ECOLOGISTAS EN ACCIÓN considera que el Decreto de regularización de viviendas ilegales en Suelo No Urbanizable (SNU) es un fiasco que tendrá gravísimas consecuencias legales, territoriales, ambientales, sociales y económicas, y atenta contra el interés general de los ciudadanos.
Cuando en julio del año pasado la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (COPV) sometió a consultas este decreto, Ecologistas en Acción remitió una serie de propuestas para eliminar el principal atractivo de la construcción en el campo: la especulación inmobiliaria, ya que para muchos esta inversión representa enormes plusvalías en el negocio de la compra-venta de suelos y viviendas. La COPV no contestó a nuestras propuestas y desafortunadamente no las ha recogido en este Decreto. Ecologistas en Acción ya advirtió que la aprobación de este Decreto podría provocar graves consecuencias para Andalucía:
1.- Efecto llamada. Por más que se insista en lo contrario, este Decreto es una amnistía y diríamos más: es una “amnistía con premio para el infractor”. Es amnistía porque se reconoce que la construcción de estas viviendas en suelos prohibidos es un delito, y este decreto elimina el carácter de “delito” y además lo hace con carácter universal en todo el ámbito andaluz. Y lo hace con “premio”, porque el Decreto va a dar a estas viviendas ilegales una seguridad jurídica (Ej. pueden inscribirse en el Registro de la Propiedad) que antes no tenían, por más que la Junta pretenda decir que “no es una legalización, sino un reconocimiento”, que no se sostiene de ninguna manera.
Además, no es una “ley de punto final”, pues se crea un precedente jurídico imposible de soslayar: cualquiera que haga una vivienda a partir de ahora, tendrá la garantía de que podrá ser legalizada. La Junta de Andalucía renuncia a los principios de protección del suelo no urbanizable y se alinea directamente con los principios liberales de la derecha del “todo es urbanizable”.
2.- Costes ambientales. Desde la propia Junta de Andalucía se reconoce este urbanismo ilegal -que ha invadido millones de m2 de suelos no urbanizables, en muchos casos protegidos-, es insostenible desde el punto de vista ambiental, ya que es altamente consumidor en recursos naturales (agua, energía, suelo), y fuertemente contaminador, visual (daños al paisaje), edáfico (basuras), acuático (aguas residuales), etc. Cuando es una vivienda, el daño es mínimo, pero con las 300.000 viviendas ilegales en Andalucía, de las que el 90% se pretenden regularizar, es un desastre ambiental.
3.- Costes económicos. La Junta de Andalucía afirma que con este Decreto se pretende que aquellas construcciones que se hicieron sin contribuir a la riqueza y el bien público, como hacen las urbanizaciones que se construyen legalmente, paguen y contribuyan con las cesiones, dotaciones e impuestos que marca la ley para cualquier construcción. También se afirma que con esta regularización estas viviendas podrán acceder a agua y electricidad. Todo esto significa, en el mejor de los casos, que se ignora la realidad, cuando no se oculta demagógicamente. Estas urbanizaciones y viviendas ilegales han contado con el apoyo de los Ayuntamiento: les hacen caminos, se los asfalta, les pone los tendidos eléctricos, les busca agua... Y todo con dinero público, a veces a través de las Diputaciones, bajo programas eufemísticos de “mejora del medio rural”.
Por otra parte, no es cierto que con la regularización se vayan a pagar los impuestos, cesiones y dotaciones previstas para cualquier urbanización, en todo caso esto solo será posible para los pocos casos en que se recalifiquen los suelos a urbanizables en el PGOU. El Decreto lo único que exige son unos impuestos que además fijará cada Ayuntamiento, y es previsible que un Ayuntamiento que consintió estas viviendas y que quiere revalidar el voto de los ciudadanos, procurará ser “tolerante” y buscar tasas asumibles por todos, que de ningún modo compensarán los enormes costes que va a suponer en el futuro las exigencias de servicios (caminos, iluminación de viales, transporte, correos, basuras, etc.) de estos nuevos ciudadanos con sus plenos derechos.
Este Decreto supone la renuncia definitiva de la Junta de Andalucía a la ordenación del territorio y a la disciplina urbanística ¿Para qué quiere competencias que luego renuncia a aplicar? La regularización de estas urbanizaciones ilegales supone saltarse a la torera los límites del crecimiento urbanístico de los municipios andaluces, fijado por el Parlamento en el 40%, y el mantenimiento de la ciudad compacta mediterránea. También supone un evidente desprecio a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que determina que las viviendas en suelo no urbanizable solo podrán justificarse como parte de una explotación agropecuaria, prohibiéndose claramente las segundas residencias.
La Junta de Andalucía y los Ayuntamientos pretenden regularizar las viviendas cuya infracción -4 años- ha prescrito, pero no se comprometen a demoler las que no han prescrito: las construidas en suelo de especial protección, en sistemas generales, en suelos de riesgo... También obvia la Junta de Andalucía que las urbanizaciones ilegales no prescriben, por lo que habría que proceder a desmontar todas las infraestructuras (viales, redes de agua y electricidad…) construidos de forma ilegal, y sin las que no habrían proliferado esas cientos de miles de viviendas ilegales.
Con este Decreto la Junta de Andalucía deja en aguas de borraja al tan cacareado Reglamento de Disciplina Urbanística, que prevé el "derribo exprés" por parte de los Ayuntamientos. Nadie se cree que algún Ayuntamiento vaya a tener la osadía de acometer la demolición de viviendas ilegales con el coste electoral que supone. En el supuesto de que este Decreto sobreviva tras las elecciones inminentes, seremos testigos de innumerables irregularidades en el proceso de regularización, y al fomento del fenómeno insostenible de la construcción en suelo rústico.
No es casualidad que los máximos responsables de la Junta de Andalucía anunciaran esta amnistía antes de las pasadas elecciones municipales, y que ahora, en nuevas vísperas electorales, lo aprueben. Se demuestra que con tal de arañar unos miles de votos son capaces de desmontar nuestro estado de derecho, apoyar la destrucción de nuestro territorio, avalar a infractores y delincuentes urbanísticos y promover un clientelismo mafioso. La Junta de Andalucía ha lanzado un buen lema de campaña “Urbanizar ilegalmente en Andalucía es un buen negocio, vótame”.
* Cabra Información - E.A. - Miércoles, 18 de enero de 2012
Contra la amnistía del urbanismo ilegal
Aguirre ya tiene en su región un pueblo en ‘suspensión de pagos’
“La propuesta de Montoro (de perseguir por lo penal a los malos gestores) está muy bien, pero podría empezar por aquí”. Son las declaraciones de Florentino Serrano, portavoz del Grupo Independiente de Quijorna a ELPLURAL.COM, que cree que el ministro de Hacienda debería empezar a perseguir a su compañera, la popular Mercedes García Rodríguez, que gobierna desde 2003 en el municipio madrileño.
Éramos un Ferrari
“La situación es caótica”, asegura Serrano, cuyo partido, como el PSOE, lleva tiempo denunciado “la que se venía encima”. “Pero la alcaldesa, quizá por prepotencia o soberbia, no es consciente”, comenta el portavoz del GIQ, “Quijorna era un Ferrari y ahora mismo estamos en bancarrota”.
Funcionarios que no cobran
El Ayuntamiento se ha dado cuenta de que las arcas estaban vacías ahora, y ayer anunció a sus funcionarios que no hay dinero para pagarles. La culpa la tiene la deuda acumulada de 4 millones, a la que hay que sumar otro millón de lo que se debe a proveedores. Pero la puntilla ha venido porque la Justicia ha declarado ilegales unos convenios urbanísticos por los que ahora el pueblo deberá devolver 3,5 millones de euros.
2.700 euros por barba
Todo junto suma una cifra de números rojos que ronda los 8,5 millones de euros. Una cantidad que puede afrontar fácilmente una capital de provincia, pero no un municipio de 3.150 habitantes. Porque sus ciudadanos tocan ahora a 2.700 euros por cabeza de la deuda conseguida por su alcaldesa.
No hay planificación
“La situación económica es insostenible”, asegura Azucena Concejo, concejal del PSOE en la localidad, que calcula que la deuda es igual “al importe total del presupuesto”. Y decimos calcula porque no puede dar la cantidad exacta ya que “no nos permiten acceder a ningún expediente”. Ella también asegura que lo veía venir por la “mala gestión municipal”. “Aquí nunca ha habido planificación”, concluye.
Urbanismo oscuro
La historia urbanística de Quijorna está salpicada de zonas oscuras. El Plan General de Quijorna, uno de los planes urbanísticos más ambiciosos de la Comunidad de Madrid, fue diseñado junto a la ilegal autovía de los pantanos (M-501), que Esperanza Aguirre se empeñó en construir sin declaración de impacto ambiental, tal y como declaró el Tribunal de Superior de Madrid.
Propietarios ilustres
Además, este municipio cuenta entre sus más ilustres propietarios a Fidel San Román, procesado en la Operación Malaya por pagos a Juan Antonio Roca, quien compró en la localidad durante los años 2005 y 2006 más de 1.000.000 de metros cuadrados.
El omnipresente Arnáiz
Un propietario de los sectores que ahora ha declarado ilegal el TSJM y que han supuesto un nuevo revés a la deuda de Quijorna es Leopoldo de Arnáiz, el urbanista de cabecera del Partido Popular. Este omnipresente arquitecto estuvo vinculado al Tamayazo y declaró en la Comisión de Investigación del escándalo que cambió el Gobierno de la Comunidad de Madrid por asuntos que todavía no se han esclarecido y sobre los que aún no se ha abierto ninguna investigación.
Sociedades con testaferros
En uno de estos sectores aparece como titular de terrenos la sociedad Promociones Guadávila S.L, una de las empresas pertenecientes al Arnáiz y que son manejadas por testaferros, en este caso Alberto Cubillo Rubiato, según relató el diario Público.
* El Plural - 20.1.12
Foto: Quijorna (Madrid) - 20minutos
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Alhaurín.- Condenado por cohecho, pero sigue
DIARIODESEVILLA/Editorial* : La Audiencia de Málaga ha condenado al alcalde de Alhaurín el Grande, el popular Juan Martín Serón, y a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, a sendas penas de un año de suspensión y multas de 200.000 euros por pedir un soborno de 122.000 euros a un promotor de la localidad, a cambio de otorgarle una licencia para edificar un mayor número de viviendas de las que teóricamente se podían permitir. Es el único cohecho de los trece que se juzgaban que los magistrados entienden que ha quedado acreditado. El empresario extorsionado acudió a la Policía y obtuvo grabaciones que han sostenido ahora los hechos probatorios. Pero la propia redacción de la sentencia deja entrever la frustración del tribunal, que dibuja un escenario habitual en el que los acusados "jugaban" con las normas urbanísticas del municipio, en donde se emitían informes contrarios a las licencias que se convertían, "por arte de magia", en favorables. La sala incluso cuestiona el alto volumen de los ingresos de los dos concejales y recela de su estilo de vida. Pero en ambos casos no va más allá de las sospechas. El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande está, a día de hoy, dirigido por un delincuente.
El cohecho que ha cometido le inhabilita políticamente para continuar al frente de la localidad, más allá de la pena de un año de suspensión impuesta por la Audiencia, que no es firme y contra la que el acusado va a interponer recurso para intentar demostrar que la Justicia ha errado en esta primera instancia.
Es, por tanto, incomprensible que el PP ampare y respalde a un condenado por corrupción en su anuncio de proseguir con sus siglas a los mandos del Consistorio. Está claro que los códigos éticos de los partidos que presumen de combatir la corrupción se aplican con flexibilidad extrema. Prima el interés partidista, que favorece a los corruptos propios y exige rigor contra los adversarios. El fallo es también un gran varapalo a una muy deficiente instrucción y a sus investigadores. La condena se debe únicamente al empeño de un empresario que se rebeló contra las prácticas ilegales en un Ayuntamiento.
* Diario de Sevilla - Opinión - 21.1.12
Castellón - El juez abre juicio oral contra Carlos Fabra y le impone 4,2 millones de fianza
Se le ha impuesto una fianza de más de 4,2 millones de euros.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el resto de personas a las que se juzgará son su exesposa, María Amparo Fernández, y el empresario Vicente Vilar y su exesposa Montserrat Vives.
Así, la exesposa de Fabra tiene una fianza de 1.718.192,8. Por su parte, a Vicente Vilar le impone una fianza de 800.000 euros, la misma cantidad que a Monserrat Vives.
Los delitos de los que se les acusa a los cuatro implicados son cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Las partes disponen de un plazo de diez días para presentar un escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas.
En caso contrario se les embargarán "bienes de su propiedad en cantidad suficiente a cubrir dicha suma o acredítese en legal forma la insolvencia, abriéndose para ello la correspondiente Pieza de Responsabilidad Civil".
Concluida la instrucción, la causa volverá a la Audiencia de Castellón, donde se iniciará el juicio en la fecha que fije el titular del Juzgado de Nules en su próximo auto.
El juez explica que se decreta la apertura del juicio oral contra los imputados porque los hechos de los que se les acusa pueden ser constitutivos de "varios delitos castigados con penas privativas de libertad".
En ese sentido, señala que Fabra y su exmujer, en los ejercicios fiscales correspondientes al periodo comprendido entre los años 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían ni con el patrimonio ni la renta que declararon.
En el caso de Fabra, en el escrito se indica que en ese periodo no declaró 693.074 euros, distribuidos entre 231.155 del ejercicio fiscal correspondiente a 1999; 124.078,13 de 2000; 174.836,69 de 2002 y 163.003,99 euros de 2003.
En relación a su exmujer, apunta que no declaró en tres años un total de 428.644 euros, de los que 154.237,10 corresponden a 1999; 128.510,87 de 2000 y 145.896,61 de 2003.
Defensa
El juez da diez días a las defensas para formular escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas, con el apercibimiento de que si no presentaren su escrito en el plazo señalado, se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrirse.
El abogado de Carlos Fabra y de su exmujer es Javier Boix, que también se encarga de la defensa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en la denominada 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel' para demostrar que sus representados no recibieron prendas como regalo de la trama Gürtel.
Autorización para los productos fitosanitarios
El juez señala en el escrito que en 1999, Vicente Vilar era el administrador único de la empresa Naranjax, ubicada en Artana (Catellón) y dedicada a la fabricación y formulación de productos fitosanitarios sintetizados por la mercantil Arcavi, de la que era administradora única su entonces mujer Montserrat Vives.
Hay que señalar que la exesposa de Vilar era amiga de la exmujer del presidente provincial del PP.
Por lo tanto, indica que existen indicios de que Vilar se puso en contacto con Carlos Fabra porque Naranjax tenía varios productos pendientes de aprobación administrativa ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad.
Fabra accedió a interesarse por la situación de los productos del grupo de empresas y a mediar ante autoridades y funcionarios para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de los productos fitosaniatrios "haciendo valer su condición de presidente de la Diputación".
A raíz de sus actuaciones, el 12 de julio de 1999 se celebró una reunión en el Ministerio de Agricultura, entre su titular, entonces Jesús Posadas; Fabra; el ex secretario de Estado de Hacienda y diputado por Castellón, Juan Costa; el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Prim, para tratar, entre otros, de los retrasos en la concesión de licencias para los productos fitosanitarios.
Asimismo, según consta en el escrito, en la reunión intervino el entonces director general del Ministerio Rafael Millán, para informar del estado administrativo de los productos de Naranjax.
El 18 de octubre de 1999 se aprobó uno de esos productos y, como consecuencia de ello, Fabra requirió a Vilar el pago de 150.000 euros en reconocimiento a su labor.
Oferta de compra
La empresa portuguesa Sapec, representada en España por Ginés Márquez, formuló una oferta de compra por Naranjax, en la que Fabra se ofreció a mediar, de acuerdo con el auto, para lo que contactó con el despacho profesional 'Cas-Legis', del que eran socios Ricardo Costa y Emilio González.
Para ello, a principios del 2000 se celebró una cena en Naranjax con la mayoría de estas últimas personas presentes, de ahí salió la venta a Sapec por parte de Naranjax del producto Piclor, por 1.093.842,03 euros.
Posteriormente, Fabra propuso a Vilar participar en su negocio con la constitución de una empresa que fuese la titular de los registros que Naranjax fuera obteniendo.
Además, sus esposas serían las socias de dicha empresa.
A través del mismo despacho, el 3 de diciembre de 1999, las dos mujeres compraron al 50% una empresa carente de actividad, 'Artemis 2.000 S.L', que era la "mera titular" de los productos que obtenía Naranjax.
El juez señala que Fabra continuó la labor de mediación a favor de estas empresas ante autoridades y funcionarios públicos de la administración para agilizar la concesión de licencias, y hace constar que se llegó a reunir con el entonces director del Gabinete de Presidencia, Tiberman, y la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos.
El 28 de abril de 2000, Carlos Fabra constituyó la mercantil Carmacas S.L., junto con sus hijos, y "en concepto de pago por unos supuestos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo que nunca fueron entregado", facturó en julio de ese año a Arcavi 34.800 euros; 72.121 euros en dos ocasiones a Artemis y 20.724 y 54.000 euros a Naranjax. En ese momento, ni Arcavi ni Artemis tenían trabajadores.
* 20 Minutos - 20.1.12
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com
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Cajasol defiende su rascacielos en la Cartuja y desacredita el informe de la Unesco
La promotora trata de desacreditar el informe asegurando que contiene errores graves, que se trata de un documento "provisional", que no está redactado por la Unesco y que ningún miembro de este organismo ha visitado la ciudad para elaborarlo.
Sus firmantes son, efectivamente, dos miembros de Icomos (órgano sesor en materia de patrimonio), enviados expresamente por la Unesco a Sevilla. El contenido de su informe, además, ha sido asumido y difundido por la Unesco, que lo utilizará como base para una toma de decisiones en la asamblea del próximo junio en San Petersburgo.
Cajasol, pese a defender el proyecto, deja abierta una posibilidad a la negociación. En su comunicado, señala que está dispuesta a "colaborar con las administraciones en todo lo que sea necesario y poner todas las herramientas que demuestren que la integración de un proyecto de esta envergadura con la ciudad es una realidad".
Los constructores opinan
Por su parte, la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco) ha solicitado la apertura de una línea de "consenso" y "diálogo" con la Unesco para intentar cambiar el sentido del informe para mantener el proyecto "en su integridad".
El gerente de Gaesco, Manuel Sillero, ha explicado a Europa Press que, con independencia del hecho de que cuando se concedieron las licencias "quizás, a la vista del informe, no se hiciera con todas las cautelas", la realidad es que, a día de hoy, el rascacielos de la Cartuja es "un proyecto con licencia concedida y con todos los requisitos legales establecidos para que el proyecto pudiese llegar hasta su conclusión final".
* El Mundo - Francisco Javier Recio - 20.1.12
Foto: Una vista del rascacielos de la Cartuja desde el puente de San Telmo. | Efe
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El Supremo rechaza la privatización del colegio de El Álamo
En mayo de 2008, la Consejería de Educación sacó el centro de la red de colegios públicos para convertirlo en un concertado, sentando un precedente. Además de la cesión de suelo municipal, la Comunidad había costeado parte de su construcción, casi dos millones de euros para el edificio central que dio por perdidos.
La consejería aprobó la cesión a una empresa a pesar de que había más de 60 alumnos matriculados en el Miguel Ángel Blanco. Lo justificó por la mala situación económica del Ayuntamiento, que no podría hacer frente a los costes de un centro público. CC OO y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos recurrieron la decisión en 2009 y lo volvieron a hacer tras el cambio de decreto.
Tanto la FAPA como el sindicato han reclamado que se ejecute la sentencia, que el centro vuelva a la red pública y que "se depuren las correspondientes responsabilidades políticas por una actuación que ha sido reiteradamente condenada por los tribunales de justifica", según un comunicado emitido hoy por CC OO. No es la intención de la Comunidad de Madrid.
La Consejería de Educación ha indicado esta mañana que tramitará un nuevo decreto para "subsanar" el trámite de solicitar el informe "no vinculante" al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, según declaraciones de fuentes de la consejería a la agencia Efe. Educación considera que las sentencias aluden a un "defecto de forma" porque no se pidió el informe al Consejo. Ya con la sentencia anterior, señalaron que el fallo no tenía "ningún efecto práctico desde el punto de vista educativo, de escolarización o de ordenación de centros".
El Ayuntamiento de El Álamo (7.265 habitantes), gobernado por el Partido Popular, quiso que el nuevo colegio público (solo hay uno en el municipio), construido en la localidad y sin estrenar, se convirtiera en un centro privado concertado. Para justificar tal pretensión, el gobierno local echó mano de la "crítica situación" de las arcas municipales, con una deuda de unos 18 millones de euros, que impedía al Ayuntamiento hacerse cargo de los gastos de mantenimiento del centro que le correspondían. También alegó que con esta privatización, los padres tendrían mayor libertad a la hora de elegir para sus hijos un colegio público o privado.
* El País - PILAR ÁLVAREZ Madrid 19 ENE 2012
Foto: Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel ángel Blanco de El Alamo. / SANTI BURGOS
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Harto de la milonga
CONCHA CABALLERO/Andalucía* : La marea azul es tan intensa, la debilidad de la oposición tan patente que empieza a emerger el contenido políticamente incorrecto. Arenas proclamó la semana pasada que está harto, más que harto “de la milonga del desarrollo sostenible”. Le aplaudieron a rabiar. Harto de pajaritos, de ecologistas, de perroflautas que ponen en tela de juicio las urbanizaciones a pie de playa, que se enfrentan a los molinos de viento de hoteles como El Algarrobico; que pretenden delimitar zonas en las que no se puede construir: con lo bonita que está la costa llenita de casas desde el cabo de Gata hasta Ayamonte.
Tiene las cosas muy claras el aspirante presidencial: la primera tarea es derogar todas las normas que restrinjan el uso del terreno residencial en Andalucía: la ley del Suelo, los planes subregionales y el POTA (perdonen el nombrecito, la c consejería no anduvo muy fina con el acróstico). Nada de controles, nada de zonas protegidas, nada de planificación territorial. Puro Far West: quien quiera construir en Andalucía que venga y coloque su caravana sobre la tierra elegida. Andalucía comunidad abierta, sin límites y sin milongas ambientalistas. Cada rincón, cada playa, cada montículo con buenas vistas podrá ser proclamado “zona residencial privilegiada para los europeos”. ¡Qué libertad, oigan!
Cualquiera diría que la Administración andaluza tenía el carnet de Greenpeace cuando, por el contrario, tardaron años en proclamar algunas leyes proteccionistas y solo lo hicieron cuando ya nuestras costas estaban cubiertas, de punta a cabo, por el ladrillo y nuestros Ayuntamientos enfangados en las plusvalías y en los convenios urbanísticos.
Pero Arenas tiene la receta: más libertad para el ladrillo. Como si hubiesen sido los tímidos controles de la Administración los que provocaron la crisis y no el exceso y la desproporción del negocio urbanístico. En Andalucía, según los expertos, hay un stock de viviendas en torno a las 390.000 que no se venden a pesar de la bajada de precios. La Junta de Andalucía acordó un plan para sacarlas a la venta con el máximo de facilidades y, sin embargo, aún siguen ahí, deteriorándose día tras día. Más de la mitad de ellas están en las zonas costeras: miles de urbanizaciones cerca de la playa por donde ulula en las tardes de viento el solitario fantasma de la crisis. Pero nada de esto importa, los nuevos gestores de nuestras vidas tienen un plan y es potenciar a tope la construcción.
No debe de ser una manía solitaria de Javier Arenas porque el flamante ministro de Agricultura —y de Medio Ambiente, que se le ha olvidado— ha anunciado que va a reformar la ley de Costas para idéntico fin: acabar con la milonga del desarrollo sostenible y “poner en valor” cada centímetro cuadrado de las playas españolas.
Y es que, en esto del medio ambiente, España está a años luz de Europa. Tanto la derecha como la izquierda tienen un marcado carácter productivista y escasísima conciencia ecológica. La derecha tiene “primos” que le desmienten el cambio climático y empresas que les exigen acabar con los controles públicos. Por su parte, la izquierda ha reducido el ecologismo a una declaración desvaída relegada a las últimas líneas de su programa electoral. Han hablado de desarrollo sostenible, pero su práctica urbanística y económica ha ido por el camino opuesto. Todo esto unido a la inexplicable inexistencia del ecologismo como opción electoral. Mientras en Europa Los Verdes son una opción política potente, en nuestro país, desgraciadamente, no levantan cabeza y hay mucho más ecologismo en la sociedad que en las instituciones. La política, como la vida, es un tour de force; el espacio que ocupan las ideas que se abandonan es inmediatamente invadido por el oponente. La derecha se vuelve más agresiva cuando la izquierda es más débil o incoherente. Por eso Arenas se permite hoy lo que no se hubiese permitido hace años: poner fin al desarrollo sostenible de un plumazo, con ese tono de fastidio del que ha tenido que aceptar ideas que le desagradaban profundamente.
* El País - Opinión - 20.1.12
Valencia.- El TSJM también considera expolio el plan urbanístico de El Cabanyal
La sentencia desmonta los argumentos del Ayuntamiento y confirma que el ministerio podía ejercer la tutela: “La competencia es de la ministra [entonces Ángeles González Sinde]. Por tanto, todo lo alegado en su contra carece de fundamento”. Asimismo, considera que la finalidad de la orden era “velar por el patrimonio del conjunto histórico” del barrio y de la trama urbana.
Según el texto, el ministerio actuó correctamente paralizando el Plan Especial de Protección y Reforma Interior, un proyecto urbanístico que pretendía abrir una ancha avenida hasta el mar a costa de 450 edificios. El tribunal indica que el ministerio emitió una resolución “motivada y contrastada por numerosos informes técnicos”, en contra de las acusaciones del Ayuntamiento.
La plataforma Salvem El Cabanyal comunicó su “satisfacción” y consideró el auto “un nuevo espaldarazo judicial”. El colectivo hizo una llamada “al consenso social” y solicitó “una reunión con todas las partes interesadas” en el desarrollo “de El Cabanyal y de la ciudad de Valencia” para “replantear de una vez por todas el futuro de nuestro barrio”. Salvem el Cabanyal urgió a la Administración a contar con “vecinos, partidos políticos y otras fuerzas sociales y sindicales” para redefinir el destino del barrio: “Nos jugamos una parte importante, muy importante, del futuro de toda la ciudad”. A modo de consejo, la asociación hizo hincapié en la rehabilitación del espacio “porque crea puestos de trabajo y movimiento económico, al contrario que la expropiación, que cuesta dinero y retrasa la solución”.
Por último, una portavoz de la plataforma insistió en que “los intereses económicos de la ciudad pueden llevarse a cabo sin necesidad de destruir” y tildó de “irrespetuosa” la actitud de la alcaldesa, que “entiende que su deseo debe ser cumplido por encima de las sentencias judiciales”. El colectivo valoró como “muy positiva” una sentencia “perfectamente documentada” y la tomó como “otro motivo para la esperanza y para mantener la lucha”, porque “es muy duro vivir amenazado”.
Una sentencia para rectificar y mirar al futuro
La decisión del tribunal ha provocado una reacción en cadena en los líderes de los grupos parlamentarios. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quitó ayer hierro a la sentencia: “Según el informe que tengo del servicio jurídico, la resolución del tribunal de Madrid no entra en el fondo”. Insistió en que el Ayuntamiento “ya está trabajando con el Gobierno central” para desbloquear el recurso y que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio de El Cabanyal-Canyamelar pueda seguir adelante: “No les oculto que estoy trabajando con el Gobierno. Lo que no puedo decir son datos ni plazos, porque son temas que se tienen que estudiar, y también son temas jurídicos”. Barberá sostuvo que El Cabanyal “tiene un plan aprobado desde hace años” que “en estos momentos está paralizado”: “El PEPRI cuenta con 12 sentencias que lo avalan”, indicó, “y vamos a seguir adelante”.
En la oposición, la sentencia fue recibida de otro modo. El portavoz socialista Joan Calabuig remarcó la “evidencia” de que el plan de Barberá “no tenía ningún fundamento” y acentuó la posibilidad de “rectificar” ya que, según dijo, “es hora de mirar al futuro” teniendo en cuenta a todas las partes involucradas “para orientar la rehabilitación y relanzar el barrio. Una esperanza que comparte la mayoría de sus vecinos”. Calabuig defendió que los vecinos del Cabanyal “tienen que estar orgullosos de vivir en el barrio”, e insistió en que es necesario “poner fin a una paralización de más de 20 años”. En ese sentido, remarcó que el auto es “una nueva oportunidad de buscar el acuerdo y relanzar el barrio”.
Amadeu Sanchis, portavoz de EU en el Ayuntamiento, mostró “satisfacción” ante la decisión que respalda la orden de Cultura: “A lo largo de estos dos años”, comentó Sanchis, “el equipo de gobierno del PP, y especialmente la alcaldesa Rita Barberá, se han empecinado en mantener una batalla legal contra una decisión que tiene como objetivo la conservación de nuestro patrimonio”. También consideró que el TSJM “deja en evidencia una política urbanística que, si nunca tuvo justificación, se ve acorralada por una crisis de gran envergadura que imposibilita invertir recursos públicos en el derribo de inmueble y que, además, sería un expolio”.
* El País - 19.1.12
Foto: Imagen de la calle Lluís Despuig, en el barrio de El Cabanyal de Valencia. / JORDI VICENT
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La Unesco aconseja "parar" la Torre Pelli en Sevilla
El informe en cuestión, recogido por Europa Press, está firmado por Elvira Petroncelli, perteneciente a la Universidad Federico II de Nápoles (Italia), y por José Aguiar, de la Universidad de Lisboa (Portugal). Ambos protagonizaron entre el 7 y el 9 de noviembre de 2011 una visita a Sevilla al objeto de recabar 'in situ' información para el expediente que la Unesco tramita acerca de los efectos del mencionado proyecto urbanístico, ya en marcha, sobre los monumentos de la capital andaluza declarados Patrimonio de la Humanidad: la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias.
El proyecto, promovido por una sociedad participada mayoritariamente por Cajasol-Banca Cívica, ha generado un intenso debate en la ciudad de Sevilla, toda vez que el enclave en el que ya se desarrollan los trabajos, en el sector sur de la isla de la Cartuja y a un ritmo de un nivel por semana, dista aproximadamente 500 metros del borde del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla y unos 1.500 metros del triángulo formado por La Catedral, los Reales Alcázares y el Archivo de Indias.
La Unesco, en el marco del expediente promovido al respecto, había requerido a España para que antes del 1 de febrero de 2012, entregue un informe sobre el "estado de conservación" de los monumentos de Sevilla declarados Patrimonio de la Humanidad, dando además cuenta de la evolución de la torre de 178 metros que promueve la sociedad Puerto Triana según el diseño del arquitecto César Pelli.
Esta petición figura en una resolución emitida por la Unesco tras examinar, en la XXXV sesión de su Comité de Patrimonio Mundial, un informe elaborado por una comisión de expertos en cuanto a los efectos de este proyecto sobre el paisaje histórico de la capital andaluza. Las pretensiones de la Unesco pasan por revisar de nuevo este expediente en la XXXVI sesión de su Comité de Patrimonio Mundial, que se celebrará el próximo mes de junio en San Petersburgo (Rusia).
De cualquier modo, este informe elaborado por Petroncelli y Aguiar tras su visita a Sevilla señala un "impacto visual altamente negativo" de la torre en cuestión, --proyectada para alcanzar 178 metros de altura--, sobre el entorno de los monumentos declarados Patrimonio Mundial, además de sobre "su contexto y su relación con el río y otros edificios que apoyan los atributos que expresan el valor universal excepcional" de estos tres famosos monumentos de Sevilla.
Y es que la torre, según este informe, "se alzará" hasta 178 metros de altura en un "lugar particularmente sensible entre el conjunto de la Cartuja, el histórico barrio de Triana y el casco histórico de Sevilla". En ese sentido, avisa el informe de estos expertos, de que "hay ciertos aspectos donde la nueva torre cambiará dramáticamente la actual prominencia y significado" de la Giralda, el antiguo y célebre minarete almohade que corona la Catedral de Sevilla.
"La prominencia volumétrica y la dimensión vertical de la Catedral y el minarete de la Giralda siempre han sido una imagen característica, un poderoso referente, un imaginario colectivo, un signo que expresa un largo proceso de desarrollo. Si esas relaciones cambian, afectaremos o comprometeremos los principios sobre los que el 'valor universal' fue establecido o definido", señala el informe en cuanto a los motivos por los que estos monumentos gozan de una declaración de Patrimonio de la Humanidad.
Dado el caso, el informe concluye que "las autoridades locales deben encontrar formas de para la construcción de la torre y revisar el proyecto, a través de la modificación de su perfil en relación con el impacto percibido que éste podría tener en conexión con el contexto histórico" y los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. Y es que los expertos abogan además por "la protección de la zona de amortiguamiento (que rodea a los monumentos) y un entorno más amplio" de los monumentos en cuestión.
"Su proceso de revisión debería comenzar estudiando una modificación de su escala y su altura", señala así este informe que será examinado el próximo mes de junio en el seno del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco.
* Canal Sur - 19.1.12
Foto: Sevilla, vista Torre-Pelli y Giralda - agencias
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El alcalde malagueño condenado por cohecho no dimite porque es "de cobardes"
En una rueda de prensa que ha ofrecido en su municipio, ha detallado que tras conocer ayer la sentencia -que también le impone una multa de 200.000 euros- le transmitió a los concejales la idea de dimitir para no dañar la imagen del pueblo, pero éstos le advirtieron de que en caso de que se fuera "se iban todos".
El fallo, al que tuvo acceso Efe, condena también al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, a la misma pena por un delito de cohecho, y les absuelve de otros doce delitos de cohecho de los que le acusaba el ministerio fiscal.
Martín Serón ha explicado que irse sería "de cobardes", además de que cree que tiene que defender algo "sagrado" que recoge la Constitución, como es la presunción de inocencia y que por ello van a recurrir al Tribunal Supremo la sentencia, por lo que "confían que sin pruebas no les condenen".
Ha añadido que ve "injusta, desproporcionada" y "carente de rigor" la sentencia, por lo que tanto él como Guerra proclaman y defienden su total inocencia en el caso "Troya" contra la corrupción urbanística.
"La justicia habría ganado mucho en credibilidad con la valentía de la absolución total", ha añadido.
Ha dicho que el caso se ha convertido en el "caso Perola", apodo del empresario J.B.L., persona a la que, según la sentencia, el alcalde y el concejal venían "exigiendo con insistencia" al menos desde mayo de 2006 el pago de 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras para la construcción de un edificio.
El tribunal considera que no ha quedado acreditado que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, entre 2002 y 2006 funcionara una trama cuyo objeto era obtener el enriquecimiento personal ilícito de Martín Serón y Guerra, y considera probado únicamente un delito de cohecho.
La trama consistía, según el fiscal, en exigir la entrega de ciertas cantidades de dinero a los empresarios y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados en realizar alguna construcción y que, por tanto, tenían que solicitar la preceptiva licencia municipal de obras.
La Sala no considera acreditados los restantes delitos de cohecho porque ningún empresario o promotor ha reconocido en el juicio haber efectuado pago alguno a los acusados para la obtención de las licencias.
* La Información - Efe - 19.1.12
Foto: El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), durante su comparecencia hoy ante los medios de comunicación, para hablar sobre la sentencia por el caso "Troya", por el que ha sido suspendido un año para empleo o cargo público y tendrá que pagar 200.000 euros de multa.- redgente
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Escola Valenciana protestará en el aeropuerto de Castellón y en la F-1
La entidad cívica ha enviado una carta a los centros educativos valencianos donde propone un marco de acción a la comunidad educativa para condenar el "ataque" del Gobierno valenciano al mundo de la enseñanza y anima a "hacer visible la indignación sin que esto afecte a nuestra tarea diaria en la escuela", ha explicado en un comunicado.
En este sentido, Escola ha afirmado que "no es momento de que alumnos y familias paguen la incompetencia del Gobierno valenciano, no es momento de ofrecer argumentos a los que aprovechan la crisis por atacar la dignidad de los docentes".
"Centrar la protesta en recortar las actividades dirigidas a nuestros alumnos y, por lo tanto, la calidad educativa no es el camino", ha subrayado la esta entidad, quien se ha preguntado: "¿De qué servirá no celebrar el carnaval? ¿qué utilidad tendrá cuestionar la semana cultural del centro?¿cambiará la política educativa si reducimos las salidas con nuestros alumnos?".
En su opinión, renunciar a actividades lúdicas "puede comportar como único resultado alejar los profesionales de la educación de las familias y echar piedras sobre nuestro tejado". En la carta, la entidad cívica invita a "llevar a la comunidad educativa al aeropuerto sin aviones, a la Ciudad de la Luz o al circuito urbano de la Fórmula 1 para visualizar por qué no podemos pagar la luz de nuestros centros, por qué continuamos en barracones, por qué se baja el sueldo a los docentes o por qué se retiran las ayudas a las familias.Visualizar el motivo real de todo".
En este sentido Escuela Valenciana ha explicado que está trabajando para presentar a la Plataforma por la Enseñanza Pública una propuesta de acciones concretas en espacios que muestren "la malversación que ha traído como consecuencia la situación actual".
Además, ha animado a asistir "masivamente" a las manifesaciones de este sábado, que convoca la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Public.
* El País - 19.1.12
Foto: Castellón, aeropuerto enero_2012 - elpais
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Burbuja inmobilaria, derecho a la vivienda y el futuro del 15M
JoSÉ J.MARTÍNEZ DE LA TORRE* : Es innegable que la cuestión del acceso a una vivienda es una de las necesidades, por su importancia y complejidad, que más preocupan al conjunto de las clases trabajadoras y populares en nuestro país. Sin embargo, en la actualidad esta preocupación hace ya tiempo que se ha extendido a otras clases sociales que han visto cómo sus condiciones de vida se aproximaban a las de las clases trabajadoras y cómo problemas que hace tan sólo unos años les parecían muy lejados, se han convertido en realidades cotidianas de su existencia.
Puede decirse que el derecho a la vivienda que viene recogido en la Declaración de los Derechos Humanos, en la Constitución Española y en diversos acuerdos internacionales firmados por el Estado español, está muy lejos de ser un derecho real entre otras razones porque este derecho choca frontalmente con el único derecho sagrado en las sociedades capitalistas, el derecho a la propiedad privada. Mientras no se rompa con la lógica capitalista, la única lógica dominante que puede existir en el capitalismo, que sólo atiende a las necesidades de los seres humanos en tanto en cuanto éstas se transformen en mercancías y por lo tanto en objeto de una actividad de la que extraer beneficios, el derecho a la vivienda sólo puede ejercerse accediendo al mercado (a través de la compra o el alquiler), lo que generalmente implica un prolongado y enorme esfuerzo económico para las familias que condiciona sus proyectos vitales durante decenas de años.
En los años pasados, y de forma muy sensible en el periodo que va de 1997-2007, y de la mano de condiciones favorables facilitadas por las entidades bancarias, este derecho se ha ejercido a través de la adquisición en propiedad de una vivienda, de manera tal que el número de ventas
de viviendas y de establecimiento de créditos hipotecarios para la adquisición de una vivienda
en propiedad no dejó de crecer en dicho periodo a un alto ritmo. En estos años, el sector de la
construcción e inmobiliario junto con los precios de la vivienda crecieron como la espuma. Pero
si en los tiempos de crecimiento económico ya suponía un gran dificultad el poder acceder a una vivienda, en estos momentos, con un desempleo que supera los 4 millones de parados, se ha convertido en un auténtico drama para millones de trabajadores que se encuentran ante el peligro real de perder, ante la imposibilidad de satisfacer a la entidad bancaria las cuotas de la hipoteca, la vivienda que habían adquirido y no sólo eso sino que además se ven en la obligación de seguir haciendo frente a dicha deuda a través de un proceso infame derivado de una legislación hipotecaria que prima el derecho de propiedad (de los bancos) frente al derecho a la vivienda (de los ciudadanos).
A través de este breve trabajo vamos a intentar, en primer lugar, dar una visión general del proceso de formación y pinchazo de lo que se ha denominado la burbuja inmobiliaria y de la construcción para poder así entender la situación en la que nos encontramos en la actualidad y comprender algunas de las características particulares de nuestra realidad. En segundo lugar, abordaremos una de las más graves consecuencias que está teniendo la actual crisis económica: la proliferación de los desahucios sobre las familias, fundamentalmente de familias de las clases trabajadoras y populares, hecho éste que se produce como consecuencia de no poder seguir pagando la hipoteca y que en un contexto de paro masivo se ha convertido en una rutina diaria, alcanzando una cifras escandalosas en nuestros país y que tiene importantes y graves implicaciones, no sólo en lo inmediato sino en tiempos futuros, en lo referido a las posibilidades de «salir de la crisis» de estas familias. En tercer lugar, mostraremos algunas de las respuestas que se han estado dando (o se han planteado) para hacer frente a ese drama y cómo, a raíz de esto, han surgido estructuras organizativas que han convertido en el centro de su actuación la cuestión de la ayuda a los afectados por las hipotecas. En cuarto lugar, y para terminar (y de una forma breve), se reflexionará sobre las consecuencias de un proceso que, de una forma más o menos aguda, está teniendo lugar en lo relacionado con la convergencia en la actuación del denominado movimiento 15-M con las estructuras organizativas mencionadas anteriormente porque pensamos que este encuentro marca un camino lleno de posibilidades para encontrar una línea de actuación rica en matices y con capacidad para aglutinar y movilizar, en torno a propuestas y de forma favorable, a amplios sectores de las clases populares y explotadas que son los que de forma principal están sufriendo las consecuencias de la actual crisis económica.
* Artículo completo en el menú lateral de este blog
* Rebelión - Opinión - Enero 2012
Un año de suspensión y 200.000 euros de multa para el alcalde de Alhaurín el Grande y su concejal de Urbanismo
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, condena a ambos como autores de un delito de cohecho, y le absuelve de otros doce delitos de cohecho de los que le acusaba el ministerio fiscal. La Fiscalía había solicitado para cada uno de los dos procesados una multa de dos millones de euros y la suspensión de empleo o cargo público por tres años y nueve meses.
El tribunal considera que no ha quedado acreditado que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, entre 2002 y 2006, funcionara una trama cuyo objeto era obtener el enriquecimiento personal ilícito de Martín Serón y Guerra, y considera probado únicamente un delito de cohecho.
La trama consistía, según el fiscal, en exigir la entrega de ciertas cantidades de dinero a los empresarios y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados en realizar alguna construcción y que, por tanto, tenían que solicitar la preceptiva licencia municipal de obras.
La Sala no considera acreditados los restantes delitos de cohecho porque ningún empresario o promotor ha reconocido en el juicio haber efectuado pago alguno a los acusados para la obtención de las licencias.
Además, señala que en los informes elaborados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre la entidad Conextran SL -supuestamente usada como instrumento para materializar los pagos-, sólo se han detectado irregularidades contables por las que "se han esbozado unas sospechas".
Por ello, el examen de la contabilidad no ha permitido establecer una correlación entre los apuntes contables y los pagos que supuestamente se efectuaron y los archivos informáticos encontrados en el despacho del concejal imputado, indica la sentencia.
Respecto a la pluralidad delictiva, el tribunal argumenta que no se ha encontrado un incremento patrimonial relevante o inusitado (para serlo tendría que rondar los 783.005,60 euros) en los acusados y su entorno familiar.
En cuanto al delito de cohecho acreditado, la sentencia señala que el concejal de Urbanismo, de común acuerdo con el alcalde, venía "exigiendo con insistencia" al menos desde mayo del 2006 al empresario J.B.L. el pago de 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras para la construcción de un edificio.
Tales hechos se consideran probados "en base a prueba, tanto directa como indirecta", la primera de ellas por la declaración como testigo del empresario al que le exigían el pago.
Además, el tribunal destaca que corroboran este testimonio circunstancias como la relación de amistad y de confianza que hay entre Serón y Guerra, el hallazgo de unas notas manuscritas en el despacho profesional del concejal en las que aparecía el nombre del testigo, y de un archivo informático con aspectos referentes a la citada licencia de obras.
La Sala señala que Martín Serón y Guerra "en cierto modo jugaban" con la confusión derivada de las normas urbanísticas vigentes.
El juicio comenzó el pasado 22 de septiembre contra una veintena de procesados por los delitos de cohecho, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.
El pasado diciembre, el fiscal retiró la acusación contra dieciocho acusados, y decidió mantenerla contra el alcalde y el edil de Urbanismo, a los que redujo su acusación inicial hasta trece delitos de cohecho.
* Málaga Hoy - Efe - 18.01.12
Foto: Alhaurín el Grande, alcalde y concejal imputados - diariosur.es
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Entidades ecologistas gerundenses piden un cambio de modelo urbanístico
Según un comunicado emitido hoy, sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como la que anuló el plan urbanístico de Palafrugell y el proyecto del Polígono de Roses o que el Tribunal Supremo anulara el planeamiento urbanístico de Vidreres en lo que se refiere al Parque de Actividades, SUS 10, "pone de relieve la necesidad de un cambio de modelo".
Estas entidades critican el funcionamiento y las decisiones de la Comisión de Urbanismo de Girona y consideran que debe aplicarse un nuevo marco de procedimiento, consiguiendo que su opinión sea considerada dentro de la comisión.
Los grupos ecologistas han lamentado "la falta de rigor en la planificación y prevención urbanística" y han calificado de "grave" que tengan que ser peritos independientes, a partir de juicios contenciosos, los que determinen las normativas de aplicación y su legalidad.
* ABE - Efe - 17.1.12
Foto: Palafrugell (Girona), plaza - viajes
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La cárcel de Carabanchel vuelve a caer en el olvido
El exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón se apretaron las manos el 16 de junio de 2008 con la satisfacción de enterrar para siempre de la memoria colectiva del barrio de Carabanchel la historia de su emblemática cárcel. A cambio del olvido ofrecieron a los vecinos todo tipo de contrapartidas: un hospital, guarderías, bibliotecas, centros de mayores, viviendas protegidas, zonas verdes y oficinas que revitalicen el mercado laboral del barrio. Para culminar el intercambio, el exministro envió las excavadoras para derribar por completo la prisión a los cuatro meses de la firma. Tres años y medio después de la escenificación del acuerdo entre exalcalde y exministro (la firma se produjo un año después con la cárcel ya derribada), nada de lo prometido a los vecinos tiene apariencia de cumplirse a corto plazo.
La cárcel de Carabanchel fue inaugurada en 1944 para albergar a presos políticos. Esa fue su lúgubre función hasta la amnistía de 1977 y después alargó su vida como prisión de reos comunes hasta 1999. Los muros de esa araña de ladrillo marcaron a fuego la fisionomía del barrio. De sus celdas salieron una madrugada de septiembre de 1975 los últimos fusilados por el Gobierno franquista por poner un ejemplo de su simbolismo. Las viviendas de la colindante avenida de los Poblados y del vecino parque Eugenia de Montijo albergaron a numerosas familias de reclusos que con la cárcel cerrada exigieron un nuevo barrio para una nueva vida.
Papel mojado
"Parece que nadie tiene prisa. El convenio que firmaron se quedó en papel mojado, sin ningún desarrollo", explica el portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, Pedro Casas. El Ayuntamiento culpa al Ministerio de la parálisis de la remodelación prometida para el solar de 172.164 metros. De hecho, en una carta enviada el pasado 22 de marzo a la Asociación de Vecinos de Aluche por parte de la concejal del distrito, Begoña Larrainzar, el Consistorio acusa a Instituciones Penitenciarias (propietaria del suelo) de negar la cesión de la parcela correspondiente al futuro hospital. "Al no incluirse [en el proyecto de reparcelación] el borrador de convenio para la cesión anticipada del suelo donde estaba prevista la construcción del futuro hospital, el Ayuntamiento entiende" que se "rechaza la propuesta", dice la misiva.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) confirma que las obras están paradas sin plazo determinado para su inicio por encontrarse el terreno actualmente "en proceso de reparcelación". Los vecinos, que llevan reclamando un hospital para el barrio desde hace 20 años, creen que detrás del olvido de los proyectos se encuentra la crisis. "Nunca han reconocido que haya habido un retraso en los trámites aunque es obvio que para construir las viviendas influye la crisis del ladrillo", añade Casas.
El cambio de Gobierno, que ha teñido del mismo color político a todas las administraciones implicadas, puede agilizar el inicio de la construcción de los nuevos equipamientos sociales. El reparto de culpas desatado en los últimos años tiene su culminación en 2009. Después de modificar el Plan Parcial para recalificar los espacios de la antigua cárcel, el Ayuntamiento se decide a reclamar la titularidad del suelo del hospital para que la Comunidad de Madrid lo construya. Según el Área de Urbanismo del ahora Gobierno de Ana Botella, Instituciones Penitenciarias se excusa en que los terrenos pertenecen a "Patrimonio del Estado" y que no pueden ceder la parcela.
Hacinamiento del CIE
Después de décadas de lucha, la única transformación apreciable del complejo penitenciario ha sido la construcción junto a una comisaría de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). La asociación de expresos del franquismo La Comuna, que reclama la creación de un centro cultural en Carabanchel que recuerde las torturas de la prisión, ha hecho suya la pelea por las condiciones de los extranjeros. "La resistencia por la dignidad del ser humano nos ha llevado a reclamar que los CIE no tienen razón de ser. Como dejó claro en diciembre el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, el hacinamiento, el régimen carcelario, la falta de instalaciones... son denuncias que nosotros hemos incorporado a la asociación. Los derechos del preso son los derechos de un ser humano", denuncia Acacio Puig, expreso de Carabanchel en 1973 como militante de la Liga Comunista Revolucionaria.
El acuerdo entre Gallardón y Rubalcaba incluye la creación de un monumento "en recuerdo y homenaje a todas las personas encarceladas por defender los derechos y libertades que hoy garantiza la Constitución". Quizá para respetar este compromiso las excavadoras dejaron en pie una de las puertas de entrada a la prisión cuando se decidió derribar la cúpula, donde los vecinos querían crear un museo. "Lo único que queda en pie es el antiguo hospital penitenciario", advierten los vecinos.
* Público - DIEGO BARCALA - 15/01/2012
Foto: Demolición de la cúpula: apenas tres meses después de que Rubalcaba y Gallardón firmaran en 2008 un acuerdo, las excavadoras se apresuraron a derribar los restos de la prisión.-ÁNGEL NAVARRETE
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Viviendas irregulares: el decreto
M.A.GONZÁLEZ FUSTEGUERAS/Andalucía* : Se acaba de aprobar el decreto conocido como el de las viviendas irregulares, que tiene como objetivo principal clarificar (en cuanto valor propio de la seguridad jurídica) el régimen aplicable a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, singularizando su casuística y estableciendo los requisitos esenciales para que, en su caso, puedan ser reconocidas por los ayuntamientos y cuál debe ser su tratamiento por el planeamiento urbanístico.
La cuestión básica del debate sobre las viviendas irregulares siempre ha sido si la realidad debe doblegarse ante la ley o ésta debería adaptarse a aquélla, comprendiendo fenómenos complejos de gran trascendencia que no pueden abarcarse en uno o varios artículos de la normativa. Las construcciones clandestinas en suelo no urbanizable plantean serios problemas, no por ser ilegales formalmente y exigir su obligada incorporación al mundo de lo reglado, sino como proceso histórico cuyas raíces estructurales están antes de la misma existencia de la ley.
No se trata de que el urbanismo tenga que aceptar la naturaleza positiva de las construcciones ilegales tal y como se presentan, ni mucho menos; pero sí es preciso que se reconozcan sus causas y manifestaciones, y se contemplen en toda su complejidad, no bastando una simplista y cómoda declaración de ilegalidad para tranquilizar la conciencia del planificador. El acercamiento de la legalidad urbanística a la realidad y la tensión que aquélla crea, para corregir o dirigir ésta por los caminos del interés social general, sería la conducta deseable.
En ese sentido creo que el decreto, con todos sus defectos, que los tiene, sí intenta coger al toro por los cuernos. Primero, porque, contra lo que se comenta, no supone una amnistía general, sino el reconocimiento de las distintas realidades existentes. En segundo lugar, porque sólo habilita a regularizar aquellas edificaciones en suelo no urbanizable donde la capacidad de reacción de la Administración ha caducado y, además, no se asienten sobre suelos protegidos o con riesgos diversos. En tercer lugar, porque aclara una situación un tanto confusa en la que habían quedado las edificaciones que podríamos llamar históricas (anteriores a 1975) y de las edificaciones con licencia construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la actual ley urbanística en Andalucía (LOUA), que es la que prohibió de forma taxativa las viviendas en el suelo no urbanizable que no estuvieran vinculadas a las explotaciones agropecuarias.
En cuarto lugar, porque distingue entre las edificaciones aisladas y las que se ubican en lo que se denominan asentamientos urbanísticos, es decir, las parcelaciones urbanísticas ilegales. Mientras las primeras, las edificaciones aisladas, pueden quedar en un régimen singular de reconocimiento de su existencia, porque existen y la Administración no tiene capacidad de reacción frente a ellas por haber transcurridos los plazos legales; las segundas, las ubicadas en ámbitos generadores de actividades propiamente urbanas y con entidad suficiente para necesitar dotaciones y servicios urbanísticos colectivos, sólo podrán regularizarse mediante la vía correcta, que no es otra que el Plan General de Ordenación Urbanística, que tiene que garantizar su adecuada incorporación a la estructura general y orgánica que plantee, debiendo los propietarios correr con todos los costos de la urbanización, la implantación de las infraestructuras y demás deberes urbanísticos. En quinto lugar, porque aclara el papel del Hábitat Rural Diseminado, figura novedosa incorporada por primera vez en la LOUA para reconocer un hecho territorial existente en muchas comarcas de Andalucía, pero que hasta ahora ha tenido una casi nula efectividad por su falta de regulación. Y por último, porque respeta la autonomía municipal, algo no baladí en los tiempos que corren.
Se entiende que algunos tachen el decreto como "electoralista", como a toda norma que se dicta cercana a unas elecciones y que se supone beneficia a un importante colectivo. Adjetivo que posiblemente se matizaría si se activaran inmediatamente los mecanismos para restaurar el orden urbanístico infringido para aquellas edificaciones que no pueden ser regularizadas de ninguna manera, especialmente las que se ubican en zonas de riesgo de incendio o inundación y las que se asientan en suelos especialmente protegidos, los parques naturales, preferentemente. Y queda una duda. Si una de las concausas del proceso de construcción ilegal ha sido la inactividad, la omisión o la impotencia de la Administración para imponer la disciplina urbanística o hacer respetar la legalidad, que las normas obligan a imponer sin excepciones, la cuestión clave es preguntarse: ¿Qué circunstancias han cambiado en este momento para suponer que, desde ahora, ya no se va a seguir produciendo la presión social o van a desaparecer las infracciones?
La respuesta hay que buscarla en la conjunción de varios factores: la experiencia acumulada en el análisis de este fenómeno; la necesidad de convencer al conjunto de la sociedad de que, al igual que hay que dar una solución al pasado, hay que evitar que se repita en el futuro, ya que sus repercusiones son nefastas tanto económicamente, como sobre el medio físico o sobre las condiciones en que viven las personas; en que las administraciones realicen una eficaz política disciplinaria, en especial desde el punto de vista preventivo; y en una adecuada planificación y reforzamiento de la infraestructura organizativa capaz de gestionar la forma de abordar la ejecución posterior de las medidas planificadoras.
* M.A. González Fustegueras es arquitecto urbanista
* Diario De Sevilla - Opinión - 18.1.12
Jerez.- La Junta deja en el limbo al 73% de las viviendas ilegales de la zona rural
El municipio cuenta en la actualidad con algo más de 1.500 viviendas ilegales. La mitad de ellas se encuentra ya en proceso de regularización, al haber sido incluidas por el PGOU en las áreas calificadas como Hábitat Rural Diseminado, una figura que ahora incorpora el decreto de rango autonómico.
Quedaría por regularizar la situación de otras 870 viviendas, de las cuales sólo 33 pueden legalizarse al amparo de dicho decreto, que permite la normalización de las edificaciones aisladas siempre y cuando reúnan una serie de requisitos.
Otras 204 viviendas estarían en condiciones de ser legalizadas por la misma causa anterior. En 82 de estos casos debería demostrarse que han prescrito los plazos para la protección de la legalidad; mientras que en los 122 restantes habría que analizar la compatibilidad entre considerar la zona como huertos familiares y legalizar al mismo tiempo las viviendas.
Las 33 viviendas que podrían legalizarse acogiéndose al decreto están situadas en la zona de El Mayorazgo. Las otras 204 que en el mejor de los casos podrían beneficiarse de esta nueva normativa están distribuidas entre el entorno de la Cartuja, Los Cejos, los alrededores de la barriada rural de La Inmaculada, Mesas de Santiago y El Palomar.
El informe de la Delegación de Urbanismo constata que las 633 viviendas restantes que se encuentran en situación de ilegalidad no podrían beneficiarse de este decreto. Hasta 381 viviendas se encuentran ubicadas en vías pecuarias y fueron construidas con posterioridad a 1975, por lo que no pueden acogerse a los beneficios de este decreto.
A esta cifra deben sumarse las 168 viviendas cuyo origen parte de una parcelación urbanística ilegal; así como las 84 que se levantaron sobre suelos de especial protección o inundables. El decreto no contempla la legalización en ninguno de estos casos.
El Gobierno local llevará al próximo Pleno una moción encaminada a propiciar que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía vayan “de la mano” en la búsqueda de soluciones a uno de los problemas históricos del término municipal de Jerez.
* Andalucía Información - Francisco C. Aleu - 17.1.12
Foto: Jerez, inundaciones feb 2010- elperiodico.com
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El alcalde de Oroso y tres exconcejales declararán en el Juzgado de Ordes
La denuncia fue interpuesta por el Partido Galeguista porque un edificio de la calle Portiño ocupa, según explica el abogado de la acusación, un trozo de "zona verde" y tiene "más altura de la permitida en algunos puntos". Y también porque "en Sigüeiro se construyó un túnel que une dos garajes privados en lo que era una calle pública".
Según el letrado de la acusación, "la licencia de ambas obras es del año 1999" cuando era alcalde el popular Eugenio Neira. Pero en abril de 2002 este regidor sufrió una moción de censura y Manuel Mirás se convirtió en el nuevo alcalde con el apoyo de dos trásfugas, los ex ediles Manuel Cendán y Manuel Suárez. Según este abogado, "con Mirás en el gobierno local se dio la licencia de primera ocupación". Es decir, "le dieron viso de legalidad a obras que eran absolutamente irregulares".
Mirás Franqueira, explica, sin embargo, que la jueza Sandra María Iglesias solo le preguntó por el edificio de la rúa Portiño. Y que este inmueble "cuenta con una licencia del año 1999, fecha en la que yo no tenía ninguna responsabilidad de gobierno en el Concello".
Franqueira añade que "desde que entré en la Alcaldía de Oroso todas las diligencias que se otorgaron se hicieron con la mayor transparencia del mundo y con arreglo a la legislación vigente y con los informes técnicos y jurídicos al efecto". Y recuerda que "fue precisamente mi gobierno el que puso orden en el urbanismo de Oroso, quien aprobó un Plan Xeral y quien creó una oficina técnica de urbanismo".
El alcalde considera, también, que esta denuncia "forma parte de la campaña de persecución y acoso continuo contra mi persona que desde hace diez años sigue Siverio Mirás y por la que tiene incluso diligencias judiciales abiertas". Y lamenta que el portavoz del PP, José Manuel Balado, "se sume a Siverio".
En cuanto a los exediles que también declararon ante la jueza, éstos también señalaron a este semanario que "esas obras se licitaron en 1999". Si bien, y según testimonio del abogado de la acusación, a las preguntas de la magistrada aseguraron que "no recordaban nada".
* El Correo Gallego - 17.1.12
Foto: Oroso (A Coruña), concello - wikipedia.org
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Sevilla.- La revisión encubierta del PGOU
El gobierno municipal que preside desde hace ya siete meses Juan Ignacio Zoido (PP) considera que el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU), el documento que regula la evolución urbana de la ciudad hispalense durante los próximos quince años, aprobado hace apenas un lustro tras un largo proceso de gestación técnica y después de una amplia campaña pública de participación ciudadana, es un obstáculo para sus planes políticos inmediatos.
No sólo lo ha sugerido de forma expresa -aunque siempre con argumentos suaves, en positivo- durante la campaña electoral que le permitió lograr la mayoría absoluta en las pasadas elecciones locales, sino que su discurso político durante su primer medio año de gobierno ha hecho especial hincapié en la necesidad de modificarlo "todo lo que sea necesario" con la excusa -para algunos una mera coartada- de "incentivar la actividad económica y empleo". Una lectura bastante simplista y parcial de las profundas repercusiones jurídicas y políticas que tendría tocar la nuez del máximo documento urbanístico de Sevilla.
El proceso de cambio del Plan General, sin embargo, ya está en marcha. Sólo que no se trata de una revisión pública, sino encubierta. La agenda de los cambios no sólo ha empezado a ejecutarse porque el ejecutivo de Zoido esté negociando en secreto -sin luz y sin taquígrafos- diversos acuerdos de recalificación urbanística con empresas concretas (Ikea, Altadis) o entidades privadas (Betis, Sevilla FC), sino porque incluso ha iniciado un proceso secreto (no reconocido públicamente) de consultas técnicas con determinados agentes económicos y empresariales de la ciudad para preparar el camino de lo que será una probable revisión sustancial del Plan. Un proceso que, en todo caso, no está previsto que se acometa a fondo hasta después de las elecciones regionales que se convocarán en marzo.
La decisión del PP de desmontar el Plan General se incluye en la hoja de ruta que un alto cargo de la Gerencia de Urbanismo -uno de los que han sobrevivido al cambio de gobierno en el Ayuntamiento- elaboró para el actual alcalde casi un año antes de ganar las elecciones. En dicho documento interno, una guía secreta en la que se explica toda la estrategia de gobierno del PP para la Gerencia, y cuyas principales propuestas han comenzado a convertirse ya en realidad, se aboga de forma rotunda por iniciar una revisión oficiosa del Plan General a pesar de que éste apenas si ha cumplido el ecuador de su teórico periodo de vigencia.
El documento interno del PP obvia un factor importante: muchas de las operaciones previstas en el PGOU están sin desarrollar por falta de inversión pública y de colaboración privada. Consecuencia en buena medida de la crisis. Esta falta de ejecución del Plan General no responde a que sus criterios de ordenación sean incorrectos o hayan quedado superados por el tiempo, sino sencillamente a que no cuenta con la gestión adecuada. Una misión de dependía en exclusiva del trabajo de los servicios de la Gerencia de Urbanismo, que es el brazo ejecutor de la política urbanística.
El PP, sin embargo, no es partidario de gestionar bien el Plan existente, sino que aboga por modificarlo en base a un inconcreto programa en favor del empleo que ni siquiera ha sido capaz de poner por escrito. Con independencia de lo etéreo de su posición política, lo cierto es que la mayoría absoluta con la que Zoido cuenta en el Pleno le permitiría iniciar una revisión del planeamiento urbanístico de Sevilla. ¿Por qué no lo hace directamente de forma abierta y sin recurrir a subterfugios?
Fundamentalmente por una cuestión táctica. Los planes son otros. Responden a otros intereses. Una revisión ortodoxa del Plan General obligaría al alcalde a reabrir de nuevo -apenas cinco años después de haber concluido este mismo proceso- un debate público sobre el modelo urbano de Sevilla. Una discusión que debería ser, en términos políticos, abierta a todos los sectores. Esto es: en ella participarían entidades ciudadanas, vecinales, agentes económicos e inversores. Todos, en principio, en una teórica igualdad de condiciones. Por otro lado está el factor tiempo: el PGOU vigente tardó casi cinco años en redactarse desde su primer impulso político. Hablamos de un proceso reglado: hay que convocar mesas públicas de participación, aprobar un Avance y someter el nuevo documento conforme vaya superando sus distintas etapas administrativas a votaciones en Pleno. La última -la legalmente trascendente- no depende además del gobierno local, sino de la Junta de Andalucía.
Este proceso, además de difícilmente justificable -el Plan vigente es demasiado reciente-, está lleno de obstáculos. Podría prolongarse incluso más allá del mandato municipal. Demasiado complicado. Zoido apuesta por otra fórmula. Así se explica con meridiana claridad en la hoja de ruta del PP elaborada para gobernar la Gerencia de Urbanismo, redactada por el alto cargo de este organismo municipal que asesora al alcalde. En dicho informe, cuyas propuestas son justo las que viene aplicando el actual gobierno desde hace siete meses, se propone "abrir directamente una ronda de contactos con las entidades empresariales y sociales [ni vecinales ni ciudadanas] en orden a recibir sus aportaciones para la modificación del PGOU". Y se añade: "Con esto se logra participación, transparencia y una legitimidad incontestable, al tiempo que llenamos de gestión una época demasiado temprana [el arranque del mandato municipal] para estar haciendo obras".
Los contactos comenzaron el pasado verano. En secreto. El gobierno local comenzó así a orillar cualquier posibilidad de ir a una revisión ortodoxa porque tal decisión le obligaría a cumplir con la llamada cuota social. No es lo que se quiere: los contactos, hasta ahora discretos, se están concertando por ahora únicamente con determinados lobbies económicos y agentes urbanísticos. Sin luz y sin taquígrafos. En dichos encuentros el equipo directivo de Zoido en Urbanismo plantea a sus interlocutores su análisis sobre el PGOU y les insta a que propongan cambios. No se están cerrando todavía acuerdos concretos, pero sí se les anima a formular ideas sin dar cuenta a nadie.
Uno de los interlocutores privilegiados es Gaesco, la asociación empresarial de constructores de Sevilla. Este verano organizó un foro (restringido) monográfico con la dirección de Urbanismo del PP para tratar todas estas cuestiones. Desde entonces, Gaesco ha pasado a defender con vehemencia la nueva política urbanística del Ayuntamiento. Un cambio de posición significativo con respecto a la etapa política anterior.
* Diario de Sevilla - CARLOS MÁRMOL - 18.1.12
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com
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SICAV, paraíso fiscal
Hoy os traemos un “detallito sin importancia” acerca del sistema económico, que debería ser suficiente para que el pueblo se levantase y metiese en la carcel a todos los políticos del planeta.
En el artículo se nombra a Guillermo Rocafort, autor del libro “SICAV, paraiso fiscal” que es un personaje muy escorado a la derecha. Aclaramos que “Información por la Verdad” no se alinea ni con la izquierda ni con la derecha ni con ninguna ideología partidista existente, tan solo aportamos información lo más verídica posible a nuestro entender, con la finalidad de que la gente deje de una vez de ver la televisión y salga a la calle a señalar y, ya que se pone uno, a coger de los pelos a la élite. Desde el cariño, por supuesto…
La SICAV es un híbrido de inversión a caballo entre una sociedad anónima y un fondo de inversión con la particularidad de que tributa al 1% en el Impuesto de Sociedades. Este vehículo de inversión, que exige un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes o accionistas, es el favorito de los ricos y famosos.
El cineasta Pedro Almodóvar, la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana y el ex jugador del Real Madrid, Fernando Morientes, no necesitan tener su dinero en un paraíso fiscal, porque lo tienen aquí en España, y sólo tributan el 1% por él, a diferencia de lo que le sucede a cualquier otro español.
No son los únicos, ya que personajes de la élite financiera como la ex ministra socialista Mercedes Cabrera, el directivo del Málaga Fernando Hierro o la mediática familia Polanco también. Y todo legalmente, sin tener que llevarse el dinero fuera de España ¿Cómo lo hacen?
SICAV, PARAÍSO FISCAL
Para no pagar por su dinero nada más que el 1% sólo tienen que invertirlo en una SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable), siglas que ocultan un auténtico paraíso fiscal legal en España, que no puede ser controlado por la Agencia Tributaria, y para lo que únicamente se necesita un capital mínimo de 2.404.048 euros.
Con este mecanismo legal, las grandes fortunas españolas, la élite financiera, no necesita llevarse su dinero al extranjero, ni evadirlo, porque aquí, en España puede tenerlo cómodamente, y retirarlo y usarlo cuando quieran, como si de un banco se tratase, y sin que su actividad pueda ser fiscalizada por el Ministerio de Hacienda. Así lo explica en su libro “SICAV, paraíso fiscal” el profesor de Derecho y Economía en la Universidad Autónoma y Carlos III, Guillermo Rocafort.
Tal y como desvela en su libro el profesor Guillermo Rocafort, algunos destacados progresistas que se han caracterizado por apoyar proyectos socialistas, cuando no comunistas, como Pedro Almodóvar, cuya SICAV está gestionada nada menos que por la Banca March, o la ex ministra de Cultura Mercedes Cabrera y la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, que se ha hecho célebremente famosa por sus discursos moralizantes en la televisión, no pagan como los demás.
El profesor Rocafort ha señalado a Diario El Aguijón que “una gran parte de las élites financieras y de las grandes fortunas españolas tienen su dinero invertido en SICAV, y por tanto en un limbo seguro, fuera del alcance y supervisión de la Agencia Tributaria y pagando lo mínimo, mientras que el resto de los ciudadanos ve cómo le suben sus impuestos y paga una media de 35 veces más que esta nueva aristocracia del dinero que puede acceder a estos paraísos fiscales encubiertos”.El dinero invertido en las SICAV, y que en algunas ocasiones son constituidas por hombres de paja a los que en el argot financiero se les denomina “mariachis”, está únicamente controlado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, uno de cuyos vicepresidentes, Carlos Arenillas -y marido de la ex ministra socialista del PSOE Mercedes Cabrera- era a la vez, y en una claro conflictos de intereses, tal y como señala el autor, propietario de la SICAV Tagomago, constituida junto con el ex Secretario de Estado de Economía David Vergara.
Algo que el autor del libro ha señalado gráficamente a Diario El Aguijón como “si pones a las zorras a guardar las gallinas”. Rocafort señala en su libro que “llama la atención que fue este –en referencia a Carlos Arenillas- cuando ejercía sus funciones descritas, que la CNMV paró en 2005 la ofensiva de Hacienda contra las SICAV de manera fulminante”.
El debate ha sido abierto por este polémico libro editado por la editorial Rambla, y por la exposición del profesor Guillermo Rocafort, en un momento en que la clase media y la mayoría de los trabajadores ven cómo se le suben sus impuestos y la crisis hace mella en su economía. Pero no todos, pagaremos la crisis igual, o al menos eso parece…
Autora: Ana Burrieza.
Fuente: Diario el aguijon
* Información por la Verdad - Opinión - 16.1.12
Viñeta por Manel F.
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