ELPAÍS* : El primer redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Lluís Cantallops, admitió ayer haber recibido presiones para influir en su trabajo entre 1999 y 2005, cuando desarrolló su tarea. Presiones "indirectas", puntualizó, a través de los técnicos y que dijo "no poder asegurar" de donde procedían.
El arquitecto catalán vinculó su despido en 2005 a su mala relación con Luis Díaz Alperi. "No nos entendíamos", enfatizó en referencia al exalcalde. Preguntado por los periodistas, consideró que "seguramente" lo destituyeron porque Alperi quería interferir en el PGOU. Según Cantallops, Alperi era "más guerrero", mientras que de Sonia Castedo, exedil de Urbanismo y actual alcaldesa, dijo que era "más discreta". Cantallops recordó que estuvo en desacuerdo con la decisión de excluir del PGOU la tramitación del Plan Rabassa, el polémico macroproyecto urbanístico de Enrique Ortiz. El arquitecto, por otro lado, negó haber recibido indicaciones para reunirse con promotores y aseguró no conocer a Ortiz.
Cantallops fue el primero de los tres testigos citados ayer a declarar en el juzgado de Instrucción 5 de Alicante, que instruye la rama del caso Brugal que investiga el supuesto amaño del planeamiento a favor de Enrique Ortiz.Pese a la referencia directa de Cantallops a Castedo, fuentes jurídicas presentes en la sala explicaron que durante su declaración el arquitecto aseguró que la interlocución política empezó a decaer coincidiendo con la llegada de la actual alcaldesa de Alicante al área de Urbanismo, en el año 2003.
Durante su declaración, Cantallops añadió que la indicación que recibió de Castedo fue excluir el Plan Rabassa del PGOU y también otra zona cuyo desarrollo estaba previsto en el límite con el término municipal de Xixona, según detallaron fuentes jurídicas. Según estas mismas fuentes, Cantallops presentó un planeamiento completo que "murió por inanición" al no haber voluntad política de completar su tramitación. En 2007, el Ayuntamiento de Alicante tuvo que abonar 32.770 euros por rescindir oficialmente el contrato con la empresa Segesta, SA, de Cantallops. Y en febrero de 2008 se adjudicó la redacción del plan a Laboratorios de Proyectos, de Jesús Quesada, imputado en la causa.
Tras Cantallops entró a declarar Miguel Ángel Cano, jefe de planeamiento de Urbanismo y uno de los técnicos que fue relegado durante la remodelación del departamento en 2007. Cano respondió a las preguntas durante más de tres horas y a la salida del juzgado, visiblemente irritado, no quiso hacer declaraciones. Fuentes jurídicas presentes en la sala, sin embargo, detallaron que Cano dejó claro que Cantallops entregó en diciembre de 2004 el nuevo Plan General completo (y no a medidas como algunas fuentes apuntan) y que entre ese momento y 2007 no hubo voluntad política de tramitarlo aunque reunía las condiciones para haber salido a exposición pública. Las mismas fuentes agregan que Jesús Quesada fue contratado para redactar un plan distinto, "desarrollista", frente al más "contenido" que planteaba Cantallops.
Cano aseguró también no conocer al hermano de Sonia Castedo, José Luis Castedo, socio junto con Javier Gutiérrez del despacho de abogados Salvetti, bufete que la investigación cree que sirvió a Alperi de puente para facilitar los datos secretos del Plan General a Ortiz. A partir de ahí, las distintas fuentes difieren en sus declaraciones. Unas aseguraron que Cano declaró que ni Gutiérrez ni Castedo resolvían alegaciones, labor que atribuyen a una comisión con técnicos municipales y el equipo redactor. Otras fuentes, sin embargo, matizan que Cano aseguró conocer a Gutiérrez de alguna reunión sobre las alegaciones al PGOU. El técnico negó haber recibido presiones políticas para beneficiar en el planeamiento a ningún empresario y según algunas fuentes aseguró que Cantallops fue despedido después de reclamar un aumento de sus honorarios.
Tras Cano entró a declarar ya por la tarde el exconcejal de Seguridad Pablo Suárez, hombre de confianza de Alperi durante 14 años en el Ayuntamiento de Alicante y al que Castedo destituyó menos de un año después de asumir la alcaldía. El sumario del caso Brugal recoge que Suárez fue destituido tras negarse a una adjudicación a la empresa del hijo de Alperi.
Tras una breve declaración, Suárez aseguró a la salida del juzgado que su destitución obedeció simplemente a que dejó de ser persona de confianza de Sonia Castedo. "Yo no entraba en sus planes", esgrimió Suárez, quien aseguró a renglón seguido que la nueva alcaldesa remodeló toda el área y no solo su puesto.
Suárez también aseguró que el hijo de Alperi les hizo una consulta pero que en ningún caso se le denegó adjudicación alguna. El exconcejal del Ayuntamiento de Alicante también negó haber sido presionado por Alperi en ningún sentido relacionado con su hijo.
Hoy están llamados a declarar en calidad de testigos ante el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante tres trabajadores del promotor Enrique Ortiz.
* ElPaís - ROSA BIOT - Alicante - 22/12/2011
Foto: Alperi y Castedo - adn
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DIARIODEMALLORCA* : Nueva condena para Jaume Massot por el caso Andratx. Un juzgado de Palma impuso ayer al exjefe de Urbanismo de Andratx y exdirector general de Ordenación del Territorio del Govern Matas un año de prisión por un delito de prevaricación urbanística. Massot admitió los hechos y aceptó la pena por autorizar una licencia de construcción de una vivienda en una zona protegida en la que era imposible urbanizar.
El exalto cargo también fue condenado a ocho años de inhabilitación especial para cargo o función pública en la administración estatal, local o autonómica. Además, la magistrada declaró la nulidad de las licencias administrativas otorgadas en este procedimiento, que se corresponde con la pieza separada 18 del caso Andratx.
Estas penas se consideran ya cumplidas por el imputado, debido a que Jaume Massot, actualmente en prisión, fue condenado anteriormente a las penas máximas previstas para el delito continuado de prevaricación urbanística. Así, se le ha apreciado al sospechoso la continuidad delictiva entre los hechos enjuiciados en esta causa con los ya juzgados en la Audiencia de Palma.
El acusado dio luz verde a una licencia de construcción en una parcela rústica de Andratx que contaba con una superficie de 7.828 metros cuadrados. La finca estaba clasificada como suelo no urbanizable de especial protección con la categoría de Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP).
Según la fiscalía, dado el nivel de protección legal vigente y su superficie, era imposible, legalmente, autorizar la construcción en dicha parcela de una vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.
Lo único existente en el lugar eran las ruinas de una pequeña caseta de herramientas o aperos que nunca había constituido una vivienda ni una morada.
En septiembre de 1999, la dueña vendió la finca a una sociedad. En 2001, otra empresa adquirió la parcela y, finalmente, en febrero de 2002, una ciudadana extranjera la compró. Esta última adquisición se realizó cuando era inminente la concesión de la licencia. Meses antes, un arquitecto había redactado un proyecto con una solicitud de licencia de "rehabilitación de vivienda unifamiliar". El profesional previamente se había entrevistado con Jaume Massot, que entonces era el jefe de Urbanismo de Andratx, quien le aconsejó sobre el contenido del proyecto, pese a saber que se trataba de una zona ARIP en la que no se podía construir. Además, Massot en 1999 emitió un informe que detallaba la existencia en dicha parcela de una edificación en estado ruinoso de dos plantas con una superficie de 50 metros cuadrados. Por tanto, el acusado conocía que era imposible construir en el lugar según la normativa vigente. Al final, el ayuntamiento de Andratx otorgó la licencia de rehabilitación de vivienda en 2002.
La última propietaria de la parcela cambió de arquitectos y quiso modificar el proyecto inicial, por lo que se solicitó una nueva licencia de "reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada" en julio de 2003. Tras superar los trámites oportunos, la nueva licencia fue otorgada el 1 de octubre de 2004. Las obras no se terminaron ya que fueron paradas en 2007.
Por otro lado, Jaume Massot, defendido por Fernando Mateas, y el letrado Ignacio Mir, asistido por Josep Zaforteza, fueron absueltos ayer por un juzgado penal de Palma después de que fiscalía y acusación retiraran los cargos contra ellos por prevaricación en la pieza separada número 36 del caso Andratx.
* Diario de Mallorca - 22.12.11
Foto: El exalto cargo condenado, Jaume Massot. miquel Massutí
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CLARÍN/Italia* : Parece imposible hablar de crisis cuando se circula por los puentes de Venecia atestados de turistas, una plaza San Marco desbordante de todos los idiomas posibles y colas interminables para ingresar a cualquier Palazzo que valga la pena visitar. En esta ciudad entran 20 millones de turistas por año, pero no por eso la situación aquí deja de ser preocupante. Como en el resto de Italia, aunque no se vea tanto, la gente también siente el impacto de la peor tormenta económica desde la Segunda Guerra mundial. El periodista argentino Ruben Oliva, que vive en Milán y ha rodado documentales sobre esta ciudad, asegura que Venecia se está convirtiendo en una especie de Disneylandia: “La gente viene por un día, mira y se va”, grafica. Pocos se quedan a dormir, muchos de ellos lo hacen en los enormes cruceros que amarran en el puerto y otros tanto se llevan su sándwich para evitar ir a un restaurant. Los comerciantes se quejan por este fenómeno y dicen que hay menos turistas estadounidenses y europeos –que solían gastar bastante- y que hay más asiáticos, que tienden a mirar más y desembolsar poco. Los franceses y los estadounidenses, que antes solían arrasar, ahora cuidan su bolsillo: “Compran menos. Esto es por la crisis mundial”, dice Leandro Valente, un vendedor de cristales de Murano.
A esta situación se suman los recientes planes de ajuste del gobierno de Silvio Berlusconi –aún no entraron en vigencia los de Mario Monti— que también dejan su huella en esta ciudad. A orillas del Gran Canal, un grupo de estudiantes está librando una pelea para que la Universidad –que tiene menos presupuesto- no venda un valioso palazzo, sede de la Facultad de Urbanismo.
Parece un escenario argentino, con pancartas pintadas a mano y un puñado de estudiantes que tomaron el Palazzo Ca`Tron y duermen en colchones instalados en una habitación del imponente edificio de tres pisos y un amplio jardín. “Intentamos, como estudiantes y ciudadanos venecianos, que este edificio no se venda a particulares”, dice Ricardo Bermani, de 23 años. El lugar pertenece a la Universidad de Urbanismo y Arquitectura de Venecia, señala. “Pretenden venderlo para hacerlo efectivo. Porque este edificio vale mucho, cuesta como mínimo 30 millones de euros. Está sobre el Gran Canal, es muy importante, frente al Casino de Venecia.”, explica. “La Universidad lo quiere hacer efectivo para poder tener dinero, para luchar contra esta crisis, para conseguir mantener la Universidad, pero no es una forma que consideremos acertada”.
El profesor de Urbanismo Stefano Boato, que apoya la toma, pone contexto al tema: “La Universidad tuvo muchos recortes a nivel nacional. El gobierno ha ido dando cada vez menos financiamiento y cada vez hay menos personal. Por cada uno de nosotros que se jubila, se reemplaza a menos de la mitad”, cuenta el profesor. Y destaca que la Universidad ya ha vendido tres o cuatro palazzos sobre el Gran Canal “para transformarlos en hoteles, para hacerlos caja”.
Los proveedores del Estado también tienen problemas por los recortes. Carlos Brassesco, arquitecto argentino que tiene uno de los talleres de máscaras artesanales más tradicionales de Venecia –y que suele facilitar sus materiales a grandes producciones de Hollywood- explica que él solía participar en la ornamentación de los grandes eventos de la ciudad, como el Carnaval. Pero señala que tuvo que reducir su taller porque por el ajuste de presupuesto de la municipalidad de Venecia le pagaban mucho tiempo después, mucho menos o no le pagaban. Y dice que, por los recortes, el Carnaval del año próximo aún no está organizándose.
A pocos kilómetros de Venecia, en tierra firme, está la ciudad de Marghera, que supo ser un polo industrial poderoso y pujante hace unas décadas. Es la contracara de Venecia: nada de encanto y romanticismo, pura fábrica, humo y acero. Pero este centro fabril, que antes solía albergar a 40.000 obreros que trabajaban en astilleros, siderúrgicas, fábricas de plásticos, aluminio, vidrio, etc., ahora parece una ciudad fantasma.
“La zona cambió”, dice Marica Giacomini, dueña de una tabacchería enfrente de la zona que solía ser un hormigueo de trabajadores. “Ahora no hay tránsito. Hace dos o tres años había cola de autos de obreros que volvían a su casa porque salían de las fábricas”, cuenta. Su marido, Sabatino Angeloni, señala: “La situación en este momento es muy crítica porque las fábricas que cerraron son cuatro, de distintas empresas y se habla casi de 2.000 personas”.
Umberto Tronchini, secretario de la principal central obrera italiana, la CGIL, en el Véneto, traza un panorama dramático: “La que estamos viviendo es la peor crisis. Porque el Véneto siempre se destacó por tener su propia producción que permitía tener un nivel de ocupación que era, después de la Lombardía, la segunda región italiana en términos de posibilidades ocupacionales. Había un desempleo muy bajo. Hoy, el Véneto está sufriendo un fuerte incremento de la desocupación, en particular la provincia de Venecia que sufre mucho más”.
En Italia uno de cada tres jóvenes está desempleado. El Estado italiano es uno de los más endeudados del mundo (1.9 billones de euros, el 120% del PBI) y los planes de ajuste de los últimos años suman unos 70.000 millones de euros.
En la región de Verona, más al norte en el territorio italiano, la situación no es demasiado diferente a la de Venecia y el resto del país. Susana La Salvia, una locutora argentina que vive hace varias décadas en Italia, cuenta que la ciudad de Romeo y Julieta hoy tiene un paisaje singular, con negocios cerrados y casas en venta. “La cosa está un poquito peor, se están viendo muchos negocios vacíos o que abren, sobreviven dos meses y tienen que cerrar porque no pueden mantener los costos”, señala. “También hay muchas empresas que mandan a la gente a su casa y les siguen pagando el salario mínimo mientras esperan a ver qué pasa”.
Su marido, el contador italiano Michele Peyrani, trabaja recaudando fondos para una fundación de investigación médica. Dice que este año hubo “una reducción drástica” de aportes de las empresas. Y eso afecta directamente su trabajo y su vida diaria: “Tenemos que cuidar el consumo porque no sabemos exactamente si el mes próximo el sueldo llega o cuándo llega”, señala y agrega que ya le han demorado varias veces el pago de la mensualidad.
Peyrani dice estar preocupado por el futuro de su trabajo. “Tengo 50 años, o sea que si pierdo un empleo en este momento será difícil reinsertarse”, murmura. “Hay mucha precariedad. Lo sentimos los de 50, mucho más lo sienten los de 20”
A su lado, Susana, más acostumbrada a las crisis, sonríe: “Yo soy argentina, así que miedo e incertidumbre...¡nací con esa energía!”.
* Clarín - PAULA LUGONES - 18.12.11
Foto: Venecia (Italia), vista - arte
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LAVOZ/A Coruña* : El Concello de Carballo recibió ayer la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) aprobado en el 2003, aprovechando el período transitorio establecido en la Ley 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural en Galicia. Precisamente, las prisas para sacar adelante el documento en aquel momento provocaron las infracciones en el procedimiento de elaboración y aprobación que dieron lugar a la nulidad.
La confirmación del fallo emitido en marzo del 2007 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se esperaba desde hace semanas. En el Ayuntamiento, tanto el gobierno como la oposición tenían nulas esperanzas en una decisión diferente a la de hace casi cinco años. De hecho, el recurso de casación ha sido, en buena medida, un intento de ganar tiempo para sacar adelante un PGOM alternativo.
Pero la nueva ordenación todavía no está lista. El Concello de Carballo acaba de presentar, por segunda vez, el documento de inicio en la Secretaría Xeral de Urbanismo, que tiene dos meses de plazo para emitir su informe. El anterior fue desfavorable, y tampoco existen muy buenas expectativas para el próximo, que, de cualquier modo, no llegará a tiempo.
Por lo tanto, a partir de ahora volverán a regir las normas subsidiarias aprobadas en los años ochenta. En 1980 se estableció una delimitación del perímetro urbano con una serie de sectores que tienen su propia regulación, y se crearon dos ámbitos que se correspondían con el polígono industrial y con la zona costera. Cuatro años después se definió la ordenación urbanística del resto del municipio y se estableció el aprovechamiento del suelo, la urbanización y el nivel de edificación.
Los técnicos municipales han dedicado las últimas semanas a contrastar los documentos para determinar en qué zonas será preciso suspender licencias. Debido a la crisis del sector inmobiliario, la sentencia del Tribunal Supremo llega en el momento menos malo.
* La Voz de Galicia - 20.12.11
Foto: Carballo (A Coruña) - LuisM. Bugallo Sánchez, wikipedia.org
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ELCONFIDENCIAL* : El abogado José María del Nido se convirtió en el “gurú” y en la cabeza pensante que guió los pasos de Julián Muñoz en la conquista del poder en Marbella allá por finales de los noventa. Sin embargo, lo que en aquel entonces eran dinero y parabienes para el actual presidente del Sevilla, ayer trocó en un duro varapalo que puede hacer que acabe con sus huesos en la cárcel.
Julián Muñoz figuraba en la casi totalidad de las 23 sociedades municipales creadas por los abogados de Jesús Gil, sociedades posteriormente investigadas por desviar fondos municipales al Atlético de Madrid, por fraude a la Seguridad Social y por emisión de “facturas falsas”. Muñoz sabía que estampar la firma en esos papeles iba en su sueldo. Pero con el ‘Caso Camisetas’, a Muñoz le tembló el pulso y acabó imputado en el proceso.
Esa tesitura fue aprovechada por Del Nido, actual presidente del Sevilla, para ejercer como abogado de Muñoz y “tejer sus amistades”. El juicio fue duro y la sentencia inhabilitó a Jesús Gil y Pedro Román como alcaldes pero, casualidad del destino, Muñoz quedó absuelto. Fue entonces cuando Del Nido le puso en bandeja de plata la alcaldía a su “protegido”. No hay duda: el togado fue el artífice de la ascensión meteórica de Julián Muñoz en Marbella.
Del Nido se convirtió en el hombre de confianza de Julián Muñoz y en el principal letrado del Ayuntamiento y sus 32 sociedades municipales. Poder llama a poder. Jesús Gil no veía estas amistades peligrosas con buenos ojos. Nunca le gustó este abogado sevillano de “poco pelo” y desconfiaba constantemente de él. Siempre tuvo claro que “defendido y letrado” serían condenados algún día. Así lo manifestó abiertamente en distintas entrevistas que concedió a este medio: “El ‘pajarito’ (como llamaba despectivamente a Del Nido) tarde o temprano acabará entrando en la jaula, es un golfo, y su marioneta, Julianín, tres cuartos de lo mismo. Son como José Luis Moreno y su muñeco”.
Julián Muñoz, que había dejado el bar por su cetro en la alcaldía, defendía a capa y espada a Del Nido. No dejaba que nadie manchara su honor. Incluso cuando los técnicos del Ayuntamiento denunciaron sus altas retribuciones y el trato de favor que se dispensaba a algunas de las empresas relacionadas con el abogado. Pero no lo pudo tapar por mucho tiempo. El escándalo estalló mediaticamente, cuando el prófugo y exconcejal Carlos Fernández hizo la denuncia pública.
Sinergia pura y dura
La “sinergia” entre José María del Nido y Julián Muñoz era tal que, según cuentan los que trabajaban con ellos en el Ayuntamiento, el máximo edil no sabía dar un paso si no se lo marcaba antes el abogado. Casi coincidiendo con el nombramiento de Julián Muñoz como alcalde en funciones, Del Nido se situó en un despacho contiguo en el Consistorio. Solo les separaba una puerta, lo que da una idea de la dependencia que tenía ‘Cachuli’ de su ‘pajarito’.
Gil nunca escatimó críticas a ambos, esgrimiendo que fue Del Nido el que organizó el entramado que permitió a Muñoz desviar su patrimonio. Para ellos, Gil solo era un “cero a la izquierda” y ninguno “echaba cuentas”. Iban a lo suyo y punto. Del Nido tenía mucho trabajo asumiendo la defensa de los miembros de la corporación municipal y, sobre todo, la de Julián Muñoz, el alcalde con más procedimientos en su contra de España. Defender casi un centenar de causas era todo un reto.
Muñoz fue absuelto en numerosos casos como los de Moansa, Sierra Blanca o el patrocinio del jinete Azpitarte. Y viendo que “se escapaba de todo”, se iba creciendo. Hasta ese momento había conseguido salir indemne en los juzgados gracias a la defensa de su ‘superhombre’: “Al final, con un buen abogado nunca pasa nada”. Hasta que llegó la sentencia del ‘Caso Minutas’, que ha hecho que su refranero pierda sustancia: siete años y medio de prisión para el abogado y la misma pena para el cliente.
En esta ocasión, el mimetismo entre ambos ha sido tal que el letrado y el ex alcalde han sido condenados por fraude en concurso con prevaricación y malversación de caudales públicos.
Dos vidas (y dos matrimonios) paralelos
Los gustos de ambos son coincidentes. Del Nido se separó de su esposa, la abogada Ángeles Carrasco, también condenada en el ‘Caso Minutas’ a dos años de cárcel por malversación de caudales públicos, al tiempo que lo hiciera Julián Muñoz. A diferencia de su compañero, el presidente del Sevilla se mostró discreto y generoso con la madre de sus hijos.
La sala tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha considerado que existen suficientes indicios para concluir que Muñoz favoreció a su amigo para que éste se enriqueciera a costa del erario municipal. Jesús Gil se preguntaba si Del Nido actuaba como único beneficiado en estos “tejemanejes” o si repartía las ganancias con su “cliente”. El regidor acusaba a Del Nido de ser quien puso a buen recaudo el dinero de Julián Muñoz y que las cuentas de ambos se desviaron a Luxemburgo.
Para unos, el presidente del Sevilla es el testaferro de Muñoz, para otros, Julián Muñoz es la ‘marioneta’ del abogado. Al juez le da igual lo que sean. Lo único que tiene claro y ha probado es que ambos deberán penar con la condena de siete años y medio de su libertad.
* El Confidencial - Amparo de la Gama. Marbella 20/12/2011
Foto: El abogado y presidente del Sevilla F.C, José María del Nido - Efe
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ELPAÍS* : En 2012 el barcelonés se enfrentará a una subida media de un 7,8% del transporte público: metro, ferrocarriles y bus, y al encarecimiento de un 25% del Bicing, y en cambio tendrá unas rebajas de hasta un 5% de las tasas y los impuestos ligados al uso del vehículo privado. Ambas políticas las han decidido los gobiernos nacionalistas de los dos lados de la plaza de Sant Jaume. Si en la subida del transporte público la voz cantante la lleva la Generalitat, que tiene la mayoría en el seno de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), en el caso de las revisiones a la baja de las tasas y los impuestos municipales relacionados con el uso del vehículo privado la decisión es del alcalde, Xavier Trias, y de Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, que ha condicionado el sí a los primeros presupuestos nacionalistas precisamente a esa política impositiva, entre otras cuestiones. Los residentes que no tengan multas no pagarán por aparcar en la calle, las tarifas de la la zona azul de aparcamiento fuera de Ciutat Vella y el Eixample se congelan, la tasa de la grúa bajará de 150,07 euros a 147 y el impuesto de circulación de turismos y motos bajará entre el 3% y el 7%.
El gobierno municipal de CiU se quedó solo intentando justificar el incremento del transporte público por el encarecimiento del servicio de la red y la disminución de la aportación de la Administración central. Frente a él, una lluvia de críticas de todo el arco político: desde Unitat per Barcelona hasta el Partido Popular. Quien más quien menos recordaba que en el último pleno el alcalde contestó a una pregunta sobre la subida del transporte público y la situaba "en poco más que el IPC". "La realidad no ha sido esa sino, que la T-10 -el título que utilizan el 73% de los viajeros en transporte público- sube un 12%. Lo nunca visto", considera la edil socialista Assumpta Escarp. Acostumbrada a las críticas del propio Trias frente las subidas del transporte público en épocas del tripartito municipal, Escarp ironizaba sobre la capacidad real de "liderazgo" del alcalde frente al Gobierno de Artur Mas.
Los calificativos se han agotado para describir la subida del transporte público. Alberto Fernández Díaz (PP) se refería al "tarjetazo", que perjudica al usuario habitual del transporte público. "Además de aprobar la subida de las tarifas, la Generalitat está paralizando la línea 9 del metro", argumenta el líder del PP. Para ICV, es claramente "abusiva". "No se pueden cargar sobre el usuario los problemas estructurales de la financiación del transporte público", considera Ricard Gomà. que criticaba abiertamente que el "cambio" en el gobierno de la ciudad sea castigar con fuertes subidas el transporte público y rebajar las tasas del privado. En opinión de Jordi Portabella (UxB), la subida es, además de excesiva, peligrosa para la salud, porque da por sentado que muchos ciudadanos optarán por el vehículo privado, con el consecuente efecto en la contaminación atmosférica.
Tanto la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) como la Plataforma por el Transporte Público (PTP) y la Síndica de Greuges de la ciudad consideran que el incremento de las tarifas es excesivo, desproporcionado, espectacular y abusivo. La FAVB se queja de que la Generalitat suba más las tarifas de quien usa el metro o el tren para ir a trabajar o a clase que las de quien utiliza las autopistas, que suben un 5,4%. La síndica, Maria Assumpció Vilà, se pregunta qué pasará con las personas que no tienen ingresos o cobran la renta mínima de inserción (RMI): "Sencillamente, habrá personas que no podrán pagarlo".
* El País - BLANCA CIA Barcelona 20 DIC 2011
Foto: Tráfico en una calle de Barcelona - elpais
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INFORMACIÓN* : La comisión municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Elche aprobó ayer, con la abstención del grupo del PSOE y el voto a favor del PP y el Partido de Elche, una modificación del artículo 212 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tiene que ver con la calificación del suelo rústico calificado con las claves 51 y 52, ya que, según Vicente Granero, "aunque la edificación en parcelas del campo depende de los metros cuadrados había un vacío legal al no recoger la forma de actuar cuando en una misma parcela había terrenos en clave 51 y en clave 52", según afirmó.
La legislación actual sólo permite edificar en parcelas de 10.000 metros en clave 51, mientras que para el suelo en clave 52 se exigen 25.000 metros (ambas son claves que hacen referencia a suelo urbanizable común, según se aclaró desde el Ayuntamiento), pero sin el matiz de que en una parcela con suelo en ambas claves y que en su conjunto sume más de 10.000 metros pueda ser utilizada para edificar.
A partir de ahora, con una superficie global de 10.000 metros en el conjunto de los terrenos y un mínimo de 5.000 metros en el suelo que tenga la clave 51 sí se podrá edificar siempre que la vivienda se realice en la parte de la parcela correspondiente a dicha clave 51", afirmó el edil.
Granero añadió que con este cambio "ayudamos a la revitalización del sector de la construcción, sobre todo con licencias que estaban paralizadas en el Ayuntamiento". De este cambio no se sabe aún cuántos propietarios se podrán beneficiar, aunque tampoco se presume que sean muchos los casos de parcelas calificadas con ambas claves urbanísticas.
Dotaciones en edificios
Por otro lado, la comisión municipal de Urbanismo aprobaba también ayer, aunque en esta caso por unanimidad de los tres grupos políticos (PP, PSOE y Partido de Elche) la modificación de los artículos 72, 85 y 98 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Elche que, según el concejal Vicente Granero, permitirán, en el primero de los casos, "ampliar los usos compatibles en la primera planta de sótanos de edificios de toda la ciudad, adecuándose al Código Técnico de Edificación".
Esto lleva consigo "que se permita el uso comercial de bares, cafeterías y restaurante para público siempre que esté sentado. Queremos que no se limiten los usos que están permitidos en otra ciudades y en Elche mucho locales estaban cerrados porque nuestra normativa impedía abrirlos. Con esta modificación conseguimos revitalizar la ciudad con más comercios y facilitar la creación de empleo", manifestó el edil. Granero añadió que con la modificación del artículo 72 del Plan General de Ordenación Urbana "se supera la barrera que existía para la construcción de trasteros en la segunda y tercera planta de sótanos, de acuerdo con la modificación de la ordenanza que se realizó en el último pleno".
Por lo que respecta al artículo 98 del PGOU, con su modificación se anula la prohibición que había para permitir el uso comercial de dotaciones públicas, como centros e instalaciones deportivas. Con el cambio "se permitirá la puesta en marcha de comercios que están relacionados con el uso de las dotaciones respectivas", según el edil de Infraestructuras y Ordenación Urbana, quien añadió que "la legislación que se hacía en esta ciudad era demasiado restrictiva, poniendo pegas al desarrollo económico de nuestra ciudad".
En cuanto al artículo 85, su modificación supone que las aceras de las calles peatonales puedan rebajar de 6 a 5 metros la anchura exigida, adaptándose así, según el concejal, a normativas supramunicipales.
Vicente Granero señaló que la modificación de los tres artículos tiene "un carácter general porque era algo que nos habían pedido comerciantes y particulares. Si esto beneficia también al Mercado Central, pues mejor, pero no se ha hecho en exclusiva para ninguna iniciativa en particular, sino para todas las actividades que puedan beneficiarse de ello. Las modificaciones ahora son distintas. Se amplían detalles y afectan a toda la ciudad. No son para un proyecto concreto", aseguró.
* Información - DOMINGO LÓPEZ - 20.12.11
Foto: Una imagen del campo de Elche, donde habrá nueva regulación para edificar viviendas.- información
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ELCONFIDENCIAL* : José Antonio Griñán celebró su candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía dispuesto a adelantar la festividad de los Reyes Magos. Ya ha empezado a anunciar medidas electoralistas para reducir la debacle socialista en las próximas elecciones autonómicas andaluzas del próximo mes de marzo.
El jefe del Gobierno andaluz aprobará a principios del próximo año, probablemente el 10 de enero, el decreto para la regularización de las viviendas edificadas en suelo no urbanizable, unas 300.000 en Andalucía, según los cálculos de la Junta. Griñán anunció este decreto de regularización de viviendas el pasado mes de junio, en el Debate del Estado de la comunidad autónoma celebrado en el Parlamento andaluz. Seis meses después recupera esta iniciativa que impedirá la construcción en suelos protegidos y en zonas inundables.
“No se trata de una amnistía general; será una regularización que dará respuestas a los ayuntamientos a través del planeamiento urbanístico en unos casos o mediante expediente iniciados a solicitud de cada propietario”, destacó Griñán, quien anuncia una regularización a través del planeamiento urbanístico en unos casos o mediante expediente iniciados a solicitud de cada propietario.
En la práctica, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que nació en 2003 para intentar frenar este tipo de construcciones, se ha manifestado claramente insuficiente. Los alcaldes de comarcas andaluzas como la Axarquía (Málaga) otorgaban licencias irregulares que han acabado en condenas (de exprimeros ediles de los municipios de Cómpeta o La Viñuela). El caso más significativo fue el del exalcalde de Alcaucín, José Martín Alba, detenido en 2009, durante el transcurso de la Operación Arcos.
Como ya publicó El Confidencial, la Junta de Andalucía ya conocía las irregularidades urbanísticas en la Axarquía desde al menos 2006, según un informe del Defensor del Pueblo Andaluz. Sólo en Alcaucín permitió la construcción de 20.000 viviendas en suelo rústico para aprovechar el boom de residentes extranjeros. Un informe de José Luis Díaz Ripollés y Alejandra Gómez Céspedes, profesores de la Universidad de Málaga, titulado La corrupción urbanística: estrategias de análisis, ya alertaba del traslado del urbanismo salvaje de la Costa del Sol al interior de la provincia malagueña.
* El Confidencial - Agustín Rivera. Málaga 20/12/2011
Foto: El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán (Efe)
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PÚBLICO* : La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a José María del Nido, presidente del Sevilla FC, a siete años y medio de prisión por lucrarse, codo con codo con Julián Muñoz, a costa del erario público marbellí. El fallo, de 16 diciembre, también condena al abogado a indemnizar al Ayuntamiento de Marbella con 2,78 millones y le impone 15 años de inhabilitación absoluta. "No es firme, es una sentencia recurrible [ante el Supremo]. Del Nido seguirá siendo presidente durante muchos años", declaró ayer el vicepresidente del Sevilla, José Castro. La Fiscalía pedía 30 años para Del Nido, que siempre se ha declarado inocente.
El caso minutas tiene su origen en una querella de la Fiscalía Anticorrupción en 2006, en la que consta que Del Nido facturó en 2000 y 2001 1,5 millones al Ayuntamiento y 1,6 a las sociedades municipales. La investigación desveló que Marbella abonó a Del Nido 6,73 millones por sus servicios jurídicos de 1999 a 2003. La sentencia, que desglosa un sinfín de minutas, recoge que el Ayuntamiento "sufrió la pérdida de varios millones en una continua desviación de caudales públicos".
Y añade: "De una forma sistemática, los condenados descapitalizaron en su propio interés el Ayuntamiento con una serie de contratos nulos. No sólo fue inexistente el respeto a las más elementales normas administrativas, sino que en la inmensa mayoría los encargos que pretendían justificar los pagos eran innecesarios y con un presupuesto tan ilimitado como incierto [...] La práctica totalidad son sinónimo de pérdida de recursos sin ninguna contraprestación".
El fallo condena al letrado como cooperador necesario de un delito continuado de fraude en concurso con prevaricación y malversación. Del Nido es absuelto de delito societario, falsedad documental, tráfico de influencias y deslealtad profesional, entre otros. La Audiencia castiga con siete años y medio y el pago al Ayuntamiento de 3,05 millones al exalcalde Muñoz, por los mismos delitos que Del Nido aunque como autor. De los 16 acusados, la sala absuelve a siete, la mayoría exediles, entre ellos el exfutbolista Tomás Reñones. También queda absuelto el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes. Entre los condenados está el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, cerebro de la trama Malaya, que tampoco quedó al margen de este saqueo y al que le caen cuatro años por fraude y malversación. La exmujer de Del Nido, Ángeles Carrasco, penará dos años por fraude y malversación.
La motivación es "el lucro"
"Los acusados no perdían ocasión de facturar al Ayuntamiento. La búsqueda de pretextos para el libramiento de facturas por intervenciones innecesarias fue constante y fue la causa principal del acaparamiento de asuntos del Ayuntamiento que el despacho de Del Nido disfrutó", dice el fallo, de 480 páginas, que anota la intención de las minutas presentadas por Del Nido y abonadas por el consistorio: "Es patente que su principal motivación es el lucro [de los condenados] a costa de los mermados recursos municipales". La sentencia detalla cómo los acusados "cobraban con una rapidez inexplicable de no mediar acuerdo con los pagadores". La mecánica descrita es sencilla: pagos de cantidades elevadas y arbitrarias por servicios legales innecesarios y poco detallados. "Nula utilidad de la inmensa mayoría de los conceptos cobrados", dice el fallo.
Los controles les sobraban por completo. Del Nido se beneficiaba de su condición de prestador de servicios a un Ayuntamiento en el que hacía y deshacía a su antojo, según el fallo. La sentencia recoge varios ejemplos clamorosos, como cuando el letrado inició los trámites para cobrar 156.349,46 euros un mes antes de iniciar siquiera el expediente oficial.La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a José María del Nido, presidente del Sevilla FC, a siete años y medio de prisión por lucrarse, codo con codo con Julián Muñoz, a costa del erario público marbellí. El fallo, de 16 de diciembre, también condena al abogado a indemnizar al Ayuntamiento de Marbella con 2,78 millones y le impone 15 años de inhabilitación absoluta. "No es firme, es una sentencia recurrible [ante el Supremo]. Del Nido seguirá siendo presidente durante muchos años", declaró el vicepresidente del Sevilla, José Castro. La Fiscalía pedía 30 años para Del Nido, que siempre se ha declarado inocente.
El caso minutas tiene su origen en una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en 2006, en la que consta que Del Nido facturó entre 2000 y 2001 un total de 1,5 millones del Ayuntamiento y 1,6 de las sociedades municipales. La investigación desveló que Marbella abonó a Del Nido unos honorarios de 6,73 millones por sus servicios jurídicos entre 1999 y 2003.
La sentencia, que desglosa un sinfín de minutas, recoge que el Ayuntamiento "sufrió la pérdida de varios millones de euros en una continua desviación de caudales públicos a fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico". Y añade: "De una forma sistemática, los condenados descapitalizaron en su propio interés el Ayuntamiento con una serie de contratos nulos. No sólo fue inexistente el respeto a las más elementales normas administrativas, sino que en la inmensa mayoría los encargos que pretendían justificar los pagos eran innecesarios y con un presupuesto tan ilimitado como incierto [...] La práctica totalidad son sinónimo de pérdida de recursos sin ninguna contraprestación".
El fallo condena al letrado como cooperador necesario de un delito continuado de fraude en concurso con prevaricación y malversación. Del Nido es absuelto de delito societario, falsedad documental, tráfico de influencias y deslealtad profesional, entre otros delitos. La Audiencia castiga con siete años y medio y el pago al Ayuntamiento de 3,05 millones al exalcalde Muñoz, por los mismos delitos que Del Nido aunque como autor.
De los 16 acusados, la sala absuelve a siete, la mayoría exediles. Entre los condenados está el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, al que le caen cuatro años por fraude y malversación. La exmujer de Del Nido, Ángeles Carrasco, es castigada con dos años por fraude en concurso con malversación. "Los acusados no perdían ocasión de facturar al Ayuntamiento", dice el fallo, que anota con claridad la intención de las minutas presentadas por Del Nido y abonadas por el consistorio: "Es patente que su principal motivación es el lucro [de los condenados] a costa de los mermados recursos municipales".
* Público - ÁNGEL MUNÁRRIZ Sevilla 19/12/2011
Foto: Sevilla, abogado Del Nido, condenado en Malaya - EFE
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ELPAÍS* : Luis Bracho, exgerente de la mercantil Sufi, declaró ayer ante el juez del caso Brugal que investiga un soborno al exlíder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja, que el ganador del concurso, el promotor Enrique Ortiz, tenía "alguna información privilegiada". El contrato lo adjudicó Ripoll, en su etapa al frente de la Diputación de Alicante, a una UTE integrada por Ortiz y la firma Cespa. La investigación mantiene que Ripoll logró, a cambio de la concesión, dos pisos de parte Ortiz y el industrial Ángel Fenoll, cabecilla de Brugal.
Bracho compareció ante el titular del Juzgado 3 de Orihuela como imputado. El exdirectivo de Sufi también está imputado en otra rama de Brugal que indaga el amaño de la contrata de la basura de Orihuela. Esa contrata fue adjudicada a una UTE integrada por Sufi y otras dos firmas que, según la investigación, son una tapadera de Fenoll.
Oferta malísima
Sufi, en unión con una mercantil del Ángel Fenoll, también aspiraba a la contrata que finalmente se llevaron Ortiz y Cespa. En su declaración, Bracho confesó que tuvo "conocimiento" de que su oferta (la de Sufi y la empresa de Fenol) "era malísima" porque "en un partido de fútbol" una persona se lo comentó a su socio, Manuel Carbó, recoge textualmente la declaración.
El socio le comentó que alguien le había recomendado "que se olvidaran de la oferta", según Bracho, que no recordaba si Carbó le dijo quién le había hecho el comentario, aunque sí que era un técnico de la consejería, si bien desconocía si era "el encargado de valorar los informes". La diligencia añade que a continuación Bracho dijo que "una vez contrastado lo dicho por esa persona con la exposición pública, confirmó las sospechas de que Cespa tenía algunos conocimientos que los demás licitantes desconocían, lo cual le llevó a pensar que tenía alguna información privilegiada".
En su anterior declaración por la contrata de Orihuela, Bracho confirmó al juez que Fenoll había falsificado las empresas de la UTE. Sufi despidió a Bracho tras sus dos imputaciones.
* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 17/12/2011
Foto: Alicante, yate de Ortiz con presidente Ripoll dentro - elpais.com
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HOY/Guadalajara* : Villanueva de la Torre, en Guadalajara, es un municipio truncado: un museo de la burbuja inmobiliaria, un paraíso del ladrillo caravista, un parque temático del urbanismo descabellado. Villanueva de la Torre es, además, el pueblo más hipotecado de España, una de las localidades más jóvenes y probablemente la que ha sufrido la mayor explosión demográfica de los últimos tiempos: en el año 1996, tenía 330 habitantes; ahora supera los 6.200. Una tasa de crecimiento anual por encima del 140% ¿Por qué ha sucedido todo esto?
Villanueva de la Torre está a 50 kilómetros de Madrid (apenas media hora en coche) y, a finales de los noventa, las inmobiliarias se pusieron las botas de vender pisos en este rincón del Henares: apartamentos amplios y luminosos, emplazados en urbanizaciones despejadas, con sus arbolitos, sus jardines y sus piscinas privadas, y a tiro de piedra de la capital.
Durante los años de vacas gordas, cuando nos creíamos ricos e indestructibles, miles de madrileños escogieron vivir en Villanueva de la Torre, firmaron las correspondientes hipotecas y se asentaron en el municipio. La decisión parecía irreprochable: por la cuarta parte de lo que costaba un piso en Madrid, adquirían un unifamiliar bien comunicado y en la campiña. En el año 2006, más del 80% de los ciudadanos de Villanueva, según el Instituto Nacional de Estadística, tenían una hipoteca sobre sus espaldas. Cuatro años después, la cifra es más o menos la misma, pero ya no se lee con una sonrisa: la crisis económica se ha cebado con bastantes vecinos, que ahora se pasan los días echando cuentas para poder pagar al banco. Gente como José Luis Blanco, que ayer dirigía una inmobiliaria y hoy atiende una churrería. Blanco al menos ha sabido reinventarse, pero está cansado de responder a los periodistas y prefiere no contar otra vez su historia, que se ha convertido en la metáfora de una pesadilla compartida.
Carteles de 'Se vende'
En plena marea alta, los promotores soñaron con un municipio de 20.000 habitantes y construyeron más de 3.500 unifamiliares. Ahora, los 6.000 vecinos que quedan duermen en Villanueva y hacen vida social en Azuqueca de Henares, a cuatro kilómetros de distancia. En el pueblo hay un par de zonas comerciales, pero apenas hay tiendas. Los carteles de 'Se vende', colocados por aquí y por allá, lanzan gritos de auxilio que nadie parece escuchar. Muchas urbanizaciones se han quedado a la mitad. Sus restos yacen junto a la autopista Radial 2 como los miembros amputados de un gigante.
La historia de Villanueva resulta particularmente llamativa, pero podemos encontrar casos así distribuidos por toda España, sin tener que recurrir al célebre ejemplo de Seseña (Toledo): esqueletos de ciudades enteras que se han quedado a medio hacer, sorprendidas por una crisis que se acercó a sus víctimas como un asesino silencioso. Castellón podría ser otro buen ejemplo, según el informe anual de CataluñaCaixa, uno de los más fiables del sector: el 16,7% de las viviendas que hay en la ciudad levantina suspiran por un propietario que las ocupe y las limpie de vez en cuando. Y en Villarreal, apenas a diez kilómetros de distancia, la cifra alcanza el 15,1%.
* Hoy - 18.12.11
Foto: Una de las muchas promociones de Villanueva - hoy
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CELTASCORTOS/Galicia* : Hubo un tiempo, reciente, en el que los que dudábamos de que Vigo, Oia, Portonovo o Salvaterra fueran a duplicar su población y viviendas en sus Planes de Urbanismo éramos considerados, como poco, pesimistas. Era cuando la complicidad de políticos y promotores nos llevó a viviendas de medio millón en el centro y a fabulosas ofertas a veinte kilómetros. El presupuesto municipal crecía con recalificaciones y otros ingresos que mordían, o salían, de la burbuja inmobiliaria.
Esa impresionante carroza se nos ha vuelto una calabaza al estallar la burbuja del crédito bancario. Las cuentas de muchos ayuntamientos no salen porque aquellos ingresos se esfumaron y porque los gastos (de alumbrado, basura, saneamiento, policía, asfaltado, a lo largo de cientos de kilómetros de pistas urbanizadas) que no importaban antes, ahora son insoportables.
Ayuntamientos inviables más dispersión impagable nos obligan (ya lo hicieron en Grecia, Portugal o Italia) a suprimir y fusionar ayuntamientos o a ahorrar diputaciones para poder pagar facturas y sueldos. Y nos obligarán a pagar más por unos servicios públicos que muchos consideraban casi gratuitos y que los concellos abonaban a cuenta de ladrillos y diputaciones.
En el caso de la seguridad ciudadana las plantillas de policía municipal se habrán de congelar, y ocupar más en los núcleos urbanos de los concellos, mientras que la Guardia Civil debiera retomar tareas en el rural y diseminado. En este caso debiéramos beneficiarnos de los nutridos recursos que liberará el cese del terrorismo.
Porque a nadie se le escapa que con un paro galopante la inseguridad tenderá a crecer como ya lo hizo en otras crisis. Aunque conviene recordar que, hasta ahora, es la mezcla de volantes más bebidas (dos negocios privados) la que más disgustos, gastos y papeleos nos da.
Para responder por bienes e inmuebles las compañías de seguros y de seguridad privada ofrecerán alternativas al que pueda pagarlas. Pero para la seguridad de las personas todos dependemos de esos funcionarios públicos.
* La Voz de Galicia - Opinión - 18.12.11
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ARMANDO G.TEJEDA/México* :
En plena crisis, con la tasa de desempleo más alta en la historia de la región, con la aplicación de recortes draconianos en servicios públicos básicos, como la educación y la sanidad, el Ayuntamiento de Madrid, presidido por el conservador Alberto Ruiz Gallardón, inauguró una renovada y lujosa sede. El costo sólo del acondicionamiento y reforma del histórico edificio fue de 124 millones de euros, que se suman a los 530 millones que costó la compra del inmueble.
A pesar de que Gallardón es de la derecha española, con un discurso ortodoxo en la manera de enfrentar la crisis económica y con la mirada puesta en reducir al máximo el déficit público, en la práctica esta alcalde está en las antípodas de su receta neoliberal. Lejos de apretarse el cinturón, como están haciendo los ciudadanos que afrontan duros ajustes en las políticas sociales más básicas del Estado de bienestar, el alcalde madrileño se caracteriza por su capacidad para despilfarrar recursos públicos en obras en ocasiones tildadas de faraónicas.
Un ejemplo de ello es la nueve sede del Ayuntamiento y su salón de plenos, que decidió cambiarlo de sitio y para ello compró el histórico edificio de correos en la mítica glorieta de Cibeles. E inició una reforma profunda que incluye salones acristalados con sistemas avanzados de comunicación y tecnológicos. El costo final, incluida la reforma y la compra, es más de 650 millones de euros. La mayoría de este dinero se sumará a la abultada deuda pública de Madrid, la más grande de todas las ciudades españolas y entre las más alta de Europa, al sumar siete mil millones de euros. La deuda de la capital español representa 45 por ciento del débito de todos los ayuntamientos del país.
* Armando G. Tejeda – http://www.jornada.unam.mx/
* Madrilonia - Opinión - 18.12.11
Foto: madrilonia
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LAVOZDEGALICIA* : En este momento hay entidades benéficas ahogadas en Galicia, miles de personas que duermen en la calle, muchas más aún que deben pedir ayuda para comer, empresas que quiebran y concellos que casi no pueden pagar nóminas. Pero sobre el territorio gallego hay también decenas de edificios públicos construidos a lo grande y sin ningún uso. Algunos llevan así años. Otros son más recientes. Los fondos que las Administraciones municipal, autonómica, estatal e incluso europea han destinado, según los casos, a estas infraestructuras superan los 50 millones de euros.
Existen inmuebles incluso sin finalidad clara. La antigua fábrica de Sel de Muros (9.704 habitantes) se rehabilitó para convertirla en Museo do Mar, se inauguró a principios de año, costó dos millones de euros y sigue vacía. El ejecutivo estudia ahora convertirlo en sede de la Policía Local. Otros dos millones fueron a parar al vivero de empresas de Boiro (19.079 habitantes), destinado, en principio, a cursos para integración laboral. El anterior ejecutivo pretendía instalar también un centro de formación en hostelería, pero de momento no se hace ni una cosa ni la otra.
Otro tanto le ocurre a la Casa del doctor Carús, en Vilagarcía (37.926 vecinos): el anterior gobierno local empleó 1.076.000 euros para restaurar esta vivienda construida en 1910 y acondicionar un jardín de 4.630 metros cuadrados. Nunca se explicó a qué se dedicaría. Las obras acabaron en febrero del 2010, pero la casa sigue cerrada. Se valoró de todo: un museo local, un centro de día, una guardería... No se concretó nada. El actual alcalde, Tomás Fole (PP) dijo en su momento que se trata de «una herencia recibida» y que había sido empezar la casa por el tejado. «Ahora hay que buscar una solución», matizó. También el edificio administrativo de O Grove (11.297 habitantes) carece de fin definido: acabado hace meses, se gastaron en él 800.000 euros.
La espera para ver resultados es larga en algunos casos. Las obras de la Casa de Cultura de Cee (7.818 vecinos) empezaron hace 13 años. Aún no está lista. Se destinaron a hacerla casi tres millones de euros y aún faltan 300.000 para acabar el auditorio bajo mínimos y poder abrir.
Tiempo de espera
Desde 1999 llevan acabada la restauración (230.000 euros aportados por la Xunta) de la ferrería de Seoane, en Folgoso do Courel (1.196 habitantes): construido a principios del XIX, el edificio es uno de los más voluminosos y mejor conservados de la Península. El objetivo era que la familia propietaria la abriese a visitas, pero se negaron alegando que faltan unas obras complementarias. Hay que corregir también algunas deficiencias de seguridad. De momento, no hay fecha de apertura. Por otra parte, desde el 2006 lleva inaugurado el edificio de la Guardia Civil del Mar de Viveiro (16.211 habitantes): 120.000 euros aportados por el Concello y aún no ha entrado en servicio, al igual que el matadero de Ribeira (27.504 vecinos). Costó 1,3 millones de euros; en abril del 2010 el Concello solicitó la licencia y sigue sin ella.
* Información elaborada con la colaboración de Ana Gerpe, Marcos Gago, Cristina Barral, M. Cheda, Serxio González, Carlos Cortés, Eduardo Eiroa, Toni Longueira, Toni Silva, F. Espiñeira, Susana Acosta, Xosé V. Gago, C. Punzón, Ángel Paniagua, José Alonso, Rubén Nóvoa y Patricia Blanco.
* La Voz de Galicia - 18.12.11
Foto: Muros (A Coruña), museo do mar - certo
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PÚBLICO/Valencia* : El juicio contra Camps saca a la luz las pruebas de que recibió regalos. Las grabaciones prueban su intimidad con los empresarios corruptos.
"Calle, por favor". La orden, dicha con voz suave pero firme, fue pronunciada por el juez Juan Climent el pasado martes. El destinatario era Francisco Camps, que en esos momentos declaraba como acusado. Era la enésima vez que el expresident valenciano interrumpía al magistrado, algo absolutamente prohibido en el encorsetado ámbito judicial. Camps está acostumbrado a la atención reverencial de la que ha gozado desde su cargo al frente de la Generalitat Valenciana. Así que era la primera vez en muchos años, tal vez en toda su carrera política, que oía a cualquiera mandarle callar en público.
No ha sido el único golpe en su complicada situación judicial y política que en los últimos días ha sufrido Camps. Desde el lunes está siendo juzgado por haber aceptado, supuestamente, miles de euros en trajes como regalo de empresarios supuestamente corruptos, en el mismo periodo en el que estos recibían contratos millonarios de la Generalitat.
El juicio se adivina muy largo y han pasado sólo cinco días, pero han bastado para que se exhiban varias veces las grabaciones telefónicas que desnudan su relación con los miembros de la trama corrupta. Su compadreo con el hampa de alto standing que, presuntamente, formaban los empresarios de la trama Gürtel. Una red que está siendo investigada en tres comunidades Castilla y León, Madrid y País Valencià precisamente por, supuestamente, corromper a políticos para hacerse con contratos públicos.
El Molt Honorable los expresidentes valencianos conservan ese título aunque hayan abandonado el poder ha tenido que escuchar su propia voz llamando "amiguito del alma" a Álvaro Pérez el Bigotes, el líder de la red en Valencia, o cómo este presumía de su relación con él ante terceros. O a los empresarios hablando entre ellos sobre la mejor manera de ganarse su favor mediante la organización de un viaje a EEUU, con entrevista a un gobernador incluida.
En torno a cien testigos
Aparte del lastre que sus propias palabras puedan suponer para su reputación, Camps tiene otros problemas más inmediatos. En las cinco jornadas de juicio transcurridas, la Fiscalía Anticorrupción y la Acusación Popular, ejercida por el PSOE valenciano, han comenzado a socavar lentamente sus líneas principales de defensa. Están logrando que, por delante del jurado popular formado por nueve personas escogidas al azar desfilen todos los documentos contables de las tiendas de ropa que incriminan a Camps y a Costa. Las acusaciones aprovechan las comparecencias de todos los testigos para pedir, una y otra vez, la exhibición de los recibos, inventarios, hojas de pedido a sastrería, cheques y transferencias. Además, a través de sus preguntas, dibujan para los oídos del jurado la secuencia de los supuestos hechos: los trajes de Camps quedaban apuntados en la cuenta de un empresario de la trama y, periódicamente, otro miembro de la red las pagaba.
De los trabajadores de las tiendas que han pasado hasta ahora por el tribunal, sólo uno ha respaldado claramente esta versión. Los demás se han limitado a confirmar que los documentos eran auténticos. Un reconocimiento que ha echado por tierra el principal argumento de la defensa de Camps, que consiste en denunciar que los escritos son falsos, a partir de la existencia de un correo electrónico en el que se afirma que la tienda hacía facturas falsas. De momento, ningún testigo ha aceptado la existencia de estas facturas. Sí ha quedado claro, a partir de las declaraciones de la cajera del establecimiento, que los trajes quedaban sin pagar durante meses. La afirmación contradice otra de las líneas de la defensa: que Camps se llevó cinco prendas, pero que las pagó en efectivo.
Por delante quedan varias semanas de juicio en las que declararán casi un centenar de testigos más. Un aluvión de nuevas oportunidades para que los valencianos vuelvan a escuchar a su president más votado decirle "amiguito del alma" a un presunto delincuente.
* Público - BELÉN TOLEDO Valencia 18/12/2011
Foto: Valencia, Rita_Barberá y Francisco_Camps - elpais
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LNE* : Dos estudios generales sobre el subsuelo de Gijón y cinco estudios concretos sobre el subsuelo de El Muselín andan por los archivos del Ayuntamiento. El primer trabajo específico se encargó a la firma Dolmen con la intención de establecer las condiciones de desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior 17 (Peri 17) previsto para la zona en la ordenación urbanística de Ramón Fernández-Rañada. Las negativas conclusiones de este informe sirvieron de primer freno político a ese desarrollo residencial que ahora Foro quiere revitalizar y que reivindican los vecinos de la zona después de que el nuevo gobierno local les garantizara la seguridad del entorno. El estudio alertaba de las «características geológicas adversas que suponen grandes trabas y enormes sobrecostes en la construcción de nuevos edificios o la ejecución de cualquier tipo de equipamiento o infraestructura».
Sólo en la realización de viales para la mejora de la comunicación del barrio se establecía un coste económico de más de dos millones de euros. Precio que no incluía los sobrecostes por estudios geotécnicos de detalle o fallas geológicas que pudieran surgir durante la obra.
El informe de Dolmen, fechado en agosto del año 2009, establecía en el capítulo de dotaciones la propuesta de recuperación de las ruinas del castillo de Arnao, el desarrollo de un espacio lúdico con pistas deportivas y huertos de ocio y la construcción de un centro social que diera servicio a la población. «La edificación de nueva planta en el barrio, ya sea de tipo privado o una dotación pública, está sujeta a la problemática geológica», volvían a recordar los firmantes del informe.
Al igual que se hacía énfasis en el coste económico de toda la operación en las conclusiones de la memoria. El arquitecto José Pis Fernández y la geógrafa Beatriz Menéndez Solar adelantan en su respuesta a los munícipes sobre el desarrollo del Peri 17 que «habrá que tener muy en cuenta el nivel de inversión necesario para dar una nueva cara al barrio, tanto a nivel estético como de funcionalidad y calidad de vida. La inversión por habitante que se ha de realizar, teniendo en cuenta los sobrecostes derivados de la complejidad geológica de los terrenos, quizás pueda resultar desproporcionada en comparación con otros barrios de la ciudad». Las inversiones serían dotaciones pero también de seguridad para el vecindario.
* LNE - 15.12.11
Foto: Gijón, protesta vecinos Muselín (archivo) - lne.es
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ELPAÍS/Madrid* : La Comunidad de Madrid ha recibido un varapalo judicial por desentenderse en 2009 del desarrollo urbanístico del polígono de La Carpetania (Getafe). El Gobierno regional (PP) creó junto al Ayuntamiento de ese municipio, entonces presidido por el socialista Pedro Castro, un consorcio para supervisar el desarrollo industrial. Tas acometer juntos la primera fase, el Ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre optó por devolver las competencias urbanísticas al Ayuntamiento.
La decisión era un regalo envenenado, porque implicaba que el Consistorio tenía que asumir el coste de las expropiaciones previstas: unos 480 millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado ahora el acuerdo del Gobierno autonómico por el que se devolvieron las competencias.
Aguirre consideró en su momento que el precio por desarrollar La Carpetania era muy alto. En el Ayuntamiento admitieron que el sistema de expropiación era más costoso, pero también más rápido y eficaz para conseguir los terrenos y poner en marcha cuanto antes el polígono industrial. El proyecto podía generar 25.000 empleos y atraer una inversión de cerca de 1.000 millones de euros. Además, serviría como polo de atracción para otras empresas tecnológicas. Al bloquearse el desarrollo, el gigante aeronáutico EADS-CASA amenazó con retirarse de Getafe y “estudiar otras posibilidades”.
El detonante que trabó el proceso fue el precio de la expropiación, pero en Getafe también ven motivos políticos detrás. Creen que Aguirre ha ahogado a la ciudad para doblegar al exalcalde. [La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño Ortega, aduce en cambio que las complicaciones judiciales elevaron el coste de la expropiación hasta el punto de que tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento decidieron “por unanimidad” cambiar el sistema y optar uno de compensación o cooperación. Según su versión, el Consistorio se volvió atrás tres meses después y llevó ante la justicia esa modificación, recurso que el TSJM rechazó en otra sentencia del 8 de noviembre.
El Gobierno regional ya había decidido que, dado que no se iban a realizar expropiaciones, devolvía al Ayuntamiento todas las competencias urbanísticas. Esa decisión, de abril de 2009, también fue llevada ante la justicia por el exalcalde. Y el pasado 10 de noviembre, el TSJM le dio la razón, declarando nulo el acuerdo adoptado por la Comisión de Urbanismo.
Mariño asegura que el Gobierno regional recurrirá, aduciendo que el tribunal tumba el acuerdo por un defecto de forma: la Comunidad debería haber optado por otra vía administrativa para devolver las competencias.]
El exalcalde de Getafe, Pedro Castro, por su parte, se muestra satisfecho con esta última sentencia. “El proyecto supone más de 25.000 empleos para la región, y cerca de 6.000 serán ingenieros”, señaló ayer. Por ello, pidió a la Comunidad de Madrid que se olvide de cuestiones políticas y haga lo necesario para acelerar el polígono industrial.
Uno de los problemas que tenía el Ayuntamiento de Getafe era que no lograba conseguir el dinero para pagar su parte de la expropiación. Hace seis meses consiguió que el ICO aprobara un crédito de 200 millones. Castro considera que “el retraso del parque de La Carpetania pone de manifiesto la desidia de una presidenta regional que no entiende que crear empleo es una de las competencias que tiene la Comunidad. En los ocho años que lleva en el Gobierno ha sido incapaz de reunirse con los agentes sociales para hacer un plan con el que crear empleo”. Y concluye: “La percha sobre la que debería colgar dicho plan es La Carpetania”.
[Según Mariño, el actual alcalde de Getafe, Juan Soler (PP), no ha transmitido a la Comunidad su opinión sobre el asunto.]
* El País - JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ Madrid 14 DIC 2011
Foto: Fábrica de Airbus, en el polígono de La Carpetania, en Getafe - elpais
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LASPROVINCIAS/Alicante* : Un perito mantuvo ayer en una comparecencia judicial que la Sociedad Proyectos Temáticos de Alicante (SPTA) defraudó 1,5 millones a Hacienda al percibir una devolución del IVA del ejercicio 2001 por dos obras inexistentes. Esa vista se enmarca en la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 9 de la capital de la provincia en enero de 2007, en la que están imputados el ex director técnico de esta empresa pública José María Arraiz y su sucesor en el cargo, Javier de Diego, junto al expresidente de Terra Mítica Luis Esteban y el constructor Luis Batalla.
La próxima en ser citada bajo esa condición podría ser Gema Amor, directora de SPTA -actualmente denominada Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV)- durante el periodo investigado. De hecho, el nombre de la también exconsellera y ahora concejal de Benidorm, figura en la querella que presentó en su día la Fiscalía de Alicante.
El perito, inspector jefe del Equipo Regional de la Agencia Estatal Tributaria (AET) en la Comunitat, defendió ayer ante los abogados de la defensa y el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, un informe demoledor donde se detallan todas las irregularidades que jalonaron los proyectos PT/55/00 y PT/62/00.
Por el primero, consistente en la ampliación de unas obras para la recogida de aguas pluviales en la zona G-3, la empresa pagó al contratista 5.183.159 euros, más 829.305 euros de IVA. El técnico coincide con otro inspector en que existen «indicios más que razonables de que Moncobra no realizó dichas obras».
Esos indicios son numerosos. Así, SPTA comunicó reiteradamente a Hacienda que no había localizado el expediente, donde debían figurar las ofertas presentadas al concurso, un procedimiento negociado y sin publicidad, el acuerdo de la mesa de contratación, el libro de órdenes o la relación de los trabajadores que estuvieron en el tajo.
Tampoco han aparecido documentos relativos a la solicitud de permisos o comunicaciones, ni el proyecto fue visado por ningún colegio profesional con el argumento de que «elevaba los costes».
Respecto a la licencia o los permisos administrativos, Arraiz se escudó en que el departamento jurídico de la mercantil pública no los veía necesarios al estar «amparados por una licencia genérica de la obra de urbanización».
También llama la atención el hecho de que la sustitución de una tubería por otra de mayor diámetro coincidiera en el tiempo con la inauguración del parque, el 27 de julio de 2000, por el Príncipe de Asturias. «Recordar que se emitieron certificaciones de junio a septiembre de 2000, y en este caso estamos hablando de una zanja atravesando la glorieta G-3, que es la que da acceso a la puerta de entrada», señala el perito.
Por si fuera poco, esos trabajos, que supusieron un gran sobrecoste, podrían «entrar en colisión» con los del proyecto PT/027/99 sobre movimientos de tierras y arbolado en la misma zona «pues no es posible al mismo tiempo plantar un árbol y hacer una zanja».
Las misma conclusión alcanza el inspector que compareció ayer en el juzgado respecto a la actuación PT 62/00, consistente en la limpieza y regeneración de Sierra Cortina y los bordes de los viales, por la que SPTA abonó 4,6 millones y otros 737.320 euros de IVA que luego se dedujo. Todo hace pensar que nunca se ejecutó.
Proyecto redundante
El objetivo final del proyecto ya era de por sí redundante con respecto a otros cinco. Y como en el caso anterior, no se ha localizado el expediente, ni documentos sobre permisos o comunicaciones, ni hay visado de colegio profesional, ni licencia de obra, nada.
Las irregularidades, de las que ya avisó en ambos casos la Sindicatura de Comptes, no acaban aquí. La empresa adjudicataria, Lubasa, facturó a la sociedad pública 83.800 metros lineales de riego por goteo cuando realmente no habrían hecho falta más de 26.000.
Además, el proyecto solo llevaba la firma de Arraiz, cuando otros similares habían sido rubricados por «nada menos que cinco ingenieros de montes», y la misma empresa, C3 Ingeniería, dirigía las obras y facturaba al mismo tiempo por controlar la calidad de las mismas.
* Las Provincias - 13.12.11 - MANRIQUE C. SÁNCHEZ
Foto: Benidorm (Alicante), Terra Mítica - mediterranea.org
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ANDALUCÍAINFO* : Lejos de los algo más de 20 millones de euros que en su día se citaron. Muy lejos. Ver hecha realiad la Ciudad del Flamenco costará alrededor de 45 millones de euros, según ha confirmado el delegado municipal de Urbanismo, Antonio Saldaña.Tal cantidad supone una inversión de 211,63 euros por cada una de las 121.629 personas censadas en el municipio de Jerez a 1 de enero de 2011, según datos del propio Ayuntamiento.Ese ‘desembolso’ sin embargo no saldrá del bolsillo de los contribuyentes. Al menos no todo. Y es que desde el Gobierno local se dice que las arcas municipales no pueden soportan una inversión de tal calibre. Por este motivo, se recurrirá a “soluciones innovadoras, porque tenemos claro que el dinero no saldrá del Presupuesto municipal”, reseña Saldaña.¿Qué va a hacerse entonces para sacar adelante este “proyecto singular”?
La propuesta que los responsables municipales han puesto sobre la mesa es que la financiación de la construcción de la infraestructura se compensa cediendo la gestión a la empresa que lleve a cabo los trabajos. Es decir, el trato consistiría en ceder la explotación -o parte- a la firma en cuestión, a través de un concesión administrativa. En el pliego de condiciones correspondiente quedarían recogidas las posibles compensaciones que el Ayuntamiento está dispuesto a realizar. Entre éstas, tal y como ha reconocido el propio delegado municipal de Urbanismo se encuentra la de “dar garantías” a la firma constructora “por el dinero puesto” por medio de suelo, “para que puedan obtener ingresos”.
En este sentido, desde el Ayuntamiento se va a proponer a los inversores que cobren “desde 2013 vía Diputación, para que puedan tener líquido y hagan la obra”.Sin embargo, y previendo ya que el hecho de que la iniciativa privada no sea suficiente para sacar adelante una infraestructura que será “única en el mundo”, desde la calle Consistorio ya se avisa de que se recurrirá a “aportaciones de la administración”. sin respuestaEl plazo dado por el Ministerio de Cultura al Ayuntamiento para corregir el uso inapropiado que si hizo de los fondos concedidos para la Ciudad del Flamenco expira.
El Ayuntamiento ha dicho que no podrá satisfacer la petición ministerial. Vamos, que no hay tiempo ni dinero para hacerlo, reconoce. No obstante, cabe destacar que ya en su día se hizo público que Cultura estudiaba una fórmula legal para evitar que el Ayuntamiento de Jerez se viese obligado a devolver los 2,4 millones de euros que en su momento aportó para las obras de la Ciudad del Flamenco y que el anterior equipo de Gobierno (PSOE) destinó al pago de nóminas de los trabajadores municipales.
El portavoz del Gobierno municipal destaca que la prioridad ahora está en “desbloquear” la paralización de las obras. “Luego ya pelearemos por no devolver los fondos y que nos reintegren el 15%”.Esta misma semana, la alcaldesa, Mª José García-Pelayo, ha recibido una carta del Ministerio de Cultura exigiendo “la justificación de los fondos y una foto” antes del 30 de diciembre.Cumplir esa exigencia es inviable. Los plazos que esperan cumplirse están a unos tres años vista. “Si conseguimos desbloquear el asunto en unos seis meses, y teniendo en cuenta que la obra durará de dos a dos años y medio, en unos tres años” podría ser una realidad la esperada Ciudad del Flamenco. Porque hasta entonces, Jerez podrá presumir de ser la cuna del flamenco, pero nada más.
Los arquitectos Herzog y De Meuron tienen seis millones de euros pendiente de cobro
En el año 2003, la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez convocó un concurso internacional de arquitectura para la construcción de la Ciudad del Flamenco. El 10 de enero de 2004, el jurado calificador eligió, por unanimidad, la propuesta de los suizos Herzog y De Meuron.
Tal elección daba una proyección sin igual a un proyecto singular, que buscaba hacer de Jerez aún más la ciudad del flamenco. Sin embargo, y después de que multitud de trabas por la falta de financiación hayan paralizado desde entonces el proyecto, el Ayuntamiento todavía debe unos seis millones de euros, de los nueve a los que finalmente han ascendido la intervención de los arquitectos, según ha confirmado el portavoz del Gobierno local (PP), Antonio Saldaña.
Desde el Consistorio se apunta que se irá saldando esa deuda con las aportaciones que vayan realizándose desde el Ministerio de Cultura, por ejemplo, al que se ha instado directamente y a través de los medios de comunicación a establecer una inversión concreta y estable, que permita acometer las fases restantes de la obra sin tener que depender de si las partidas presupuestarias asignadas en cada presupuesto anual se confirman cada año. el proyectoEl proyecto inicial presumía de que en la plaza Belén, en pleno corazón de Jerez, se iba a levantar la Ciudad del Flamenco, “un complejo cultural para la promoción y divulgación del arte flamenco que contará con Auditorio Nacional del Flamenco, Escuela Superior de Arte Flamenco, Centro de Investigación y Documentación del Arte Flamenco, y Museo Flamenco”.
El Consistorio perseguía cuatro objetivos básicos: la difusión de del arte flamenco en todas sus facetas; la prestación de servicios de formación; la promoción de la investigación sobre el Flamenco, mediante programas directos y acordados con universidades y centros de investigación musical; la prestación de un servicio estable de documentación, y la exhibición pública de la historia del Flamenco. La cuna del flamenco todavía está esperando.
* Andalucía Información - 18/12 · Carlos A. Cabrera
Foto: Desolador estado del solar.- ai
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LAVOZDEGALICIA* : El programa de vistas áreas por satélite Google Earth Histórico se ha convertido en un aliado de la Fiscalía especial de Ordenación del Territorio de Vigo. Los fiscales lo usan para detectar posibles infracciones a lo largo del tiempo. La representante del Ministerio Público descargó recientemente el programa y usó una aplicación que permite ver la evolución de un terreno.
El resultado de esta aplicación pudo verse ayer en un juicio que se celebró en el juzgado de lo Penal nº2 de Vigo contra el constructor José Luis Barros por una supuesta ampliación sin licencia en el 2003 de una fábrica de vigas de hormigón de Nigrán, obra que fue denunciada por unos vecinos a los que presuntamente afectó un depósito de arenas y gravilla.
La Fiscalía pide un año y 9 meses de cárcel -sin ingreso en prisión- para el empresario por un delito contra la ordenación del territorio, dos años de prohibición para ejercer su oficio de constructor, una multa de 2.880 euros y la demolición de la obra en la finca afectada. Además, la fiscal pide otros 10 meses de cárcel por un delito de desobediencia por haber retirado, presuntamente, los precintos policiales de la obra parada.
La fiscala imprimió tres imágenes aéreas del barrio de Paradellas y Telleira relativas a los años 2001, 2003 y 2009, capturadas del Google Earth Histórico, y las llevó al juicio. La acusación pública, en su interrogatorio, mostró dichas panorámicas a vecinos y policías para ver si reconocían la zona pero la reacción fue dispar. Una vecina, a la que la jueza reprendió por su memoria selectiva y sus evasivas, dijo directamente que no entendía «de esas cosas» y rehusó ver las imágenes. Y un policía local, al que la jueza le reprochó su falta de memoria y no haberse leído el atestado, se excusó porque «nunca» había visto una foto aérea. «¿Y si yo le enseño una vista de playa América la reconocería?», replicó la fiscal. El agente aclaró que él, en el 2003, se había limitado a poner los precintos a la obra.
La defensa alegó en su informe que las obras realizadas sin licencia eran legalizables y que los precintos pudo haberlos tirado el viento o caerse solos.
* La Voz de Galicia - 16.12.11
Foto: Vistas aéreas que reflejan la evolución del barrio nigranense - lavoz
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