LNE* : Las recalificaciones y contrataciones urbanísticas, así como los asuntos económico-financieros, son las materias sobre las que hay menos transparencia en el Ayuntamiento de Siero, según se desprende de la evaluación que ha hecho el equipo de gobierno aplicando el cumplimiento de los indicadores del International Texter Association (ITA). Se trata de 80 indicadores relativos a cinco aspectos de la actividad pública: información sobre la Corporación municipal, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, transparencia económico-financiera, transparencia en las contrataciones de servicios y transparencia en materias de urbanismo y obras públicas.
La evaluación se hace cada seis meses y se publica en junio y en diciembre. De la primera que se ha hecho se desprende que falta aún mucho recorrido por hacer. De los 80 indicadores, se cumplen tan sólo 25, frente a 37 que no se cumplen, 15 que lo hacen sólo parcialmente y tres de ellos sobre los que no se puede hacer evaluación.
Que el urbanismo es el área peor parada queda de manifiesto en el hecho de que de los 17 indicadores relativos a ella sólo se cumplen totalmente tres, sobre la publicidad de los convenios y del Plan General de Ordenación Urbana, y no se cumple ninguno respecto a recalificaciones y adjudicaciones urbanísticas, información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones, seguimiento y control de la ejecución de obras o información sobre partidas presupuestarias destinadas al urbanismo.
En cuanto a la información financiera, se cumple uno de los 16 requisitos, la publicación de los presupuestos de los entes autónomos, y parcialmente otros cinco, sobre el presupuesto municipal y los ingresos de la Corporación.
Lo más publicitado, por el contrario, es el funcionamiento de los organismos municipales y los propios mecanismos de participación ciudadana.
No obstante, de la evaluación de los seis meses se desprende que ha habido una evolución positiva, ya que dos indicadores que no tenían ningún desarrollo en junio se cumplen ahora: el nuevo código ético o de buen gobierno o la existencia de un apartado de sugerencias de los ciudadanos. Otros siete pasan de no cumplirse a desarrollarse parcialmente.
* LNE - Manuel NOVAL MORO - 27.12.11
Foto: Pola de Siero (Asturias) - fusion
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CÓRDOBA* : La larga historia de Encinares de Alcolea parece que llega a su fin si no hay algo más que la complique. El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo dará el miércoles un paso que supondrá el colofón a unos trámites urbanísticos que se remontan a hace 23 años y que han tenido una andadura llena de vicisitudes. El miércoles está prevista la aprobación de la recepción por parte de la Gerencia de Urbanismo del proyecto de urbanización de la segunda y tercera fase de Encinares de Alcolea, quedando a partir de entonces en manos de la entidad urbanística de conservación el mantenimiento de las obras y servicios urbanísticos. Aún así, las licencias de ocupación no podrán otorgarse hasta que no estén en condiciones de funcionamiento los suministros de electricidad, abastecimiento y saneamiento, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.
Seis corporaciones municipales han visto pasar ante sí documentación de Encinares de Alcolea.
Todo empezó hace 23 años, en octubre de 1988, cuando el plan parcial quedó aprobado de forma definitiva, lo que significa que los primeros papeles se movieron mucho antes. En aquel momento se estableció un plan de etapas de cuatro años y medio, divididos en tres de 18 meses que empezaban a contar a partir de la aprobación del proyecto de urbanización, es decir, a partir de 1990, hace 21 años, que es cuando salió adelante definitivamente. Ese mismo año se firmó la escritura de constitución de la junta de compensación. Los trabajos de urbanización se adjudicaron a Dragados y Construcciones y el acta de replanteo para su inicio se firmó hace justo 17 años, en 1994. El plazo para su terminación era el 2 de junio de 1996, que se incumplió acumulando un retraso de 15 años.
El primer varapalo para los que tenían la vista puesta en este plan parcial llegó cuando las obras quedaron paradas por razones económicas, lo que obligó al Ayuntamiento a tomar las riendas e iniciar un expediente para declarar el incumplimiento de la obligación de urbanizar de sus promotores. Así, el Ayuntamiento se hacía cargo de los trabajos por ejecución subsidiaria echando mano de los avales aportados. Para facilitar la ejecución, dividió las obras que quedaban en tres fases. Al mismo tiempo, y debido al parón, tuvo que actualizar el proyecto y sus costes. En 1998 se aprobó el texto refundido del proyecto; en 1999, el de conexión a las redes exteriores; y entre el 2000 y 2001 se sucedieron distintos trámites relacionados con la primera fase, que salió a concurso y se topó con un problema más, ya que dos empresas que se habían presentado renunciaron a realizarla tras su adjudicación. Esto llevó en el 2001 a otro cambio en el proyecto que derivó dos años después, en el 2003, en la contratación e inicio de la obra por parte de Ingesa. Tras introducir también cambios en los proyectos de la segunda y tercera fase, los trabajos de estas dos etapas que se recepcionan ahora se adjudicaron en el 2004 por 2,7 millones de euros a Pavimcosa.
* Diario de Córdoba - ISABEL LEÑA 26/12/2011
Foto: Algunas viviendas de la urbanización Encinares de Alcolea - cordoba
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KAOSENLARED* : El movimiento YO NO PAGO, que se ha empezado a organizar en la red social Facebook, a través de la página www.facebook.com/yonopago, tiene como intención seguir los pasos del mismo movimiento ya existente en Grecia y que ha gozado de gran éxito y aceptación entre su población.
Den Plirono (Yo no pago) es un grupo que surgió el año pasado a raíz de subir el precio del transporte un 40% en Grecia, y que organiza sus acciones en internet a través de redes sociales. Su campo de acción son el metro, las estaciones, las autopistas… donde bloquean las máquinas de pago ante la permisividad de l@s emplead@s. Se impone la acción directa y la desobediencia civil en el país heleno… a ver lo que tardamos en España en actuar (el PPSOE hace todo lo posible por fomentar iniciativas como ésta). Además de los “Yo no pago”, empiezan a proliferar comedores populares, bancos del tiempo, tiendas de trueque, gente que “trampea” la luz, etc etc… ingenio y picaresca griega para pasar el trago…
Para millones de griegos que no llegan a fin de mes debe de ser una satisfacción estar en la cola de la autopista y que unos chalados levanten la barrera para que todo el mundo pase gratis. Son el grupo '`Yo no pago!' (Den Plirono), una de las últimas e imaginativas respuestas a la crisis en Grecia . Surgieron el año pasado a raíz de la brutal subida del 40% en el precio del transporte. Se organizan por Internet y convocan acciones festivas en el metro, las estaciones o las autopistas. Llegan con sus banderas amarillas y bloquean las máquinas de pago. La respuesta de los empleados, en general, es dejarles hacer, pues también ellos sufren y les comprenden. Este tipo de iniciativas, pegadas a la vida cotidiana, ha sustituido como rabieta civil a la gran movilización de los Indignados, que ocupó la plaza de Syntagma, frente al Parlamento, de junio a agosto. Al final había cierto agotamiento, reconocen algunos de los acampados.
"Seguir allí se convirtió en una fijación, en un fin en sí mismo, que consumía toda la energía. Al final sólo se quedaron los que no tenían donde ir o nada que hacer, había mucho 'friqui'", explica con sinceridad Christina, que trabaja en una tienda. Los Indignados siguen coleando, mantienen su web y organizan asambleas en Syntagma, pero es un fenómeno latente. Atenas necesitaba una pausa. Ha habido tres semanas sin recogida de basuras o 22 días de huelga de taxis en agosto, para horror de los turistas, por el plan de liberalización de profesiones, que también afecta a abogados o dentistas. La gente ahora ejerce resistencia a pequeña escala. Por ejemplo, con la factura de la luz, que esta semana incluye por primera vez la famosa tasa por metro cuadrado de casa. Aplicando lo mínimo, cuatro euros, a una vivienda de 50 metros salen 200 euros.
Pero si no pagas te cortan la luz. Las oficinas de DEI, la compañía eléctrica pública, tienen colas enormes estos días para protestar.
Pero hay otra solución, incluso si llega la interrupción de la electricidad. Vídeos colgados en Youtube explican cómo manipular el contador o engancharse a la corriente. Es más, hay un grupo subversivo de empleados de DEI que, por solidaridad y en plan Robin Hood, la restablecen de forma clandestina a los ciudadanos. Su lema, 'Ninguna casa sin luz'.
Tampoco hay un solo colegio con libros, que tradicionalmente suministraba el Estado. Ahora se ha enviado un CD a cada centro con el material para que se copien o impriman. Aunque en muchas escuelas tampoco hay calefacción y los padres hacen colectas para comprar desde los lápices al papel higiénico. La solidaridad y el ingenio son valores en alza. Hay comedores populares, bancos del tiempo donde se intercambian horas de servicios con lo que sabe hacer cada uno. Se buscan ideas con charlas sobre la colectivización en Argentina o experiencias de otros países que han pasado ya por las penurias de una crisis salvaje.
Este movimiento ha decidido no rascarse el bolsillo por el transporte público, ni por los peajes de las carreteras. Los activistas de este movimiento viajan sin billete, taponan las máquinas expendedoras o levantan las barreras de los peajes. Publican fotos en su web y animan a seguir su ejemplo.
Y lo cierto es que está cundiendo. Una encuesta elaborada por MRB señala que más del 56% de los griegos aprueba esta forma de protesta, frente al 39% que no la apoya.
Iniciativa contagiosa
El número de pasajeros que opta por viajar gratis ha aumentado hasta rozar el 40% en los autobuses y hasta un 15% en el resto de los medios de transporte, según estimaciones oficiales recogidas por Efe. Y las empresas concesionarias estiman que entre un 15% y un 18% de los conductores no pagan los peajes, frente al 6% que lo hacía hace menos de un año. "Hablamos de unos 8.000 usuarios al día", afirman desde Nea Odos, una compañía que opera una de las autovía en el país.
El encarecimiento de las tarifas en el transporte urbano, que oscilan entre el 28% y el 80%, y también en los peajes ha elevado el tono de las acciones, que se han culminaron el pasado 1 de marzo en una manifestación que llegó a las puertas del Parlamento. "¿Pagar 1,40 euros por un billete? Es una subida del 40% cuando todo lo demás baja: sueldos, pensiones, ayudas", indica a Reuters Maro Fassea, un consultor de TI de 48 años de edad.
Desde que Grecia puso en marcha las medidas de austeridad para recortar el déficit y cumplir con las exigencias de Bruselas y el FMI, los empleados públicos y los jubilados han visto rebajados su salarios y pensiones. Además, impuestos como el IVA se han elevado al tiempo que sufren también el repunte de la inflación. La consecuencia es, según indican algunos economistas, una pérdida de hasta el 25% de su poder adquisitivo.
La consecuencia es que son ya miles las personas que piden que sea "la plutocracia" la que pague la factura de la crisis y exigen que se luche contra la evasión fiscal para tapar agujeros en el presupuesto estatal. "Vivimos en un régimen de Junta dentro de la Democracia que recibe órdenes de los constructores y de los bancos", declaró a Leonidas Papadópulos, portavoz del comité nacional "Den Pliróno".
Peajes
En el caso de las autopistas, cada vez son más los ciudadanos que deciden levantar las barreras del peaje, a pesar de la presencia de vigilantes. El fenómeno se ha extendido tanto que el Gobierno quiere endurecer las multas hasta los 200 euros.
Hace un mes Apostlos Gletsos, el alcalde de la localidad de Stilidas (Grecia Central), afectada por un caro peaje y sin ruta alternativa para ir a los pueblos del entorno, derribó con una excavadora el puesto de peaje. Fue detenido y tras ser puesto en libertad sus paisanos lo recibieron como un héroe.
Algunos analistas, como el columnista griego Yorgos Kitsos, han aprovechado este movimiento para criticar a las empresas concesionarias, ya que entre además del derecho a cobrar peaje recibieron del Estado entre el 50 y el 80% del dinero de las obras para construir las autopistas.
Las empresas concesionarias han declarado a los medios que el peaje es esencial para financiar las obras y ponen como ejemplo que en la autopista entre Atenas y el puerto de Patras -de 200 kilómetros- más de un millón de conductores se han negado a pagar en los últimos dos años, lo que equivale a pérdidas de 100 millones de euros.
LA INTENCIÓN ES REPETIR ÉSTO AQUÍ: ÚNETE A YO NO PAGO
FUENTES y más información:
http://www.facebook.com/yonopago
http://www.sindinero.org/blog/archives/4535
http://www.eldiariomontanes.es/rc/20111106/economia/pago-201111060114.html
http://www.rojoynegro.info/articulo/sin-fronteras/el-movimiento-yo-no-pago-se-hace-fuerte-grecia
* Kaos en La Red - Alex Corrons - 12.12.11
Foto: Atenas, movimiento Yo no Pago - hiap
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ELNORTEDECASTILLA* : Cúpulas, pérgolas, anfiteatros, placas solares, fuentes o jardines son solo una pequeña parte de todos los elementos arquitectónicos que un total de 33 estudios de arquitectos han presentado al concurso de ideas para la construcción del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor de la Hispanidad de Medina del Campo. Según las bases del concurso, el jurado fallará dos premios. El primero tendrá una cuantía económica, que ascenderá a los 8.000 euros y el segundo será de 4.000. El tercer proyecto ganador será elegido por votación popular y la recompensa ascenderá a los 2.000 euros.
Los medinenses podrán ejercer su derecho al voto hasta el próximo 13 de enero y la decisión se dará a conocer, según uno de los puntos establecidos en las bases del concurso, a partir del 17 de marzo. Asimismo, los premios podrán declararse desiertos si, a juicio del jurado, la calidad de las propuestas o la inviabilidad técnica o económica de las mismas impidiera concederlos.
La finalidad de este certamen es, según el concejal de Urbanismo, «premiar a las ideas», por lo que «cuando se premien los proyectos el concurso finalizará ya que es el objetivo del mismo». Esto no quiere decir, por el momento, que el estacionamiento subterráneo se construya ya que una de las premisas para levantar la Plaza Mayor es que una empresa realice la obra con un cargo de cero euros para los bolsillos de los medinenses, según señalan varias fuentes municipales.
«¿Quién pagará esta obra?» o «la plaza debería tener jardines para que paseemos los jubilados» son solo algunos de los comentarios que se escucharon durante la mañana del jueves en el patio de columnas del Ayuntamiento de Medina del Campo, donde más de una veintena de medinenses acudieron a inspeccionar y debatir sobre cuál debería ser la distribución arquitectónica de la Plaza Mayor.
Según las bases, este concurso tiene carácter anónimo, abierto, público y de una única fase. El nivel de definición del mismo será el de anteproyecto por lo que los profesionales o equipos técnicos que resulten seleccionados podrán ser contratados por la administración municipal para la redacción del proyecto básico y de ejecución, previa tramitación del procedimiento correspondiente.
El objetivo de este concurso es la ordenación arquitectónica de la principal área del municipio, la Plaza Mayor, (cuya dimensión es de 13.200 metros cuadrados), incluyendo un aparcamiento subterráneo con más de 400 plazas y sus correspondientes accesos peatonales y rodados.
El jurado estará compuesto por la alcaldesa de la localidad, Teresa López; el concejal de Urbanismo, Germán Sáez; el jefe de servicio de Urbanismo, el arquitecto del la oficina del ARCH y tres arquitectos más dependientes de la Diputación de Valladolid, la Junta de Castilla y León y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid.
Desde 1999 se han hecho diversos proyectos para dar soluciones a los problemas de aparcamiento y humedades de la plaza y para intentar solventar las carencias de infraestructuras como el abastecimiento, el saneamiento, de electricidad, gas y de telefonía.
Algunos de estos estudios fueron promovidos por la Asociación de Empresarios de Medina, en la que se estudiaron las diferentes propuestas realizadas por empresas en las que se ponían de manifiesto las mejores técnicas para el futuro 'parking' subterráneo.
* El Norte de Castilla - 26.12.11 - PATRICIA GONZÁLEZ
Foto: Medina del Campo (Valladolid), plaza Mayor -turismo
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LARAZÓN* : La Andalucía Sostenible que «propugnan desde la Junta» tiene, a juicio de colectivos «verdes» como Ecologistas en Acción, una trastienda «repleta de puntos negros». 2011 ha «defraudado» sus expectativas en materia urbanístico-medioambiental.
En concreto en la provincia de Sevilla la coordinadora de esta organización en la capital, Laura Soler, recuerda que la construcción de la Torre Pelli, y el «aparcamiento monstruoso que está previsto debajo y que creemos tendrá graves consecuencias para el tráfico», está pendiente de la decisión de los observadores de la Unesco.
Además, han presentado alegaciones al Plan Parcial de San Nicolás oeste –PGOU de Sevilla–, donde se introduce un uso distinto al suelo en el que «quieren ubicar el nuevo proyecto de IKEA». Sin salir de la provincia sevillana, la Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA) ha alegado a lo largo del año contra el avance del PGOU del municipio de Salteras, el PGOU provisional de Bormujos, el de Umbrete, el de Guillena y el de Gines. Salvo el último, los demás «plantean enormes ampliaciones de suelo urbanizable», explica su portavoz, Juan Antonio Morales. Según denuncia, «no hay estudios que justifiquen los crecimientos que plantean, en base a datos reales». «Desde 2007 –añade– se ha propiciado un crecimiento desbocado, se han contabilizado suelos con valores que no tienen, alimentando de nuevo otra burbuja inmobiliaria y restando territorio a actividades como la agricultura». Al margen del suelo, en esta área «se sigue machacando a los ríos y se eluden planteamientos serios sobre el transporte», advierte, entre otras cuestiones.
En el mapa de Huelva, el portavoz de Ecologistas, Juan Romero, asegura que en la capital onubense, una de las principales «asignaturas pendientes» es la restauración de las balsas de fosfoyesos –residuos de la actividad industrial de Fertiberia–. «La Junta quiere conformarse con el sellado de las balsas pero dejar a perpetuidad allí las 120 toneladas de fosfoyesos, consecuencia de una gestión nefasta». No le basta con el lamento e insta a las administraciones a garantizar que «se traten para convertirlos en residuos inertes o inocuos». Cree que mantener esos restos a pocos metros del caso histórico de Huelva es una «aberración» que «hipotecará el futuro de la ciudad». En ese sentido, exige que «se aplique el principio constitucional de que ‘el que contamina paga y repara’». «Huelva debería recuperar su vocación marismeña –apostilla– No queremos las balsas de fosfoyesos como seña de identidad».
Preocupante es también para el colectivo, la edificación del Puerto Deportivo Marina Esuri, diseñado para la desembocadura del Guadiana en Ayamonte, cuyo proyecto básico la Junta ha sacado ya a información pública. A finales de 2009 presentaron alegaciones al estudio de viabilidad del plan en el que se apuntaba la creación de 4.000 amarres –ahora parecen haberse reducido a 1.184– porque, «el río es una zona LIC, incluida en la Red Natura 2000», recuerda el activista Iñaki Olano. La cifras hablan por sí mismas: se pretende actuar sobre 50 hectáreas y ejecutar una de las mayores instalaciones de este tipo en la comunidad, «pese a que ya hay varios puertos deportivos en su entorno y no está clara su viabilidad», critica Olano. Además, el complejo urbanizado de Costa Esuri, hasta la quiebra de Fadesa-Martinsa, o el de Isla Canela, con ejecuciones aún pendientes; «han quedado como inacabado homenaje de ladrillo y cemento a la especulación».
En los límites aún de Huelva, «los avances de los PGOU de municipios de la costa como Punta Umbría, Isla Cristina, Ayamonte, Cartaya–-algunos no refrendados todavía por el Gobierno andaluz– prevén crecimientos de población del 15 o 20 por ciento para justificar el aumento del suelo urbanizable», explica. A su juicio, «es una irresponsabilidad absoluta volver a los planes generadores de la crisis para salir de ella».
Si se mira a Cádiz, para Ecologistas el Plan de Ordenación del Territorio de la Janda apuesta «por un desarrollo insostenible» con proyectos «disparatados» que salpican toda la geografía de la zona y que «pretenden urbanizar para distintos usos un total de 2.200 hectáreas, construir un mínimo de 7.692 edificaciones y decenas de hoteles». Y todo, «con la pretensión de que no computen como nuevos suelos urbanizables ni nuevas viviendas, a efectos de los límites que impone el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)». Fuentes del colectivo critican que el POT «intenta soslayar, mediante el subterfugio de las ‘áreas de oportunidad’,
los límites al crecimiento urbanístico que incluyó el Parlamento andaluz en 2006 en el POTA».
Se oponen también, según constata el secretario de Urbanismo de Ecologistas en Andalucía, Juan Clavero, al macroproyecto de Malcucaña-El Palmar, promovido, como el anterior, por entidades financieras. Según éste, se instalarán dos apartahoteles que sumarán más de 1.300 plazas en «uno de los pocos paisajes vírgenes que nos quedan en la costa», merced a un proceso de «recalificación a la carta». A ello hay que sumar que han presentado 101 alegaciones contra el plan El Següesal Resort, macrourbanización promovida por Bogaris Residential 7 SL, que tiene más de 467 hectáreas, lo que la convertiría en la mayor de la región y triplicaría la superficie de todos los núcleos urbanos de Barbate, de llevarse a cabo. Incluye 1.690 casas y apartamentos, dos hoteles, campos de golf, colegio bilingüe de alto standing... En definitiva, la creación de «un gigantesco gueto».
También en Cádiz, Clavero avisa del riesgo que corre el espacio natural del Guadalquitón, un bosque virgen que podría ser «seriamente afectado por el desarrollo urbanístico basado en el modelo de la Costa del Sol».
Desde Córdoba apuntan que la Junta aún no ha encontrado la «fórmula mágica» para hacer frente al «desmadre» de las urbanizaciones ilegales que afecta, sobre todo, «a la sierra y las inmediaciones de la capital califal», como explica Curro Ordóñez, portavoz de Ecologistas en Acción en aquella zona. En su opinión, no hay tiempo que perder pero lanza una aviso: no consentirán que «desde el actual equipo de gobierno se haga una amnistía y se beneficie a quienes han infringido las leyes urbanísticas».
Las edificaciones ilegales constituyen también un verdadero quebradero de cabeza en Jaén, con un agravante: «Hemos logrado parar la construcción de una presa que en su día se pretendió ejecutar en un paraje natural para contener el agua», comenta Javier Ramírez. Y se explica: «A unos cuatro kilómetros de la capital jiennense existen unas 4.000 viviendas ilegales construidas en zona inundable, lo que motivó la idea de la presa». Descartada ésta por la reacción social, quiere dejar constancia de que «ahora nos opondremos al encauzamiento del río que la Junta patrocina y que arrasaría con el soto, provocando graves consecuencias para la ribera». «Hay que frenarlo porque es una barbaridad», remata.
Granada tampoco está exenta de «puntos calientes». El ecologista Javier Egea destaca «el edificio Centro Comercial Nevada, con el galimatías judicial» que lo rodea, la urbanización Medina Elvira, con otro campo de golf en ciernes, o «las grandes infraestructuras en la estación de esquí de Sierra Nevada». De cara al futuro, estarán vigilantes y atentos a «la segunda circunvalación de Granada, que será tan inútil como la ya obsoleta primera y con un gran impacto ambiental en la Vega», y a otros anunciados «proyectos faraónicos» como la Ronda Este de la capital, la Marina interior en Playa Granada y un hotel de siete estrellas en Almuñécar.
Ya en Málaga, a 12 kilómetros del núcleo urbano del municipio de Ronda se pretende levantar el macroproyecto Los Merinos Norte. Dicho de otra manera: 800 chalets de lujo, dos campos de golf, hoteles, club hípico... «Quieren ocupar unas 800 hectáreas de unos de los mejores encinares de la provincia, situado en el interior de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves, donde, para más ‘inri’, ya han construido el circuito de Fórmula 1 Ascari», desmenuza el ecologista Juan Terroba. Según relata, «se han arrancado en torno a 10.000 encinas», si bien matiza que «no hay datos oficiales». Las obras de este macrocomplejo comenzaron en 2006, aunque se paralizaron en 2008 y así siguen, dado que han intervenido los tribunales y el caso está pendiente de resolución judicial.
Dentro de la cartografía malagueña, la comarca de la Axarquía constituye «otro ejemplo escandaloso de urbanismo incontrolado, posible por la connivencia de la Junta», apunta Terroba. No se olvida tampoco del litoral «arañado por la construcción ligada al ladrillo y a la política».
La Federación de Ecologistas en Acción Almería, la Asociación Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y el Grupo Ecologista Mediterráneo han mostrado su «frontal rechazo» a los «nuevos proyectos especulativos» del Llano Central, en el Levante almeriense, y El Nazareno, en el entorno de Cabo de Gata. Este último, aprobado en el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Almería, prevé un campo de golf de 27 hoyos, 2.500 viviendas y 1.000 plazas hoteleras ubicadas en los limites del parque de Cabo de Gata-Níjar, «acosándolo». En su momento, ya alegaron en la fase de exposición publica del Potausa. Por lo que respecta al Llano Central, proyecta 3 campos de golf, miles de edificaciones y varios complejos hoteleros.
«Especulación pura y dura», para el coordinador de Ecologistas en Almería, Marcos Dieguez. En la misma línea, denuncia las «nuevas pretensiones» del Ejecutivo regional «en la promoción y desarrollo del área de oportunidad turística en la Hoya de la Altica», situada en Retamar y lindando con el parque natural. De hecho, durante la fase de exposición publica del Plan de Ordenación del Territorio del Área Metropolitana de Almería, ya expresaron su escepticismo «sobre los usos establecidos en esta mal llamada área de oportunidad turística».
En ella, se contempla la creación de un campo de golf de 18 hoyos, establecimientos hosteleros y una «desmesurada» promoción de 1.800 viviendas de segunda residencia. Su promotora mantiene, según aseveró el propio presidente andaluz, José Antonio Griñán, «permanente contacto» con la Junta. Para los ecologistas planes como éste evidencian «el doble rasero de la Andalucía Sostenible» del Gobierno regional que «fomenta proyectos de turismo con ese rótulo que sólo suponen la destrucción de nuestro medio ambiente». Y en esta recopilación no podía faltar un símbolo del «urbanismo salvaje»: el inderribable Algarrobico.
* La Razón - 25 Diciembre 11 - N. Acedo Castelló
Foto: Maqueta del proyecto de la Torre Pelli - larazón
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DAVID ORLANDO SANTANA DÁVILA* :
La ciudad como sistema, invita a observar y a pensar de manera interdisciplinaria la problemática del urbanismo y su repercusión en las ciudades, desde los cuerpos político, temático, pensante, y de la sociedad civil, así como la práctica de un ejercicio de ciudadanía haciendo opinión pública, planeación participativa, etc.
Por otra parte, la lectura del sistema sugiere la construcción y consolidación de una red de ciudades que obedezca a principios y fundamentos de la ley orgánica de ordenamiento territorial, para mejorar aspectos de gestión y administración del territorio y de sus actuaciones físico-espaciales, para llenar vacios de los POT, de las relaciones urbano-rurales, de la metropolitación o conurbación y de la conformación de regiones.
Como apunte histórico podemos observar de manera general, como a partir de los años 30 se dan procesos de planeación física con instrumentos de regulación del suelo, con procesos de zonificación de las actividades y de los usos de suelo para direccionar la expansión urbana, para disminuir los problemas de saneamiento, y de la organización de la ciudad de acuerdo a procesos de industrialización y proletarización de la vida en el entorno urbano, la modernización del campo y la ciudad desde lo funcional y productivo, etc.
Otro dato interesante sobre la historia del urbanismo en Colombia, es acerca de quienes promovieron en el país escuelas o corrientes académicas con cierto nivel de influencia para su promoción.
Vale la pena mencionar dos de ellos, Karl Brunner y LeCorbusier. Ambos figuran como gestores del urbanismo moderno, y pese a la similitud de sus propuestas, figuran como contradictores. Sin embargo, Brunner no alcanzó a terminar su propuesta de “plan regulador” y LeCorbusier la terminó pero no pudo convencer a la voluntad política para materializarla. Entre los postulados principales de estos autores estaban la apropiación curricular del urbanismo en arquitectura, la planeación de ciudades colombianas, el aprovechamiento de la topografía y el clima de ciudades en laderas andinas, y promover barrios obreros y casas granja para los marginados, con el fin de desocupar y renovar zonas céntricas.
En lo reciente, se puede percibir que la problemática del urbanismo en Colombia ha sido a causa de la dificultad para poner de acuerdo los diferentes saberes y conocimientos entre las disciplinas participantes de procesos de diseño y planeación urbana como la arquitectura, el derecho, la sociología, la antropología, la geografía, la economía, las ciencias del ambiente y del territorio, entre otras. Otras causas obedecen a la competencia del mercado inmobiliario, a la exageración de la norma, y a la toma de decisiones de una tecnocracia descontextualizada académicamente y sin criterio interdisciplinario para efectos del diseño urbano y rural, ni mucho menos con un criterio ambiental como sistema, ya que se han desconocido sus relaciones e integralidad.
* El Diario de Otún - Opinión - 22.12.11
Foto: Bogotá -turismo
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ELCONFIDENCIAL.- Los precios de las miles de viviendas embargadas por las entidades financieras españolas están, de media, un 43% por debajo de las valoraciones que les fueron asignadas cuando se firmaron las hipotecas, según un informe de Fitch. La agencia de calificación explica esta situación por la dinámica del mercado inmobiliario español y aclara que los datos utilizados se refieren exclusivamente a inmuebles con garantía hipotecaria, mucho de los cuales contaban con un elevado Loan to Value (LTV o porcentaje que las entidades financieras prestan sobre el valor de tasación del inmueble), por lo que -ciertos elementos del análisis podrían no ser aplicables al completo al conjunto del mercado residencial español".
Tras analizar un total de 8.235 viviendas embargadas cuyas hipotecas se encuentran en cédulas, Fitch calcula que la caída de los precios se sitúa entre el 20 y el 58%. Lo que "estaría indicando el impacto significativo que pueden tener en las operaciones las diferentes estrategias de ejecución hipotecaria que están asumiendo las entidades financieras", según los autores del informe, Juan David García y Carlos Masip. Para ello ha contado con datos de entidades como BBVA, Santander o Bankia.
Más de un año para vender un piso embargado
Fitch también señala que las entidades tardan más de un año en vender los inmuebles embargados. En concreto, tardan de media 13 meses. No obstante considera que, "dadas las limitaciones de capital a las que se enfrentan actualmente las entidades financieras, una parte importante de propiedades embargadas puede que aceleren el proceso de eliminación de los activos actualmente en poder de sus balances".
Sobre la evolución del mercado inmobiliario español, la agencia considera que el ajuste aún no ha terminado. Fitch espera que los precios sigan bajando en los próximos dos años hasta alcanzar un descenso acumulado de entre el 30% y el 35%. Los datos del Ministerio de Fomento y de Tinsa muestran una caída desde máximos de 2008 del 18% y del 25%, respectivamente.
La mayor parte de la corrección se producirá durante el próximo ejercicio, pero los precios no estabilizarán hasta finales de 2013.
Por otra parte, la agencia no no espera que el crédito se recupere en 2012 porque "las entidades financieras estarían más centradas en optimizar sus balances, al tiempo que el acceso a la financiación es limitado". Asimismo asegura que el crédito probablemente "va a permanecer concentrado en los actuales prestamistas de alta calidad y en los potenciales compradores de casas embargadas por la banca".
El imparable aumento de las hipotecas 'underwater'
Este fenómeno, denominado 'hipotecas underwater', hipotecas sobrevaloradas o activos en negative equity, se produce cuando el valor de una vivienda es inferior al de su hipoteca, ha tomado impulso en los últimos años. Un informe publicado en septiembre por la consultora Oliver Wyman cifraba en unas 250.000 las hipotecas en España afectadas por dicha cinrunstancia, el doble que hace apenas dos años. Otras fuentes ampliaban incluso la cifra hasta las 300.000.
Hace menos de un año, Standard & Poor's calculaba que en torno al 8% y estimaba que el 19,6% de los hipotecados españoles deberá más dinero al banco de lo que vale su casa en un escenario de caída del precio de la vivienda del 30%. Para la agencia de rating, esta cifra se elevará hasta el 28,2% si el descenso de precios llega al 35%.
Para Oliver Wyman, quien compró piso, ya fuera nuevo o de segunda mano, en 2007 o posteriormente con un Loan to Value del 80%, es muy probable que tengan en su mano una hipoteca underwater. Los más afectados serían quienes compraron piso en las zonas donde más han caído los precios. En el caso de la vivienda nueva, los hipotecados más afectados serían los de la Costa Mediterránea donde los descensos rozan ya el 30% seguido por las capitales y grandes ciudades españolas -como Madrid o Barcelona con caídas en algunas zonas superiores al 20%.
Esta situación se ha convertido en un auténtico problema e incluso un drama para muchas familias españolas ya que, si hoy en día decidieran vender dichos inmuebles empujados por la necesidad, no conseguirían el dinero suficiente por la venta para cancelar la deuda contraída con el banco.
Aunque el escenario todavía podría ser más dramático para muchas de ellas, ya que en caso de embargo, no sólo perderían su vivienda, sino que continuarían debiendo dinero a la entidad financiera en cuestión.
* El Confidencial - Elena Sanz - 15.12.11
Foto: Hipotecas - Istockphoto
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ELPAÍS/Alicante* : La Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha desestimado la propuesta tramitada por el Ayuntamiento de Torrevieja en la que se aprobó el Plan de Reforma Interior de la manzana situada junto a la playa de La Mata entre las avenidas de Los Europeos, Inglaterra, Alemania y de los Suecos, para edificar un macrohotel, de 16 alturas inicialmente, beneficiándose de las ventajas urbanísticas recogidas en las modificaciones Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrevieja.
La consejería anula el acuerdo plenario y concede un plazo de un mes al Ayuntamiento para que proceda a plantear otra propuesta que no incumpla la propia normativa del PGOU. Según el expediente de la consejería, difundido por Los Verdes, el plan aprobado no respeta el porcentaje máximo de ocupación legalmente establecido del 20%, de modo que no se produce la cesión al Ayuntamiento del 80% del ámbito para uso público, y además no se mantiene la relación entre los índices de suelo dotacional y de edificabilidad bruta.
Varapalo urbanístico
La resolución del Consell representa, según Los Verdes, un "duro varapalo a la política urbanística" del Ayuntamiento de Torrevieja, que además de "sacarle los colores al concejal de Urbanismo por inexperto y chapucero, echa por tierra la tan cacareada política de fomento de infraestructuras turísticas que el PP trata de vender" desde hace años.
José Manuel Dolón, concejal de Los Verdes, estima que este "patinazo evidencia la falta de rigor" con la que el PP gestiona el urbanismo municipal, así como la falta de estrategias para poder afrontar los retos que se le exigen a un municipio que pretende ser turístico, pero que a la hora de la verdad "no es más que un municipio costero que ha crecido desordenadamente de la mano de la especulación y del pelotazo, convirtiéndose en una ciudad donde priman las segundas residencias sin dotaciones".
Los Verdes esperan que este nuevo revolcón urbanístico sirva para hacer reflexionar al equipo de Gobierno posibilitando que se planteen "otras políticas urbanísticas y turísticas que sirvan para corregir los muchos desmanes que se han venido permitiendo y para diseñar un nuevo modelo de ciudad superadora del urbanismo masivo y depredador", que para Los Verdes pasa ineludiblemente por una revisión del PGOU.
* El País - E. MOLTÓ - Alicante - 22/12/2011
Foto: Torrevieja - canalmar
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PÚBLICO/Londres* : El movimiento Occupy London ocupó las instalaciones abandonadas de los antiguos juzgados de Old Street en Londres, "liberándolas", tal y como asegura el propio colectivo. La ocupación se produjo coincidiendo con la segunda de las cuatro sesiones del juicio que está teniendo lugar, después de que la City denunciase a Occupy London por el campamento de la plaza de la Catedral de Saint Paul.
Ahora, el movimiento pretende "restablecer el equilibrio" y pone en marcha una especie de "juicio al 1%", en referencia a la élite económica contra la que protesta en nombre del restante 99% de la población. De hecho, las instalaciones ya han sido rebautizadas como Occupy Justice y sus causas simbólicas irán contra "quienes han minado la economía global, han amputado los servicios sociales británicos, han despojado a la gente de sus derechos civiles y han involucrado a la nación en guerras repetidas veces".
El edificio de los antiguos juzgados, durante años abandonado en espera de levantar un hotel de lujo, fue tomado por la mañana junto a un grupo de veteranos de guerra Occupy Veterans, tanqueta blindada incluida, a la que ya se conoce como "tanque de ideas". Los portavoces del movimiento aseguran haberse puesto ya en contacto con los propietarios del edificio.
Se trata de la cuarta ocupación que realiza Occupy London, tras la plaza de Saint Paul, Finsbury Square y la antigua sede del banco suizo UBS, ahora reconvertido en su "banco de ideas". Precisamente esta última ocupación se extenderá al menos hasta enero, después de que el juez retrasara la apelación.
Criminalizar a los indignados
Mientras nacía Occupy Justice, proseguía el juicio que enfrenta a la Corporación de la City contra el campamento de Saint Paul y para el que podría conocerse la sentencia en Año Nuevo. La City, por vía de su representante David Forsdick, considera que el tiempo de protesta "ha excedido lo razonable" y que es necesario levantar el campamento para "proteger los derechos y las libertades del resto".
Sus argumentos dibujaron al campamento de unas 150 tiendas como un imán para criminales, alcohólicos y drogadictos. Durante el juicio, se han sucedido los intentos de relacionar el aumento de los desórdenes públicos con el campamento. Asimismo, las condiciones higiénicas del asentamiento es otro de los pilares de la acusación, que aseguró haber barrido la zona hasta siete veces al día.
Por su parte, Tammy Samede, representante de Occupy London, negó tajantemente el incremento de la delincuencia, alegando que desde que se instalaron, el pasado 15 de octubre, la Policía no ha intervenido. En cuanto a la higiene, la activista sostuvo que el campamento se autogestiona con equipos de limpieza propios e, incluso, de reciclaje.
Aún restan dos sesiones del juicio, aunque la posibilidad de un levantamiento pacífico del campamento de Occupy London cobra cada vez más fuerza. Si se confirma, los indignados londinenses se reagruparían en el emplazamiento de Finsbury Square. Sería, eso sí, a condición de mantener puntos de información en Saint Paul.
* Público - DAVID BOLLERO Londres 20/12/2011
Foto: Un hombre pasa junto al campamento de Saint Paul.-AFP
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DIARIOVASCO* : El servicio de Igualdad de Aretxabaleta está llevando adelante con el apoyo de Emakunde y de otras áreas del ayuntamiento un diagnóstico de urbanismo del municipio desde la perspectiva del género tratando de dar respuesta a una serie de acciones que se recogen en el plan de igualdad del municipio.
Entre ellas se encuentra la de realizar un diagnóstico sobre los obstáculos y las buenas prácticas o elementos facilitadores de la conciliación de la vida familiar, personal y laboral asociados a la planificación y diseño de la ciudad en los municipios. Asimismo se quiere formar a las personas responsables de la planificación y diseño de la ciudad en materia de género y conciliación en la planificación urbana.
Suprimir las barreras arquitectónicas existentes que dificultan el trabajo de las personas que realizan labores de cuidado es otra de las acciones a llevar a cabo, así como la de adaptar los espacios públicos y los privados de uso colectivo, a las personas que realizan labores de cuidado. Desde el plan de igualdad se quiere fomentar la creación de espacios de recreo zonas verdes, etc.
En los municipios para facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral y realizar un diagnóstico sobre los lugares del municipio en los que las mujeres de Aretxabaleta sientan inseguridad. Como señalan desde el servicio de igualdad atxabaltarra «el urbanismo con Perspectiva de Género trata de paliar los desequilibrios a la hora de definir estrategias de intervención en las ciudades, buscando un reparto más equitativo de las inversiones, que garanticen un acceso y disfrute del espacio público en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía».
Cinco aspectos
Son 5 los aspectos que en Aretxabaleta van a analizarse: La accesibilidad, la movilidad, los equipamientos y servicios, la seguridad-inseguridad y la representación simbólica.
Las acciones que se quieren realizar que están enmarcadas en este proyecto en el municipio van desde la creación de talleres, entrevistas o cuestionario. Todas ellas con la idea de que este diagnóstico sea lo más participativo posible.
A partir de hoy y en distintos lugares del municipio los atxabaltarras que lo deseen van a poder rellenar cuestionarios con preguntas relacionadas con la accesibilidad, la movilidad, los equipamientos y servicios, la seguridad o inseguridad y la representación simbólica de las mujeres. Estos cuestionarios se podrán encontrar en el ambulatorio, el ayuntamiento, la casa de cultura Arkupe, la ludoteca, el gazteleku o el gimnasio Zainduz. Este cuestionario va a poder encontrarse también en la página web del Ayuntamiento de Aretxabaleta.
Así mismo todas las personas interesadas en opinar y aportar en relación a todos estos temas están invitadas a participar el día 20 a las seis de la tarde a la reunión-taller que se va a celebrar en la casa de cultura Arkupe.
* Diario Vasco - 18.12.11 - JOXEBI RAMOS
Foto: Los problemas de accesibilidad, los espacios de recreo, serán parte de lo analizado. diario vasco
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LAVERDAD* : Rabia e indignación. Este es el sentimiento de los vecinos de Urbanova que se quejan del escaso eco que han tenido sus reivindicaciones ante la administración central , que ha incumplido sus promesas de acometer los proyectos urbanísticos que mejoren esta zona turística de Alicante. Así lo manifestó el presidente de la asociación de vecinos de este barrio situado en la franja sur del litoral del término municipal, próximo al aeropuerto de El Altet, Jesús Gómez de Villavedón, que recordó que llevan planteando sus reivindicaciones desde hace más de una década, sin que hayan obtenido una respuesta favorable a sus demandas. Entre ellas, la urbanización de la carretera de acceso al barrio y el arreglo del paseo marítimo Tomás Durán, cuyo estado de conservación califica de tercermundista, y que no es propio de una zona turística como es Urbanova, a la que acuden miles de ciudadanos durante los veranos.
Estas reclamaciones fueron trasladadas ayer de nuevo a la concejala de Urbanismo, Marta García-Romeu, por una representación de la asociación de vecinos encabezada por su vicepresidente Vicente Buades, que señaló que además han planteado a la edil mejorar la señalización de la carretera de acceso al barrio para garantizar la seguridad de los peatones. También que interceda para evitar el vertido de agua de la desalinizadora a la zona del humedal, lo que provoca la proliferación de mosquitos y molestias para los vecinos de Urbanova.
Buades indicó que si bien García-Romeu no tiene competencias en el paseo litoral y la carretera, sí puede mantener contactos con el nuevo gobierno e incidir en la necesidad de que se acometan estos proyectos tan necesarios para el barrio.
Por su parte, Gómez de Villavedón recordó que en 2008 la subdelegada del Gobierno, les aseguró que en los presupuestos generales del Estado se contemplaba una partida de tres millones de euros para renovar el paseo litoral, y se preguntaba «dónde esta ese dinero, porque nosotros no hemos visto ni una sola actuación de mejora»
Los vecinos reiteraron también la necesidad de la urbanización de la vía de circulación de acceso al barrio, que enlaza desde la carretera de Santa Pola con el barrio y los Arenales del Sol, y señala que está aprobada desde el año 2006 pero que sin embargo no se ha iniciado ninguna actuación tendente a mejorar esta vía.
Rotonda y señalización
Recuerdan que la carretera esta impracticable por el paso de los camiones de gran tonelaje que han trabajado en la construcción de la desalinizadora de Aguamarga. Gómez de Villavedón indicó que «el proyecto previsto en esta vía contemplaba el arreglo de la carretera de Urbanova para convertirla en un eje de comunicación más urbano, con aceras de seis metros de ancho, nueva iluminación, bancos y plantaciones de palmeras. Por ello, reivindica que el Ayuntamiento acometa, por lo menos, las obras de señalización de pasos de peatones y limites de velocidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, considera que otra de las actuaciones urgentes que se han de llevar a cabo es la de completar la urbanización de la rotonda situada en el cruce de la carretera de Santa Pola y restablecer la señalización del acceso a Urbanova que se eliminó con las actuaciones que se realizaron y que no se ha repuesto.
* La Verdad- 22.12.11
Foto: Carretera de acceso a Urbanova. :: CARLOS RODRÍGUEZ
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ELPAíS/Ourense*: Medio centenar de vecinos de O Irixo se adueñaron ayer del ayuntamiento durante el pleno extraordinario que aprobó el nuevo plan general de urbanismo, celebrado a la misma hora que el sorteo de lotería de Navidad, para protestar por la decisión de instalar una planta de tratamiento de residuos en el municipio, sin concurso público y con gestión de la empresa Estela Eólica. Pertrechados con bolsas llenas de basura y pancartas que tachaban al alcalde de "traidor", increparon al gobierno encabezado por Manuel Penedo, devoto baltarista que gestiona el municipio desde hace 17 años. Aunque faltaba un edil: Manuel Cardedo, que presentó su dimisión horas antes "por motivos personales".
El pleno aprobó en menos de cuatro minutos la nueva normativa urbanística y rechazó una petición del grupo socialista para celebrar un debate sobre la instalación industrial. El alcalde finalizó la sesión y, entre los gritos y abucheos de los vecinos, corrió a encerrarse en su despacho. Los vecinos entraron por la brava en él y entablaron con el regidor un acalorado diálogo salpicado de acusaciones como "cacique" o "inquisidor".
Penedo insistía en que no era momento de hablar del tema, pero mostró a los vecinos, para responder a su pregunta sobre qué beneficios reportará a la comarca la planta de basuras, una carpeta repleta de currículos. "La riqueza está en los 300 trabajadores que pidieron puesto de trabajo", aseguró desde el sillón de su oficina.
Ya en debate, sus paisanos le recordaron que un alcalde no puede otorgar puestos de trabajo en una empresa privada. "Colocarás a la gente que te parezca, como siempre", le espetó un joven. Otro vecino le recriminó que hubiera ido "pidiendo el voto puerta por puerta" pese a "no haber hecho nunca nada, y ahora que traes algo, es veneno". "Creo que esta conversación terminó", zanjó el alcalde, que a los 10 minutos abandonó el ayuntamiento por una escalera lateral, con otros concejales, mientras los vecinos seguían increpándole desde las ventanas del edificio.
El portavoz del PSOE, Javier Rodríguez, acusó a Penedo de tratar el tema "con oscurantismo". "Los vecinos se están enterando de las cosas por la prensa", dijo. El regidor insiste en que, "debido a la tensión", no es momento de hablar con los vecinos. Estos ya tramitan la creación de una coordinadora que aglutinará a unos 400 residentes de más de 10 parroquias para hacer frente a la planta basurera. El pasado sábado ya se reunieron más de 250 personas para recibir información. El portavoz de la coordinadora, Alberto González, asegura que no tienen ningún objetivo político, "ya que hay gente que reconoce que votó siempre al alcalde". Tras la bronca en la casa consistorial, varios vecinos se declaraban "decepcionados" con su regidor porque pensaban que era "una buena persona" a la que votaron "toda su vida".
La oposición sigue sumando apoyos. Esta semana otras organizaciones, como los ecologistas de Coto do Frade o la plataforma contra la incineradora del Deza, han criticado el proyecto. También el alcalde popular de Lalín, José Crespo, presentó una moción al próximo pleno municipal para reclamar a la Xunta que "estudie otras posibles localizaciones, a fin de que se reduzcan los quilómetros de transporte de la zona sur".
El PSOE llevó al Parlamento de Galicia una moción que instaba la paralización de la planta porque "condena a Galicia a más incineración y más vertederos". Fue rechazada con los votos del PP. La socialista Carmen Gallego también reclamó el desarrollo de una normativa autonómica sobre compostaje a partir de la Lei de Residuos de Galicia. La portavoz del BNG, Isabel Sánchez Montenegro, subrayó que con la planta "se realizará la actividad más sucia y que crea menor número de puestos de trabajo". Pero Daniel Varela, por el PP, la defendió porque "el actual sistema es más contaminante". Aseguró que "habría polémica, se ponga donde se ponga", rechazó los efectos tóxicos que se atribuyen al sistema y resaltó que el plan de residuos de la Xunta sigue "el modelo" impuesto por una directiva europea.
La incineración concita las mayores críticas. Sogama trata ahora el 82% de los residuos generados en Galicia. Quema un 55% de lo que recibe y acumula en vertedero el 44%. Solo recicla o composta el 1% restante. En la UE, el promedio de depósito en vertedero se sitúa en un 40%, un 20% se incinera, un 23% se recicla y el 17% restante se destina a compostaje. Expertos y ecologistas aseguran que la planta de O Irixo incinerará más que la de Cerceda.
TVG graba y no emite
Las cámaras de la TVG estuvieron en O Irixo grabando toda la secuencia de la ocupación vecinal del ayuntamiento, pero no las emitió. En la escaleta del Telexornal Mediodía no se dedicó ni un minuto a lo ocurrido. Tampoco el Galicia Noticias Mediodía se refirió en ningún momento a ello. La web del ente público, en cambio, refleja lo sucedido en una breve noticia de 10 líneas, sin imágenes y en la que asegura que hubo "protestas vecinales" durante el pleno.
La última referencia audiovisual de la TVG sobre la planta basurera, según Internet, fue emitida el pasado día 6 en el informativo matinal Bos Días. En ella el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, anunciaba el proyecto y se reseñaba en cinco segundos la existencia de críticas de asociaciones ecologistas y alcaldes socialistas contra el mismo. Tampoco ninguna información hace referencia a la oposición de alcaldes del PP, como los de Lalín, José Crespo, y Dozón, Adolfo Campos.
En varias ocasiones, como la Operación Campeón o las ayudas del Igape, el comité de empresa de la TVG ha expresado su malestar por "la manipulación del tratamiento informativo" desde la dirección.
* El País - PABLO TABOADA - O Irixo - 23/12/2011
Foto: O Irixo- turismo
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ANTONIO TORREJÓN IGLESIAS* :
Actualmente nuestra ciudad bien podría definirse como capital del paro, ciudad encaminada exclusivamente al turismo para reducir el empobrecimiento de sus ciudadanos. El Ayuntamiento quiere que Cádiz se incluya en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad. Esto sería un logro muy importante no sólo por el turismo que atraería sino por la ventaja que supone poder conservar a la Trimilenaria. Pero, ¿se esfuerza el Consistorio en proteger el patrimonio gaditano como para pedir a la Unesco este reconocimiento? Echemos un vistazo a lo ocurrido en nuestra ciudad desde hace tan solo unos meses:
Se han eliminado en la calle Plocia y en otras del barrio de Santa María los bolos del s. XVIII traídos de América. Se están eliminando, además, el suelo de chino lavado de la plaza de San Juan de Dios que fue colocado en 1929 y es el único pavimento que nos queda de esta época, con un diseño propio de ciudades costeras, ondas marinas y dibujos geométricos.
El urbanismo gaditano está considerado el mejor conservado en Europa del s. XVIII. Todos los expertos en patrimonio ven necesario conservar el conjunto arquitectónico de nuestro casco histórico por ser uno de los elementos más singulares de nuestra ciudad. Sin embargo, se permiten edificaciones que rompen la homogeneidad e idiosincrasia de la arquitectura gaditana. Pasemos a citar algunos de los últimos ejemplos: quizá el más inverosímil de todos sea el Teatro Cómico, un edificio dispuesto como si fuera un cubo que contrasta con las casas de los siglos XVII y XVIII que se encuentra en su alrededor. Asimismo el proyecto del nuevo Museo del Carnaval que hemos podido conocer por la prensa, no ofrece más que formas extravagantes. ¿Será que buscan parecer modernos? Pues nada más lejos de la realidad, lo moderno debe ser, en todo caso, proteger el patrimonio, no dejar la huella del político de turno mediante experimentos arquitectónicos a costa de sacrificar la uniformidad del caserío gaditano.
Ese intento de pasar a la Historia por el 'mecenazgo' de grandes empresas arquitectónicas y/o industriales llega a atentar contra el paisaje cultural, me estoy refiriendo a las obras acometidas en la zona de Santa Bárbara. La Alameda es el mirador más bello que tiene Cádiz para mirar a la Bahía y se ha visto alterado por la construcción del nuevo aparcamiento, que si bien puede ser necesaria su construcción, no hacía falta que la entrada al mismo fuera tan agresiva al paisaje y al entorno, por sus materiales, hormigón visto, y sus dimensiones, puesto que impide visualizar la Bahía desde el acceso por la calle González Tablas. Asimismo dentro del proyecto cabe destacar la extravagancia del mobiliario urbano que rompe con este paseo de la Alameda y del Parque Genovés, unas de las pocas zonas que nos quedan en Cádiz del entramado urbano del Romanticismo. No se trata de llevar a cabo mimetismos sino de saber contextualizar las obras de nueva creación en el ambiente ya existente. Así por ejemplo las farolas resultan desagradables a la vista porque contrastan agresivamente con las farolas isabelinas que ya existían. En el paseo de Canalejas, sin embargo, sí se han colocado farolas de diseño clásico que encajan mucho mejor, y es que, hacer las cosas bien es mucho más fácil que hacerlas mal.
Por último, no quiero dejar de hablar de la vulnerabilidad del patrimonio mueble de la arquitectura doméstica. En los últimos meses esta asociación ha denunciado ante el Consistorio y en la prensa distintas infracciones que ni siquiera han tenido respuesta por parte de la administración competente. El caso más lamentable lo tenemos en la finca número 16 de la calle Cervantes, de repente, un día de junio del presente año vimos cómo una casa-puerta isabelina se ve desprovista de sus yeserías y tondos clásicos, sustituido todo ello por azulejos mediocres que han suprimido por completo el empaque de la entrada de esta casa, que era uno de los mejores ejemplos del centro de Cádiz. También podríamos citar la finca 27 de la calle Barrié y la casa nº1 de la calle Novena, en ambas ha desaparecido el suelo de mármol y los brocales de pozo, todos lo elementos traídos de Génova en el s. XVIII. Pero nada de ésto se tira a la basura aunque se diga que sí, siempre hay alguien que sabe sacarle rentabilidad. Así poco a poco vamos perdiendo la identidad del urbanismo gaditano. Podríamos terminar hablando de la Casa Pinillos, ejemplo de que no sólo el Ayuntamiento se relaja en cuestiones de patrimonio. Se ha rehabilitado muy bien como sala de exposiciones pero la restauración como casa burguesa del s. XIX deja mucho que desear, aunque conocidos arquitectos e historiadores están encantados con los resultados. Y es que ésto de que los expertos estén al servicio de algún partido político sólo trae como consecuencia la falta de protección del patrimonio porque nadie se atreve a denunciar con libertad lo que realmente piensa.
* ANTONIO TORREJÓN IGLESIAS MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN CÁDIZ ILUSTRADA
* La voz Digital - Opinión - 20.12.11
Foto: Entrada del nuevo parking de Santa Bárbara - lavoz
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ELPAÍS* : El primer redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Lluís Cantallops, admitió ayer haber recibido presiones para influir en su trabajo entre 1999 y 2005, cuando desarrolló su tarea. Presiones "indirectas", puntualizó, a través de los técnicos y que dijo "no poder asegurar" de donde procedían.
El arquitecto catalán vinculó su despido en 2005 a su mala relación con Luis Díaz Alperi. "No nos entendíamos", enfatizó en referencia al exalcalde. Preguntado por los periodistas, consideró que "seguramente" lo destituyeron porque Alperi quería interferir en el PGOU. Según Cantallops, Alperi era "más guerrero", mientras que de Sonia Castedo, exedil de Urbanismo y actual alcaldesa, dijo que era "más discreta". Cantallops recordó que estuvo en desacuerdo con la decisión de excluir del PGOU la tramitación del Plan Rabassa, el polémico macroproyecto urbanístico de Enrique Ortiz. El arquitecto, por otro lado, negó haber recibido indicaciones para reunirse con promotores y aseguró no conocer a Ortiz.
Cantallops fue el primero de los tres testigos citados ayer a declarar en el juzgado de Instrucción 5 de Alicante, que instruye la rama del caso Brugal que investiga el supuesto amaño del planeamiento a favor de Enrique Ortiz.Pese a la referencia directa de Cantallops a Castedo, fuentes jurídicas presentes en la sala explicaron que durante su declaración el arquitecto aseguró que la interlocución política empezó a decaer coincidiendo con la llegada de la actual alcaldesa de Alicante al área de Urbanismo, en el año 2003.
Durante su declaración, Cantallops añadió que la indicación que recibió de Castedo fue excluir el Plan Rabassa del PGOU y también otra zona cuyo desarrollo estaba previsto en el límite con el término municipal de Xixona, según detallaron fuentes jurídicas. Según estas mismas fuentes, Cantallops presentó un planeamiento completo que "murió por inanición" al no haber voluntad política de completar su tramitación. En 2007, el Ayuntamiento de Alicante tuvo que abonar 32.770 euros por rescindir oficialmente el contrato con la empresa Segesta, SA, de Cantallops. Y en febrero de 2008 se adjudicó la redacción del plan a Laboratorios de Proyectos, de Jesús Quesada, imputado en la causa.
Tras Cantallops entró a declarar Miguel Ángel Cano, jefe de planeamiento de Urbanismo y uno de los técnicos que fue relegado durante la remodelación del departamento en 2007. Cano respondió a las preguntas durante más de tres horas y a la salida del juzgado, visiblemente irritado, no quiso hacer declaraciones. Fuentes jurídicas presentes en la sala, sin embargo, detallaron que Cano dejó claro que Cantallops entregó en diciembre de 2004 el nuevo Plan General completo (y no a medidas como algunas fuentes apuntan) y que entre ese momento y 2007 no hubo voluntad política de tramitarlo aunque reunía las condiciones para haber salido a exposición pública. Las mismas fuentes agregan que Jesús Quesada fue contratado para redactar un plan distinto, "desarrollista", frente al más "contenido" que planteaba Cantallops.
Cano aseguró también no conocer al hermano de Sonia Castedo, José Luis Castedo, socio junto con Javier Gutiérrez del despacho de abogados Salvetti, bufete que la investigación cree que sirvió a Alperi de puente para facilitar los datos secretos del Plan General a Ortiz. A partir de ahí, las distintas fuentes difieren en sus declaraciones. Unas aseguraron que Cano declaró que ni Gutiérrez ni Castedo resolvían alegaciones, labor que atribuyen a una comisión con técnicos municipales y el equipo redactor. Otras fuentes, sin embargo, matizan que Cano aseguró conocer a Gutiérrez de alguna reunión sobre las alegaciones al PGOU. El técnico negó haber recibido presiones políticas para beneficiar en el planeamiento a ningún empresario y según algunas fuentes aseguró que Cantallops fue despedido después de reclamar un aumento de sus honorarios.
Tras Cano entró a declarar ya por la tarde el exconcejal de Seguridad Pablo Suárez, hombre de confianza de Alperi durante 14 años en el Ayuntamiento de Alicante y al que Castedo destituyó menos de un año después de asumir la alcaldía. El sumario del caso Brugal recoge que Suárez fue destituido tras negarse a una adjudicación a la empresa del hijo de Alperi.
Tras una breve declaración, Suárez aseguró a la salida del juzgado que su destitución obedeció simplemente a que dejó de ser persona de confianza de Sonia Castedo. "Yo no entraba en sus planes", esgrimió Suárez, quien aseguró a renglón seguido que la nueva alcaldesa remodeló toda el área y no solo su puesto.
Suárez también aseguró que el hijo de Alperi les hizo una consulta pero que en ningún caso se le denegó adjudicación alguna. El exconcejal del Ayuntamiento de Alicante también negó haber sido presionado por Alperi en ningún sentido relacionado con su hijo.
Hoy están llamados a declarar en calidad de testigos ante el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante tres trabajadores del promotor Enrique Ortiz.
* ElPaís - ROSA BIOT - Alicante - 22/12/2011
Foto: Alperi y Castedo - adn
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DIARIODEMALLORCA* : Nueva condena para Jaume Massot por el caso Andratx. Un juzgado de Palma impuso ayer al exjefe de Urbanismo de Andratx y exdirector general de Ordenación del Territorio del Govern Matas un año de prisión por un delito de prevaricación urbanística. Massot admitió los hechos y aceptó la pena por autorizar una licencia de construcción de una vivienda en una zona protegida en la que era imposible urbanizar.
El exalto cargo también fue condenado a ocho años de inhabilitación especial para cargo o función pública en la administración estatal, local o autonómica. Además, la magistrada declaró la nulidad de las licencias administrativas otorgadas en este procedimiento, que se corresponde con la pieza separada 18 del caso Andratx.
Estas penas se consideran ya cumplidas por el imputado, debido a que Jaume Massot, actualmente en prisión, fue condenado anteriormente a las penas máximas previstas para el delito continuado de prevaricación urbanística. Así, se le ha apreciado al sospechoso la continuidad delictiva entre los hechos enjuiciados en esta causa con los ya juzgados en la Audiencia de Palma.
El acusado dio luz verde a una licencia de construcción en una parcela rústica de Andratx que contaba con una superficie de 7.828 metros cuadrados. La finca estaba clasificada como suelo no urbanizable de especial protección con la categoría de Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP).
Según la fiscalía, dado el nivel de protección legal vigente y su superficie, era imposible, legalmente, autorizar la construcción en dicha parcela de una vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.
Lo único existente en el lugar eran las ruinas de una pequeña caseta de herramientas o aperos que nunca había constituido una vivienda ni una morada.
En septiembre de 1999, la dueña vendió la finca a una sociedad. En 2001, otra empresa adquirió la parcela y, finalmente, en febrero de 2002, una ciudadana extranjera la compró. Esta última adquisición se realizó cuando era inminente la concesión de la licencia. Meses antes, un arquitecto había redactado un proyecto con una solicitud de licencia de "rehabilitación de vivienda unifamiliar". El profesional previamente se había entrevistado con Jaume Massot, que entonces era el jefe de Urbanismo de Andratx, quien le aconsejó sobre el contenido del proyecto, pese a saber que se trataba de una zona ARIP en la que no se podía construir. Además, Massot en 1999 emitió un informe que detallaba la existencia en dicha parcela de una edificación en estado ruinoso de dos plantas con una superficie de 50 metros cuadrados. Por tanto, el acusado conocía que era imposible construir en el lugar según la normativa vigente. Al final, el ayuntamiento de Andratx otorgó la licencia de rehabilitación de vivienda en 2002.
La última propietaria de la parcela cambió de arquitectos y quiso modificar el proyecto inicial, por lo que se solicitó una nueva licencia de "reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada" en julio de 2003. Tras superar los trámites oportunos, la nueva licencia fue otorgada el 1 de octubre de 2004. Las obras no se terminaron ya que fueron paradas en 2007.
Por otro lado, Jaume Massot, defendido por Fernando Mateas, y el letrado Ignacio Mir, asistido por Josep Zaforteza, fueron absueltos ayer por un juzgado penal de Palma después de que fiscalía y acusación retiraran los cargos contra ellos por prevaricación en la pieza separada número 36 del caso Andratx.
* Diario de Mallorca - 22.12.11
Foto: El exalto cargo condenado, Jaume Massot. miquel Massutí
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CLARÍN/Italia* : Parece imposible hablar de crisis cuando se circula por los puentes de Venecia atestados de turistas, una plaza San Marco desbordante de todos los idiomas posibles y colas interminables para ingresar a cualquier Palazzo que valga la pena visitar. En esta ciudad entran 20 millones de turistas por año, pero no por eso la situación aquí deja de ser preocupante. Como en el resto de Italia, aunque no se vea tanto, la gente también siente el impacto de la peor tormenta económica desde la Segunda Guerra mundial. El periodista argentino Ruben Oliva, que vive en Milán y ha rodado documentales sobre esta ciudad, asegura que Venecia se está convirtiendo en una especie de Disneylandia: “La gente viene por un día, mira y se va”, grafica. Pocos se quedan a dormir, muchos de ellos lo hacen en los enormes cruceros que amarran en el puerto y otros tanto se llevan su sándwich para evitar ir a un restaurant. Los comerciantes se quejan por este fenómeno y dicen que hay menos turistas estadounidenses y europeos –que solían gastar bastante- y que hay más asiáticos, que tienden a mirar más y desembolsar poco. Los franceses y los estadounidenses, que antes solían arrasar, ahora cuidan su bolsillo: “Compran menos. Esto es por la crisis mundial”, dice Leandro Valente, un vendedor de cristales de Murano.
A esta situación se suman los recientes planes de ajuste del gobierno de Silvio Berlusconi –aún no entraron en vigencia los de Mario Monti— que también dejan su huella en esta ciudad. A orillas del Gran Canal, un grupo de estudiantes está librando una pelea para que la Universidad –que tiene menos presupuesto- no venda un valioso palazzo, sede de la Facultad de Urbanismo.
Parece un escenario argentino, con pancartas pintadas a mano y un puñado de estudiantes que tomaron el Palazzo Ca`Tron y duermen en colchones instalados en una habitación del imponente edificio de tres pisos y un amplio jardín. “Intentamos, como estudiantes y ciudadanos venecianos, que este edificio no se venda a particulares”, dice Ricardo Bermani, de 23 años. El lugar pertenece a la Universidad de Urbanismo y Arquitectura de Venecia, señala. “Pretenden venderlo para hacerlo efectivo. Porque este edificio vale mucho, cuesta como mínimo 30 millones de euros. Está sobre el Gran Canal, es muy importante, frente al Casino de Venecia.”, explica. “La Universidad lo quiere hacer efectivo para poder tener dinero, para luchar contra esta crisis, para conseguir mantener la Universidad, pero no es una forma que consideremos acertada”.
El profesor de Urbanismo Stefano Boato, que apoya la toma, pone contexto al tema: “La Universidad tuvo muchos recortes a nivel nacional. El gobierno ha ido dando cada vez menos financiamiento y cada vez hay menos personal. Por cada uno de nosotros que se jubila, se reemplaza a menos de la mitad”, cuenta el profesor. Y destaca que la Universidad ya ha vendido tres o cuatro palazzos sobre el Gran Canal “para transformarlos en hoteles, para hacerlos caja”.
Los proveedores del Estado también tienen problemas por los recortes. Carlos Brassesco, arquitecto argentino que tiene uno de los talleres de máscaras artesanales más tradicionales de Venecia –y que suele facilitar sus materiales a grandes producciones de Hollywood- explica que él solía participar en la ornamentación de los grandes eventos de la ciudad, como el Carnaval. Pero señala que tuvo que reducir su taller porque por el ajuste de presupuesto de la municipalidad de Venecia le pagaban mucho tiempo después, mucho menos o no le pagaban. Y dice que, por los recortes, el Carnaval del año próximo aún no está organizándose.
A pocos kilómetros de Venecia, en tierra firme, está la ciudad de Marghera, que supo ser un polo industrial poderoso y pujante hace unas décadas. Es la contracara de Venecia: nada de encanto y romanticismo, pura fábrica, humo y acero. Pero este centro fabril, que antes solía albergar a 40.000 obreros que trabajaban en astilleros, siderúrgicas, fábricas de plásticos, aluminio, vidrio, etc., ahora parece una ciudad fantasma.
“La zona cambió”, dice Marica Giacomini, dueña de una tabacchería enfrente de la zona que solía ser un hormigueo de trabajadores. “Ahora no hay tránsito. Hace dos o tres años había cola de autos de obreros que volvían a su casa porque salían de las fábricas”, cuenta. Su marido, Sabatino Angeloni, señala: “La situación en este momento es muy crítica porque las fábricas que cerraron son cuatro, de distintas empresas y se habla casi de 2.000 personas”.
Umberto Tronchini, secretario de la principal central obrera italiana, la CGIL, en el Véneto, traza un panorama dramático: “La que estamos viviendo es la peor crisis. Porque el Véneto siempre se destacó por tener su propia producción que permitía tener un nivel de ocupación que era, después de la Lombardía, la segunda región italiana en términos de posibilidades ocupacionales. Había un desempleo muy bajo. Hoy, el Véneto está sufriendo un fuerte incremento de la desocupación, en particular la provincia de Venecia que sufre mucho más”.
En Italia uno de cada tres jóvenes está desempleado. El Estado italiano es uno de los más endeudados del mundo (1.9 billones de euros, el 120% del PBI) y los planes de ajuste de los últimos años suman unos 70.000 millones de euros.
En la región de Verona, más al norte en el territorio italiano, la situación no es demasiado diferente a la de Venecia y el resto del país. Susana La Salvia, una locutora argentina que vive hace varias décadas en Italia, cuenta que la ciudad de Romeo y Julieta hoy tiene un paisaje singular, con negocios cerrados y casas en venta. “La cosa está un poquito peor, se están viendo muchos negocios vacíos o que abren, sobreviven dos meses y tienen que cerrar porque no pueden mantener los costos”, señala. “También hay muchas empresas que mandan a la gente a su casa y les siguen pagando el salario mínimo mientras esperan a ver qué pasa”.
Su marido, el contador italiano Michele Peyrani, trabaja recaudando fondos para una fundación de investigación médica. Dice que este año hubo “una reducción drástica” de aportes de las empresas. Y eso afecta directamente su trabajo y su vida diaria: “Tenemos que cuidar el consumo porque no sabemos exactamente si el mes próximo el sueldo llega o cuándo llega”, señala y agrega que ya le han demorado varias veces el pago de la mensualidad.
Peyrani dice estar preocupado por el futuro de su trabajo. “Tengo 50 años, o sea que si pierdo un empleo en este momento será difícil reinsertarse”, murmura. “Hay mucha precariedad. Lo sentimos los de 50, mucho más lo sienten los de 20”
A su lado, Susana, más acostumbrada a las crisis, sonríe: “Yo soy argentina, así que miedo e incertidumbre...¡nací con esa energía!”.
* Clarín - PAULA LUGONES - 18.12.11
Foto: Venecia (Italia), vista - arte
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LAVOZ/A Coruña* : El Concello de Carballo recibió ayer la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) aprobado en el 2003, aprovechando el período transitorio establecido en la Ley 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural en Galicia. Precisamente, las prisas para sacar adelante el documento en aquel momento provocaron las infracciones en el procedimiento de elaboración y aprobación que dieron lugar a la nulidad.
La confirmación del fallo emitido en marzo del 2007 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se esperaba desde hace semanas. En el Ayuntamiento, tanto el gobierno como la oposición tenían nulas esperanzas en una decisión diferente a la de hace casi cinco años. De hecho, el recurso de casación ha sido, en buena medida, un intento de ganar tiempo para sacar adelante un PGOM alternativo.
Pero la nueva ordenación todavía no está lista. El Concello de Carballo acaba de presentar, por segunda vez, el documento de inicio en la Secretaría Xeral de Urbanismo, que tiene dos meses de plazo para emitir su informe. El anterior fue desfavorable, y tampoco existen muy buenas expectativas para el próximo, que, de cualquier modo, no llegará a tiempo.
Por lo tanto, a partir de ahora volverán a regir las normas subsidiarias aprobadas en los años ochenta. En 1980 se estableció una delimitación del perímetro urbano con una serie de sectores que tienen su propia regulación, y se crearon dos ámbitos que se correspondían con el polígono industrial y con la zona costera. Cuatro años después se definió la ordenación urbanística del resto del municipio y se estableció el aprovechamiento del suelo, la urbanización y el nivel de edificación.
Los técnicos municipales han dedicado las últimas semanas a contrastar los documentos para determinar en qué zonas será preciso suspender licencias. Debido a la crisis del sector inmobiliario, la sentencia del Tribunal Supremo llega en el momento menos malo.
* La Voz de Galicia - 20.12.11
Foto: Carballo (A Coruña) - LuisM. Bugallo Sánchez, wikipedia.org
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