ELPAÍS* : En condiciones de semi esclavitud, millones de bengalíes convierten el barro en el material que da consistencia a la burbuja inmobiliaria.
Es uno de los países menos industrializados y más pobres del mundo, pero eso no impide que su capital, Dacca, sea una de las más contaminadas. Algo afectan los auto-rickshaws, esos triciclos motorizados que llenan los pulmones de la población con el gas CNG que utilizan para propulsarse, pero la verdadera razón hay que buscarla en los alrededores de la principal ciudad de Bangladesh. Porque Dacca está sitiada por un cinturón de chimeneas de las que mana sin cesar el humo negro característico del carbón.
Y no se trata de centrales térmicas. Son fábricas de ladrillos, una de las principales industrias del país, capaz de producir más de 12.000 millones de unidades al año. No obstante, esta fuente de riqueza lo es también de unos tres millones de toneladas de CO2, ya que hacen falta 23 toneladas de carbón para cocer 100.000 ladrillos, el triple de lo que consume China con tecnología mucho más avanzada.
Por si fuera poco, las 4.500 instalaciones existentes provocan, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un grave problema de deforestación y la degradación del suelo, algo que tiene graves consecuencias en la agricultura y en la polución de los ríos.
Aunque el problema ya fue analizado en profundidad en 2007, y en 2010 se puso en marcha un plan quinquenal para reducir las emisiones, basta con un vistazo para certificar que se ha avanzado poco desde entonces en la situación que impera en las fábricas.
Allí, bajo un sol de justicia, con sus manos y sin ningún tipo de control de seguridad, miles de trabajadores convierten el barro en la materia que blinda la burbuja inmobiliaria que ha servido para crear una pequeña, pero poderosa, elite económica. Entre quienes hunden sus pies en el lodo hay mujeres y niños, familias enteras que han viajado cientos de kilómetros desde las provincias más remotas para dar forma a los ladrillos que cubren amplias extensiones de terreno durante los cuatro o cinco meses de la estación seca. Es como la campaña de la vendimia o de la recogida de la fresa, salvo porque allí no crece, ni crecerá, vegetal alguno.
El proceso es simple, y se lleva a cabo con técnicas propias de la Edad Media. Hombres descalzos y con el torso desnudo extraen la tierra más adecuada para luego darle forma con unos moldes de madera que también imprimen el nombre de la empresa que venderá cada ladrillo a unos 5 takas (5,2 céntimos de euro). Poco a poco, el lodo se convierte en una alfombra gris de cinco centímetros de grosor, a la que el sol y el trabajo de los niños que voltean los ladrillos se encargan de ir arrebatándole el agua.
Ya secos, los ladrillos se transportan en carretillas hasta la cocina, el gigantesco horno en el que se cuecen en tandas de unas 6.000 piezas. Para que la temperatura se mantenga, los trabajadores tienen que estar introduciendo constantemente carbón a través de los orificios que dan acceso al fuego, con mucho cuidado de pisar en los improvisados tabiques y no caer sobre las llamas. "Siempre hay accidentes, es inevitable, y muchos no aguantan las condiciones de trabajo", reconoce Liakot, un trabajador de 42 años procedente de la provincia de Kulna, que comienza su jornada a las seis de la mañana y acaba, "si hay suerte", a las cinco de la tarde. "Lo que más me preocupa es que me pase algo, porque no tenemos ningún seguro y mis hijos morirían de hambre sin mí", afirma.
Liakot y sus compañeros se embolsan alrededor de 10.000 takas al mes (unos 110 euros), suficiente para dar de comer a sus familias al norte del país. "Llevamos viniendo ya tres años, y podemos ahorrar unos 100 takas al día (1,1 euros)". Bastante, creen, a pesar de que corren grave riesgo de sufrir graves enfermedades respiratorias e infecciones oculares crónicas.
Mientras tanto, cada empresario se embolsa, según estimaciones de la prensa local, no menos de 70.000 dólares (53.000 euros) al año, y todos residen lejos de las chimeneas, cuya altura es, generalmente, un tercio de los 40 metros obligatorios. "Los beneficios son más que suficientes para invertir en tecnologías limpias, pero la avaricia dificulta los avances", explica Shirin Akhter, trabajadora de Ayuda en Acción en Bangladesh.
La corrupción, por su parte, se encarga de que las mejoras sean casi imposibles, porque impregna todos los estratos de la sociedad. Los trabajadores tienen que pagar "una mordida" a los líderes locales en sus lugares de origen para conseguir el empleo, y los empresarios tienen las carteras suficientemente abultadas como para comprar el silencio de políticos a mayor nivel. "Todos ellos se lucran. Los únicos que pierden son los trabajadores, los pobres que viven en los alrededores, y el Medio Ambiente", sentencia Akhter.
* El País - ZIGOR ALDAMA - Dacca - 13/01/2012
Foto: Vista general de una de las fábricas de Ashulia con cientos de miles de ladrillos puestos a secar.- ZIGOR ALDAMA
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IDEAL/Almería* : La Fiscalía ha trasladado al Juzgado de Instrucción Decano de Roquetas de Mar (Almería) una denuncia para que se investigue un posible delito de prevaricación urbanística en la concesión de una licencia en 2007 para la construcción de diez viviendas de lujo en este municipio almeriense.
Fuentes judiciales han explicado a Efe que la Fiscalía, a partir de la denuncia de una particular, ha observado "indicios" del delito, recogido en el artículo 320 del Código Penal, en la concesión de la licencia en la zona de La Fabriquilla de Roquetas de Mar, en concreto en la parcela número 11 de la unidad de ejecución 109, y que afectaría al entonces concejal de Urbanismo, José María González (PP), si bien por el momento no hay imputación.
La denuncia fue presentada el 13 de enero por la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Almería ante el Juzgado de Instrucción Decano del municipio almeriense, que deberá proceder a su reparto al juzgado que corresponda.
Esta actuación se deriva de la denuncia presentada por una particular ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y que finalmente fue derivada a la de Almería, que ha decidido solicitar el inicio de las diligencias previas, han señalado las fuentes.
La licencia para la edificación de diez viviendas unifamiliares se concedió en 2007 de acuerdo a una modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en marzo de 2006 para cambiar el uso de la parcela en cuestión, de comercial a residencial.
* Ideal . EFE - 24.1.12
Foto: ayuntamiento roquetas
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ELCORREO* : El Ayuntamiento de Vitoria ha estrenado esta mañana, con éxito, el nuevo sistema de reparto de pisos protegidos en el que los solicitantes deben aportar una fianza para participar en el sorteo. De esta manera se quiere evitar las renuncias entre los que ciudadanos que resultan agraciados con un VPO, que alcanzaba cerca del 40% en los últimos sorteos, y “conseguir que aquel vitoriano que de verdad necesita un piso protegido, de verdad lo consiga”, ha explicado el concejal de Urbanismo, el popular Miguel Garnica.
Como resultado del nuevo modelo, en las dos promociones sorteadas hoy -69 casa en total, ambas en Arechavaleta-Gardélegui- ha habido más apartamentos que solicitantes por lo que todos los que han concurrido han ganado, ya que los que no han visto salir su número dentro del cupo al que se habían apuntado -y para lo que había que depositar 100 euros de fianza- pueden optar al premio de consolación que supone solicitar una de las viviendas que han sobrado en los otros grupos.
Más adelante, el resto de ciudadanos apuntados en Etxebide, independientemente de que no hayan concurrido al sorteo, también podrán apuntarse en las listas de reserva y conseguir uno de los pisos de VPO. “De este modo evitaremos las renuncias que tantos problemas y desilusiones creaban entre el resto de aspirantes a una VPO”, ha asegurado Garnica.
* EL Correo - 20.01.12 - S. EGUÍA
Foto: Vitoria-Gasteiz, ayuntamiento - Miguel A. Garcia (vitoria-gasteiz.org)
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ELPAÍS* : La población urbana es por primera vez mayor que la rural en China, un cambio histórico que tendrá grandes consecuencias sobre la fuerza laboral en la llamada fábrica del mundo y someterá a una fuerte presión a los servicios sociales, el transporte y el medio ambiente en las ciudades, según los expertos. En 1949, cuando Mao Zedong proclamó la República Popular China tras vencer a los nacionalistas de Chiang Kai-shek gracias al apoyo de las masas agrarias, el 89% de la gente vivía en el campo. En los 30 años que siguieron, esta cifra solo bajó ocho puntos y se situó en el 81%.
Pero el proceso de apertura y reforma lanzado por Deng Xiaoping en diciembre de 1978 tras la muerte del Gran Timonel llevó a cientos de millones de campesinos a dejar sus pueblos en las décadas que siguieron para beneficiarse del rápido crecimiento económico. El fenómeno ha sido de tal envergadura que a finales de 2011 vivían en las ciudades 690,79 millones de personas –es decir, el 51,27% de un total de 1.347,35 millones de almas-, frente a 656,56 millones en el campo (el 48,73%).
Los datos, facilitados el martes pasado por la Oficina Nacional de Estadísticas, marcan un punto de inflexión en el país más poblado del mundo, que ha experimentado uno de los procesos de transformación social y económica más rápidos e intensos de la historia de la Humanidad. Según el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, la urbanización de China, junto con los avances tecnológicos en Estados Unidos, son los dos fenómenos más importantes que moldearán el desarrollo del mundo en el siglo XXI.
Se prevé que en 20 años la población urbana represente el 75% del total. Para entonces, el país asiático podría haber superado como mayor economía del mundo a Estados Unidos, donde en la actualidad el 82% de la gente vive en las ciudades. En India, es el 30%, y en el conjunto del mundo, el 51%. “China ha sido un país basado en la agricultura durante miles de años. La agricultura reflejaba la gestión y la organización del país. Ahora, se ha convertido en urbano”, afirma Duan Chengrong, subdirector del Instituto de Sociedad y Población en la Universidad del Pueblo, en Pekín.
Los investigadores afirman que el número creciente de residentes urbanos está ejerciendo una gran presión sobre los recursos –como agua, gas, electricidad-, los servicios sociales –hospitales, colegios- o las infraestructuras de transporte. Además, menos campesinos pobres puede significar menos mano de obra barata para las factorías o, en cualquier caso, obreros más exigentes y salarios más altos. Algo que ya está ocurriendo, con las consiguientes consecuencias para la fábrica del mundo, y, potencialmente, para el paisaje manufacturero global.
Una gran parte de quienes integran el cambiante paisaje de las ciudades chinas son trabajadores llegados en busca de empleo en la construcción, en los restaurantes o en otros sectores. Según la oficina estadística, hay 252 millones. Estos emigrantes en su propio país son tratados a menudo como ciudadanos de segunda clase. Aunque son contabilizados como residentes urbanos si llevan trabajando en la ciudad más de seis meses, su hukou (registro de residencia) sigue estando en sus pueblos, por lo que tienen poco o ningún derecho a seguridad social y servicios de educación en los lugares a los que se han trasladado.
“La vida de quienes emigren a las ciudades será más dura de lo que pensaban. Estos trabajadores están en lo más bajo de la sociedad. No tienen los mismos beneficios sociales que los residentes urbanos. Sus salarios son inferiores a los de los locales y sus costes de vida son más altos porque no tienen hukou urbano. El hukou es uno de los mayores problemas que tendrá que resolver el Gobierno”, asegura Cheng Jiansan, director del Centro de Investigación Económica del delta del río Perla -zona donde hay miles de fábricas- en la Academia de Ciencias Sociales de la provincia sureña de Guangdong.
Esta situación ha generado frustración entre muchos emigrantes –especialmente, los jóvenes- y ha sido fuente de protestas violentas. En junio del año pasado, estallaron tres días de disturbios en Guangdong, después de que corrieran rumores de que varios agentes habían apaleado hasta la muerte a un vendedor callejero y habían maltratado a su esposa embarazada. Luego resultó que el hombre estaba vivo, pero la amplitud de la revuelta puso de manifiesto el resentimiento existente entre los emigrantes.
“El proceso de urbanización ha tenido un efecto positivo porque ha dado trabajo a los habitantes de las zonas rurales, pero, al mismo tiempo, muchos han sido explotados”, dice Geoffrey Crothall, portavoz de China Labour Bulletin, una organización de defensa de los derechos laborales en China con sede en Hong Kong. “El rápido desarrollo que están experimentando algunas regiones del interior está haciendo que muchos trabajadores regresen a sus pueblos porque ahora hay más oportunidades”.
La sociedad agraria que llevó al poder a Mao Zedong se está diluyendo. Pero el Gobierno confía en que el aumento de la clase urbana ayude a impulsar el consumo y, por tanto, la economía, ahora demasiado dependiente de las exportaciones y la inversión. Porque el dinero sigue estando en las ciudades. El ingreso per cápita anual disponible en las zonas urbanas alcanzó el año pasado 21.810 yuanes (2.690 euros), un 8,4% más que en 2010, mientras que en el campo el ingreso per cápita en metálico (es decir, sin incluir, por ejemplo, las rentas que suponen el consumo de alimentos de cultivo propio) fue de 6.977 yuanes (860 euros), un 11,4% más.
Para ello, los dirigentes chinos deberán mejorar las condiciones de estos emigrantes internos. “La esperanza del Gobierno es que contribuyan al consumo, pero veo muy pocas evidencias de que esto haya ocurrido en los últimos años”, afirma Crothall. “Siguen teniendo que ahorrar mucho para hacer frente a la falta de seguridad social y ayuda al desempleo, o al coste de la educación de los hijos”.
* El País - JOSE REINOSO Pekín 19 ENE 2012
Foto: Miles de emigrantes abarrotan un tren para volver a sus pueblos por el Año Nuevo chino. / C. BARRIA (REUTERS)
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CUARTO MUNDO* : El debate sobre la vivienda es constante. Pero en él poco se dice sobre las condiciones en las que viven quienes habitan en barrios de chabolas, sobre las familias que llevan años ocupando pisos vacíos porque no tienen otra opción de alojamiento que les permita seguir juntos o sobre lo duro que es dormir en la calle. Solo se habla de ellos cuando hay derribos, expulsiones o políticas que tratan de eliminarles de la visión pública.
A lo largo del año pasado, en la Universidad Popular Cuarto Mundo, estuvimos reflexionando sobre el derecho a la vivienda digna, reflexión que recogimos en el documento Vivienda Digna para todos y todas.
Partimos de definir qué es una vivienda digna: un lugar que reúne las condiciones básicas para estar y para dormir; un lugar para la familia, en el que poder relacionarse y acoger; un lugar en el que poder tener autonomía y no estar sometido a otros.Cuando conceden la vivienda lo que se hace es controlar y vigilar, sobre todo a los más pobres, transformando su vivienda en una cárcel, fomentando el miedo a perder lo poco que se tiene: “Por un lado te están dando, y por el otro lado te están quitando, como el perro y la presa cuando la engancha. Te la están dando, pero te están vigilando. Una educadora, te la mandan para que te ayude, no te la van a dar para que te vigile. Pero se quedan con todo: si llevas el piso limpio, si no lo llevas limpio...”. Se vulneran así sus derechos a la autonomía y a la intimidad: “A mí, cuando me dieron el piso, la trabajadora social le dijo a la presidenta de la comunidad: ´todo lo que haga, me lo dice´”.
Y la lucha de quienes viven en situaciones más difíciles no cesa. Viviendo en la calle hay que esforzarse por mantener los cartones secos y moverse protegiendo las pocas pertenencias que se tienen; en la chabola se hacen grandes esfuerzos por mantener la limpieza y la higiene; cuando se consigue una vivienda protegida la lucha es para poder pagar alquiler, comunidad y facturas, sobre todo cuando el único ingreso fijo es la Renta Mínima de Inserción. Además, en todos estos casos, ser considerado diferente a los demás también obliga a un esfuerzo de convivencia.
¿No es posible otro modelo de política de vivienda? Si se aprovecharan las capacidades individuales se podría avanzar más, por ejemplo permitiendo que se asuman más responsabilidades en la construcción, el diseño y el cuidado de las casas. Así se construyeron, de hecho, los nuevos barrios de las grandes ciudades que surgieron con la migración interna del siglo pasado: a partir de la lucha colectiva, que llegó a ser reconocida por la Administración, como por ejemplo en el famoso Plan de Remodelación de Barrios de Madrid.
Ese es el reto ahora. Conseguir organizar una lucha común que aúne los esfuerzos de todos, no sólo de los que se expresan mejor o tienen más visibilidad. Y, desde ahí, desde esa puesta en pie individual y colectiva, forzar a los poderes públicos a asumir sus responsabilidades y promover una política de vivienda que permita a todos y a todas vivir con dignidad.
* El País - Opinión - 16.1.12
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INFORMACIÓN/Alicante* : A Benidorm le bastaron cincuenta años para dejar de ser un pequeño pueblo y convertirse en una ciudad, en una gran ciudad. Esa vertiginosa transformación no siempre tuvo buena fama: durante años, la capital de la Costa Blanca fue expuesta en la picota como emblema de la masificación urbanística y de la hegemonía del hormigón. Hoy, en cambio y más allá de gustos subjetivos, los expertos coinciden en subrayar la sostenibilidad económica y medioambiental del modelo vertical. De ahí que la ciudad haya decidido aparcar sus complejos -si es que aún le quedaba alguno-, darse un baño de autoestima y presumir de historia urbanística: y lo hará a través de una exposición que reflejará a través de fotografías, documentos y planos el nacimiento de la actual urbe turística y que se inaugurará el próximo 31de enero bajo el título "Benidorm. 50 años de urbanismo: 1961". "Enseñamos nuestro urbanismo porque estamos orgullosos de él", explicó ayer el concejal del ramo, Juan Ángel Ferrer.
La muestra difundirá aquellas iniciativas arquitectónicas públicas y privadas que a partir de principios de la década de los sesenta contribuyeron con espíritu ciertamente pionero a crear de la nada una ciudad nueva y que hasta ahora se encontraban almacenados en el archivo municipal: proyectos creados por arquitectos e ingenieros orientados hacia el turismo y que le otorgaron a Benidorm un "carácter único", como subrayó por su parte la edil de Patrimonio Histórico, Eva Mayor. Lógicamente en esa relación, los planos de los hoteles concebidos en aquella época tendrán un papel destacado: será el caso de la ampliación del hotel Delfín, del hotel Palmeral, el España o el Montesol; también de aquellas salas de fiestas como la Katanga o el Bolero que asombraron a la España del desarrollismo; de la ampliación de la ya desaparecida residencia de la Alameda o del camping Almafrá; de la creación de una oficina de la compañía Ubesa en el Parque de Elche; o de iniciativas públicas como la Plaza Triangular o la reforma del Parque de Elche.
Lo que podrá verse en la exposición son sobre todo bocetos técnicos gestados en 1961: la mayoría se llevaron a cabo, aunque otras propuestas, como la ampliación del centro escolar Nuestra Señora de los Dolores, nunca vieron la luz. ¿Y porqué de 1961? Porque ya han transcurridos los cincuenta años que marca la ley para que estos proyectos puedan hacerse públicos. De ahí que, según Mayor, en los próximos años, se repitan este tipo de exposiciones para recoger otros proyectos conforme vayan cumpliendo ese medio siglo de antigüedad y puedan ser accesibles para el público.
Una ciudad planificada que evitó problemas sociales y de movilidad
En 1961, arquitectos, técnicos e ingenieros trabajaban a toda máquina para trasladar de los planos a las calles la filosofía del famoso Plan General de 1956 que acabaría por forjar la Benidorm actual. Fue pues una Benidorm planificada en todo momento y que sabía muy bien lo que quería ser de mayor: una ciudad "densa, sostenible y compacta", según describió ayer Juan Ángel Ferrer. " Logramos un urbanismo que ahora nos atrevemos a mostrar en una exposición, algo que no todo el mundo puede decir". El concejal agregó que esa forma de hacer las cosas permitió que Benidorm naciera "bajo el signo del equilibro" y evitara problemas "de comunicación, de movilidad o de carácter social". De ahí que ahora haya llegado el momento de recuperar "la perspectiva de nuestra evolución urbanística en los últimos 50 años" añadió la edil de Cultura, Eva Mayor.
* Información -24.1.12
Foto: Benidorm antigua - turismo
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ELPAÍS/Coruña* : Ladrillo a ladrillo, la enorme chimenea de la vieja fábrica de lápices de Ferrol encoge unos metros cada día. Los operarios empezaron a desmontarla a mano el pasado miércoles aupados por una grúa a 35 metros de altura. A la chimenea le seguirá un desvencijado tejado de uralita, cuajado de amianto, que habrán de retirar con todas las precauciones exigidas para manipular un material cancerígeno que ya se ha cobrado muchas vidas entre los trabajadores del naval de la ría. El resto de la fábrica caerá al paso de la maquinaria pesada y las palas excavadoras.
La promotora Jerpu, SA, propietaria del recinto, ha iniciado el derribo del complejo fabril más emblemático de Ferrol Vello para construir dos edificios con medio centenar de viviendas en un solar privilegiado de 3.500 metros cuadrados con vistas al puerto interior. Tirar abajo la fábrica les costará unos 300.000 euros.
El permiso de demolición se aprobó por silencio administrativo. Así lo reflejó una sentencia del juzgado contencioso administrativo de Ferrol fechada el 27 de octubre de 2010.
Ni los tribunales ni la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta y el Ayuntamiento de Ferrol, en manos del PP, han puesto trabas al derribo de Hispania, que sí cuestionan los tres grupos de izquierdas (PSOE, IU y BNG) y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Hace cinco días, congregaron a unas 30 personas ante la fábrica tras la pancarta “No al derribo, no a la especulación”. Reclaman que se proteja el inmueble, o parte de él, como ejemplo de la arquitectura industrial y que se recicle como centro sociocultural.
La fábrica, que llegó a producir cerca de 36.000 lápices al día, llevaba prácticamente tres décadas abandonada, colonizada por la basura, la maleza y las ratas. Su inminente desaparición apenas ha abierto brecha en el barrio de Ferrol Vello, catalogado en 2011 como Bien de Interés Cultural (BIC), que pierde uno de sus inmuebles más representativos. Un grupo de vecinos se opone al derribo pero la mayoría parece columpiarse entre la indiferencia y el deseo de ver renacer una barriada que, estéticamente, se quedó atrapada en la posguerra.
Hispania fue la apuesta empresarial de Alberto Fernández Martín, que vio en los lápices su pasaporte al éxito. Fundó la compañía en 1934 y se mudó a la fábrica de Ferrol Vello ocho años después. Superado el bache de la Guerra Civil, la compañía pronto dio beneficios y ganó mucho dinero en los 50 fabricando los lápices Johan Sindel y bolígrafos Bic. La empresa echó el cierre en 1986, incapaz de competir con Asia, y desde entonces la ruina ha campado a sus anchas por el edificio.
La demolición se autorizó en pleno ordinario el 29 de diciembre con los votos de PP e Independientes por Ferrol y el rechazo de PSOE, IU y BNG. Un día antes, la Comisión de Urbanismo valoró las sentencias y escritos que “instaban al Ayuntamiento a autorizar el derribo” y rechazó las alegaciones a la modificación puntual del PXOM para la parcela. “La sentencia judicial no contempla la posibilidad de exigirle al propietario que conserve una parte de la fábrica”, explicó Guillermo Evia, responsable de Urbanismo.
El TSXG ya había multado al anterior gobierno socialista por retrasos en la ejecución de las sentencias que daban la razón a la constructora. Jerpu presentó el proyecto de demolición en 1996 y ha batallado en los tribunales durante 15 años para recabar permisos y sortear las trabas administrativas al derribo. La promotora tiene a su favor los mandatos judiciales y el visto bueno de la Xunta y del Gobierno local, que non han visto en la fábrica nada especial que la salve de ser demolida.
El 5 de enero, en un último intento por detener la actuación, Izquierda Unida presentó un recurso de alzada contra la autorización de Patrimonio que en noviembre había levantado el último freno a un derribo que había descartado en febrero con un informe desfavorable. “Agotaremos todas las vías legales para impedir un atropello sin remedio contra el patrimonio histórico y la memoria de la ciudad”, asegura Yolanda Díaz, coordinadora de IU en Galicia y edil en Ferrol. Díaz acusó al Ejecutivo popular de actuar como “una brigada de demolición al servicio de los intereses inmobiliarios” y le reprocha a la Xunta que en ocho meses cambiase de parecer sobre la fábrica. El BNG también ha criticado que el gobierno de José Manuel Rey se apresure a dar luz verde al desmontaje sin esperar a que la redacción del Plan Especial para Ferrol Vello estudie otras alternativas para este espacio.
Otro colectivo muy beligerante contra el derribo han sido los arquitectos de la delegación ferrolana del COAG capitaneados por Miguel Reimúndez, exedil de Vivienda de Ferrol con el bipartito PSOE-IU del 2007. Opina que la rehabilitación de Hispania “es una oportunidad en la trama de la ciudad” y que debería salvaguardarse al menos la estructura de la chimenea y la zona de oficinas. Los últimos en terciar en la polémica han sido los técnicos del comité internacional del patrimonio industrial que pretenden elevar a la Unesco una petición para detener la demolición.
No parece probable que la vieja Hispania pueda escaparse al derribo que la ronda desde hace años. Casi 'in extremis', IU mantendrá este jueves una reunión en Santiago con el director general de Patrimonio, José Manuel Rey Pichel. La formación ha pedido a la promotora que aparque temporalmente la demolición para “no causar daños irreparables a una construcción de indudable valor histórico”.
El País - Lorena Bustabad Ferrol - 23 ENE 2012
Foto: Obras de demolición en la emblemática factoría ferrolana que han provocado las protestas de la oposición municipal y del colegio de arquitectos. / GABRIEL TIZÓN
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ELPAÍS/Reportaje* : Esas urbes submarinas de ensueño protegidas por domos inmensos o los vehículos que vuelan sobre las metrópolis en la película de Blade Runner tardarán bastantes años en ser realidad. La ciudad que viene, la de dentro de un par de décadas, no rompe radicalmente con la apariencia de la actual. Eso sí, en sus entrañas y de una manera silenciosa, vivirá una transformación similar a la de la llegada de Internet a nuestras vidas, afirman las empresas tecnológicas y las ciudades que ya se han montado al tren del cambio. La urbe, con ayuda de la tecnología, será más limpia, ecosostenible, ofrecerá una mejor calidad de vida a sus vecinos. Deberá ser mejor gestionada por sus gobernantes. El primer reto: ¿Quién pagará la factura?
El cambio no es un asunto meramente estético. En el año 2050, el 75% de la población mundial vivirá en ciudades, según Naciones Unidas. Esto equivale a 6.000 millones de personas. En España, esta cifra se eleva hasta el 82%. "El cambio climático derivará en migraciones a gran escala dentro de cincuenta años", asegura Greg Clark, presidente de Business of Cities. Los recursos naturales disponibles son limitados y hay que estar preparados buscando un modelo que permita racionalizarlos.
El paradigma de esta nueva concepción se llama smart cities (ciudades inteligentes, en inglés) y fue el tema de debate durante la Smart City Expo World Congress, que se celebró a principios de diciembre en la Fira de Barcelona. Allí se dieron cita más de 300 expertos de 20 países del mundo y se presentaron varias aplicaciones que ya se ven en algunas ciudades españolas como la capital catalana, Santander o Málaga.
Una smart city, según los expertos, es una urbe que aplica soluciones innovadoras para conseguir una mayor calidad de vida de sus habitantes. Esto pasa por la tecnología. Ahora es posible crear ciudades "sensibles", que mediante sensores, por ejemplo, arrojen datos en tiempo real sobre temas claves como la contaminación, las basuras, el tráfico o el consumo energético. Y con toda esa información centralizada es posible tomar mejores decisiones, más efectivas y rápidas. Carlo Rattu, director del laboratorio SENSEable City del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), hace un símil automovilístico. Hace 20 años, en la F-1, la principal preocupación de las escuderías era quién tenía el motor más potente o la mejor aerodinámica. Ahora, aunque esto sigue siendo importante, es fundamental la telemetría, es decir, la tecnología que posibilita conocer en tiempo real los datos sobre las condiciones de la pista y del vehículo. Allí está el secreto para llegar al podio.
Un caso exitoso de la puesta en marcha de esta idea es el programa Digital Birmingham. La ciudad inglesa instaló una red inteligente de contadores de electricidad en una cincuentena de hogares en la zona de Edgbaston. El sistema permite a las familias conocer su consumo a través de Internet y así planificar estrategias para ahorrar. Según Mike Whitby, el alcalde de la ciudad, en las primeras 12 semanas de implantación los hogares-laboratorio redujeron sus facturas en un 60% (unos 40 euros menos) y evitaron la emisión de 12 toneladas de CO2 a la atmósfera.
La organización del tráfico rodado también es uno de los aspectos en los que más se ha adelantado en la ciudad "sensible". Por ejemplo, San Francisco desplegó un sistema de sensores y señales lumínicas en el 25% de sus plazas de aparcamiento, muy similar al que se puede encontrar en algunos centros comerciales o parkings privados. Esto le permite al conductor encontrar un sitio disponible a través de cualquier aparato que tenga la funcionalidad de geolocalización, como una tableta o un móvil. Otro ejemplo es Copenhaguen. Allí existe un sistema similar en el que el conductor conoce las plazas disponibles en un lugar determinado a través de SMS.
"Durante los últimos años los políticos han basado sus iniciativas en infraestructuras visibles, grandes edificios que dejaran huella física y evidente de su legado. Desde que comenzó la crisis han cobrado más sentido los proyectos de ciudad inteligente, invisibles a primera vista, pero mucho más beneficiosos para los ciudadanos", asegura Jordi Pugneró (CiU), teniente de alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), uno de los centros urbanos que más ha apostado por el modelo smart city en España.
Otra de las abanderadas de las infraestructuras invisibles es Santander. Según su alcalde, Iñigo de la Serna (PP), en tres años se prevé dotar a la ciudad de 20.000 sensores, algunos enterrados bajo el asfalto para obtener información sobre la movilidad, otros ubicados al aire libre, para monitorear los niveles lumínicos o sonoros. La idea es que la capital cántabra sea un gran laboratorio donde empresas y el mundo académico realicen experimentos sobre la infraestructura desplegada. El programa cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros. Una de las aplicaciones que allí se ha probado es la del sistema de regado de los jardines. Allí un sistema decide cuándo regar en función de la humedad ayudando así a evitar el desperdicio de agua.
Los desarrollos tecnológicos también aportaN la posibilidad de construir con materiales novedosos, que permitan la integración de sistemas de producción energética en los edificios. Un ejemplo es el edificio Mediatic de Barcelona, que incorpora unas membranas especiales que detienen la radicación solar. Gracias a un centenar de sensores, se gradúa la entrada de luz al edificio. Según cifras del Consistorio de la capital catalana, solo con un aislamiento térmico eficiente se puede ahorrar cerca del 50% de la energía utilizada en una vivienda.
Algunos expertos también dan un paso más allá y abren la posibilidad de reindustrializar la ciudad, revertiendo la tendencia de los últimos 50 años. Uno de ellos es Neil Gershenfeld, el director del Center of Bits and Atoms del MIT, que propone una "nueva revolución industrial", en la que máquinas de última generación podrían producir objetos de una manera limpia y sin ocupar mucho espacio dentro del tejido urbano. "En lugar de llevar los trabajos fuera de la ciudad podríamos producir de forma local muchos de los productos consumidos por los ciudadanos", asegura Gershenfeld.
Aunque la idea sobre la necesidad de cambiar de paradigma urbano es compartida, no hay ni mucho menos un consenso sobre cómo se debe hacer o cuál es el modelo a seguir. "Muchas ciudades tienen prioridades mucho más acuciantes que las de llenar sus calles de sensores", cree Ismael Fernández, presidente de la Asociación Internacional de Urbanistas (ISOCARP por sus siglas en inglés). Las empresas desarrolladoras de tecnología aseguran que la idea las smart cities no es una burbuja. "El concepto no nace de una elucubración teórica ni de una necesidad de vender más tecnología, sino de una demanda real de los ciudadanos", argumenta Tobías Martínez, presidente de Abertis Telecom. Fernández cree que el problema de fondo es que las ciudades "siguen tendencias no ideas".
La realidad es que implantar algunas de estas tecnologías resulta costoso, especialmente en tiempos de crisis. Jordi Botifoll, vicepresidente sénior de EMEA-CISCO cree, sin embargo, que allí hay una oportunidad y se abre un nuevo horizonte para países como España. "En unas economías que por fuerza han de tener a la innovación como motor, la implementación del concepto smart supone una gran oportunidad para superar la brecha en competitividad", plantea Botifoll. Los ayuntamientos españoles de más de 50.000 habitantes podrían externalizar servicios por valor de 10.000 millones de euros a tecnologías smart, según ferrovial. Para el profesor de IESE Eduardo Martínez Abascal, los consistorios ahora están en capacidad de invertir, pues han sido las únicas administraciones públicas que han tenido superávit corriente en los últimos años. "El aumento de la deuda por parte de la administración municipal en los últimos tres años ha sido relativamente moderado, comparado con la generada por el Estado o las Comunidades Autónomas", explica. Según Martínez, el gasto medio por ciudadano entre los ayuntamientos oscila entre los 1.200 y 1.500 euros. En su opinión es bastante bajo si se compara con el gran catálogo de servicios de cercanía que ofrecen.
A pesar de ello, los números son los que son y la participación privada sería indispensable, algo a que los expertos advierten que no hay que tirarse en picada. "Hay un papel para la empresa privada, pero este ha de ejercerse sin menoscabo de la degradación democrática que supone eliminar la relación directa entre ciudadano y administración en la prestación de servicios públicos. Los mercados no hacen un buen trabajo coordinando las necesidades públicas, especialmente en los países en vía de desarrollo",puntualiza Mildred Warner, profesora de Urbanismo de la Universidad de Cornell (Estados Unidos). Para evitarlo, el concejal de Birmingham Paul Tisley sostiene que no se puede contar con "un modelo único" de colaboración con la empresa privada, sino impulsar diferentes alternativas, desde contratos a largo plazo hasta joint ventures.
El debate de fondo radica en la necesidad, más allá de la tecnología, de una buena gobernanza. "La tecnología ha de ser considerada por defecto y la importancia recae en el fomento a la creación de los servicios que posibilita", explica Jonathan Warenham, director del departamento de Gestión de la Información de Esade. "Existe el poder de elección sobre el uso que damos a las tecnologías o sobre cuáles utilizamos o no", añade José Luis Marín, presidente de Endesa. En ese contexto se inscriben las decisiones políticas y el diseño de una adpatción particular. Anthony Twonsend, el director de investigaciones del Institute for the Future, apunta a la necesidad de un liderazgo político "no existirá una única respuesta trasladable de una ciudad a otra, por lo que cada una deberá encontrar sus propias soluciones".
En eso será fundamental el consenso político. "El número y fragmentación de los actores implicados hacen hoy difícil poner en marcha verdaderos proyectos transformadores", explica Bruno Berthon, director de Worldwide Sustainability en Accenture. Una tarea bastante ardua para un país donde el 84.1% de los municipios (6.821) tiene menos de 5.000 habitantes y se debate el papel de las autoridades supramunicipales.
Municipios superdotados a la española
Las iniciativas de las smart cities suelen agruparse dentro de cinco bloques: energía, medio ambiente, urbanismo, movilidad y tecnologías de la información y comunicación (TIC). Varias ciudades de España ya han debutado en algunos de ellos, con resultados diferentes. El problema es que los proyectos, aunque en la mayoría de casos sirven para ahorrar a medio y largo plazo, a corto plazo suelen suponer un dispendio. A falta de dinero, el reto pendiente es lograr extenderlas más, en muchos casos, gracias a subvenciones o colaboraciones con empresas.
Málaga. La ciudad andaluza es la más inteligente del país, según la consultora IDC. Su iniciativa más destacada es de corte energético y la inició en 2009. “Málaga es el proyecto español pionero destinado a crear una ciudad ecoeficiente. Su objetivo es conseguir una integración óptima de las fuentes renovables de energía en la red eléctrica”, explica la consultora. El proyecto fue impulsado por Endesa y gracias a fondos de la Unión Europea. Su objetivo es lograr el autoabastecimiento energético a través de varios sistemas, desde aerogeneradores en azoteas a las placas solares. El éxito del proyecto hizo que se buscaran otros frentes de inteligencia para la ciudad. Actualmente el ayuntamiento tiene en marcha otros proyectos de tecnología para mejorar el transporte público, el tráfico o las obras públicas. Planea acciones para hacer más eficiente la recogida de basuras, por ejemplo.
Sant Cugat. Este municipio barcelonés de 80.000 habitantes está a la cabeza del índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) que realiza la ONG Transparencia Internacional. Su página en internet es la más completa del país y le permite a los ciudadanos no solo acceder a muchos servicios como la reserva de una sala para su boda sino poder conocer detalles sobre la contratación y las obras públicas que se realizan en el municipio.
Barcelona. La capital catalana es una de las ciudades líderes en movilidad eléctrica. En colaboración con Endesa, Barcelona ya cuenta con 72 puntos de recarga para coches y motos y la ciudad se prepara así para el día en que el mercado decida dar el vuelco tecnológico. El Ayuntamiento cuenta con una flota de 21 motos eléctricas y unos 256 vehículos de la contrata de limpieza usan esa misma tecnología. El futuro sistema de RetBus, de autobuses de alta capacidad, incluirá un sistema de coordinación con los semáforos para darles prioridad y así aumentar su velocidad.
Valladolid. Ríos de luz es un proyecto de ahorro energético desarrollado por el Ayuntamiento castellano junto con Inda, Philips y ELPA, gracias a los dineros del Plan E. Mediante la reorganización de la iluminación de 35 edificios y monumentos de la ciudad se logra aumentar su esplendor para el goce de los visitantes y los vecinos sin un impacto en la factura de la luz. Según su alcalde, Francisco Javier León de la Riva (PP), el gasto se ha reducido en un 45% gracias a la utilización de lámparas LED.
* El País - CAMILO S. BAQUERO 16 ENE 2012
Foto: Maqueta del edificio Mediatic de Barcelona - elpais
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TOMÁS MARTÏNEZ BOIX* : La arquitectura española ha estado de moda en los últimos tiempos. Basta recordar la exposición en el MOMA de Nueva York (2006) donde se presentaron una treintena de proyectos y realizaciones españolas. No en balde el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York constituye la cátedra del arte actual, y la exposición de cualquier trabajo en sus paredes lo consagra. La importancia del acontecimiento fue mucha, hasta tal punto que el Washington Post dijo que la exposición era la prueba palpable de que España entraba en la vanguardia mundial de la arquitectura.
Por otro lado, el urbanismo español ha sido vapuleado con viva dureza desde el exterior. El Parlamento Europeo, a instancias de grupos verdes denunció "la destrucción masiva de nuestras costas", las "ganancias excesivas" y la "falta de control". Por fin, se permitió dicho organismo unas recomendaciones críticas dado que el parlamento europeo carece de competencias en la materia, con el urbanismo español.
Esto me plantea una pregunta ¿Es muy buena la arquitectura y muy malo el urbanismo español? Sabido es que la enseñanza de la arquitectura en España se establece con dos especialidades: la de edificación y la de urbanismo. ¿Por qué salieron tan bien preparados unos y tan zafios los otros? ¡Pero si éramos los mismos! Así que la contribución a la imagen del país, eso que los geógrafos llaman el paisaje, debería haber sido equivalente entre las aportaciones de la arquitectura y el urbanismo. Y no ha sido así. Aunque seamos los mismos profesionales y hayamos estudiado en las mismas escuelas, el quehacer de una de las ramas ha resultado magnífica y desastrosa y seca la otra.
Y es que en arquitectura últimamente solo se han valorado las buenas piezas, sin buscar demasiado su conexión con el resto de la ciudad. Bilbao, Valencia, BarcelonaÉhan dado magníficos ejemplo de dicha arquitectura de autor que conforma espléndidos edificios que sirven de hitos urbanos. Y también ciudades medias, Mérida, León, Cartagena, han aportado excelentes ejemplos. En realidad la única arquitectura estimada ha sido la arquitectura estrella, la del "star system architects". ¡Puro marketing! Y el resto de la arquitectura y el urbanismo han sido relegados a una segunda fila. Y algunos críticos, especialmente crueles, han dirigido sobre ellos los improperios de "paisajes inmobiliarios" o de "arquitecturas de la banalidad".
En cuanto al urbanismo hay que ver lo que se ha perdido desde que arrancó la democracia. El Régimen anterior, con el cuarto Plan de Desarrollo llegó a montar un Ministerio de la Planificación. De ahí, a la situación actual en la que el urbanismo no dispone ni siquiera de una dirección general, nos habla de un hundimiento glorioso. Los ministerios fueron cambiado de nombre: Fomento, Medio Ambiente, cualquier cosa menos Urbanismo o Planificación. Y eso que el comienzo de la democracia trajo un cierto reverdecer del urbanismo. A nivel local, todos los pueblos querían modificar su Plan General y las concejalías de urbanismo se convirtieron en una nueva manera de hacer política. Hoy cuando los partidos minoritarios tienen posibilidad de hacerse cargo de una concejalía piensan en cultura, fiestas, mercadosÉ Y es que últimamente, que te nombren concejal de urbanismo es una desgracia. Puedes salir acusado, implicado o en el peor de los casos encarcelado.
¿Qué ha pasado de aquel urbanismo progresista y regeneracionista del país, que en una tradición liberal desde Ildefonso CerdáArturo Soria hasta Solá-Morales, se desarrolló en España? ¿Y con aquel urbanismo de la transición, que pedía a gritos nuevas dotaciones para los barrios?
Yo creo que el problema actual es la falta de una cultura política de ordenación territorial, de planeamiento urbano y de gestión del paisaje. Esto es lo que nos ha llevado a esta situación. Recuperar el urbanismo público, pensar en la planificación de la ciudad y entender el paisaje como un criterio de ordenación del territorio, es hoy necesario. ¡Y es el momento oportuno! El comienzo de la redacción de un nuevo Plan General tiene que hacernos recapacitar sobre las condiciones urbanísticas de nuestro municipio.
* Información - Opinión - 21.1.12
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ELPAÍS* : Uno de los ejes de la política cultural del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha sido el fomento, junto a los grandes museos locales, de una serie de micromuseos temáticos, hiperespecializados y escasamente rentables: museo de las cofradías, del vino, del automóvil, del vidrio, de muñecas... Uno de los últimos proyectos -a largo plazo, como casi todo en esta soleada ciudad- es la creación de un "museo de museos", en los antiguos cines Astoria, cuya propiedad, por otro lado, aún está lejos de tener el Ayuntamiento. Sin embargo, el más original de todos los centros expositivos de la capital malagueña es el Museo de la Nada, que abre hoy sus puertas en el edificio municipal de la antigua Tabacalera.
La nada, el cero, el vacío más absoluto es lo que aguarda hoy a partir de las diez de la mañana a los primeros visitantes que acudan al Museo de las Gemas Art Natura, que fue la gran apuesta cultural de De la Torre en la época de bonanza económica y se perfila como una de las mayores pesadillas de este mandato. Royal Collections, entidad dueña de las piedras preciosas y organizadora del museo, abrirá hoy las salas al público un día antes de que expire el ultimátum de 120 días lanzado por el consistorio para su apertura. Lo hacen, además, empujados por una resolución judicial que da la razón al Ayuntamiento en su pretensión de abrirlo.
Royal Collections entendía que el Ayuntamiento debería haberles entregado en 2008 el conjunto de edificios destinados a albergar, además del Museo de las Gemas, un Museo de Ciencias de la Vida y otro de Ciencias de la Tierra. Los trabajos, a costa del Ayuntamiento, se retrasaron y la relación entre la concesionaria y el consistorio se fue agriando. En marzo de 2011, con la excusa oficial de las pérdidas originadas por los retrasos, Royal Collections solicitó al Ayuntamiento la extinción del contrato. Sin embargo, esta fue también denegada por la Justicia.
Paredes vacías, vitrinas amontonadas sin colocar, cajas por el suelo, escaleras mecánicas y ascensores parados y sin electricidad, luz escasa, ausencia de puertas de seguridad y cámaras acorazadas para las joyas... En este precario estado se pondrá en marcha mañana el Museo de las Gemas. Durante el mes de enero, Royal Collections tiene previsto ir poniendo en marcha la exposición. Sin embargo, es muy probable que las instalaciones cierren inmediatamente después de abrir, o que ni siquiera lleguen a hacerlo, ya que el museo carece de licencia de apertura y permiso de Bomberos, informó ayer el representante de la concesionaria, Fulgencio Alcaraz. El alcalde de Málaga, ayer en Madrid, rechazó adelantar acontecimientos.
De momento, hasta el 1 de febrero, la entrada al no-museo es gratuita. Incluso habrá visitas guiadas "en las que los visitantes podrán comprobar las deficiencias", avisó Alcaraz, que en las últimas semanas ha lanzado una fuerte campaña de publicidad contra el Ayuntamiento.
Nada parece indicar que los 40 millones de euros que ha costado hasta ahora la rehabilitación del edificio de Tabacalera para su uso museístico se hayan salvado de irse por el desagüe. Alcaraz aseguró que ha llegado a pasar al consistorio 164 notas de gastos que "no se tenían que hacer porque nadie lo había solicitado, porque no eran necesarios, porque su precio era exagerado o porque eran obras que la constructora no tenía que cobrar dos veces". Estos gastos suman, según Alcaraz, 17 millones.
Las joyas de Royal Collections ya fueron expuestas entre 2000 y 2005 en Valencia. Y en esa ciudad, la relación con el Ayuntamiento también acabó mal.
* El País - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 18/01/2012
Foto: Málaga, museo en Tabacalera - malagahoy
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20MINUTOS/Reportaje* : La 'operación Gürtel' ('correa' en alemán, denominada así por el apellido de Francisco Correa considerado el líder de la trama de corrupción), ha costado ya el puesto a tres alcaldes, una concejal, un consejero de la Comunidad de Madrid, un diputado, un director general de Ayuntamiento, dos cargos de confianza; y el último, el tesorero del PP, Luis Bárcenas. Todos son del PP. Este es el desarrollo cronológico para entender la presunta red de corrupción y connivencia entre empresas y políticos.
2009
6 de febrero: La Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abre una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. A los implicados se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.
Comienzan a surgir los vínculos de los detenidos con el PP: uno de los cinco detenidos es un empresario muy ligado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP. Después de sabría que el detenido es Francisco Correa, al que se considera cabecilla de la supuesta red corrupta.
8 de febrero: Salen a la luz en distintos medios de comunicación los nombres de algunos de los miembros del PP presuntamente implicados en la trama: Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte; Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo en Madrid; y Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.
9 de febrero: Ante las sospechas de la imputación de González Panero, López Viejo y Ortega, comienzan las dimisiones. La más sonada, la del consejero de Esperanza Aguirre, López Viejo; también cesa en su puesto Guillermo Ortega y Rajoy anuncia la dimisión del alcalde de Boadilla, aunque González Panero tardó 24 horas en hacerlo, desmintió a Rajoy y finalmente dimitió como alcalde, pero no como concejal.
Un nuevo detenido se suma a la lista: Álvaro Pérez Alonso, responsable de la empresa Orange Market, que organizó actos para el PP.
10 de febrero: Garzón amplía su auto y ya son 37 los imputados en la presunta trama.
El PP se queja ante el juez de la Audiencia por las filtraciones del sumario que llegan a la prensa y 24 horas después pide la recusación del juez y anuncia el fin del pacto de la Justicia firmado por el Gobierno al conocerse que el entonces ministro Bermejo coincidió con Garzón en una cacería sólo un día después de que saliera a la luz la operación de la Audiencia Nacional.
12 de febrero: Garzón manda a prisión a tres de los detenidos por la presunta trama corrupta: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. El juez los acusa de delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación y cohecho. Por otro lado, queda en libertad Álvaro Pérez Alonso.
19 de febrero: Dos periódicos relacionan al presidente valenciano, Francisco Camps, con la trama. Al parecer, habría conseguido trajes por valor de 30.000 euros por favores a la trama.
Camps comparece esa misma mañana para desmentir por completo las acusaciones y defiende sus "20 años de vida pública al servicio del interés general".
20 de febrero: Nueva víctima política por la trama en la Comunidad de Madrid. Alberto Ruiz-Gallardón cesa a José Javier Nombela, asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa de Madrid, también imputado por Garzón. También fue apartado de su cargo el director de la Empresa Municipal de la Empresa y el Suelo, Guillermo Pariente.
En plena investigación, el juez Garzón ingresa en una clínica por una crisis de ansiedad, un día después le dan el alta. Durante su baja, se encarga del caso el juez Pedraz, que se limitó a aplazar las declaraciones que Garzón tenía previstas.
25 de febrero: Con Garzón recién incorporado al trabajo, el PP presenta una querella contra el juez por prevaricación. Horas después, el magistrado implica en la trama al eurodiputado del PP Gerardo Galeote y al senador Luis Bárcenas. Además, Garzón desmiente las informaciones aparecidas en prensa que involucran en la trama al diputado del PP Esteban González Pons. Lejos de celebrarlo, el PP acusa al juez de haberse saltado el secreto del sumario del caso.
5 de marzo: Tras las peticiones de la Fiscalía y el PP, y los indicios hallados contra aforados (diputados, senadores y otros altos cargos políticos que no pueden ser juzgados por la Audiencia Nacional), el juez Garzón se inhibe del caso 'Gürtel' y cede la investigación de la presunta trama a los tribunales superiores de Valencia y Madrid. El juez amplía las imputaciones a otros seis miembros del PP: Francisco Camps (presidente de la Comunidad Valenciana); Ricardo Costa (secretario general del PP en Valencia); Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid), Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla del Monte), Jesús Sepúlveda (alcalde de Pozuelo de Alarcón) y Ginés López (alcalde de Arganda del Rey).
Tras finalizar los interrogatorios, Garzón deja en libertad a 34 de los 37 imputados. Por ahora, sólo están en prisión Francisco Correa, y sus dos socios, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.
6 de marzo: El caso 'Gürtel' se cobra otras dos víctimas en el PP. Dimiten los alcaldes de Arganda del Rey, Ginés López, y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda.
Por otra parte dimite el director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), Tomás Martín Morales, presenta su dimisión a petición del alcalde, Juan Siguero (PP), tras conocerse su imputación en el caso Gürtel.
El PP anuncia que suspende de militancia a todos los miebros del partido imputados por Garzón, a excepción de los aforados de la Comunidad de Madrid hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
12 de marzo: Mariano Rajoy insiste en desvincular a su partido de la trama corrupta. Asegura que la gente de Francisco Correa "no ha entregado ni un sólo euro al PP" y defiende a ultranza a Francisco Camps. Además, dice que "habrá que demostrar" que Correa regaló un Jaguar de 8 millones de pesetas al ex alcalde de Pozuelo, casado con la diputada 'popular' Ana Mato.
15 de marzo: José Tomás, supuesto sastre de Francisco Camps, asegura en un entrevista en el diario El País que el presidente valenciano le llamó en varias ocasiones muy nervioso para saber si había facturas de trajes a su nombre cuando supo que declararía ante el juez Garzón. Asimismo, Tomás indica que los trajes de lujo que regalaba a políticos valencianos eran pagados por Orange Market con billetes de 500 euros.
17 de marzo: Los tres únicos imputados encarcelados por el 'caso Gürtel' -el líder de la supuesta trama, Francisco Correa, y sus presuntos colaboradores Antoine Sánchez y Pablo Crespo- acuden a la Audiencia Nacional para abrir su correspondencia ante el juez Baltasar Garzón. La ley permite al magistrado aplicar esta medida para saber si en las cartas recibidas en la cárcel hay algo de interés para su investigación.
27 de marzo: Baltasar Garzón imputa a otras diez personas en la llamada 'Operación Gürtel', con lo que el número de imputados se eleva a 55. Algunos de estos nuevos imputados están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España. El lunes 30 de marzo los deja en libertad.
31 de marzo: La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acuerda aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la investigación de la presunta trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel', al encontrar indicios de corrupción en tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid. Se trata de Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, que según el tribunal podrían haber cometido cohecho y tráfico de influencias. Además, Garzón acusa al tesorero del PP, Luis Bárcenas, de recibir 1.353.000 euros de la organización liderada por el empresario Francisco Correa. En su auto también señala que el senador popular Gerardo Galeote pudo percibir de Correa la cantidad de 652.000 euros.
2 de abril. El diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco, supuestamente implicado en la trama, dimite como portavoz adjunto del grupo popular de la Asamblea de Madrid. Es uno de los tres diputados del PP de la Asamblea, junto a Alberto López Viejo y Alfonso Bosh, sobre los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ve indicios de posibles delitos.
14 de abril. La Fiscalía Anticorrupción solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que tome declaración al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, para esclarecer su supuesta relación con el caso.
5 de mayo. El Partido Popular suspende cautelarmente de militancia a los diputados de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, imputados en el 'caso Gürtel', así como al parlamentario regional y ex consejero de Deportes madrileño Alberto López Viejo, implicado en la causa. La decisión la adopta el Comité de Derechos y Garantías, que de este modo admite la petición cursada por los tres tras conocer su implicación en la trama de Francisco Correa.
7 de mayo. El juez Antonio Pedreira impone una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.
14 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana cita para el día 19 de mayo al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y al diputado del PP y secretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa. Ambos declararán como imputados.
18 de mayo. El magistrado instructor del 'caso Gürtel' en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) traslada al miércoles la declaración prevista para el martes del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Mientras, más de un centenar de cargos públicos del PP arropa a Camps durante un acto institucional celebrado en el Palau de la Generalitat.
19 de mayo. El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo Costa declara por el 'caso Gürtel' y asegura que su comportamiento ha sido legal.
20 de mayo. Francisco Camps declara durante casi una hora como imputado por presunto cohecho en el TSJV. A su salida dice estar "satisfecho y muy contento" de haber contado su verdad. El TSJV mantiene la imputación al presidente, aunque no le impone medidas cautelares.
21 de mayo. Detienen en Barajas Arturo Gianfranco Fasana, alias Zafa, de nacionalidad suiza, que supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama de corrupción.
José Tomás, el sastre que hizo los trajes de Francisco Camps, asegura al juez que "todos" los trajes que constan en el sumario del caso Gürtel fueron pagados por Pablo Crespo, 'número dos' del empresario Francisco Correa, administrador único de Orange Market y en prisión desde el mes de febrero por este caso.
22 de mayo. Nueva víctima política del 'caso Gürtel'. Renuncia a su acta de concejal en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, imputado en la presunta trama de financiación ilegal del PP.
9 de junio. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que investiga en el caso Gürtel, impone una fianza de 1.800.000 euros al ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Se trata de la fianza más alta de las impuestas hasta ahora a los imputados en el 'caso Gürtel'.
2 de abril. El diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco, supuestamente implicado en la trama, dimite como portavoz adjunto del grupo popular de la Asamblea de Madrid. Es uno de los tres diputados del PP de la Asamblea, junto a Alberto López Viejo y Alfonso Bosh, sobre los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ve indicios de posibles delitos.
14 de abril. La Fiscalía Anticorrupción solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que tome declaración al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, para esclarecer su supuesta relación con el caso.
5 de mayo. El Partido Popular suspende cautelarmente de militancia a los diputados de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, imputados en el 'caso Gürtel', así como al parlamentario regional y ex consejero de Deportes madrileño Alberto López Viejo, implicado en la causa. La decisión la adopta el Comité de Derechos y Garantías, que de este modo admite la petición cursada por los tres tras conocer su implicación en la trama de Francisco Correa.
7 de mayo. El juez Antonio Pedreira impone una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.
14 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana cita para el día 19 de mayo al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y al diputado del PP y secretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa. Ambos declararán como imputados.
18 de mayo. El magistrado instructor del 'caso Gürtel' en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) traslada al miércoles la declaración prevista para el martes del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Mientras, más de un centenar de cargos públicos del PP arropa a Camps durante un acto institucional celebrado en el Palau de la Generalitat.
19 de mayo. El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo Costa declara por el 'caso Gürtel' y asegura que su comportamiento ha sido legal.
20 de mayo. Francisco Camps declara durante casi una hora como imputado por presunto cohecho en el TSJV. A su salida dice estar "satisfecho y muy contento" de haber contado su verdad. El TSJV mantiene la imputación al presidente, aunque no le impone medidas cautelares.
21 de mayo. Detienen en Barajas Arturo Gianfranco Fasana, alias Zafa, de nacionalidad suiza, que supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama de corrupción.
José Tomás, el sastre que hizo los trajes de Francisco Camps, asegura al juez que "todos" los trajes que constan en el sumario del caso Gürtel fueron pagados por Pablo Crespo, 'número dos' del empresario Francisco Correa, administrador único de Orange Market y en prisión desde el mes de febrero por este caso.
22 de mayo. Nueva víctima política del 'caso Gürtel'. Renuncia a su acta de concejal en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, imputado en la presunta trama de financiación ilegal del PP.
9 de junio. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que investiga en el caso Gürtel, impone una fianza de 1.800.000 euros al ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Se trata de la fianza más alta de las impuestas hasta ahora a los imputados en el 'caso Gürtel'.
3 de agosto. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana archiva la causa interpuesta contra los cuatro acusados por la trama en la Comunidad Valenciana, tras estimar sus recursos. La resolución incluye un voto particular de un magistrado que cree que sólo se debería archivar la causa contra Ricardo Costa, secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts. Ese mismo día, María Teresa Fernández de la Vega anuncia que la Fiscalía General del Estado recurrirá el fallo del TSJCV.
10 de agosto. La Policía registra la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en busca de vínculos con el caso 'Gürtel'. En concreto, las autoridades buscan documentación sobre contratos de la etapa de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al frente de la institución. Al parecer, se trata de documentación reclamada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se ocupa de la ramificación madrileña de la operación Gürtel.
28 de agosto. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) deniega la libertad provisional a Francisco Correa, principal imputado por el caso Gürtel, alegando a la posible obstrucción de pruebas y riesgo de fuga. Por otro lado, dimite el director de la TV valenciana. También el ex ministro de Justicia José María Michavila renunció a su escaño en el Congreso, alegando motivos personales y familiares. El despacho de abogados en el que trabaja el se vio relacionado con el caso, ya que varios de sus abogados defendieron al ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.
2 de septiembre. El TSJM revela las razones por las que denegó la libertad provisional a Francisco Correa. Señala que el principal imputado intentó fugarse y conseguir residencia legal en Colombia y Panamá. Además, el magistrado prorrogó por un mes más el secreto del sumario.
15 de septiembre. El Pleno del Congreso vota a favor del suplicatorio del diputado popular Jesús Merino, de manera que el Tribunal Supremo puede proseguir investigándole por su presunta implicación en el caso y procesarle, si así lo considera.
24 de septiembre. La 'trama Gürtel' financiaba ilegalmente al PP valenciano. Así lo recoge el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el 'caso Gürtel'. Éste apunta a la existencia de una doble contabilidad y a una serie de facturas falsas a cargo del PP valenciano.
25 de septiembre. Varias voces dentro del PP han desacreditado el informe policial, desde Mariano Rajoy a Ricardo Costa, pasando por Javier Arenas y Federico Trillo.
29 de septiembre. El magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), acuerda en un auto levantar parcialmente el secreto del sumario. En el listado de los 71 imputados en la causa, entre otros, está la mujer del senador del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar.
1 de octubre. La Fiscalía Anticorrupción recurre ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa por un supuesto delito de cohecho que se tramitaba contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
6 de octubre. El juez ha entregado a los abogados parte del sumario de la trama madrileña de 'Gürtel'. En él se habla de financiación ilegal en el PP de Galicia, en el de Valencia, sale el nombre de Alejandro Agag, cuñado de José María Aznar, y otros muchos políticos relacionados con el PP.
8 de octubre. Los tres diputados imputados en 'Gürtel' dejan el PP en la Asamblea de Madrid. Esperanza Aguirre asegura que no se pone "como ejemplo para nadie".
9 de octubre. El PP valenciano anuncia que propondrá el "cese temporal" de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano.
13 de octubre. El secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, asegura que no va a dimitir en un comunicado leído en la sede del partido en Valencia, donde reitera que ni él, ni Camps, han incumplido la ley, y recalca su lealtad al PP, a Camps y a Rajoy.
Horas después, Génova da por hecho la "suspensión" de Costa, pero el PP valenciano lo niega. Camps mantiene a Costa en el cargo, pese a que la dirección nacional del partido le considera destituido.
14 de octubre. La guerra entre el PP nacional y el valenciano parece tener un ganador, Mariano Rajoy. Francisco Camps destituye a Ricardo Costa de sus cargos como secretario general del PP valenciano y portavoz en las Corts. Génova estaba dispuesto a expulsar a Costa si éste se empeñaba en aferrarse a sus cargos.
15 de octubre. Rajoy comparece en rueda de prensa y asegura sobre Camps que mantiene "el mismo nivel de confianza de siempre". "No tengo ninguna duda sobre su honradez, dijo, antes de recordar que, "una vez archivado el caso en el TSJ de Valencia, no hay ningún elemento nuevo que haga que deba ser cesado". Además, adelantó que su voluntad es que siga siendo presidente de la Comunitat Valenciana y candidato en las elecciones de 2011. "A mí el señor Camps no me ha mentido", recalcó.
27 de octubre. El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ordena la puesta en libertad bajo fianza de 600.000 euros de Antoine Sánchez, uno de los tres imputados que, junto a los líderes de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo, permanecía en prisión preventiva.
23 de noviembre. Pedreira impone una fianza de 750.000 euros al diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y de 650.000 euros a Felisa Jordán, ex administradora de una de las sociedades de la trama de corrupción.
2010
25 de marzo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula las escuchas grabadas en la cárcel y ordenadas por el Juez Garzón entre los imputados y sus abogados.
5 de abril. El juez exige más de 200 millones de fianza a Correa y a sus colaboradores en "Gürtel".
6 de abril. Se levanta parcialmente el secreto de sumario. Entre otras cosas, los 50.000 folios de la instrucción recogen declaraciones de agentes de la Policía que dan por hecho que Luis Bárcenas cobró 1,3 millones de euros de la "caja B" de la trama "Gürtel".
8 de abril. Luis Bárcenas solicita la baja temporal como militante del PP y deja definitivamente sus funciones como tesorero del partido. Bárcenas, sin embargo, seguirá como senador por Cantabria. También pide la baja del PP el diputado Jesús Merino.
La frase del día la pronuncia Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid al asegurar, entre las carcajadas de la oposición, que ella "destapó la trama Gürtel".
9 de abril. María Dolores de Cospedal confirma que Bárcenas dejará de tener despacho en la sede nacional del PP, también asegura que "no ve obstáculos" para que el ex tesorero siga como senador adscrito al grupo popular.
13 de abril. La trama Gürtel salpica a Alejandro Agag, cuñado de José María Aznar. El 'cerebro' de la trama, Correa, fue testigo de honor en la boda de Ana Aznar y Agag. Leire Pajín asegura que la trama corrupta se introdujo en el PP de la mano de Agag y Ana Botella le defiende recordando que no está imputado.
14 de abril. El PP pagaba 350 euros la hora al bufete del prestigioso penalista Miguel Bajo por defender al imputado Luis Bárcenas.
16 de abril. El Tribunal Supremo ha confirmado la admisión a trámite de la querella presentada contra el juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación, en relación a la intervención de comunicaciones en prisión entre acusados del 'caso Gürtel' y sus letrados.
19 de abril. El ex tesorero del PP Luis Bárcenas presenta en el registro del Senado un escrito por el que renuncia a su escaño en esta Cámara, al igual que el también imputado en la trama Jesús Merino.
22 de abril. La 'mano derecha' del cerebro de la trama, Pablo Crespo, queda en libertad tras pagar 1,2 millones de euros. El juez le retira el pasaporte.
29 de abril. Franciso Correa, el jefe de la trama Gürtel, se llevaba el 2% de los contratos de los ayuntamientos madrileños de Boadilla y Majadahonda. También se desvela que los miembros de la trama compraron libros para aprender a delinquir y que Correa fue timado en varias ocasiones.
En el terreno judicial, un juez del Supremo cita a Baltasar Garzón el 10 de mayo para que declare como imputado por las escuchas que ordenó a los encarcelados por su relación con la trama.
El PSPV presenta un informe en Les Corts que asegura que la Generalitat valenciana "ha vulnerado la ley en más de 50 ocasiones" con fraccionamientos de contratos para evitar la publicidad y concurrencia.
1o de mayo. Baltasar Garzón asegura al juez que "las escuchas eran la única vía para no perder los fondos del Gürtel".
18 de mayo. El Tribunal Supremo argumenta su decisión de ordenar a la Justicia valenciana que se siga investigando a Camps por aceptar trajes de la trama Gürtel. El Supremo explica en su sentencia que considera delito el simple hecho de que Francisco Camps aceptara los trajes.
26 de mayo. El juez Pedreira, del TSJM, ve indicios de delito electoral y cohecho en el Gobierno de Camps y remite parte de la investigación al TSJ de la Comunidad Valenciana. Camps, por su parte, afirma que el caso "es un montaje" y asegura que "terminará en nada".
21 de julio. El juez Pedreira, del TSJM, , cita a declarar en calidad de imputados a dos empresarios y un funcionario del Ayuntamiento de Majadahonda, por los supuestos delitos de cohecho, falsedad y fraude fiscal dentro de la trama. Son Rafael Naranjo Anegón,Luis Valor San Román y José Luis Cortés Bañares.
1 de septiembre. Un nuevo informe policial incorporado al sumario del caso Gürtel insiste en que varios empresarios financiaron actos del PP valenciano pagando parte de la deuda que la formación política mantenía con la sociedad Orange Market.
2 de septiembre. El juez instructor del caso, Antonio Pedreira, ha concedido un plazo de diez días al ex diputado Jesús Merino y al ex senador Luis Bárcenas para que se personen en la causa tras la pérdida de su condición de aforados después de renunciar a sus escaños.
3 de septiembre. El Partido Popular ha levantado este viernes la suspensión de militancia al ex-secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, diez meses después de ser suspendido por su posible relación con la trama. También ha devuelto la militancia al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
26 de octubre. La Agencia Tributaria (AEAT) ha comunicado al instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el magistrado Antonio Pedreira, que carece de los medios humanos necesarios para poder tasar todos los bienes intervenidos en la causa.
18 de noviembre. El Tribunal Supremo deniega las pruebas solicitadas por el juez Baltasar Garzón en la causa que le investiga por ordenar las escuchas a los imputados en el caso Gürtel en prisión y sus abogados. Considera que esas diligencias no son esenciales ni imprescindibles.
29 de noviembre. El juez Antonio Pedreira levanta la práctica totalidad del secreto de la parte del sumario que se investiga en la Comunidad de Madrid. Además, solicita al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que investigue al presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago (PP), por los delitos de cohecho y prevaricación.
3 de diciembre. Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala que Francisco Correa diseñó desde la cárcel una estrategia para tratar de influir en los órganos judiciales encargados del caso y dio órdenes para que se controlaran las comisiones rogatorias internacionales que se acordaran para proteger sus intereses.
15 de diciembre. El magistrado Pedreira remite a la Sala Civil y Penal del TSJM su informe sobre la recusación planteada por la defensa de Correa y se aparta temporalmente del caso. La sala nombra en sustitución al magistrado Emilio Fernández Castro.
16 de diciembre. El TSJM decide no admitir a trámite la recusación contra Pedreira, quien retoma el caso.
2011
24 de enero. Un informe policial incorporado al sumario del caso Gürtel desvela que la trama de corrupción pagó en 2003 y 2004 estancias en hoteles y billetes de avión o tren al exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (PP) y a su familia por valor de 27.992 euros a través de la agencia de viajes Pasadena.
4 de febrero. El juez Pedreira prorróga otros dos años la prisión provisional para Correa y para el número dos de la trama, Pablo Crespo. A éste último, por otra parte, le rebaja la fianza de 1,2 millones de euros a 600.000 euros.
7 de febrero. El considerado cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, es ingresado en la Unidad Coronaria del hospital Gregorio Marañón de Madrid por un posible amago de infarto. Es dado de alta horas después y regresa a la prisión de Soto del Real.
10 de febrero. El magistrado Antonio Pedreira imputa al alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (PP), los delitos de negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias, así como por su posible colaboración como cooperador necesario en los delitos que se imputan a su predecesor Arturo González Panero. Acto seguido, Siguero comunica su dimisión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
11 de marzo. El ex diputado del PP Jesús Merino se desvincula durante su declaración ante el magistrado Antonio Pedreira del cobro de pagos de la red 'Gürtel' mediante la entrega de diversos documentos que le exculparían de su imputación de los delitos de cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
15 de julio. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictamina que el president de la Generalitat, Francisco Camps, sea juzgado por un delito de cohecho impropio ante un tribunal popular, junto a otros exaltos cargos del Gobierno autonómico y exdirigentes del PPCV, por haber recibido supuestamente regalos de la 'trama Gürtel'. Junto a Camps, serán juzgados el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, el exsecretario general del PPCV y actual miembro de la dirección del grupo popular en Les Corts Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.
20 de julio. Francisco Camps dimite como presidente de la Generalitat valenciana por la 'causa de los trajes', aunque insiste en su inocencia. "Ahora estoy liberado para defenderme de estas infamias", dijo. Además, el exvicepresidente Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la consellería de Turismo Rafael Betoret se declaran culpables y pagarán la multa.
3 de noviembre. El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, rechaza excarcelar al presunto líder de la trama, Francisco Correa, al estimar que las medidas de control electrónico no evitan con "seguridad prácticamente absoluta" el riesgo de fuga.
12 de diciembre. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) comienza con el proceso de selección de los once miembros del jurado popular, dos de ellos suplentes, que deben juzgar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa por un supuesto delito continuado de cohecho pasivo dentro de la trama Gürtel.
13 de diciembre. El expresident de la Generalitat Francisco Camps se ha declarado "absolutamente inocente" ante el tribunal. También el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa ha reiterado su inocencia ante el jurado que juzga a ambos por recibir supuestos regalos de la trama Gürtel y han rechazado aceptar un acuerdo de conformidad, lo que implicaría asumir su culpabilidad.
14 de diciembre. En la tercera jornada del juicio es interrogado el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, quien admite que recibió un traje en 2006, pero que lo pagó y reclamó la factura, aunque no se la dieron. También ha dicho que guarda "una relación personal y de amistad con Camps". El presunto líder de la red 'Gürtel', Francisco Correa, no declara como testigo en esta vista al estar imputado en otros dos procesos judiciales abiertos en Valencia y en Madrid sobre la trama con los que podría existir relación.
15 de diciembre. El exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos dice que acordó con Camps reconocerse culpable "para acabar con su drama personal, "desproporcionado y absurdo" y con un "gran tufo político", pero que es "inocente". El exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret se niega a declarar por estar imputado en otros procesos vinculados a este juicio. Además, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes niega haber regalado trajes a los cuatro imputados inicialmente en la causa que se juzga en Valencia y posteriormente renuncia a responder a las cuestiones planteadas por las partes.
19 de diciembre. Declara en el juicio Francisco Gorina, administrador de Sastgor S.L., que confirma la confección de cinco trajes en cuya etiqueta constaba el nombre de "Francisco Camps" y que fueron facturados a Forever Young; también habla de la confección de otros siete y dos americanas facturadas a Milano. Aun así, asegura que desconocía el destinatario de las prendas. Por su parte, una empleada de la empresa de transporte Transaher cuenta al jurado que su compañía realizó numerosos portes de las tiendas Milano y Forever Young de Madrid hasta la sede de Orange Market en Valencia, casi todos ellos a nombre de Álvaro Pérez.
20 de diciembre. El encargado de la tienda Forever Young, donde Francisco Camps y Ricardo Costa adquirieron supuestamente prendas de vestir pagadas por la trama Gürtel, revela que la empresa Orange Market ordenaba a este establecimiento alterar las facturas para ocultar los productos reales que había adquirido.
26 de diciembre. Declaración clave en el juicio de la 'causa de los trajes': la del sastre José Tomás, quien asegura que 'El Bigotes' le confirmó que Camps y Costa "no pagaban" las prendas.
27 de diciembre. Los letrados de la defensa interrogan a José Tomás, que declara por segundo día consecutivo en el tribunal. El sastre asegura que tenía "orden" de los supuestos cabecillas de la red Gürtel, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes, de que a clientes como Francisco Camps "no se les cobrara".
2012
2 de enero. Los 11 últimos testigos, pendientes de prestar su declaración en el interrogatorio de la 'trama Gürtel', acuden ante el magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Valencia, Juan Climent. Un exescolta de Francisco Camps asegura que prestó cerca de 200 euros al expresidente de la Generalitat para pagar en la tienda Forever Young de Madrid, versión que ha corroborado también el conductor oficial que también les acompañaba en ese momento.
12 de enero. El jurado escucha diferentes conversaciones telefónicas grabadas por la Policía, entre ellas una en la que el expresidente de la Generalitat valenciana y su esposa agradecen un "detallito" de Álvaro Pérez 'el Bigotes'. En una de ellas, grabada el 7 de enero de 2009, El 7 de enero de 2009, después de que 'el Bigotes' le diga a Camps "te quiero mucho" y el expresidente conteste y "yo más", Isabel Bas, la mujer de Camps, coge el teléfono y admite: "Con el mío -en relación al regalo recibido- te has pasado veinte pueblos", a lo que Pérez replica: "¡Pero qué dices, si es un detallito!".
16 de enero. Los miembros del jurado vuelven a escuchar conversaciones telefónicas grabadas por la Policía, entre ellas una entre 'el Bigotes' y Pablo Crespo con insultos referidos a Francisco Camps por aplazar una entrevista con el gobernador de Nuevo México Bill Richardson. "Es un gilipollas, tío, es un gilipollas (...), iría a verle y le daría dos hostias (...). Le he conseguido que vea a uno de los tres tíos más importantes del planeta, que mande a tomar a los cincuenta gorrones que han ido hasta allí para tomar güisquis", asegura.
18 de enero. El ex secretario general del PPCV Ricardo Costa le pidió a Álvaro Pérez 'el Bigotes' que intercediera ante Francisco Camps para formar parte del Gobierno de la Generalitat valenciana, puesto en el que creía que podría ser "más útil", según otra conversación telefónica. En este diálogo, Costa le pregunta si finalmente va cenar con el president, tal y como le había dicho en otra llamada, y 'el Bigotes' lo confirma: "He quedado el martes para ir a su casa". "Pues entonces a ver si le puedes meter una 'ideíta' en la cabeza -agrega Costa-. Vamos a ver si le podemos trasladar que a mí me tienen 'socarrado', y que yo como secretario general podría ser más útil si me pusiera en el Gobierno".
19 de enero. El Ministerio Fiscal y la acusación popular considera probado que el expresidente de la Generalitat y Ricardo Costa recibieron regalos de la trama corrupta. La fiscal del caso apela al "sentido común y la lógica del jurado" al defender las pruebas documentales. Paralelamente el juez Baltasar Garzón declara por el caso de la escuchas en la cárcel a los abogados de los imputados en la trama Gürtel.
20 de enero. "Soy inocente y vengo a buscar la justicia confiado y convencido" declara Francisco Camps ante el tribunal en su último turno de palabra al que tiene derecho como acusado en el juicio. El expresidente de la Generalitat también agradece su trabajo a los miembros del jurado a los que llama "ciudadanos de mi Comunidad". El comportamiento de Camps hace que el presidente del Tribunal pierde la paciencia en más de una ocasión y llama la atención al expresidente : "Guarde silencio o lo tendré que sacar de la sala".
* 20 Minutos - 20.1.12
Foto: Garzón y 10 de los implicados en la 'operación Gürtel'. (20MINUTOS.ES)
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FOTOCASA/Entrevista* : El problema de la vivienda en España ha roto los límites generacionales y se ha constituido como una de las principales preocupaciones de los españoles. Así lo demuestran los diferentes grupos que luchan por defender a los consumidores y por denunciar las situaciones abusivas. Uno de estos colectivos es la Plataforma por una Vivienda Digna, con sede en Madrid y núcleos activos en País Vasco, Valencia, Salamanca, Galicia y Castellón. Rubén Sánchez, el responsable de esta iniciativa ciudadana, ha charlado con fotocasa.es y nos ha explicado las medidas que proponen para conseguir un derecho que establece el artículo 47 de la Constitución: “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
fotocasa.es: ¿Qué actividades lleva a cabo la Plataforma por una Vivienda Digna?
Rubén Sánchez: Desde que constituimos la Plataforma, hace cinco años, hacemos pedagogía a través de charlas y seminarios en los que tratamos de orientar a los ciudadanos sobre cómo conseguir una vivienda digna y cómo defenderse en casos de injusticia. De hecho, estamos trabajando en una Guía de denuncia para los afectados en cuestiones inmobiliarias que pronto verá la luz. Además, colaboramos con otros colectivos, como grupos ecologistas y sindicatos, y ofrecemos asesoramiento a los más de 9.000 simpatizantes que tenemos repartidos por todo el territorio español.
fotocasa.es: En un momento delicado para la economía, el último barómetro del CIS sobre los principales problemas que preocupan a los españoles situaba la vivienda en sexto puesto. ¿Esto significa que este problema no afecta a un perfil concreto de gente?
Rubén Sánchez: En absoluto. Las peticiones de información que recibimos llegan de todo tipo de ciudadanos, desde personas mayores que las han desahuciado hasta jóvenes a los que les ponen todo tipo de obstáculos para alquilar una vivienda o solteros que se ven obligados a compartir piso porque si no les resulta imposible pagar un alquiler. Nosotros no disponemos de un servicio propio de asistencia jurídica, pero los derivamos a los organismos pertinentes.
fotocasa.es: ¿Cuáles son las causas del problema de la vivienda en España?
Rubén Sánchez: El modelo económico de este país, la falta de financiación de ayuntamientos y comunidades autónomas y la escasa transparencia y excesiva burocracia. Cuando empezó el problema todo el mundo quiso ser parte de la fiesta y hacer dinero fácil, incluidas las instituciones. Lo que más encarece las viviendas es el suelo, que en muchas ocasiones lo venden los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Con este panorama nos encontramos que muchas administraciones públicas están en banca rota porque ya no tienen nada que vender. Es un modelo que no funciona, no puede ser que una biblioteca se financiara vendiendo suelo a precios desorbitados.
fotocasa.es: ¿Qué medidas propone la Plataforma para solucionar este problema?
Rubén Sánchez: Partimos de que todo el mundo tiene derecho a acceder a una vivienda, así que redactamos 40 propuestas, entre las que destacan el establecimiento de gravámenes fiscales a los inmuebles vacíos; el incremento de partidas presupuestarias destinadas a políticas de acceso a la vivienda hasta alcanzar cotas similares al esfuerzo medio de los principales países europeos (2% del PIB); la creación de una oficina pública de tasación de vivienda que asegure estimaciones imparciales y ajustadas a la realidad catastral y de mercado; y la reforma de la Ley Hipotecaria, de manera que limite las nuevas hipotecas tanto al porcentaje máximo del endeudamiento, el 25% del salario, como al número máximo de años de amortización de la deuda: 20. Si los bancos no concedieran créditos más allá de estas condiciones, los pisos y casas bajarían de precio. La gente tiene que saber que el coste de construcción de una vivienda no supera los 60.000 euros.
fotocasa.es: ¿Es el alquiler social una medida para paliar el problema?
Rubén Sánchez: Podría, pero no lo es. No es una alternativa porque apenas existe y el que hay se dedica a personas de extrema necesidad. Así las cosas, la gente tiene que decantarse por el alquiler convencional, y en esta situación se encuentra con que el precio medio del alquiler en Madrid es de casi 1.200 euros, mientras que la mitad de la población cobra menos de 1.000 euros. Respecto a las opciones de compra, éstas no mejoran. Hay gente que ni siquiera llega a comprar una VPO, que en algunos casos son más caras que las viviendas libres. La propia administración ha hecho de promotor y ha jugado con los precios del suelo.
* Fotocasa - 21.1.12
Foto: Vivienda digna - La hipoteca me mata (archivo)
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CARLOS MÁRMOL : Existen dos posibilidades. O todo es un ceremonial con el fin de mostrar una posición de fuerza para una negociación posterior (fenicia, obviamente) o el futuro de la Torre Pelli puede terminar dirimiéndose ante los tribunales de Justicia, donde últimamente -al menos en Sevilla- las cuestiones urbanísticas, con sus derivaciones no siempre edificantes, copan las salas de lo contencioso.
La entidad que promueve el rascacielos del sur de la Cartuja [Cajasol] insinuó ayer, después de 24 largas horas de silencio, que no va a atender la petición municipal de negociar una rebaja de las dimensiones de su edificio. Lo que significa negar por la vía de los hechos una mayor -la evidente afección de la torre sobre la Sevilla histórica- que cada vez es más evidente. La entidad financiera defiende sus intereses. Zoido sugirió ayer por boca de su edil de Urbanismo que está dispuesto a defender los de Sevilla. El duelo, si llega, será en el Prado. Edificio de los juzgados. Y el heroísmo de ambas partes nos va a salir bastante caro.
Cajasol mantiene una calculada ambigüedad: sin negarse a colaborar invierte el objeto de la alianza institucional al plantear una réplica de la famosa embajada medieval a Tamorlán para reiterar ante la Unesco las bondades de la torre. El método es llamativo: restar valor a la opinión de sus expertos.
En realidad, una forma hábil de ganar tiempo -al menos hasta junio- mientras la obra continúa, que es de lo que se trata. Y que, probablemente, al final va a terminar siendo hasta casi más importante que el proyecto de Pelli.
Con independencia del resultado del pulso, y si nadie reconduce la situación, lo que se atisba en el horizonte, junto al rascacielos, es que la ciudad va a salir perdiendo de todas formas ante la incapacidad de ambas partes para acordar una salida. El Consistorio no tiene fácil dar con un argumento sólido para tumbar la torre: la licencia es legal y su idea de que la Junta y el Estado compartan la indemnización no se sostiene. Lo que sí tiene son unas elecciones (autonómicas) en puertas y a un alcalde que repite como candidato y que, quizás, quiera volver a jugar a salvar a la Sevilla Eterna. Esperaremos las noticias de Samarcanda.
* Diariode Sevilla - Opinión - 21.1.12
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