Marbella.- El dueño de la promotora Aifos da la espalda a Roca

EUROPASUR/Málaga* : El empresario Jesús Ruiz Casado, propietario de la promotora Aifos, socavó ayer la línea de defensa del ex asesor de urbanismo de Marbella y principal acusado del caso Malaya, Juan Antonio Roca.
Ruiz Casado, acusado de haber pagado 4,8 millones al ex asesor de Urbanismo para obtener favores urbanísticos, dijo en primer lugar que parte de las anotaciones que figuran en la contabilidad secreta de Roca atribuidas a Aifos corresponden a pagos legales que él hizo al Ayuntamiento de Marbella y a sumas que aportó para patrocinar actividades municipales. Después negó que él, su empresa o cualquiera de sus directivos hubiera encargado un informe técnico a Juan Antonio Roca relativo al hotel Guadalpín. El ex asesor de Urbanismo de Marbella afirmó en el juicio por el caso Malaya el 14 de noviembre que recibió por ese asesoramiento 2,6 millones de euros en negro. El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero le pidió ayer explicaciones a Ruiz Casado por este pago. Su respuesta fue clara: "El señor Roca se equivoca".

El principal accionista de Aifos se negó ayer a ratificar las dos declaraciones que hizo en julio de 2006 ante el juez que investigó la corrupción político urbanística de Marbella. En la segunda comparecencia apuntó que Roca le había pedido dinero a través de su director en Andalucía, Francisco García Lebrón. Ayer se limitó a aclarar que dijo lo que dijo para evitar la cárcel. El magistrado Torres ordenó su ingreso en prisión el 20 de julio de 2006, aunque tras la segunda declaración logró salir en libertad bajo fianza de 500.000 euros.

Ruiz Casado aprovechó el interrogatorio al que le sometió ayer el fiscal Anticorrupción para presentarse como una víctima sometido a la extorsión del Ayuntamiento de Marbella, a través de Juan Antonio Roca. Explicó que el hotel Guadalpín Banús reunía todas las condiciones previstas en el plan general de ordenación urbanística de 1986. Sin embargo, "el Ayuntamiento con el único fin de recaudar" le obligó a suscribir en marzo de 2004 dos convenios para legalizar excesos de edificación que, de acuerdo con su versión, no existían, aunque la Fiscalía Anticorrupción mantiene que se agregaron 2.000 metros edificables más en el hotel y 4.000 en la parcela adyacente. Ninguno de estos convenios llegó a ser ratificado por el Ayuntamiento de Marbella, si bien el municipio reclama en la actualidad en el concurso de acreedores que pesa sobre la promotora el pago de la cantidad que no se llegó a aportar e incluso parte de la suma que sí se hizo efectiva.

La Fiscalía Anticorrupción indica por contra en su escrito de acusación que ambos convenios implicaban el pago de dos millones de euros al Ayuntamiento de Marbella y otros 2,5 millones en comisiones ilegales a Juan Antonio Roca.

El dueño de la promotora se esforzó ayer en hacer ver que su empresa tuvo que plegarse a la "imposición" del Ayuntamiento porque antes se había enfrentado a la Administración local y había perdido el pulso. Recordó el enfrentamiento que mantuvieron con el hotel Guadalpín Marbella cuando un cambio de criterio al computar como edificable unas terrazas les acabó llevando a tener que firmar otro convenio que les supuso el desembolso de dos millones de euros y la conmutación de una deuda que tenía el municipio con la promotora.

Aifos firmó en junio 2004 un tercer convenio con el Ayuntamiento de Marbella que también forma parte del caso Malaya. Gracias a este acuerdo la promotora entregaba al Ayuntamiento unos locales de 217 metros y 2,5 millones de euros más un soborno millonario a Juan Antonio Roca a cambio de un terreno de 15.000 metros en la zona de Guadaiza.

Los locales los había comprado Aifos en abril por 4,2 millones de euros a Carlos Sánchez y Andrés Liétor, empresarios que según la Fiscalía formaban parte del círculo de Roca y que a su vez los habían adquirido en abril por 2,4 millones. La permuta implicaba para el municipio un quebranto de 39,7 millones, según valoraciones de la acusación. Ruiz Casado se enfrenta a una petición de seis años de prisión y ocho millones de multa por cohecho y fraude.



* EuropaSur - ENCARNA MALDONADO - 11.1.12
Foto: El principal accionista de Aifos, Jesús Ruiz Casado, ayer, durante su declaración ante el tribunal que juzga el caso Malaya.- europasur

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Juez ve indicios de prevaricación en operación de exedil Urbanismo de Granada

EFE* : Un Juzgado de Granada ha convertido en procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra el exedil de Urbanismo de Granada Luis Gerardo García Royo (PP), el entonces gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y otras ocho personas por una presunta apropiación de aprovechamientos urbanísticos del Estado.
En el auto, el Juzgado de Instrucción 3 considera que los hechos pueden ser calificados inicialmente como constitutivos de un delito de prevaricación, por lo que acuerda la continuación de las actuaciones por el procedimiento abreviado, de lo que da cuenta tanto a la Abogacía del Estado como a la Fiscalía, que ha solicitado nuevas diligencias, según ha indicado a Efe el Ministerio Público. Los ocho encausados restantes son en su mayoría promotores de Granada y técnicos municipales.
Los hechos, que fueron objeto de denuncia por parte de la Fiscalía, se remontan al acuerdo alcanzado en 2005 entre el Ayuntamiento y un conjunto de promotores de Granada para el desarrollo urbanístico de unas parcelas del Cerrillo de Maracena con una superficie neta de 177.384 y 87.041 metros cuadrados.

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, el acuerdo se plasmó en un convenio urbanístico suscrito entre otros por el entonces concejal de Urbanismo y dos conocidos promotores de la ciudad.
Desde ese momento, agrega el auto, se asentaron las bases, mediante la fijación de un sistema de obligaciones entre los suscribientes, para que el Ayuntamiento se atribuyera a sí mismo un aprovechamiento urbanístico "superior al que legalmente le correspondía con base a terrenos que no eran de su propiedad, sino bienes de dominio público".
Los promotores quedaban obligados a comprar esos aprovechamientos conforme al precio prefijado, "de manera que la exigencia contractual incrementaba las arcas del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, acrecentaba las expectativas comerciales de los promotores", que al tener más participación en el sector "veían en el futuro pingües beneficios económicos derivados del proceso edificativo".
El convenio firmado preveía la cesión por los propietarios al Ayuntamiento del equivalente económico del 10 % del aprovechamiento medio del área de reparto, y el pago al consistorio en metálico del "aprovechamiento excedentario de titularidad municipal proveniente de los terrenos del Ayuntamiento (...), así como los excesos de aprovechamiento no atribuidos a otros propietarios, a pesar de no existir en el sector excesos o excedentes", agrega el auto.
El Ayuntamiento se comprometió a transmitir mediante precio a los propietarios "otros excesos de aprovechamiento que se concreten como de titularidad municipal" en la fase de ejecución del plan parcial al mismo precio que se tramiten en el citado convenio los excesos.
"En realidad -precisa el auto-, tales excesos, en parte, se materializaron con terrenos de dominio público pertenecientes a la administración del Estado -en concreto a Fomento y Medio Ambiente-".


* IDEAL - EFE - 11.1.12
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com

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Una sentencia obliga a Sanxenxo a pagar 3,8 millones a promotoras

ELPAÍS/Pontevedra* : Si la penuria económica del Ayuntamiento de Sanxenxo era notoria -12 millones de deuda reconocida y un presupuesto que pasó de 114 millones a 31 en cuatro años-, un nuevo coscorrón judicial por su polémica gestión urbanística acaba de echar otra losa sobre la hacienda local. El Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra ha declarado firme una sentencia suya del pasado mayo que el Ayuntamiento no recurrió por error, y que le obliga a pagar 3,8 millones de euros a tres promotoras urbanísticas. El Gobierno local reveló la decisión judicial en su página web el lunes y anunció que reclamará su revisión, pero rechazó analizar sus consecuencias. La oposición habla ya de una situación de quiebra y pide la dimisión de la alcaldesa, Catalina González, del PP.

El fallo que ahora se vuelve firme atañe a un proceso accidentado que se inició con una de las últimas actuaciones urbanísticas de Telmo Martín como alcalde, en colaboración con la gerente municipal de urbanismo y actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas. Era a finales de 2006 y el Ayuntamiento decidió valerse de una cláusula de la Lei de Ordenación do Territorio para que dos grandes promociones inmobiliarias en Monte Faro, con miles de viviendas comprometidas, prescindiesen de la obligación de levantar viviendas públicas a cambio de 4,8 millones de euros en un caso y de 3,8 en el otro. El bipartito dela Xunta frustró ambas operaciones con un cambio normativo que eliminó la cobertura legal del apaño. A partir de ahí comenzó un conflicto administrativo y judicial entre empresas y administración local por el dinero, que las promotoras ya habían ingresado en las arcas municipales.

La sentencia de mayo afectó a la promoción menos onerosa, auspiciada por las constructoras Emprosal 16, Llave del Año y Lanzagolf. Se esperaba que el municipio apelase, pero el recurso no llegó. Según un portavoz municipal, por un posible error del procurador, que no presentó dentro del plazo el escrito de personación en la causa. Sanxenxo tiene externalizada la gestión de sus múltiples pleitos, que le han costado cientos de miles de euros en minutas en los últimos años.

La resolución de mayo censuraba la actuación municipal tras hacer un repaso por los vericuetos administrativos de la negociación entre las empresas. La tesis municipal era que los pagos millonarios no eran la contrapartida para evitar levantar viviendas públicas, sino una contribución amistosa definida unas veces como "cesión voluntaria" y otras como "participación desinteresada en los proyectos de la colectividad". En varios informes municipales la causalidad se explicita de forma clara, pero en otros queda difuminada. "La oscuridad en la redacción de los contratos nunca puede favorecer a quien la ha propiciado, en este caso el Ayuntamiento", tercia la sentencia, que considera fundamental un convenio de marzo de 2007, ya con Martín y Rivas fuera de Sanxenxo, que se refiere precisamente al reembolso para las empresas en caso de cambios en la ley tales como los que después se produjeron. El pago de los 3,8 millones de euros se produjo una semana después de este último convenio.

La resolución sigue sin escatimar epítetos contra el Gobierno local, al que achaca su "conducta sinuosa" y su intención "maliciosa". Se refiere en ese sentido a los intentos municipales de dar por resuelto el convenio, una vez se comprobó que los cambios legales iban a impedir que el convenio se llevase a la práctica. El Ayuntamiento quiso dar por finiquitado el acuerdo al seguir con la tramitación del plan parcial según la nueva normativa. Las empresas se opusieron y comenzó la batalla.

El varapalo judicial ha tenido reacciones desde las filas de la oposición. El edil del BNG David Otero habla de colapso financiero. La portavoz socialista, Dulcinea Aguín, pidió, por su parte, la dimisión de González. "Si tuviera decencia política hoy dimitiría y se iría a su casa. Presentar los recursos fuera de plazo es una burla", acusó.

La 'conexión Gürtel'

Aunque la resolución judicial solo afecta al denominado suelo urbanizable 13 de Monte Faro, el terreno colindante del suelo urbanizable 14 ha seguido una tramitación paralela en el tiempo y los procedimientos. La diferencia fundamental es que el pago al municipio a cambio de la exención de levantar vivienda pública se elevó a 4,8 millones de euros. A falta de una resolución judicial todavía pendiente, este segundo caso adquirió notoriedad porque una de las sociedades implicadas, Mirador de Sanxenxo, era entonces propiedad de Sedesa, una de las empresas salpicadas por las acusaciones de financiación ilegal del PP valenciano en el caso Gürtel. A ello se le suma que el firmante del recurso de reposición contra el Ayuntamiento para el reclamo del cobro era el actual jefede la Consellería de Territorio en Pontevedra, José Luis Díez Yáñez. La Xunta justificó varias veces el pasado año este nombramiento, la última en noviembre. La encargada fue la propia Encarnación Rivas, ahora secretaria general de Urbanismo y, entonces, gerente del mismo departamento en Sanxenxo. "Lejos de ser perjudicial incluso tiene aspectos positivos, porque acerca experiencias del sector privado a la actividad de la Administración", afirmó entonces.

Las trayectorias gemelas de las dos promociones difieren a partir de julio de 2009, cuando Mirador de Sanxenxo firmó un convenio urbanístico previo a la aprobación del plan parcial de desarrollo de ese terreno en cuya documentación preparatoria el municipio trataba de cubrirse las espaldas con una referencia a que tal acuerdo suponía "una renuncia clara y terminante a cualquier exigencia de devolución". A este documento se aferra el Ayuntamiento para mantener sus expectativas de un fallo favorable en esta segunda causa.

El problema es que incluso las resoluciones favorables les están costando muy caras a la Administración local, según recordaba ayer Aguín. "Llevamos dos ejercicios económicos en los que la Gerencia de Urbanismo arroja pérdidas. Más de 480.000 euros en el ejercicio de 2010 y más de 600.000 en 2011, gastando en gabinetes jurídicos externos más de 600.000". Entre las minutas más abultadas está las del bufete de José Luis Narbón, que ha hecho trabajos de asesoría el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, y que facturó 345.000 euros al municipio entre 2006 y 2009.


* El País - VÍCTOR HONORATO - Pontevedra - 11/01/2012
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es

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Continúa la carrera de recortes suicidas

SOLIDARIDADOBRERA* : El 1% de la población (los ricos) que ingresan una media anual de 600.000 euros; financieros e inversionistas que especulan con dineros públicos que reciben al 1% (del Banco Central Europeo, por ejemplo) y hacen pagar a los estados y particulares el 5% - 8%; banqueros y financieros que reciben miles de millones de euros de los fondos públicos y especulan, roban y se embolsan 2,34 millones de euros en salarios; ministros de economía que son responsables de la crisis financiera causada por la banca de inversión (Lehman Brothers), ministros de defensa que se han pasado toda la vida en empresas de armamento lucrándose a costa de las armas y las guerras, presidentes del gobierno y políticos con patrimonios de 4/7 viviendas y más de 1 millón de euros anuales en sus declaraciones…. Esta minoría de personas, NO NOS VAN A SACAR DE LA CRISIS, pues su negocio se encuentra en crearnos más y más crisis.
El RD 20/2011 publicado el último día del pasado año, supone una nueva agresión a todo el cuerpo de derechos de la mayoría social: trabajadores y trabajadoras con empleo, funcionarios y personal laboral de las administraciones públicas y de las empresas públicas, jóvenes en paro, personas dependientes, pensionistas de cualquier clase de pensión... Así, las personas asalariadas, soportarán dos tercios de los 8.900 millones que supone este primer recorte, por medio de la subida del IRPF en sus nóminas con una media de entre 3 y 5 puntos a partir de febrero. El gravamen desde 0,75 puntos a 7 puntos, se hace por tramos, encontrándose en los tramos de ingresos bajos medios (desde 17.707 € a 120.000 €) más del 99% de todos los y las declarantes. Los salarios bajos y medios soportan más del 90% de los ingresos por IRPF.

Por su parte, los ricos (empresarios, banqueros, grandes fortunas, etc) tributan a través del Impuesto de Sociedades y de los chiringuitos financieros como las SICAV y estos tributos, no han sido tocados. Como tampoco se ha metido mano al fraude fiscal concentrado en grandes empresas y corporaciones financieras (fraude estimado en 74.000 millones de euros) y como tampoco se ha creado un Impuesto sobre las grandes fortunas y las transacciones financieras millonarias, que a diario especulan en los mercados.

Las personas que trabajan en la Administración y en empresas públicas, volveremos a sufrir rebajas en nuestros salarios un año más: ahora con el aumento del IRPF perderemos entre 2 y 5 puntos, se nos pretende alargar la jornada semanal en 2,5 horas lo que supone perder una media del 6 % del salario y no se contratará a nadie. De los 8,8 millones de pensionistas, más de 4,7 millones no llegan a 641€ mensuales y 1,8 millones se encuentra entre 700 € a 1.100 € mensuales, verán incrementadas sus pensiones 2012 en un mísero 1%, Además 6 millones de estos pensionistas perderán un 2,9 % como consecuencia de no revisarles las pensiones en el 2011.

A los jóvenes se les elimina la ayuda a la vivienda, a las personas con necesidades y dependientes se les rebajan las prestaciones, a las personas más necesitadas y excluidas, se les recortan las partidas para organizaciones sociales que se dedican a “paliar” necesidades que el “Estado del Bienestar” nunca ha llegado a cubrir. En conclusión, el decretazo que anuncian como el inicio del inicio de los recortes, ahonda las políticas antisociales del anterior Gobierno PSOE: robo de rentas y derechos a la mayoría social, el 99% de la población, y regalo para que los ricos (1%, grandes empresarios, financieros, mercaderes especuladores, ejecutivos y personal directivo, consejeros de empresas, banqueros y monarcas…) sean cada vez más ricos, a costa de seguir agrediendo los derechos y conquistas de la clase obrera y de la vida en el planeta.

El 1% de la población (los ricos) que ingresan una media anual de 600.000 euros; financieros e inversionistas que especulan con dineros públicos que reciben al 1% (del Banco Central Europeo, por ejemplo) y hacen pagar a los estados y particulares el 5% - 8%; banqueros y financieros que reciben miles de millones de euros de los fondos públicos y especulan, roban y se embolsan 2,34 millones de euros en salarios; ministros de economía que son responsables de la crisis financiera causada por la banca de inversión (Lehman Brothers), ministros de defensa que se han pasado toda la vida en empresas de armamento lucrándose a costa de las armas y las guerras, presidentes del gobierno y políticos con patrimonios de 4/7 viviendas y más de 1 millón de euros anuales en sus declaraciones…. Esta minoría de personas, NO NOS VAN A SACAR DE LA CRISIS, pues su negocio se encuentra en crearnos más y más crisis.

El 99% de la población: 18 millones de personas asalariadas, 5 millones de personas paradas, la juventud, los 8,8 millones de pensionistas, las personas dependientes, las excluidas, las necesitadas, somos quienes PODEMOS y DEBEMOS salir de sus mentiras, de sus estafas sociales, ecológicas, materiales, civiles... diciendo NO A SUS LEYES, plantándoles cara ORGANIZADAMENTE. Solidaridad Obrera llama al 99 % de la sociedad a autoorganizarse, a los trabajadores y trabajadoras en sindicatos, a los jóvenes en colectivos. Siempre horizontalmente, sin jerarquías, ni líderes sabelotodo, donde no repitamos o copiemos los errores del sistema. La lucha social, la revolución es el único camino, ante su INJUSTICIA SOCIAL, ante sus LEYES, ante su CRISIS que causan el empobrecimiento y la desigualdad, a la vez que atentan contra el medio natural, el clima, el planeta. No podemos proseguir como si nada ocurriese, tenemos que ir poniendo en pie alternativas a este desastre que todos y todas vamos viendo como se nos cae encima.
* Por Solidaridad Obrera LA JUNTA SINDICAL


* Nodo 50 - Opinión - 7.1.12

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Los grandes procesos por corrupción abiertos en España

20MINUTOS* : El presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares, Jaume Matas, se sentó este lunes en el banquillo de los acusados por el caso de corrupción denominado 'Palma Arena'.
Sin embargo, Matas no es el primero ni su Gobierno el único que está siendo investigado por corrupción en estos momentos. Estos son los casos abiertos más importantes.
GÜRTEL
La denuncia de un concejal del PP de la localidad madrileña de Majadahonda destapó lo que sería, según los investigadores, una red que sobornaba a políticos del Partido Popular a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.
Están imputados, además del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, los exalcaldes populares de Majadahonda (Guillermo Ortega), Boadilla del Monte (Arturo González Panero), Arganda del Rey (Ginés López) y Pozuelo (Jesús Sepúlveda, exmarido de la hoy ministra de Sanidad Ana Mato). También, el exdiputado popular en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y el que fuese organizador de los actos públicos de Esperanza Aguirre, el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo.
El caso está pendiente de recepción por parte de la Audiencia Nacional, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se inhibió de la investigación el 8 de junio de 2011.

CASO TRAJES

La vertiente valenciana del caso Gürtel investiga la posible relación entre los regalos otorgados por las empresas de Francisco Correa y sus socios al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros altos cargos de su gobierno. El 'premio' serían, también en esta ocasión, adjudicaciones públicas o actos organizados por el PP en la región.

Están imputados el propio Camps, que terminó dimitiendo de su cargo, y el ex secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa. Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consellería de Turismo, se declararon culpables ante el juez de haber recibido regalos de la trama.

El juicio comenzó el 12 de diciembre en el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana.

PALMA ARENA

El sobrecoste en las obras de construcción del velódromo de Palma de Mallorca, finalizado en 2007, ha terminado por llevar al banquillo al expresidente de Baleares, Jaume Matas (PP), este lunes. Matas, que abonó una fianza de 2,5 millones de euros para no ingresar en prisión, está acusado de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. Los principales imputados, junto a Matas, por la Audiencia Provincial son el exregatista olímpico y director general de Deportes en el anterior Govern, Pepote Ballester, y el exgerente del velódromo, Jorge Moisés.

Es la primera vez que Matas se sienta en el banquillo.

En Baleares se investigan actualmente hasta 20 casos de corrupción, la mayoría vinculados al PP y al partido bisagra Unió Mallorquina, que también gobernó junto al PSOE la pasada legislatura. Solo la investigación del Palma Arena tiene 26 piezas separadas.

CASO NÓOS

Es una de las piezas incluidas en la investigación del caso Palma Arena. Ha tomado entidad por sí misma después de la imputación del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, que deberá declarar el próximo 25 de febrero.

Según la investigación, el marido de la infanta Elena y uno de sus socios, Diego Torres, también imputado, se habrían embolsado grandes cantidades de dinero público entre 2005 y 2007 a través de la organización sin ánimo de lucro Fundación Nóos, que Urdangarin presidía. Nóos operó, sobre todo, con los gobiernos populares de Baleares y la Comunidad Valenciana.

El caso está en fase de instrucción.

CASO CAMPEÓN

La detención en mayo de 2011 del empresario gallego Jorge Dorribo, acusado de encabezar una trama de fraude en subvenciones públicas, ha derivado en la intervención del Tribunal Supremo para investigar al exministro socialista José Blanco por su posible implicación en la recepción de sobornos.

En su declaración judicial, Dorribo aseguró que Blanco y los exdiputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG) recibieron distintas cantidades de dinero por ayudarle a conseguir subvenciones y distintas licencias para él o para terceros.

Jorge Dorribo, Pablo Cobián y Fernando Blanco están imputados, no así el exministro.

El caso sigue bajo investigación.

MERCASEVILLA Y LOS ERE

El caso que trae de cabeza al Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía. La denuncia de dos empresarios, a los que dos dirigentes de Mercasevilla (Fernando Mellet y Daniel Ponce) les exigieron un soborno, destapó una trama de fraude en las subvenciones que la Junta otorgaba para costear parte de los expedientes de regulación de empleo y para ayudar a empresas en dificultades.

La Junta de Andalucía ha admitido la existencia de 72 'polizones' entre 1.569 trabajadores investigados de los 6.096 que recibieron ayudas públicas entre 2001 y 2008. Entre ellos hay una decena de militantes o cargos socialistas.

Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo de la Junta, es el principal imputado. Él era el responsable de que los 647 millones de euros que manejaba la Junta para estos conceptos tuviesen un destino adecuado. También está imputado su superior, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

La investigación está en manos de un juzgado de Sevilla y no hay fecha para el juicio.

CASO BRUGAL

Trama corrupta en la que empresarios alicantinos vinculados al sector de la recogida de basuras y al urbanismo habrían sobornado a políticos del Partido Popular a cambio de adjudicaciones y otros favores.

La causa tiene una veintena de ramificaciones en las que están imputados los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, además del líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll. El sumario también implica a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo.

En la actualidad, dos tribunales de la Audiencia Provincial de Alicante deben decidir si las escuchas practicadas entre 2007 y 2010 y que sirven de base a la Fiscalía Anticorrupción se realizaron legalmente.

CASO MINUTAS

El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz (GIL), y el abogado y presidente del Sevilla Club de Fútbol, José María del Nido, fueron condenados el pasado mes de diciembre por la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga a siete años y medio de prisión y 15 de inhabilitación absoluta cada uno. Su delito, haber malversado 2,86 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella contratando servicios jurídicos de forma irregular e injustificada.

Del Nido ha anunciado que recurrirá, pero la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que los condenados ingresen en prisión preventiva.

El caso Minutas es un apéndice del caso Malaya, cuya fase judicial aún no ha concluido. La policía tasa el dinero blanqueado en el 'Caso Malaya' en unos 670 millones.


* 20Minutos - ÁNGEL CALLEJA 10.01.2012
Foto: Gürtel, Palma Arena, Campeón, Brugal, Minutas... un buen número de casos abiertos protagonizados por personalidades públicas mantienen ocupados los juzgados. (AGENCIAS)

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Andalucía permite la regularización de 250.000 casas ilegales

ELPAÍS* : La Junta de Andalucía aprobó ayer el decreto que persigue la regularización de miles de casas que se han levantado de forma ilegal en suelos no urbanizables durante las últimas décadas. La norma abre la puerta al "reconocimiento" de las casas, una figura legal que les permitiría salir del limbo jurídico y acceder, por ejemplo, al suministro de agua y luz. "Son viviendas que no pueden ser demolidas ni legalizadas", detalló ayer la consejera andaluza de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón.
El Gobierno regional desconoce el número exacto de edificaciones que se verán afectadas. La consejería solo dispone de algunos censos parciales y estimaciones. Gloria Vega González, secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, señaló que la Junta calcula que en Andalucía hay entre 300.000 y 350.000 viviendas irregulares aisladas. Alrededor de un 10%, añadió Vega, nunca podrán legalizarse, porque están en suelos protegidos y zonas inundables o porque el delito urbanístico no ha prescrito. Otro 10% sí pueden ser legalizado con el planeamiento actual. En el 80% restante -es decir, entre 200.000 y 250.000 edificaciones- el delito ha prescrito y, aunque nunca serán legales por estar en suelo no urbanizable, los Ayuntamientos podrán otorgarles un "reconocimiento" jurídico como "asimiladas a fuera de ordenamiento".

El decreto introduce novedades fundamentalmente en este último caso. Los propietarios podrán ahora inscribir las edificaciones en el Registro de la Propiedad, con lo que ganan en seguridad jurídica, y las compañías suministradoras podrán darles acceso a agua y luz con todas las de la ley.

Críticas
Cruz Villalón insistió ayer en que todos los gastos que se deriven de la aplicación de la norma tendrán que ser asumidos por los propietarios. "El decreto no es una norma de regularización indiscriminada sino una respuesta concreta acorde a cada situación".

Pero su aprobación cosechó ayer críticas. Las organizaciones ecologistas consideraron un "error" la regularización. En opinión de WWF y Ecologistas en Acción, la Junta lanza el mensaje de que existen leyes que "no es necesario cumplir, pues luego vendrá la Administración para resolver el problema creado al respecto". Para el PP, sin embargo, la norma se queda corta ya que las casas "van a seguir siendo ilegales".


* El País - MANUEL PLANELLES - Sevilla - 11/01/2012
Foto: El Puerto (Cádiz), viviendas ilegales - diariodecadiz.es

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Valdoviño.- Un juez apunta a un posible delito por el desborde de la laguna protegida de a Frouxeira

ELPAÍS/A Coruña* : El agua desbordada de la laguna de A Frouxeira ha llegado al juzgado. El juez instructor de la sala nº3 de Ferrol, Alejandro Morán, ha abierto diligencias por un posible delito de daños a partir de la denuncia de varios vecinos a los que el agua de un humedal protegido y rebosante se les ha colado en sus fincas hasta la puerta de casa.
La querella la firma Juan Carlos González Orozco y representa a otros 25 vecinos del paseo de la laguna que está completamente anegado e impracticable para los coches desde hace un mes. Argumentan que la situación les ha ocasionado "graves perjuicios personales y materiales", acusan a todas las Administraciones implicadas de "inactividad" y señalan al alcalde de Valdoviño, José Antonio Vigo (PP) como "responsable máximo". Entienden que el regidor debería haber actuado de forma subsidiaria e instan a la justicia a que fije "las responsabilidades penales y civiles que se deriven de los hechos".

El magistrado ha ordenado a la Guardia Civil de Valdoviño que redacte un informe sobre la situación para determinar el alcance de los daños (si los hay) y la competencia administrativa. En otras palabras, a qué Administración le correspondería el desaguisado y las futuras compensaciones, si las hubiera.

El domingo por la noche, un pequeño grupo de vecinos afectados puso fin al encierro que mantenía en el Ayuntamiento desde el 23 de diciembre. "No es un adiós, es un hasta luego. El problema se repetirá tarde o temprano", ha manifestado su portavoz, Fernando Villar.

Durante los 17 días que ha durado su protesta, remitieron escritos de denuncia al juzgado, la fiscalía, el Valedor do Pobo y 13 más al regidor para reclamar una solución al desborde que tiene cercadas sus casas desde el 12 de diciembre. Han llamado con insistencia a las puertas de la Xunta y de la Demarcación de Costas en Galicia pero lo único que han conseguido es una barrera de sacos de arena y cinco bombas de achique encendidas noche y día que han rebajado varios centímetros el nivel del líquido estancado en la entrada de las fincas. "El dique es un parche temporal que no revuelve nada", critica Villar.

Por la pendiente del terreno, es poco probable que el agua inunde las 12 casas más próximas al lago pero los vecinos insisten en reclamar que se abra un pequeño pequeño caño a modo de desagüe controlado para evacuar el exceso de agua que ha sepultado dunas y nidos de aves. La Xunta se niega en redondo a autorizar cualquier intervención humana en A Frouxeira y tiene una prohibición expresa de la UE que paraliza cualquier acción. En 2009, una obra autorizada por Medio Rural casi desecó el lago.


* El País - LORENA BUSTABAD - Ferrol - 10/01/2012
Foto: Laguna Valdoviño

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Brugal.- Un caso pendiente de las escuchas

ELPAÍS/Alicante* : Las partes del caso Brugal, trama corrupta vinculada a la basura y al urbanismo en la provincia de Alicante tejida sobre la base de la connivencia entre los líderes políticos del PP y empresarios, encaran el tercer año después del levantamiento del secreto de sumario con la vista puesta en dos tribunales distintos de la Audiencia de Alicante. Sendas salas tiene que pronunciarse sobre la legalidad de la principal prueba de cargo de la Fiscalía Anticorrupción: las escuchas telefónicas practicadas a los cabecillas de la red durante más de tres años, de marzo de 2007 a junio de 2010. El sentido de la resolución ambos tribunales será clave para el futuro de significados dirigentes del PP, con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a la cabeza, y destacados empresarios, entre otros, el omnipresente promotor Enrique Ortiz.
Las escuchas telefónicas realizadas por los agentes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante durante centenares de horas a los líderes de la trama ocupan el grueso de los más de 40.000 folios del sumario.

Sobre la base de esas intervenciones, el 6 de julio de 2010 el instructor general del caso, Carlos San Martín, extitular del Juzgado número 3 de Orihuela ordenó la operación policial clave de la investigación, que incluyó 19 arrestos y otros tantos registros domiciliaros, entre ellos el del en esa fecha presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz.

El levantamiento del secreto del sumario reveló una trama con una veintena de ramificaciones y dos piezas centrales: un supuesto soborno al exlíder del PP por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja por parte de los empresarios Ortiz y Fenoll; y un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor de promotor Ortiz a base de información privilegiada supuestamente facilitada por los alcaldes del PP, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.

La instrucción del soborno del plan zonal permaneció bajo la batuta de San Martín. Sin embargo, el juez anuló el junio de 2011 algunas de las intervenciones practicadas a Ripoll, Fenoll y Ortiz. Esta resolución, junto a otra serie de errores formales (incluir en la documentación facilitada a las partes de esa causa diligencias de la pieza del PGOU aún secretas), ha empantanado la instrucción de este sumario.

Las partes, con la Fiscalía Anticorrupción a la cabeza, han apelado a la Audiencia. La sección 7ª con sede en Elche tiene ahora la última palabra. San Martín no ha podido superar la presión mediática sobre el caso Brugal y a finales del pasado mes de diciembre dejó ese juzgado, por una plaza en otra oficina judicial en Elche.

El sumario del presunto amaño del PGOU recayó en el Juzgado número 5 de Alicante. Su titular, Manrique Tejada, en un auto del pasado mes de octubre, sí dio por validas las escuchas y además observó indicios de delitos en los hechos investigados. No obstante, las defensas de los imputados, entre ellos, el promotor Ortiz y el abogado urbanista, José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de la Ciudad, han apelado a la Audiencia. La sección primera del alto tribunal será la encargada de resolver el recurso.

La instrucción de este sumario sí ha avanzado en los últimos meses. El magistrado ha interrogado a los 18 imputados, y ahora han comenzado la prueba testifical. Una vez cerrada la instrucción, siempre que la Audiencia ratifique su auto sobre la legalidad de las intervenciones, el juez deberá decidir si ve indicios de delitos en Castedo y Alperi. De resolver en sentido positivo tendrá que remitir las diligencias al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ya que ambos son diputados autonómicos y gozan de la condición de aforados.


* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 09/01/2012
Foto: Alicante, Castedo y Ortiz en el estadio (archivo) - lasprovincias

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Tres cargos de confianza de Matas le responsabilizan de un concurso ficticio

DIARIODEMALLORCA* : Tres cargos de confianza del expresidente balear Jaume Matas (PP), en concreto sus dos jefas de gabinete y su jefe de prensa, le han responsabilizado de la puesta en marcha de un concurso ficticio para encubrir pagos al periodista Antonio Alemany, quien le escribía los discursos de mayor calado político.
Estas tres personas, acusadas en el juicio por una pieza del caso Palma Arena que ha comenzado hoy y en la que Matas se enfrenta a una petición fiscal de 8 años y medio de cárcel por corrupción, han atribuido al exministro de José María Aznar la idea de realizar este concurso, que se adjudicó a la empresa de comunicación Nimbus.
En teoría, el contrato perseguía hacer un análisis de la imagen del Govern balear, pero, según han reconocido ante el tribunal las dos jefas de gabinete, María Umbert y Dulce Linares, sus frutos nunca aparecieron. Ambas han coincidido en que la contratación de Alemany fue "ordenada" por Matas "personalmente" y han afirmado que sospechan que el concurso ficticio lo puso en marcha el expresidente.

También han dicho desconocer totalmente que el concurso ocultaba la contratación de Alemany: "Si lo hubiera sabido lo hubiera parado; soy funcionaria y no me voy a jugar la carrera en esto", ha asegurado Linares, quien incluso ha admitido sentirse engañada.

A juicio de Linares, Matas conocía las normas básicas de contratación y sabía que esta manera de actuar era ilegal, cuando lo correcto era contratar al periodista de forma "eventual", ya que hacerlo mediante varios contratos habría sido, ha dicho, un "fraude".

El entonces jefe de prensa de Matas, Joan Martorell, ha ido más allá y ha reconocido que este concurso encubría realmente los pagos a Alemany, con el objetivo, según ha indicado antes Umbert, de que el periodista no tuviera que preocuparse de la mala imagen que podía suponer escribir los discursos mientras colaboraba como columnista para un periódico.

Martorell ha dicho que hasta 2005, cuando se prorrogó, no supo de este concurso, y ha reconocido que entonces redactó un informe avalando dicha prórroga a sabiendas de que el objeto del mismo era falso.

"Entendí que era la forma de tramitar la cuestión y lo di por bueno", ha afirmado respecto al concurso, y ha añadido que firmó las facturas que Nimbus le remitía por este contrato confiando en la labor en los servicios técnicos.

"Lo firmaba todo", ha asegurado, una frase que luego la presidenta del tribunal, Margarita Beltrán, ha puesto en duda al no comprender cómo podía firmar "indiscriminadamente, masivamente y compulsivamente".

Martorell ha dicho que la orden de llevar a cabo este concurso "solo" podía venir de Matas, ya que "tratándose de lo que se trataba, procedía del presidente".

Otra finalidad de este concurso, sospecha la Fiscalía, es que Alemany pudiera acceder a subvenciones públicas, algo que hizo cuando recibió una ayuda del Govern por unos 450.000 euros para poner en marcha la Agencia Balear de Noticias, proyecto que, en palabras de Martorell, Matas ordenó que se financiara antes de que se convocaran las ayudas.

A juicio del exjefe de prensa de Matas, esta subvención no se habría dado sin el visto bueno del presidente, ya que este "tenía una capacidad de trabajo, de análisis y control que prácticamente no había nada del Govern de lo que no estuviera informado o partiera de sus decisiones".

La tercera vertiente que trata esta pieza es un contrato directo por unos 12.000 euros concedido a Alemany para realizar una serie de reportajes sobre turismo y deporte que, según ha reconocido Martorell, nunca se hicieron.

El exjefe de prensa de Matas ha explicado que la finalidad última de este contrato, que contemplaba la cantidad límite para que pudiera ser directo y sin necesidad de concurso, era retribuir a Alemany con un dinero extra por sus servicios al expresidente.

El cuarto acusado en declarar, el propietario de la agencia de publicidad y comunicación Nimbus, Miguel Romero, ha afirmado que el expresidente del Govern balear le forzó a subcontratar al periodista Antonio Alemany para que éste redactara los discursos.

Romero ha asegurado que el expresidente le pidió personalmente que le hiciera "el favor" de ceder a Alemany un contrato que su empresa había ganado en un concurso y que tenía como objetivo oculto el pago de los discursos, algo que él aceptó por temor a no obtener nuevos contratos con la administración.

A preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Carrau, el empresario ha relatado que Nimbus ganó en 2003 un concurso público para hacerse cargo de un servicio de imagen corporativa del Govern en el que, a instancias "de alguien del Govern" su propuesta incluía la redacción de discursos, aunque no formaba parte de las bases del concurso.

El juicio se reanudará mañana a las 10:00 horas con la declaración del periodista Antonio Alemany y de Jaume Matas, que será el último de los acusados en declarar.


* Diario de Mallorca - Efe - 9.1.12
Foto: El banquillo de los acusados. B. Ramon

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Marbella.- La Fiscalía pide prisión provisional para Del Nido y Muñoz

LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy prisión provisional sin fianza para el abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz como medida preventiva tras sus condenas por el denominado "caso Minutas".
Anticorrupción ha planteado que si la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga considera que ello no procede, de forma alternativa pide prisión provisional eludible bajo fianza de 500.000 euros para cada uno.
Además, la Fiscalía ha pedido que los dos procesados comparezcan cada quince días, al mismo tiempo que ha solicitado que se les retiren los pasaportes. Esta solicitud de la Fiscalía se ha conocido en el transcurso de la vista convocada para decidir si se adoptan medidas preventivas contra los condenados en este caso sobre presuntas irregularidades en los encargos efectuados por el Ayuntamiento de Marbella a Del Nido, cita a la que ha acudido el propio letrado.

Riesgo de fuga, su capacidad económica y su reiteración en conductas delictivas son las principales causas por las que Anticorrupción considera que debe pedir la prisión para José María del Nido.

Además, ha explicado que tiene pendiente una pieza separada del procedimiento del "caso Minutas", en la que está imputado, y que el delito que ha cometido lo podría perpetrar en cualquier ayuntamiento de España.

El fiscal ha indicado que la sentencia es un hecho que "debilita la presunción de inocencia" y que las penas a las que ha sido condenado son superiores a los cinco años, por lo que se consideran graves.

Además, la Fiscalía ha añadido que la sentencia ha sido unánime por los tres magistrados y que ninguno de ellos ha realizado un voto particular.

Respecto a Julián Muñoz ha destacado su reiteración delictiva, que ya ha sido condenado en diecisiete ocasiones y que actualmente está siendo juzgado por el "caso Malaya" y ha recordado otras cincuenta causas por delitos contra la ordenación del territorio, malversación, prevaricación y fraude.

Anticorrupción ha considerado que si se tiene en cuenta el "panorama procesal" de Julián Muñoz, existe en su caso riesgo de fuga.

Del Nido fue condenado a siete años y medio de cárcel como cooperador necesario de un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, misma pena que recayó en Muñoz, aunque en concepto de autor.

Otro de los procesados que fue condenado en el "caso Minutas" es el exasesor de Urbanismo de Marbella y presunto cerebro del "Malaya", Juan Antonio Roca, que aunque fue condenado a cuatro años, pena que no alcanza la categoría de grave, el fiscal entiende que hay que añadir "el cúmulo" de procedimientos y el riesgo de fuga.

Alternativamente para Roca, la Fiscalía pide prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros.

El ministerio público ha pedido medidas cautelares de forma individualizada para cada uno de los acusados y posteriormente los abogados defensores han mostrado su disconformidad y han pedido que no se adopten ninguna medida cautelar.

Pedro Apalategui, letrado de Del Nido, ha indicado que no existe riesgo de fuga, ha agregado el arraigo familiar, profesional, social y económico del abogado y presidente del Sevilla y ha puesto a disposición del Tribunal todo el activo patrimonial.

El defensor de Del Nido ha añadido que siempre que su cliente ha tenido que salir fuera del país por ser presidente del Sevilla, lo ha comunicado y solicitado el correspondiente permiso a la autoridad judicial.

Por todo ello, para Apalategui los argumentos del fiscal son "insuficientes y erróneos" y el riesgo de fuga pertenece "al mundo de la hipótesis".

En los próximos días, los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga dictarán un auto para pronunciarse sobre las medidas cautelares.


* La Opinión Málaga - Efe - 9.1.12
Foto: Marbella, Del Nido con Muñoz - malagahoy.es

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Castellón.- El aeropuerto sin aviones ha gastado 30 millones de euros en publicidad

ELPAÍS : El aeropuerto de Castellón no ha comenzado a operar y su futuro es más incierto que nunca después de que la Generalitat haya roto el contrato con la concesionaria que debía hacerse cargo de su explotación. Pese a ello, desde que en el año 2003 se iniciaran los trámites para su construcción la empresa pública Aeropuerto de Castellón SL (Aerocas) ha gastado más de 30 millones de euros para darse a conocer a través de patrocinios deportivos, publicidad y ferias. Un gasto que ha sido objeto de reproche continuo por la Sindicatura de Comptes, que señala que todas las contrataciones se han realizado "sin acreditar la necesidad del gasto ni la determinación del precio del contrato" y sin analizar el posible beneficio obtenido por el aeropuerto.
Ante ello, Aerocas reconoce que no puede determinar este retorno económico y habla de "riesgo asumido" porque no quedan "garantizados los resultados comerciales de la colaboración publicitaria".

La pasada semana el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, anunció que este año el aeropuerto no se venderá en Fitur porque hay que promocionar "lo que se tiene y no lo que se va a tener". Pero hasta la fecha, Aerocas ha gastado más de 30 millones en contratos para publicitar lo que aún no se ha puesto en marcha. Y tras la ruptura del contrato con la concesionaria el inicio de los vuelos se aleja y la instalación se está dando a conocer por ser un aeropuerto sin aviones. Aerocas se constituyó en enero de 2003 (entonces la Diputación participaba al 50% y no al 0,15% actual) y ese año se hizo el primer desembolso: 62.800 euros en gastos de patrocinio de un torneo de golf y para la presentación del aeropuerto. El aeropuerto ni había comenzado a construirse.La inversión en publicidad del futuro aeropuerto creció rápidamente. Al año siguiente, en 2004, la empresa pública Aerocas SL -controlada por la Generalitat y la Diputación de Castellón- firmó un contrato de patrocinio con el Villarreal CF. De este modo, los jugadores de fútbol llevaron en sus camisetas Aeroport Castelló durante las tres siguientes temporadas y a cambio el equipo de fútbol, que preside Fernando Roig, cobró 2,35 millones de euros. El contrato se amplió para adquirir los derechos de imagen de las camisetas por otros 1,39 millones más para la temporada 2004-05 y otros 1,64 millones para la siguiente. A partir de entonces y hasta la pasada temporada los contratos de patrocinio deportivo con Villarreal CF y con el CD Castellón se renuevan cada año. Este año el submarino amarillo juega con camisetas sin publicidad.

En 2006, el aeropuerto acabó el año con fondos propios negativos de 15,29 millones pero cerró contratos de publicidad por 3,12 millones de euros y otros 3,2 millones en 2007. A partir de entonces la empresa pública empieza a duplicar el gasto: 6,52 millones en 2008 y 7,75 millones en 2009. En ambos casos Aerocas estaba en números rojos. En el último ejercicio auditado, con un agujero de 31 millones de fondos propios, aún se firmaron contratos por valor de 4,36 millones en patrocinio.

Hasta ahora la defensa de este desembolso de dinero público se fundamentaba con el argumento de que el aeropuerto debía darse a conocer para atraer turistas y lograr así acuerdos con las aerolíneas. Este trabajo correspondía a la concesionaria con la que el Gobierno valenciano acaba de romper relaciones.

Sin vuelos a la vista, la promoción de la instalación ubicada en el término municipal de Vilanova d'Alcolea ya ha provocado conflictos en la Diputación de Castellón. Las declaraciones de su presidente dejándola fuera de Fitur se rectificaron con un comunicado que fue a su vez rectificado de nuevo.

El futuro de la empresa pública Aerocas es toda una incógnita tras el anuncio de integración en uno de los holdings anunciados por el Consell para recortar gastos. En este tiempo la sociedad ha duplicado el gasto en personal, desde 148.115 euros anuales para pagar a tres trabajadores hasta los 382.216 que se reparte una plantilla actual de siete personas.

En la actualidad, Aerocas mantiene la construcción, con un coste de 300.000 euros, de la escultura de bronce de 25 metros de altura y 20 toneladas inspirada, según el escultor Juan García Ripollés, en el impulsor del aeropuerto, el presidente provincial del PP Carlos Fabra, y ubicada en la rotonda de acceso al aeropuerto.


* El País - LORENA ORTEGA - Castellón - 08/01/2012
Foto: La enorme escultura de Ripollés con la cabeza de Carlos Fabra ya está casi terminada en las instalaciones del aeropuerto de Castellón.- ÀNGEL SÁNCHEZ

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La vivienda es un derecho humano. Propuesta de movilización conjunta

INTERBARRIOS/Madrid* : Desde la Asamblea Interbarrios de Vivienda y Desahucios de Madrid estamos trabajando en una iniciativa conjunta sobre el tema de vivienda y Derechos Humanos, que incluya una serie de acciones de denuncia y movilización para los próximos meses.
La lucha por una vivienda digna es también la lucha por el cumplimiento efectivo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que el Estado español suscribió en 1977.
Esta perspectiva de Derechos Humanos es común a todos los vectores de la lucha por la vivienda y permite seguir sumando a nuevos sectores ciudadanos en una reivindicación tan sencilla como urgente: “Dar cumplimiento real a los Derechos Humanos para todas las personas”. Las aplicaciones posibles parecen inagotables, desde la acción legal colectiva hasta la eventual aparición de objeciones de conciencia entre los funcionarios públicos que ejecutan órdenes contrarias a los Derechos Humanos, pasando por el fortalecimiento de nuestras propias convicciones.

Algunos ejes provisionales sobre los que hemos discutido y que pueden constituir puntos concretos y sencillos para desarrollar la movilización, son:

1.- La vivienda es un Derecho Humano

La violación del derecho a una vivienda digna para millones de personas, constituye un atentado tanto al artículo 47 de la Constitución como a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por el Estado español en 1977. El derecho a la vivienda no puede estar regido por las reglas del mercado.

2.- STOP desahucios

Denunciamos la violación de los derechos humanos que realizan las entidades financieras y administraciones públicas, interponiéndonos entre la comisión judicial y el derecho a la vivienda de las personas afectadas.

3.- Dación en pago y derecho a permanecer en la vivienda mediante un alquiler social

Solución a la situación de exclusión social de los desahuciados mediante la dación en pago y derecho a permanecer en la vivienda mediante un alquiler social.

4.- Vivienda social ¡Ya!

El stock de más de tres millones de viviendas vacías deben constituir un parque de vivienda pública en alquiler. Derecho a acceder a una vivienda en régimen de alquiler social a cambio de una renta que no supere el 30% de los ingresos.

5.- Paralización de los derribos de viviendas

Paralización de los derribos de viviendas en barrios populares, especialmente en Cañada Real y Puerta de Hierro. Los desalojos forzosos están declarados como contrarios a los Derechos Humanos.

6.-Despenalización de la okupación

Despenalización de la okupación de viviendas vacías de bancos, inmobiliarias, instituciones públicas y especuladores que no cumplen ninguna función social. Eliminación del delito de usurpación. Millones de casas vacías mientras millones de personas no pueden acceder a la vivienda es la muestra más palpable del fracaso modelo de política de vivienda actual.

7.- Lucha contra la impunidad

Investigación y denuncia acerca de la posible violación de derechos humanos realizada mediante actividades comerciales, financieras, publicitarias y de intermediación cuyas consecuencias son la ruina, el desahucio, las hipotecas basura y la indefensión para grandes colectivos. Derecho a la verdad: a conocer que pasó. Derecho a la justicia: a que los responsables sean llevados ante los tribunales. Derecho a la reparación de las víctimas: a que los colectivos vulnerables y las personas perjudicadas sean protegidas. No repetición: medidas para que nunca más se especule con la vivienda.

8.- Cambio radical del modelo urbanístico

El planeamiento de la ciudad debe ser realizado con dimensiones humanas y basado en criterios ecológicos y sostenibles. La especulación con el suelo jamás debe volver a ser el criterio del desarrollo urbano.

La propuesta incluye, hasta ahora:

1.- Rueda de prensa con exposición de los datos actuales de vulneración del derecho a la vivienda en el Estado español

2.- Acción de presentación de escritos en los Juzgados

Se redactaría una tabla de exigencias de cumplimiento de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos en materia de vivienda. La acción consistiría en su presentación en cadena durante una mañana en el Registro de los Juzgados de Capitán Haya, precisamente dónde se encuentran los Juzgados 31 y 32 de Madrid, especializados en asuntos hipotecarios.

3.- Manifestación unitaria en fin de semana acogiendo todos los contenidos que trabajemos alrededor de la vivienda.

No queremos avanzar más planteamientos por ahora, sino enriquecer la iniciativa con aportaciones desde todos los rincones. Para ello

Os convocamos a una reunión de trabajo el próximo Jueves, 12 de enero, a las 19:00 horas en el CSOA Casablanca (C/Santa Isabel 21-23).

Hemos acordado invitar a participar a colectivos relacionados con la vivienda (asambleas de barrios y pueblos del 15M, Asamblea Popular de Madrid, Comisión legal de Sol, Comisión de economía de Sol, grupo transversal, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Oficina de Vivienda, cooperativistas afectados del Sureste, Cañada Real, Puerta de Hierro, afectados por el IVIMA y EMV, plataformas en defensa del territorio, Asociación Libre de Abogados, Amnistía Internacional, centros sociales, etc.)

¡La vivienda es un derecho y no un negocio de especuladores!

¡Sí se puede!
* Asamblea Interbarrios de Vivienda y Desahucios de Madrid


* Acampada Sol - Opinión - 8.1.12
Foto: Indignados, actuación policial ante protesta - acampadasol

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En España un 20% de las viviendas están vacías

ELPAÍS* : En una década las casas desocupadas pueden pasar de los 3,1 a los seis milllones.
Equipados con una mochila que guarda en su interior un dispositivo portátil con lápiz óptico, han salido a recorrer las calles de toda España más de 5.000 agentes censales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Su objetivo, recoger la información de los casi 26 millones de viviendas existentes, con la que se elaborará, primero, el Censo de Edificios y Viviendas y, después, el de Población.
Una radiografía para certificar el balance de la década en la que se infló esa burbuja inmobiliaria cuyo estallido, hace ya cuatro años, sigue menoscabando las posibilidades de crecimiento de la economía española. Datos de un censo que dentro de unos meses, cuando sea debidamente depurado el trabajo de campo de los agentes, confirmará, de la forma más aproximada posible, cómo en ese periodo se han construido 4,6 millones de viviendas y se han comprado menos de 3. Despejando dudas sobre la cuantificación del stock de viviendas nuevas sin vender, que trae de cabeza a promotores y, sobre todo, a las entidades financieras que prestaron el dinero para su construcción y corren el riesgo de no recuperarlo en su totalidad.

"Aunque las cifras de población tienen prioridad, queremos que las de edificios y viviendas estén listas para ser publicadas antes de que acabe 2012", comenta el subdirector general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE), Antonio J. Argüeso. Será el momento de conocer otro de los datos más esperados, el de las viviendas vacías. Esas que ni son principales ni secundarias (habitadas de forma permanente o temporal) ni están alquiladas, sino cerradas a cal y canto por sus propietarios.

Hace 10 años se contabilizaron 3,1 millones de viviendas vacías, el 15% de las censadas. Ahora, la cifra será, sin duda, muy superior. Partiendo de esos 1,6 millones que siguen sin comprador y que, a efectos estadísticos, se considerarán vacías, al no estar ya en construcción, algunas fuentes consultadas se atreven incluso a señalar que en España podría haber ya entre cinco y seis millones de viviendas vacías, superando el 20% del parque inmobiliario residencial. Basta con cruzar los datos del catastro con los del padrón para comprobar cómo los primeros, en muchos casos, no encuentran su correspondencia con los segundos. Pura lógica. No hay nadie residiendo.

"Saber si una vivienda está ocupada o no es relativamente fácil, pero si está vacía u ocupada de forma temporal ya resulta mucho más difícil, porque, ¿cómo saber si está en uno u otro caso una vivienda de vacaciones, sin nadie que te informe?", se pregunta Argüeso ante tal eventualidad.

Para desvelar todas estas incógnitas hay que confiar en el trabajo que, desde hace un mes, están realizando los 5.000 agentes censales. Labor realizada a través de la aplicación informática desarrollada por el INE en la que se han volcado datos procedentes del catastro y de los padrones municipales.

"Ha sido un cruce laborioso. Con el catastro no hay problema, pero el directorio del padrón puede no ser muy exacto, depende del control de los municipios para certificar que son ciertos los datos que aportan los ciudadanos sobre sus domicilios. Por eso estimamos que el 70% de los cruces es perfecto, y en algunas zonas céntricas de las grandes ciudades puede llegar al 90%", señala Argüeso.

En esa primera fase, la del Censo de Edificios y Viviendas, el objetivo de los agentes pasa por comparar los datos volcados en la aplicación con lo que se encuentre en el recorrido efectuado. Si son coincidentes, no hay mayor problema. Basta con seguir el esquema que marca la aplicación para dar como correcto cada uno de los huecos (edificios o locales de un edificio). Si no, tendrá el agente que ver qué huecos sobran o faltan para alcanzar una solución.

Algunos datos son fácilmente localizables, a través del portero automático o con una simple mirada general desde el exterior. Otros, en cambio, no lo son tanto, como saber si la finca tiene escaleras independientes para acceder a las viviendas (derecha-izquierda o interior-exterior), si existen viviendas en la planta sótano, si un piso está o no vacío, o algunas otras curiosidades como el año de construcción del inmueble o si dispone de agua caliente central. En estos casos, recabar la ayuda del portero, conserje o cualquier vecino que se preste resultará decisiva para el agente.

"Ahí no vive nadie desde hace años", respondía hace unos días un portero a un agente en Madrid, interesado por la razón de un buzón abierto de cuyo interior sobresalían un montón de papeles publicitarios y alguna que otra carta. Se trataría de un caso evidente de vivienda vacía. Pero, en otras ocasiones, los indicios no son tan evidentes, y, además, no se cuenta, en el momento adecuado, con esa ayuda de terceros.

A efectos censales se considera vivienda "todo recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en que fue construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por personas o, aunque no fuese así, constituye la residencia habitual de alguien en el momento censal", según se especifica en el manual del agente. Si inicialmente lo fueron, pero ahora son espacios dedicados a otros fines, quedarían fuera del censo.

Hay cuatro tipos de viviendas familiares, las principales o residencias habituales, las secundarias u ocupadas solo de forma ocasional (vacaciones, por ejemplo), las vacías (sin ocupar en ningún momento), y aquellas destinadas a alquileres sucesivos de corta dirección, el caso de un piso de estudiantes. No hay que confundirlas con un colegio mayor, que sería clasificado como vivienda colectiva, asimilable a un convento, un hotel o una prisión. Residen colectivos pero sometidos a un régimen común no basado en lazos familiares ni de convivencia.

En el trabajo de campo de esta primera fase, los agentes se toparán con una parte de la tarea que deberán abordar con posterioridad en el Censo de Población y Hogares. Puede darse el caso de que, de forma aleatoria, al dar por correctos todos los huecos del edificio, la aplicación puede requerir que se especifique su uso. Si se trata de una vivienda principal o se duda de si está o no ocupada, el agente deberá entregar a su propietario (en mano, a través del portero o del buzón) el sobre con el cuestionario censal, a cumplimentar de forma obligatoria.

Estas altas muestrales se unirán a los tres millones de viviendas cuyos propietarios han sido seleccionados previamente para una megamuestra que facilitará los datos del 12% de la población. Casi seis millones de ciudadanos cuyas respuestas servirán para extrapolar a nivel nacional cómo son las viviendas y cómo son las personas que las habitan.


* El País - JUAN CARLOS MARTÍNEZ - Madrid - 08/01/2012
Foto: Viviendas, bloques recientes - elmundo.es

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La juez recurre a la Guardia Civil para dar un impulso al 'caso Catral'

LASPROVINCIAS/Alicante* : La investigación sobre un posible delito contra la ordenación del territorio por la construcción de casi 1.300 casas en la huerta de Catral permanece prácticamente en dique seco desde hace años. A finales de 2006, el entonces conseller de Territorio, Esteban González Pons, anunció públicamente que el Consell retiraba las competencias en materia de disciplina urbanística al Ayuntamiento de Catral por su supuesta permisividad a la hora de consentir la proliferación de casas irregulares. En 2007, el exalcalde socialista de la localidad, José Manuel Rodríguez Leal, declaró como imputado, al igual que el arquitecto municipal y cuatro ediles que formaban parte de la Junta de Gobierno.
También comparecieron ante el juez como testigos su hermana y su sobrino, que figuraban como administradores de algunas de las empresas que supuestamente construyeron chalés ilegales en suelo rústico y cuyos compradores fueron fundamentalmente ciudadanos extranjeros. Desde entonces, la causa prácticamente no ha avanzado por la complejidad de las pesquisas y la incomparecencia de testigos e imputados.

Por eso ahora la titular del juzgado de instrucción número 2 de Orihuela, que lleva el caso, en colaboración con el fiscal Anticorrupción de la Vega Baja, ha decidido recurrir a la colaboración de la Guardia Civil para agilizar las pesquisas y conseguir cerrar por fin una instrucción que se alarga ya desde 2004. Ese año una denuncia de la Asociación Europea de Consumidores de Urbanismo (AECU), que representaba los intereses de varios perjudicados extranjeros, dio origen a la causa judicial.
No obstante, en 2006 la magistrada que entonces llevaba el caso decidió archivarlo al no apreciar indicios de delito, pero finalmente se reabrió tras un recurso presentado por la Fiscalía.
Ahora, un grupo de la Guardia Civil especializado en delitos urbanísticos se encargará de practicar las diligencias que el juez estime necesarias para poder completar la instrucción y sentar en el banquillo a los presuntos responsables si se encuentran indicios delictivos, según fuentes próximas al caso.
Se trata de los mismos investigadores que se encargaron de las denuncias contra el exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya (PSOE), y de la presunta trama urbanística de Llíber, por la que el exregidor socialista José Mas estuvo también en prisión preventiva. Esa causa presenta muchas similitudes con la de Catral, puesto que allí también se construían viviendas en suelo rústico en parcelas inferiores a los 10.000 metros que marca la ley. Para ello supuestamente se empleaban, igual que en Catral, licencias de obra menor para casas de labranza o para rehabilitar cobertizos de herramientas.
Esa investigación, bautizada como 'operación Ruinas, ha avanzado mucho más rápido que la de Catral. Los primeros arrestos se realizaron en diciembre de 2009, y la juez de Dénia que lleva el caso ya ha procesado a Mas, a varios exediles del PP y el PSOE y al antiguo arquitecto municipal, entre otros.
Ahora, acusaciones y defensas han recurrido ese auto y será la Audiencia Provincial la que fije definitivamente los delitos por los que la quincena de sospechosos se sentará en el banquillo.
La investigación de las irregularidades flagrantes detectadas en el urbanización de la huerta de Catral está todavía lejos de ese paso previo al juicio oral. Fiscalía y juez instructora pretenden acabar ahora con esa demora con la ayuda de agentes especializados del Instituto Armado.


* Las Provincias - ANA S. MOLLÁ - 8.1.12
Foto: Catral (Alicante), casas ilegales - C.Lucas (El Mundo)

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Marbella.- Comienzan a declarar los empresarios acusados de pagar sobornos a Roca

SUR/Málaga* : Tras el paréntesis navideño, el juicio por el 'caso Malaya' se reanuda hoy en la Audiencia de Málaga con las declaraciones de los empresarios acusados de haber entregado al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, distintas cantidades de dinero a cambio de favores urbanísticos. En este ultimo bloque de la vista oral, que comenzó en septiembre de 2010, también está previsto que declaren los exediles acusados de haber recibido sobornos.
El último en declarar antes de las vacaciones de Navidad fue el constructor granadino José Ávila Rojas, quien negó haber pagado para obtener licencias. Ahora la vista comenzará con la declaración del empresario Manuel Lores. Tras él, el tribunal tiene prevista las de los constructores Javier Arteche y Fidel San Román, además de directivos del grupo Aifos. De éstos, solo San Román ha reconocido antes de llegar a juicio, aunque con matices, que pagó a Juan Antonio Roca. El empresario aseguró que se encontraba en un «callejón sin salida» porque tenía cuatro bloques de viviendas terminados, pero sin licencia de ocupación, y no quería perjudicar a las familias compradoras.

Roca abrió esta parte del juicio dedicada a los delitos de cohecho. Por primera vez en este largo proceso, admitió haber cobrado de los empresarios con intereses en Marbella y también que él mismo repartió sobres con dinero entre los ediles que formaban parte del tripartito que gobernó el Ayuntamiento. Sin embargo, el exasesor de Urbanismo aseguró que los empresarios le pagaron por su labor de «asesoramiento» urbanístico como experto en la materia y negó que tuvieran que ver con resoluciones favorables. Los pagos a los exediles los justificó el principal acusado en la necesidad de mantener unido al equipo de Gobierno tripartito tras la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz de la alcaldía, algo que calificó como «una especie de pacto antitransfuguismo».
Tras reconocer Roca haber recibido dinero de los empresarios, queda por saber qué dirán ahora éstos, que siempre han negado pagos, en los interrogatorios que se desarrollarán en los próximos días.


* Sur - 9.1.12
Foto: Marbella, Roca llegando al juzgado - EFE

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Ourense.- Miles de personas protestan en O Irixo al grito unánime de "incineradora, non"

FARODEVIGO* : Más de 5.000 personas, según los convocantes –2.500 según la Guardia Civil–, participaron ayer en la marcha reivindicativa contra la instalación en el Concello de O Irixo, en Ourense, de la planta de tratamiento de residuos urbanos en ese municipio ourensano. Los miles de residentes, colectivos culturales, sindicales, ecologistas y cargos políticos llegados de toda la provincia y de los ayuntamientos de O Carballiño y Deza afectados por el proyecto fueron una sola voz al grito de "Incineradora, non".
Ese fue el lema de la pancarta principal que encabezó la manifestación, que contó con el apoyo de las plataformas contra la incineradora de los concellos de O Irixo, O Carballiño y Deza, y que partió pasadas las 4 de la tarde de ayer de la zona del Abanico, en la OU 902, distante unos 800 metros del centro urbano de O Irixo, y discurrió cantando consignas de protesta hasta la Casa Consistorial del municipio.

Los manifestantes corearon durante la marcha lemas como "Lixo no Irixo non" o "Penedo traidor", en referencia a Manuel Penedo, el alcalde del PP de O Irixo que promovió la ubicación en este concello de la planta que tratará los residuos urbanos que generen los concellos de todo el sur de Galicia, una parte de los cuales serán tratados a través del modelo de incineración.

Apoyaron la movilización desde senadores, diputados, del PSOE y el BNG por Ourense, así como todas s las asociaciones de vecinos de las parroquias de O Carballiño, el propio Arciprestazgo carballiñés con lo cual la iglesia se suma también a la protesta, regidores como el de Teo en Santiago y multitud de colectivos ecologistas de toda la zona del Deza en Pontevedra.
Se echó en falta sin embargo la presencia del alcalde de O Carballiño, el popular Argimiro Marnotes, pese a haber apoyado una moción conjunta firmada en el pleno celebrado el pasado jueves, en el que mostró su rechazo a la instalación de la incineradora de residuos en O Irixo, por estar limítrofe al concello carballiñés y ser este último municipio el que recibiría los posibles efectos contaminantes de la puesta en servicio de estas planta de residuos.
Los manifestantes, que han recogido ya cerca de tres mil firmas asta el momento en las campañas que se están llevando a cabo en los concellos afectados, hicieron una parada ante la casa del alcalde, donde dos jóvenes, en un gesto no programado previamente tomaron un contenedor de basuras urbanas y lo ubicaron en la puerta de la casa del regidor.
La gran masa de manifestantes que se extendía a lo largo de más de 150 metros de largo y 10 metros de ancho, y que casi cuadriplicó en número la población de O Irixo, lo que da muestra del malestar que ha generado el proyecto en este y en los concellos limítrofes, remató ante la Casa Consistorial de la villa.
Allí, el presidente de la plataforma vecinal de O Irixo José Castro dio lectura al manifiesto en el que recordó la "presión a la que está sometiendo el grupo municipal a los propietarios de los montes comunales para que cedan sus terrenos y criticó además la escasa información que han tenido sobre el proyecto.
Durante la lectura del manifiesto pidieron "un modelo más sostenible" que el de la incineración apostando por sistemas como el compostaje, modelo apoyado por unanimidad en el pasado pleno de O Carballiño "para no hipotecar el futuro de nuestros hijos", señalaron.


* Faro de Vigo - 8.1.12
Foto: Vista de la marcha reivindicativa, por la carretera, antes de llegar al casco urbano de O Irixo. // Brais Lorenzo

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Cataluña.- La burbuja del alquiler se deshincha

ELPAÍS* : La burbuja inmobiliaria no se ha producido solamente en los pisos de obra nueva. El mercado de alquiler ha vivido también su propia burbuja desde 2008. Y como con el ladrillo, estalló y ha provocado un descenso de precios que oscila en Cataluña entre el 18% y el 11,6%, según la fuente. Mientras, el número de alquileres crece mucho: el 45% en el mismo periodo. La diferencia entre los dos mercados, el de compraventa y el de alquiler, es que las rentas comenzaron a bajar un año más tarde y más despacio. Los expertos coinciden, con todo, en que los alquileres continuarán cuesta abajo.
El precio de los alquileres alcanzó su punto álgido en 2008, un año después que la obra nueva tocara techo. Desde entonces, la caída es sistemática, aunque el año pasado con un ritmo más pausado. Los datos de la Secretaría de Vivienda de la Generalitat sitúan el descenso medio en Cataluña en el 11,5% entre el segundo semestre de 2001 y el de 2008 (se ha pasado de 672 euros a 595). La caída es del 11,6% en el conjunto del área metropolitana (de 682 a 603 euros) y del 8% en Barcelona capital (de 809 a 745). Los datos del portal inmobiliario Idealista apuntan una bajada de precios todavía mayor: del 18% y el 17,5% en Barcelona y L’Hospitalet, las dos ciudades más pobladas de Cataluña.

En paralelo, el número de alquileres firmados al año no para de crecer: se ha incrementado el 45% en el mismo periodo, según los datos de la Generalitat, que se obtienen de las finanzas que se depositan en el Incasòl. Si en 2008 se firmaron 80.126 contratos, en 2010 fueron 116.188 y en los dos primeros trimestres de 2011 (última fecha de la que se tiene recuento) ya había 63.394. De hecho, el peso del alquiler no ha parado de subir desde que la secretaría publica los datos: en 2004 los contratos firmados fueron 47.500, menos de la mitad de los de 2010.

El fundador y director de comunicación de Idealista, Fernando Encinar, explica la evolución del mercado del alquiler: "Precisamente la burbuja inmobiliaria, con precios disparados que expulsaron a muchos que querían comprar, les empujó a alquilar. A partir de 2005 subió la demanda y tensó los precios, pero la oferta de pisos procedentes de compradores que compraron con fines especulativos y los alquilan porque no los pueden vender incrementó la oferta e hizo bajar precios". A estos fenómenos, Encinar añade que varias apuestas políticas, como la del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero —con la Sociedad Pública de Alquiler y la renta de emancipación—, potenciaron también el interés.

Los alquileres, subraya Encinar, bajaron sobre todo en 2009 y 2010. En 2011 se moderaron, pero "seguirán bajando, aunque quizá no en descensos de dos dígitos". Actualmente, y en eso coincide con Encinar el presidente del Colegio de Administradores de la Propiedad Inmobiliaria (API), Joan Ollé, el factor que sigue haciendo bajar precios es la caída del poder adquisitivo de los ciudadanos: paro, congelación de sueldos, subida de impuestos… "La subida hasta 2008 fue demasiado alta y los precios se han reajustado a la realidad económica del momento, además de que hay más producto procedente de gente que no logra vender", dice Ollé.

Además de confirmar que los precios tienen todavía recorrido para caer, Ollé apunta que en el mercado se están produciendo muchas rebajas que no aparecen en las cifras: "Estamos aplicando quitas de entre el 5% y el 10% a inquilinos que son cumplidores pero están pasándolo mal". Encinar añade gráficamente que "hoy en día un inquilino que paga es oro molido", por lo que es habitual que los caseros rebajen el precio con tal de mantener al inquilino serio y fiel.

El secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala, explica que también la Administración ha contribuido a aumentar el parque de vivienda de alquiler y a la moderación de las rentas. Es lo que hizo el actual Gobierno de la Generalitat al llegar al poder: la caída de precios del mercado libre fue tan brutal desde 2009 que en algunas zonas la vivienda de protección valía igual que la libre. Solución: ponerla en alquiler a precios sociales. Un plan de choque de 3.264 pisos.

"El aumento de oferta ha contribuido a ajustar la oferta y la demanda", subraya Sala, que recuerda que también entidades financieras como La Caixa o Unimm han puesto en alquiler los stocks que no vendían. Sala augura que la creciente oferta, la situación de crisis actual e incluso la caída de la presión demográfica contribuirán a poner en su sitio lo que califica de "sub-burbuja". "Las prioridades han cambiado en el mercado de alquiler, incluso propietarios que hace unos años lamentaban no poder sacar más rentabilidad a sus pisos, recordemos los casos de asedio inmobiliario, ahora celebran tener un inquilino que pague algo menos, pero pague".


* El País - CLARA BLANCHAR Barcelona 5 ENE 2012
Foto: Un piso en alquiler en un edificio de Barcelona. / TEJEDERAS

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Ourense.- Los "intocables" del urbanismo rural

FARODEVIGO* : Palmés y Cudeiro no son sólo núcleos rurales del municipio de Ourense, sino parte de su patrimonio cultural y al igual que casi cuatro centenares de construcciones y elementos más, entre ellas rectorales, iglesias, caminos, muiños y hasta carballos y puentes están registrados en el inventario del patrimonio cultural del rural del concello de Ourense, y sometidos a una férrea protección, en la mayoría de los casos integral, ante cualquier intento de demolerlos o rehabilitarlos.
Son los "intocables" del patrimonio cultural del rural de Ourense, y pese a haber sido anulado el Plan Xeneral de Ordenación Municipal, PXOM de Ourense de 2003, Concello y la Xunta han incorporado este inventario de patrimonio al planeamiento urbanístico provisional que rige en la ciudad desde el 3 de octubre del pasado año, en tanto no se apruebe un nuevo plan.
La detenida lectura de este inventario del patrimonio cultural del rural de Ourense -las piezas protegidas del casco urbano de la ciudad tienen otro inventario a parte- brindará sorpresa seguro a algún vecino que como ocurre con los de Turei, Palmés, Navés Casar do Mato, Ceboliño o Santa Mariña do Monte aún no sepan que su pueblo es patrimonio cultural protegido.

Engrosan este inventario del medio rural un total de 18 caminos, todos ellos con protección integral desde la Costiña de Canedo la Corredoira do lugar de Monte o la vía romana Mende con Castro de San Tomé.
Carballeiras
El patrimonio del rural incluye también un listado de carballeiras y elementos naturales singulares, y brinda protección integral a la carballeira do Regato de Porto en A Caveanca; carballeira de Arrabaldo; al carballo de Fonte Mina; la carballeira e Cudeiro, o la del campo de la fiesta Outeiro, así que cuidado con arrancar una rama.
Un total de 35 "casas grandes", denominación de las edificaciones de cierto abolengo entre la que se incluyen pazos como los de Souto do Rei o el pazo de Velle, aparecen en el inventario con distintos tipos de protección estructural, integral o tipológica según su valor.
El listado incluye cerca de 140 casas ubicadas en los más diferentes puntos del rural, en su mayoría con protección tipológica, al igual que las 12 casas rectorales incluidas en este inventario del patrimonio cultural del municipio.
Menos sorprendente resulta sin duda que aparezcan en el inventario 12 iglesias, todas ellas con protección integral, como las de Santa Olaia de Beiro; San Andrés de Castro de Beiro; Purísima Concepción de Vilar; la parroquial de San Mamede; antigua parroquial de Arrabaldo; Untes; San Miguel de Canedo; Cudeiro ; Santa Marta de Velle; Bon Xesús de Ceboliño; Santa María de Reza Nova y la de Santa Mariña do Monte.
Puente, cruceiros y muiños
Pese a la caída del plan de urbanismo, sigue pesando la protección integral sobre una veintena de cruceiros situados en los distintos puntos del rural, así como 15 puentes, como el de Lonia con protección integral o Ponte Codesal en A Caveanca
El rico inventario del patrimonio cultural del rural de Ourense incluye 15 muiños todos ellos con protección integral por su antigüedad; hasta 40 fuentes y lavaderos; 24 eiras y hórreos; 20 hornos y otras 14 construcciones adjetivas taoles como grupos de pajares o alguna bodega significativa.


* Faro de Vigo - 8.1.12
Foto: Ponte da Loña, uno de los quince que cuentan con protección integral. // Iñaki Osorio

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La bici lucha por hacerse un sitio en la ciudad

ELPAÍS* : Un accidente mortal en Barcelona reabre el debate sobre la seguridad de los ciclistas.
Al llegar al cruce, el medio millar de personas que pedaleaban juntas se detuvieron ante una bici pintada de blanco. De manera espontánea, levantaron sus bicicletas con las ruedas apuntado al cielo y, al bajarlas, una oleada de timbrazos y aplausos rompió el solemne silencio. Con este gesto, fixeros [seguidores del piñón fijo], chicas del cycle chic [pedalean elegantemente vestidas], deportistas, urbanitas y familias, homenajeaban el viernes a la usuaria del Bicing que falleció el pasado 2 de enero arrollada por un camión mientras circulaba por el carril bici en esta intersección, donde ahora la recuerda una bicicleta blanca.
La emotiva iniciativa refleja un problema al que las ciudades españolas no se habían enfrentado: los accidentes en bici. Aunque la siniestralidad a pedales es muy baja —de las 1.784 víctimas que hubo en 2011 en accidentes de tráfico en España, 32 eran ciclistas—, este accidente parece que ha desatado una alarma sobre los peligros que acompañan al pedaleo y una pregunta: ¿están las ciudades españolas preparadas para las bicicletas?

“El accidente ocurrió porque el usuario del vehículo motorizado no tenía en cuenta a la bicicleta”, aclara Esther Anaya, consultora de movilidad. “Por lo que, más allá de medidas concretas y acciones puntuales, la petición básica es que se incluya la realidad ciclista en la normativa”, añade. Un día después del accidente, las entidades ciclistas barcelonesas reaccionaron y exigieron que se mejorase la red de carriles, la señalización y que se realizaran campañas de sensibilización. “Es un problema de planificación y de educación de los gestores de la ciudad, que lo hacen pensando en el coche. En realidad, las calles no se pueden adaptar de cualquier manera a un vehículo”, dice Joan Valls, presidente del Bicicleta Club de Cataluya (BACC) y remarca que tres de los cinco accidentes mortales que ha habido en la ciudad desde el boom de las dos ruedas han repetido el mismo patrón: ciclista circulando por el carril bici, vehículo de grandes dimensiones se dispone a girar, el conductor no ve al ciclista y le arrolla.

Usar la bicicleta en la ciudad es casi cinco veces menos peligroso que conducir un coche. Por cada millón de automóviles, fallecieron, el año pasado, 47 personas; por cada millón de bicicletas, 10,6. El colectivo presenta la menor tasa de accidentes por trayecto realizado; inferior incluso que la del peatón. Además, y contra lo que se pueda pensar, cuantas más bicicletas hay en una urbe, más disminuyen los accidentes: la ciudad se calma.

Desde ConBici, la coordinadora en defensa de la bici, que aglutina a 55 asociaciones nacionales, llevan un tiempo reclamando un análisis profundo de las colisiones y los datos. “Los accidentes disparan la alarma social pero el índice de siniestralidad es muy bajo”, insiste Manuel Martín Fernández, director técnico de ConBici. Cuando el ciclista circula por el carril bici disfruta de una irreal sensación de invulnerabilidad. Esa reacción se refleja en los Ayuntamientos que consideran que inaugurar carriles fomenta el uso de la bicicleta. “Las infraestructuras son necesarias porque visibilizan y aportan seguridad a los principiantes pero no es la única medida”, matiza Martín.

Por esa falsa sensación de seguridad, dentro de la comunidad ciclista los carriles bici tienen detractores. “Tenemos una realidad y no se pueden copiar y pegar soluciones de otros países. Intentamos gestionar la bici aislada”, explica Anaya. "Acompañando a las infraestructuras se debe reducir la velocidad en las calles y adaptar las normas”, resume. Otras medidas son las líneas de detención adelantadas —las motos ya lo hacen en Madrid y Barcelona— o los semáforos para bicicletas. La idea es fomentar la cohabitación en la calzada cuando sea posible y construir carril bici cuando sea estrictamente necesario en base a valores de intensidad de tráfico y velocidad media de la vía.

Natividad Ruiz circulaba por un carril bici en el Eixample en 2008. Pero eso no fue suficiente. A esta activista del grupo Amics de la Bici un camión se le vino encima. El revolcón le rompió el costado derecho y le obligó a pasar seis meses en el hospital. “Fue todo muy rápido. Pese a mis gritos y a los de los peatones, vi que el camión giraba. Nunca pensé que no me oiría”, recuerda. Ahora, le aterra la bici, incluso el coche. Sigue creyendo que las dos ruedas son básicas en movilidad urbana, “por medio ambiente, por salud y para descongestionar, pero es necesario mejorar la red y que los Ayuntamientos se impliquen", sentencia.

En Sevilla, donde cada día se hacen cerca de 60.000 trayectos, se ha producido un único choque mortal, según la comunidad de ciclistas Sevilla En Bici. “Normalmente hay choques con peatones o problemas en los semáforos, cuando está en ámbar para el automóvil pero tampoco se producen accidentes graves”, matiza Ricardo Marqués, presidente de Acontramano. El balance total de una de las ciudades más ciclistas de España se resume en dos víctimas en cinco años, informa Ángeles Lucas. Esas cifras se pueden extraer de las estadísticas que realiza anualmente la Dirección General de Tráfico que, a pesar de contar a los pedaleantes, no discrimina entre los accidentes en carretera de los metropolitanos.

“Cuando vi el atropello de Barcelona sentí frustración. Varios colectivos habían avisado de la peligrosidad y de la necesidad de estudiar las causas de los accidentes”, dice Esther Anaya. La bicicleta no se puede gestionar de manera aislada, se debe hacer una política integral. El anterior Gobierno desarrolló un nuevo reglamento de tráfico en el que se contemplaban las bicis. Nunca se llegó a aprobar; ahora la reforma está en manos del nuevo Ejecutivo. “Espero es que esto ayude a poner el tema en la agenda política, con criterio y profesionalidad; sin dramatismo”, concluye.


* El País - PABLO LEÓN / CLARA BLANCHAR Madrid / Barcelona 7 ENE 2012
Foto: Una bicicleta blanca recuerda a la última ciclista muerta en accidente. / TEJEDERAS

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ONU: que la ciudad de Guadalajara no se "desparrame"

ELOCCIDENTAL/México* : Firmarán ONU y TAE convenio que permitirá se garanticen los derechos ciudadanos en materia de medio ambiente y urbanismo, para tener una mejor ciudad.
Según estudios de la Organización de las Naciones Unidas, la ciudad de Guadalajara (ZMG) ha crecido dos veces más en proporción a sus necesidades demográficas, debido a la especulación inmobiliaria y corrupción en el cambio de usos de suelo que sólo han generado costos y gastos altísimos para el ciudadano al que no se le cumplen sus derechos habitacionales; de seguir en esa tendencia de crecimiento sectorial entre ricos y pobres a través de murallas y cotos "la ciudad se encara a un desastre social y económico", mencionó el director del Observatorio Urbano Global ONU-Habitat, doctor Eduardo López Moreno.
"En la medida que Guadalajara continúe como una suma de municipios aislados, perderá (...) si la ciudad persiste en extenderse horizontalmente, habrá menos empleo y más problemas", alertó, ya que el crecimiento en la Zona Metropolitana de manera horizontal en un 50% fue por cambios de uso de tierra de rural a urbana que no debieron permitirse, pero se hizo por corrupción de funcionarios y la especulación inmobiliaria, puntualizó el arquitecto.

Agregó que este problema no es exclusivo de la ZMG, pues alrededor de 200 ciudades en el mundo presentan problemas similares, debido a "agentes económicos están decidiendo el futuro de la ciudad, y entonces tenemos que buscar otras racionalizaciones que no sean sólo el beneficio económico de algunas personas o instituciones.

"Las decisiones en Guadalajara son políticas y no técnicas, no emanan de fuentes claras de información", aseguró el doctor López Moreno, quien de visita a su tierra natal, firmará convenio con el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco (TAE) para que tenga respaldo institucional de la Dirección de Desarrollo Urbano de la ONU en temas medioambientales y urbanísticos, para que se respeten los derechos de los habitantes a gozar de su ciudad con todos los servicios.

Este convenio ofrecerá cursos de formación a los magistrados, habitantes que hagan uso del Tribunal y organizaciones urbanísticas del estado, además de ofrecer una base de datos sobre principios básicos y buenas prácticas, para que los Tribunales no sólo tomen decisiones basados en aspectos puramente legales, sino también se sustenten en derechos urbanísticos y de medio ambiente que la comunidad internacional contempla y debido a la reforma constitucional al artículo 1°, ahora México y sus entidades también tienen que considerar para mejorar la calidad de vida de las personas en base a normas internacionales.

El objetivo, dijo el doctor, es asegurarse de que las decisiones del TAE (a falta de un Tribunal en México sobre asuntos ambientales) sean fundamentadas en los derechos del medio ambiente, energía, transporte, crecimiento de la ciudad y los efectos que pueda tener; es decir "buscar que la ciudad sea más socialmente heterogénea, en el que convivan ricos y pobres" sin contraponer la autonomía municipal y al mismo tiempo las medidas cautelares eviten el "desparramamiento de la ciudad".

Por parte del TAE, el magistrado presidente Horacio León Hernández espera que en tres meses se pueda firmar este convenio que les permitirá tener nuevas herramientas académicas e institucionales en temas ambientales y urbanísticos, con el respaldo de la ONU.


* El Occidental - Elsa Arenas - 6.1.12
Foto: Guadalajara (México), vista - academy

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