Conocido como El Algarrobico, el hotel de Azata del Sol, ubicado dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, marca no sólo un antes y un después en la España del ladrillo, sino también en el día a día de aquellos que se opusieron a este hotel cuyo destino final está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia en Granada dicte una sentencia firme.
El último capítulo de esta negra historia de presión urbanística la denuncia a este semanario el juez Jesús Rivera, «culpable» de paralizar las obras el pasado 21 de febrero de 2006 y de declarar ilegal la licencia de obras del hotel el 5 de septiembre de 2008. La presión que él ha sentido se evidencia en el trajín de Rivera en los tribunales. Y curiosamente en todas ellas se repiten dos nombres: el juez decano, Luis Miguel Columna, y el juez Cobo Olvera.
Desde que paralizó las obras, el juez Rivera, con más de 30 años de experiencia, ha tenido que interponer una decena de demandas, cuando según él, «jamás había interpuesto una». Ha recibido ocho resoluciones en contra y aún tiene abiertos tres recursos de amparo pendientes de revisión. Dos de ellos, por la modificación de reparto de las causas judiciales entre los tres Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Almería.
Dicho de otro modo, de repente tuvo más y más trabajo. Rivera alega que pasó «de tener unos 700 asuntos de media a más de 1.100». La sentencia que él recurre alega que en caso de asuntos judiciales el número no es lo importante, sino la complejidad de los casos a tratar. Sin embargo, ¿hasta duplicar el trabajo? Curiosamente, el que dicta la norma de reparto es Columna, y Cobo, el «beneficiado», al ser el juez del juzgado número 1. Columna asegura que «yo no voté este cambio de reparto de trabajo, sólo presido la Junta de jueces que hace la propuesta».
Abuso de poder
Pero Rivera piensa que «es sospechoso que el decano y el juez del juzgado número 1 incidieran en perjudicarme con un injusto reparto doble». Pero, si cabe, lo que más indigna a Rivera es que «se aprobara el cambio de normas de reparto sin darle ninguna publicidad, sólo lo hicieron por correo, a través de una copia certificada, cuando el Consejo siempre lo notifica en el BOE». Motivo por el cual presentó un recurso de amparo pendiente de resolución. Los demandados alegan que «al citado acuerdo se le dio la publicidad establecida en las normas citadas», según dice la sentencia del Supremo. Y Columna precisa que «no hay que publicarla en el BOE». Rivera discrepa.
Las presuntas presiones las confirma el abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez. «La persecución al juez Rivera comienza a raíz de publicar la sentencia contra el Hotel del Algarrobico». Domínguez no es ajeno a las presiones del entramado urbanístico provincial. «Me han abierto cuatro procesos por calumnias y uno por impedimento a la justicia y todas ellos han quedado archivadas», afirma.
Las presiones sobre Domínguez comienzan antes del Algarrobico. De hecho, los ecologistas lograron que se dictaran tres sentencias por abuso de poder sobre el ex alcalde de Níjar, Joaquín García. La presión llegó hasta tal punto que en 2008, presentan un escrito contra el juez decano ante el Consejo General del Poder Judicial donde se citan algunos casos en los que ha actuado Columna en el que se expone que «el juez decano de Almería, Luis Miguel Columna, ha llevado a cabo distintas actuaciones que perjudican los derechos de los ciudadanos que actúan en defensa del medio ambiente y/o mantienen una relación de enemistad con el ex alcalde de Níjar, Joaquín García». Columna niega estos hechos, y alega que «sólo conozco al ex alcalde por un día que fue García como testigo a un juicio».
Pero las presuntas presiones no acaban ahí. Domínguez recuerda que Columna ha llegado a poner las mayores costas de la historia penal almeriense a una ONG querellante por denunciar que se había instalado una tubería en una zona de máxima protección dentro del Parque Natural de Cabo de Gata en la que hay un endemismo, el Androcymbium Europaeum, que podía verse dañado.
Las presiones también van del otro lado. La Asociación de Empresarios Turísticos de Carboneras pidió en septiembre, refiriéndose a los ecologistas, que «cesaran las presiones hacia jueces y Gobierno» en torno al hotel del Algarrobico, cuyo «futuro y apertura está en manos de los jueces y debemos dejar que sean sólo ellos los que decidan».
Pero este hotel no es el único ejemplo de presión urbanística. «El Confidencial» denunció hace unos meses que «en el mismo Parque Natural del Cabo de Gata existían otros 50 Algarrobicos listos para ser aprobados por la Junta de Andalucía». «No aprendemos, sólo faltaría tener pagar indemnizaciones a los promotores si al final se demuele», concluye Domínguez.
La Polémica
El hotel, con 22 plantas de altura, está a 20 m de la orilla, cuando la Ley de Costas, del año 98, establece una servidumbre de protección de 100 m. Para ser más exactos la pared del hotel está a 50 m, es el resto de los potenciales equipamientos los que estarían a 20 metros de la orilla.
De ahí que el Ayuntamiento de Carboneras y Azata del Sol recurrieran la sentencia del juez Rivera, ya que el plan especial de protección del litoral andaluz de 1997, decía que a partir de 50 metros se puede construir si el suelo es urbanizable. Pero, ¿por qué el Ayunta-miento de Carboneras dio a la promotora una licencia a sólo 20 m? En cualquier caso, el plan andaluz es anterior a la Ley de Costas y de rango inferior, por ser una norma regional frente a una nacional. Y es esto lo que alegan unos y otros ante el TSJ de Granada, a pesar de que las tres sentencias de la Audiciencia Nacional dicen que la servidumbre de protección es de 100 m.
También difieren sobre si es o no terreno urbanizable. El motivo: la playa del Alga-rrobico se clasificó como urbanizable en los 80, quedando fuera de la declaración del parque. Sin embargo, en el 94 se declara el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) que amplía la protección incluyendo esta playa como área natural de interés general no urbanizable (C1). Pero, «sólo tres años después la delegación de la Consejería de Medio Ambiente, de la que era responsable el socialista Martín Soler Márquez, modificó la planimetría del plan sin expediente alguno. Cambiado C1, no urbanizable, por D2, área urbanizable. Y todo ello sin que dicho cambio fuera publicado, y ahí está la gravedad, ya que el PORN es un decreto de mayor rango», recuerda José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción.
* Extremadura Progresista - Opinión - 7.2.12
Foto: Algarrobico (Almería), aérea - greenpeace.org
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