ELPAÍS/Madrid* : El exjuez Baltasar Garzón abortó una operación de la trama Gürtel en la urbanización Prado del Espino (Boadilla) por la que el Ayuntamiento de este municipio, considerado el epicentro del mayor caso de corrupción de la democracia ligado a un partido político, perdía un mínimo de 13 millones de euros, según un informe de la policía al que ha tenido acceso este diario. Cuando todo estaba cerrado y el Consistorio dirigido por el entonces alcalde Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel,había adjudicado a una de las empresas de la red la concesión para construir y explotar un polígono en la zona conocida como Prado del Espino, muy cerca de la Ciudad del Santander, el exjuez Baltasar Garzón puso en marcha el operativo que acabó con la detención del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y del resto de implicados.
En febrero de 2009 todo se fue al traste. Los pingües beneficios que esperaba la trama en esta operación se convirtieron en una pérdida de 239.000 euros por la fianza depositada. Esa cantidad era el aval que había presentado la firma ganadora, CIP Dealer, tras resultar adjudicataria del concurso, que según la oposición había sido amañado. Los auténticos propietarios de la empresa eran el empresario murciano Alfonso García Pozuelo Asins y Tomás Martín Morales, este último uno de los miembros más importantes de la trama, que entonces era funcionario de Boadilla.
Precisamente, gracias a la intervención del exjuez Garzón la trama no llegó a hacerse con los polígonos. La adjudicación decretada por el Ayuntamiento se produjo en noviembre de 2008 y la operación policial ordenada por Garzón se desplegó en febrero de 2009. Apenas unos meses después, en junio de 2009, y ya estando fuera de la alcaldía González Panero, la empresa de la red no prosiguió con la adjudicación, perdiendo la fianza presentada, 239.000 euros.
Dinero confiscado por el Ayuntamiento
El presunto testaferro que estaba el frente de la empresa tenía mucho que perder si daba la cara, al igual que sus dos verdaderos dueños, Martín Morales y García Pozuelo Asins. Los unos por los otros, perdieron el dinero, que fue confiscado por el Ayuntamiento de Boadilla tras incumplir la empresa las condiciones de adjudicación.
El informe de la policía, que explica los pormenores de este pelotazo de la trama, hasta ahora inédito porque fue abortado por Garzón, está sobre la mesa del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que sustituye al propio Baltasar Garzón después de que este ha sido apartado de la Audiencia Nacional tras ser denunciado por tres de los imputados en el caso Gürtel: el presunto cabecilla, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el empresario leonés José Luis Ulibarri.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en noviembre de 2008, adjudicó un polígono en la urbanización Prado del Espino de una forma muy polémica: de las dos ofertas el Ayuntamiento optó por la que menos beneficiaba al Consistorio. La sociedad CIP Dealer Madrid propuso el pago de 358.500 euros anuales a cambio de construir y gestionar durante 99 años un polígono aledaño a la ciudad y al campo de golf del Banco Santander. Esta cantidad, según la policía, era 126.755 euros menos que la de su competidora, que recurrió a los tribunales.
Esta operación fue criticada por la oposición. Tanto el socialista Pablo Nieto como el independiente Ángel Galindo alertaron de posibles corruptelas, destacando que la decisión municipal se había basado en un informe realizado por un cargo de confianza del Ayuntamiento, que alegando temas menores le daba la adjudicación a CIP Dealer Madrid.Incluso Nieto hizo gala de un gran olfato llegando a asegurar que el informe era “harto discutible”. “Esta adjudicación me recuerda otras sospechosas, como la Ciudad del Deporte que ha aparecido relacionada con la Operación Gürtel o con la parcela UFC, que también suponía una pérdida para el Consistorio”, apuntó Nieto.
El mencionado informe de la policía del pasado 1 de febrero destaca que tanto Nieto como Galindo estaban en lo cierto. La adjudicación de los suelos del polígono del Prado del Espino estaba relacionada con otras que también tenían irregularidades, y que están en el caso Gürtel: la Ciudad del Deporte, de Constructora Hispánica; y la parcela adjudicada a la empresa UFC, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, uno de los que han conseguido acabar con la carrera judicial de Garzón.
Los agentes han detectado que la empresa CIP Dealer, que se había creado en 2006 y que a finales de 2008 se hizo con el polígono del Prado del Espino, era en realidad propiedad de un miembro de la trama y excargo de Boadilla Tomás Martín Morales. Pero también del empresario murciano Alfonso García Pozuelo Asins. Ambos utilizaron firmas interpuestas a nombre de terceros, que actuarían como testaferros.
Estas sociedades eran Robeco Inversiones, de Martín Morales, pero a nombre de otra persona de Getafe; y Acentia Concesiones, de Constructora Hispánica (ahora Assignia), propiedad de García Pozuelo Asins. Según el sumario, en 2007 Tomás Martín Morales recibió una comisión de 660.000 euros en metálico. Este cobro se produjo 15 días después de que el Ayuntamiento del que formaba parte adjudicara la denominada Ciudad del Deporte de Boadilla a Constructora Hispánica por un valor superior a los 30 millones de euros. El dinero de la comisión lo repartió entre los miembros de la red que habían participado en esta operación, la mayor de la historia en Boadilla del Monte.
Pero el informe de la policía va todavía más allá al descubrir, gracias a la Agencia Tributaria, que la firma Robeco Inversiones, de Tomás Martín Morales, también mantuvo relaciones comerciales con otras sociedades vinculadas a lo largo del sumario con la red de Correa. Entre otras firmas están Free Consulting, propiedad también de Martín Morales, y Tecnología de la Construcción (Teconsa). Llama la atención que Martín Morales fuera también, según la investigación realizada, quien realizara los pliegos de condiciones para la adjudicación a Teconsa de la instalación de la luz en la visita del Papa a Valencia.
La Agencia Tributaria resalta también en sus informes que de los ingresos declarados en 2007 por parte de Robeco, de Tomás Martín Morales, 104.400 proceden de la sociedad Virton, y de 60.320 de la UTE Boadilla. Ambas empresas trabajaban para el Ayuntamiento de Boadilla, especialmente la última, que también está siendo investigada por su vinculación a la financiación ilegal del PP de Boadilla del Monte.
* El País - TONO CALLEJA Madrid 27 FEB 2012
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), sede_Ayuntamiento - elpais
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ELPAÍS/Valencia* : Los planes parciales de Parcent, que aprobó el Gobierno local del PP el 30 de enero de 2006 en una localidad que acabó convertida en símbolo del urbanismo depredador, se elaboraron de forma poco transparente. La abogada Rosa María Olcina estuvo contratada como asesora urbanística municipal de Parcent al mismo tiempo que trabajaba en la empresa G&M Gestión del Suelo, de Javier Gutiérrez. Y este letrado ha acabado actuando en representación de Terras de l’Horta, SL, una mercantil del grupo Ballester que resultó adjudicataria de uno de los tres PAI (plan de actuación integrada) en suelo rústico, el más grande, llamado El Replà, donde se pretendía construir 1.423 viviendas en un área de reparto de 1,73 millones de metros.
La misma Olcina, que declaró como testigo el pasado 15 de febrero en el juzgado de Alicante que investiga el supuesto amaño del PGOU de la ciudad, dijo ante el juez que trabajó para Gutiérrez entre 2006 y febrero de 2008 en G&M.
El 3 de mayo de 2006 también fue contratada por la alcaldesa popular de Parcent Mari Carmen López por 12.000 euros anuales para funciones de “asesoramiento jurídico en materia urbanística”, que incluía “el estudio, la elaboración de informes y propuestas de resolución”. El 6 de julio de ese mismo año, el Gobierno local decidió sacar a información pública el concierto previo del Plan General de Parcent que contemplaba el PAI de Terres de l’Horta, mercantil a la que ha representado Gutiérrez y de la que ahora es abogado José Luis Castedo.
Gutiérrez se asoció al hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en noviembre de 2008 para crear Salvetti Abogados, un despacho desde el que supuestamente tramitaron alegaciones al Plan General de Alicante utilizando información privilegiada, por lo que ambos están imputados. Ahora, Castedo aparece como el abogado director de Salvetti Abogados en la demanda contencioso administrativa que Terres de l’Horta ha decidido presentar contra el Consistorio de Parcent para exigir una indemnización de 2.275.282 euros en concepto de responsabilidad patrimonial, pese a que el plan parcial fue desestimado por la Consejería de Urbanismo el 29 de septiembre de 2009.
Pero antes de esa desestimación, en abril de 2009 Gutiérrez ya actuó en representación de la empresa de Ballester para presentar al Ayuntamiento de Parcent las posibles soluciones a una larga serie de deficiencias del proyecto de homologación y plan parcial El Replà, puestas de manifiesto por la entonces consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Para cerrar el círculo, Veïns de Parcent ha recordado en un comunicado que “cuando el PP perdió las elecciones en 2007 y el gobierno pasó a CDP [Coalició Democrática de Parcent], Rosa Olcina dejó de ser asesora urbanística, si bien continuó presentando documentación de Terres de l’Horta, SL. La asociación vecinal sostiene que “aquello que se está investigando en Alicante era ya el modus operandi en Parcent”. Y asegura que es “inmoral, escandaloso e ilegal que una persona asesores a un ayuntamiento sobre unos PAI a los cuales está vinculada”. El Gobierno del CDP de Parcent asegura que llevará el caso a la Fiscalía Anticorrupción.
* El País - ARTUR BALAGUER Benidorm 29 FEB 2012
Foto: Parcent (Alicante) - diarioinformacion.com
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LAOPINIÓN/Tenerife* : Los vecinos de El Toscal se mostraron ayer recelosos ante el nuevo ordenamiento del barrio que ultima la Concejalía de Urbanismo y cuyas principales características dio ayer a conocer este periódico. Aunque reconocen que han sido incluidas la mayoría de sus propuestas de mejora para esta zona, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), a las asociaciones les preocupa los detalles del Plan Especial.
Se preguntan si tras la peatonalización prevista de siete calles se garantizará el aparcamiento a los vecinos y visitantes con precios gratuitos o asequibles en los cuatro parking que se van a construir; si con cada actuación se respetará el BIC y si las medidas de dinamización económica y comercial serán las adecuadas para no convertir a El Toscal "en otra calle de La Noria".
Asimismo, las asociaciones vecinales sentencian que hasta que no vean las primeras obras no se creerán nada de lo que se plantee desde el Ayuntamiento, pues ya llevan demasiados años esperando por la recuperación de este núcleo deteriorado de la ciudad, sin que se haya hecho nada. Y critican que la Concejalía de Urbanismo, que dirige el edil José Ángel Martín, no se haya reunido primero con los vecinos de la zona para consensuar el texto antes de que se diera a conocer a los medios de comunicación.
El presidente de la Asociación de Vecinos Toscal de Las Tribulaciones, José Antonio Ramos, cree que los ciudadanos de esta zona histórica están contentos con el Plan Especial que está redactando Urbanismo, y cuya aprobación inicial podría producirse en verano, pero que también tienen muchas dudas con algunas de las intervenciones previstas. Según dicho texto, el nuevo barrio de El Toscal tendrá siete calles peatonales, un centro para mayores, una guardería, un centro de salud, una casa de la juventud, dos espacios con canchas deportivas (incluida una piscina cubierta) y cuatro parking. Y queda descartada la construcción de nuevos edificios de viviendas.
"Este documento, que nada tiene que ver afortunadamente con el redactado por la arquitecta Ana Zurita [edil del PP], en el que primaba la especulación, se acerca bastante a lo que hemos solicitado con las numerosas alegaciones que presentamos desde el año 2003. Pero una cosa es lo que se pretende hacer y otra cosa es la forma en la que se hará y en las condiciones en las que se va a ejecutar. Lo que queremos es que se respete siempre el BIC. Por eso, creemos que el Ayuntamiento debe reunirse con los vecinos para que nos expliquen todos los detalles", añade.
Esta asociación de vecinos espera que la peatonalización no provoque el desarraigo de algunos vecinos, que el parking de Tribulaciones no afecte al BIC, que se lleve a cabo una adecuada rehabilitación de la Casa Siliuto y que se ejecute un idóneo plan de dinamización basado en el pequeño comercio y en abrir el barrio a la ciudad. "No queremos parques bulevares ni otra calle de La Noria, centrada en la restauración y ocio nocturno. A esto nos negamos radicalmente los vecinos", sentencia Ramos.
Luciano Morales, presidente de la Asociación Ravina-Iberia, comenta que todo lo que se incluye en el Plan está "bien", pero ahora lo que queda es hacerlo. "Esto es como el cuento del lobo, hasta que no lo veamos, no nos lo creeremos, pues ya son demasiados años de promesas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz y no se ha hecho nada por este barrio. Se trata de una obra faraónica y no sabemos de dónde van a sacar el dinero. Ahora hay que convertir en realidad eso que se ha dicho en papel", matiza.
Por su parte, Rosa Ramallo, presidenta de la Asociación Luz y Vida, no está de acuerdo con que el centro para mayores se ubique en la Casa Pisaca porque, según ella, hay otros espacios idóneos para este servicio. Asimismo, critica que el Ayuntamiento le haya dado primero la información sobre los avances de este Plan a los medios de comunicación antes que a los vecinos. También espera que las obras comiencen "pasado mañana" y no dentro de "muchos años".
* La Opinión Tenerife - ELOÍSA REVERÓN - 29.2.12
Foto: Santa Cruz de Tenerife, barrio del Toscal abandonado - barriodeltoscal.com
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FARODEVIGO* : La rescisión del contrato a la empresa redactora del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Redondela ha caído como un jarro de agua fría entre los colectivos sociales y empresariales del municipio, que llevan más de dos décadas esperando por la aprobación del documento urbanístico.
Los representantes de las entidades vecinales expresan su decepción por el retraso que conllevará la resolución del contrato con Arteplán S.L., firma que gestionaba el planeamiento municipal desde el año 2001, y temen que la decisión de los responsables municipales –refrendada por el pleno de la corporación– suponga ampliar varios años la espera por un documento imprescindible para el desarrollo de Redondela. El urbanismo en el municipio se rige hasta ahora por unas Normas Subsidiarias aprobadas en 1988, con numerosas modificaciones puntuales a lo largo de los años, y que han generado un desarrollo desordenado –en algunos casos caótico– de los núcleos de población.
El presidente de la Asociación de Empresarios, José Antonio Gómez, no oculta su preocupación por la incidencia que tendrá en el municipio. "Es una mala noticia porque sin el Plan Xeral no podremos desarrollar los planes que tenemos sobre la mesa, como la creación de un polígono industrial, y también se frenará el desarrollo de los núcleos de población". Aunque se pueda aprovechas parte del trabajo realizado hasta ahora, señala que la llegada de un nuevo equipo redactor "implica planificar de todo desde el principio y eso conlleva tiempo y dedicación", por lo que no cree que el plan urbanístico pueda ser una realidad a corto plazo, a lo que suma los rumores de una nueva Ley del Suelo a nivel estatal, que obligará a adaptar todo el trabajo a la nueva normativa.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Marcial Pérez, sin entrar a valorar las razones de la rescisión del contrato –"pediremos explicaciones al alcalde, porque desconocemos las causas", afirma–, lamenta el retraso que causará la decisión. "Llevamos escuchando plazos que nunca se cumplen desde hace años, ya estamos cansados porque la aprobación del Plan Xeral es urgente", apunta. Pérez señala que actualmente, debido al parón del sector de la construcción, "es el momento idóneo para desarrollar un plan menos especulativo, al incidir menos la presión urbanística".
Más crítica se muestra la presidenta de la Comunidad de Montes de Chapela, Ángela Méndez, que considera un "escándalo" todo el dinero invertido a lo largo de los años en la redacción del plan para ahora empezar otra vez de cero. "Es una irresponsabilidad que se despilfarre tanto dinero para nada", dice en alusión a los 360.000 euros del contrato con Arteplán. "Están jugando con el dinero de todos los ciudadanos en un asunto de gran importancia y que parece que no tienen interés en que salga adelante". Méndez también responsabiliza al anterior gobierno local. "Estuvieron durante años diciendo que el plan estaba a punto de concluirse, pero la realidad es que nunca se presentó y ahora hay que empezar desde el principio", lamenta.
El presidente de la Comunidad de Montes de Chapela, Francisco Puch, considera" vergonzoso" que un municipio de la entidad de Redondela siga trabajando en base a unas normas del año 1988. "Esto demuestra el fracaso total del anterior equipo de gobierno que no fueron capaces de sacar adelante el documento más importante en un Concello", y pide que el futuro equipo redactor "tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos".
De la misma opinión es el portavoz del colectivo Alén Nós, Andrés Laxe, que destaca que los actuales responsables municipales llevaban en su programa la aprobación del PXOM, "y ahora parece que seguirán los pasos del anterior gobierno".
Por último, el presidente de la Asociación de Vecinos de Cesantes, José Antonio Sánchez, lamenta el nuevo retraso del planeamiento, "por el que mucha gente esperaba y ahora vemos que está en el aire".
* Faro de Vigo - ANTONIO PINACHO - 2.3.12
Foto: Redondela (Pontevedra), ayuntamiento - ecoturismorural.com
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ELPAÍS* : “Somos estudiantes mayores de 55 años. Tenemos el carnet de la Universitat de València”, defienden Manuel Martín Pérez, un catedrático de Sociología ya jubilado que amplía sus estudios, y Leonardo, que en esta etapa de su vida ha decidido estudiar la carrera de Historia del Arte. ¿Recortes? “Claro que los hay: en todas partes”, responde airado Leonardo. “Este mes me han bajado la pensión, despedido a mi mujer con 28 años de antigüedad en la Mostra de Cine de Valencia y mi hijo ingeniero agrónomo de un instituto tecnológico del Barcelona, fue despedido con un expediente de regulación de empleo ((ERE) que esperaron a hacer el día 14, solo dos después de la reforma laboral”.
“Se alquila mi centro por fórmula 1”. Es la particular denuncia que hace Carlos, estudiante del instituto nº3 de Villena, que protesta “contra los recortes de la Generalitat” y su política de grandes eventos como la Fórmula 1 y la Copa del América, que han llevado a la actual quiebra financiera al Gobierno valenciano.
La masiva y pacífica manifestación organizada por la Plataforma Interuniversitaria, que integra a estudiantes de los campus de la Politécnica y la Universitat de València, junto a todos los sindicatos estudiantiles de enseñanzas medias y universitarias, cruzaba el puente del Real, cuando los miles de manifestantes -20.000, según el cálculo de este periódico- han realizado su primera sentada con al grito de: “Una beca no es una hipoteca”.
Hasta la primera fila han llegado Jaime y varios compañeros del colegio concertado Nuestra Señora de Fátima para sostener durante un tramo la pancarta que ha presidido la marcha. “Por una enseñanza pública y de calidad”. Un gesto, con el que a enseñanza concertada valenciana se suma también, aunque en menor proporción, a las protestas por los “recortes” y los “impagos de la Generalitat Valenciana de los gastos para funcionamiento de 2011, que fueron transferidos hasta el pasado día 20.
Los estudiantes de Bachillerato del instituto público IES Juan de Garay conocen bien las estreches del centro para disponer de las cosas más elementales y básicas, como el papel higiénico o las pizarras. “Nos han quitado pizarras, el papel higiénico se distribuye para cada cada día, la calefacción es un lujo que ya no tenemos”, denuncia Marta. A su compañera Teresa, también de 2º de Bachiller, le preocupa la subida de tasas universitaria. “El año próximo quiero ir a la Universidad y para mi familia será muy complicado pagar la subida de tasas. No sé qué voy a hacer”.
La crisis presupuestaria en las universidades valencianas, con las que la Generalitat reconoce una deuda de más de 800 millones a pagar entre 2012 y 2023, tiene su impacto ya en la organización de los grupos y en la plantilla docente. La Universitat de València ofrecerá el curso que viene 8.400 plazas de nuevo ingreso, pero tendrá 1.100 grupos menos y, por tanto, 375 asociaciones menos también.
El efecto del recorte de grupos y plantilla lo padece la Facultad de Geografía e Historia, según explica el catedrático de Historia Contemporánea, Marc Baldó. “Volvemos a las clases masificadas. A grupos de 80 personas, a los que no se puede hacer el seguimiento individualizado y razonable que requiere la adaptación a los planes de Bolonia”.
“Estamos aquí porque sí hay recortes, en el caso valenciano, y además para criticar la actuación policial contra los estudiantes de instituto”, puntualiza este catedrático.
Una estudiante muestra una pancarta que anuncia: Esta primavera, se lleva el gris. / NEUS CABALLER
Jorge, universitario de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universitat Jaume I de Castellón, que las acompaña, denuncia la falta de profesores sustitutos para cubrir las bajas docentes. “No hay dinero para cubrir al profesor de baja”, durante lo que va de curso y se han organizado con otra profesora.
Vicente D. M., estudiante de Comunicación Audiovisual en la facultad de Filología de Valencia, y Noemi Zafra, tatuadora profesional de 19 años.
La conclusión para Irene y Carla, dos estudiantes de Administración y Empresa de la Universitat de València es que: “Al final, estudiar se va a convertir en un lujo. Los estudiantes que vienen de otros municipios, y solo tienen beca de transporte, tendrán que dejar los estudios.
Joan García Albiñano, estudiante de Medicina, y Joaquín Escrivá, de Derecho. Citan una frase de Gandhi: “Lo que puede hacer una persona es inútil pero absolutamente indispensable”.
La Facultad de Farmacia, las de Medicina, Geografía e Historia, Telecomunicaciones… todas han estado presentes. Los estudiantes de Farmacia afirman que: “Los recortes se están comiendo la Sanidad”. Los impagos al sector farmacéutico valenciano, al que la Generalitat todavía debe 360 millones de euros, afirman los universitarios Maria Isabel y Adolfo, han convertido “la profesión de farmacéutico (para la que estudian) en simples gestores que juegan con los ingresos por otras ventas para tapar el agujero de la Seguridad Social”.
El fantasma de la “privatización” de la universidad española dentro de la Estrategia 2015 de la Unión Europa planea sobre las críticas de los universitarios valencianos. “Educación al 5% TAE. No a los recortes. No a Horizonte 2015”, denuncia Mateo, estudiante de Comunicación Audiovisual de la Politécnica de Gandia, un campus que ha tenido una presencia masiva de estudiantes de las cuatro titulaciones que ofrece. “La educación no se puede comparar con un objeto comercial”, señala Mateo, ante la “temida” subida de precios de los doctorados y masters en la universidad pública española.
Bernardo Bunton, de 19 años y estudiante de farmacia, junto a tres compañeros. “Quieren que nos formemos y que trabajemos más para luego pagarnos menos”.
“Estamos aquí para demostrar que no estamos politizados por nada ni por nadie. Simplemente somos estudiantes”, remata Jose G. estudiante de Telecomunicaciones de la Politécnica de Gandia. “La gente no tenemos poder adquisitivo para poder pagar una carrera”, mientras sostiene una pancarta en la que reafirma: “No somos ni de derechas, ni de izquierdas. Somos los de abajo que vamos a por los de arriba”.
El horizonte de futuro que advierten los estudiantes es un futuro de baja cualificación. “Si continua la escala de recortes al final no sabremos ni escribir”, denuncia Irene, estudiante de Ciencias de la Comunicación de Gandia en su pancarta en la que se puede leer con muchas faltas de ortografía: “Llo vaig ser bictima dels retails en Educació / Yo fui victima de los recortes en educación”.
“Estoy avergonzado y muy afectado porque hemos dejado a nuestros hijos y nietos un mundo inhabitable”, concluye Marc Adell, que ha sido inspector de educación de la Generalitat y profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universitat de València durante 33 años.
* El País - NEUS CABALLER Valencia 29 FEB 2012
Foto: Carlos, estudiante del instituto nº3 de Villena, / NEUS CABALLER
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ELPAÍS* : Imaginemos que un ciudadano de Madrid, o de fuera de la capital, quiere saber si al día siguiente la calidad del aire será razonable. Porque quiere salir a correr, porque está valorando si coger el coche o usar el transporte público para ir a trabajar... Por lo que sea. Hace unos años podía entrar en la página web del Ayuntamiento de Madrid y consultar una predicción que se elaboraba en la Universidad Politécnica: nivel bueno, admisible, alto y muy alto de, por ejemplo, dióxido de nitrógeno (NO2), el contaminante por el que la capital incumple la legislación europea. Esa información ahora no está disponible. La web municipal anuncia, sin embargo, un “sistema de predicción de la contaminación atmosférica”. Es de uso interno.
Madrid ofreció la posibilidad de consultar predicciones a 24, 48 y 72 horas vista durante años. En 2001 contrató un sistema de mantenimiento de la red de calidad del aire a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE), que a su vez encargó al catedrático de la Politécnica Roberto San José un modelo de predicción que elaboraban potentes ordenadores a partir de múltiples datos.
A finales de 2007 este periódico desveló que el Ayuntamiento había estado publicando en su web predicciones de niveles admisibles de NO2 cuando el modelo de San José auguraba niveles muy altos. En esas fechas, algunas estaciones superaron los 400 microgramos por metro cúbico de este contaminante mientras la web municipal decía que la situación era bastante buena.
Dos años después, el Ayuntamiento prescindió del modelo matemático de predicción de San José, un experto de prestigio internacional que ha trabajado en otras muchas ciudades y para empresas eléctricas. SICE volvió a ganar el concurso para mantener y explotar el “sistema integral de vigilancia, predicción e información de la calidad del aire” en marzo de 2010 por 3,5 millones de euros durante cuatro años. Pero ya no contrató al equipo del catedrático de la Politécnica.
Tanto el Ayuntamiento como SICE se han negado, a petición de este periódico, a precisar quién elabora el modelo de predicción actual. Según la web municipal, el sistema se llama Serena (sistema estadístico de predicción por redes neuronales).
Dos expertos consultados por EL PAÍS aseguran que se trata de un modelo “muy simple”, de carácter puramente estadístico y probabilístico que no funciona correctamente ni en Madrid ni en el resto de España porque su tasa de error es muy elevada. Es útil, añaden, en zonas con meteorología muy estable, como podría ser Holanda. Los sistemas de redes neuronales predicen máximos en un punto, el de la estación, pero no en el entorno, y no calculan en función de las emisiones, sino que solo usan estadísticas, señalan. En la página web de SICE sigue figurando que en Madrid el sistema de predicción es el de la Politécnica, cuando no es así.
El cuestionario que la candidatura de Madrid 2020 ha enviado al COI asegura en el apartado sobre calidad del aire que la capital cuenta con “un modelo de predicción matemático que permite realizar un pronóstico de la contaminación atmosférica en superficie con 24/48 horas de antelación”. No es el único dato incorrecto.
El texto asegura también que las fechas elegidas por Madrid para acoger los Juegos son ideales porque la calidad del aire “está en su nivel óptimo”, cuando en agosto suelen producirse episodios de alta contaminación por ozono troposférico. “La zona de la Villa Olímpica es precisamente de las más afectadas”, asegura Ecologistas en Acción. La ciudad afirma también que cumple “todos los niveles de control de contaminación establecidos por la legislación vigente en España y en la Unión Europea”. No es cierto. Ha superado, tanto en 2010 como en 2011, el límite que marca la UE para el dióxido de nitrógeno.
* El País - ELENA G. SEVILLANO Madrid 27 FEB 2012
Foto: Madrid, contaminación - elpais
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20MINUTOS* : En los últimos años, en el debate entre viviendas y conservación de las costas, han parecido ganar estas últimas. Un Gobierno socialista impulsó en 1988 la Ley de Costas que ha intentado proteger el maltrecho litoral español. Eso ha supuesto la piqueta para decenas de edificios construidos en un terreno considerado público, la línea de costa.
Pero las cosas podrían cambiar, en favor de las viviendas y en contra del medio ambiente. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya anunció hace una semana la reforma de la Ley de Costas.
Arias Cañete garantizó que la nueva ley no introducirá "desmanes urbanísticos". Según el ministro, la reforma se pondrá en marcha para mejorar la seguridad jurídica y hacer compatible la protección medioambiental con "una actividad económica generadora de empleo y sostenible".
Si hacemos caso al ministro y a las palabras –este martes– de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la reforma podría anteponer las viviendas al litoral y salvar muchas casas de la piqueta.
Seguridad jurídica de las viviendas
En el Senado, Sáenz de Santamaría, ha calificado de "drama" que "muchísimas familias" hayan perdido su vivienda en zonas costeras debido a los deslindes "mal organizados" que establecen el dominio público marítimo terrestre.
Respondía así al portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional en el Senado, Francesc Antich, que había mostrado su "preocupación" por la reforma de la Ley de Costas. "Es necesario también para el turismo conservar el paisaje", había dicho.
Asegura la vicepresidenta que al Ejecutivo le "preocupa mucho" la degradación del litoral español, pero también la "seguridad jurídica". A su juicio, existe un "problema real", que es el deslinde: "Si no protegemos nuestras costas, la línea que define la Ley de Costas que marca la pleamar y por la que se fija el dominio público marítimo terrestre, se va metiendo".
Como consecuencia de ello, ha indicado que hay que deslindar, "que significa que lo que antes era propiedad privada ahora se convierte en dominio público". "Eso es un drama para muchísimas familias que tienen su domicilio y sus viviendas en una zona que era propiedad privada y que como consecuencia de no proteger la costa y por deslindes no siempre bien organizados acaba siendo de dominio público", ha argumentado.
Ponerle puertas al litoral
La Ley de Costas establece que los bienes del Dominio Público Marítimo Terrestre estatal son la ribera del mar y de las rías, que incluye hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, y las playas, incluyendo escarpes, bernas y dunas.
La ley establece dos zonas de servidumbre, además de la servidumbre de acceso al mar: las zonas de servidumbre de protección, que comprenden los 100 metros de tierra desde el límite interior de la ribera del mar; y las zonas de servidumbre de tránsito, que comprenden la franja de 6 metros de tierra a partir del límite interior de la ribera del mar.
La aplicación de la Ley de Costas afecta a las viviendas y propiedades que se encuentran en el Dominio Público Marítimo Terrestre estatal y zonas de servidumbre.
* 20 Minutos - 29.2.12
Foto: Aguilas - bahía del hornillo - greenpeace 2006
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ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha otorgado al Ayuntamiento de Castellón un plazo de dos meses para que ejecute la sentencia que, en 2008, anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. La sentencia anuló el planeamiento por un defecto de forma y ahora el TSJ ordena al Consistorio que, en ese plazo, lleve a cabo el trámite de información pública “teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes, materiales y jurídicas, en el momento en el que se realice dicho trámite”, tal como señala una providencia notificada ayer.
El TSJ ya anuló, en 2008, el Plan General de Castellón pero el Ayuntamiento, que entonces presidía Alberto Fabra, interpretó el fallo y no lo declaró nulo, sino que trató de legalizar el planeamiento aprobado de forma irregular con un “simulacro de cumplimiento”, según dictó en una sentencia el Tribunal Supremo después de que varios vecinos exigieran el verdadero cumplimiento del fallo que lo declaraba “radicalmente nulo”.
“Es una oportunidad que tienen para hacer un planeamiento acorde al momento en el que nos encontramos y cumpliendo con todas las normas”, declaró ayer uno de los vecinos que exigieron la ejecución de la sentencia.
El actual concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón, Miguel Ángel Mulet, ya dijo la semana pasada que el Consistorio no iba a ejecutar la sentencia de forma voluntaria y señaló que hasta que el Tribunal Superior de Justicia no instara a la ejecución forzosa de la sentencia, el plan urbanístico “sigue vigente y se puede seguir aplicando”. Ahora, tendrá que ejecutarla porque así lo ha dictado ya la sala de lo Contencioso del TSJ.
* El País - MARÍA FABRA Castellón 29 FEB 2012
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
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AMBIENTUM* : España admite que probablemente la Unión Europea le impondrá una multa de 20 a 50 millones de euros, un cálculo que se basa en sanciones anteriores que ya se han puesto a países como Luxemburgo y Bélgica, teniendo en cuenta el tiempo de incumplimiento de la Directiva de Depuración de Aguas Residuales Urbanas, así como el número de procedimientos abiertos.
Así, el incumplimiento en cuanto a la existencia de colectores y por la falta de algunas estaciones depuradoras, ha provocado que el Reino de España esté incurso de dos procedimientos sancionadores y en una solicitud de información previa a un posible tercer procedimiento sancionador.
Respecto a la condena económica, se basa en las sanciones impuestas a Bélgica y Luxemburgo. Concretamente, Luxemburgo tiene un procedimiento abierto por 4 aglomeraciones urbanas de las 12 que tiene todo el país, en un país cuyo total del territorio nacional ha sido declarado zona sensible, mientras que España tiene un primer procedimiento abierto para 38 depuradoras.
Así, la Comisión Europea ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia Europeo las siguientes multas para Luxemburgo: Una multa coercitiva de "no menos de 2,3 millones de euros" que se ha calculado en 11.340 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia dictada en su contra en noviembre de 2006. Además, se propone una suma a tanto alzado de 1.248 euros desde el día en que se dictó sentencia hasta que se ejecute la sentencia dictada, lo que supondría 4,1 millones de euros al año por verter en zonas sensibles.
A este respecto, fuentes del MAAMA han manifestado a Europa Press que el ministro, Miguel Árias Cañete, mantuvo la semana pasada conversaciones en Bruselas con varios de sus homólogos y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, la semana pasada en Nairobi (Kenia) con la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, para explicarles que la situación ha mejorado y que, aunque va despacio, se está trabajando "a marchas forzadas". De hecho, apuntan que de los 26 puntos difíciles que había en 2010, "ahora" se ha reducido a 20 aglomeraciones urbanas.
Entre otras tecnologías a utilizar, contempla el reciclado de 650 hectómetros cúbicos al año; la desalinización mediante nuevas inversiones y estrategias; la gestión de eventos extremos y sequías así como la recuperación medioambiental y el apoyo a las empresas españolas con experiencia en agua, tanto a nivel nacional como internacional.
* Ambientum - 28.02.12
Foto: Aguas residuales - renovablesverdes
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ELMUNDO/Huelva* : El ex alcalde del PSOE del municipio onubense de Bollullos Par del Condado, Carlos Sánchez, ha sido llamado a declarar en calidad de imputado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de La Palma, tribunal que está investigando un posible delito de estafa y prevaricación cometido por el socialista cuando presidía el Ayuntamiento, entre 2003 y 2007, a denuncia de una vecina jubilada que asegura haber sido "profundamente engañada" por Sánchez.
Según la providencia del juzgado fechada el pasado lunes, el ex regidor socialista comparecerá ante la juez como imputado el próximo 5 de marzo, declaración que forma parte de las diligencias previas abiertas por el tribunal, que decidió reabrir el caso el pasado 4 de enero tras recibir denuncia ampliatoria sobre los hechos.
La denuncia presentada por María Josefa López Valenciano contra el ex primer edil de Bollullos, a la que ha tenido acceso ELMUNDO.es, apunta a los delitos de estafa, hurto, daños, prevaricación y amenazas, ya que, según la denunciante, Sánchez le llegó a amenazar con "pasarlo muy mal" si finalmente tomaba la decisión de denunciarlo.
Según la denuncia, Josefa López heredó de sus padres, junto a su hermana, una casa construida en 1880 en la calle Calvario de la localidad, donde pretendía instalarse a pasar los años de jubilación tras regresar de Ginebra donde había emigrado. El Ayuntamiento estaba interesado desde la década de los 90 en adquirir la vivienda para demolerla y construir una plaza pública, pero nunca llegaron a un acuerdo. Así, durante años el consistorio le denegó licencia para realizar obras de rehabilitación, lo que provocó que en 2002 fuese declarada en ruinas.
En 2003, siendo alcalde Carlos Sánchez, se llega a un acuerdo verbal que sería ratificado por escrito en 2005, por el cual el consistorio se queda con la casa y a cambio autoriza a la vecina a construirse una nueva vivienda en un terreno no urbanizable bajo la promesa de que el solar sería recalificado. Además, los costes de urbanización "quedarían compensados con la cesión de su parte de la casa", valorada en poco más de 27.000 euros.
Sin embargo, tan sólo unos meses después empezaron los problemas que desembocaron en una orden de demolición de la nueva vivienda y en una multa que ya roza los 90.000 euros, que originó el embargo de su pensión. Además, el acuerdo nunca fue ratificado en pleno y la vieja casa de la denunciante fue echada abajo sin expediente de expropiación y sin previo aviso.
"Me han quitado todo lo que era de mi madre y los recuerdos de mi pasado", lamenta Josefa López en su denuncia, en la que destaca que a su hermana no le han pagado su parte y ni tan siquiera se pusieron en contacto con ella, y que, para colmo, aún le sigue llegando a nombre de su padre el recibo para pagar el IBI.
Cuarta imputación
Con esta imputación, el ex alcalde socialista de Bollullos Par del Condado suma ya cuatro. A falta de que la juez de La Palma determine si hay indicios de delito para seguir adelante con el procedimiento judicial y si es así especificar los delitos, Carlos Sánchez está imputado de prevaricación en tres causas anteriores, dos de ellas por irregularidades urbanísticas y otra por adjudicar el contrato de recogida de basuras a una empresa aún a sabiendas de que el Ayuntamiento no tenía dinero para pagarlo.
Según fuentes consultadas por este periódico, la dirección del PSOE de Huelva está tratando de "quitarse de en medio" a Sánchez y ya tiene sustituto. Sin embargo, hace tan sólo unos meses la cúpula socialista onubense, liderada por el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, defendió la candidatura de Sánchez a la Alcaldía de Bollullos para las elecciones municipales del pasado mayo, a pesar de que ya estaba imputado por irregularidades urbanísticas.
* El Mundo - José Carlos Aguado - 23.2.12
Foto: Bollullosdel Condado (Huelva) - visitingspain.es
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ELPAÍS/Madrid* : La Empresa de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA, la empresa municipal de la vivienda) ha presentado esta mañana en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid número 6 concurso de acreedores al no poder hacer frente al pago de 266 millones de euros que tiene de pasivo. Así lo ha comentado el primer teniente de alcalde y presidente de la sociedad, Óscar Romera, que ha asegurado que las cerca de 600 casas que quedan por entregar de las cinco promociones pendientes de construir se terminarán y se entregarán a sus adjudicatarios. El PSOE, por su parte, cree que la situación de la empresa no es "tan negativa como quiere vender el PP" y que su última intención es acabar con los pisos sociales que tanta fama han dado a Alcorcón.
Según Romera, EMGIASA no tiene liquidez para hacer frente a todos los pagos y a las obligaciones derivadas de la compra e hipoteca de parcelas, en su mayoría en el Ensanche Sur. Este nuevo barrio de Alcorcón está formado por un 85% de viviendas sociales. En su opinión, el principal problema es que se han acometido obras para los que no había como el macrocentro de cultura y ocio CREA que ha supuesto un desembolso de unos 80 millones de euros y que necesita un gasto adicional de otros 40 para concluirlo y dotarlo.
"El modelo de gestión de la empresa no era malo si solo se hubiera dedicado a construir viviendas sociales. El problema es cuando se genera un deudón como el que no hemos encontrado por hacer obras faraónicas para las que no había dinero ni necesidad", ha explicado el presidente de EMGIASA. "No queríamos adoptar esta medida de pedir el concurso de acreedores pero no ha quedado otro remedio dado que solo hemos podido rebajar 66 millones en los últimos meses", ha añadido.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Natalia de Andrés, ha acusado al PP de querer desmantelar la empresa municipal sin haber aportado la documentación económica-financiera que acreditara la situación de EMGIASA. "Esto es una locura. Su principal intención es que quieren desmantelar la vivienda pública en Alcorcón, lo que no tiene sentido, sobre todo, cuando presentan unos presupuestos municipales con un superávit de 18 millones de euros", ha destacado De Andrés. Esta ha recordado que la empresa tiene un patrimonio ejecutable y libre de cargas de cerca de 200 millones de euros. "Solo se dedican a hablar de la deuda, pero no del activo ni de las cuentas pendientes de cobro. Han querido provocar la insolvencia cuando no existe", ha concluido la edil socialista.
* El País - 28.2.12
Foto: Alcorcón (Madrid), ayuntamiento - pueblos-españa.org
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FRANCISCO SOLER DUQUE* : Con la solución que opera el Decreto de la Junta de Andalucía que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma, la Junta ha decido convertirse en la gallinita ciega de este esperpéntico y macabro juego que se deja ayudar siguiendo las pistas de los ayuntamientos, quienes dándole vueltas y riendo le cantan: Gallinita, gallinita ¿Qué se te ha perdido en el pajar?/Una aguja y un dedal/Da tres vueltas y la encontrarás, le dicen.
Chanzas a parte, la solución arbitrada por el decreto puede calificarse de premio a la mala gestión para aquellos que teniendo la obligación de conseguir que la actividad urbanística cumpliera con los fines de: desarrollo sostenible y cohesión de las ciudades; vinculación de los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales; subordinación de los usos del suelo al interés general definido por la LOUA; así como el de las edificaciones y construcciones; decidieron jugar al juego de la gallinita ciega permitiendo por omisión la construcción de 250.000 viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable en Andalucía se hayan regido por los principios de la política social y económica contemplados en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución Española, a los que por mandato de la ley urbanística andaluza está subordinada la ordenación urbanística.
Hay en el decreto un dato concreto que confirma lo que he señalado y que nos lo proporciona el artículo 17: la no computación de los terrenos ocupados por asentamientos ilegales a los efectos de determinar los límites de crecimiento superficial que impone el artículo 45 del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, en unión con los planes subregionales. Para ello parte de la ficción jurídica que tal ocupación no existe.
Inevitablemente la situación creada nos lleva a preguntarnos cómo ha quedado el Estado de Derecho en Andalucía. La respuesta no puede ser otra que: quebrado, ante el fallo generalizado de todos los mecanismos y controles previstos en la ley. Y esta quiebra no puede ser atribuida únicamente a una de las administraciones públicas implicadas pues tanto ayuntamientos como Junta de Andalucía obviando el mandato de atribución competencial conjunta que les asigna la LOUA, decidieron mirar hacia otro lado. Los primeros permitiendo tales construcciones y no ejerciendo las potestades de disciplina urbanística que tienen atribuidas o aprobándolas en otros casos mediante expedientes urbanísticos que no cumplían los requisitos exigidos por la ley, pues no es creíble que se puede invocar desconocimiento en los pequeños pueblos donde todo se sabe. Pero hablemos claro, en los pueblos en la mayoría de los casos se pregunta al alcalde, aunque sea de manera hipotética. ¿Debemos creer entonces que los alcaldes pasaban el día encerrados en sus despachos sin contacto con la realidad de su municipio? Y respecto a la Junta de Andalucía: ¿acaso nunca llegaron denuncias de los ciudadanos, acaso nunca se comentó por los alcaldes y concejales del partido en el gobierno de la comunidad autónoma en las reuniones de conmilitones la situación que se estaba viviendo en sus respectivos municipios?. Cabe pensar pues que la Junta también miró hacia otro lado y decidió no ejercer las competencias urbanísticas atribuidas.
Resulta llamativo por demás que ninguna voz, desde ningún rincón, se haya alzado pidiendo la exigencia de responsabilidades a quienes permitieron tal estado de cosas. La explicación quizás haya que buscarla en el hecho que ante la magnitud del destrozo paisajístico y ecológico y la total ausencia de los principios de ética ciudadana que han demostrado (unos y otros), no han querido coger el toro por los cuernos pensando en que sería su muerte política, cuando de haber actuado como debían podría haber constituido el primer acto de valentía de nuestros responsables políticos frente a la corrupción, la primera actitud de cambio político que está reclamando la sociedad, sin perjuicio de los muertos políticos y las condenas judiciales que se hubieren debido derivar de aquella etapa. Cabe pensar pues que tal actitud fue una mezcla de cálculo interesado y cobardía política. En uno y otro caso quienes han actuado de esta manera no merecen ocupar el cargo de representantes de los ciudadanos o representantes de las instituciones en Andalucía. Señalar además que la quiebra del Estado de Derecho que ha supuesto esta situación de rebelión institucional de nuestros representantes a los principios y mandatos de la Constitución y la traslación a los ciudadanos del mensaje que todo vale, junto con la ausencia de voces críticas que desde dentro reclamen la exigencia de responsabilidades, ahondará la pérdida de confianza de los ciudadanos en representantes políticos e instituciones.
El decreto lejos de resolver el problema como proclama la administración autonómica, lanza el mensaje de que cuando el urbanismo salvaje vuelva a ser otra vez un problema insostenible se aprobará una norma que otorgue una nueva amnistía urbanística. Así, mientras el incumplimiento de la ley salga gratis a quienes son los encargados de su implementación y disciplina, continuaremos viviendo en el alegre país de las maravillas de la sostenibilidad salvaje.
* La Opinión Málaga - 28.2.12
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ELPAÍS/A Coruña* : La Xunta “vulneró la legalidad ambiental” en la laguna litoral de A Frouxeira durante años y por partida doble. El Gobierno gallego carece del plan de gestión obligatorio para este hábitat prioritario y autorizó vaciados artificiales sin informes que lo justificasen saltándose la normativa europea, estatal y autonómica que regula el humedal. Así lo rubrica un informe del Seprona muy crítico con la errática gestión que la Consellería de Medio Ambiente ha realizado de un espacio único y cinco veces protegido por su valía ambiental (Red Natura, LIC, ZEPA, Zepvn y Ramsar) que se ha deteriorado notablemente en la última década a base de permitir aperturas abruptas con maquinaria pesada para rebajar la lámina de agua sin estudios científicos que lo acreditasen y sin medir los riesgos.
“La Xunta no cuenta con ningún instrumento de gestión oficialmente aprobado para este humedal (en fase de elaboración)”, señala el informe del Seprona, para subrayar que con cada vaciado la Administración autónoma “ha vulnerado doblemente la normativa ambiental: por realizar actuaciones no planificadas y por no contar con dicho plan”.
En un documento de 22 páginas, la Guardia Civil achaca buena parte de la culpa del precario equilibrio que arrastra la albufera de Valdoviño a los sangrados artificiales que se consintieron para desaguar el lago, especialmente los ejecutados de 2007 a 2009, y que casi desecan un humedal catalogado por la comunidad internacional por las peculiaridades de su flora y fauna. Señalan directamente a la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Consellería de Medio Ambiente como “la autoridad responsable” de gestionar este espacio y eximen de culpas al Ayuntamiento de Valdoviño “que carece de competencias ambientales”.
El documento que ha redactado el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de A Coruña responde a la petición del juzgado ferrolano, que investiga si hubo un delito de daños durante el desborde de la laguna que del 12 de diciembre al 30 de enero anegó la carretera y el paseo marítimo y bloqueó la única pista de acceso a 17 fincas privadas con 14 viviendas y una treintena de vecinos.
El Seprona se remonta al Prestige para explicar los cambios que alteraron la dinámica de un lago que históricamente se nivelaba a través de un desagüe natural que serpenteaba por la playa hacia las rocas de A Percebelleira. Para cortarle el paso a la marea negra en 2002, la Xunta colocó una barrera de piedras que dos años después se retiró “de forma totalmente inadecuada”. Los investigadores exponen que de 2004 a 2008, el lago “ofreció un funcionamiento ecológico anómalo por las alteraciones en su ciclo hidrológico”. La situación se agravó durante los dos años siguientes cuando el Gobierno gallego consintió que las excavadoras partieran por la mitad la estrecha barrera de arena que separa el lago del mar para abrir un canal por el que se precipitó el agua en torrente.
En 2008, señalan, se produjo “un vaciado total y enérgico que destruyó 500 metros cuadrados del sistema dunar” y que condenó a la laguna a un “estado ecológico irregular”. El humedal se volvió a quedar prácticamente seco en 2009 tras una nueva chapuza medioambiental autorizada por la Consellería de Medio Rural y mal ejecutada —y pagada— por el Ayuntamiento de Valdoviño. En tres meses, el lago se sangró tres veces (26 de octubre, 20 de noviembre y 16 de diciembre de 2009) y el resultado fue tan desastroso que sublevó a los ecologistas y llegó al Parlamento gallego y a la UE a través de varias denuncias.
En 2010, y con los ambientalistas vigilando con lupa, la laguna no se tocó y a finales de 2011 se desbordó por completo ante la negativa de Medio Ambiente a intervenir en la zona. Durante mes y medio, la conselleria dejó que el humedal inundase el paseo pese a las quejas airadas de los vecinos afectados, y rectificó 49 días después para abrir una zanja inservible en la arena con maquinaria pesada.
Una ola solucionó el problema el 30 de enero abriendo un caño del lago al mar que acabó con el problema y sacó los colores a la Administración, que ya se había gastado una cantidad indeterminada de dinero público en una obra inútil. El Seprona también señala que el paseo marítimo se construyó por debajo de la cuota de inundación y Costas se plantea elevarlo.
* El País - LORENA BUSTABAD Ferrol 24 FEB 2012
Foto: Estado en el quedó el humedal de Valdoviño en enero de 2010 cuando lo secó la Xunta. / GABRIEL TIZÓN
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : Es difícil hallar en una misma persona una doble vertiente teórica y práctica tan excelente y con tanta impronta como la que ha dejado Manuel de Solà-Morales. Arquitecto urbanista, De Solà-Morales es el maestro y el padre de varias generaciones de técnicos en planeamiento. A la vez, es el autor de obras clave en la Barcelona contemporánea, como el Moll de la Fusta y L'Illa Diagonal. Su influencia se escapa de los límites de la ciudad y se expande por toda Europa, donde, merced a sus obras en Francia, Holanda, Alemania y Bélgica, entre otros países, se ha convertido en una referencia. Manuel de Solà-Morales (Vitoria, 1939) falleció ayer en Barcelona.
Miembro de una extensa saga de arquitectos, que tiene continuación en su descendencia, Manuel de Sola-Morales estudió a mediados de los años 60 en Harvard, de donde volvió llenó de nuevas ideas que iluminaron el urbanismo barcelonés. En 1968, junto con otro de los grandes nombres del planeamiento en la ciudad, Joan Busquets, fundó el Laboratori d'Urbanisme de Barcelona, un organismo clave para entender el devenir de la ciudad.
Tanto por los trabajos teóricos que se llevaron a cabo, como por las generaciones de arquitectos que, después, han tenido gran influencia, incluso, en la gestión de los asuntos técnicos.
CONTRAPLAN DE LA RIBERA / Así, es dificil entender toda la transformación y recuperación del frente litoral de los años 80 y 90 sin la aportación del Contraplan de la Ribera, la respuesta que el equipo de De Solà-Morales dio en 1974 al original plan urbanístico del área del Poblenou que el franquismo había preparado.
De Solà-Morales no ocupó nunca ningún puesto en la administración política de la ciudad. No es casual, sin embargo, que Joan Busquets, con quien fundó el laboratorio, sucediera al otro gran personaje de la historia urbanística reciente, Oriol Bohigas, al frente de los asuntos de la ciudad. En esta etapa, el Laboratori, vía Busquets, dio curso a las llamadas áreas de nueva centralidad, es decir, al deseo que en todos los distritos la calidad y cantidad del espacio público fuera comparable al del centro de la ciudad.
Manuel de Solà-Morales, catedrático de Urbanismo, fue director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona entre 1994 y 1997. Tras este periodo, se concentró en su trabajo, por toda Europa, con el objetivo de dejar una obra que fuera el legado práctico de su cuerpo téorico.
En Barcelona, su huella es apreciable, por ejemplo, en las ordenaciones de La Maquinista y de los cuarteles de Sant Andreu en la primera periferia de la ciudad, una de sus obsesiones; en L'Illa Diagonal (con Rafael Moneo) y en el Moll de la Fusta.
Este último fue el primer giro de la ciudad en la recuperación del frente litoral. Un proyecto que ahora, cuando todo el litoral es ya espacio público, quizá merece un replanteo, pero que, en los 80, supuso una especie de paso del Rubicón para Barcelona.
De L'Illa cabe decir que culminó la avenida Diagonal. Y lo hizo con un proyecto de rascacielos tumbado en el que dejó sentir su creencia en que entre el espacio público y el privado existe el espacio colectivo, típico de los centros comerciales, y basándose en eso edificó una exquisita relación entre esa gigantesca mole y la principal avenida de la ciudad.
* El Periódico de Catalunya - XABIER BARRENA - 28.2.12
Foto: LA HUELLA BARCELONESA, el Moll de la Fusta, con el desaparecido 'Gambrinus'. ARCHIVO / ÁLVARO MONGE
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ELPAÍS* : La fiscalía de Málaga ha advertido indicios de un posible delito de prevaricación en la concesión de contratos a dedo de la concejal del PP de Málaga Teresa Porras, por lo que ha remitido el caso al juzgado decano para que lo turne y se inicie la pertinente investigación judicial para esclarecerlo. La fiscalía ha conminado a que se tome declaración a la concejal y a otros responsables municipales denunciados y a que se recabe más información para determinar si hay o no responsabilidades penales.
La fiscalía ha tomado esta decisión nueve meses después de abrir diligencias de investigación sobre el asunto, denunciado por dos concejales del PSOE el pasado mes de abril, en plena precampaña para las elecciones municipales.
Las presuntas irregularidades tendrían que ver con contratos menores en distintas áreas de las que Porras fue responsable entre 2002 y 2009, hasta que el Consistorio cambió las normas internas para este tipo de adjudicaciones que no precisan de convocatoria pública justamente por un cúmulo de anomalías detectadas en distintas áreas. Un ex concejal del equipo de gobierno, Manuel Marmolejo, tuvo que dimitir por haber contratado a una empresa de un cuñado.
La investigación se centra en procedimientos negociados a los que se invitó a participar a empresas en apariencia distintas pero que en realidad pertenecían a las mismas personas. Entre los casos denunciados figuran también 28 contratos para la instalación de zonas de juegos infantiles a una sociedad de una interventora del PP.
Teresa Porras, que es concejal desde 1999 y una de los miembros del equipo de gobierno más allegados al alcalde, Francisco de la Torre, dijo ayer sentirse muy tranquila e incluso “encantada” de que se abra la investigación. “Mi honor lleva ocho años en tela de juicio y por fin va a ser un juez, el único legitimado para determinar sobre la legalidad de los contratos, quien va a examinarlos”.
Porras insistió en que “todos” los contratos realizados en las áreas que ha gestionado se han han cumplido “escrupulosamente bajo la legalidad”, e incluso “se ha llegado más lejos de lo que la normativa exige”, y afirmó que la denuncia está basada en “hechos inciertos”.
El alcalde, Francisco de la Torre, dijo igualmente estar muy tranquilo porque “las cosas se hacen muy bien en este Ayuntamiento” y respaldó de nuevo a Teresa Porras. Advirtió además de que el hecho de que el caso se remita al juzgado no implica que haya delito y se mostró confiado en que las actuaciones se archivarán como ha pasado en otros casos.
La portavoz del PSOE, María Gámez, dijo que el episodio refleja el “descontrol” en el Gobierno municipal, y que el “amiguismo empresarial” ha sido práctica común en la adjudicación de contratos por los concejales del PP, un comportamiento que consideró “censurable y poco ético”.
* El País - 24 FEB 2012
Foto: Málaga, ayuntamiento - andaluciacar.com
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ELCOMERCIO/Asturias* : En los últimos tiempos si hay una cuestión que se les ha atragantado a los distintos gobierno municipales de Llanes, es claramente el urbanismo. Y es que desde hace unos años los tribunales han derogado una tras otra las distintas normativas en esta materia que se han ido aprobando el concejo, hasta tal punto de que actualmente el de Llanes es uno de los pocos municipios de todo el país que carece de un ordenamiento urbanístico vigente.
La historia reciente ha hecho que los distintos colectivos del concejo desconfíen de la eficacia de sus gobernantes locales en esta cuestión, como quedó patente tras la convocatoria de la Agenda 21, que tuvo lugar esta semana y en la que se presentó a las asociaciones, a grandes trazos, el documento de prioridades que este martes será llevado a Pleno y que, salvo sorpresa de última hora, será aprobado por el equipo de gobierno socialista gracias a la mayoría absoluta que ostenta en el Consistorio.
Y es que en los últimos años han sido numerosos los varapalos jurídicos, en forma de sentencias, que se han llevado los distintos planeamientos urbanísticos del concejo. El más sonado fue el de febrero de 2011, cuando el Tribunal Supremo ratificó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de 2007, que anulaba el planeamiento urbanístico aprobado en el 2002. Este dictamen del máximo órgano jurídico del país dejó sin ordenamiento urbanístico al municipio, ya que las anteriores Normas Subsidiarias, previas a los planes generales, fueron también derogadas por los tribunales en 1997.
Aquella sentencia del TSJA anuló el plan «por su directa vulneración de la legalidad urbanística» argumentando, entre otros muchos puntos, que no se hubiese sometido a información pública las notables modificaciones que introdujo la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) en el documento definitivo. Por lo que tanta o más culpa de que Llanes esté sin planeamiento tienen los que en aquel momento eran los dirigentes locales, pero también los regionales. Aquel documento, que suponía el soporte legal para la construcción de 5.000 viviendas en el municipio, quedó anulado definitivamente.
Pero es que las sentencias contrarias a las actuaciones urbanísticas llaniscas han sido casi una constante en los últimos años. En mayo de 2010 se anuló el Plan Parcial de la Talá, donde se iban a construir 480 pisos en vivienda en bloque, además de 90 chalets. Y por anular incluso anularon la adjudicación de la redacción del nuevo Plan General, que se otorgó a la empresa Malt. La sentencia más reciente se conoció hace escasas jornadas y condenaba al Ayuntamiento a pagar 500.000 euros en concepto de daños y perjuicios por demoler un chalet en Niembro que contaba con licencia de obra, pero que se estaba construyendo en unos terrenos que el Consistorio recalificó como urbanos y que los Tribunales anularon al entender que carecían de las exigencias legales reglamentarias que precisan este tipo de suelos.
Una sentencia que el Ayuntamiento recurrirá, pero que si finalmente los tribunales vuelven a dar la razón a los particulares, tendrán que pagar. Y lo harán, salvo sorpresa, con dinero proveniente de los impuestos de los ciudadanos llaniscos, que no tuvieron nada que ver en estas recalificaciones. Un hecho que duele, pero que aún lo hace más en unos tiempos de crisis como la actual en el que, por desgracia, tener un trabajo ha pasado de ser un derecho a convertirse en un privilegio. Y es que de los 14.000 vecinos censados en el concejo, 1.300 se encuentran en situación de desempleo. Y si trasladamos estos datos a la población en edad activa, nos da que el 26% de los llaniscos que podrían y quieren trabajar están en paro. Por eso la sociedad exige que los gestores de lo público, ya que su sueldo proviene de los impuestos de los vecinos, hagan bien su trabajo.
Lo que parece evidente es que los tribunales tienen puesto su foco en Llanes, en lo que a urbanismo se refiere, y no tienen previsto que los gobernantes políticos, ya sean locales o regionales, se salgan un ápice de la línea que marcan las normativas y la legalidad en este cuestiones de ordenamiento.
Técnicos municipales
El nuevo texto urbanístico comenzó a ser redactado a finales de verano por un equipo integrado, en su mayor parte, por técnicos municipales aunque también cuenta con abogados del bufete Garrigues para realizar las tareas de asesoramiento legal.
En dos días -este martes- se presenta ante el Pleno municipal para su votación el documento de prioridades del Plan General de Ordenación. Lo lógico es que el texto salga adelante ya que el PSOE tiene mayoría absoluta. Los dos partidos de la oposición están analizando estos días los cambios que se han acometido en el texto, respecto al borrador inicial, para decidir el sentido de su voto. Unas variaciones que buscan, principalmente, ajustar el documento a las distintas sentencias que se han ido emitiendo estos años contra los planeamientos llaniscos.
Entre estas modificaciones está la eliminación de los suelos urbanizables que se encontraban al sur de Nueva, donde estaba previsto construir 114 viviendas en el anterior PGO, pero también se suprime una zona urbanizable al oeste de Niembro -donde se encontraba el chalet que tuvo que ser demolido- o se borran este tipo de suelos en la zona de Buelna, justo al norte del vial ferroviario.
Colectivos de Llanes
Los principales colectivos de Llanes confían en que ésta vez vaya la vencida y que este Plan General que se está elaborando sea el definitivo, por el bien de Llanes y de sus 14.000 vecinos.
Desde el colectivo de constructores, su presidente lo dejó claro hace unas jornadas. «Pedimos a los políticos que piensen las consecuencias que se derivan de sus actos. Les pedimos que sean responsables y eficaces», exigió el constructor, quien recordó que «en España tenemos miles de ejemplos de planeamientos urbanísticos bien hechos».
El representante del colectivo de hosteleros Allares, José Vía, también reclamó a los políticos «que lleguen a un acuerdo entre todos porque eso será bueno para Llanes». Emilio Obeso, del Club Marítimo, apuntó, tras la Agenda 21, que «entendí que al hacer urbanos los núcleos rurales se potencia la vivienda en bloque en vez de la unifamiliar».
Por su parte el colectivo vecinal Avall cuestiona la legalidad del documento urbanístico que se va a llevar a Pleno. Su presidente, Domingo Goñi, ya indicó que se han puesto en contacto con la Fiscalía de Medio Ambiente para que «esté al tanto del documento porque no vamos a esperar otros 10 años».
Por el bien de todos los llaniscos sólo cabe desear suerte a los dirigentes locales para que elaboren un texto que permita el desarrollo del concejo, tanto a nivel económico como social e industrial, pero siempre bajo unos criterios de sostenibilidad y legalidad.
* El Comercio - 26.02.12 - TERRY BASTERRA
Foto: Imagen panorámica de Buelna, donde en las últimas modificaciones del PGO se han eliminado suelos urbanizables justo al norte del vial ferroviario. :: NEL ACEBAL
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ELSOPLÓN* : Entre los diversos proyectos con los que los gobernantes quisieron deslumbrar a los españoles durante la última década, sin importarles el coste que suponían ni tener que endeudarse para ello, se encuentran ejemplos como el Palacio de Congresos de Huesca.
El edificio tuvo un coste total de 30 millones de euros, más de lo estimado. Sin embargo, debido a que Zaragoza iba a albergar la Expo, el Ayuntamiento de Huesca quiso aprovecha la ocasión y convertir el Palacio de Congresos en subsede del evento. Para poder inaugurarlo a tiempo, tuvieron que acelerar todo el proceso y aligerar el ritmo de las obras de construcción. Eso tuvo un sobrecoste de 1.600.000 euros.
La construcción del edificio surgió del Arquitecto Municipal de Huesa, Pedro Lafuente Lles. Tras aprobarse, el diseño del Palacio de Congresos salió a concurso y lo ganó el arquitecto Rafael Beneytez Durán. Creó un gran prisma rectangular, sobrio y oscuro, con fachadas de cerámica vidriada negra y pocos huecos, que sirve de base al volumen que se alza sobre el escenario.
El edificio cuenta con aparcamiento privado, una sala multiusos, cafetería, un auditorio con capacidad para acoger 791 personas, una sala de exposiciones y mirador.
La empresa Hinaco fue la que se encargó de la construcción, que tuvo un coste de alrededor de 30 millones de euros. En el presupuesto se comprenden la obra civil, las instalaciones y la urbanización del entorno.
Las obras dieron comienzo en el año 2005 y el periodo de ejecución previsto era de 30 meses. Por eso, para poder convertir el Palacio de Congresos en subsede de la Expo Zaragoza 2008, hubo que cambiar las previsiones. Supuso una complicación añadida, ya que hubo que sumar un nuevo gasto de 1.600.000 euros. De este modo, pudo ser inaugurada el 1 de julio de 2008, con la Expo ya iniciada. A sus espaldas, dejó una deuda municipal de 4.400.000 euros.
* El Soplón - 26 enero, 2012
Foto: Huesca, palacio congresos - elsoplon
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NORTECASTILLA* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid ha abierto Diligencias de Investigación Penal contra el Ayuntamiento de Valladolid y las Comisiones de Patrimonio Cultural de Castilla y León y de Prevención Ambiental de Valladolid, que podrían haber incurrido en un delito contra el patrimonio histórico, según confirman desde Ecologistas en Acción.
La actuación responde a la denuncia presentada por Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones Vecinales e Izquierda Unida, por el “estado deplorable” de los restos arqueológicos exhumados en la Plaza de Santa María de la Antigua, vinculados a la Iglesia y protegidos como Bien de Interés Cultural por las leyes del Patrimonio Español y de Castilla y León.
Las excavaciones realizadas desde 2006 en esta Plaza han sacado a la luz las únicas evidencias constructivas de época romana en la ciudad de Valladolid, junto a la necrópolis medieval de la Iglesia de la Antigua, el patio de un palacio renacentista bajo el que se presume la existencia de otros restos medievales y romanos, la bóveda del cauce del río Esgueva y la manzana de edificios del siglo XVIII que se mantuvo en pie hasta hace cuarto de siglo.
Para los ecologistas, el “excepcional interés arqueológico” de estos restos “por cuanto constituyen un testimonio único e insustituible para conocer la historia de la ciudad de Valladolid”, en palabras del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valladolid, obliga a la investigación, consolidación y puesta en valor del yacimiento, según establece el Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico, la legislación española de patrimonio y el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid.
Según denuncian en un comunicado, tras la última campaña de excavaciones, realizada en 2009, el yacimiento arqueológico ha sido completamente abandonado, presentando la Plaza en la actualidad un aspecto “degradado, cubierta de malas hierbas y con materiales de construcción y basura esparcida por todo el recinto. La valla metálica que delimita el área de excavación está en ocasiones abierta, permitiendo el paso de cualquier persona, y aparecen parcialmente exhumados y expuestos al tiempo meteorológico restos constructivos en el área donde se ha identificado el patio del palacio renacentista”.
Todas estas actuaciones pueden ser constitutivas de un delito contra el patrimonio histórico, en el que estaría incurriendo el Ayuntamiento de Valladolid, como titular de la Plaza y responsable del abandono del yacimiento arqueológico, así como del proyecto de aparcamiento subterráneo que para la agrupación “amenaza con destruirlo en su integridad”. Según detallan, también podrían cometer el mismo delito las autoridades y funcionarios públicos que han informado favorablemente el expolio del yacimiento, entre los que se ha denunciado a los miembros de las Comisiones de Patrimonio Cultural de Castilla y León y de Prevención Ambiental de Valladolid, que han dado su visto bueno al aparcamiento subterráneo.
Las organizaciones denunciantes han puesto estos hechos en conocimiento del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS), solicitando su intervención, y van a divulgar la crítica situación del yacimiento arqueológico y el comportamiento de las autoridades de Valladolid y Castilla y León entre las entidades que en el ámbito nacional e internacional se preocupan de la conservación del patrimonio.
Con el objetivo de movilizar a la sociedad de Valladolid frente a este atentado contra la conservación de nuestro patrimonio cultural, se ha convocado a asociaciones y organizaciones ciudadanas a una reunión el próximo miércoles 29 de febrero en la Federación de Asociaciones Vecinales, en la que se propondrán distintas acciones como la presentación de alegaciones colectivas, una concentración de protesta y la realización de actos informativos en barrios y asociaciones.
* El Norte de Castilla - 25.02.12 - ICAL
Foto: Valladolid, protesta no excavaciones La Antigua - google
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LAVOZ/Pontevedra* : Tres denuncias de particulares han sido suficientes para que el Juzgado nº2 de Cambados haya decidido abrir una investigación sobre el urbanismo en el Concello de Sanxenxo. La unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil visitó esta semana la Casa Consistorial para hacerse con los expedientes de estos tres casos. El objetivo de esta investigación es el de averiguar si, tal y como aseguran los denunciantes, los técnicos municipales han otorgado licencias de forma irregular.
Los agentes visitaron el Concello el pasado jueves por la mañana para revisar tres expedientes urbanísticos. Se trata de obras que han sido muy polémicas y sobre las que, en algunos casos, ya hay sentencias judiciales. La primera de ellas se refiere a unos chalés construidos en la parroquia de Dorrón y que, según explicó ayer la oposición municipal, no cumplen con la normativa de estar separados cincuenta metros del cementerio municipal.
Otros chalés son también los protagonistas del segundo expediente que han revisado los agentes. En este caso, se ubican en el camino a la playa de Bascuas y presentan problemas porque carecen de un acceso a la vía pública. Este mismo defecto presenta el tercer expediente, el que se refiere al edificio de la calle Progreso. Una sentencia ordena derribar este inmueble por carecer de acceso, pues para entrar es preciso atravesar una propiedad anexa.
Las tres denuncias que ahora se investigan no fueron presentadas al mismo tiempo ni por los mismos denunciantes. Todas ellas llegaron al juzgado antes del otoño, pero la brigada de Delitos Urbanísticos estaba centrada en otros casos.
* La Voz de Galicia - M. A. VIILAGARCÍA - 26.2.12
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
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