pues no existe justificación alguna para hacerlo", aclaró el edil. José Ángel Martín informó de que la previsión es que se pueda dar respuesta a un 80% de las edificaciones afectadas por el fuera de ordenación para que pasen a una situación legal.
Precisamente, una vez finalizada esta fase de censo y diagnóstico de la situación de las construcciones de Santa Cruz, a partir de ahora se trabajará en la fase de solución del fuera de ordenación. En este sentido, el Ayuntamiento se reafirma en que la misma llegará desde el planeamiento, desde el Plan General de Ordenación.
De hecho, ayer mismo se iniciaron las reuniones para estudiar los diferentes caminos legalmente admisibles para llevar a cabo las modificaciones dentro del planeamiento y determinar, de manera justificada, la necesidad de la posible suspensión de los ámbitos que fuesen necesarios para llevar a cabo las correcciones posibles.
Las vías que se abren en esta nueva fase pasarían por, entre otras alternativas, el estudio del cambio de régimen de usos compatibles, la redelimitación de algunos ámbitos, la generación de nuevas actuaciones urbanísticas de renovación o áreas de renovación edificatoria y, también, trasladando al plan la realidad edificativa existente.
Los esfuerzos de los técnicos durante la elaboración del catálogo del fuera de ordenación se han centrado en algunos ámbitos del plan vigente, tales como el centro histórico, La Salle, Salud-Perú y Las Colinas, donde se ha escrutado el 100% de las edificaciones. El único emplazamiento que no entra en la labor que se ha realizado hasta ahora es Anaga, al no cumplir sus edificaciones con la mayoría de los parámetros detectados por los diez técnicos de Urbanismo.
Según los datos facilitados por la Gerencia de Urbanismo, la labor desarrollada ha generado fotografías de 11.801 fichas, de las que 1.500 se encuentran fuera de ordenación. Estos datos suponen que el 13,22% del suelo urbano se encuentra fuera de ordenación, lo que representa un 0,24% del suelo de todo el municipio y un total de 364.506 metros cuadrados.
La metodología utilizada para el trabajo de campo ha incluido el trabajo de cinco delineantes de Urbanismo para ir generando una base informática individualizada del fuera de ordenación cuyos datos pueden ser cruzados con un sistema de información geográfica (SIG) pionero en Canarias, indican fuentes del Ayuntamiento.
* La Opinión Tenerife - E. REVERÓN - 8.3.12
Foto: Santa Cruz de Tenerife, vista - rinconcitocanario.com
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ELPAÍS* : Jacobo Gordon, socio de Alejandro Agag, el yerno de Aznar ha admitido esta mañana en la Audiencia Nacional que recibió 600.000 euros del número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo para una operación urbanística que efectuó en La Nucia (Alicante). Esa operación le generó unos beneficios de 238.000 euros. Gordon que ha declarado como imputado ante el juez Pablo Ruz, actual instructor del caso Gürtel, reconoció que durante un tiempo fue socio del cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, en la sociedad Castaño Corporate.
Esta sociedad, según relató Gordon ante el juez, subastó unas parcelas en Colmenar Viejo (Madrid) que fueron adjudicadas a la constructora leonesa Teconsa, una de las empresas vinculadas a la red Gürtel.
Teconsa es la empresa que utilizó la trama como pantalla para conseguir la adjudicación de la sonorización y la imagen de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Esta operación, que supuso a la trama un beneficio total de tres millones de euros, fue supuestamente urdida entre Álvaro Pérez, El Bigotes, el hombre de Correa en Valencia, y el exdirector general de televisión pública valenciana, Pedro García.
Esos tres millones se los repartieron entre Teconsa, que se embolsó 200.000 euros; Pérez se quedó 500.000 y una cantidad similar el exdirector de la radio televisión valenciana. Crespo, por su parte, recibió 650.000 euros y Correa, el cabecilla de la trama, 1,4 millones de euros.
Gordon declaró ayer en el juzgado que la comisión por la venta de las parcelas de Colmenar Viejo a Teconsa se ajustó a los precios de mercado. El dinero obtenido con la venta se destinó a la operación urbanística desarrollada en La Nucia.
Tras la declaración de Gordon, llegó el turno a Pablo Crespo, el lugarteniente de Correa, que se ha negado a declarar. Ambas declaraciones, junto con la del exvicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín, el encargado de crear la estructura societaria de Gürtel en el extranjero, habían sido solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción para evitar que prescriba el posible delito fiscal que se cometió con estas operaciones.
El juez Ruz ha decidido posponer la declaración de Blanco Balín a instancia de su letrado, que ha alegado que se encuentra de viaje, lo que le impedía comparecer.
Antes de prestar declaración, en los pasillos de la Audiencia, Pablo Crespo expresó su “gran preocupación” por la situación penitenciaria de su exjefe Francisco Correa, el único imputado que permanece en prisión. “Me inquieta que Correa siga en la cárcel tres años después por una causa económica, no es justo”, afirmó.
Una causa “100% política”
Crespo negó que hayan existido pagos a políticos y se presentó como víctima de una conspiración urdida por “gente que, amparada en su posición pública, ha cometido auténticas tropelías; confío en que, en el futuro, serán punibles”. “La causa entera ha sido un auténtico disparate; si yo tengo que asumir algo, lo asumiré, pero todo lo que se ha dicho es falso”, añadió.
“Esto es una causa 100% política, creada por órganos políticos y con objetivos políticos”, prosiguió Crespo. Admás, lamentó que muchas personas que trabajaban para las empresas de Francisco Correa hayan perdido sus empleos a pesar de que, según el número dos de la trama, “no tienen ningún tipo de implicación en los hechos que se nos atribuyen”.
* El País - JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ / MANUEL ALTOZANO Madrid 8 MAR 2012
Foto: La Nucia - tagarinet
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BERNARDO GUTIÉRREZ* : Uno de los conceptos que más me gustan de los últimos años es el de ciudades p2P (peer-to-peer, par-a-par). Pero creo que nada mejor para explicar / traducir qué es una ciudad p2P (una suma de urbanismo P2P, cultura p2P, gobierno P2P…) que algunos casos concretos. El vídeo que encabeza este post pertenece al proyecto Nockin, un servicio de búsqueda de servicios entre personas. Cualquier ciudadano puede darse de alta gratuitamente, ofrecer un servicio o buscarlo. Los ciudadanos, conectados directamente al margen del Estado u oficinas de empleo públicas, puede encontrar la solución a sus problemas. Un detalle: no es obligatorio que haya dinero por medio. El intercambio puede hacerse como un trueque de servicios.
En el Vivero de Iniciativas Ciudadanas (@desdevic) recuerdan que Nockin es un heredero del proyecto SOS City, del colectivo barcelonés Platoniq. Este vídeo de presentación de SOS City muestra el camino de los Ciudadanos P2P: “Pueblo2Pueblo, Puerta 2 Puerta, Plaza 2 Plaza”. ¿Por qué los Gobiernos demoniza la tecnología y concepto P2P y lo estigmatiza como sinónimo de piratería? ¿Por qué no entienden que el aparato del Estado es incapaz de gestionar una crisis estructural de paro galopante como la española y que la sociedad en red ya está moviéndose horizontalmente?
Una de las iniciativas surgidas a la luz del movimiento 15M que más me gustan es el Proyecto No.Ma.Des, una red solidaria de empleo que incentiva el intercambio de servicios a través de cupones solidarios. Por otro lado, recomiendo encendidamente Our Project, desarrollado por el colectivo Comunes con software libre, “una herramienta que facilita el trabajo cooperativo entre personas de cualquier parte del mundo, clase y condición”. La única condición para participar es que el resultado, la solución un problema concreto, sea compartida y pública. Otros proyectos de comunes son Plantaré (una moneda comunitaria para el intercambio de semillas), MassMob (un gadget para lanzar y organizar reuniones inteligentes para las multitudes inteligentes que definió Howard Rheingold), Troco (una moneda virtual P2P) o Kune (una plataforma colaborativa). El Laboratorio del Procomún, del MediaLab Prado, para quien no lo conozca, investiga sobre todo esto.
Mientras España sigue siendo uno de los países del mundo donde más caro es convertirse en trabajador autónomo, (un mínimo de 254 euros al mes, frente a los 10 euros mínimos al mes del Reino Unido) la cifra del paro crece. Los políticos y expolíticos se forran en el mercado. Y los ciudadanos P2P empiezan a resolver sus problemas de tú a tú, de Plaza2Plaza, y a dar la espalda a sus gobernantes y al mismísimo sistema.
* 20 Minutos blogs - Código Abierto - 5.3.12
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Relatora de las Naciones Unidas por una vivienda adecuada from #LaPlataforma SICOM.cat - Namuss on Vimeo.
La relatora de la ONU por una vivienda adecuada , Raquel Rolnik, de visita en Barcelona invitada por el observatori DESC, se reunió el pasado 01 de marzo con más de un centenar de personas que están sufriendo o ya han sufrido ejecuciones hipotecarias y que están amenazadas de desahucio.
En un acto de más de dos horas cargado de emotividad, la relatora responsabilizó al gobierno de la situación de emergencia habitacional en la que se encuentran centenares de miles de familias en el Estado Español. De esta manera recordó que España ha suscrito diferentes pactos internacionales que la obligan a garantizar el derecho a la vivienda y evitar los desalojos por razones económicas y que sin embargo está incumpliendo sistemáticamente. Asimismo culpó a los bancos de la burbuja inmobiliaria y escuchó emocionada el relato de un centenar de personas pertenecientes a unas 20 PAH’s que abarrotaban la sala. Relatos que inspiraran el próximo informe que en Octubre de este año debe entregar ante la asamblea general de Naciones Unidas en Nueva York. Un acto rebosante de energía y emoción que visibilizó lo fuerte y articulado que está el movimiento .
Os dejamos el video final de su intervención. Estas imágenes forman parte del proceso de realización del documental “La plataforma”, llevado a cabo conjuntamentre por SICOM y Namuss Films, con la colaboración de la PAH, y que se estrenará en breve.
* Kaos en la Red - PAH - 06 de Marzo de 2012
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ELPAÍS* : Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa e imputado por estafa, administración desleal, falsedad en documento mercantil, malversación de fondos públicos y delitos contra la Hacienda pública, ha extendido a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia la responsabilidad del millonario pillaje que llevó a la quiebra a la sociedad pública de depuración en el año 2010. “El sistema de Emarsa era absolutamente inútil y fue creado hace muchos años políticamente para que hubiera un total descontrol”, afirmó ante el juez, según fuentes conocedoras de su declaración. La principal vía para saquear Emarsa consistió en abonar un precio desorbitado para la depuración de lodos, confirmó Cuesta, quien agregó que la cantidad a pagar la fijaba la empresa de la Generalitat Epsar. Cuesta declaró haber entregado al menos 30.000 euros en efectivo “en su despacho y en cafeterías”, al entonces gerente de Epsar, José Juan Morenilla.
Cuesta señaló que en el periodo anterior a su llegada a Emarsa, en 2004, “la situación de la sociedad era caótica”: “Había empresas trabajando sin contrato, llevaban seis años sin formular presupuestos ni cuentas anuales...”. El periodo de seis años al que se refirió el exgerente incluye la época en que Silvestre Senent, actual concejal de Hacienda de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia, presidía Emarsa.
Cuesta afirmó que la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), dueña de Emarsa y “gobernada por políticos pero dominados por el Ayuntamiento de Valencia”, prefirió “mirar hacia otro lado” a pesar de estar al tanto de lo que sucedía. Cuesta agregó que muchas empresas cuyos administradores han sido imputados por el saqueo de Emarsa trabajaban también para Emshi. Y que el entonces presidente, Enrique Crespo—dimitido alcalde de Manises y de la vicepresidencia de la Diputación de Valencia e imputado en la causa— le dijo que por ese motivo no hacían falta expedientes de contratación para que las firmas trabajaran para Emarsa.
Cuesta fue presidente de la agrupación local de Poblats de l’Oest del PP y alcalde pedáneo de Benimàmet por nombramiento de Rita Barberá —varios de los imputados se han referido a él en el juzgado como “el alcalde de Benimàmet—, y el miércoles confirmó que simultaneó ese cargo con el de gerente de Emarsa, a pesar de que su contrato con la empresa pública le exigía dedicación exclusiva. Cuesta también admitió que tras dejar de ser alcalde pedáneo desvió dinero de Emarsa para sufragar las fiestas de Benimàmet.
El Ayuntamiento de Valencia rechazó lo afirmado por Cuesta en un comunicado y responsabilizó de lo ocurrido a los gestores de Emarsa. “La depuradora contaba con unos directivos que son los que tomaban las decisiones y rendían cuentas al consejo de administración” en el que estaban representados distintos partidos, señaló, y defendió “dejar a la justicia que haga su trabajo”.
El exgerente negó que, tal y como declaró el proveedor Sebastián García Martínez, exigiera comisiones del 60% por las obras que sus empresas hacían en Emarsa. Y también rechazó que, como afirmaron ante el juez García Martínez y el exdirector financiero de la sociedad Enrique Arnal, se repartiera cada mes con Crespo, Morenilla y el actual jefe de explotación de la empresa de la Generalitat Epsar, Ignacio Bernácer, 180.000 euros que le entregaba el empresario de lodos huido de la justicia Jorge Ignacio Roca.
Esto último Cuesta lo negó, sin embargo, con matices. Arnal y García Martínez afirmaron que Roca le entregaba el dinero a Cuesta primero en cajas de cartón y más tarde mediante tarjetas de crédito a nombre de las firmas del empresario. El exgerente de Emarsa contó que Roca le entregó cuatro tarjetas de crédito, que sacó con ellas 60.000 euros de distintos cajeros y que le dio la mitad al entonces gerente de Epsar, Morenilla. Y añadió: “Lo irregular es lo que he dicho de las tarjetas de Roca, sobre lo que en su momento daré más información, pero voy a esperar hasta que declaren otras personas y después pediré comparecer de nuevo”.
Cuesta solo aceptó, en su novena declaración, responder a preguntas de su abogado. El juez instructor, Vicente Ríos, quiso dejar constancia, sin embargo, de varias preguntas. En una de ellas el juez señaló que de las cuentas de Roca salieron varios millones en efectivo, y que si Cuesta efectivamente solo extrajo los mencionados 60.000 euros.
Al mismo tiempo, el exgerente afirmó que él fue “marginado” desde el principio de todo lo relativo a los lodos de la depuradora. Y que quienes controlaban dicha parcela eran “Crespo, Morenilla, Bernácer y Roca”. Según Cuesta, Epsar —la empresa de la Generalitat de quien dependen las depuradoras— podía haber gestionado directamente la planta de Emarsa, pero prefirió limitarse a financiarla estableciendo un precio muy superior al del mercado por el tratamiento del lodo.
El precio marcado por la sociedad de la Generalitat era de 42 euros por tonelada de fango. Emarsa, que generaba 90.000 toneladas al año, contrató para ello a las empresas de Roca. Éste, a su vez, subcontrató a la empresa Adobs Organics, que hasta la llegada de Roca se había encargado del tratamiento de los lodos de la planta. El precio que Adobs Organics recibía por gestionar el fango era de 18 euros por tonelada, señaló el juez. El sobrecoste habría sido por tanto de 24 euros por tonelada.
Cuesta aceptó ayer haber recibido regalos por valor de cientos de miles de euros de García Martínez, pero no 1,8 millones de euros como declaró el proveedor. Insistió en que todas las decisiones en Emarsa las tomó por indicación de Enrique Crespo, que a sus cargos como alcalde de Manises, vicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP y presidente de Emshi sumaba la presidencia de Emarsa.
El exgerente afirmó que de todo lo relativo a las obras y partidas informáticas aparentemente falsas por las que Emarsa pagó importes millonarios se encargaban directamente Arnal y García Martínez. Cuesta acusó a ambos de vertir falsedades contra él para eludir su responsabilidad.
Cuesta también hizo repaso de los vehículos con los que dijo haber visto a García Martínez: un BMW descapotable, un BMW X3, un Mini Cooper, un Mercedes ML 320, un Mercedes ML 240, un Mercedes SL 500, un Mercedes SL 55, un Jaguar, tres Volkswagen Touareg, un Audi A5, dos Porsche Cayenne y, además, un barco adquirido en Mónaco que le habría costado 200.000 euros.
* El País - IGNACIO ZAFRA Valencia 7 MAR 2012
Foto: Valencia, Barberá, Camps y su esposa - elpais.com
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INFORMACIÓN/Alicante* : El edificio del Balneario de Lodos, propiedad del Ayuntamiento, fue ayer pasto de las llamas. Como una falla, buena parte de la estructura de madera del singular inmueble, concebido por el arquitecto japonés Toyo Ito, se consumió en dos horas. Los bomberos recibieron una llamada de alerta sobre las tres y media de la tarde. A la punta de La Víbora, una de las orillas de la laguna de Torrevieja, en la urbanización Las Torretas, acudieron efectivos de Torrevieja y después, ante la dimensión que tomaba el fuego, los de Almoradí. Una docena de efectivos que se emplearon a fondo para acabar con unas llamas que provocaron graves daños en la cubierta y el interior. Una lucha contra el fuego nada fácil teniendo en cuenta la estructura helicoidal del inmueble, en forma de caracola, levantada en madera, y el revestimiento asfáltico de la cubierta. Factores a los que se sumó la zanja de tierra levantada alrededor del inmueble o el cierre de caminos, obstáculos dispuestos por el Ayuntamiento precisamente para evitar siniestros y robos.
Todo parece apuntar a un acto vandálico. Varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local acudieron al lugar, pero no pudieron ser alertadas con anticipación por las imágenes de la cámara de vigilancia instalada por el Ayuntamiento. Tampoco podrán emplear ese dispositivo para determinar las causas del fuego. No funciona desde hace meses y no se conectó al sofisticado sistema de videovigilancia de la Policía Local pese a que su función era precisamente evitar robos -sobre todo, de la cubierta de chapa de cobre que ha desaparecido por completo, al igual que el cristal-, incendios y otras incidencias, como la ocupación como alojamiento temporal.
Turismo
Las obras del parque de relajación formaban parte de un ambicioso plan municipal de excelencia turística promovido en 2000, que incluía la contratación del prestigioso arquitecto japonés. Se diseñaron tres edificios singulares del que solo se construyó el ahora siniestrado, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, con el objetivo de convertir la instalación en un polo de atracción turística y dar un uso regulado a los populares baños de lodos de la laguna salinera.
La dirección general de Costas alertó que invadía el suelo dominio público sujeto a un expediente de deslinde. El Ayuntamiento no llegó a pedir una concesión para el uso del mismo, ni autorización previa a Costas para las obras, alegando que las competencias eran de la Generalitat. Sin embargo, tuvo que paralizar el proyecto. Desde ese momento, en torno al año 2006, el edificio comenzó a convertirse en una "ruina contemporánea", símbolo de toda una época de grandes proyectos municipales en periodo de bonanza económica, en el que la máxima de más espectacular y, sobre todo, la de más cara dirigía la política local.
* Información - D. PAMIES - 6.3.12
Foto: Un fuego arrasa el Balneario de Lodos, que costó 1,5 millones de euros y estaba abandonado - informacion
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DIARIODEAVISOS/Tenerife* : La Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo declaró nulo el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) del 5.04.2004, por el que se aprobó la revisión del Plan General de Ordenación de Mazo. Una sentencia dictada tras un largo proceso que se inició con el recurso contencioso administrativo planteado en 2004 por la empresa Horpa ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en cuya sentencia le reconoció un derecho compensatorio, pero no anulaba el PGO, extremo que sí ha hecho ahora el Supremo tras el recurso de casación. Esto supone un duro revés para el Ayuntamiento de Mazo, que ve como esta sentencia le obliga a dar un paso atrás en cuanto a la ordenación del municipio.
Al igual que en lo que se refiere a la instalación del complejo ambiental de residuos de Los Morenos, una instalación que está terminada y preparada para la gestión de los residuos de toda la isla de La Palma, pero que se ve gravemente afectada por esta sentencia, dado que fue, precisamente, en el acuerdo de revisión del PGO de Mazo cuando se incluyó en el mismo y, por tanto, se autorizó la instalación del complejo.
A esta sentencia hay que sumar la que el verano pasado también formuló el Tribunal Supremo en contra de la expropiación que realizó el Gobierno de Canarias a la empresa Horpa SL de los terrenos donde se ha construido el Complejo Ambiental de Residuos de Mazo, cuya obra está terminada. Los terrenos que se ven afectados por esta sentencia del Supremo corresponden al proyecto modificado de las obras que tenían como objetivo ampliar la capacidad del vaso de vertido de 79 a 104.000 metros cúbicos.
Razones
Asi las cosas, el elemento clave de la gestión de residuos de la isla de La Palma está dentro de un complicado berenjenal legal, por expropiaciones que han sido determinadas ilegales y, ahora, encima, sin el amparo urbanístico al declararse nulo el planeamiento de Mazo.
La causa en la que se basa el Supremo para anular el acuerdo de la Cotmac que aprueba la revisión del PGO de Mazo es el estudio económico y financiero que incluye el planeamiento y que contiene una serie de imprecisiones que “se trata de evitar”. Así, reconocen que hay actuaciones previstas para la segunda etapa del Plan que “serán desprogramadas por falta de capacidad financiera para ejecutarlas”, cuando “el estudio económico y financiero debe garantizar la posibilidad real de realización del planeamiento urbanístico”.
No es retroactivo
El Ayuntamiento de Mazo está estudiando jurídicamente este tema y trabajando en buscar soluciones, para lo que ya han mantenido contactos con la Consejería de Política Territorial y con el Cabildo Insular, aseguran en un comunicado. En el mismo, informan de que “la empresa, propietaria de parte de los terrenos expropiados por el Gobierno de Canarias para la construcción del Complejo Ambiental de Los Morenos, se manifestó en su momento conforme con el justiprecio establecido por la Administración, si bien recurrió a la vía judicial agotando sus recursos hasta llegar al Tribunal Supremo para reclamar la recalificación de parte de los terrenos que no le fueron expropiados, así como una compensación económica por el coste del plan parcial que elaboró la empresa y la anulación del acuerdo de la Cotmac”. Por otra parte, desde el Ayuntamiento aclaran que esta decisión del Tribunal Supremo no tiene efectos retroactivos y para que todos los vecinos puedan informarse, el Gabinete Técnico permanecerá abierto no solo en su horario habitual sino también por las tardes, en horario de 17.00 a 19.00 horas. El pasado viernes se reunió la comisión municipal de Urbanismo para informar de esta situación a la oposición.
* Diario de Avisos - DAVID SANZ - 7.3.12
Foto: Mazo (La Palma), vista - diarioavisos
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ELPAÍS* : Las Directrices de Ordenación del Territorio y el Plan de Ordenación del Litoral, los dos principales documentos que definen la ocupación y uso del suelo en Galicia, entraron en vigor, tras años de retraso, hace justo doce meses. El pasado 23 de febrero, en el caso de las Directrices, y el 24, en el del Plan del Litoral, se cumplió un año del inicio de su aplicación. Esas fechas se han superado sin que la Xunta haya cumplido dos de las tres obligaciones que ambos documentos exigían para su su primer año en vigor y con un reguero de pleitos en marcha impulsados por Ayuntamientos, empresas y particulares. En el caso del Plan del Litoral, se han presentado 47 recursos en los tribunales.
Las Directrices y el Plan del Litoral contienen numerosas normas cuyo cumplimiento es obligado solo cuando una administración o un particular quiere acometer una intervención determinada en el territorio. También recogen la posibilidad de que la Xunta desarrolle a partir de ambos documentos otro tipo de planes secundarios, sin establecer plazos para ello.
Esto es, parte del desarrollo de las Directrices y del Plan del Litoral es de carácter político, potestativo, y depende de las iniciativas que decidan priorizar este y próximos gobiernos. Pero ambos documentos sí fijaban tres obligaciones concretas a cumplir por la Xunta en su primer año en vigor.
El deber más importante viene determinado por la ley territorial de 1995, la misma que obligaba a redactar las Directrices que tardaron 16 años en aprobarse. Esa ley, y su posterior desarrollo, establece que “la Xunta de Galicia, una vez al año, presentará al Parlamento una memoria en la que se plasmará el estado en que se encuentran las directrices”. El primer año ya ha pasado sin que se tenga constancia del envío al Parlamento de dicho balance.
Por su parte, el Plan del Litoral exige, en su disposición adicional primera, que “en el plazo de 12 meses desde la aprobación definitiva” del documento “la consellería competente en materia ambiental realizará una Guía de buenas prácticas de intervención en los sistemas playa-duna”. Superados esos doce meses, nada se sabe de esa guía.
Lo que sí ha cumplido la Xunta es la exigencia de la disposición adicional quinta de que “en el plazo de doce meses desde la aprobación definitiva del Plan de Ordenación del Litoral la consellería competente en materia ambiental realizará una guía para la elaboración de los estudios de impacto e integración paisajística”. Medio Ambiente presentó ese documento el 3 de febrero, veinte días antes de que venciese el plazo de un año que tuvo para ello.
En este último año la Xunta también tenía la obligación de intercambiar información entre varios de sus departamentos implicados en el seguimiento de ambos documentos. Según otra disposición adicional del Plan del Litoral, la cuarta, la Dirección Xeral de Sostenibilidade e Paisaxe debe ser informada anualmente del cumplimiento del seguimiento ambiental del Plan del Litoral. A su vez, ese seguimiento debe estar vinculado al de las Directrices, y para encargarse de ello, entre otras funciones, se ha creado el Instituto de Estudos do Territorio. Pero el consejo rector del nuevo organismo se constituyó el 6 de febrero y su funcionamiento no será pleno hasta dentro de varias semanas, según admitió entonces la Xunta, por lo que tendrá difícil hacer en plazo el primer balance anual de ambos documentos.
El Plan del Litoral contempla otras obligaciones temporales cuyo plazo aún no ha sido superado pero para las que siguen pasando los meses. Antes de que pasen dos años desde su aprobación la Xunta deberá iniciar un plan especial que cree la denominada Senda de los Faros, un itinerario peatonal por toda la costa gallega. El Plan del Litoral también fija tres años de plazo para que los ayuntamientos adapten al mismo su planeamiento urbanístico.
Algunos de estos plazos parecen haberse quedado cortos pese a que fueron notablemente ampliados en la versión definitiva del Plan del Litoral aprobada hace un año. En los primero borradores que manejó la Xunta se establecían seis meses frente a los doce actuales para la guía de actuación en las playas, un año frente a los dos actuales para la Senda de los Faros y dos años frente a los tres actuales para que los ayuntamientos adaptasen su urbanismo.
Ence encabeza la batalla judicial
Aunque su seguimiento por parte de la Xunta presente deficiencias, las Directrices do Territorio y el Plan Litoral se están aplicando en numerosos aspectos. Las primeras están sirviendo como guía para la redacción de documentos urbanísticos y sectoriales de todo tipo y las restricciones y consideraciones del segundo están siendo incorporadas por los Ayuntamientos en sus respectivos planes municipales: el 25% de los municipios afectados ya lo había hecho a los siete meses de su entrada en vigor, según el último balance facilitado de la Xunta, pese a que disponen de tres años para ello.
Pero el futuro de ambos documentos en aspectos o zonas geográficas puntuales puede verse truncado si prospera alguno del medio centenar de recursos judiciales que se han impuesto contra ellos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de los que ha venido dando cuenta el Diario Oficial de Galicia durante el último año.
El Plan Litoral es el que mayor conflictividad suscitó con 47 recursos, Cinco de ellos proceden de Ayuntamientos (Bueu, Cariño, Vilaboa, Vimianzo y A Illa de Arousa), una docena de promotoras inmobiliarias, tres de asociaciones vecinales, uno de Ence, otro de Elnosa y el resto de particulares, en ocasiones agrupados en una misma denuncia. Por su parte, las Directrices do Territorio se enfrentan a cuatro recursos: Ayuntamiento de Cariño, una fundación, Ence y Elnosa. Las dos últimas empresas encabezan el rechazo a ambos documentos oficiales porque estos impiden las permanencia de sus instalaciones en la ría de Pontevedra más allá de 2018.
* El País - DAVID REINERO Santiago de Compostela 2 MAR 2012
Foto: Cariño (A Coruña), vista - panoramio
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20MINUTOS* : Las arcas de Brunete (9.967 habitantes) no están para tonterías. Por eso, el municipio va exigir que sus dos anteriores alcaldes paguen de su bolsillo la indemnización de 1,3 millones de euros que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha impuesto al Consistorio por el perjuicio que ocasionó a un constructor una operación urbanística fallida.
La reclamación recae sobre Julio Fernández, alcalde entre 1995 y 1999 por la información independiente Alternativa por Brunete, y sobre Félix Gavilanes, que sucedió al anterior y portó el bastón de bando de la localidad por el PP entre 1999 y hasta 2011.
La petición de responsabilidades se hará en base a un informe de los servicios jurídicos municipales, que buscarán la fórmula (incluyendo la vía penal) para que ambos hagan frente a la multa con su patrimonio y sin que las consecuencias de sus acciones tengan que ser sufragadas por los vecinos de la ciudad.
Sin embargo, la iniciativa no ha partido del alcalde, un Borja Gutiérrez (PP) que gobierna en minoría, que ni si quiera se presentó como cabeza de lista en las últimas elecciones y que aún tiene a Gavilanes como jefe de filas, ya que este se mantiene como presidente local del Partido Popular. La maquinaria, al contrario, ha sido puesta en marcha por UPyD, a quien han respaldado el PSOE e IU.
El fraude y el pacto
Los hechos se remontan a 1998, cuando Julio Fernández autorizó unilateralmente y por decreto la construcción de una promoción de 11 chalés con dos plantas y parcela de 250 metros cuadrados junto a la carretera de los pantanos (M-501). Un año después, con los trabajos empezados, el TSJM anuló el decreto y dictaminó que el alcalde había prevaricado por dar luz verde a una operación en terreno no urbanizable. El constructor afectado, José Curiel, inició entonces una batalla judicial para recuperar parte de su inversión.
Félix Gavilanes, sucesor de Fernández en la Alcaldía, trató de detener el proceso el 28 de diciembre de 2004, día de los Santos Inocentes, ofreciendo al denunciante un pacto con tres opciones. "Era lo mejor que podíamos hacer. La deuda estaba reconocida", explicó Gavilanes a 20minutos.es.
Según la primera, el constructor recibiría 601.000 euros de compensación por olvidarse del litigio. La segunda consistía en embolsarse esa cantidad en especie, es decir, en solares edificables y con la concesión de licencia para levantar 10 viviendas en el mismo lugar de la polémica, una vez que el Ayuntamiento cambiase el Plan General de Ordenación Urbana municipal para convertir la operación en legal. Esta segunda opción debería ejecutarse antes de que pasasen dos años, en diciembre de 2006. Si esto no sucedía, y esta era la tercera condición, el constructor se embolsaría 1.021.720.
Un PGOU ilegal
En 2008, el Ayuntamiento no cumplió con el trato en ninguno de sus tramos, ya que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana impulsado por Félix Gavilanes fue rechazado por la Comunidad de Madrid (ya gobernada por Esperanza Aguirre) y después recurrido judicialmente. La razón no era otra que el municipio solicitaba construir 20.000 viviendas a lo largo de diez años. De ellas, aproximadamente 4.000 serían levantadas por un solo constructor en la finca La Pellejera, terreno rústico de especial protección medioambiental junto al río Guadarrama.
El agraviado José Curiel continuó entonces la vía judicial, que se agotó el pasado 27 de octubre de 2011, cuando el TSJM estableció una indemnización a su favor de 1,3 millones de euros (1.021.720 euros más los intereses desde diciembre de 2006 y las costas judiciales).
Al conocer la sentencia y dado el Estado de "quiebra técnica" de las arcas municipales, el portavoz municipal de UPyD, Fernando Castellano, llevó a pleno una moción que salió adelante con el apoyo del PSOE y de IU. Esta obliga al alcalde a emprender acciones judiciales contra Javier Fernández y Félix Gavilanes.
El Consistorio no puede desobedecer la orden del máximo órgano municipal. Sin embargo, fuentes municipales ha confirmado a 20minutos.es que, por el momento, sólo estudiará querellarse contra Fernández, no contra el antiguo alcalde popular. Tanto UPyD como PSOE aseguraron a este diario que, dado que tienen mayoría en el pleno, obligarán al Ayuntamiento a cumplir con la moción en su integridad.
Los denunciados
El procedimiento de denuncia fue aprobado el pasado jueves 1 de marzo. Ese mismo día, el exacalde Julio Fernández se personó en el pleno e hizo uso del turno de ruegos y preguntas, reservado a los vecinos, para defender su gestión. Según distintos testigos presenciales, admitió que "se pudo equivocar", pero argumentó que en ningún caso se enriqueció durante su paso por el Ayuntamiento y que, a su salida, dejó unas cuentas saneadas. Por ello, rechazó pagar la cantidad que se le imputa.
Fernández, hoy desvinculado de la política, fue inhabilitado dos veces por cometer prevaricación durante su etapa en Brunete. En ocasión, según las sentencias, dio licencias urbanísticas de manera irregular a sabiendas. En este caso, también fueron condenados cuatro concejales del PP, partido con el que gobernó en coalición, y a otro independiente. Cumplió la misma pena por negarse a convocar, en contra de la ley, el pleno en el que la corporación municipal iba a destituirle como alcalde.
Félix Gavilanes, por su parte, aseguró a 20minutos.es estar "muy tranquilo" respecto a su gestión y sobre la posible denuncia. "Heredé el problema del anterior alcalde. La deuda estaba reconocida y había sentencia de un tribunal, así que preferí pagar a dejar de abonar las nóminas de los empleados municipales o a quitar servicios esenciales a los ciudadanos. El acuerdo que ofrecimos era la mejor solución, según estimamos entonces yo mismo, el secretario y el abogado municipal", concluyó el alcalde.
Gavilanes sigue siendo presidente del Partido Popular de la localidad, pese a estar enfrentado con la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Él fue el que encabezó la candidatura a las elecciones municipales de 2011. Sin embargo, tras obtener la mayoría de los votos, renunció. El segundo de su lista, Borja Gutiérrez, fue investido alcalde gracias a la abstención de UPyD y por un solo voto de diferencia sobre el socialista Fernando Corvo.
* 20MINUTOS - ÁNGEL CALLEJA 06.03.2012
Foto: Brunete (Madrid), plaza mayor - comunidad
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ELPAÍS* : Los ayuntamientos de Vilanova d’Alcolea y Benlloch en cuyos terrenos se ha construido el aeropuerto de Castellón batallan en los tribunales para que la empresa constructora y promotora pague la millonaria licencia de obra y de actividad que reclamaron hace más de tres años, cuando las obras llegaban a su recta final. La batalla viene de lejos. En noviembre de 2008 el Ayuntamiento de Benlloch aprobó en pleno requerir a Aerocas y a la ahora exconcesionaria de las obras, Concesiones Aeroportuarias, el pago de la licencia de obras y de actividad del aeropuerto. El Ayuntamiento de Vilanova hizo lo mismo en el pleno de febrero de 2009.
Antes, lo único que existía era un acuerdo por el que cada municipio recibiría un millón de euros en compensación por las obras. Y esta decisión molestó tanto al presidente de Aerocas, Carlos Fabra, que anunció la congelación del acuerdo.
La decisión de si el aeropuerto debe o no pagar esta licencia que se prevé millonaria se dirimirá en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana después de que ambos ayuntamientos hayan recurrido una primera sentencia dada a conocer ahora que ha dado la razón a Aerocas.
La empresa pública presentó un contencioso en el que alegaba que las obras se autorizaron en 2002 y comenzaron en 2004. La petición de la licencia llegó cinco años más tarde, después de que en las elecciones locales la Agrupació Vilanova Independient (AVI) arrebatara la alcaldía al Partido Popular. Aerocas recuerda en su alegación que “es evidente que la resolución recurrida (la decisión plenaria) es una reacción frente a un convenio de compensaciones que el Ayuntamiento no comparte”. Además, sostiene que “el aeropuerto no está sujeto a licencia”, puesto que es una obra de interés general y sujeta a ordenación territorial y no urbanística.
Dos sentencias del juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón les han dado la razón pero sin pronunciarse sobre si el aeropuerto está sujeto o no a licencia de obras. En ambos casos, el tribunal considera el requerimiento municipal nulo porque el consistorio lo hace sin ordenar la paralización de las obras para exigir el pago de la tasa.
“Cuando pedimos la tasa las obras estaban casi terminadas y no creíamos que fuera conveniente paralizarlas”, dice el edil de Urbanismo de Vilanova, Joaquín Laborda. Y recuerda que el mismo fallo apunta que el alcalde puede requerir la licencia siempre que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la terminación de las obras.
* El País - LORENA ORTEGA Castellón 6 MAR 2012
Foto: Vista aérea del aeropuerto de Vilanova d’Alcolea, en Castellón. / ÁNGEL SÁNCHEZ
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DIAGONAL* : Abogados y activistas lanzan una campaña de denuncia e instan a investigar cómo se calculan y publican los datos del euríbor, aparentemente sin control público.
El cálculo del euríbor –tipo de interés de referencia para 18 millones de préstamos hipotecarios– está en manos de la mayor corporación de información financiera del mundo, Thomson Reuters. Todos los días, los 44 principales bancos que operan en Europa envían a esta agencia privada la oferta de los préstamos que se hacen entre sí. A las 11h, Thomson Reuters hace la media de los tipos de interés recolectado, publica el dato del euríbor y, según la normativa, los datos empleados para garantizar la transparencia del proceso. Hasta aquí la teoría: en la práctica, los números que maneja Thomson Reuters no se conocen. Hasta ahí han llegado dos abogados sevillanos que, partiendo del caso de un cliente que quería conocer el porqué del aumento de su deuda con Cajasol, han preguntado a entidades bancarias, al Banco de España, a la Comisión Europea y a la agencia privada sin recibir ninguna respuesta satisfactoria.
Como consecuencia, han lanzado la OpEuríbor, una campaña mediática con la que intentan alertar sobre ciertos números sospechosos: si se observa la serie histórica del euríbor desde el comienzo de la crisis, en repetidas ocasiones ha sido exactamente el mismo durante varios días seguidos (algo muy improbable estadísticamente cuando se dan cifras con tres decimales obtenidas de otros decimales redondeados). Francisco Jurado, uno de los abogados, explica que es un hecho conocido que, desde la caída de Lehman Brothers, “los bancos no se fían nada unos de otros y han dejado de prestarse dinero”. Además, los bancos centrales han inyectado mucho líquido a bajo coste. “Si los bancos no se prestan, ¿cómo se sigue publicando el euríbor, como si nada sucediera?”, se pregunta.
Sospechas institucionales
En octubre de 2011, la Comisión Europea entró en las oficinas de varios bancos –entre ellos Deutsche Bank– para recabar datos sobre la confección del euríbor. La Comisión del Mercado de Valores de Canadá también investiga la posible manipulación de los tipos de interés a nivel mundial. Aún no ha transcendido información sobre sus averiguaciones.
La hipótesis que más suena es que los bancos modifican a la baja los tipos. “Podría parecer ilógico, pues cuanto más alto esté más dinero reciben de sus clientes hipotecarios”, apunta Jurado, pero cuentan “con la cláusula suelo, que indica en un contrato hipotecario un límite del que no se puede bajar”. Así, los bancos no cobran menos intereses, pero sí se benefician como deudores de otros bancos y consiguen dar una imagen saludable del mercado interbancario.
En la web opeuribor.es se puede descargar un modelo para solicitar información a bancos, con el objetivo de recabar negativas e iniciar una demanda legal. Se trata de que Thomson Reuters llegue a recibir una orden judicial y no pueda seguir negándose a facilitarlos datos.
* Diagonal - MARTA G. FRANCO - 5.3.12
Foto: Hipotecas - diagonal
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PÚBLICO* : Un total 165.860 personas, el 98,8 % de las 167.710 que votaron, se pronunciaron el domingo en la contra la privatización del Canal de Isabel II en las 293 mesas instaladas por el movimiento vecinal, IU y el 15-M, según los convocantes.
Por ello, la plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y el 15-M han pedido hoy a la presidenta regional, Esperanza Aguirre que lleve a cabo un referéndum vinculante y que ponga fecha a un debate sobre la privatización del Canal en la Asamblea de Madrid.
Un total 165.860 personas, el 98,8 % de las 167.710 que votaron, se pronunciaron el domingo en la contra la privatización del Canal de Isabel II en las 293 mesas instaladas por el movimiento vecinal, IU y el 15-M, según los convocantes.
Por ello, la plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y el 15-M han pedido hoy a la presidenta regional, Esperanza Aguirre que lleve a cabo un referéndum vinculante y que ponga fecha a un debate sobre la privatización del Canal en la Asamblea de Madrid.
Desde el movimiento 15-M protestan contra esta privatización porque "el agua es de todos y no pertenece a nadie". Y ahora ven su objetivo un poco más cerca. En palabras de Enrique García, de la Asamblea Popular del 15-M de Tetuán, "hace unos meses la ciudadanía no sabía nada de la privatización del Canal" y, gracias a la "exitosa" acción de ayer, "ya se ha informado gran parte de la población".
"Esperanza Aguirre no se ha dignado a respondernos tras las 35.000 firmas que registramos el pasado mes de diciembre exigiendo una consulta popular y no ha puesto fecha aún al debate que está obligada a promover en la Asamblea de Madrid como consecuencia de la Iniciativa Legislativa Municipal presentada por seis ayuntamientos que representan a más de 600.000 ciudadanos, no puede ignorar ya este clamor popular", han subrayado los portavoces de la plataforma.
La consulta de ayer no fue vinculante pero, en palabras de la Plataforma y del 15M "tiene toda la validez moral y política". "Que sea vinculante depende de la voluntad política del equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre", han apuntado.
Las urnas se instalaron 319 mesas en 50 municipios, incluida la capital. Destaca la implicación de la ciudadanía de Leganés, donde se instalaron 25 mesas; Aranjuez, con 13 y Coslada, con 11. En Madrid la consulta se celebró en los 21 distritos, destacando la participación en Centro, donde se instalaron 18 mesas; Carabanchel, con 17 y Hortaleza, con 13.
Escrutados los votos de 293 mesas (el 98,9 % de las 319 instaldas), votaron 167.710 personas, de las cuales 165.860 personas lo hicieron a favor de la gestión 100% pública del Canal de Isabel II y 1.227 en contra. Los votos en blanco y los declarados nulos suman el resto.
A falta de recibir los datos de 26 mesas, la Plataforma calcula que, "estimando una media de 570 votos por mesa, podrían haber votado 182.500 personas", una muestra de población muy superior a cualquiera de los que se consulte en Madrid, han señalado los organizadores de la consulta.
Los promotores de la iniciativa han destacado que el movimiento 15-M instaló un tercio de las mesas (en torno a 110), "demostrando así que, "lejos de la imagen de 'antisistema' que algunos se empeñan en construir en torno a este movimiento ciudadano, estamos profundamente comprometidos con el objetivo de dar voz a la ciudadanía, algo que debieran hacer los responsables políticos".
Próxima cita en Marsella
Veintisiete organizaciones de la sociedad civil pidieron el pasado lunes 14 de febrero al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, Alimentación y Medio Ambiente, y al ministro Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, su participación en un en un encuentro entre la sociedad civil y gobiernos, llamado 'Los próximos pasos; en movimiento hacia el logro de Agua para Todos', que se celebrará el 12 de marzo en el marco del Foro Mundial del Agua celebrado en Marsella.
El tema central del evento será el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, en referencia a las resoluciones que en 2010 hizo Naciones Unidas en la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos. El objetivo es que los gobiernos escuchen a conocidos y experimentados representantes de la sociedad civil con respecto a los próximos pasos necesarios para garantizar este derecho.
* Público - 5.3.12
Foto: Un vecino vota en una de las mesas situadas por el 15-M.- EFE
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INFORMACIÓN* : El Ayuntamiento de Torrevieja ha decretado el cierre de la planta de transferencia de basuras de Acciona, empresa que tiene adjudicado el servicio municipal, según confirmó el diario. Las instalaciones están situadas en la finca Casa Grande, junto a la carretera de La Marquesa, y se abrieron en 2005 sin licencia municipal ni autorización de la Generalitat Valenciana. El recinto permite que los camiones depositen los residuos que recogen a diario en Torrevieja, con un volumen equivalente a lo que genera una población de 120.000 personas y hasta 80 toneladas de basura diarias. Mientras se depositan los residuos en este recinto, los camiones pueden volver a sus rutas de recogida y dejan a otros vehículos de mayor tonelaje el traslado final hasta el vertedero de La Murada- Abanilla, situado a 40 kilómetros. Algo que no podrán hacer a partir de hoy.
Desde que se puso en marcha esta instalación, el grupo municipal de Los Verdes ha denunciado en reiteradas ocasiones, por varios cauces, tanto administrativos como judiciales, el hecho de que la planta no cuenta con ningún tipo de autorización, ni de la Generalitat Valenciana -no pudo obtener la declaración de interés comunitario-, ni municipal, sin que la administración local haya actuado hasta ahora. Es un recinto de más de 20.000 metros cuadrados, levantado en suelo rústico y a escasos metros del perímetro de protección del parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata, junto a la CV-942. El pliego de condiciones por el que Acciona se adjudicó el concurso de recogida de basura en 2004 recoge un emplazamiento distinto al actual para la planta de transferencia, que se sitúa en Los Montesinos, a más de ocho kilómetros, tal y como avanzó este diario.
El concejal de Urbanismo, Francisco Moreno explicó que el decreto se realiza como consecuencia de un trámite administrativo anterior y en el que la empresa ha tenido periodo de audiencia y alegaciones. Ante esta nueva resolución, notificada el viernes y que entra en vigor hoy mismo, la empresa puede alegar también, pero el decreto es ejecutivo; es decir, se cumple al margen de las acciones que la multinacional emprenda ahora.
Compatibilidad
Moreno quiso matizar que la empresa, en un procedimiento administrativo que sigue abierto, ha solicitado la legalización de lo que tiene construido y, de hecho, ya ha obtenido la compatibilidad urbanística. El edil de Urbanismo no quiso aventurar por cuánto tiempo estará cerrada la planta hasta que la empresa pueda poner en orden toda la documentación, ni tampoco cómo va a actuar para hacer cumplir el decreto. Admitió el edil que es la primera vez que su departamento se enfrenta a un cierre de esta entidad, no quiso abundar sobre cómo se va a organizar la concesión a la hora de realizar su trabajo diario, ni si supondrá un incremento de costes que luego repercutirá en las tasas. Moreno dijo que el decreto nada tiene que ver con las investigaciones judiciales y añadió que es consecuencia de una actuación municipal para preservar la legalidad. El cierre no tiene efectos sobre el centro de trabajo de la empresa, situado en el mismo emplazamiento y al que acuden docenas de trabajadores -la plantilla es de 190 empleados-. Acciona no se pronunció ayer. La Fiscalía de Torrevieja investiga desde diciembre las condiciones en las que realiza la actividad en la planta en una denuncia tramitada por la Fiscalía de Medio Ambiente.
Hernández Mateo está imputado en el TSJ
El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) está investigando la adjudicación de la contrata a Acciona, sumario por el que está imputado el exalcalde y diputado del PP, Pedro Hernández Mateo. En el centro de la investigación, realizada a instancias de una denuncia de Los Verdes, se sitúa el hecho de que la secretaria alertara en un informe que la contrata no se podía adjudicar porque ninguna de las ofertas presentaba terrenos aptos urbanísticamente para acoger la planta de transferencia. Pese a esa advertencia y al hecho de que otros dos técnicos alertaran de que debía quedar desierto, fue el entonces alcalde el que en mesa de contratación propuso realizar un informe externo que aclarara el asunto. Ese informe lo realizó finalmente un despacho de abogados que, curiosamente, trabajaba para Acciona y en él se indicaba que la mejor oferta para llevarse el concurso era la de esta empresa, a la que se le adjudicó. El TSJCV investiga la actuación de Hernández Mateo por supuesta malversación y falsedad documental.
* Información - D. PAMIES / M. PAMIES - 6.03.12
Foto: Imagen reciente de la planta de transferencia de basura de Acciona. - levante
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ELPAÍS* : Después de una década y alrededor de 10 millones de euros gastados, el proyecto del Palacio del Sur de Córdoba ha sido enterrado por el PP. El alcalde José Antonio Nieto nunca se comprometió firmemente a realizar la que se había convertido en eterna promesa de los gobiernos municipales que le antecedieron, de IU y PSOE. Y a pesar de que estos le dejaron las cuentas listas para empezar las obras, estaba claro que al nuevo regidor no le convencía un proyecto de 79 millones de euros y que ya barajaba otras salidas.
La solución se ha presentado hoy sábado. El diseño del prestigioso arquitecto holandés Rem Koolhaas se olvida. Se opta, en cambio, por reutilizar un enorme pabellón construido por Cajasur que está prácticamente abandonado tras sufrir importantes problemas estructurales.
Ese será el nuevo Centro de Convenciones y Congresos que se espera que esté terminado en 2015, una vez transformado. El acuerdo económico al que tienen que llegar el Consistorio y BBK –propietaria de Cajasur- para este cambio de uso está todavía por ver.
La defunción del Palacio del Sur se veía venir. Estaba claro que su futuro dependía de quién se sentase en la Moncloa. El alcalde Nieto siempre reclamó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero una mayor aportación económica que los nueve millones de euros convenidos con el Ministerio de Industria. Lo mismo opinaba de los 18 millones prometidos por la Junta de Andalucía. Con Mariano Rajoy ya como presidente y con Javier Arenas a 15 días de presentarse a las elecciones andaluzas, el alcalde de Córdoba confía en renegociar de nuevo estas aportaciones.
José Antonio Nieto siempre ha dicho que reclamaba para Córdoba el mismo modelo de financiación que se usó para el palacio de congresos de León. Un 40% por cuenta del gobierno regional, otro tanto del central y un 20% del gasto a sufragar el Ayuntamiento. El 20% del proyecto de Koolhaas hubiese supuesto algo más de 15 millones de euros para el Consistorio. Y con el nuevo proyecto, ese tope se mantiene. Nieto recalcó que no está dispuesto a gastar más de 15 millones de las arcas municipales.
Fue una de las escasas cifras que ayer se consiguieron arrancar. El nuevo Centro de Convenciones y Congresos se presentó en un estado muy embrionario. Apenas cuatro infografías y ningún cálculo en firme sobre el coste del proyecto. Solo la promesa de que será mucho menos de los 79 millones de euros del Palacio del Sur. “Tal vez la mitad”, señalan fuentes del gobierno local.
El centro de congresos y auditorio diseñado por Rem Koolhaas, premio Pritzker de arquitectura, fue el proyecto estrella de los gobiernos municipales de Rosa Aguilar y formó parte de su arsenal electoral. Pero la tardanza en hacer avanzar el proyecto, la carestía del mismo, los problemas de financiación y, finalmente, la crisis han terminado por tumbar los planes de construir un edificio singular que atrajese al turismo cultural y de congresos. Un gran inmueble de acero y cristal que hubiese gozado de unas vistas privilegiadas a la Mezquita y al Guadalquivir. El cambio de proyecto y la retirada de la constructora Ferrovial hicieron que los costes se encarecieran.
La idea original provino del mundo empresarial, que reclamaba un centro de congresos y un recinto ferial. El coste de ambos, dijo ayer el alcalde, hubiese sido de 112 millones de euros, “Algo imposible de movilizar en época de crisis”, dijo. Por eso y atendiendo a la demanda de los empresarios, el Consistorio ha buscado como solución “un equipamiento flexible, adaptado a las necesidades de una ciudad que tiene todo para ser clave en el turismo de congresos”. Unas instalaciones que, esperan, sean capaces de acoger grandes congresos y también ferias comerciales.
El Palacio del Sur llevaba dos lustros enquistado en los despachos y ya había supuesto 10 millones de euros en lo que hoy sigue siendo un erial lleno de jaramagos. Pero el historial del antiguo pabellón de Cajasur no es ni mucho menos mejor. Inaugurado en 2004 con el nombre del cura que presidió la entidad durante años, Miguel Castillejo, el inmueble costó a la caja de ahorros al menos 33,4 millones de euros y su tasación a día de hoy es menor al millón de euros.
La remodelación del antiguo pabellón de Cajasur en el nuevo Centro de Convenciones y Congresos supondrá reforzar la estructura, eliminando plazas de aparcamiento subterráneo, que se quedarán en 1.000. Se actuará en el bajo cubierta, que permitirá disponer de más de 8.600 metros cuadrados, para congresos de más de 10.000 personas y grandes ferias comerciales.
* El País - MANUEL J. ALBERT Córdoba 3 MAR 2012
Foto: Córdoba, palacio del Sur (maqueta) - turismo
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LEVANTE/Valencia* : La Conselleria de Solidaridad continuó regando las ONG de la entramado pese a las revelaciones de Levante-EMV y que el Fiscal Anticorrupción había abierto una investigación por las denuncias de las diputadas del PSPV y Compromís, Clara Tirado y Mireia Mollà. Así, hasta 2.100.000 euros percibieron en 2011 la Fundación Hemisferio, Esperanza sin Fronteras, Ceyba y Fudersa de la cartera que dirigía Rafael Blasco mediante convocatorias y adjudicaciones a dedo. No satisfechos, el proyecto más ambicioso de la historia cooperación valenciana, el Hospital de Haití, también fue a parar a una de las ONG cuyos presidentes fueron detenidos.
Este periódico destapó la trama ahora investigada y señaló a todos los ahora imputados en octubre de 2010. Meses después el fiscal abrió diligencias sobre estas y otras presuntas irregularidades. Pese a la alarma social que se había generado, Blasco llevó al pleno del Consell dos convenios con Esperanza sin Fronteras y Ceyba que fueron aprobados el 4 de marzo de 2011. Esta ayudas, otorgadas a dedo con la directa mediación del conseller supusieron para la trama 710.000 euros para proyectos en Tailandia y Paraguay.
Este periódico publicó que la iniciativa en Paraguay era calcada a otra denegada en 2009 pero el Consell le abonó el dinero.
Meses después y esta vez por convocatoria, la trama se llevó otro millón de euros. En este caso fueron Hemisferio, Fudersa y Esperanza sin Fronteras la que recibieron 234.518, 270.761 y 274.205 euros respectivamente para proyectos en El Salvador, República Dominicana y Perú.
Pero estas no fueron las únicas ayudas. Blasco otorgó a la Fundación Hemisferio 177.000 euros de donaciones de los valencianos para poner en marcha el Hospital de Haití. Nadie sabe donde fueron a parar ni en qué se gastaron.
Posteriormente y por la presión que desde la oposición se estaba imprimiendo, Blasco sacó a concurso el hospital por 4 millones. De las tres ONG candidatas, dos se retiraron y ganó Esperanza sin Fronteras. El proyecto se ha paralizado por la crisis.
Estas adjudicaciones han facilitado el trabajo a la policía ya que desde el mes de mayo, y tras abrir el Juzgado de Instrucción número 21 la investigación, se pincharon los teléfonos. La trama continuó trabajando de la misma manera que en 2009 y 2010, cuando gestionaron otros 4 millones de euros. La denuncia pública y la investigación no les hizo parar.
Marc Llinares: "O trabajáis con Hemisferio o no hay proyecto"
El jefe de Área de Gestión de Programas de la extinta conselleria de Solidaridad, Marc Llinares, presionó a una ONG que se negaba a trabajar con la Fundación Hemisferio tras desvelar Levante-EMV el escándalo, según ha podido saber este periódico de testimonios que presenciaron la conversación. Según explicaron estas fuentes, la organización acudió a la Conselleria para comunicar a Llinares que dejaban de trabajar con la matriz de la trama en un proyecto en Senegal por el que ya habían cobrado la subvención. "O trabajáis con Hemisferio o no hay proyecto", aseguran que les espetó el ahora imputado en el escándalo de Cooperación. Tras esa reunión, en la que también estaba la jefa de servicio de la conselleria María Dolores Escandell, y la negativa de trabajar con la fundación del ahora detenido Augusto Tauroni, la Conselleria de Cooperación les denegó la reformulación del proyecto en solitario. Esta organización, que ya ha facilitado toda la documentación a la Fiscalia Anticorrupción no pudo ejecutar el colegio que tenía previsto hacer en Senegal. Esta ONG fue una de las pequeñas organizaciones captadas por Hemisferio y que pasaron de recibir subvenciones casi testimoniales a percibir más de 200.000 euros por un un proyecto cuando Blasco llegó a la Conselleria de Solidaridad.
* Levante - s. pitarch - 6.3.12
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
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