Ayer, uno de los asesores jurídicos del Ayuntamiento de Ourense, Javier García Gago, denunció ante la propia entidad local la comisión de un posible delito por parte del gobierno municipal, el bipartito integrado por PSOE y BNG, que aprobó la adjudicación de la obra ya iniciada, en comisión de gobierno. García Gago registró un informe en el que asegura que se encuentra obligado a poner en conocimiento de la Administración local y de la justicia estos hechos “graves y posiblemente constitutivos de delito”.
En su opinión, la actuación del gobierno local supone una “desviación de poder” ya que se ha “utilizado” una potestad administrativa, la adjudicatoria, “no para otorgar el contrato a la oferta más ventajosa, sino a una empresa predeterminada” uno de cuyos apoderados está vinculado políticamente al gobierno local que le contrata “irregularmente”.
García Gago hace su denuncia después de que la concejala de Urbanismo, la socialista Áurea Soto, señalase a un exasesor jurídico municipal —padre del ahora denunciante— como responsable de la tramitación de los expedientes urbanísticos para la construcción de dos edificios, en la Rúa Progreso y Avenida das Caldas, que podrían suponer el pago de indemnizaciones de en torno a un millón de euros con cargo a las arcas municipales.
Ahora, su hijo, funcionario de carrera con el mismo cargo de asesor jurídico, denuncia que la adjudicación de la obra de la calle Bedoya es especialmente grave ya que la ley solo permite prescindir de la difusión del concurso e ir a un procedimiento negociado sin publicidad cuando el valor estimado de la ejecución sea inferior a 200.000 euros “si se trata de contratos de obras”. Como el de la citada calle fue de 593.000 euros resulta “evidente” para el jurista que no podría haber sido adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad; esto es, mediante adjudicación directa.
García Gago suma a este hecho el de la “intención preexistente” de adjudicar la obra a una empresa concreta, cuyo apoderado está vinculado al gobierno local —“con relación directa con el alcalde”, que lo incluyó en su lista— que supuestamente incumplió, favoreciéndolo, la legalidad en lugar de buscar una oferta más ventajosa para los ourensanos.
El asesor jurídico reclama ahora que se depuren responsabilidades y que se informe a los correspondientes órganos jurisdiccionales para que investiguen estos hechos así como el “eventual aumento del patrimonio” de las personas que formaron parte del órgano administrativo que adjudicó el contrato e incluso “de los familiares y amigos cercanos” de ellos ya que, de ser así, podría “encubrir conductas más graves”.
Los principales directivos de Ocasa están imputados —y han prestado declaración— como presuntos autores de un delito fiscal y de falsedad documental tras admitir a trámite la fiscalía en julio pasado una querella criminal por la supuesta emisión de facturas falsas por parte de la constructora que, de esta forma, evadiría una considerable cantidad de dinero al fisco. La empresa, con sede central en Ourense, tiene delegaciones en Santiago, Pontevedra, Lugo, Valladolid, Madrid, Barcelona y Granada.
Aunque la obra de la calle Bedoya fue adjudicada definitivamente en octubre de 2008, en mayo de 2011 la junta de gobierno en funciones le rescindió el contrato apoyándose en el hecho de que la Administración local no había firmado el acta de recepción definitiva de las obras. La decisión del gobierno local permitió al Ayuntamiento recuperar su dominio sobre una calle abierta al público sin que formalmente hubiera finalizado la obra.
* El País - CRISTINA HUETE - 9.2.12
Foto: Panorámica de las obras de la calle Bedoya en 2009. / NACHO GÓMEZ
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