Castellón.- “Carlos Fabra utilizó sus préstamos hipotecarios para blanquear dinero”

ELPAÍS* : La Unión de Consumidores de España (UCE), acusación popular en el Caso Fabra, defiende en su escrito de conclusiones remitido al juzgado que instruye la causa en la localidad castellonense de Nules que el todavía presidente provincial del PP en Castellón, Carlos Fabra, firmaba hipotecas y créditos como una forma de blanquear dinero. La UCE basa sus afirmaciones en el informe que los peritos de Hacienda presentaron por orden del juzgado, del que se desprende que en nueve años la familia Fabra logró 33 préstamos en una decena de entidades bancarias por un importe total de más de cinco millones de euros.
Según la UCE, Fabra pagaba las cuotas de sus hipotecas en metálico con el dinero que había recibido por su mediación ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para legalizar los fitosanitarios que después vendía junto a su socio Vicente Vilar. Presuntamente, claro.
Los peritos de Hacienda detectaron que entre 1995, año en el que Carlos Fabra accedió a la presidencia de la Diputación de Castellón, y 2004, cuando concluyeron sus investigaciones, el mandatario provincial había suscrito créditos e hipotecas con Bancaja, CAM, BBVA, Caixa Catalunya, Caixa Galicia, Cajamadrid, Ruralcaja, La Caixa, el BSCH, IberCaja y Banco de Valencia.

El matrimonio Fabra obtuvo entre 2002 y 2004 créditos por un total de 2,3 millones, en los que subsumió otros préstamos. Para hacer frente a las cuotas de estos, el presidente del PP de Castellón y su esposa contaban con unos ingresos brutos de 10.000 euros al mes, según el informe pericial. Los bienes e ingresos en efectivo del matrimonio, según los expertos de Hacienda, “en modo alguno se corresponden con la renta y el patrimonio declarado”. Los peritos explicaron que la mayoría de los ingresos en los bancos realizados por Fabra se hacían en billetes de “100, 200 y 500 euros”.

La UCE recuerda que la Audiencia Provincial de Castellón no descartó la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales en un auto emitido a finales del año pasado, aunque los magistrados instaron a solicitar la apertura de otro procedimiento para perseguir esta causa, en la que los supuestos responsables serían Carlos Fabra, los directores de siete oficinas bancarias castellonenses y el empresario Antonio Bonet, que pagó un crédito solicitado por el presidente provincial en el que participaron como avalistas el propio Bonet y el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig.

La UCE ha intentado en varias ocasiones que el proceso abierto contra Fabra por cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales se amplíe también al blanqueo de dinero. La acusación sostiene que Fabra lavaba el dinero negro que recibía del empresario Vicente Vilar como pago por sus favores políticos al destinarlo, presuntamente, a abonar las cuotas de sus numerosos préstamos e hipotecas. Unos ingresos en los bancos que en ocasiones, según los peritos de Hacienda, se hacían “en fajos” de billetes de 500 euros y que llegaron a efectuar los chóferes del mandatario provincial, quienes admitieron ante el juzgado de Nules que llevaron “bastantes veces” a los bancos “sobres cerrados” con dinero.

Ingresos multimillonarios

“No cabe duda de que todos estos movimientos económicos con ingresos multimillonarios en efectivo en cuentas corrientes no hubieran sido posibles sin la estrecha colaboración de los directores de las oficinas bancarias donde operaba el señor Fabra y con seguridad de algún superior de las mismas”, insistió la acusación. En respuesta a esta solicitud, la Audiencia de Castellón no admitió la imputación de los siete directores pero dejó abierta la posibilidad de abrir un nuevo procedimiento, es decir, presentar una nueva querella contra ellos y el propio Fabra.

En el caso de Bonet, la acusación sostiene que fue un “falso avalista” y que el único fin fue que el empresario se hiciera cargo del pago “dándole de esta forma una cierta apariencia de legalidad, cuando en realidad no era más que el pago debido por algún favor o algún negocio oculto”. La Audiencia tampoco admitió la imputación de Bonet, pero también dejó abierta la posibilidad de imputarle en otra causa.

Por otra parte, el titular del juzgado de Nules que instruye el caso, Jacobo Pin, anunció ayer que ha iniciado el procedimiento de embargo de los bienes de Carlos Fabra y de su exesposa, María Amparo Fernández, como pago por las fianzas impuestas, de 4,2 y 0,8 millones de euros, respectivamente, que ninguno de los dos abonó en el plazo inicialmente previsto.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tanto Fabra como Fernández han presentado al juzgado un listado de bienes susceptibles de ser embargados y el juez ha comenzado a tasarlos y a comprobar que cubren las cantidades exigidas.

Según los peritos de Hacienda, entre 1999 y 2004 Carlos Fabra y María Amparo Fernández ingresaron un total de 8,3 millones de euros en efectivo, cheques y transferencias bancarias, de los que no han podido justificar 3,3 millones.

Préstamos privilegiados y amigos íntimos

33 préstamos. Carlos Fabra y su exesposa, María Amparo Fernández, suscribieron 33 préstamos e hipotecas con 11 entidades bancarias entre 1995 y 2004. La UCE entiende que el matrimonio Fabra utilizaba este método para blanquear el dinero que recibía de su socio Vicente Vilar, por las gestiones del presidente provincial ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para aprobar las licencias de fitosanitarios que después ambos comercializaban.
Un cliente privilegiado. Carlos Fabra firmó con Bancaja el 22 de diciembre de 2009 la ampliación por 100.000 euros de una hipoteca concedida años atrás para la adquisición de un piso en la plaza de Las Salesas (Madrid). La fecha de vencimiento del préstamo era enero de 2045, según informó la Cadena SER. Es decir, cuando Fabra hubiera cumplido los 98 años. Bancaja sostuvo ayer que el presidente provincial del PP ya ha liquidado toda la deuda, cuando han transcurrido poco más de dos años desde que se firmó el crédito. Esquerra Unida acusó a Fabra de utilizar Bancaja para sus “intereses oscuros”.
Amigos íntimos. Los empresarios Antonio Bonet y Fernando Roig avalaron a Carlos Fabra para que Ruralcaja le concediera un crédito de 390.000 euros. Fue el propio Bonet quien acabaría pagando el préstamo porque según la declaración judicial del empresario, Fabra “había dejado de abonar” las cuotas. Bonet desembolsó los casi 400.000 euros de principal y otros 110.000 euros en intereses de demora.


* El País - MIGUEL A. CAMPOS Castellón 6 FEB 2012
Foto: Carlos Fabra, presidente del PP de Castellón, en una imagen de 2010 / ANGEL SÁNCHEZ

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Sevilla.- Ikea: el segundo tropiezo jurídico

DIARIODESEVILLA* : La gestión urbanística del PP sigue sin arrancar. Siete meses después de que el alcalde prometiera desbloquear "en semanas" el proyecto inmobiliario que promueve la multinacional Ikea en el noreste de Sevilla, el gobierno local de Juan Ignacio Zoido no sólo ha sido incapaz de dar una solución válida a los problemas de legalidad existentes en la zona, sino que dicha operación vuelve a tropezar, de nuevo, con un segundo conflicto jurídico. Y no precisamente menor: los terrenos objeto del proyecto incumplen la legislación de vías pecuarias, lo que impide -desde el punto de vista legal- su desarrollo inmobiliario completo. Así, al menos, lo confirman fuentes técnicas de Urbanismo.
El área de San Nicolás Oeste, situada junto al aeropuerto, está afectada por varios tramos de vías pecuarias que no han sido ni deslindadas, ni desafectadas. Tampoco, tal y como establece la normativa vigente a nivel estatal y autonómico, la modificación de los trazados originales de estas antiguas vías ganaderas (la fórmula que contemplaba el Plan General para proceder a su urbanización) se ha gestionado por el Ayuntamiento.

Las vías pecuarias son patrimonio de dominio público. Esta naturaleza jurídica obliga al Consistorio y a la Junta de Andalucía a sacar adelante, si se quieren desarrollar urbanísticamente los suelos por los que discurren, un proceso administrativo bastante complejo que pretende garantizar que, si son modificadas por cualquier tipo de desarrollo urbano, su superficie íntegra sea compensada con trazados alternativos. El reto no es fácil: primero hay que delimitar la vía pecuaria; después desafectarla -al igual que ocurre por ejemplo con los bienes patrimoniales del Ejército- y, en su caso, sacar adelante un nuevo trazado alternativo.

El PGOU de Sevilla, que proyecta muchos de los nuevos barrios de la ciudad en terrenos periféricos, contemplaba en su informe de impacto ambiental una red alternativa de vías pecuarias cuya gestión dependía del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Urbanismo, sin embargo, aún no ha sacado adelante este proyecto, lo que supone que todos los suelos urbanizables afectados por vías pecuarias no podrán desarrollarse mientras no se cumplan estos requisitos jurídicos. La Gerencia ha hecho oídos sordos a esta exigencia legal y ha venido aprobando desde 2007 una serie de planes urbanísticos de desarrollo [planes parciales y planes especiales] que, tras su validación, venían a concretar los derechos urbanísticos de sus distintos propietarios antes de su reparcelación y posterior urbanización. El marco legal de todas estas grandes bolsas de suelo -las únicas que por ahora se han impulsado del PGOU- está ahora en cuestión, lo que dilatará su desarrollo y, en algunos casos, incluso lo impedirá debido a que además de obviar una obligación legal afecta directamente a sus infraestructuras de acceso. Es el caso de San Nicolás, donde la futura SE-35 está cruzada por vías pecuarias.

Ikea no es el único caso. Hay, al menos, cinco más. Los terrenos de San Nicolás Oeste son acaso los más significativos -por el proyecto de la multinacional sueca- pero la situación irregular incluye otras zonas cuyas previsiones urbanísticas son considerables. En el alambre están los desarrollos inmobiliarios privados de 5.277 viviendas [2.792 protegidas) y un volumen de espacios terciarios (zonas para usos comerciales y oficinas) de 274. 358 metros cuadrados, además de otros usos, como industriales y productivos. Para dar una idea de la magnitud del problema, baste recordar que sólo el proyecto Puerto Triana -que se desarrolla en la Cartuja- ocupa casi 70.000 metros cuadrados terciarios. Lo que significa que todos los espacios en situación de bloqueo urbanístico suponen casi cuatro veces este mismo volumen de zonas terciarias. Sin entrar a hablar de su impacto económico.

Las unidades urbanísticas afectadas, en principio, porque el problema puede extenderse a otras áreas, están en Pítamo Sur, Palmete, Torreblanca Este y Oeste, la Hacienda El Rosario y junto al aeropuerto (San Nicolás). Los planes urbanísticos de estas bolsas de suelo obviaron el trámite de desafectación de las vías pecuarias incluso a pesar de que algunas lo mencionan (en sus memorias técnicas) como necesario. Algo inexplicable desde el punto de vista de la gestión urbanística. Salvo que se trate de un olvido consciente.

El problema se complica porque el asunto está ya en manos de los juzgados. La ocupación irregular de una vía pecuaria no sólo es una irregularidad administrativa, sino un posible delito, ya que supone la apropiación de un bien colectivo. Justamente esto es lo que ahora tendrán que dirimir los tribunales, a los que la cuestión ha llegado por dos vías distintas. Primera: una denuncia relativa a la ocupación irregular de la vía pecuaria que discurre por los terrenos de la Hacienda El Rosario, en Torreblanca. Un desarrollo urbanístico que el propio gobierno local incluso subvencionó a una empresa con dinero público. Segunda: una denuncia sobre el fondo de la cuestión presentada por Ecologistas en Acción. La primera es la más avanzada: el juzgado ha abierto diligencias y la investigación la lleva la unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil. Un portavoz de este cuerpo confirmó a este periódico dicha investigación, que ha comenzado por reclamar explicaciones tanto a Urbanismo como a la Junta. Los ecologistas han pedido al juez que anule todos los planes urbanísticos aprobados.


* Diario de Sevilla - CARLOS MÁRMOL - 8.2.12
Foto: Sevilla, establecimiento Ikea - abc

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Un año de cárcel para un constructor de Nigrán pillado con el Google Earth

LAVOZ/Pontevedra* : Un constructor de Nigrán fue condenado a seis meses de cárcel por un delito de desobediencia grave a la autoridad y otros seis meses por un delito contra la ordenación del territorio por haber ampliado ilegalmente su fábrica sobre terreno rústico y forestal y romper los precintos que colocó la Policía Local.
La Fiscalía de Urbanismo probó en el juicio el delito mediante varias capturas de fotografías por satélite difundidas en Internet por el buscador Google Earth. Las imágenes mostraban la evolución desde el 2001 al 2009 de las naves e instalaciones de la empresa de pretensados de hormigón y la reducción de los campos y bosques contiguos, en el barrio de Paradillas, en Nigrán.
Además, el Juzgado de lo Penal nº2 de Vigo inhabilita al empresario José Luis B.R, dueño de Prefabricados Luis Barros SL, durante un año y un día para ejercer como constructor y como promotor inmobiliario. También lo multa con 2.190 euros y la jueza le obliga a demoler la construcción no autorizada ni autorizable.

La sentencia relata que el constructor obtuvo una licencia en 1981 para fabricar sus materiales de obra. Luego, adquirió una parcela rústica de protección forestal de 2.000 metros cuadrados, según el PGOM de 1991, que lindaba con la finca donde desarrollaba su actividad.
La jueza ve probado que, en el 2003, el acusado inició en dicha finca, sin haberlo solicitado y sin licencia municipal, obras de desmonte y de explanación de terrenos. Construyó un muro de contención de varias alturas y bases para la instalación de silos y tolvas de carga. Su objetivo era instalar una nueva planta de hormigón y aumentar así la actividad, para extenderla a la fabricación de hormigón fresco y distribuirlo, a pesar de que carecía de permisos para esas actividades.
El Ayuntamiento de Nigrán le incoó expediente en el 2003 y la Consellería de Política Territorial ordenó en el 2004 la demolición de dichas obras. El acusado ignoró la orden de paralización del Concello y continuó sus trabajos. La Policía Local fue en octubre del 2003 a precintar la obra, pero no hicieron nada al no ver actividad. Volvieron a precintar la maquinaria, pero alguien había roto las cintas para que entrasen y saliesen camiones. La situación se repitió hasta casi el 2005. La jueza ve una «grave actitud de rebeldía y contumaz y recalcitrante negativa a cumplir el mandato».
La Fiscalía mostró en el juicio fotos por satélite de una parcela rústica con naves industriales.


* La Voz de Galicia - E. V PITA - 4.2.12
Foto: Nigrán (Pontevedra), vista G.Earth - lavozdegalicia

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A vueltas con la Ley de Costas; el espejismo de nuevas tierras prometidas

LOLA YLLESCAS/EA* : Siempre pasa; cada vez que en una Comunidad Autónoma o en el Gobierno Central vuelve a gobernar la derecha, un tema que siempre anuncia es que va a modificar la Ley de Costas. Si la Comunidad es la andaluza, también anuncia que va a replantear la carretera que pretende unir Cádiz con Huelva por el PN de Doñana. No falla.
Una de las primeras declaraciones del nuevo responsable ministerial de Medio Ambiente, Sr. Arias Cañete ha sido el anuncio de que pretende introducir simplificaciones en los trámites ambientales con el pretexto de que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico. En este marco anuncia una “profunda reforma de Ley de Costas de 1988 con el fin de dar valor al litoral y seguridad jurídica”.
¿Por qué esta obsesión con la ley de Costas? La Ley de Costas, históricamente, se verá como una de las grandes leyes del inicio de nuestra democracia, una ley progresista, ya que, en ese periodo histórico, cualquier ley suponía un progreso teniendo en cuenta de dónde veníamos. Fue una ley que hizo una apuesta muy clara y nítida por el carácter público de nuestra costa, y así en su artículo 3º ya dice:
Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal La ribera del mar y de las rías, que incluye: El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislación específica. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislación específica.

Apuesta que nos ha proporcionado a todos los españoles el uso y disfrute de todos los espacios de playas, marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.

La Ley de Costas es una de esas leyes de la que muchos españoles nos sentimos orgullosos; sabemos que podemos acceder a todas las playas, que podemos pasear por ellas, que podemos bañarnos donde queramos… cosa que no pasa en muchos países del primer mundo; en los desarrollados EEUU, me ocurrió paseando por una playa que un señor empezó a gritarme cosas que no entendí pero que interpreté como que me fuera de “su playa”, y es que, en efecto, en muchos países las playas se privatizan. Con la Ley de Costas, a los españoles nos puede pasar lo mismo que con nuestra Seguridad Social: empezamos a valorarla cuando la estamos perdiendo. Y el anuncio del Ministro Arias Cañete nos hace temer por la pérdida del carácter público de nuestro litoral.

Si analizamos las propuestas que hizo el PP cuando estaba en la oposición, podemos preveer que nos espera: en febrero de 2011 llevó al Senado una Proposición de Ley que tenía como objetivo perpetuar indefinidamente las concesiones, lo que supondría que el concesionario pasaría a ser “de facto” propietario del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) que se le habría concedido. También propuso, acompañado por CIU, redefinir los espacios litorales que pertenecen al DPMT. Pretendían, bajo el concepto de “ciudad navegable”, que urbanizaciones que contenían las llamadas “marinas” escapasen a la Ley de Costas.

La primera de las propuestas del PP citadas tiene mucho que ver con Cádiz. Aquí los empresarios acuicultores y salineros, que tienen un largo historial de pleitos con las correspondientes Demarcaciones de Costas, siguen reclamando la titularidad de las zonas litorales en las que ejercen su actividad económica. Y lo hacen alegando que no pueden hacer inversiones en sitios que no son suyos, que solo usan. Ante esto, los defensores de la actual Ley de Costas, podríamos contestar invirtiendo el razonamiento: que ya tienen bastante con poder sacar beneficios de una zona que no les pertenece y que todos les cedemos graciosamente; que si hacen inversiones será para la mejora de su cuenta de resultados y que en ello irá su plusvalía.

Por otro lado, como ya han manifestado las organizaciones ecologistas, resulta increíble que, a pesar de que la especulación del ladrillo ha sido una de las principales causas de la actual crisis que se vive en España, el nuevo gobierno pretenda buscar soluciones volviendo a antiguas fórmulas fracasadas y agotadas: legalizar construcciones, permitir más usos en las franjas establecidas por la ley, construir más cerca de la línea de costa, permitir marinas, macropuertos, macrourbanizaciones…, en definitiva, seguir enladrillando (o ya debemos decir alicatando) la costa. Dar vía libre al mismo modelo depredador que nos ha llevado hasta una profunda crisis no es la solución para generar un empleo duradero y sostenible, sino más pan para hoy y hambre para mañana.

Hemos sabido que entre 1987 y 2005, justo antes de la crisis, en España se urbanizaron más de dos hectáreas (que son 20.000 m2) por día en los primeros 500 metros de litoral. Con este dato queda claro algo que siempre decimos los ecologistas: lo que no es ecológico tampoco acaba siendo económico.

Dejemos en paz a esta buena ley de Costas que emana de nuestra Constitución de 1978.

* Lola Yllescas, Ecologistas en Acción

* Ecologistas en Acción - Andalucía - 7.2.12


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Despilfarros históricos que causan vergüenza: Aeropuerto Pamplona – Noain

ELSOPLÓN* : Durante la última década se llevaron a cabo despilfarros que llevaron al hundimiento de las arcas públicas del Estado. Un ejemplo son los 44 millones de euros que costó la ampliación y reforma del aeropuerto Pamplona – Noain. Pese al escaso número de usuarios y los problemas que causa la meteorología de la zona. En un año, logró el récord de 200 cancelaciones de vuelo de aviones que no pudieron despegar por la niebla.
La modernización se centraba en pequeñas ampliaciones, nuevos mostradores y la construcción de una nueva torre de control.
El ex ministro de Fomento, José Blanco, a través de Aena, invirtió la montante cantidad 44 millones de euros en las actuaciones de ampliación y modernización de este aeropuerto. Los millones fueron destinados a incorporar nueve mostradores de facturación y uno nuevo para equipaje especial. También se añadió una nueva puerta de acceso a los aviones.

La ampliación más importante fue la del aparcamiento. Se crearon 118 nuevas plazas de parking. Además de la plataforma de vuelo.

El campo de vuelos también aumentó la longitud de la pista en 200 metros para que pudieran operar aeronaves de mayor envergadura, facilitando la apertura de nuevas rutas a destinos más lejanos. Aunque ese objetivo se ha visto truncado en más de una ocasión a consecuencia de la niebla que impedía volar.

Asimismo, se construyó una nueva torre de control y se llevaron a cabo reformas en la central eléctrica.

Por último, en el proyecto se incluyó la insonorización de 54 viviendas.

Pese a que las reformas no fueron de gran envergadura, costaron ni más ni menos que 44 millones de euros.



* El Soplón - 20.1.12
Foto: Pamplona, aeropuerto niebla - elsoplon

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El exalcalde de Majadahonda desvió 28.000 euros del Consistorio a su cuenta

ELPAÍS/Madrid* : El exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, pidió en 2001 al Ayuntamiento que dirigía 28.000 euros para pagar un vídeo. Recibió el dinero, pero en vez de pagar el trabajo audiovisual ingresó el dinero en una de sus cuentas. Y después le envió el dinero a una de las empresas del presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, que se encargó de pagar una factura que había generado el propio Ortega, que había comprado relojes en una conocida joyería madrileña por un importe de 28.000 euros. Estas son las conclusiones que se desprenden del último informe realizado por los agentes de la policía judicial que investigan el caso.
El informe, con fecha del 26 de enero, y que tiene el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre la mesa, explica que el 29 de agosto de 2001 el propio Guillermo Ortega solicitó al Consistorio que encabezaba un total de 28.571,51 euros. Supuestamente era para pagar la confección de un vídeo en el que se iban a reflejar los proyectos abordados por el Equipo de Gobierno majariego.

Pero la realidad, según la policía judicial, era muy distinta: “Francisco Correa crea una operación económica ficticia, como es el servicio prestado al Ayuntamiento de Majadahonda, para dar cobertura al trasvase de fondos”, sostiene el informe remitido a Ruz, magistrado titular del Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional en sustitución de Baltasar Garzón, que fue quien inició la investigación tras la denuncia presentada por el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, asesorado por el letrado y concejal de Boadilla del Monte Ángel Galindo.

La investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF-BLA) pone de manifiesto que días después de que Ortega solicitara el dinero, el exalcalde recibió “un cheque nominativo a su nombre” con fecha de 20 de septiembre del mismo año y con cargo a las cuentas del municipio. E ingresó el dinero en una de sus cuentas.

Seis días después una de las empresas del presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, concretamente Special Events, recibió un cheque por el mismo importe: 28.571,51 euros. En este punto, las pesquisas policiales argumentan que Ortega transfirió el dinero a una Special Events, ya que ese mismo día la firma de Francisco Correa efectuó el pago de 27.117,66 euros a una joyería de Madrid. La misma en la que Ortega se había llevado relojes por el mismo precio.

Tres meses después, Ortega trató de regularizar la situación, algo que finalmente no logró, pues el interventor municipal acabó por oponerse a los presuntos tejemanejes del exalcalde de Majadahonda: “Con la finalidad de justificar el libramiento de fondos por parte del Ayuntamiento de Majadahonda” a nombre de Guillermo Ortega, Special Events confecciona una factura pagada por el Consistorio por un importe de 28.571,51 euros”. En la memoria de la factura, Francisco Correa indicó que el cobro del dinero esta justificado por la realización del vídeo ‘Creciendo en calidad de vida’.

Pero hubo un problema, y la factura fue anulada, ya que el montante era superior a los 6.000 euros. Y cualquier adjudicación municipal superior a esta cantidad debería haber obligada a Ortega a convocar un concurso público, que no se había celebrado. Por eso la firma de Correa envió en lugar de la factura anulada otras cinco, con importes similares, que no superaban los 6.000 euros. Pero la Intervención municipal se opuso a esta operación, al considerar que se había fraccionado el contrato, tal y como consta en un informe del 11 de febrero de 2002.


* El País - TONO CALLEJA Madrid 7 FEB 2012
Foto: Majadahonda (Madrid) - wikipedia.org

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Valencia.- La tierra del banco no se toca

PÚBLICO* : Una imagen curiosa se repite cada día en un solar del extrarradio de Valencia. Un vigilante pasea por el interior de una parcela vallada. Tiene la obligación de patrullar durante seis horas al día este terreno. Cuando él termina, le sustituye un compañero. Así, en cuatro turnos cada 24 horas. Sin embargo, dentro de la parcela vigilada no hay nada. Son 4.000 metros cuadrados en medio de un gran descampado de 260.000. La única diferencia es que la tierra del interior de la valla está limpia de escombros. Fuera hay piedras, maleza y suciedad.
La estampa se repite desde hace un mes y medio. Es la respuesta del BBVA al intento de los habitantes del barrio de Benimaclet de hacer huertos urbanos ecológicos en un solar que es propiedad del banco. Antes, fue de un promotor que lo perdió por impago. El terreno está justo al lado de las últimas viviendas de la ciudad y hasta hace seis años albergaba una alquería del siglo XVIII y huertos en plena producción. Ahora, es uno de los innumerables descampados en los que se convirtió parte de la huerta de las ciudades mediterráneas por culpa del boom de la construcción y la crisis económica.

Hace un año y medio, la asociación de vecinos elaboró un proyecto para "rehabilitar y dar un uso social al suelo arrasado por la burbuja inmobiliaria", explica el presidente, Antonio Pérez. Se trataba de recuperar la huerta, añadiéndole un valor lúdico. A la idea se apuntaron 300 personas y otras 30 en lista de espera.

Se planearon 60 pequeñas parcelas. La más grande es para el colegio público del barrio. Las demás, para "familias, jubilados, antiguos labradores, hijos y nietos de labradores, parados, universitarios y diversos colectivos", añade Pérez. El terreno lleva años a la espera de que se ponga en marcha el plan urbanístico correspondiente y está devorado por la degradación: "Hasta un muerto en una maleta nos tiraron una vez", ilustra el portavoz. Entre todos se gastaron 10.000 euros en acondicionarlo y recuperar las canalizaciones de agua, con el apoyo de los regantes de la acequia cercana, la de Mestalla.

Los vecinos encontraron también el respaldo del Ayuntamiento. Todos los partidos aprobaron en octubre una moción en la que se comprometían a impulsar el proyecto. En ella, el Consistorio propuso un "convenio de cesión" para garantizar la propiedad del BBVA y sus "intereses urbanísticos reconocidos". No habría "ningún retraso en (...) la posterior urbanización de los terrenos". Además, el espacio elegido para recuperar la huerta está destinado a albergar un parque, según el plan urbanístico ya redactado.

Todo estaba, pues, aparentemente resuelto. Sin embargo, todavía no hay hortalizas en esa tierra, sino vallas y un vigilante distinto cada seis horas. Es la manera elegida por el BBVA para dejar claro que, de momento, no permite que se trabajen sus terrenos.

El banco llevó su oposición hasta lo que los vecinos entendieron como una humillación. En enero, la entidad tiró escombros sobre la tierra ya preparada para sembrar. Sobre los caballones se arrojaron grandes piedras, y tierra en las canalizaciones de agua.

¿Cuáles son los argumentos del banco? Para empezar, dicen que están dispuestos a llegar a un acuerdo. Pero ponen, sin embargo, dos condiciones. La primera es que se respete su propiedad de la tierra y su derecho a disponer de ella cuando se ponga en marcha el plan urbanístico. Según fuentes municipales, esta demanda quedaría cubierta con la ya propuesta figura de la cesión.

La segunda preocupación del BBVA es que alguien se haga daño en la huerta, "y sea el banco, como propietario, el que tenga que asumir la responsabilidad", destacan fuentes oficiales de la entidad. Este argumento es "una excusa", según el Consistorio, porque "la responsabilidad recaería en aquellos que tienen cedido el terreno". Los vecinos, por su parte, creen "sorprendente" que el banco se preocupe de posibles accidentes "en el único sector de su propiedad que está limpio, porque nosotros lo hemos limpiado, y no en el resto, que está lleno de escombros", se queja Pérez.

El banco denuncia, además, que los vecinos han entrado en la parcela sin su consentimiento. Los aludidos reconocen que la ley está de parte del BBVA si este persiste en su negativa, pero sería "empecinarse en el abandono" del entorno urbano. "Podrá ser legal, pero es totalmente injusto", afirma Pérez.

El conflicto sigue y cada sábado hay un nuevo capítulo. Los vecinos llegan, enrollan cuidadosamente la valla y se ponen a limpiar el terreno. El vigilante llama a la Policía. Esta acude, identifica al portavoz de los labradores y les deja hacer "mientras no haya actos vandálicos", explica Pérez. Cuando los vecinos se van, "a las dos horas" la valla está repuesta. "Es una ilegalidad contra otra ilegalidad", destaca el portavoz, ya que la cerca levantada por el banco no tiene licencia municipal, según confirma el propio Ayuntamiento.

Hay, además, acciones de protesta. Los vecinos proponen un boicot contra el banco, consistente en que los usuarios cierren cuentas bancarias. Los niños del colegio han escrito una carta al presidente del banco, Francisco González. La asociación no está dispuesta a ceder. Creen que la batalla va mucho más allá de su pequeño huerto: "El miedo del banco es que el ejemplo cunda. En Valencia otros cuatro barrios están esperando a ver si esto nos sale bien". Sería, concluye Pérez, el precedente para que otros muchos vecinos recuperaran la huerta que la burbuja inmobiliaria convirtió en solar.


* Público - BELÉN TOLEDO VALENCIA 05/02/2012
Foto: Vecinos del barrio de Benimaclet (Valencia), trabajando ayer la tierra en el huerto de la polémica.-Juan Navarro

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Un juez impone multas de 500 euros cada 10 días a la dueña de Can Batlló

ELPAÍS/Barcelona* : Carme Escrivá de Romaní, representante de la promotora Inmogaudir, propietaria de la colonia industrial Can Batlló, recibe a título personal desde el pasado noviembre multas coercitivas de 500 euros cada 10 días. La curiosa medida se ha tomado dentro de un proceso de ejecución de sentencia tras el impago de la indemnización a uno de los afectados por el plan urbanístico de la colonia textil fundada por su abuelo, Julio Muñoz Ramonet.
Hay otras 22 sentencias que ordenan a la junta de compensación —de la que Inmogaudir representa el 92%— el pago de diferentes cantidades por el cese forzoso de actividades en la colonia, en la que todavía hay una veintena de afectados, la mayoría pequeños talleres y personas que viven en el Camí de la Cadena. El coste de las indemnizaciones pendientes de liquidar por la inmobiliaria asciende a unos 15 millones de euros, según el plan económico. Algunos abogados de los afectados están pidiendo la ejecución de la sentencia y, cansados de esperar, no descartan recurrir a la vía penal para ver si es más efectiva o plantear el embargo de bienes para saldar cuentas.

Esas indemnizaciones pendientes, junto con los costes de urbanización de Can Batlló, es lo que Inmogaudir quiere que pague el Ayuntamiento de Barcelona, alegando que no tiene liquidez para acometer un proyecto aprobado hace casi seis años. El Consistorio pagaría 35 millones, y lo haría de dos maneras. Una, cambiando el sistema urbanístico, de compensación a cooperación, para que el Consistorio dirija el proceso, y aportando 10 millones.

A cambio, recibiría unos 5.000 metros cuadrados para edificar vivienda de protección. Con esta parte de la operación están de acuerdo los grupos políticos del Consistorio. La segunda forma es por medio de la expropiación de una finca de la misma inmobiliaria en el Guinardò por 22,5 millones de euros (más IVA), cifra que ha sido acordada de mutuo acuerdo. Lo plasmaron en un convenio la promotora y el edil de Hábitat Urbano, Antoni Vives, pero tuvo que ser retirado porque CiU no tuvo los suficientes apoyos.

La oposición ve exagerado y lesivo para el interés de la ciudad pagar 22,5 millones por una zona verde. Consideran, además, que supone un trato de favor a la inmobilaria que sentaría un precedente peligroso para el Ayuntamiento para encarar otros procesos expropiatorios, sobre todo porque es un mutuo acuerdo. Ponen como ejemplos fincas similares que se han expropiado por cantidades mucho menores.

El gobierno de CiU da por seguro que en dos o tres semanas logrará el apoyo de algún partido, preferentemente del PP. Sin embargo, Eduardo Bolaños, el edil que lleva los asuntos de urbanismo, insiste en que el PP no está de acuerdo en que se pague a 1.300 euros el metro cuadrado de zona verde. Además, no ve justificada la operación si no se puede sacar partido a la finca, una parcela que hace frente con la avenida de la Mare de Déu de Montserrat y en la que a mediados del siglo todavía funcionaban algunas nave textiles del industrial Muñoz Ramonet. Hoy ya no existen. Lo que hay son cuatro o cinco pequeños talleres y pequeños almacenes. Los inquilinos han tenido noticias de la inmobiliaria: en otoño les comunicó que no les renovaría el contrato anual, excepto uno que dice que su contrato es indefinido.

Que la promotora llevaba tiempo negociando con el Ayuntamiento es un hecho, como demuestran las fechas: la inmobiliaria instó la expropiación el 13 de enero pasado, tres días más tarde la gerencia ya había realizado el informe de valoración de la finca y el mismo día se hizo la propuesta de convenio entre el edil Antoni Vives y Carmen Escrivá de Romaní Muñoz. Una velocidad de la Administración inusitada.

Los industriales de Can Batlló afectados están hastiados de la actitud de la inmobiliaria. Sobre todo los que tuvieron que salir de la colonia y arrancar un negocio nuevo sin cobrar la indemnización: “Cerramos el bar de la colonia y hemos abierto como hemos podido otro en la Zona Franca: seguimos sin ver ni un euro”, lamenta Zayra, portavoz de la asociación de afectados de Can Batlló. Mientras, el estado de la colonia se deteriora y algunos de los pequeños industriales sostienen que son presionados para que abandonen y se vayan. En Can Batlló está previsto construir un millar de viviendas de mercado libre, unas 450 de protección y varios equipamientos de barrio.


* El País - BLANCA CIA Barcelona 6 FEB 2012
Foto: Recinto de Can Batlló, en el distrito de Sants-Montjuïc. / TEJEDERAS

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Despilfarros históricos que causan vergüenza: La Torre del Agua de Zaragoza

ELSOPLÓN* : Acoger la Expo es una buena oportunidad para dar a conocer la ciudad en la que se celebra y para darle un cambio arquitectónico. Así lo hizo Zaragoza en 2008. El elemento clave fue el agua y, en su homenaje, se construyó una torre de 76 metros. Todo un despilfarro teniendo en cuenta cuál pretendía ser su finalidad: acoger la exposición que daba la bienvenida al evento.
La Torre del Agua se construyó en el recinto de la Expo. Tiene un cuerpo acristalado y transparente cuya condición escultórica, en forma de gota de agua, los constituye como símbolo emblemático.
El edificio, diseñado por el arquitecto Enrique de Teresa, tiene 76 metros de altura y una superficie de 10.400 metros cuadrados. De cara a la Expo ’08, se construyó con la finalidad de acoger la exposición ‘Agua para la vida’.

Esta torre, convertida en el edificio más emblemático de la última Expo celebrada en España, fue la casa de Splash, una escultura de 23 metros de altura que reproducía una salpicadura de agua.

Este proyecto necesitó de un presupuesto total de alrededor de 43 millones de euros.


* El Soplón - 22.1.12
Foto: torre del agua - elsoplon

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Un testigo afirma que Mahía hizo el Plan de Urbanismo de Arroyo

LAVOZ/Valladolid* : El presidente del grupo inmobiliario Mahía, Ramón López Casal; y el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo, mantuvieron una estrecha relación desde que la promotora compostelana desembarcó en ese municipio vallisoletano, en 1999, cuando Méndez todavía era concejal. Un testigo declaró ante el titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Valladolid que López Casal se jactó de haber situado a Méndez Freijo en la alcaldía. También aseguró que el arquitecto municipal de Ames trabajaba para Mahía y que fue el director del Plan General de Ordenación Urbana de Arroyo.
Uno de los testimonios clave para desmontar la presunta trama urbanística es el de Manuel Gómez Maroñas, fundador de Mahía y todavía hoy socio de López Casal. Ambos se enemistaron y Maroñas lo denunció en Santiago por administración desleal. Esta enemistad fue esgrimida por la defensa del promotor compostelano para desacreditar el testimonio de Maroñas y solicitar el archivo de las diligencias a él concernientes, lo que fue denegado.

Gómez Maroñas testificó ante el juez de Valladolid que López Casal y el gallego Méndez Freijo se conocieron en agosto de 1999 y poco después Mahía empezó a construir en Arroyo, donde el entonces concejal fue «colaborador» de la promotora, por lo que recibió «préstamos». Maroñas aportó documentación en la que constan 180.000 euros y aseguró que cuando le preguntó a Méndez, este le dijo que no debía nada a la empresa, «que todo era un pago por su trabajo». Otra cantidad, de 102.000 euros, «se dice que era comisión de compra del primer solar en Arroyo, y ese solar lo compró Méndez», añadió.
«Al servicio del dinero»
Gómez Maroñas explicó que la relación entre López y Méndez era «muy intensa». Este veraneaba en el piso del presidente de Mahía en Sanxenxo, navegaba en su yate, iba de caza a Toledo pagado por la inmobiliaria y asistía a las cenas navideñas de esta en Galicia. Asimismo, siempre según el mismo testigo, el constructor llevaba marisco y vino a Arroyo y también obsequiaba a los concejales.
En esa época, Méndez era edil de Deportes y Medio Ambiente, además de teniente de alcalde, y Elisardo Fernández el alcalde, ambos bajo las siglas del PP. Maroñas declaró que le preguntó a Ramón López por qué Fernández no se presentaba a la reelección en las municipales del 2003 y aseguró que le dijo: «Porque quien no le presenta soy yo. Los políticos están al servicio del dinero, no de los votantes. Y ese (Elisardo) no tiene huevos para sacar adelante lo que estamos montando allí».
Gómez Maroñas explicó que la redacción del Plan General de Arroyo fue asignada a un equipo de Madrid, pero esto era ficticio porque en realidad fue dirigida por Álvaro Fernández Carballadas, entonces arquitecto municipal de Ames. Añadió que este técnico «hizo, aunque no firmó, la mayor parte de los proyectos para viviendas de Mahía en Ames. Las legalidades se hacían en A Coruña, en una oficina de Fernández. Y los dibujos los hacían en Mahía los arquitectos socios de la inmobiliaria».
El reciente auto judicial que imputa a ocho presuntos implicados en la trama de corrupción urbanística de Arroyo de la Encomienda indica que entre los años 2003 y 2007 Méndez Freijo no declaró a Hacienda 836.000 euros. Añade que Mahía habría regalado al alcalde una vivienda en Vilagarcía, y que en la misma época adquirió un chalé en Sanxenxo y un piso en Carril.
Tras seis años de investigación, el juez José María Crespo ha imputado delitos contra la administración pública, el orden socioeconómico y el urbanismo, en relación con recalificaciones de terrenos e incremento de edificabilidades, a Méndez Freijo, hoy alcalde independiente de Arroyo; a López Casal; José Presas e Iluminada Miguel, ex accionista y apoderada de Mahía; los entonces concejales Miguel Ángel Ibáñez y Javier Cruz; el que era presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván; y el arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde. Al alcalde, también el de malversación de caudales públicos.


* La Voz de Galicia - 7.2.12
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid), exceso edificaciones - nortecastilla.es

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La falta de demanda paraliza el polígono de Urdiain-Alsasua

DIARIODENAVARRA* : El complicado futuro industrial de la Barranca y Burunda acaba de recibir un nuevo mazazo con la decisión de la Comisión de Ordenación del Territorio (COT) de elaborar un informe para proponer al Gobierno foral la suspensión del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) del polígono de Urdiain-Alsasua. En la práctica supone dejar sin efecto una figura urbanística que permitía desarrollar la mayor dotación industrial de la comarca, de 938.689 metros cuadrados en su conjunto. El Ejecutivo foral reconoció el año pasado que se trataba de "la obra más importante de fomento de suelo industrial público que iba a impulsar desde agosto de 2008". Tal definición fue realizada a la par que se anunciaba la adjudicación de la urbanización de los primeros 169.345 metros cuadrados en la parte de Urdiain por un montante de 2,5 millones de euros.

Los planes de hace un año se truncaron, sin embargo, la semana pasada con la propuesta de la COT adoptada fundamentalmente por la "falta de demanda de empresas" en un período de crisis como el actual, según enfatizó ayer un portavoz del departamento foral de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Industria y Empleo. Aunque la COT no deja de ser un órgano consultivo, sus planteamientos sirven de orientación en las decisiones del Gobierno foral, en este caso, para dejar sin efecto el PSIS del polígono.

Como precisan fuentes del Ejecutivo, una segunda razón del nuevo giro se encuentra en "la oposición de particulares" a su desarrollo, expresada en la interposición de recursos a la fase de expropiación. Como tercer elemento en el cambio propuesto aparece "la oposición de los ayuntamientos a la ubicación de determinadas empresas", de acuerdo a las mismas fuentes.

Más de 10 años de gestión

En los más de 10 años de gestión desde que en octubre de 1999 el Ayuntamiento de Alsasua solicitase a la entonces consejera de Indutria, Nuria Iturriagagoitia, una reunión para agilizar los trámites y ejecutar el polígono, la mayoría política de esta localidad ha expresado su apoyo continuo a la infraestructura. Mayores trabas se han hallado en el consistorio de Urdiain durante los mandatos de agrupaciones de la izquierda abertzale, que llegaron a reclamar la paralización del proceso administrativo.

La dotación industrial, conocida en Alsasua como polígono de Zangitu por el topónimo del paraje, había sido planificada en dos partes, coincidentes con los límites municipales: 647.139 metros cuadrados en Urdiain y 290.558, en Alsasua. Su ejecución, reclamada con insistencia por UGT y empresarios, trataba de paliar la falta de suelo industrial en esta última localidad.

EL PROCESO

1 Octubre de 1999 El Ayuntamiento de Alsasua solicita una reunión urgente a la consejera de Industria, Nuria Iturriagagoitia, para agilizar la tramitación y ejecución del polígono.

2 Mayo de 2001 Informe positivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro ante el temor de crecidas del río Burunda que puedan inundar la zona de actuación.

3 Julio de 2001 Declaración del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal.

4 Julio de 2001 El Gobierno anuncia el inicio de la construcción en 2004 con 4.500 millones de pesetas de inversión.

5 2001 Ecologistas cuestionan el polígono por el riesgo de desaparición de la ribera natural del río Burunda.

6 Noviembre de 2001 Urdiain, regido por la izquierda abertzale, exige la paralización.

7 Año 2002 UGT y empresarios respaldan el polígono.

8 Diciembre de 2004 Urdiain rechaza la "imposición" del polígono.

9 Octubre de 2008 Declaración de utilidad pública del polígono de Urdiain-Alsasua a efectos expropiatorios.

10 Abril de 2010 El Ayuntamiento de Alsasua solicita a Príncipe de Viana que acelere los trámites de definición del área de protección tras el hallazgo de un yacimiento arqueológico en Zangitu.

11 Marzo de 2011 Licitación de la urbanización de la primera fase de sector-2 (Urdiain).


* Diario de Navarra - NATXO GUTIÉRREZ - 31.1.12
Foto: A la derecha, terrenos afectados por el polígono Urdiain-Alsasua. DN.

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La obesidad urbanística y del transporte

LUIS GONZÁLEZ REYES/EA* : Nuestra sociedad podría denominarse la del exceso o la obesidad, aunque paradójicamente la mayoría de las cosas importantes para la vida vayan a menos. Esto es especialmente patente en el urbanismo y el transporte. Así, muy probablemente estemos atravesando el pico de máxima extracción de petróleo por su consumo excesivo. El equilibrio climático se resquebraja por el exceso de transporte motorizado. Perdemos biodiversidad entre otras cosas por el exceso de hormigón. O vivimos el momento histórico de mayores desigualdades caracterizado por el exceso de movilidad y viviendas suntuosas de una minoría.
En transporte la política ha sido la de construir, construir y construir infraestructuras, olvidándose de la gestión. Esto ha generado un modelo polarizado hacia los medios más insostenibles tanto de pasajeros –carretera, AVE y avión– como de mercancías –apenas el 4% se transportan en tren–. Y no sólo eso, además tenemos un modelo que no tiene alternativas de futuro. El transporte es tremendamente petrodependiente. Ya estamos en el pico del petróleo y, a partir de ese momento, su precio subirá de forma continuada haciendo económicamente inviable su uso masivo.
Las alternativas que se manejan tampoco tienen mucha proyección. Los agrocarburantes, además de importantes impactos ambientales y sociales, no son viables. Por ejemplo, la UE sólo puede cubrir el 4,2% de sus necesidades de carburantes sin recurrir a cultivos importados.
La otra gran alternativa es el coche eléctrico.

Pero hay que tener en cuenta las necesidades energéticas y de materiales para la reconversión del parque automovilístico. Fabricar, por ejemplo, un coche gasta el 30% de la energía que dicho vehículo consume a lo largo de toda su vida. No es posible un cambio del parque automovilístico de las dimensiones actuales en un entorno de escasez energética, de recursos y monetaria.

Para rematar, el Estado español tiene un claro exceso de infraestructuras. Es el líder europeo en kilómetros de autovías y autopistas: más de uno de cada cinco kilómetros de autovías en la UE son españoles, la mayor parte con densidades de tráfico de menos de la mitad de lo que recomiendan los manuales. Además también tenemos récord de kilómetros de alta velocidad ferroviaria, junto a una red convencional en abandono. También somos líderes en aeropuertos vacíos o sobredimensionados.

A nivel urbanístico la situación no es mejor. Ya no hace falta explicar que la especulación inmobiliaria está en el corazón de la crisis y la corrupción actuales. Todo ello ha provocado que el incremento del suelo artificial entre 1987 y 2006 fuese del 52% –del cual el 60% es suelo urbanizado–, ritmo que se aceleró entre 2000 y 2006, cuando se cementaron 3,4 hectáreas por hora.

EL MODELO URBANÍSTICO Y EL DE TRANSPORTES NO SON SOSTENIBLES ECONÓMICAMENTE. DE SER EL MOTOR DE LA ECONOMÍA HAN PASADO A SER EL LASTRE

Como en el transporte, éste es un modelo sin futuro debido a la obesidad urbanística. Según los datos oficiales hay unas 700.000 viviendas sin vender, pero parece que puede haber cerca del millón. Además, a estas viviendas hay que añadir los pisos en propiedad de los bancos. Esto implica que es muy posible que parte de las viviendas construidas no se venderán nunca, especialmente en la costa, que son el 47% del total.

Este modelo está teniendo funestas consecuencias ambientales. El urbanismo está siendo el responsable de la destrucción de valiosos suelos fértiles, y está ayudando a sostener el ritmo de extinción de especies. Todo ello sin poder garantizar el acceso a la vivienda a la población, primero por el precio y ahora por los desahucios. Por su parte, el transporte es actualmente el sector que más contribuye al cambio climático, con un 25% de las emisiones. Además es el responsable de que el 80% de la población respire aire contaminado, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud.

Para remate, tanto el modelo urbanístico como el de transportes no son sostenibles económicamente. De ser el motor de la economía han pasado a ser el lastre. La política de construcción de infraestructuras de transporte ha significado una gasto de dinero público brutal, muy por encima del resto de la UE. El 1,3% del PIB en 2011. Y una vez construida una infraestructura, la sangría no termina, pues mantener la red de autovías cuesta 2.000 millones de euros cada año, y el mantenimiento de un kilómetro de línea de AVE cuesta 100.000 euros por año, 180.000 si es en túnel. Para hacernos una idea, los recortes que se aprobaron en mayo de 2010 pretendían ahorrar 15.000 millones de euros en dos años. El modelo urbanístico tiene una enorme responsabilidad en la situación de ataques especulativos sobre la deuda española. Según un reciente informe del Banco Internacional de Pagos, el 89% de la deuda española es privada. En concreto la de la banca es de 225.000millones de euros.

Si vivimos en una sociedad del exceso, en una sociedad obesa, es obvio que lo que necesitamos es una buena dieta, un cambio de sistema basado en la reducción del parque automovilístico, de infraestructuras, y de la construcción. Esto redundaría en un aumento de la calidad de vida. En cuanto a la movilidad esto significa menos y mejor transporte –más sostenible y más equitativo– y para ello hacen falta políticas como la moratoria en la construcción de infraestructuras. Es decir, que se paralice el PEIT –el plan de infraestructuras que promueve Fomento–, centrando el énfasis en la gestión de lo existente. También, que se apruebe la tanta veces prometida Ley de Movilidad Sostenible. Una tercera medida sería apostar por el transporte público eléctrico, que ya está inventado: el tren convencional, el metro, tranvía, etc.

En lo que concierne al urbanismo es fundamental que el Estado obligue a las comunidades autónomas a que adapten su normativa a la Ley del Suelo Estatal. Que los planeamientos respondan a necesidades reales. Y que se pongan en marcha políticas como la dación en pago y un parque público de alquiler de viviendas con carácter social y que tire a la baja los precios. Para conseguir esto es fundamental una política fiscal finalista y redistributiva. Esta fiscalidad debe penalizar los transportes más contaminantes –no como hasta ahora, con el Gobierno bloqueando la tasa de circulación conocida como ‘euroviñeta’– y obtener recursos de ahí para fomentar una movilidadmás sostenible; penalizar las segundas viviendas vía IBI; poner sobre la mesa incentivos para la rehabilitación de viviendas y su eficiencia; o retomar el impuesto de patrimonio y sucesiones.

* LUIS GONZÁLEZ REYES / MIEMBRO DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN


* Diagonal - Opinión - 6.2.12

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Despilfarros históricos que causan vergüenza: L9 del Metro de Barcelona

ELSOPLÓN* : Si en algo se parece la Línea 9 del Metro de Barcelona a la emblemática catedral de la Sagrada Familia, es que se sabe cuándo comenzó a construirse, pero nunca cuándo finalizarán sus obras. También en el desorbitado gasto que ambos están suponiendo, como si se tratara de pozos sin fondo.
El consejero Lluís Recoder, quien no quiere arriesgarse a poner fecha a la conclusión de las obras del suburbano, señala que, con intereses, el coste final del proyecto rondará los 16.000 millones de euros. La cifra final que ha dado el consejero está muy por encima del presupuesto inicial diseñado por el gobierno de CiU. La inversión prevista era de 2.600 millones de euros. Sin embargo, la cifra se ha disparado hasta los 16.000.
Las obras de construcción de la L9 se iniciaron en el año 2003. Casi una década después, tan sólo se han inaugurado 12 estaciones de las 52 que forman parte del proyecto.

Parte de las obras llevan tiempo paralizadas y la consejería no quiere decir cuándo serán retomadas, debido a los recortes que el departamento está sufriendo. El futuro del proyecto es incierto y el gasto se va acumulando, elevándose cada vez más el que estaba previsto con la partida presupuestaria inicial. Sólo ponen fecha a uno de los tramos, que conecta el aeropuerto con la Zona Franca. Se prevé que esté finalizado en 2014.


* 2.2.12
foto: metro - elsoplón

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Almuñécar.- Denuncian a la alcaldesa por la apertura del camping El Carambolo

GRANADAHOY* : Cuatro trabajadores del Ayuntamiento de Almuñécar que aseguran haber sido "represaliados" han denunciado ante la Fiscalía a la alcaldesa, Trinidad Herrera, por presunta corrupción urbanística al haber autorizado la apertura del camping El Carambolo. Los denunciantes afirman que pesaba sobre el complejo una orden judicial de demolicion, aunque la alcaldesa manifiesta que actuó "con escrupuloso respeto a la legalidad".
Los denunciantes son la ex secretaria municipal, Arantzazu Ibarreche; Emilio González Pavesio, cesado como coordinador gerente del Departamento de Urbanismo; el arquitecto municipal José Luis Rodríguez-Passolas; y el ingeniero municipal, Julio Roldán Fontana. Los cuatro acusan a la alcaldesa de un "presunto delito de prevaricación urbanística" y de haber reabierto el camping como parte de un acuerdo electoral con IU.

Al inicio de la presente legislatura el camping El Carambolo, que tiene entre sus propietarios a Fermín Tejero -portavoz municipal de IU-, se encontraba precintado debido a un Expediente de Disciplina Urbanística "por la realización de construcciones, instalaciones y edificaciones ilegales en suelo no urbanizable de especial protección", según afirman los denunciantes. Y añaden que estas construcciones estaban "pendientes de demolición", aunque existía una medida cautelar judicial de suspensión del acuerdo plenario de demolición, que según manifiestan fue levantada por una sentencia firme del TSJA del 25 de julio de 2011.

Los empleados municipales sostienen que debido al apoyo recibido por parte de IU en el pleno de investidura, la alcaldesa obvió la orden judicial "so pretexto de la interposición de un recurso de súplica que no suspende la ejecución de la sentencia", y "contrariando la misma" desprecintó las instalaciones. Ante una denuncia formulada por la Asociación de Mujeres Ecologistas Sexitanas, los funcionarios procedieron "en cumplimiento de su deber" a denunciar los hechos ante el Ministerio Fiscal.

Esta situación habría derivado en "represalias" por parte de Trinidad Herrera, quien procedió a "revocar" el nombramiento provisional de la secretaria municipal; a "suspender de empleo y sueldo" a los jefes de Arquitectura e Ingeniería "con el pretexto de la incoación de expediente disciplinario"; y a "despedir" al coordinador gerente de Urbanismo.


* Granada Hoy - S. SEBASTIANI - 5.2.12
Foto: Los denunciantes aseguran que el camping se reabrió como parte de un acuerdo electoral con IU.- granadahoy

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El barrio del Cabanyal, pendiente de otra sentencia y del ministerio de Cultura

DIAGONAL/Valencia* : La última sentencia favorable al vecindario del Cabanyal en Valencia ha sido recibido como una victoria por parte de la plataforma Salvem. Queda la incógnita sobre el pronunciamiento de la Audiencia Nacional y la posición del ya polémico José Ignacio Wert al frente del Ministerio de Cultura.
El 12 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) reafirmó la validez y el rigor de la orden del Ministerio de Cultura en la que se declaraba que el plan trazado por el Ayuntamiento de Valencia para la prolongación de una avenida hasta el mar que supondría el derribo de más de 600 edificios, y que dejaría sin vivienda a más de 1.600 personas, sería considerado expolio.
La interlocutora del TSJM ha desmontado las argumentaciones expuestas a la demanda de ejecución de sentencia del Ayuntamiento, que negaba la tutela superior del Estado en el aspecto patrimonial del Cabanyal y que alegaba que no se consultó con la Administración municipal el proceso de ejecución de sentencia del Tribunal Supremo a partir del cual se resuelve el procedimiento por expolio del conjunto histórico del Cabanyal- Canyamelar.

La plataforma Salvem El Cabanyal había aportado informes de expertos, entre los que destacaba el del Consejo Superior de Arquitectos, que consideraba expolio el Plan Especial de Protección y Reforma Interior que desde 1998 quiere llevar a cabo el Gobierno municipal del Partido Popular. Tino Villora, de la plataforma Salvem El Cabanyal, explica que ésta es una batalla ganada, pero que falta resolver el recurso interpuesto por el Ayuntamiento ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Cultura del 4 de enero de 2010, y esperar a ver el papel que desempeña el Ministerio de Cultura del PP.

La plataforma ha denunciado que el Ayuntamiento está castigando al barrio negando licencias de actividad empresarial y de obras de rehabilitación, escudándose en la citada orden ministerial, haciendo más difícil la vida de los vecinos, una conducta que según entiende Salvem, podría ser considerada como prevaricación.


* Diagonal - MIQUEL RAMOS - 4.2.12
Foto: El barrio valenciano se ha ido llenando de murales contra los planes del Ayuntamiento. Foto: Eduard Bezembinder

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Urbanismo de género (y génera)

ARTURO PÉREZ REVERTE* : Es cierto que, en materia de latrocinio y poca vergüenza, la Junta de Andalucía y sus paniaguados a sueldo, que son varios, no van más allá de otros gobiernos autonómicos trufados de golfos y maleantes. También es cierto que en todas partes cuecen siglas partidarias; y que, saqueadores aparte, un elevado número de tontos del ciruelo por metro cuadrado, con corbata y coche oficial o como simple infantería, no es exclusivo de ninguna autonomía de esta España discutida y discutible. Sin embargo, respecto al porcentaje de sinvergüenzas y de tontos -incluida la variedad mixta de tontos sinvergüenzas-, el régimen que desde hace tres décadas gobierna Andalucía queda muy bien situado en el palmarés nacional. Aunque ojo. Podrá atribuírsele el logro de una región saqueada, en paro y con índices de indigencia cultural y educativa que a veces lindan con el subdesarrollo; pero ése es detalle que se diluye en el contexto. A ver en qué autonomía no tenemos en nómina -duques y duquesas aparte- a cierto número de políticos ladrones, incompetentes y analfabetos. Sin embargo, lo que no puede regatearse a la Junta andaluza es un lugar de vanguardia en los anales de la imbecilidad oportunista y demagoga de género y génera. Ahí no hay quien moje la oreja a mis primos. Y primas. Nada comparable a una ultrafeminazi andaluza dándole vueltas al magín para justificar las subvenciones que trinca o espera trincar, con un político cerca, en plan compadre y dispuesto a ponerle a tiro el Boletín Oficial.

Déjenme que les cuente la última. O última que me envían. Ahora, con esto de la piratería digital, la poca lectura y la porca miseria, los juntaletras tendremos que buscar la vida en otros pastos. Yo mismo estoy considerando la posibilidad, a mis años provectos, de hacer oposiciones a ingeniero de montes de la Junta de Andalucía, y aplicar allí un sistema contra incendios forestales que llevo años maquinando, y que no sé cómo a nadie se le ha ocurrido proponer todavía para trincar una pasta oficial enorme: un pino, un cortafuegos; un pino, un cortafuegos. A cortafuegos por pino. Cosas más idiotas o descaradas se han subvencionado allí, en cualquier caso. El asunto es que, en el temario de las oposiciones, hallo una perla australiana: el artículo 50.2 de la ley 12/2007 para la Igualdad de Género en Andalucía. Que reza, con dos cojones:

«Los poderes públicos de Andalucía, en coordinación y colaboración con las entidades locales en el territorio andaluz, tendrán en cuenta la perspectiva de género en el diseño de las ciudades, en las políticas urbanas y en la definición y ejecución de los planteamientos urbanísticos».

Aparte de no saber qué relación hay entre ser ingeniero de montes y montañas andaluz y tener perspectiva de género, las preguntas inmediatas son obvias y hasta elementales, querido Watson. Eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se tiene en cuenta la perspectiva de género en el diseño de las ciudades y políticas urbanas? ¿Consultando los arquitectos a las asociaciones radicales feministas antes de trazar calles y plazas, para que les den permiso? ¿Procurando que los pasos de cebra no favorezcan a presuntos maltratadores? ¿Disponiendo aceras paritarias, unas para hombres y otras para mujeres, u obligando a circular por cada vía urbana al mismo número de ellos y ellas? ¿Rebautizando calles para que por cada nombre masculino haya uno femenino? ¿Patrullando con guardias y guardios que, cuando sean policía montada, cabalguen indiscriminadamente caballos machos y yeguas? ¿Procurando que entre los cartones y sacos de dormir que adornan los soportales de la Plaza Mayor de Madrid para deleite de turistas, haya el mismo número de mendigos y mendigas? ¿Que por cada grupo de mariachis, jazz band de ex bolcheviques, o rumano que hace música con vasos de agua, actúe una violinista búlgara, una orquesta de nigerianas o un grupo de mejicanas cantando Allá en el rancho grande? ¿Que cada perroflauta lleve el mismo número de perros que de perras, de flautas que de flautos? ¿Que en los parques juegue por decreto municipal la misma cuota de niños y niñas, y se mantengan turnos rigurosos para columpios y toboganes, con agentes que sancionen a padres y madres, abuelos y abuelas, que incumplan? ¿Que en cada zona de prostitución haya el mismo número de putas que de chaperos? ¿Que nos vayamos todos juntos y juntas a tomar por saco?

Ilústrenme, porfa. Necesito que alguien me lo explique. Ingeniero de montes, recuerden: pinos, cortafuegos. Oposiciones al caer. Me va el futuro en ello.

* LX Semanal - Opinión - 5-11 febrero

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El mega proyecto de turismo, ocio y juego Las Vegas Madrid

RODRIGO FERNÁNDEZ/EA* : Una de las características distintivas de la globalización económica reside en la libertad de los capitales para poder moverse entre fronteras, apoyados por los poderes públicos competentes en cada caso. De esta manera, antes de aterrizar en los países, generalmente empobrecidos, estos inversores demandan a los gobiernos de turno una serie de exigencias de cesiones y concesiones que garanticen e incrementen sus beneficios de explotación en ese territorio. Beneficios generados a partir de la explotación de los recursos naturales y humanos del país anfitrión, para posteriormente ser repatriados en su mayoría o totalmente a sus países de origen [1].
El Macro Casino Las Vegas Madrid es un ejemplo de que, en tiempos de crisis, el Estado español se configura como destino de estas inversiones ávidas de libertad, y es tratado por las empresas transnacionales como un emergente país del Sur.

El proyecto: hace pocas semanas saltó a los medios de comunicación la noticia de que el multimillonario estadounidense Sheldon Adelson, tercer hombre más rico de los EEUU según Forbes, promotor inmobiliario y propietario de la empresa transnacional Las Vegas Sands Corp., que cotiza en Wall Street, había abierto negociaciones con los gobiernos central, autonómico y municipal para instalar en el territorio madrileño un enorme complejo de casinos y hoteles, similar al modelo Las Vegas.
Ante esta perspectiva, la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre se adelantó a declarar públicamente que apuesta por “cambiar todas las normas que haya que cambiar” con el objeto de que el complejo se instale en la región. La inversión prevista oscilaría entre los 15 y los 18 mil millones de euros durante la próxima década.
El proyecto consiste en un macro complejo de ocio y juego, formado por casinos, hoteles, resorts, casas de apuestas, centros de ocio y de convenciones, para albergar a turistas internacionales y fomentar aún más esta actividad en la región. En definitiva, 36 mil nuevas habitaciones, 6 casinos (con 1065 mesas y 18 mil máquinas recreativas), y hasta 3 nuevos campos de golf: una oferta destinada en su mayoría a consumidores foráneos.
Según la presidenta de la Comunidad, la previsión es duplicar la cantidad de visitas internacionales que llegan a Madrid al año, alcanzando la escalofriante cifra de los 10 millones de turistas, en un territorio con una superficie algo mayor de 8000 km2 y menos de 6,5 millones de habitantes.
Lo que exige el inversor: motivar y satisfacer la codicia de empresarios de este tamaño no resulta una tarea fácil para las Administraciones que quieren recibir sus inversiones. En este caso, se plantea como punto de partida una modificación radical de las reglas de juego (como el Plan General de Ordenación Urbana) y de otras tantas legislaciones a los tres niveles de la Administración.
Para la población trabajadora, Las Vegas Sands exige que se cambie el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería, con el objeto de “flexibilizar” las relaciones laborales y dar un trato preferente a su fuerza de trabajo extranjera, respectivamente.
Para las arcas públicas, la empresa cotizada exige 2 años de exención total de las cuotas a la Seguridad Social y de todos los impuestos municipales, autonómicos y estatales. Además, el Estado español debería ser garante de un préstamo de 25 mil millones de euros que se solicitaría al Banco Europeo de Inversiones. Finalmente, se pide una ley que garantice la exclusividad del negocio y otras ventajas fiscales durante los 10 próximos años. Al exigir el tratamiento como “zona franca” también se deberían cambiar las leyes del Impuesto sobre Sociedad y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, del IRPF, del Juego, del Impuesto sobre Actividades Económicas o del Impuesto Municipal sobre construcciones, instalaciones y obras, entre otras.
Para el entorno, se demandan más infraestructuras, como un AVE directo hasta el complejo, además de Renfe y Metro, y también más carreteras para permitir el arribo al complejo en vehículos privados. Más aún: también se demanda la cesión totalmente gratuita del terreno para la edificación [2].
Y más: asimismo, se han puesto sobre la mesa de las negociaciones otras pretensiones, como la anulación de la Ley anti tabaco y de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales en el interior del complejo.
En definitiva, se trata del proyecto de construir una “isla” en una suerte de “estado de excepción” fiscal, laboral y legal, que permita duplicar el turismo de negocios y de juego, para que unas 10 millones de personas al año puedan disfrutar de los casinos, el golf y los negocios en un entorno totalmente liberado.
El relato instalado: al igual que sucede con los discursos que legitiman el establecimiento de maquilas en países del Sur, el “chantaje del empleo” es la idea que con más fuerza se pretende instalar en la sociedad madrileña, con el objeto de evitar críticas y resistencias, y hasta de motivar a la ciudadanía a corear al “bienvenido Mister Adelson”. En este caso, según Aguirre, con el proyecto se crearían más de 200 mil empleos, entre directos e indirectos. Sin embargo, ni una palabra de la calidad de estos supuestos puestos de trabajo: ¿temporalidad? ¿Derechos laborales y sindicales? ¿Salarios? ¿Cualificación? No, ni una sola palabra sobre estas cuestiones que hacen a la calidad de los empleos.
Impactos: la idea que se quiere instalar consiste en que a través de esta “receta” de gigantescas inversiones en nombre del “progreso” y la “generación de empleo”, la ciudadanía residente en la Comunidad de Madrid mejoraría su calidad de vida, su prosperidad. Usando recursos comunes y bienes públicos, violando abiertamente derechos laborales conquistados a través de décadas de luchas sindicales y recibiendo un trato fiscal que roza lo vergonzoso. Aunque se trata de una “verdad instalada” que tiene más silencios discursivos que cualquier otra cosa. Se omiten los impactos locales, de duplicar el flujo de turistas internacionales y con ello el flujo de aviones, las emisiones de CO2 y la contaminación del aire, los impactos devenidos de las enormes necesidades de infraestructuras, la destrucción de las condiciones naturales del entorno, etc. Tampoco se oye ni una sola palabra sobre el aumento exponencial de las necesidades de recursos y de la generación de residuos derivados de este proyecto.
No se puede perder de vista que se trata de un proyecto destinado al ocio y el juego de un puñado de privilegiados ciudadanos consumistas del mundo. Un negocio cuestionable en sí mismo, por el que se pide a cambio impactos sociales y medioambientales, eliminación de leyes laborales y beneficios fiscales a espuerta. En definitiva, la profundización de un modelo de turismo, transporte, construcción e infraestructuras que amenaza cada vez más la sostenibilidad del planeta.
Un paraíso fiscal en el que se puede apostar, jugar al golf, hacer negocios y seguir destruyendo el medio ambiente, ubicado en el centro neurálgico de una país asolado por la crisis especulativa de una élite de inversores globales, como el mismo Adelson.
Una propuesta sin sentido: rompiendo con cualquier manifestación del sentido común, en un capitalismo en llamas la retórica del Pensamiento Único se hace presente también para justificar el sinsentido. La propuesta es: para salir de la crisis, profundicemos el modelo, dejemos que el capitalismo salvaje siga avanzando, deteriorando el medio ambiente, usando recursos comunes y bienes públicos para hacer sus negocios.
Por todos estos motivos, desde Ecologistas en Acción Madrid se denuncia la posibilidad de este proyecto, las condiciones fiscales, legales y laborales exigidas para su puesta en marcha así como los enormes impactos sociales y medioambientales derivados. Porque es una manifestación flagrante de las consecuencias que tiene sobre las personas y el medio ambiente este modelo económico y político.
No queremos este tipo de proyectos, ni en Madrid ni en ninguna parte del mundo. Para salir de la crisis, no se pueden dar saltos hacia adelante en el modelo que nos condujo hasta ella, no se puede seguir en el camino del deterioro ecológico y las cesiones de derechos sociales frente al capital. Sino apostar por una transformación radical de los procesos socioeconómicos y ajustarlos a las posibilidades del planeta y la biosfera.

* Rodrigo Fernández Miranda, Ecologistas en Acción
http://www.ecologistasenaccion.org/

Notas
[1] Seguramente el caso de las maquilas textiles para la producción de marcas transnacionales a menores costes y en condiciones fiscales, laborales y ambientales más ventajosas, destinada a la exportación hacia países del Norte, ubicadas en zonas francas de Centro América, Asia o África, sea el ejemplo más emblemático de este tipo de funcionamiento.
[2] Desplazando lo que hubiera en ese espacio hacia otra parte (por ejemplo, viviendas de protección oficial, si las hubiera) y la expropiación del suelo cuando éste estuviera en manos privadas.


* Madrilonia - febrero 2012


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La Expo que perdimos, 20 años después

ABC/Sevilla* : La Exposición Universal de Sevilla de 1992 marcó un hito en la historia de la ciudad, que aún mira a esa fecha para buscar inspiración con que afrontar el futuro. Este año cuando se cumple el XX aniversario de su celebración, la ciudad ha decidido sacar partido a la efeméride y ABC ha podido saber que la próxima semana el Ayuntamiento va a llamar a los grupos para constituir una comisión encargada de gestar los actos conmemorativos. La idea fue llevada a Pleno por el Grupo Socialista y el Gobierno del PP recogió de inmediato el guante con la idea de revitalizar el legado de la Expo 92, algo considerado por el Ayuntamiento como «absolutamente asumible» y muy bueno para potenciar «la marca Sevilla».
Del magnífico legado que dejó la muestra parte se ha perdido, otra muy importante se ha reutilizado y hay activos que están a la espera. A falta de sólo meses para que se celebre el XX aniversario de la Expo repasamos algunos lugares señeros.

En este apartado son, sin duda, el parque tecnológico Cartuja 93 y el parque temático Isla Mágica, los grandes herederos de la Expo 92, pues el espacio de la isla se planteó con la vocación de reconvertirse en un espacio económico, científico y tecnológico que sirviera de revulsivo para la ciudad después de la muestra universal.

Helipuerto. El Helipuerto de la Cartuja es público y sigue operativo. Fue construido en 1988 dentro del recinto de la Expo 92 y actualmente es gestionado por la UTE formada por Transportes Aéreos del Sur y Helisureste. Durante la muestra, estas instalaciones fueron utilizadas para la llegada de autoridades al evento y para vuelos panorámicos. Ahora además es utilizado por los servicios de tráfico, emergencia y extinción de incendios.

Caracolas de Urbanismo. La urbanización de salas prefabricadas que sirvió para la zona de oficinas durante la Expo se ha revelado como la edificación efímera que más ha durado en uso de todas las que hicieron para la Muestra Universal. Se trata de las ahora llamadas Caracolas de Urbanismo, donde tiene sede la Gerencia, que en anteriores mandatos municipales se trató de reubicar en nuevos edificios sin que haya sido posible. El último emplazamiento previsto por el Gobierno socialista para sede de Urbanismo fue la Torre Pelli, que ha sido descartado.

Lago. El gran lago que sirvió de núcleo alrededor del cual se ubicaron los pabellones autonómicos es otro de los activos de la Expo que Sevilla ha podido seguir disfrutando al haber sido reutilizado por el parque temático Isla Mágica. Durante la muestra del 92, el lago cumplió un papel relevante, ya que servía de escenario para el espectáculo de luz y sonido que cerraba la jornada. Ahora en Isla Mágica el lago sigue como soporte de un espectáculo similar para el cierre.

Espacios perdidos

De todo lo que se perdió de la Expo, lo más llamativo puede ser el sistema de bioclima que se logró en la Cartuja. La urbanización y ajardinamiento del recinto jugaron un papel fundamental, en el que sobresalieron dos elementos llamativos: las pérgolas vegetales y la esfera bioclimática. De las pérgolas una parte se sigue utilizando en el parque tecnológico, mientras que otras piezas se han reubicado en puntos de la ciudad como Puerta de Triana o delante de la Estación de Santa Justa. La esfera bioclimática no ha sido puesta en valor y se mantiene solamente como adorno en la avenida de Marie Curie.

Canal. El presidente de Cartuja 93, la sociedad gestora del Parque Científico y Tecnológico, Isaías Pérez Saldaña, lleva años reivindicando la recuperación de la esfera, como también anunciando la construcción de una bolsa de aparcamientos en lo que fue el antiguo canal, que mantiene el sistema de compuertas por el que se alimentaba de agua del río. Sin embargo, el canal sigue seco y de los aparcamientos no se sabe nada más que los deseos de Pérez Saldaña.

Auditorio. El gran espacio escénico de la Expo 92, el auditorio al que se accede a través de una pasarela sobre el citado canal, ha sido bautizado en homenaje a la desaparecida Rocío Jurado, pero los planes para cerrarlo con una cubierta sigue sin proyecto.

Palenque. Es otro de los lugares emblemáticos de la Expo por su singular estructura, basada en una cubierta de lonas, que se perdió con el fin de utilizar los 11.247 metros cuadrados de superficie que ocupaba para oficinas. Esta edificabilidad era parte del acuerdo entre Agesa y el Ayuntamiento, pero si la empresa pública dependiente de la Consejería no cumple sus compromisos de pago con el Gobierno local, el Palenque perdería su edificabilidad y volvería a tener usos de ocio, con lo que el futuro del solar sigue en el aire.

Pabellón del Futuro. Usar el edificio como sede del Archivo General de Andalucía ha sido una de las últimas propuestas para el gran edificio de 25.000 metros cuadrados que se alza al pie del canal y junto a Isla Mágica en Cartuja. Sin embargo, no es la primera propuesta que se hace en relación a este edificio, para el que también se pensó que albergara el Museo de la Ciencia y un museo Aeronáutico y se llegó a hablar de convertirlo en hotel de cuatro estrellas. Nada de ello fraguó y Agesa sólo ha conseguido ubicar allí eventos efímeros, como las ferias de las ciencias.

Cine Omnimax. Esta atracción se convirtió en el emblema y el superviviente del malogrado pabellón de los Descubrimientos de la Expo 92, que ardió dos meses antes de la inauguración. Pese a ser muy visitado y a perdurar algunos años después del fin de la muestra, el cine fue cerrado y en el verano de 2005 la empresa Imax se llevó el proyector que estaba alquilado. Hubo oposición al cierre y se llegó a decir que construir un nuevo Omnimax en la ciudad de Sevilla costaría más de cinco millones de euros. El técnico Marko Markovitz, montador del sistema Imax en la Ciudad de las Artes de Valencia aseguró que el Omnimax sevillano era de los mejores del mundo en imagen y acústica.

Telecabina. Fue otra de las grandes atracciones de la Expo 92 que, además cumplió una función como medio de transporte y acceso. Las cabinas estaban colgadas a 25 metros y en ellas se podía llegar desde Torneo al recinto de la Expo y sobrevolar parte de la isla. Pero el telecabina dejó de funcionar en 1995 y aunque el Ayuntamiento propuso recuperarlo y usarlo para llegar al parque del Alamillo, nada de eso se hizo. Incluso otras ciudades como Jaén se interesaron por la infraestructura y tampoco cuajó.

Monorraíl. El tren elevado que se deslizaba por una viga era otro emblema de la Exposición Universal y también uno de los que han desaparecido de la Cartuja sin que haya sido reutilizado en la ciudad. Hubo propuestas para que sirviera de conexión entre Santa Justa y el aeropuerto, una idea que formuló el PP y cuyo coste rondaría los 7,5 millones de euros. Terminó por desaparecer.

Esperanza de uso

La Cabalgata. Recuperar la cabalgata de la Expo es una de las intenciones de Isla Mágica, que tiene expuestas en el parque temático buena parte de las carrozas que desfilaron durante la Expo tras haber sido restauradas. Entre los actos que el parque prepara para conmemorar el XX aniversario de la Exposición Universal se ha propuesto que la cabalgata vuelva a desfilar por la Cartuja.

Espacios recuperados
Estación Expo. Aunque el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias entregó a Renfe a finales de año la línea C-2, que comunicará la Cartuja con la estación de Santa Justa, aún no hay fecha para su puesta en servicio debido a que no ha entrado en funcionamiento la línea.
Pabellón de la Navegación. El día 2 de enero se abrió al público el Pavellón de la Navegación y tras permanecer doce años cerrado vuelve a ofrecer al público parte de los contenidos que tuvo en la muestra universal, como la colección de maquetas de barcos históricos, además de audiovisuales interactivos nuevos. El edificio ha requerido una inversión de once millones de euros para la remodelación.
Jardín Americano. Sevilla ha conseguido también recuperar una joya botánica como es el Jardín Americano, que se inauguró en abril de 2010, aunque la multitud de plantas que se mostró en este parque en el 92 ha quedado reducida a poco más de la mitad. Para la rehabilitación del Jardín Americano se han invertido 8,5 millones.

Ciudad efímera
ADRIANO
Esta ciudad fue siempre tan dada a lo fugaz que necesitaba consagrar ese espíritu del «carpe diem» con un acontecimiento definitivo: la Expo. Dos décadas después de la celebración de este hito que cambió la fisonomía de Sevilla, lo que queda de ella es su consecuencia, porque el tiempo ha demostrado que gran parte de ella misma no fue más que un avance de cartón piedra.



* ABC - A.ESTRELLA YÁÑEZ 05/02/2012
Foto: El Pabellón de la Navegación ha sido recientemente recuperado para la ciudad, después de que tras pasar la Expo quedara abandonado - abc

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C.Valenciana.- Urbanizaciones y vertidos asedian los humedales pese a la catalogación

ELPAÍS* : Construcciones de viviendas, vertidos de residuos, infraestructuras o simplemente laxitud en la protección. Los ecologistas valencianos ven pocos motivos para celebrar el décimo aniversario de la aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas, un registro de 48 que se logró sacar adelante con casi siete años de retraso y para el que la crisis puede suponer un respiro en forma de menor presión urbanizadora. También una amenaza por la falta de fondos para labores de conservación, aunque nunca fue el área más mimada a nivel presupuestario. “La tendencia es negativa. El catálogo fue una mera declaración de intenciones porque luego no se acompañó de normas para su gestión y criterios para la conservación de las faunas y floras de esos ecosistemas”, apostilla Carlos Arribas, portavoz en Alicante del grupo Ecologista en Acción del País Valenciano.

Arribas asegura que una década después los humedales más emblemáticos de la Comunidad Valenciana siguen amenazados por los mismos factores, a saber, presión urbanísticas en sus áreas de protección, vertidos de residuos sólidos y aguas residuales indiscriminadas, falta de agua o, en su defecto, de mala calidad por nutrientes como el fósforo. Como sea, no hay cifras al no existir una estadística de denuncias o multas incoadas por la Consejería por construcciones o vertidos en estas zonas.

De norte a sur del territorio valenciano, el panorama de los humedales es desalentador. En la provincia de Castellón, parajes tan emblemáticos como el Prat de Cabanes presentan las secuelas, entre ellas de la urbanización de Torre la Sal y el macrocomplejo Marina d'Or, aunque este un poco más alejados del perímetro de protección. En idéntica situación se encuentra el Marjal de Peñiscola. Aunque en este apartado del corrosivo efecto del ladrillo se lleva la palma el Marjal de Nules, prácticamente ocupado por edificaciones.

En la provincia de Valencia, el humedal de referencia es la Albufera. Ecologistas en Acción señala que el humedal presenta las mismas carencias que hace una década.

Es decir, sigue habiendo vertidos incontrolados y la aportación de agua no está asegura por el efecto depredador de los recursos de los nuevos sistemas de riego por goteo. Además, el agua del lago tampoco es de buena calidad, por excesos de nutrientes, especialmente el fósforo procedente del agua de los regadíos o de residuales. En esta provincia, hay otros dos humedales destacados: el Marjal del Moro, en Sagunto, y el Marjal Xeresa. El primero está amenazado por el crecimiento del puerto hacia el sur con un nuevo polígono industrial; y el segundo por las urbanizaciones levantadas a su alrededor.

Mientras, en la provincia de Alicante, el humedal de mayor envergadura el Saladar de Agua Amarga, al sur de la capital alicantina, presenta un panorama que para un lego en materia medioambiental más bien semejaría un secarral. El entorno, a la presión de la presión urbanística del enclave de Urbanova ha sumado el efecto desecación por la actividad de la planta desaladora. Pero su futuro no parece más halagüeño para un humedal cuya única figura de protección es formar parte de este catálogo: el aeropuerto de l’Altet planea una segunda pista de aterrizaje que se adentraría hasta las entrañas del humedal.

Otro entorno destacado son las Lagunas de Rabassa (fuera del catálogo), en el extrarradio de la capital. Ese entorno tampoco se ha caracterizado por su grado de protección y ahora está amenazado por la futura macrourbanización proyectada, el plan Rabassa con cerca de 14.000 casas. El paraje del Hondo igualmente ha gozado de unos niveles de protección bajos, sobre todo a la hora de facilitar la vida a la colonia de aves protegidas, la cerceta pardilla.

“La crisis supone un respiro porque la principal amenaza, al menos para los humedales de Alicante, es la presión urbanística”, enfatiza Miguel Ángel Pavón, responsable de protección del territorio de EU en Alicante. El paradigma del acoso urbanístico a humedales protegidos es el parque de las Salinas de Santa Pola y Torrevieja. El primero, además de las decenas edificaciones levantadas alrededor de su perímetro de protección se ve ahora agredido por la construcción de un camping, que impulsa el Ayuntamiento de Elche en el límite con el término municipal de la vecina Santa Pola. Y algunas de las viviendas ilegales de Catral están levantadas sobre el perímetro de protección del Hondo. “Se ha hecho la vista gorda”, denuncia Pavón.

Los colectivos ecologistas reclamaron sin éxito antes de que se cerrara el catálogo de zonas húmedas aprobado definitivamente en septiembre del año 2002 la incorporación de otras muchas zonas en el citado registro. El catálogo llegó con casi siete años de retraso, ya que la ley de Espacios Naturales Protegidos, aprobada en diciembre de 1994, daba un plazo de un año para cerrar esta lista. Casi siete años en los que quedó por el camino una lista elaborada por los socialistas en 1995 y un proyecto de catálogo presentado por el consejero de Medio Ambiente que precedió a Fernando Modrego, el regionalista José Manuel Castellà, socio de Gobierno del entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, del PP, merced a su pacto con Unión Valenciana. Aquel catálogo de los regionalistas no fue del agrado del Consell, que bloqueó el documento, lo que ha supuesto un retraso de otros tres años.

En este apartado, Pavón recuerda que el catálogo de Castellà tenía un aspecto positivo que desapareció con la llegada de Modrego, ya que el perímetro de protección que preveía para las zonas húmedas “se intentaba ligar a la cuenta hidrográfica” correspondiente, lo que en la práctica ampliaba la zona de protección.

El responsable de Esquerra Unida de Alicante lamenta también que diez años después este catálogo siga sin apenas ampliaciones a pesar de las constantes reclamaciones de los colectivos ecologistas y conservacionistas. “Se optó por un catálogo restrictivo y así se ha mantenido”, lamenta el dirigente de EU. Una crítica que desde la Consejería de Infraestructuras rechazan de plano. “Todas las zonas húmedas de la Comunidad Valenciana están protegidas mediante la Ley de Espacios Naturales, con independencia de si están catalogadas o no. En el catálogo figuran las más significativas”, esgrime el departamento que dirige Isabel Bonig.

Pavón, por otro lado, asegura que el catálogo tendría que haberse completado con una reglamentación de los usos permitidos en los perímetros de protección de las zonas húmedas para que los proyectos que se presentan y que les afectan o invaden de alguna forma no dependan de “la arbitrariedad de la administración” sino de criterios objetivos previamente regulados. Infraestructuras, sin embargo, lanza la pelota al tejado de los ayuntamientos y de las confederaciones hidrográficas, a quien asegura, les “compete adoptar las medidas oportunas en cada caso”, aunque admite a renglón seguido que con la supervisión de la Consejería.


* El País - ROSA BIOT / SANTIAGO NAVARRO Alicante 4 FEB 2012
Foto: El humedal de la Marjal del Moro - elpais

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"Hay una absoluta falta de voluntad de imponer la legalidad urbanística"

EUROPASUR/Cádiz* : A mediados de 2009, se fue 'fichado' por el ministro socialista Francisco Caamaño como asesor de Justicia. En principio, para seis meses, que se terminaron prolongando hasta los dos años y medio. Tras la victoria electoral del PP, ha retornado a la Fiscalía provincial con un regusto agridulce: muy satisfecho de la labor realizada pero consciente de que demasiadas cosas no llegaron, no ya a salir del tintero, sino incluso ni a entrar. Y que no pocas de las que se han abordado, no serán puestas negro sobre blanco.
Ángel Núñez, que era entonces el fiscal delegado de Medio Ambiente, ahora, prácticamente recién aterrizado en el Palacio de Justicia, está pendiente aún de una reorganización que el Ministerio Público va a realizar para saber exactamente cuál va a ser su cometido a partir de ahora. En su ausencia, fue nombrada delegada de Medio Ambiente la fiscal Patricia Navarro. Él aún no tiene tomada una decisión al respecto, aunque se le escapa un "tampoco es mi intención volver a Medio Ambiente".
Dice que prefiere reservarse su opinión sobre los resultados de la titánica lucha contra el urbanismo ilegal emprendida en la Fiscalía, con la defensa a ultranza de la demolición como punta de lanza que le reportó reconocimientos y a la postre, su pasaporte a Madrid, cosechados en los últimos tiempos en la provincia. Tiempos en los que la piqueta apenas ha entrado en acción, y con sucesivas resoluciones judiciales paralizando o posponiendo derribos. Pero, nobleza obliga, se le escapa también una rotunda afirmación que suena a corolario: "Hay una absoluta falta de voluntad de imponer la legalidad urbanística".

El desalentador panorama, lejos de mejorar, lleva camino de empeorar bastante. Así lo deja entrever Núñez aludiendo a la anunciada profunda reforma de la Ley de Costas por parte del ministro popular Arias Cañete, con objeto de hacerla compatible "con el crecimiento". El comentario del fiscal al respecto es breve pero elocuente: "No parece que vengan buenos tiempos para el medio ambiente".

Sí se explaya y se le nota emocionado al otro lado del teléfono al efectuar un balance de su etapa como asesor de Justicia. "Ha sido magnífico. Hemos hecho la reforma del Código Penal más importante desde 1995, y el primer anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881 en tres siglos. Hemos contado en Justicia con los presupuestos más elevados de la democracia, y se ha avanzado en la Nueva Oficina Judicial y en la informatización del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. El trabajo ha sido apasionante", suelta de carrerilla.

Especialmente orgulloso está de su trabajo en la comisión creada para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "La actual, con tres siglos de antigüedad, es 'frankenstein', está llena de remaches y ya no caben más. Nuestro anteproyecto es ahora objeto de estudios doctrinales en las Universidades. No sé qué piensa hacer con ello el nuevo Gobierno".

A su juicio, la reforma urge porque el sistema procesal penal español "es un desastre". Entre otras cosas, porque "no favorece la agilidad, provoca que la contradicción se traslade a la instrucción. Y carecemos de regulaciones vitales como en el caso de las escuchas telefónicas. Hace falta una ley de nueva planta íntegra".

Ha sido miembro de infinidad de comités y comisiones. Un recuerdo especialmente grato guarda de la comisión para la modernización del lenguaje jurídico, a la que pertenecían entre otros el presidente de la Real Academia Española, y periodistas de los principales diarios nacionales. También alude a sus encuentros con la comisión para la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial. Una norma "totalmente desfasada. El partido judicial tenía razón de ser en el siglo XIX, ahora no. Los juzgados no pueden funcionar como islas, es perentoria la reforma".

Por último, menciona también su participación en el futuro estatuto de la carrera fiscal y en los trabajos previos para la redacción de la controvertida ley Sinde, contra la piratería de la propiedad intelectual.

Su retorno a su plaza de fiscal en Cádiz ha coincidido prácticamente con el fallo de la Justicia norteamericana a favor de España en el caso Odyssey , por el que la empresa cazatesoros tendrá que devolver a nuestro país el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. En total, una colección de 500.000 monedas de oro y plata halladas en 2007. Antes de irse como asesor a Madrid, Núñez era el fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo, y por sus manos pasó el expolio del Odyssey. "Yo trabajé en las reuniones con la Armada para intentar recuperar el tesoro. Ha sido un resultado magnífico este fallo".


* Europa Sur - ROSA ROMERO 05.02.2012

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