El juicio contra el alcalde de San Vicente se reanuda el día 30

DIARIOMONTAÑÉS* : El juicio por delitos contra la ordenación del territorio por autorizar la construcción de viviendas dentro del Parque Natural de Oyambre contra el alcalde de San Vicente de la Barquera y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, el 'popular' Julián Vélez, se retomará el próximo 30 de enero y se extenderá hasta el 2 de febrero.
La vista estuvo fijada inicialmente para los días 7 a 10 de noviembre, pero se suspendió debido a que se abrió la posibilidad de que la entidad bancaria que financió la construcción de las viviendas objeto del litigio, en la zona de La Argolla, se personara como perjudicada. Junto a Vélez, estaban acusados el teniente de Alcalde, Serafín Bada, el ex edil de Urbanismo, Angel Chaves (elegido por Izquierda Unida, que gobernó en coalición con el PP tras una moción de censura y expulsado de esta formación) y el ex concejal de Medio Ambiente, Luis Martín Dávila.

El Ministerio Fiscal pide para cada acusado por un delito contra la ordenación del territorio la pena de dos años y seis meses de prisión y once años de inhabilitación para ejercer cargo público como miembros de la Corporación Local (sólo Vélez forma parte actualmente de ella). A estas penas, cada acusado se enfrenta a otros nueve años de inhabilitación para ejercer cargo públicos como miembros de la Corporación Local por un delito de prevaricación urbanística por su papel en la concesión de la licencia a una urbanización de 18 viviendas en la zona de La Argolla, dentro de los límites del Parque de Oyambre. La empresa Prado y Pernaza solicitó licencia de obra para construir 18 viviendas, garajes y trasteros en la carretera de La Argolla, un trámite que le fue concedido en octubre de 2006 por los cuatro acusados. Según el Fiscal, los acusados permitieron ese trámite son recabar el necesario informe del Gobierno de Cantabria, y lo hicieron porque «eran conscientes» de que el informe no sería favorable a la construcción. El emplazamiento, en concreto, era una zona de influencia del Lugar de Interés Comunitario de las Rías Occidentales y Dunas de Oyambre, y en la parte más litoral del parque, un área, por tanto, «con mayor fragilidad paisajística» a la que de hecho causó un «significativo impacto».


* El Diario Montañés - EP. - 12.1.12
Foto: San Vicente de la Barquera (Cantabria) - turismo

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El New York Times dedica un reportaje a Marinaleda, el pueblo sin hipotecas

20MINUTOS* : El New York Times ha dedicado un reportaje a la organización política, social y económica en el municipio sevillano de Marinaleda. En este pueblo, el que el alcalde, perteneciente al Colectivo Unificado de Trabajadores (CUT-BAI), Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha abanderado durante sus 30 años de gobierno la lucha jornalera, la distribución de la propiedad y el reparto de los recursos.
Bajo el título "Trabajo para todos y sin hipoteca en un municipio español", el reportaje señala que la gestión del alcalde, desde 1980, ha adoptado un modo que es sinónimo de "lucha contra la pobreza rural".
El reportaje destaca que el puebo, sin paro ni hipotecas, aplica desde hace 30 años el modelo socialista. La información describe a Marinaleda, un municipio de unos 3.000 habitantes, como un "enclave comunista" rodeado de campos de olivos y donde el desempleo es marginal.

El alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha declarado al diario que la crisis económica prueba la sabiduría de la visión socialista, un modelo que se aplica en Marinaleda desde hace treinta años.

El reportaje destaca que mientras en el resto de España la gente trata de conseguir un crédito barato para comprar viviendas sobrevaloradas en el precio, los vecinos de Marinaleda se han construido su propia vivienda, lo que los hace "libres" de una hipoteca.

Nadie se queda en paro

"Si un residente pierde su trabajo, la cooperativa lo contrata", afirma el alcalde, "así que nadie busca un trabajo" en Marinaleda, mientras recuerda que en la provincia de Sevilla la tasa de desempleo es del 21%.

La información no sólo ofrece la versión del alcalde, que es también diputado andaluz de IULV-CA y de los vecinos que están de acuerdo con su modelo de gestión, sino que también entrevista al concejal del PSOE Hipólito Aires, quien subraya que "al promover las plantaciones de baja productividad, él (en alusión al regidor) mantiene votantes dependientes" a los que conserva su trabajo si le siguen apoyando en las urnas.

El PSOE acusa al alcalde de ser el mayor propietario de tierras y comprar votos
El reportaje destaca que las principales críticas a la gestión de Sánchez Gordillo se fundamentan en la ausencia de libertades para criticar sus actos y refleja que el PSOE lo acusa de ser "el mayor propietario de tierras en Marinaleda", pese a que abanderó una lucha por los derechos de los jornaleros y contra la propiedad privada, con la ocupación de varias fincas en la Sierra Sur sevillana.

La información resume que Marinaleda se ha convertido en un centro del activismo de izquierdas y recuerda que la campaña más destacada contra la propiedad de las tierras culminó con la expropiación de las fincas del Duque del Infantado, donde se ha establecido una cooperativa de jornaleros que trabajan la tierra.

El rotativo también resalta que el municipio no disponga de Policía Local por la ausencia de delitos y que la localidad está plagada de murales políticos con eslóganes revolucionarios, así como calles dedicadas a destacados políticos latinoamericanos de izquierdas.


* 20 Minutos - Efe - 27.05.09
Foto: Jornaleros trabajan en los cultivos del municipio sevillano de Marinaleda. (NEW YORK TIMES / LAURA LEÓN)

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Bruselas pone en peligro el IVA superreducido de Rajoy para la vivienda

ELCONFIDENCIAL* : La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de prolongar el IVA superreducido (4%) para la vivienda habitual, que fue convalidada este miércoles por el Congreso, está prohibida por la normativa europea, que permite aplicar estos tipos sólo en caso de vivienda social.
Así se refleja en la Directiva 2006/112/CE de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. En su Anexo III, esta norma establece una lista de bienes y servicios que podrán estar sujetos a los tipos reducidos del IVA; y entre ellos, cita literalmente el "suministro, construcción, renovación y transformación de viviendas proporcionadas en el marco de la política social".
Aunque esta redacción puede tener una interpretación muy amplia, expertos fiscalistas consultados consideran que "no cabe entender en ningún caso que se puede aplicar a todas las viviendas que se vendan como residencia habitual, ya que la política social no puede comprender la totalidad del mercado".

Esta prohibición obliga al nuevo Ejecutivo español a una dura negociación con Bruselas para salvar la medida. "Al plantearse como algo excepcional sólo para unos meses, como hizo el Gobierno socialista, Bruselas no iba a poner pegas; pero si lo conviertes en una norma habitual, sí se va a oponer para evitar agravios comparativos con otros países comunitarios", señala otro experto.

En principio el Gobierno aprobó la semana pasada la prórroga de esta medida durante seis meses más, junto a la recuperación de la antigua deducción en el IRPF por la adquisición de vivienda. Pero, sumando al plazo que ha estado en vigor hasta ahora, puede exceder lo que las autoridades europeas consideran como admisible.

Tope de precio

Los expertos consideran que Bruselas no tumbará directamente la medida, sino que exigirá que se impongan condiciones adicionales para limitar su alcance y que pueda encajar dentro de esa definición de "política social".

"Es posible que exija que se limite a la vivienda de protección pública, o más probablemente, que se establezca un tope de precio a partir del cual no será de aplicación el tipo superreducido. Lógicamente, ese tope de precio tiene que ser suficientemente bajo como para que se pueda hablar de vivienda social", concluye uno de los fiscalistas citados.


* El Confidencial - Eduardo Segovia - 12.1.12
Foto: Vivienda digna - La hipoteca me mata

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La ex mano derecha de Matas le culpa de contratos ilegales

PÚBLICO* : Fue la mano derecha del expresident Jaume Matas durante la segunda legislatura en que gobernó Balears. Fue también quien tomó su legado al frente del PP cuando el exministro decidió dimitir y marcharse a Estados Unidos tras perder las elecciones de 2007 y fue, en palabras del propio Matas, su "garante". Sin embargo, nada de esto impi-dió que Rosa Estaràs, actual diputada en el Parlamento europeo, apuntase a su antiguo jefe en el Ejecutivo balear durante la declaración que prestó este jueves como testigo en el juicio que se celebra por la contratación presuntamente ilegal del periodista Antonio Alemany como redactor de los discursos presidenciales.
El testimonio más esperado de la jornada no defraudó y, con Matas a su espalda, sentado por primera vez en el banquillo de los acusados bajo una petición de pena de ocho años y medio de cárcel por cinco delitos, Estaràs se mostró convencida de que el expresident fue la persona que autorizó el concurso público que, formalmente convocado para contratar una asesoría externa de comunicación e imagen corporativa, habría servido en realidad para encubrir los pagos que percibía Alemany por elaborar las intervenciones del exmandatario.

"El expediente vino avalado por el gabinete del presidente", manifestó la exvicepresidenta del Govern, desvinculándose al mismo tiempo de la tramitación de esta iniciativa, después de que Matas afirmase durante la vista oral que Estaràs era "la que firmaba" y la que tenía la "responsabilidad orgánica" dentro de su gabinete.

"Autorización" de Matas
De hecho, atribuyó a Presidencia y a la Dirección General de Comunicación el impulso de esta contratación y aseveró que "lo habitual" era que el responsable de este último departamento, Joan Martorelltambién acusado por estos hechos "actuara bajo la autorización del presidente".

En su comparecencia, la testigo defendió que nada tuvo que ver con este proceso, a pesar de estampar su firma en él por una cuestión "formal" del organigrama puesto que la tramitación del concurso se inició en el departamento de Martorell, que "estaba en otro edificio", e iba "avalado por el presidente". "Más allá de la proposición técnica, no sé nada del expediente", sentenció en esta misma línea la exvicepresidenta.

Relación con Alemany
En cuanto a su relación con Alemany, la testigo manifestó que "en cuatro años" de mandato nunca se reunió a solas con él sino que tan sólo en una ocasión tuvo un encuentro con el periodista. Ocurrió, según señaló, a finales de legis-latura y en presencia de Matas, quien se lo presentó y le dijo que el articulista le sería "muy útil" para preparar el discurso del debate de investidura "de [Francesc] Antich", que arrebató en 2007 el poder a Matas, sucediéndole al frente del Govern tras el pacto alcanzado entre el PSOE balear, la extinta Unió Mallorquina y el PSM.

Sin embargo, Estaràs remarcó, durante su intervención en el juicio, que ella se encargaba de redactar sus propios parlamentos institucionales o en determinadas ocasiones los elaboraban sus funcionarios, al considerar que un discurso "es algo muy personal".

La eurodiputada fue interrogada en la primera jornada de declaraciones por parte de los testigos propuestos para la vista oral, que continuará este viernes con el interrogatorio de excolaboradores de Matas y de Alemany.


* Público - ESTHER BALLESTEROS Palma de Mallorca 12/01/2012
Foto: Palma, juzgado Matas y otros - diariomallorca

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A Coruña salda la mayor deuda urbanística de su historia

ELPAÍS* : El Ayuntamiento de A Coruña pagará en cuatro plazos, antes de 15 meses, 8,16 millones de euros a los propietarios de terrenos expropiados hace más de dos décadas bajo el pretexto de construir un campo de fútbol cuando finalmente realizó una lucrativa operación urbanística para las arcas municipales. El gobierno local de Carlos Negreira (PP) alcanzó un acuerdo para resolver esta vieja e incómoda herencia de sus predecesores socialistas y cumplir con una condena firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obligaba a indemnizar a los afectados -la reversión era imposible- por parte de los 20.000 metros cuadrados en el barrio de Someso donde se erigen hoy un recinto ferial, un centro comercial además de edificios de viviendas y oficinas.

"Es la mayor indemnización por una sentencia urbanística de la historia de la ciudad", se quejó el primer teniente de alcalde, Julio Flores. El pago, en cumplimiento de la condena judicial, se acordó después de que los expropietarios de los terrenos rechazasen hace un año el intento del anterior gobierno de compensarles con parcelas de titularidad municipal en otra urbanización aún sin construir en el denominado futuro parque ofímatico. El pago de la indemnización, cuya primera entrega se hará antes de finalizar este mes y la última antes del primer trimestre de 2013, excluye los intereses de demora que los afectados han renunciado a cobrar. Flores destacó que gracias a ese acuerdo, las arcaslocales ahorrarán 825.000 euros.

Más sentencias
Pero el edil recordó que hay más sentencias pendientes de resolución en Someso de otros expropietarios que también obtuvieron el derecho de reversión, por lo que la indemnizaciones podría elevarse hasta 20 millones de euros, según cálculos del actual ejecutivo local. En vez de hacer un campo de fútbol para el Relámpago, el Ayuntamiento coruñés, en 1989 y con Francisco Vázquez de alcalde, se hizo con terrenos en este barrio periférico, pagando 35 euros el metro cuadrado. Pero los vendió para su desarrollo urbanístico y generó a las arcas municipales plusvalías de un 2.300%.

Flores no escatimó criticas contra el exalcalde socialista Javier Losada, edil de Urbanismo cuando se expropiaron los terrenos. "La negligencia socialista nos dejó 140 millones de euros de deudas y una larga lista de contigencias judiciales por sentencias urbanísticas, lamenta el portavoz local.


* El País - P. OBELLEIRO - A Coruña - 13/01/2012
Foto: A Coruña, ayuntamiento - Daniel Csörföly 04 (wikimedia.org)

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Los Barrios - El juez imputa al exalcalde Rojas y 4 ediles de su gobierno por el caso de La Gertrudis

EUROPASUR/Cádiz* : El exalcalde barreño Alonso Rojas y otros cuatro ediles del Partido Socialista que formaban parte del gobierno municipal en 2006 han sido imputados dentro del proceso judicial en fase de diligencias previas que investiga la concesión de la licencia de obras que autorizó el desmonte de la finca La Gertrudis, donde se proyectó el Parque de Innovación Empresarial (PIE), junto a la A-381.
A los cinco se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo así como contra los recursos naturales y el medio ambiente tipificados por el Código Penal con penas de prisión, multas e inhabilitación en diversos grados. Otras tres personas, técnicos municipales de diverso rango, también constan como imputadas en la providencia notificada a las partes esta misma semana y a la que ha tenido acceso Europa Sur. El proceso, que lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, parte de una denuncia del Partido Andalucista de 2007 al entender que la calificación del suelo en vigor en aquel momento no permitía los movimientos de tierra desarrollados.

Además de Rojas, los políticos imputados son los entonces ediles Antonio Rodríguez, Yolanda Peinado, Pilar Olivares y Miguel Ángel Rodríguez Palomo. Tres de ellos mantienen atribuciones públicas: Antonio Rodríguez es consejero delegado de la empresa mancomunada Arcgisa y en ese momento gestionaba Urbanismo; Yolanda Peinado ocupa el cargo de delegada provincial de Cultura de la Junta de Andalucía y Pilar Olivares es concejal en el actual mandato en el ámbito de la oposición. Rodríguez Palomo dejó la política activa en 2007 y Alonso Rojas cesó del cargo por la condena judicial que le inhabilitó por desobediencia a la Justicia (caso Dytras). En función de los testimonios que se aporten a partir de ahora, el juez decidirá si continúa adelante con la causa -en caso confirmar los indicios de delito sobre uno o varios imputados- o la archiva. La providencia también solicita al Ayuntamiento una copia del decreto de la licencia.

La actuación judicial se retrotrae al 18 de agosto de 2006, fecha en la que la junta de gobierno local concedió licencia de obras a una empresa local para ejecutar el desmonte previo a la urbanización de la entonces finca pública La Gertrudis (32 hectáreas) donde el gobierno local socialista promovía una zona para acoger actividades industriales. Los andalucistas y varios colectivos ecologistas denunciaron por separado los movimientos de tierra que comenzaron a los pocos meses al entender que se estaba actuando sobre un suelo que no estaba clasificado como industrial. De hecho, no obtuvo dicha tipología hasta la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística (2008). En el momento en que comenzaron los trabajos las parcelas estaban catalogadas como suelo rústico (PGOU de 1986). Las obras fueron paralizadas cautelarmente en 2009 por una orden judicial a raíz del proceso abierto por los grupos ecologistas y 28 denunciantes a título particular.

Los ediles imputados son todos los que estaban presentes en dicha reunión -aprobaron la licencia por unanimidad- y los técnicos facultaron y firmaron los informes que ampararon la actuación. El juzgado solicita que se identifique qué cargo ocupaba cada uno de los ocho imputados dentro de la función pública en la fecha de referencia y que se realicen las labores necesarias para notificarles la imputación con el fin de poder llamarles para declarar.

Parte de las actuaciones en La Gertrudis fueron llevadas a cabo desde el entramado de empresas municipales hoy disueltas (GAMA, principalmente), en todo caso presididas por el entonces alcalde. Rojas sostuvo en varias ocasiones ante este periódico que las actuaciones tuvieron amparo legal conforme a la situación de la finca y que sólo fueron una limpieza de la parcela.

El Código Penal establece para los delitos contra la ordenación territorial unas penas de prisión que oscilan entre un año y seis meses a cuatro años; multa de 12 a 24 meses e inhabilitación de uno a cuatro años (artículo 319.1) para los promotores, constructores o técnicos directores de obras que contravengan la Ley. En el caso de autoridades o funcionarios públicos que informen favorablemente, las penas de prisión y multa previstas son las mismas si bien la inhabilitación prevista va de siete a diez años (artículo 320). Para los delitos contra el medio ambiente (artículo 325) las penas de prisión oscilan entre dos y cinco años; las multas de ocho a 24 meses y la inhabilitación de uno a tres años.


* EuropaSur - 12.1.12
Foto: Imagen de la finca La Gertrudis durante las labores de desmonte, en julio de 2007 - europasur

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Barcelona.- Los mandos de los mossos irán a juicio por las cargas a los indignados

PÚBLICO* : El pasado octubre, hasta 56 indignados presentaron , en los juzgados de Barcelona, una querella criminal contra Felip Puig y los responsables policiales de las cargas en la plaza de Catalunya que habían tenido lugar cinco meses antes. Entre los delitos recogidos, había lesiones, detención ilegal, amenazas, apropiación indebida y prevaricación.
Hoy, este proceso ha dado sus primeros frutos. El juez que investiga los hechos ha citado a declarar como imputados a la exteniente de alcalde de Seguridad, Assumpta Escarp, y al director de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, junto a dos mandos del dispositivo policial.
No ha sido imputado, en cambio, el conseller de Interior, Felip Puig, porque el juez instructor carece de competencia para investigarlo, según fuentes judiciales, por tratarse de un aforado, por lo que el caso correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La identificación de los agentes que cometieron abusos fue imposible porque no llevaban sus placas a la vista, por lo que fuentes judiciales ya avisaron en su momento que la mayoría de denuncias sobre mossos particulares quedarían archivadas.

Declaraciones por la "operación limpieza"
En una providencia, el juzgado de instrucción número 4 de Barcelona fija cuatro días de las próximas semanas para tomar declaración a los imputados Escarp y Prat, así como al responsable aquel día del dispositivo de orden público de Barcelona de la policía catalana, Antoni Antolín, y el jefe de los antidisturbios, David Bordas.

Estas cuatro imputaciones derivan de la querella que medio centenar de indignados presentaron en los juzgados por la operación policial del pasado 27 de mayo, que se inició como una "operación de limpieza" de la plaza y acabó derivando en cargas policiales que se saldaron con más de un centenar de heridos.

El juez Josep Maria Miquel Porres, tras tomar declaración a 51 denunciantes y visualizar numerosos reportajes gráficos de las cargas, decidió admitir a trámite la querella interpuesta por los indignados y abrir una investigación contra los responsables de la operación, por posibles delitos contra los derechos fundamentales, como el de reunión.

Antes de citar a declarar a los imputados, el juez instructor ha encargado informes forenses para comprobar si los partes médicos aportados por los querellantes son compatibles con las imágenes de las cargas policiles, han informado fuentes judiciales.

Desalojo multitudinario de la plaza de Catalunya
La intervención policial en la plaza de Catalunya, que los indignados interpretan como un intento de desalojo encubierto, movilizó a una amplio dispositivo de antidisturbios de los Mossos y agentes de la Guardia Urbana para facilitar las tareas de limpieza del espacio de la acampada por las brigadas municipales (aquí puedes ver una fotogalería de la carga).

Los cerca de 200 indignados que dormían en la plaza se negaron a abandonarla y, al cabo de unas horas, eran cerca de un millar las personas que se concentraban en el lugar en apoyo de los acampados, para impedir que los equipos de limpieza pudieran acceder al lugar.

Los Mossos d'Esquadra cargaron contra los concentrados, en una operación que se saldó con más de 120 heridos, y los indignados recuperaron la plaza después de que las brigadas de limpieza se llevaran de la acampada desde colchones, toldos o sofás, hasta los elementos rígidos que servían de soporte a las pancartas y a los altavoces, además de ordenadores y enseres personales.


* Público - Efe - 11.01.12
Foto: Los indignados denunciaron la violencia de las cargas.- publico

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Griñán hace legal lo ilegal

PEDRO TENA* : La Junta va a librar de la piqueta 9 de cada 10 casas ilegalmente construidas en Andalucía, con lo que se hace bueno el dicho de tú construye que una vez hecha la casa, no la cae nadie. En lo que cabe considerar como una amnistía encubierta de delitos urbanísticos, la decisión de Griñán hace que el esfuerzo de respetar la legalidad que hacen millones de ciudadanos andaluces seas equivalente al esfuerzo de quebrantarla que realiza una minoría que ahora ve que no cumplir la ley es bien rentable como se quiere electoralmente rentable la medida impulsada por José Antonio Griñán.
El 90 por ciento de las viviendas construidas en Andalucía en suelos no urbanizables podrán regularizarse a través de las distintas fórmulas y sólo un 10 por ciento de las alrededor de las 250.000 edificaciones que están al margen de la legislación corren el riesgo de ser derribadas.
Si escandalosa es la situación jurídica creada, más escandalosa aún es la explicación aportada por la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, que dice que el objetivo del Decreto del gobierno Griñán es adaptar la «realidad física a la jurídica» así como «acotar un fenómeno del pasado», que es como califica al urbanismo descontrolado y consentido por la Junta hace muchos años. De este modo se justifica que cualquiera haga lo que quiera, porque, después, se adaptará la realidad física a la jurídica.

En Andalucía alrededor de 250.000 viviendas ilegales de uso residencvial que no pueden ser demolidas ahora porque ha prescrito el delito urbanístico pero que tampoco podían ser legalizadas. Hasta ese punto ha sido negligente y dolosa la conducta de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE desde 1982, hace treinta años.

La consejera ha dicho que no se trata de una regularización indiscriminada ni de una «ley de punto final». Según ella y con el censo realizado en la mano,
«de cada diez viviendas una se puede legalizar directamente, ocho podrán ver reconocida su situación y se les dotará de servicios básicos, pues no se pueden demoler porque el posible delito ha prescrito, pero tampoco se legalizarán; y una de cada diez viviendas sería demolida y no se podría legalizar». Estas últimas son las que se encuentran en suelos de especial protección y/o en zonas inundables.


* Noticias de Almería - Opnión - 12.1.12

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Marbella.- El dueño de la promotora Aifos da la espalda a Roca

EUROPASUR/Málaga* : El empresario Jesús Ruiz Casado, propietario de la promotora Aifos, socavó ayer la línea de defensa del ex asesor de urbanismo de Marbella y principal acusado del caso Malaya, Juan Antonio Roca.
Ruiz Casado, acusado de haber pagado 4,8 millones al ex asesor de Urbanismo para obtener favores urbanísticos, dijo en primer lugar que parte de las anotaciones que figuran en la contabilidad secreta de Roca atribuidas a Aifos corresponden a pagos legales que él hizo al Ayuntamiento de Marbella y a sumas que aportó para patrocinar actividades municipales. Después negó que él, su empresa o cualquiera de sus directivos hubiera encargado un informe técnico a Juan Antonio Roca relativo al hotel Guadalpín. El ex asesor de Urbanismo de Marbella afirmó en el juicio por el caso Malaya el 14 de noviembre que recibió por ese asesoramiento 2,6 millones de euros en negro. El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero le pidió ayer explicaciones a Ruiz Casado por este pago. Su respuesta fue clara: "El señor Roca se equivoca".

El principal accionista de Aifos se negó ayer a ratificar las dos declaraciones que hizo en julio de 2006 ante el juez que investigó la corrupción político urbanística de Marbella. En la segunda comparecencia apuntó que Roca le había pedido dinero a través de su director en Andalucía, Francisco García Lebrón. Ayer se limitó a aclarar que dijo lo que dijo para evitar la cárcel. El magistrado Torres ordenó su ingreso en prisión el 20 de julio de 2006, aunque tras la segunda declaración logró salir en libertad bajo fianza de 500.000 euros.

Ruiz Casado aprovechó el interrogatorio al que le sometió ayer el fiscal Anticorrupción para presentarse como una víctima sometido a la extorsión del Ayuntamiento de Marbella, a través de Juan Antonio Roca. Explicó que el hotel Guadalpín Banús reunía todas las condiciones previstas en el plan general de ordenación urbanística de 1986. Sin embargo, "el Ayuntamiento con el único fin de recaudar" le obligó a suscribir en marzo de 2004 dos convenios para legalizar excesos de edificación que, de acuerdo con su versión, no existían, aunque la Fiscalía Anticorrupción mantiene que se agregaron 2.000 metros edificables más en el hotel y 4.000 en la parcela adyacente. Ninguno de estos convenios llegó a ser ratificado por el Ayuntamiento de Marbella, si bien el municipio reclama en la actualidad en el concurso de acreedores que pesa sobre la promotora el pago de la cantidad que no se llegó a aportar e incluso parte de la suma que sí se hizo efectiva.

La Fiscalía Anticorrupción indica por contra en su escrito de acusación que ambos convenios implicaban el pago de dos millones de euros al Ayuntamiento de Marbella y otros 2,5 millones en comisiones ilegales a Juan Antonio Roca.

El dueño de la promotora se esforzó ayer en hacer ver que su empresa tuvo que plegarse a la "imposición" del Ayuntamiento porque antes se había enfrentado a la Administración local y había perdido el pulso. Recordó el enfrentamiento que mantuvieron con el hotel Guadalpín Marbella cuando un cambio de criterio al computar como edificable unas terrazas les acabó llevando a tener que firmar otro convenio que les supuso el desembolso de dos millones de euros y la conmutación de una deuda que tenía el municipio con la promotora.

Aifos firmó en junio 2004 un tercer convenio con el Ayuntamiento de Marbella que también forma parte del caso Malaya. Gracias a este acuerdo la promotora entregaba al Ayuntamiento unos locales de 217 metros y 2,5 millones de euros más un soborno millonario a Juan Antonio Roca a cambio de un terreno de 15.000 metros en la zona de Guadaiza.

Los locales los había comprado Aifos en abril por 4,2 millones de euros a Carlos Sánchez y Andrés Liétor, empresarios que según la Fiscalía formaban parte del círculo de Roca y que a su vez los habían adquirido en abril por 2,4 millones. La permuta implicaba para el municipio un quebranto de 39,7 millones, según valoraciones de la acusación. Ruiz Casado se enfrenta a una petición de seis años de prisión y ocho millones de multa por cohecho y fraude.



* EuropaSur - ENCARNA MALDONADO - 11.1.12
Foto: El principal accionista de Aifos, Jesús Ruiz Casado, ayer, durante su declaración ante el tribunal que juzga el caso Malaya.- europasur

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Juez ve indicios de prevaricación en operación de exedil Urbanismo de Granada

EFE* : Un Juzgado de Granada ha convertido en procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra el exedil de Urbanismo de Granada Luis Gerardo García Royo (PP), el entonces gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y otras ocho personas por una presunta apropiación de aprovechamientos urbanísticos del Estado.
En el auto, el Juzgado de Instrucción 3 considera que los hechos pueden ser calificados inicialmente como constitutivos de un delito de prevaricación, por lo que acuerda la continuación de las actuaciones por el procedimiento abreviado, de lo que da cuenta tanto a la Abogacía del Estado como a la Fiscalía, que ha solicitado nuevas diligencias, según ha indicado a Efe el Ministerio Público. Los ocho encausados restantes son en su mayoría promotores de Granada y técnicos municipales.
Los hechos, que fueron objeto de denuncia por parte de la Fiscalía, se remontan al acuerdo alcanzado en 2005 entre el Ayuntamiento y un conjunto de promotores de Granada para el desarrollo urbanístico de unas parcelas del Cerrillo de Maracena con una superficie neta de 177.384 y 87.041 metros cuadrados.

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, el acuerdo se plasmó en un convenio urbanístico suscrito entre otros por el entonces concejal de Urbanismo y dos conocidos promotores de la ciudad.
Desde ese momento, agrega el auto, se asentaron las bases, mediante la fijación de un sistema de obligaciones entre los suscribientes, para que el Ayuntamiento se atribuyera a sí mismo un aprovechamiento urbanístico "superior al que legalmente le correspondía con base a terrenos que no eran de su propiedad, sino bienes de dominio público".
Los promotores quedaban obligados a comprar esos aprovechamientos conforme al precio prefijado, "de manera que la exigencia contractual incrementaba las arcas del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, acrecentaba las expectativas comerciales de los promotores", que al tener más participación en el sector "veían en el futuro pingües beneficios económicos derivados del proceso edificativo".
El convenio firmado preveía la cesión por los propietarios al Ayuntamiento del equivalente económico del 10 % del aprovechamiento medio del área de reparto, y el pago al consistorio en metálico del "aprovechamiento excedentario de titularidad municipal proveniente de los terrenos del Ayuntamiento (...), así como los excesos de aprovechamiento no atribuidos a otros propietarios, a pesar de no existir en el sector excesos o excedentes", agrega el auto.
El Ayuntamiento se comprometió a transmitir mediante precio a los propietarios "otros excesos de aprovechamiento que se concreten como de titularidad municipal" en la fase de ejecución del plan parcial al mismo precio que se tramiten en el citado convenio los excesos.
"En realidad -precisa el auto-, tales excesos, en parte, se materializaron con terrenos de dominio público pertenecientes a la administración del Estado -en concreto a Fomento y Medio Ambiente-".


* IDEAL - EFE - 11.1.12
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com

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Una sentencia obliga a Sanxenxo a pagar 3,8 millones a promotoras

ELPAÍS/Pontevedra* : Si la penuria económica del Ayuntamiento de Sanxenxo era notoria -12 millones de deuda reconocida y un presupuesto que pasó de 114 millones a 31 en cuatro años-, un nuevo coscorrón judicial por su polémica gestión urbanística acaba de echar otra losa sobre la hacienda local. El Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra ha declarado firme una sentencia suya del pasado mayo que el Ayuntamiento no recurrió por error, y que le obliga a pagar 3,8 millones de euros a tres promotoras urbanísticas. El Gobierno local reveló la decisión judicial en su página web el lunes y anunció que reclamará su revisión, pero rechazó analizar sus consecuencias. La oposición habla ya de una situación de quiebra y pide la dimisión de la alcaldesa, Catalina González, del PP.

El fallo que ahora se vuelve firme atañe a un proceso accidentado que se inició con una de las últimas actuaciones urbanísticas de Telmo Martín como alcalde, en colaboración con la gerente municipal de urbanismo y actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas. Era a finales de 2006 y el Ayuntamiento decidió valerse de una cláusula de la Lei de Ordenación do Territorio para que dos grandes promociones inmobiliarias en Monte Faro, con miles de viviendas comprometidas, prescindiesen de la obligación de levantar viviendas públicas a cambio de 4,8 millones de euros en un caso y de 3,8 en el otro. El bipartito dela Xunta frustró ambas operaciones con un cambio normativo que eliminó la cobertura legal del apaño. A partir de ahí comenzó un conflicto administrativo y judicial entre empresas y administración local por el dinero, que las promotoras ya habían ingresado en las arcas municipales.

La sentencia de mayo afectó a la promoción menos onerosa, auspiciada por las constructoras Emprosal 16, Llave del Año y Lanzagolf. Se esperaba que el municipio apelase, pero el recurso no llegó. Según un portavoz municipal, por un posible error del procurador, que no presentó dentro del plazo el escrito de personación en la causa. Sanxenxo tiene externalizada la gestión de sus múltiples pleitos, que le han costado cientos de miles de euros en minutas en los últimos años.

La resolución de mayo censuraba la actuación municipal tras hacer un repaso por los vericuetos administrativos de la negociación entre las empresas. La tesis municipal era que los pagos millonarios no eran la contrapartida para evitar levantar viviendas públicas, sino una contribución amistosa definida unas veces como "cesión voluntaria" y otras como "participación desinteresada en los proyectos de la colectividad". En varios informes municipales la causalidad se explicita de forma clara, pero en otros queda difuminada. "La oscuridad en la redacción de los contratos nunca puede favorecer a quien la ha propiciado, en este caso el Ayuntamiento", tercia la sentencia, que considera fundamental un convenio de marzo de 2007, ya con Martín y Rivas fuera de Sanxenxo, que se refiere precisamente al reembolso para las empresas en caso de cambios en la ley tales como los que después se produjeron. El pago de los 3,8 millones de euros se produjo una semana después de este último convenio.

La resolución sigue sin escatimar epítetos contra el Gobierno local, al que achaca su "conducta sinuosa" y su intención "maliciosa". Se refiere en ese sentido a los intentos municipales de dar por resuelto el convenio, una vez se comprobó que los cambios legales iban a impedir que el convenio se llevase a la práctica. El Ayuntamiento quiso dar por finiquitado el acuerdo al seguir con la tramitación del plan parcial según la nueva normativa. Las empresas se opusieron y comenzó la batalla.

El varapalo judicial ha tenido reacciones desde las filas de la oposición. El edil del BNG David Otero habla de colapso financiero. La portavoz socialista, Dulcinea Aguín, pidió, por su parte, la dimisión de González. "Si tuviera decencia política hoy dimitiría y se iría a su casa. Presentar los recursos fuera de plazo es una burla", acusó.

La 'conexión Gürtel'

Aunque la resolución judicial solo afecta al denominado suelo urbanizable 13 de Monte Faro, el terreno colindante del suelo urbanizable 14 ha seguido una tramitación paralela en el tiempo y los procedimientos. La diferencia fundamental es que el pago al municipio a cambio de la exención de levantar vivienda pública se elevó a 4,8 millones de euros. A falta de una resolución judicial todavía pendiente, este segundo caso adquirió notoriedad porque una de las sociedades implicadas, Mirador de Sanxenxo, era entonces propiedad de Sedesa, una de las empresas salpicadas por las acusaciones de financiación ilegal del PP valenciano en el caso Gürtel. A ello se le suma que el firmante del recurso de reposición contra el Ayuntamiento para el reclamo del cobro era el actual jefede la Consellería de Territorio en Pontevedra, José Luis Díez Yáñez. La Xunta justificó varias veces el pasado año este nombramiento, la última en noviembre. La encargada fue la propia Encarnación Rivas, ahora secretaria general de Urbanismo y, entonces, gerente del mismo departamento en Sanxenxo. "Lejos de ser perjudicial incluso tiene aspectos positivos, porque acerca experiencias del sector privado a la actividad de la Administración", afirmó entonces.

Las trayectorias gemelas de las dos promociones difieren a partir de julio de 2009, cuando Mirador de Sanxenxo firmó un convenio urbanístico previo a la aprobación del plan parcial de desarrollo de ese terreno en cuya documentación preparatoria el municipio trataba de cubrirse las espaldas con una referencia a que tal acuerdo suponía "una renuncia clara y terminante a cualquier exigencia de devolución". A este documento se aferra el Ayuntamiento para mantener sus expectativas de un fallo favorable en esta segunda causa.

El problema es que incluso las resoluciones favorables les están costando muy caras a la Administración local, según recordaba ayer Aguín. "Llevamos dos ejercicios económicos en los que la Gerencia de Urbanismo arroja pérdidas. Más de 480.000 euros en el ejercicio de 2010 y más de 600.000 en 2011, gastando en gabinetes jurídicos externos más de 600.000". Entre las minutas más abultadas está las del bufete de José Luis Narbón, que ha hecho trabajos de asesoría el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, y que facturó 345.000 euros al municipio entre 2006 y 2009.


* El País - VÍCTOR HONORATO - Pontevedra - 11/01/2012
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es

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Continúa la carrera de recortes suicidas

SOLIDARIDADOBRERA* : El 1% de la población (los ricos) que ingresan una media anual de 600.000 euros; financieros e inversionistas que especulan con dineros públicos que reciben al 1% (del Banco Central Europeo, por ejemplo) y hacen pagar a los estados y particulares el 5% - 8%; banqueros y financieros que reciben miles de millones de euros de los fondos públicos y especulan, roban y se embolsan 2,34 millones de euros en salarios; ministros de economía que son responsables de la crisis financiera causada por la banca de inversión (Lehman Brothers), ministros de defensa que se han pasado toda la vida en empresas de armamento lucrándose a costa de las armas y las guerras, presidentes del gobierno y políticos con patrimonios de 4/7 viviendas y más de 1 millón de euros anuales en sus declaraciones…. Esta minoría de personas, NO NOS VAN A SACAR DE LA CRISIS, pues su negocio se encuentra en crearnos más y más crisis.
El RD 20/2011 publicado el último día del pasado año, supone una nueva agresión a todo el cuerpo de derechos de la mayoría social: trabajadores y trabajadoras con empleo, funcionarios y personal laboral de las administraciones públicas y de las empresas públicas, jóvenes en paro, personas dependientes, pensionistas de cualquier clase de pensión... Así, las personas asalariadas, soportarán dos tercios de los 8.900 millones que supone este primer recorte, por medio de la subida del IRPF en sus nóminas con una media de entre 3 y 5 puntos a partir de febrero. El gravamen desde 0,75 puntos a 7 puntos, se hace por tramos, encontrándose en los tramos de ingresos bajos medios (desde 17.707 € a 120.000 €) más del 99% de todos los y las declarantes. Los salarios bajos y medios soportan más del 90% de los ingresos por IRPF.

Por su parte, los ricos (empresarios, banqueros, grandes fortunas, etc) tributan a través del Impuesto de Sociedades y de los chiringuitos financieros como las SICAV y estos tributos, no han sido tocados. Como tampoco se ha metido mano al fraude fiscal concentrado en grandes empresas y corporaciones financieras (fraude estimado en 74.000 millones de euros) y como tampoco se ha creado un Impuesto sobre las grandes fortunas y las transacciones financieras millonarias, que a diario especulan en los mercados.

Las personas que trabajan en la Administración y en empresas públicas, volveremos a sufrir rebajas en nuestros salarios un año más: ahora con el aumento del IRPF perderemos entre 2 y 5 puntos, se nos pretende alargar la jornada semanal en 2,5 horas lo que supone perder una media del 6 % del salario y no se contratará a nadie. De los 8,8 millones de pensionistas, más de 4,7 millones no llegan a 641€ mensuales y 1,8 millones se encuentra entre 700 € a 1.100 € mensuales, verán incrementadas sus pensiones 2012 en un mísero 1%, Además 6 millones de estos pensionistas perderán un 2,9 % como consecuencia de no revisarles las pensiones en el 2011.

A los jóvenes se les elimina la ayuda a la vivienda, a las personas con necesidades y dependientes se les rebajan las prestaciones, a las personas más necesitadas y excluidas, se les recortan las partidas para organizaciones sociales que se dedican a “paliar” necesidades que el “Estado del Bienestar” nunca ha llegado a cubrir. En conclusión, el decretazo que anuncian como el inicio del inicio de los recortes, ahonda las políticas antisociales del anterior Gobierno PSOE: robo de rentas y derechos a la mayoría social, el 99% de la población, y regalo para que los ricos (1%, grandes empresarios, financieros, mercaderes especuladores, ejecutivos y personal directivo, consejeros de empresas, banqueros y monarcas…) sean cada vez más ricos, a costa de seguir agrediendo los derechos y conquistas de la clase obrera y de la vida en el planeta.

El 1% de la población (los ricos) que ingresan una media anual de 600.000 euros; financieros e inversionistas que especulan con dineros públicos que reciben al 1% (del Banco Central Europeo, por ejemplo) y hacen pagar a los estados y particulares el 5% - 8%; banqueros y financieros que reciben miles de millones de euros de los fondos públicos y especulan, roban y se embolsan 2,34 millones de euros en salarios; ministros de economía que son responsables de la crisis financiera causada por la banca de inversión (Lehman Brothers), ministros de defensa que se han pasado toda la vida en empresas de armamento lucrándose a costa de las armas y las guerras, presidentes del gobierno y políticos con patrimonios de 4/7 viviendas y más de 1 millón de euros anuales en sus declaraciones…. Esta minoría de personas, NO NOS VAN A SACAR DE LA CRISIS, pues su negocio se encuentra en crearnos más y más crisis.

El 99% de la población: 18 millones de personas asalariadas, 5 millones de personas paradas, la juventud, los 8,8 millones de pensionistas, las personas dependientes, las excluidas, las necesitadas, somos quienes PODEMOS y DEBEMOS salir de sus mentiras, de sus estafas sociales, ecológicas, materiales, civiles... diciendo NO A SUS LEYES, plantándoles cara ORGANIZADAMENTE. Solidaridad Obrera llama al 99 % de la sociedad a autoorganizarse, a los trabajadores y trabajadoras en sindicatos, a los jóvenes en colectivos. Siempre horizontalmente, sin jerarquías, ni líderes sabelotodo, donde no repitamos o copiemos los errores del sistema. La lucha social, la revolución es el único camino, ante su INJUSTICIA SOCIAL, ante sus LEYES, ante su CRISIS que causan el empobrecimiento y la desigualdad, a la vez que atentan contra el medio natural, el clima, el planeta. No podemos proseguir como si nada ocurriese, tenemos que ir poniendo en pie alternativas a este desastre que todos y todas vamos viendo como se nos cae encima.

* Por Solidaridad Obrera LA JUNTA SINDICAL


* Nodo 50 - Opinión - 7.1.12

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Los grandes procesos por corrupción abiertos en España

20MINUTOS* : El presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares, Jaume Matas, se sentó este lunes en el banquillo de los acusados por el caso de corrupción denominado 'Palma Arena'.
Sin embargo, Matas no es el primero ni su Gobierno el único que está siendo investigado por corrupción en estos momentos. Estos son los casos abiertos más importantes.
GÜRTEL
La denuncia de un concejal del PP de la localidad madrileña de Majadahonda destapó lo que sería, según los investigadores, una red que sobornaba a políticos del Partido Popular a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.
Están imputados, además del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, los exalcaldes populares de Majadahonda (Guillermo Ortega), Boadilla del Monte (Arturo González Panero), Arganda del Rey (Ginés López) y Pozuelo (Jesús Sepúlveda, exmarido de la hoy ministra de Sanidad Ana Mato). También, el exdiputado popular en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y el que fuese organizador de los actos públicos de Esperanza Aguirre, el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo.
El caso está pendiente de recepción por parte de la Audiencia Nacional, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se inhibió de la investigación el 8 de junio de 2011.

CASO TRAJES

La vertiente valenciana del caso Gürtel investiga la posible relación entre los regalos otorgados por las empresas de Francisco Correa y sus socios al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros altos cargos de su gobierno. El 'premio' serían, también en esta ocasión, adjudicaciones públicas o actos organizados por el PP en la región.

Están imputados el propio Camps, que terminó dimitiendo de su cargo, y el ex secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa. Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consellería de Turismo, se declararon culpables ante el juez de haber recibido regalos de la trama.

El juicio comenzó el 12 de diciembre en el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana.

PALMA ARENA

El sobrecoste en las obras de construcción del velódromo de Palma de Mallorca, finalizado en 2007, ha terminado por llevar al banquillo al expresidente de Baleares, Jaume Matas (PP), este lunes. Matas, que abonó una fianza de 2,5 millones de euros para no ingresar en prisión, está acusado de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. Los principales imputados, junto a Matas, por la Audiencia Provincial son el exregatista olímpico y director general de Deportes en el anterior Govern, Pepote Ballester, y el exgerente del velódromo, Jorge Moisés.

Es la primera vez que Matas se sienta en el banquillo.

En Baleares se investigan actualmente hasta 20 casos de corrupción, la mayoría vinculados al PP y al partido bisagra Unió Mallorquina, que también gobernó junto al PSOE la pasada legislatura. Solo la investigación del Palma Arena tiene 26 piezas separadas.

CASO NÓOS

Es una de las piezas incluidas en la investigación del caso Palma Arena. Ha tomado entidad por sí misma después de la imputación del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, que deberá declarar el próximo 25 de febrero.

Según la investigación, el marido de la infanta Elena y uno de sus socios, Diego Torres, también imputado, se habrían embolsado grandes cantidades de dinero público entre 2005 y 2007 a través de la organización sin ánimo de lucro Fundación Nóos, que Urdangarin presidía. Nóos operó, sobre todo, con los gobiernos populares de Baleares y la Comunidad Valenciana.

El caso está en fase de instrucción.

CASO CAMPEÓN

La detención en mayo de 2011 del empresario gallego Jorge Dorribo, acusado de encabezar una trama de fraude en subvenciones públicas, ha derivado en la intervención del Tribunal Supremo para investigar al exministro socialista José Blanco por su posible implicación en la recepción de sobornos.

En su declaración judicial, Dorribo aseguró que Blanco y los exdiputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG) recibieron distintas cantidades de dinero por ayudarle a conseguir subvenciones y distintas licencias para él o para terceros.

Jorge Dorribo, Pablo Cobián y Fernando Blanco están imputados, no así el exministro.

El caso sigue bajo investigación.

MERCASEVILLA Y LOS ERE

El caso que trae de cabeza al Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía. La denuncia de dos empresarios, a los que dos dirigentes de Mercasevilla (Fernando Mellet y Daniel Ponce) les exigieron un soborno, destapó una trama de fraude en las subvenciones que la Junta otorgaba para costear parte de los expedientes de regulación de empleo y para ayudar a empresas en dificultades.

La Junta de Andalucía ha admitido la existencia de 72 'polizones' entre 1.569 trabajadores investigados de los 6.096 que recibieron ayudas públicas entre 2001 y 2008. Entre ellos hay una decena de militantes o cargos socialistas.

Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo de la Junta, es el principal imputado. Él era el responsable de que los 647 millones de euros que manejaba la Junta para estos conceptos tuviesen un destino adecuado. También está imputado su superior, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

La investigación está en manos de un juzgado de Sevilla y no hay fecha para el juicio.

CASO BRUGAL

Trama corrupta en la que empresarios alicantinos vinculados al sector de la recogida de basuras y al urbanismo habrían sobornado a políticos del Partido Popular a cambio de adjudicaciones y otros favores.

La causa tiene una veintena de ramificaciones en las que están imputados los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, además del líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll. El sumario también implica a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo.

En la actualidad, dos tribunales de la Audiencia Provincial de Alicante deben decidir si las escuchas practicadas entre 2007 y 2010 y que sirven de base a la Fiscalía Anticorrupción se realizaron legalmente.

CASO MINUTAS

El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz (GIL), y el abogado y presidente del Sevilla Club de Fútbol, José María del Nido, fueron condenados el pasado mes de diciembre por la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga a siete años y medio de prisión y 15 de inhabilitación absoluta cada uno. Su delito, haber malversado 2,86 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella contratando servicios jurídicos de forma irregular e injustificada.

Del Nido ha anunciado que recurrirá, pero la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que los condenados ingresen en prisión preventiva.

El caso Minutas es un apéndice del caso Malaya, cuya fase judicial aún no ha concluido. La policía tasa el dinero blanqueado en el 'Caso Malaya' en unos 670 millones.


* 20Minutos - ÁNGEL CALLEJA 10.01.2012
Foto: Gürtel, Palma Arena, Campeón, Brugal, Minutas... un buen número de casos abiertos protagonizados por personalidades públicas mantienen ocupados los juzgados. (AGENCIAS)

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Andalucía permite la regularización de 250.000 casas ilegales

ELPAÍS* : La Junta de Andalucía aprobó ayer el decreto que persigue la regularización de miles de casas que se han levantado de forma ilegal en suelos no urbanizables durante las últimas décadas. La norma abre la puerta al "reconocimiento" de las casas, una figura legal que les permitiría salir del limbo jurídico y acceder, por ejemplo, al suministro de agua y luz. "Son viviendas que no pueden ser demolidas ni legalizadas", detalló ayer la consejera andaluza de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón.
El Gobierno regional desconoce el número exacto de edificaciones que se verán afectadas. La consejería solo dispone de algunos censos parciales y estimaciones. Gloria Vega González, secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, señaló que la Junta calcula que en Andalucía hay entre 300.000 y 350.000 viviendas irregulares aisladas. Alrededor de un 10%, añadió Vega, nunca podrán legalizarse, porque están en suelos protegidos y zonas inundables o porque el delito urbanístico no ha prescrito. Otro 10% sí pueden ser legalizado con el planeamiento actual. En el 80% restante -es decir, entre 200.000 y 250.000 edificaciones- el delito ha prescrito y, aunque nunca serán legales por estar en suelo no urbanizable, los Ayuntamientos podrán otorgarles un "reconocimiento" jurídico como "asimiladas a fuera de ordenamiento".

El decreto introduce novedades fundamentalmente en este último caso. Los propietarios podrán ahora inscribir las edificaciones en el Registro de la Propiedad, con lo que ganan en seguridad jurídica, y las compañías suministradoras podrán darles acceso a agua y luz con todas las de la ley.

Críticas
Cruz Villalón insistió ayer en que todos los gastos que se deriven de la aplicación de la norma tendrán que ser asumidos por los propietarios. "El decreto no es una norma de regularización indiscriminada sino una respuesta concreta acorde a cada situación".

Pero su aprobación cosechó ayer críticas. Las organizaciones ecologistas consideraron un "error" la regularización. En opinión de WWF y Ecologistas en Acción, la Junta lanza el mensaje de que existen leyes que "no es necesario cumplir, pues luego vendrá la Administración para resolver el problema creado al respecto". Para el PP, sin embargo, la norma se queda corta ya que las casas "van a seguir siendo ilegales".


* El País - MANUEL PLANELLES - Sevilla - 11/01/2012
Foto: El Puerto (Cádiz), viviendas ilegales - diariodecadiz.es

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Valdoviño.- Un juez apunta a un posible delito por el desborde de la laguna protegida de a Frouxeira

ELPAÍS/A Coruña* : El agua desbordada de la laguna de A Frouxeira ha llegado al juzgado. El juez instructor de la sala nº3 de Ferrol, Alejandro Morán, ha abierto diligencias por un posible delito de daños a partir de la denuncia de varios vecinos a los que el agua de un humedal protegido y rebosante se les ha colado en sus fincas hasta la puerta de casa.
La querella la firma Juan Carlos González Orozco y representa a otros 25 vecinos del paseo de la laguna que está completamente anegado e impracticable para los coches desde hace un mes. Argumentan que la situación les ha ocasionado "graves perjuicios personales y materiales", acusan a todas las Administraciones implicadas de "inactividad" y señalan al alcalde de Valdoviño, José Antonio Vigo (PP) como "responsable máximo". Entienden que el regidor debería haber actuado de forma subsidiaria e instan a la justicia a que fije "las responsabilidades penales y civiles que se deriven de los hechos".

El magistrado ha ordenado a la Guardia Civil de Valdoviño que redacte un informe sobre la situación para determinar el alcance de los daños (si los hay) y la competencia administrativa. En otras palabras, a qué Administración le correspondería el desaguisado y las futuras compensaciones, si las hubiera.

El domingo por la noche, un pequeño grupo de vecinos afectados puso fin al encierro que mantenía en el Ayuntamiento desde el 23 de diciembre. "No es un adiós, es un hasta luego. El problema se repetirá tarde o temprano", ha manifestado su portavoz, Fernando Villar.

Durante los 17 días que ha durado su protesta, remitieron escritos de denuncia al juzgado, la fiscalía, el Valedor do Pobo y 13 más al regidor para reclamar una solución al desborde que tiene cercadas sus casas desde el 12 de diciembre. Han llamado con insistencia a las puertas de la Xunta y de la Demarcación de Costas en Galicia pero lo único que han conseguido es una barrera de sacos de arena y cinco bombas de achique encendidas noche y día que han rebajado varios centímetros el nivel del líquido estancado en la entrada de las fincas. "El dique es un parche temporal que no revuelve nada", critica Villar.

Por la pendiente del terreno, es poco probable que el agua inunde las 12 casas más próximas al lago pero los vecinos insisten en reclamar que se abra un pequeño pequeño caño a modo de desagüe controlado para evacuar el exceso de agua que ha sepultado dunas y nidos de aves. La Xunta se niega en redondo a autorizar cualquier intervención humana en A Frouxeira y tiene una prohibición expresa de la UE que paraliza cualquier acción. En 2009, una obra autorizada por Medio Rural casi desecó el lago.


* El País - LORENA BUSTABAD - Ferrol - 10/01/2012
Foto: Laguna Valdoviño

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Brugal.- Un caso pendiente de las escuchas

ELPAÍS/Alicante* : Las partes del caso Brugal, trama corrupta vinculada a la basura y al urbanismo en la provincia de Alicante tejida sobre la base de la connivencia entre los líderes políticos del PP y empresarios, encaran el tercer año después del levantamiento del secreto de sumario con la vista puesta en dos tribunales distintos de la Audiencia de Alicante. Sendas salas tiene que pronunciarse sobre la legalidad de la principal prueba de cargo de la Fiscalía Anticorrupción: las escuchas telefónicas practicadas a los cabecillas de la red durante más de tres años, de marzo de 2007 a junio de 2010. El sentido de la resolución ambos tribunales será clave para el futuro de significados dirigentes del PP, con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a la cabeza, y destacados empresarios, entre otros, el omnipresente promotor Enrique Ortiz.
Las escuchas telefónicas realizadas por los agentes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante durante centenares de horas a los líderes de la trama ocupan el grueso de los más de 40.000 folios del sumario.

Sobre la base de esas intervenciones, el 6 de julio de 2010 el instructor general del caso, Carlos San Martín, extitular del Juzgado número 3 de Orihuela ordenó la operación policial clave de la investigación, que incluyó 19 arrestos y otros tantos registros domiciliaros, entre ellos el del en esa fecha presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz.

El levantamiento del secreto del sumario reveló una trama con una veintena de ramificaciones y dos piezas centrales: un supuesto soborno al exlíder del PP por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja por parte de los empresarios Ortiz y Fenoll; y un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor de promotor Ortiz a base de información privilegiada supuestamente facilitada por los alcaldes del PP, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.

La instrucción del soborno del plan zonal permaneció bajo la batuta de San Martín. Sin embargo, el juez anuló el junio de 2011 algunas de las intervenciones practicadas a Ripoll, Fenoll y Ortiz. Esta resolución, junto a otra serie de errores formales (incluir en la documentación facilitada a las partes de esa causa diligencias de la pieza del PGOU aún secretas), ha empantanado la instrucción de este sumario.

Las partes, con la Fiscalía Anticorrupción a la cabeza, han apelado a la Audiencia. La sección 7ª con sede en Elche tiene ahora la última palabra. San Martín no ha podido superar la presión mediática sobre el caso Brugal y a finales del pasado mes de diciembre dejó ese juzgado, por una plaza en otra oficina judicial en Elche.

El sumario del presunto amaño del PGOU recayó en el Juzgado número 5 de Alicante. Su titular, Manrique Tejada, en un auto del pasado mes de octubre, sí dio por validas las escuchas y además observó indicios de delitos en los hechos investigados. No obstante, las defensas de los imputados, entre ellos, el promotor Ortiz y el abogado urbanista, José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de la Ciudad, han apelado a la Audiencia. La sección primera del alto tribunal será la encargada de resolver el recurso.

La instrucción de este sumario sí ha avanzado en los últimos meses. El magistrado ha interrogado a los 18 imputados, y ahora han comenzado la prueba testifical. Una vez cerrada la instrucción, siempre que la Audiencia ratifique su auto sobre la legalidad de las intervenciones, el juez deberá decidir si ve indicios de delitos en Castedo y Alperi. De resolver en sentido positivo tendrá que remitir las diligencias al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ya que ambos son diputados autonómicos y gozan de la condición de aforados.


* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 09/01/2012
Foto: Alicante, Castedo y Ortiz en el estadio (archivo) - lasprovincias

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Tres cargos de confianza de Matas le responsabilizan de un concurso ficticio

DIARIODEMALLORCA* : Tres cargos de confianza del expresidente balear Jaume Matas (PP), en concreto sus dos jefas de gabinete y su jefe de prensa, le han responsabilizado de la puesta en marcha de un concurso ficticio para encubrir pagos al periodista Antonio Alemany, quien le escribía los discursos de mayor calado político.
Estas tres personas, acusadas en el juicio por una pieza del caso Palma Arena que ha comenzado hoy y en la que Matas se enfrenta a una petición fiscal de 8 años y medio de cárcel por corrupción, han atribuido al exministro de José María Aznar la idea de realizar este concurso, que se adjudicó a la empresa de comunicación Nimbus.
En teoría, el contrato perseguía hacer un análisis de la imagen del Govern balear, pero, según han reconocido ante el tribunal las dos jefas de gabinete, María Umbert y Dulce Linares, sus frutos nunca aparecieron. Ambas han coincidido en que la contratación de Alemany fue "ordenada" por Matas "personalmente" y han afirmado que sospechan que el concurso ficticio lo puso en marcha el expresidente.

También han dicho desconocer totalmente que el concurso ocultaba la contratación de Alemany: "Si lo hubiera sabido lo hubiera parado; soy funcionaria y no me voy a jugar la carrera en esto", ha asegurado Linares, quien incluso ha admitido sentirse engañada.

A juicio de Linares, Matas conocía las normas básicas de contratación y sabía que esta manera de actuar era ilegal, cuando lo correcto era contratar al periodista de forma "eventual", ya que hacerlo mediante varios contratos habría sido, ha dicho, un "fraude".

El entonces jefe de prensa de Matas, Joan Martorell, ha ido más allá y ha reconocido que este concurso encubría realmente los pagos a Alemany, con el objetivo, según ha indicado antes Umbert, de que el periodista no tuviera que preocuparse de la mala imagen que podía suponer escribir los discursos mientras colaboraba como columnista para un periódico.

Martorell ha dicho que hasta 2005, cuando se prorrogó, no supo de este concurso, y ha reconocido que entonces redactó un informe avalando dicha prórroga a sabiendas de que el objeto del mismo era falso.

"Entendí que era la forma de tramitar la cuestión y lo di por bueno", ha afirmado respecto al concurso, y ha añadido que firmó las facturas que Nimbus le remitía por este contrato confiando en la labor en los servicios técnicos.

"Lo firmaba todo", ha asegurado, una frase que luego la presidenta del tribunal, Margarita Beltrán, ha puesto en duda al no comprender cómo podía firmar "indiscriminadamente, masivamente y compulsivamente".

Martorell ha dicho que la orden de llevar a cabo este concurso "solo" podía venir de Matas, ya que "tratándose de lo que se trataba, procedía del presidente".

Otra finalidad de este concurso, sospecha la Fiscalía, es que Alemany pudiera acceder a subvenciones públicas, algo que hizo cuando recibió una ayuda del Govern por unos 450.000 euros para poner en marcha la Agencia Balear de Noticias, proyecto que, en palabras de Martorell, Matas ordenó que se financiara antes de que se convocaran las ayudas.

A juicio del exjefe de prensa de Matas, esta subvención no se habría dado sin el visto bueno del presidente, ya que este "tenía una capacidad de trabajo, de análisis y control que prácticamente no había nada del Govern de lo que no estuviera informado o partiera de sus decisiones".

La tercera vertiente que trata esta pieza es un contrato directo por unos 12.000 euros concedido a Alemany para realizar una serie de reportajes sobre turismo y deporte que, según ha reconocido Martorell, nunca se hicieron.

El exjefe de prensa de Matas ha explicado que la finalidad última de este contrato, que contemplaba la cantidad límite para que pudiera ser directo y sin necesidad de concurso, era retribuir a Alemany con un dinero extra por sus servicios al expresidente.

El cuarto acusado en declarar, el propietario de la agencia de publicidad y comunicación Nimbus, Miguel Romero, ha afirmado que el expresidente del Govern balear le forzó a subcontratar al periodista Antonio Alemany para que éste redactara los discursos.

Romero ha asegurado que el expresidente le pidió personalmente que le hiciera "el favor" de ceder a Alemany un contrato que su empresa había ganado en un concurso y que tenía como objetivo oculto el pago de los discursos, algo que él aceptó por temor a no obtener nuevos contratos con la administración.

A preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Carrau, el empresario ha relatado que Nimbus ganó en 2003 un concurso público para hacerse cargo de un servicio de imagen corporativa del Govern en el que, a instancias "de alguien del Govern" su propuesta incluía la redacción de discursos, aunque no formaba parte de las bases del concurso.

El juicio se reanudará mañana a las 10:00 horas con la declaración del periodista Antonio Alemany y de Jaume Matas, que será el último de los acusados en declarar.


* Diario de Mallorca - Efe - 9.1.12
Foto: El banquillo de los acusados. B. Ramon

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Marbella.- La Fiscalía pide prisión provisional para Del Nido y Muñoz

LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy prisión provisional sin fianza para el abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz como medida preventiva tras sus condenas por el denominado "caso Minutas".
Anticorrupción ha planteado que si la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga considera que ello no procede, de forma alternativa pide prisión provisional eludible bajo fianza de 500.000 euros para cada uno.
Además, la Fiscalía ha pedido que los dos procesados comparezcan cada quince días, al mismo tiempo que ha solicitado que se les retiren los pasaportes. Esta solicitud de la Fiscalía se ha conocido en el transcurso de la vista convocada para decidir si se adoptan medidas preventivas contra los condenados en este caso sobre presuntas irregularidades en los encargos efectuados por el Ayuntamiento de Marbella a Del Nido, cita a la que ha acudido el propio letrado.

Riesgo de fuga, su capacidad económica y su reiteración en conductas delictivas son las principales causas por las que Anticorrupción considera que debe pedir la prisión para José María del Nido.

Además, ha explicado que tiene pendiente una pieza separada del procedimiento del "caso Minutas", en la que está imputado, y que el delito que ha cometido lo podría perpetrar en cualquier ayuntamiento de España.

El fiscal ha indicado que la sentencia es un hecho que "debilita la presunción de inocencia" y que las penas a las que ha sido condenado son superiores a los cinco años, por lo que se consideran graves.

Además, la Fiscalía ha añadido que la sentencia ha sido unánime por los tres magistrados y que ninguno de ellos ha realizado un voto particular.

Respecto a Julián Muñoz ha destacado su reiteración delictiva, que ya ha sido condenado en diecisiete ocasiones y que actualmente está siendo juzgado por el "caso Malaya" y ha recordado otras cincuenta causas por delitos contra la ordenación del territorio, malversación, prevaricación y fraude.

Anticorrupción ha considerado que si se tiene en cuenta el "panorama procesal" de Julián Muñoz, existe en su caso riesgo de fuga.

Del Nido fue condenado a siete años y medio de cárcel como cooperador necesario de un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, misma pena que recayó en Muñoz, aunque en concepto de autor.

Otro de los procesados que fue condenado en el "caso Minutas" es el exasesor de Urbanismo de Marbella y presunto cerebro del "Malaya", Juan Antonio Roca, que aunque fue condenado a cuatro años, pena que no alcanza la categoría de grave, el fiscal entiende que hay que añadir "el cúmulo" de procedimientos y el riesgo de fuga.

Alternativamente para Roca, la Fiscalía pide prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros.

El ministerio público ha pedido medidas cautelares de forma individualizada para cada uno de los acusados y posteriormente los abogados defensores han mostrado su disconformidad y han pedido que no se adopten ninguna medida cautelar.

Pedro Apalategui, letrado de Del Nido, ha indicado que no existe riesgo de fuga, ha agregado el arraigo familiar, profesional, social y económico del abogado y presidente del Sevilla y ha puesto a disposición del Tribunal todo el activo patrimonial.

El defensor de Del Nido ha añadido que siempre que su cliente ha tenido que salir fuera del país por ser presidente del Sevilla, lo ha comunicado y solicitado el correspondiente permiso a la autoridad judicial.

Por todo ello, para Apalategui los argumentos del fiscal son "insuficientes y erróneos" y el riesgo de fuga pertenece "al mundo de la hipótesis".

En los próximos días, los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga dictarán un auto para pronunciarse sobre las medidas cautelares.


* La Opinión Málaga - Efe - 9.1.12
Foto: Marbella, Del Nido con Muñoz - malagahoy.es

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Castellón.- El aeropuerto sin aviones ha gastado 30 millones de euros en publicidad

ELPAÍS : El aeropuerto de Castellón no ha comenzado a operar y su futuro es más incierto que nunca después de que la Generalitat haya roto el contrato con la concesionaria que debía hacerse cargo de su explotación. Pese a ello, desde que en el año 2003 se iniciaran los trámites para su construcción la empresa pública Aeropuerto de Castellón SL (Aerocas) ha gastado más de 30 millones de euros para darse a conocer a través de patrocinios deportivos, publicidad y ferias. Un gasto que ha sido objeto de reproche continuo por la Sindicatura de Comptes, que señala que todas las contrataciones se han realizado "sin acreditar la necesidad del gasto ni la determinación del precio del contrato" y sin analizar el posible beneficio obtenido por el aeropuerto.
Ante ello, Aerocas reconoce que no puede determinar este retorno económico y habla de "riesgo asumido" porque no quedan "garantizados los resultados comerciales de la colaboración publicitaria".

La pasada semana el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, anunció que este año el aeropuerto no se venderá en Fitur porque hay que promocionar "lo que se tiene y no lo que se va a tener". Pero hasta la fecha, Aerocas ha gastado más de 30 millones en contratos para publicitar lo que aún no se ha puesto en marcha. Y tras la ruptura del contrato con la concesionaria el inicio de los vuelos se aleja y la instalación se está dando a conocer por ser un aeropuerto sin aviones. Aerocas se constituyó en enero de 2003 (entonces la Diputación participaba al 50% y no al 0,15% actual) y ese año se hizo el primer desembolso: 62.800 euros en gastos de patrocinio de un torneo de golf y para la presentación del aeropuerto. El aeropuerto ni había comenzado a construirse.La inversión en publicidad del futuro aeropuerto creció rápidamente. Al año siguiente, en 2004, la empresa pública Aerocas SL -controlada por la Generalitat y la Diputación de Castellón- firmó un contrato de patrocinio con el Villarreal CF. De este modo, los jugadores de fútbol llevaron en sus camisetas Aeroport Castelló durante las tres siguientes temporadas y a cambio el equipo de fútbol, que preside Fernando Roig, cobró 2,35 millones de euros. El contrato se amplió para adquirir los derechos de imagen de las camisetas por otros 1,39 millones más para la temporada 2004-05 y otros 1,64 millones para la siguiente. A partir de entonces y hasta la pasada temporada los contratos de patrocinio deportivo con Villarreal CF y con el CD Castellón se renuevan cada año. Este año el submarino amarillo juega con camisetas sin publicidad.

En 2006, el aeropuerto acabó el año con fondos propios negativos de 15,29 millones pero cerró contratos de publicidad por 3,12 millones de euros y otros 3,2 millones en 2007. A partir de entonces la empresa pública empieza a duplicar el gasto: 6,52 millones en 2008 y 7,75 millones en 2009. En ambos casos Aerocas estaba en números rojos. En el último ejercicio auditado, con un agujero de 31 millones de fondos propios, aún se firmaron contratos por valor de 4,36 millones en patrocinio.

Hasta ahora la defensa de este desembolso de dinero público se fundamentaba con el argumento de que el aeropuerto debía darse a conocer para atraer turistas y lograr así acuerdos con las aerolíneas. Este trabajo correspondía a la concesionaria con la que el Gobierno valenciano acaba de romper relaciones.

Sin vuelos a la vista, la promoción de la instalación ubicada en el término municipal de Vilanova d'Alcolea ya ha provocado conflictos en la Diputación de Castellón. Las declaraciones de su presidente dejándola fuera de Fitur se rectificaron con un comunicado que fue a su vez rectificado de nuevo.

El futuro de la empresa pública Aerocas es toda una incógnita tras el anuncio de integración en uno de los holdings anunciados por el Consell para recortar gastos. En este tiempo la sociedad ha duplicado el gasto en personal, desde 148.115 euros anuales para pagar a tres trabajadores hasta los 382.216 que se reparte una plantilla actual de siete personas.

En la actualidad, Aerocas mantiene la construcción, con un coste de 300.000 euros, de la escultura de bronce de 25 metros de altura y 20 toneladas inspirada, según el escultor Juan García Ripollés, en el impulsor del aeropuerto, el presidente provincial del PP Carlos Fabra, y ubicada en la rotonda de acceso al aeropuerto.


* El País - LORENA ORTEGA - Castellón - 08/01/2012
Foto: La enorme escultura de Ripollés con la cabeza de Carlos Fabra ya está casi terminada en las instalaciones del aeropuerto de Castellón.- ÀNGEL SÁNCHEZ

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La vivienda es un derecho humano. Propuesta de movilización conjunta

INTERBARRIOS/Madrid* : Desde la Asamblea Interbarrios de Vivienda y Desahucios de Madrid estamos trabajando en una iniciativa conjunta sobre el tema de vivienda y Derechos Humanos, que incluya una serie de acciones de denuncia y movilización para los próximos meses.
La lucha por una vivienda digna es también la lucha por el cumplimiento efectivo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que el Estado español suscribió en 1977.
Esta perspectiva de Derechos Humanos es común a todos los vectores de la lucha por la vivienda y permite seguir sumando a nuevos sectores ciudadanos en una reivindicación tan sencilla como urgente: “Dar cumplimiento real a los Derechos Humanos para todas las personas”. Las aplicaciones posibles parecen inagotables, desde la acción legal colectiva hasta la eventual aparición de objeciones de conciencia entre los funcionarios públicos que ejecutan órdenes contrarias a los Derechos Humanos, pasando por el fortalecimiento de nuestras propias convicciones.

Algunos ejes provisionales sobre los que hemos discutido y que pueden constituir puntos concretos y sencillos para desarrollar la movilización, son:

1.- La vivienda es un Derecho Humano

La violación del derecho a una vivienda digna para millones de personas, constituye un atentado tanto al artículo 47 de la Constitución como a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por el Estado español en 1977. El derecho a la vivienda no puede estar regido por las reglas del mercado.

2.- STOP desahucios

Denunciamos la violación de los derechos humanos que realizan las entidades financieras y administraciones públicas, interponiéndonos entre la comisión judicial y el derecho a la vivienda de las personas afectadas.

3.- Dación en pago y derecho a permanecer en la vivienda mediante un alquiler social

Solución a la situación de exclusión social de los desahuciados mediante la dación en pago y derecho a permanecer en la vivienda mediante un alquiler social.

4.- Vivienda social ¡Ya!

El stock de más de tres millones de viviendas vacías deben constituir un parque de vivienda pública en alquiler. Derecho a acceder a una vivienda en régimen de alquiler social a cambio de una renta que no supere el 30% de los ingresos.

5.- Paralización de los derribos de viviendas

Paralización de los derribos de viviendas en barrios populares, especialmente en Cañada Real y Puerta de Hierro. Los desalojos forzosos están declarados como contrarios a los Derechos Humanos.

6.-Despenalización de la okupación

Despenalización de la okupación de viviendas vacías de bancos, inmobiliarias, instituciones públicas y especuladores que no cumplen ninguna función social. Eliminación del delito de usurpación. Millones de casas vacías mientras millones de personas no pueden acceder a la vivienda es la muestra más palpable del fracaso modelo de política de vivienda actual.

7.- Lucha contra la impunidad

Investigación y denuncia acerca de la posible violación de derechos humanos realizada mediante actividades comerciales, financieras, publicitarias y de intermediación cuyas consecuencias son la ruina, el desahucio, las hipotecas basura y la indefensión para grandes colectivos. Derecho a la verdad: a conocer que pasó. Derecho a la justicia: a que los responsables sean llevados ante los tribunales. Derecho a la reparación de las víctimas: a que los colectivos vulnerables y las personas perjudicadas sean protegidas. No repetición: medidas para que nunca más se especule con la vivienda.

8.- Cambio radical del modelo urbanístico

El planeamiento de la ciudad debe ser realizado con dimensiones humanas y basado en criterios ecológicos y sostenibles. La especulación con el suelo jamás debe volver a ser el criterio del desarrollo urbano.

La propuesta incluye, hasta ahora:

1.- Rueda de prensa con exposición de los datos actuales de vulneración del derecho a la vivienda en el Estado español

2.- Acción de presentación de escritos en los Juzgados

Se redactaría una tabla de exigencias de cumplimiento de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos en materia de vivienda. La acción consistiría en su presentación en cadena durante una mañana en el Registro de los Juzgados de Capitán Haya, precisamente dónde se encuentran los Juzgados 31 y 32 de Madrid, especializados en asuntos hipotecarios.

3.- Manifestación unitaria en fin de semana acogiendo todos los contenidos que trabajemos alrededor de la vivienda.

No queremos avanzar más planteamientos por ahora, sino enriquecer la iniciativa con aportaciones desde todos los rincones. Para ello

Os convocamos a una reunión de trabajo el próximo Jueves, 12 de enero, a las 19:00 horas en el CSOA Casablanca (C/Santa Isabel 21-23).

Hemos acordado invitar a participar a colectivos relacionados con la vivienda (asambleas de barrios y pueblos del 15M, Asamblea Popular de Madrid, Comisión legal de Sol, Comisión de economía de Sol, grupo transversal, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Oficina de Vivienda, cooperativistas afectados del Sureste, Cañada Real, Puerta de Hierro, afectados por el IVIMA y EMV, plataformas en defensa del territorio, Asociación Libre de Abogados, Amnistía Internacional, centros sociales, etc.)

¡La vivienda es un derecho y no un negocio de especuladores!

¡Sí se puede!

* Asamblea Interbarrios de Vivienda y Desahucios de Madrid


* Acampada Sol - Opinión - 8.1.12
Foto: Indignados, actuación policial ante protesta - acampadasol

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