Vigo.- El Superior manda tirar un restaurante de lujo en la marina de A Lagoa

ELPAÍS* : El puerto deportivo de A Lagoa, en la falda del monte vigués de A Guía, se ha convertido en un calvario judicial para su promotor, el empresario Manuel Fernández de Sousa. Una tras otra, todas las construcciones levantadas en el dominio público han ido sumando sentencias en contra en primera instancia, después confirmadas por el Tribunal de Xustiza de Galicia (TSXG). En esta ocasión llegan de dos en dos, que afectan a la nave que levantó sobre una pequeña caseta de madera desmontable, que fue engullida por una construcción fija cinco veces mayor, en la que la concesionaria abrió un lujoso restaurante. Una ordena el cese definitivo de actividad. La otra, su derribo.

Las dos sentencias del tribunal gallego desestiman sendos recursos presentados por la empresa Astilleros y Construcciones A Lagoa, propiedad del presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, contra dos fallos de distintos juzgados de lo contencioso administrativo de Vigo, el 1 y el 2. El Tribunal de Xustiza confirma las sentencias iniciales en todos sus extremos, condena a costas al recurrente y cierra la vía judicial a los intentos de la promotora de la marina para legalizar sus construcciones.

Tras hacerse con los derechos de la concesión de la Autoridad Portuaria para construir el puerto deportivo, Fernández de Sousa lo dotó de tres grandes naves y una construcción para restaurante sin solicitar licencia al Ayuntamiento. Esta última motivó un acuerdo de reposición de la legalidad aprobado por la Gerencia de Urbanismo de Vigo en mayo de 2007 y ratificado en octubre de 2008. A Lagoa recurrió entonces a la vía judicial, en la que ha cosechado sendas derrotas.

El TSXG tumba los argumentos de la promotora del puerto deportivo vigués. Esta alegaba que el expediente de restauración de la legalidad no identificaba correctamente la superficie y características de la instalación prefabricada inicial, para la que disponía de una licencia de caseta desmontable. La sala de lo contencioso-administrativo del TSXG sostiene que en efecto la construcción que se ordena demoler no coincide con la garita de 30 metros cuadrados para la que tenía permiso, pero que esto se debe a que fue sustituida mediante una ampliación que absorbió la anterior. "Toda ella es ilegal", sostiene el fallo.

A Lagoa también intentó demostrar que, al ser el de Vigo un puerto de interés general, la competencia exclusiva para actuar sería de la Autoridad Portuaria, a lo que replica la sentencia que el Ayuntamiento de Vigo tenía "competencias para pronunciarse sobre la legalidad o no" de la obra. El promotor alegó, igualmente sin éxito, que el Plan Especial del Puerto no podía supeditarse al planeamiento urbanístico municipal. Por último, denunció que en la tramitación del expediente no se dio audiencia a la Autoridad Portuaria, lo que se le deniega por no haber tenido ese organismo "participación alguna en la realización de la obra".

"Ningún defecto se observa en el procedimiento tramitado, ni en su contenido ni en la resolución dictada", falla el TSXG, que recuerda que la misma sala de lo contencioso administrativo se ha pronunciado sobre asuntos análogos en sentencias de 2009 y 2010, en las que ya se analizaron "los mismos argumentos". En todos los casos, el tribunal con sede en A Coruña dictaminó la ilegalidad de las naves anexas.

La otra sentencia del Superior ratifica el cese definitivo de la actividad del restaurante cafetería que alberga la nave, con un razonamiento similar al del fallo que ordena el derribo. Los dueños del puerto perdieron en primera instancia y el TSXG ratifica aquel fallo, al compartir "plenamente" los argumentos del juez de instancia.

A la espera de la piqueta
Las sentencias se suceden, pero los vecinos de Teis, el barrio costero vigués en el que está enclavado el puerto deportivo, siguen a la espera de que se concreten en forma de derribo. La primera de las dictadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de forma irrevocable data de diciembre de 2010, y afecta a dos de las tres naves, las de mayor tamaño, que, junto a la que alberga el restaurante, se levantan en terrenos de la marina de A Lagoa. Todavía no se ha ejecutado.

Ante la resistencia de A Lagoa a derribar las naves, el concejal de Urbanismo de Vigo, José Mariño, firmó el pasado 11 de marzo un requerimiento al propietario para que ejecute las demoliciones, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, será el Ayuntamiento de Vigo el que efectuará los trabajos, para después pasarle la factura a la empresa. Mariño afirmó entonces que la sentencia se cumpliría "en uno o dos meses" pero, transcurrido ese plazo, las construcciones siguen en pie.

Confirmada la negativa de A Lagoa, la gerencia de Urbanismo de Vigo aprobó el pasado 18 de noviembre la contratación del derribo de dos de las naves ilegales, presupuestado en 84.767,76 euros. De momento, la instalación que alberga el restaurante debe esperar.


* El País - PABLO LÓPEZ - 28/11/2011
Foto: Vigo, puerto deportivo A Lagoa - google

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'Malaya'.- Roca admite que pagó a un funcionario judicial de Marbella

SUR/Málaga* : Juan Antonio Roca sigue dando detalles sobre la trama de pagos bajo cuerda que impulsó en Marbella, según él "por orden de Gil". El principal imputado en el juicio por el 'caso Malaya' sigue intentado justificar ante el juez todos los pagos en metálico que repartió entre los concejales del equipo de gobierno como "gratificación" para que no rompieran el tripartito. Pero estos sobres con dinero no solo llegaban a los ediles, como mantiene la Fiscalía Anticorrupción.
Roca también tuvo negocios o tratos con funcionarios del Ayuntamiento o cargos que podían ayudarle en su control del gobierno municipal. Roca habló hoy de los supuestos pagos que efectuó a Leopoldo Barrantes, que fuera secretario municipal del Ayuntamiento de Marbella, Rafael del Pozo, jefe de la Policía Local o Francisco Ramírez, funcionario de los juzgados de Marbella.

Este último caso es quizás uno de los más llamativos, ya que la Fiscalía sostiene que Ramírez era una especie de 'topo' de Roca en los juzgados, al que mantenía informado de los distintos procesos judiciales en los que estuviesen implicados miembros del Ayuntamiento. El considerado cerebro de la trama admitió esta mañana en el juicio que pagó 6.000 euros y regaló un reloj a este funcionario judicial, aunque niega que fuese un soborno. "Me hizo una gestión para la venta de unos terrenos en el Puerto de Santa María", dijo Roca, que vinculó este favor con el pago de los 6.000 euros.
Ante las preguntas del fiscal, Roca aseguró que Francisco Ramírez "no me tenía al tanto. Alguna vez le he preguntado por algún tema que estaba en su juzgado, en algún momento me ha dado información de una citación de los concejales, pero sin mayor importancia, No era una persona que me contara lo que pasaba en los juzgados", declaró Roca.
Los estudios de Derecho de Rafael del Pozo
Respecto a las entregas de dinero que se reflejan en su contabilidad relacionadas con Rafael del Pozo, exjefe de la Policía, Roca también los desvinculó con sobornos para que lo informara de posibles investigaciones. Roca explicó que unos pagos de 120.000 estuvieron relacionados con la compra de una vivienda por parte de Del Pozo, que le pidió ayuda para gestionar una hipoteca. "Acordé con Del Pozo dar yo la entrada de la vivienda y que si él finalmente no podía hacer frente a la hipoteca, yo me quedaría con ella". Según su testimonio, finalmente Del Pozo no consiguió la hipoteca y Roca se quedó con la casa y la seguió pagando. Otro de los pagos a Rafael del Pozo, Roca dijo que era un adelanto para que se matriculara en la carrera de Derecho en una universidad privada, pero que finalmente no le llegó a hacer.
Respecto a Leopoldo Barrantes, Roca también argumentó que los pagos tenían que ver con negocios privados suyos y no con el papel del secretario municipal en el Consistorio. Roca aseguró que Barrantes le presentó e un promotor de Extremadura que estaba interesado en vender una parcela, por lo que le pidió a Roca asesoramiento. Al conseguir vender Roca la parcela recibió una comisión que quiso compartir con Barrantes, que era el que le había facilitado el contacto. "Como me dice que no quiere comisión, que él solo quería hacerle un favor a su amigo, le doy un sobre a su hija, un regalo de 18.000 euros". La Fiscalía mantiene que este dinero tiene que ver con que el secretario municipal hacía la vista gorda ante las irregularidades que se cometían en el Ayuntamiento.


* SUR - 28.11.11 - ENRIQUE MIRANDA
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es

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Torrevieja dio licencia a la planta de basura con cinco informes en contra

ELPAÍS/Alicante* : La planta de transferencia de basura de Torrevieja ha devenido en un foco de problemas para el Gobierno local, del PP. La concejal del PSPV Fanny Serrano desveló ayer en un pleno que el concejal de Urbanismo, Francisco Moreno, le concedió por decreto a la UTE que se encarga de la recogida de los residuos, formada por La Generala y Acciona, una licencia de obras para construir la planta el 12 de noviembre de 2010, desatendiendo hasta cinco informes en contra de la arquitecta municipal, del jefe del servicio de Urbanismo y de dos arquitectos técnicos, también municipales. El concejal Moreno avaló el permiso con un informe externo.
La empresa solicitó el permiso en marzo de 2005, tras serle adjudicado el contrato de recogida de residuos durante una década, pero se le concedió cinco años y medio más tarde. Para colmo, esa misma licencia fue declarada caducada el 21 de septiembre de este año por inactividad.

Moreno reconoció que le han pedido al promotor que inicie un nuevo trámite para obtener otra licencia. Pero, ahora mismo, la planta sigue funcionando sin licencia de obra, actividad o apertura porque nunca ha dispuesto del estudio de impacto ambiental y de ningún informe favorable que no fuera externo. Sin embargo, el Gobierno se niega a cerrarla. El portavoz de Los Verdes, José Manuel Dolón, vio en esta actitud una estrategia dilatoria para que "el tema siga muerto" y legalizar la planta en una actuación urbanística más amplia, movimiento que calificó como "un pelotazo".

Por la adjudicación de este contrato en 2004 ya está imputado el exalcalde y actual diputado autonómico Pedro Ángel Hernández Mateo. La juez vio indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y falsedad documental y remitió la causa al TSJ valenciano por su condición de aforado. El arquitecto municipal y la secretaria del Consistorio abogaron por dejar desierto el concurso. Hernández Mateo encargó un informe jurídico externo a un despacho que trabajaba con asiduidad para la empresa que resultó adjudicataria.


* El País - 26.11.11
Foto: torrevieja.es

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El Puerto.- La Fiscalía de Cádiz ha interpuesto denuncia contra el alcalde por “trato discriminatorio” a los diseminados

BAHÍADECÁDIZ* : La Fiscalía de Cádiz ha procedido a interponer denuncia ante el Juzgado Decano de El Puerto de Santa María, contra el alcalde, Enrique Moresco y la teniente de alcalde, anterior delegada de Urbanismo, Patricia Ybarra. Así lo aseguran desde Fevema (federación de vecinos de diseminados, de asociaciones de vecinos de núcleos ilegales en la ciudad).
“Según hemos podido conocer, esta denuncia de Fiscalía parte de varias diligencias instadas por determinados colectivos a la que se han acumulado otras tantas provenientes de asociaciones federadas a Fevema, que consideran que han recibido un trato discriminatorio por parte del equipo de Gobierno”, indica este colectivo en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.

Y es que, como han indicado los representantes de dichas asociaciones, “estando todos en las mismas circunstancias ante un documento como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en la actuación del Gobierno municipal con los diferentes diseminados no ha primado la igualdad de trato”. Con todo, “consideramos que ésta es una buena oportunidad para que los responsables políticos del equipo de Gobierno demuestren su tan llevado discurso de la anterior legislatura de que nunca incumplirían la ley”.

PETICIÓN DE REUNIÓN, SIN RESPUESTA

Por otra parte, Fevema aprovecha para recordar al actual concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, su “obligación de cumplir con los ciudadanos”, indicando que “ya han transcurrido seis meses desde que tomara las riendas del área, y “aún no se ha dignado a responder a ni una sola de nuestras peticiones de reunión, que le hemos remitido tanto a través del Registro General como personalmente a través de su asesor o coordinador de área José Galán”.

“Esperamos que Diego Muñoz sea más receptivo que la anterior concejala de Urbanismo y tenga a bien oír y escuchar sin sectarismo nuestras demandas, para evitar que en el futuro se nos tache como hizo su antecesora, de grupo de presión, cuando desde esta federación estamos demostrando sobradamente que tenemos talante conciliador y paciencia a pesar de la indiferencia del equipo de Gobierno ante las necesidades de las familias portuenses”, se remarca.


* Diario Bahía de Cádiz - 27.11.11
Foto: El Puerto (Cádiz), diseminados - bahiadecadiz

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Madrid.- El 15-M okupa un edificio en Carabanchel y otro en Galapagar para convertirlos en centros socioculturales

ELPAÍS* : Los indignados de Carabanchel han okupado esta mañana un economato que llevaba más de una década abandonado, según ha informado la asamblea popular del barrio a través de la red social Twitter. En Galapagar integrantes de la asamblea popular también han okupado un antiguo centro de salud "para la ciudadanía" y ya han elaborado un calendario de actos que incluyen debates, mercadillos de trueque o encuentros de la marea verde (nombre que recibe el movimiento en favor de la educación pública).
Después de celebrar una asamblea en la plaza de Oporto este mediodía, una veintena de los asistentes han entrado en el inmueble de la calle Algorta, donde ya se encontraban media docena de personas y han colgado una pancarta anunciando la "apertura del nuevo espacio socioculutural liberado El Eko". El objetivo es dotar a este espacio de contenidos socioculturales para el barrio, según aseguran los okupas. Aunque la Policía Nacional ha acudido hasta el lugar, se han retirado sin que se produjeran incidentes.

Los okupas de Carabanchel han explicado que rehabilitarán el inmueble para convertirlo en un centro social, aunque no han concretado ninguna fecha de apertura o de inicio de las actividades socioculturales.

Estas son la cuarta y quinta okupaciones en Madrid en los últimos meses tras las de Corredera Baja de San Pablo, Concepción Jerónima y el Hotel Madrid, en la calle Carretas.


* El País - AGENCIAS - Madrid - 27/11/2011
Foto: Madrid, okupación 15M en Carabanchel - fotograccion

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Barcelona.- La Rotonda. La degradación de un edificio histórico

E-NOTICIES* : El edificio la Rotonda, de estilo modernista, que está en desuso desde hace 5 años se encuentra en un estado ruinoso -grietas y humedades por toda la fachada, mosaicos en mal estado, palomas dentro del edificio y puertas y escaleras oxidadas-como se puede ver en las imágenes que ha cedido la plataforma cívica Salvem La Rotonda, que quiere detener la reforma que debe llevar a cabo la inmobiliaria Núñez y Navarro.
La plataforma viene denunciando que "Núñez y Navarro, propietario desde 1999, se ha distinguido por no cuidarse en absoluto de hacer el más mínimo mantenimiento ni limpieza y es el principal responsable del lamentable estado del edificio, junto con el anterior ayuntamiento, que nunca le obligó a cumplir sus responsabilidades legales para con un edificio protegido".

La empresa logró que el anterior Ayuntamiento le aprobara un Plan urbanístico especial, con el informe en contra de los propios servicios técnicos de Sarrià Sant Gervasi en que "le permiten edificar más m2 de los que le corresponden, alterando la forma del edificio en altura y profundidad".

La plataforma denuncia que la constructora Núñez y Navarro pretende derribar una parte del edificio La Rotonda de Barcelona, ​​"sin respetar la normativa que protege el edificio modernista, y con el objetivo de hacer 5 plantas de aparcamiento subterráneas".

La empresa "prevé también el derribo de una tercera parte del edificio protegido. La parte no protegida, de Enric Sagnier -arquitecto diseñador del edificio-, se derriba totalmente".

El edificio modernista está catalogado por el Ayuntamiento de Barcelona y fue construido a principios del siglo XX para ser un hotel. De hecho, fue hotel -primero el Metropolitan y luego el Hotel La Rotonda- hasta los años setenta.

Después de estar unos años abandonado, el inmueble fue ocupado por el Hospital Sant Gervasi, especializado en salud mental y geriatría, que en el mes de agosto del 2007 se trasladó -porque se le acabó el contrato- en las dependencias del Hospital Duran y Reynalds de L'Hospitalet de Llobregat. Desde entonces el edificio está completamente vacío. "Las farmacias estamos con el agua al cuello"


* E-Notícies - 11.11.11
foto: Barcelona, edificio la Rotonda en peligro - e-noticies

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Lugo.- Cultura vuelve a vetar el proyecto de O Garañón por ''desproporcionado''

ELPROGRESO* : La urbanización de O Garañón acaba de recibir un nuevo varapalo, el enésimo. La Consellería de Cultura desestimó el recurso presentado por el Concello al informe negativo sobre el proyecto de urbanización y lo hace con los mismos argumentos y, si cabe, más contundencia.
La Xunta ve «desproporcionado» el proyecto de edificación y dice que el hecho de que el entorno de O Garañón ya esté degradado por acciones urbanísticas previas no justifica que se estropee todavía más. «La cuestión ahora debatida es que no se degrade todavía más su entorno», afirma.
El Concello considera que la urbanización no está dentro del ámbito de las termas (Bien de Interés Cultural) ni del sanatorio Portela (incluido en el inventario de patrimonio cultural de Galicia). Defiende que entre las torres proyectadas y el antiguo hospital hay una parcela para la que el plan general vigente prevé siete plantas de altura y entre los edificios y las termas se interpone la Avenida República Arxentina, la Costa da Viña y la N-VI.

Sin embargo, Cultura mantiene que al no estar delimitado el contorno de esos bienes ni por la Xunta ni por el Concello, rigen las Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento de las provincias gallegas. El Concello siempre discutió esta aplicación, ya que considera que rigen solo para suelo rústico, pero la consellería mantiene que se deben guardar 100 metros de distancia a elementos de arquitectura civil protegidos (el sanatorio) y 200, a restos arqueológicos (las termas).

Cultura tampoco acepta el argumento del Concello de que no hay afectación negativa al parque Rosalía de Castro porque este no es un bien protegido -pregunta por qué entonces se protege en el nuevo plan general de urbanismo- y que no se produce anulación de la visibilidad en el contorno.

La Xunta sostiene que la incidencia paisajística de las seis torres proyectadas en O Garañón sobre el Parque es indiscutible y, en base a los planos del proyecto de urbanización, Cultura calcula el impacto de los edificios. «Parece claro que uns bloques de máis de 82 metros lineais cunha altura de 30 metros cara á rúa proxectada e de 40 metros cara a Avenida da República Arxentina producen unhas pantallas artificiais que anulan a visibilidade e contemplación dos bens protexidos e dos seus contornos», señala la consellería en su respuesta al recurso municipal.

Una de las alegaciones del Concello se refería, precisamente, a que la Xunta se extralimitaba en su informe porque además de referirse al proyecto de urbanización se pronunciaba también sobre la edificación. «Non pode pretenderse que se realice unha avaliación técnica que ignore o que resulta evidente do propio contido (descrición, grafado e planos) do proxecto de urbanización. Todo isto permite avaliar o desproporcionado das edificacións futuras en relación cos bens do patrimonio cultural e os seus contornos, o que ademais pode constatarse na realidade construída na actualidade», responde Cultura, en alusión a las dos torres levantadas ya y cuya construcción fue paralizada por el juzgado hace un año.

La Xunta tampoco ve incongruencias en los informes de sus arqueólogos y arquitectos. Los primeros afirman que O Garañón no es una zona propicia para hallazgos, pero eso no supone que no exista impacto negativo, dice Cultura. Los arquitectos señalan que el sanatorio Portela ya fue objeto de actuaciones que perjudicaron su valor y que la nueva urbanización no menoscaba las termas, pero el Gobierno gallego insiste en que el proyecto rompe la armonía de la zona y recalca que no se puede degradar más.

El Concello tiene dos meses para recurrir al juzgado la decisión de la Xunta, pero acaba de conocerla y aún no ha tomado una decisión.

ALTERNATIVAS
Hacer otro proyecto o pagar indemnizaciones

El edil de urbanismo, Luis Álvarez, explicó que los servicios jurídico y de arquitectura del Concello analizarán en las próximas semanas la respuesta de Cultura para decidir si se recurre o no al juzgado y analizar alternativas.

Otra propuesta

El Concello anunció en su día que, si el proyecto no es legalizable, se pediría otro al promotor, pero este podría optar por pedir indemnizaciones.


* El Progreso - 24/11/2011 - Carmen Uz
Foto: Lugo, polémicas torres O Garañón - lavozdegalicia

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Andratx.- Massot, Gibert y Mir vuelven al banquillo por permitir la ampliación de un chalet en zona protegida

ÚLTIMAHORA/Mallorca* : El exjefe del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot, el excelador municipal Jaume Gibert y el exasesor jurídico del Consistorio José Ignacio Mir, volverán a sentarse el próximo miércoles en el banquillo de los acusados en el marco de la pieza 55 del caso Andratx, por haber permitido la ampliación de una vivienda unifamiliar de 134 metros cuadrados que había sido construida en los años noventa y que estaba ubicada en terreno protegido. Se trata de la decimoquinta pieza del caso que será enjuiciada -todas las anteriores se han saldado con condena-.
La Audiencia acordó suspender esta vista el pasado día 10 después de que la defensa de Mir pusiera en conocimiento del tribunal de la Sección Segunda que su patrocinado se encontraba enfermo. En concreto, la Fiscalía solicita seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para Massot por un presunto delito de prevaricación, las mismas penas para Gibert por la misma infracción penal y 9.000 euros de multa por falsedad en documento oficial para Mir, quien ya fue condenado en firme a un año de prisión por la construcción de la vivienda del exalcalde Eugenio Hidalgo con licencia de nave agrícola.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por los abogados Josep de Luis e Isabel FluxÃñ en representación del Ayuntamiento 'andritxol', pide en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, dos años de prisión para Massot -quien cumple condena en el centro penitenciario de Palma por otros dos flecos de la causa-, un año y ocho meses para Gibert y un año de cárcel para Mir.
En su escrito de acusación, el Ministerio relata cómo el propietario del terreno obtuvo en 1992 licencia para levantar un chalet a pesar de que sólo había unas ruinas que no podían rehabilitarse por haber perdido el uso de vivienda, mientras que cinco años después le fue concedido otro permiso para construir una piscina. Sin embargo, fue en 2001 cuando los tres acusados entraron en escena al ser solicitada licencia para ampliar el chalet.
Así, Massot emitió en junio de 2002 un informe favorable a la concesión pese a indicar en el mismo que se trataba de suelo catalogado como Area Natural de Especial Interés (Anei) y Area Rural de Interés Paisajístico (Arip). Y ello a pesar de conocer «perfectamente» la normativa urbanística, los trámites a seguir si era terreno protegido y saber que se estaba solicitando una ampliación que suponía rebasar en dos veces y media el volumen máximo autorizable por las Normas Subsidiarias (NNSS) de Andratx, según el escrito.
Por su parte, prosigue la Fiscalía, Gibert emitió un informe oficial en el que de forma inveraz afirmaba que en la parcela existía una vivienda cuya antigüedad era anterior a 1950, debido a que «parte de la construcción era una buena imitación de las técnicas constructivas de las edificaciones rurales de Mallorca». Del mismo modo, Mir emitió su informe jurídico el 26 de junio de ese año, también favorable y con un «incumplimiento claro de la legalidad», según la acusación pública. Los informes de los acusados posibilitaron de esta forma que la licencia fuese concedida el 5 de julio.
Se da la circunstancia de que la Audiencia desestimó, en el marco de esta pieza, el recurso de apelación que interpuso Mir contra el auto dictado por el anterior juez del caso Andratx, Francisco José Pérez, que ponía fin a la instrucción del fleco. El imputado alegaba que actuó de este modo debido a que ya había sido otorgada una licencia en 1992 por nadie impugnada y su abogado apuntaba además a la carencia de conocimientos técnicos suficientes por parte de su patrocinado. Unas alegaciones que fueron rechazadas de plano por el órganio judicial, que confirmó de este modo el auto recurrido.


* Ültima Hora - EP. - 26.11.11
Foto: Andratx (Mallorca) - diario de mallorca

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C.Valenciana.- Mociones municipales contra la cesión de suelo público para colegios concertados

ELPAÍS* : La oposición frontal de todos, padres, alumnos, profesores, inspectores y sindicatos, a la cesión de suelo público para construir colegios concertados ha llevado a la Plataforma per l'Ensenyament Públic a iniciar una campaña de mociones en todos los Ayuntamientos para "frenar la privatización" del sistema educativo valenciano. Se trata del segundo sistema en el nivel nacional en el que más ha crecido la enseñanza privada concertada.
La Plataforma ha convocado también reuniones en las Cortes Valencianas con todos los partidos para retirar el artículo de los Presupuestos de 2012 que regula la cesión de infraestructuras públicas, y concentraciones en las tres capitales y municipios de mediano tamaño. La campaña concluirá el 21 de enero con un manifestación en Valencia.

"La Plataforma continúa con estas acciones y la campaña iniciada el curso pasado de oposición a esta iniciativa, porque considera que la construcción de este tipo de centros, los llamados Centros de Iniciativa Social (CIS), suponen un freno a la construcción de centros públicos", afirma en un comunicado. Esta estrategia de privatización de la enseñanza pública supondrá "una reducción de unidades y de profesorado por culpa del trasvase de alumnos de la escuela pública a los nuevos centros".

La Plataforma está integrada por la federación de padres de alumnos FAPA-Valencia, los sindicatos CC OO, STEPV y UGT, la confederación de asociaciones de vecinos de la Comunidad Valenciana (Cavecova), las federación de alumnos Faavem, las asociaciones de directores de Primaria y de Secundaria, la de inspectores Adide, los movimientos de renovación pedagógica MPRs y los sindicatos universitarios BEA, Campus Jove y SEPC.


* El País - NEUS CABALLER - Valencia - 25/11/2011
Foto: Valencia, protesta por una enseñanza pública de calidad (archivo) -- ccoo

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“Pagamos ahora los efectos de la fiesta inmobiliaria”

ENRIC LLOPIS* : Se informa de la crisis como fruto del azar, sin causas ni responsables, y con una sola receta para salir de la misma: planes de austeridad, ajustes y recortes. Para el reputado economista y estadístico, José Manuel Naredo, sí que hay un origen claro de la actual recesión en el estado español: “ahora estamos pagando las consecuencias del festín inmobiliario de los últimos años, impulsado por la coalición de un neocaciquismo disfrazado de democracia y el binomio formado por el poder financiero y las grandes constructoras”.
Naredo, que incluida la última ha estudiado con detalle tres burbujas inmobiliarias, ha realizado estas reflexiones en el segundo taller de la Academia de Pensamiento Crítico de Socialismo 21 y El Viejo Topo, titulado “¿Es España diferente? El modelo inmobiliario español y sus consecuencias económicas, ecológicas y sociales”.
En Europa se distinguen dos modelos inmobiliarios. El primero, por el que han apostado Alemania o Suiza, se basa en la regulación de la propiedad y la actividad inmobiliaria, el alquiler, la vivienda social y la conservación del patrimonio. “Los países que se han movido dentro de este paradigma se han visto menos afectados por la crisis”, subraya Naredo. Pero el estado español, y muy singularmente el País Valenciano, se han apuntado al segundo modelo, que les ha hundido en la recesión; reclasificaciones de suelo y plusvalías a mansalva, y vivienda libre y en propiedad (con absoluta independencia de las necesidades demográficas) son los rasgos de esta alternativa.

El economista, autor de “Luces en el laberinto” (2009) y “Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas” (2010), explica en su último libro algo en lo que se insiste poco: las raíces franquistas del modelo inmobiliario español. “La especulación de unos pocos se impuso durante el franquismo a la planificación urbana y la ordenación del territorio al servicio de la mayoría”, explica Naredo, quien añade que Madrid se convirtió en uno de los ejemplos más logrados de este fenómeno. Además, la vivienda libre y en propiedad fue desplazando –en un proceso que culminaría en la democracia- a la vivienda social y el alquiler (antes de esta transformación, en Barcelona, Valencia o Bilbao se daba un predominio absoluto del arrendamiento). Para rematar, salta a la vista la raigambre franquista de las grandes constructoras españolas.

Por ejemplo, Naredo sitúa en “los años del desarrollismo” franquista la primera ola de “urbanismo salvaje” en el litoral, un proceso de urbanización sin precedentes (el parque de viviendas aumenta en esos años un 40%) y la demolición o reedificación de los edificios de los cascos históricos. Fenómenos, todos ellos, que se consolidarían en décadas posteriores.

Éste es el origen del disparatado paradigma inmobiliario. ¿Y los efectos? Devastadores. En plena burbuja, España consumía casi 60 millones de toneladas de cemento anuales y más de una tonelada de cemento por hectárea de media. Lo que está detrás de estas cifras –explica el profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid- es “la masiva destrucción de suelo y de sistemas agrarios, reclasificados de manera casi sistemática, para la obtención de plusvalías”.

Se padece actualmente la resaca del boom en forma de recortes, paro y exclusión. Pero entonces, entre 2001 y 2007, la orgía se celebraba sin freno. El estado español construía más viviendas que Francia y Alemania juntas, aunque la población de estos países fuera el triple que la española y la superficie territorial, el doble. “La burbuja, concluye José Manuel Naredo, no guarda relación con la demografía ni con las necesidades básicas de la población; a medida que crece la construcción de viviendas, lo hacen también los precios, en función de las expectativas de negocio”.

La denominada crisis de las deudas soberanas también se explica -en el caso español, donde el endeudamiento privado supera ampliamente al público- por el monocultivo del ladrillo. Si en 1995 (antes de la burbuja), la deuda hipotecaria de las familias españolas en relación con su renta disponible era inferior a la de franceses, alemanes, japoneses, británicos, estadounidenses y canadienses, en 2006 (en pleno boom) superaba a estos. Los ciudadanos españoles habían hipotecado irremediablemente su futuro, en un país salpicado de “operaciones” urbanísticas y “megraproyectos”, y que ocupaba una posición de vanguardia en kilómetros de autovía, líneas de tren de alta velocidad y ruinosos aeropuertos provinciales.

Sin embargo, a juicio de Naredo, peor que los daños económicos, sociales y ambientales del modelo, es “el estrés psicológico y la bancarrota moral, individual y colectiva provocada”; una corrosión de los principios que conducía al agio generalizado y alcanzaba cotas de corrupción como las registradas en el Ayuntamiento de Marbella. Ahora, “con un modelo inmobiliario agotado –subraya Naredo-, en lugar de reformarlo para volver a la vivienda social (de la que carece el país) y regular el stock de pisos vacíos, se opta inexplicablemente por la reforma del mercado de trabajo o de las pensiones”.

Actualmente, recuerda el autor de “El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano” (2011), “el gran patrimonio inmobiliario está en manos del sector financiero, que está en peligro de padecer una crisis de solvencia; Ésta se hará evidente cuando los balances contables vayan recogiendo el desplome del sector del ladrillo, es decir, la desvalorización de promociones, viviendas y solares”; “una de las salidas será, a buen seguro, la creación de bancos malos, en los que las entidades financieras podrán hacer sus enjuagues, provisiones, maquillajes y guardar sus pasivos; ya están subastando a la baja su patrimonio inmobiliario y, presumiblemente, acabarán saldándolo como sucedió en Japón”. Esto, bancos y cajas de ahorros. Los ciudadanos, mientras, continuarán soportando desahucios al no poder afrontar sus hipotecas.

* Rebelión - Opinión - 26.11.11

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La corrupción descabeza el poder político y empresarial de Alicante

ELPAÍS* : Las supuestas tramas de corrupción político-empresariales que se han gestado en la provincia de Alicante en el último lustro han acabado por pasar factura al poder político, en manos del PP de manera hegemónica, y a la gran patronal alicantina, Coepa. En dos días, la cúpula de ambas organizaciones ha quedado descabezada con las dimisiones de sus líderes, José Joaquín Ripoll y Rafael Martínez Berna, respectivamente.
Ambos tenían sobre sus espaldas la pesada losa de la sombra de la corrupción. El veterano político popular, por su imputación en el sumario paradigmático de la promiscuidad entre lo público y lo privado, el caso Brugal, que indaga una red corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo. Y el empresario, por la implicación de su empresa Hormigones Martínez en la trama de amaños de contratos de obra pública.
En el plano político, la dimisión de Ripoll podría ser solo la avanzadilla de las consecuencias del voluminoso sumario de Brugal. Una pieza de esta causa indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En este sumario hay ya 19 imputados y dos políticos de relevancia acusados por el fiscal Anticorrupción, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor Luis Díaz Alperi. Ambos son diputados autonómicos. Esta condición de aforados impide al juez instructor pronunciarse sobre su imputación.

La sospecha de la corrupción no se ha limitado al ámbito político y empresarial. El hasta hace meses emblema de las finanzas de la provincia, Caja Mediterráneo (CAM), tampoco ha salido mejor parado. Las dimisiones de Ripoll y Martínez Berna se producen cuatro meses después de la criba que el Banco de España ha hecho en la caja. Los nuevos administradores destituyeron al consejo de administración. Y la Audiencia Nacional investiga ya la gestión de la exdirectora general María Dolores Amorós.Alberto Fabra, jefe del Consell y, a su vez, líder de los populares valencianos, pactó con José Joaquín Ripoll su salida de la dirección provincial del PP de Alicante dos días después de las elecciones generales y a una semana vista de que el veterano político alicantino tenga que comparecer por segunda vez ante el juez del caso Brugal. Ayer, Fabra, preguntado por la nueva etapa que se abre en el PP alicantino tras la dimisión de Ripoll (baluarte de la defensa del poder alicantino frente a Valencia) hizo un llamamiento a la unidad. "Apuesto por todos aquellos que quieren unidad y trabajar de forma conjunta", aseguró en declaraciones a este periódico el presidente de la Generalitat tras almorzar con empresarios y políticos en Elda.

Fabra, que presidió los actos de celebración del 40º aniversario del instituto tecnológico del calzado (Inescop), el primero creado en la Comunidad Valenciana, también enfatizó el apoyo ciudadano recibido por el PP en la provincia de Alicante. "Hemos sabido responder a las necesidades de los ciudadanos, que nos han dado su masiva confianza", defendió para añadir que a partir de ahora espera "lo mismo que antes".

Y preguntado por la dimisión del presidente de la patronal alicantina, Fabra calificó la decisión de "responsable". El presidente aseguró que habló con el ya exdirigente empresarial y que éste le explicó que no quería "enturbiar" a la institución con sus asuntos. Una decisión que Fabra valora. El jefe del Ejecutivo valenciano trasladó sus mejores deseos a Martínez Berna en esta nueva etapa.

Mientras, desde el sector empresarial se siguió valorando la figura de Martínez Berna. Su dimisión, conocida por unos, prevista por otros y sorpresiva para la mayoría, termina con una etapa en la que se apaciguaron las aguas dentro de Coepa, muy encrespadas durante la presidencia de Modesto Crespo.

En el ámbito político hubo más reacciones. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, resaltó que el empresario ha sido "un grandísimo presidente" de Coepa. "Son cuestiones personales que hay que respetar", comentó.

Y la diputada de Compromís, Mireia Mollà, pidió más transparencia en la gestión de Coepa y consideró que ésta "tiene que quedar libre de las irregularidades en las que se ha visto involucrada en los últimos tiempos".


* El País - S. NAVARRO / R. BIOT - Alicante / Elda - 26/11/2011
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn

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El Supremo ratifica la anulación del PGOU de Guillena de 2006

ABC/Sevilla* : El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado los recursos de casación promovidos por el Ayuntamiento de Guillena (Sevilla) y la Junta de Andalucía, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, el 9.09.2008, anuló la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de dicho municipio, a cuenta del incumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). En concreto, este instrumento de planificación urbana fue promovido por el exalcalde socialista de Guillena Justo Padilla, condenado luego por prevaricación tras autorizar la construcción de naves empresariales en suelos reservados para zonas verdes. Mediante una sentencia emitida el 18 de noviembre y recogida por Europa Press, la sección 5ª de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo confirma, en todos los aspectos, el fallo del TSJA que, en 2008, anuló la resolución del 7.07.2006 de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, perteneciente a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por la cual fue aprobado definitivamente el PGOU de Guillena.

El Supremo, así, ha desestimado los recursos de casación impulsados por la Junta y el Consistorio, ahora gobernado por Lorenzo Medina Moya (PSOE), e incluso ha impuesto las costas a estas administraciones.

«Se ha orillado el cumplimiento de la Ley»

"Los autores del planeamiento han eludido de manera consciente la obligación de que el plan se ajuste en determinados aspectos a la Ley 7/2002", señala la sentencia del Tribunal Supremo entre otros aspectos, toda vez que ya el fallo confirmado del TSJA, también recogido por Europa Press, resolvía que "simple y llanamente, lo que se ha hecho es orillar de manera consciente y asumida el cumplimiento de la Ley, de norma de rango superior, obviando su mandato". El primigenio nuevo PGOU de Guillena ya fue anulado por primera vez en 2005 como consecuencia de las acciones judiciales emprendidas por una asociación de vecinos de Las Pajanosas. El procedimiento de elaboración del nuevo planeamiento urbano, así, fue retrotraído hasta desembocar en la resolución de fecha 7 de julio de 2006, gracias a la cual la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobaba definitivamente, y otra vez, el nuevo texto de ordenación urbana. No obstante, un nuevo recurso promovido por la vía Contencioso Administrativa motivó la ya citada sentencia del TSJA, recurrida en casación por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y ahora ya confirmada por el TS.

Los argumentos de Ayuntamiento y Junta

Frente a la acusación de incumplimiento de la LOUA, cuya Disposición Transitoria Cuarta establece que las determinaciones de los planes y restantes instrumentos de ordenación urbanística "deberán ajustarse plenamente a la ley en lo que se refiere al régimen urbanístico del suelo y la actividad de ejecución", la administración autonómica señalaba que al Consistorio se le ordenó redactar un documento complementario en el que se recogiera esto. Sin embargo, según el fallo del TSJA, no consta en el expediente este documento, "ni ninguna de las partes dan cuenta del mismo". "Se ha incumplido una norma imperativa de carácter obligatorio", señalaba el TSJA en la sentencia ratificada, que además acusaba al Ayuntamiento, entonces gobernado por Justo Padilla (PSOE), de "crear artificialmente una inseguridad que no puede tener amparo jurídico, creando la apariencia equívoca de determinaciones de naturaleza reglamentaria vigentes destinadas a ordenar y desarrollar urbanísticamente el municipio de Guillena".



* ABC - 25.11.11
Foto: Guillena (Sevilla), ayuntamiento - sevillaweb.info

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Las primeras cinco familias entran a vivir en un edificio ocupado de Barcelona

20MINUTOS* : Las primeras cinco familias han entrado a vivir este viernes en el edificio de viviendas, hasta ahora vacías, de la calle Hostafracs, un bloque que fue ocupado la semana pasada por el movimiento del 15M con el fin de dar cobijo a personas en paro y desahuciadas de sus casas.
"Desde hoy se convierten en nuestros vecinos", ha celebrado un portavoz del movimiento 15M de la Asamblea Plaza de Sants, Ferran Aguiló, en una conferencia de prensa en la que estaban presentes las familias que habitarán el inmueble.
Ante la previsión de que llegue la semana que viene la denuncia que ha presentado la propietaria del edificio, Aguiló ha pedido a la justicia y a la administración que "se respete el derecho a la vivienda". Para el portavoz del 15M, las ocupaciones de edificios vacíos para darles un uso social no se debería penalizar.

El movimiento del 15M justifica la ocupación porque, según Aguiló, los poderes políticos no actúan contra la "emergencia social" que supone que, en Cataluña, haya habido 18.000 desahucios desde 2008, cuando existen unas 50.000 viviendas vacías.

El inmueble de Hostafrancs, en el que no ha habitado nunca nadie hasta la fecha, fue construido hace tres años por Nyala 2000, una inmobiliaria que quebró y fue absorbida por la entidad Sa Nostra. En el bloque, situado en los números del 1 al 3 de la calle Hostafrancs, vivirán un total de doce unidades familiares.

Una de las nuevas inquilinas ha explicado que no le dieron un piso de protección oficial donde alojarse con sus dos hijos pequeños (de 4 meses y 3 años) y su marido, después de ser desahuciados y que tuvo que vivir en el domicilio de su suegra, en el que, en total, convivían siete personas en un espacio de 35 metros cuadrados


* 20 MInutos - EFE - 25.11.11
Foto: 'Flashmob' en la plaza de Sant Jaume de Barcelona bajo el lema "Todos somos ciudadanos. Nadie sin hogar". (ANDREU DALMAU / EFE)

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Galicia.- La Caixa dedicó el 30% de su obra social a inversiones inmobiliarias

ELPAÍS* : Pronto desaparecerá todo rastro de la caja de ahorros en Galicia. La Xunta acelera el proyecto de ley para transformarla en una "fundación de carácter especial", según lo expresado hoy por el director de Política Financiera, Manuel Galdo. Esa norma permitirá que NCG no esté sometida a las mismas obligaciones contables que tiene hoy como caja, sino que "se simplificarán", dado que ya no gestiona el negocio bancario. Sin ocultar su rechazo a la valoración que el Banco de España realizó sobre los activos de la entidad, una decisión que redujo a la mínima expresión el peso de Novacaixagalicia en el banco-, Galdo explicó en la comisión parlamentaria de Presupuestos que esta fórmula es la más adecuada para el futuro de la entidad que ahora gestiona la Obra Social. "De los 96 edificios que tiene, 15 no están en uso", afirmó, a modo de recordatorio de las enormes inversiones en ladrillo que tanto Caixa Galicia como Caixanova desplegaron en la última década para sustentar su labor, que supuestamente debería haber sido más asistencial. "El 30% de la inversión de la Obra Social estaba dedicada a activos inmobiliarios".

Repitiendo los argumentos que más de una vez ha usado la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, Galdo insistió en que la culpa de la privatización de la caja la ha tenido el Gobierno, con el decreto de recapitalización del pasado febrero que obligó a las cajas en dificultades a elevar su solvencia. También recordó que alguna de ellas (Caixa Galicia) llegó a crecer en un solo ejercicio "un 50% sin que el supervisor dijese nada".

Por la mañana, Novagalicia Banco celebró en Vigo su tercer consejo de administración presidido por José María Castellano. Siguiendo el calendario que pactaron hace un mes, los copresidentes de la caja de ahorros gallega, Mauro Varela y Julio Fernández Gayoso, presentaron su carta de renuncia. Hasta diciembre no serán sustituidos.


* El País - MARÍA FERNÁNDEZ - Vigo - 25/11/2011
Foto: Galicia, caixa- caixa

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El placer de las ciudades

MARTA ROMÁN RIVAS* : No hay placer urbano en la ciudad aséptica y limpia de la primacía económica, aunque ésta tenga grandes parques y anchas calles. No hay placer en las bajas densidades, como las grandes promociones de adosados que no permiten la diversidad y la mezcla. No hay placer en la zonificación que separa y segrega los usos y a quienes tenemos la vida mezclada nos rompe. Tampoco hay placer en la urbanización sin límites que nos hace invertir horas en transporte para alcanzar cualquier lugar. Un espacio pensado para producir, transitar y consumir tal vez funcione para quienes se asemejan a ese ciudadano-tipo para los que han sido creados, para el resto es un desastre. Es decir, para todos, pues nadie cumple toda su vida con ese canon.
Igual que no hay mujeres frígidas sino amantes torpes, también nuestras ciudades, ese milagro colectivo al que hay que mimar, se han visto asaltadas por intervenciones urbanísticas que en vez de amar y explorar su complejidad, su diversidad, sus entresijos, su riqueza urbana, se han empeñado en cambiar este cuerpo vibrante y creativo, por otro normalizado, reglado y previsible.
Como escribe Jordi Borja (5) “no hay crisis de ciudad ni la ciudad es la generadora de graves problemas sociales. En todo caso si la ciudad no cumple es porque hay urbanización sin ciudad. El problema es la no ciudad, no la ciudad”. Tenemos que tenerlo muy claro, igual que nosotras no somos el problema, la ciudad tampoco lo es.

La conocida sexóloga americana, Shere Hite (1), explica en un artículo que la idea socialmente extendida de la existencia de un centro de placer en el interior de la vagina, el famoso “punto g”, no se corresponde con las vivencias y experiencias de millones de mujeres de todo el planeta. El problema no es sólo dirigir la búsqueda en una dirección incorrecta y que las mujeres no obtengan el placer, sino distorsionar la percepción que las mujeres tienen de su propio cuerpo. Como cita la autora,“ la sociedad ha condenado a las mujeres, como si sus sensaciones estuvieran equivocadas y no fueran las debidas”. Aunque Freud sabía que las mujeres encuentran el placer más fácilmente a través de la estimulación externa, sus teorías redundaban en la idea de que las mujeres no se comportaban correctamente y se debían “adaptar”, “madurar” y “crecer”, consiguiendo con sus ideas culpabilizar y negar la sexualidad femenina.

¿Qué tiene que ver “el punto g” con el urbanismo? Casi en la misma época en que Freud está definiendo cómo debía responder el cuerpo de las mujeres, el “Urbanista Rey” (2 ) Le Corbusier (3) está desarrollando su teoría de las proporciones en la construcción. Extasiado por el progreso técnico, asimila el cuerpo humano con las máquinas y plantea que “los hombres están hechos con el mismo molde desde las épocas más lejanas que conocemos (…) toda la máquina tiene por base el esqueleto, el sistema nervioso y el sistema circulatorio; y así es para cualquiera de nosotros, exactamente y sin excepción. Estas necesidades son tipo, es decir que todos tenemos las mismas.” Bajo esta concepción del cuerpo humano y sus necesidades llega a definir un habitante-tipo, un modelo humano único, que alcanza 1,829 metros de estatura, y que será el patrón a partir del cual se conciban los espacios construidos. Un modelo de habitante al que muchas personas, la mayoría, no se asemejarán jamás.

Tanto en el caso de Freud como de Le Corbusier, quienes están hablando de sexo o de ciudad representan una autoridad máxima en su materia. Pensadores que, aunque cuestionados o debatidos posteriormente, han sentado las bases de sus respectivas disciplinas y han contribuido al legado cultural del siglo XX. Y resulta que ambos omiten o niegan la fisiología, la experiencia y las necesidades de las mujeres o convienen que ésta es errónea. Por ello, es lógico que las mujeres hayamos vivido nuestro cuerpo como si de un extraño se tratase -ya que no se comporta como decían los expertos que debía hacerlo- y vivamos como extranjeras en un espacio urbano inadecuado -ya que no encajamos en ese molde de ciudadano sobre el que se construyen nuestras casas y ciudades-.

Jane Jacobs 4 con su magnífica obra “Muerte y vida de las grandes ciudades americanas” nos ayuda a entender la posición de los urbanistas con respecto a la ciudad y las distorsiones que han generado en ellas. Esta autora plantea que los urbanistas tanto conservadores como progresistas se caracterizan por un rasgo esencial: odian a las ciudades y, como tal, se enfrentan a ellas como reformadores sociales. Al igual que Freud se enfrenta a lo que él denomina “el enigma de la naturaleza femenina” y asume a la mujer como anomalía, como cuestión, como curiosidad, como problema social que debía resolverse, los urbanistas se enfrentan a las antiguas ciudades orgánicas, bulliciosas y densas, también como problema, porque las conciben como espacios desordenados, caóticos y sucios. Su ideal es poner orden en ese aparente caos y crear espacios limpios, luminosos, ventilados, higiénicos y geométricos que se comporten “como deben”, sin darse cuenta que estas intervenciones muchas veces lo que hacen es convertir las ciudades en frígidas. El cuerpo de cada ciudad tiene sus propias reglas de salud, placer y belleza, equilibrios sutiles que se pueden dañar si se les imponen normas universales o planteamientos “freudianos” como lo que manifiesta el urbanista francés: “La recta es también sana para el alma de las ciudades, la curva es ruinosa, difícil y peligrosa; paraliza”.

Freud y Le Corbusier realizan un ejercicio supremo de poder al considerar que la imagen que tienen de la realidad es la que se acerca a la norma universal y, por ello, se pueden permitir el lujo de creer en su propia idea transformadora. Mientras unos centran la atención en la búsqueda infructuosa del “punto g”, alterando la forma de relación y las vivencias de millones de mujeres, la intervención en las ciudades se hace con la misma falta de cuidado ante la diversidad y ante la complejidad del fenómeno urbano. El fondo de la cuestión no es que los métodos de análisis y de aproximación sean inadecuados, lo plantean como inadecuado es el propio sujeto: la mujer o la ciudad misma que no se asemeja a “la norma”.

Jane Jacobs, en la obra anteriormente citada, plantea la situación concreta de un barrio de Boston lleno de vida, North End, pero que por sus características de población de renta baja, por la inmigración y por la densidad elevada, es considerado por los urbanistas como un barrio a extinguir. Reconstruye una charla con un planificador local que conoce por propia experiencia lo agradable que es pasear por sus calles e, incluso, comenta los logros sociales de esa zona donde hay menos delincuencia que en ningún otro lugar y cuya mortalidad infantil es la más baja de todo Boston. Aún así, el planificador sigue reiterando que es un barrio urbanísticamente mal concebido por la densidad, la falta de espacios libres o la calidad de la vivienda y predomina su visión de urbanista antes que su propia experiencia como ciudadano.

Es precisamente en esa mezcla de usos, en la yuxtaposición, en la proximidad, en ese desorden aparente, donde las mujeres podemos encontrar un lugar adecuado para desarrollar nuestra vida, justo en los espacios que muchos teóricos detestan. Lugares donde poder tejer relaciones sociales, donde es posible compatibilizar tiempos y espacios y donde hay una mayor densidad de servicios de todo tipo.

Al igual que si seguimos a la búsqueda del “punto g” en nuestras relaciones íntimas, tenemos más garantizada la frustración que de placer, el punto “g” de las ciudades tampoco está donde nos han dicho. No hay placer urbano en la ciudad aséptica y limpia de la primacía económica, aunque ésta tenga grandes parques y anchas calles. No hay placer en las bajas densidades, como las grandes promociones de adosados que no permiten la diversidad y la mezcla. No hay placer en la zonificación que separa y segrega los usos y a quienes tenemos la vida mezclada nos rompe. Tampoco hay placer en la urbanización sin límites que nos hace invertir horas en transporte para alcanzar cualquier lugar. Un espacio pensado para producir, transitar y consumir tal vez funcione para quienes se asemejan a ese ciudadano-tipo para los que han sido creados, para el resto es un desastre. Es decir, para todos, pues nadie cumple toda su vida con ese canon.

Igual que no hay mujeres frígidas sino amantes torpes, también nuestras ciudades, ese milagro colectivo al que hay que mimar, se han visto asaltadas por intervenciones urbanísticas que en vez de amar y explorar su complejidad, su diversidad, sus entresijos, su riqueza urbana, se han empeñado en cambiar este cuerpo vibrante y creativo, por otro normalizado, reglado y previsible.

Como escribe Jordi Borja (5) “no hay crisis de ciudad ni la ciudad es la generadora de graves problemas sociales. En todo caso si la ciudad no cumple es porque hay urbanización sin ciudad. El problema es la no ciudad, no la ciudad”. Tenemos que tenerlo muy claro, igual que nosotras no somos el problema, la ciudad tampoco lo es.

* Marta Román Rivas Geógrafa Julio de 2005

* Publicado en la revista ARTECONTEXTO – Número 8. Otoño 2005.
1 Shere Hite. El País – EPS marzo 2001.
2 Françoise Choay « El urbanismo. Utopías y realidades » Lumen (1970)
3 Le Corbusier, «Propos d’urbanisme » (1946)
4 Jane Jacobs “The Death and life of Great American Cities”. Random House. New York. (1961)
5 Jordi Borja “La ciudad conquistada” Alianza. (2003)


* Plataforma PAH Valencia - 11.11.11

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La Xunta defiende el fichaje de un promotor como jefe de Urbanismo

ELPAÍS/Pontevedra* : Con meses de retraso llegó ayer al Parlamento la polémica por el nombramiento como jefe de la Consellería de Territorio en Pontevedra de José Luis Díez Yáñez, exapoderado de una promotora inmobiliaria vinculada a la red Gürtel que aún pleitea con el Ayuntamiento de Sanxenxo por un negocio fallido para construir una urbanización de lujo sin viviendas públicas. El fichaje fue defendido por la secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas, que no vio problema en que alguien que trabajó para 14 promotoras pasase al poco tiempo a ser garante de la legalidad urbanística. Al contrario, la circunstancia le parece deseable. "Lejos de ser perjudicial incluso tiene aspectos positivos, porque acerca experiencias del sector privado a la actividad de la Administración", leyó.

El asunto se debatió en la comisión de ordenación territorial del Parlamento a instancias del diputado nacionalista Bieito Lobeira, que partió del caso específico de Díez para criticar el estrecho vínculo entre el urbanismo de Sanxenxo y la consellería que dirige Agustín Hernández. La propia Rivas fue gerente de Urbanismo del municipio costero en la época de Telmo Martín, y un asesor de Hernández, José Luis Narbón -uno de las artífices de la normativa territorial en tiempos de José Cuiña-, es responsable de un bufete que defiende a infractores urbanísticos, por un lado, y al propio Ayuntamiento de Sanxenxo por otro, al que en cuatro años cobró más de 345.000 euros en minutas judiciales. "Sanxenxo es una escuela de formación para cargos del PP en materia de urbanismo", cargó Lobeira, que pidió el cese de Díez.

La cuestión no era plantear la legalidad de los nombramientos, que el diputado del BNG no puso en duda, sino su ética. Díez Yáñez fue director de relaciones institucionales de Sedesa, empresa vinculada al caso Gürtel de presunta financiación ilegal del PP. Entre las 12 compañías relacionadas con Sedesa en las que estuvo empleado, fue apoderado de Mirador de Sanxenxo, una promotora que pactó con el Ayuntamiento del turístico municipio pontevedrés, con Martín de alcalde y Rivas de gerente de Urbanismo, pagar al consistorio 4,8 millones de euros para eludir la obligación de construir viviendas de protección oficial en una urbanización en Monte Faro con 1.330 viviendas de lujo.

El acuerdo se vio frustrado por los requisitos extra que instauró el bipartito. Díez Yáñez trató de recuperar el montante ingresado para la empresa, por lo que firmó personalmente un recurso de reposición contra el Ayuntamiento. El conflicto siguió en el juzgado. Un año después de rubricar el recurso, fue nombrado jefe territorial, cargo que lleva aparejado el de presidente de la comisión provincial del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Sustituyó en el puesto a Evaristo Juncal, que cesó tras desvelar EL PAÍS sus negocios con testaferros de narcotraficantes. "Los cargos de responsabilidad en un Gobierno no deberían estar vinculados a actividades privadas recientes en el mismo ámbito en que ejercen responsabilidad política en la actualidad", reprochó Lobeira.

En su respuesta, Rivas recordó la tramitación del acuerdo inicial entre el Ayuntamiento y la promotora, insistiendo en su legalidad. También quiso sacar pecho por la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo, del que destacó que el Ayuntamiento ha ganado todos los pleitos en su contra menos uno. Olvidó decir que el trasiego judicial de la norma le ha costado a las arcas locales más de 900.000 euros, según las propias cuentas municipales. Lobeira le reprochó que fuese ella la encargada de responder a una pregunta que afectaba a su gestión. "Es una versión de parte", protestó. Después llamó a "terminar con la impunidad del PP en Sanxenxo y en Galicia para asumir como normal este tiempo de procesos".

Rivas se ciño de entrada a la legalidad del nombramiento. "No incurre en incompatibilidades. Renunció en acta notarial a los apoderamientos que ostentaba en la empresa privada". Y deslizó una acusación al propio BNG. "El acceso a puestos directivos desde el sector privado no es nuevo, como tampoco el camino inverso y cualquiera que sea el color político, como ustedes saben".


* El País - VÍCTOR HONORATO - Pontevedra - 26/11/2011
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es

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Madrid.- 15 'okupas' se instalan en un bloque de viviendas abandonado

ELPAÍS* : Un grupo de unos 15 okupas se han instalado hoy en un nuevo bloque de viviendas abandonado ubicado en el nº11 de la calle Concepción Jerónima de la capital, entre Tirso de Molina y la calle Carretas. El edificio, que desde fuera parece estar reformado y en bastante buen estado (además de con materiales de calidad, la puerta, de madera maciza, es moderna).
El edificio ha sido ocupado durante la noche, ha confirmado a Efe una de las personas que se encuentran en el interior de este inmueble de cinco plantas y 28 viviendas. El nuevo espacio tiene como objetivo, según han explicado, realojar a familias madrileñas que se han quedado sin vivienda porque han sido desahuciadas. El bloque de pisos, conocido en el barrio por su fachada rosa, está abandonado desde hace años.

Sus nuevos ocupantes tienen la puerta cerrada a cal y canto y algunos de ellos se encuentran asomados a los numerosos balcones del edificio, muchos de ellos con la cara cubierta por pañuelos u otras prendas. "Tomamos lo que el Gobierno nos niega", reza una de las pancartas que han colgado de las ventanas. Otras son Okupar es la solución y No os da vergüenza echar a gente a la calle.

Una mujer ha asegurado desde dentro que "han liberado este espacio" para que vivan personas desahuciadas y ha matizado que están "relacionados con el Hotel Madrid (de la calle Carretas)" pero que emprenden esta acción "a título individual". En la cuenta de Twitter de Hotel Madrid informan de "una nueva liberación en la calle Concepción Jerónima 11". "Necesitan ayuda!!!!", añaden. Varias personas pertenecientes a la Oficina de vivienda 15-M y del Hotel Madrid consultadas por este periódico no tenían conocimiento de esta nueva okupación.

Se trata de la segunda okupación que surge de este grupo en poco más de un mes. El domingo pasado anunciaron que se han instalado junto a 16 familias en el número 33 de Corredera Baja de San Pablo, en Malasaña.

La entrada de los Cines Madrid, tapiada para evitar la 'okupación'
La entrada de los Cines Madrid, ubicados en la plaza del Carmen, en el centro de la capital, se encuentra tapiada por un muro de ladrillos con el objetivo de evitar la okupación de este espacio cerrado desde hace casi 10 años. Según fuentes de la empresa que gestiona este espacio, Deportes y Espectáculos S.A., con sede en San Sebastián, la entrada por la plaza del Carmen ha sido bloqueada tras conocerse "en prensa" de que el cine "era objetivo" de las okupaciones que se están realizando en las últimas semanas en el centro de Madrid.

Los cines están cerrados a raíz de un ERE en 2004, según han señalado desde la empresa, si bien han asegurado que el espacio no se encuentra abandonado. Una trabajador de la empresa acude al establecimiento diariamente para acondicionar el espacio y limpiar los alrededores, al ser un lugar que ocupan de forma habitual indigentes de la zona. Asimismo, los cines siguen contando con tomas de luz y agua.

La empresa planea reabrirlo del año que viene con una explotación mixta que pudiera combinar salas de cine y un hotel con unas seis habitacines, por ejemplo, o incluso viviendas. Mientras tanto, y para evitar que sea okupado, se baraja alquilarlo para actividades de ocio audiovisual.


* El País - C. PÉREZ-LANZAC / AGENCIAS - Madrid - 25/11/2011
Foto: Varios okupas se asuman a las ventanas del bloque "liberado" en la calle Concepción Jerónima de Madrid.- elpais

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'Malaya'.- Roca afirma que pagó 1,5 millones en sobornos a Marisol Yagüe en dos años

MÁLAGAHOY* : Juan Antonio Roca entregó cerca de 1,5 millones de euros a Marisol Yagüe durante los poco más de dos años que fue alcaldesa de Marbella. Así al menos lo reconoció ayer el principal procesado del caso Malaya, a preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero. Roca contó que desde el otoño de 2004 hasta su detención, en marzo de 2006, repartió sobres a los 14 concejales que gobernaban Marbella, aunque el sobre más abultado siempre era el de Yagüe. El objetivo era evitar que se fracturara el equipo de Marisol Yagüe, construido con una moción de censura que agrupó a concejales del GIL, del PSOE y del PA para desalojar a Julián Muñoz de la Alcaldía.
El acusado explicó ayer en el juicio por el caso Malaya que la idea de "gratificar" a los concejales en una suerte de fórmula "antitransfuguismo" la ideó Jesús Gil para aplacar a Carlos Fernández, el edil andalucista procesado en Malaya y huido de la Justicia desde marzo de 2006. Sin embargo, fue él quien propuso ampliar los pagos a los tres grupos que gobernaban.

Se estableció un sistema por el que la alcaldesa cobraba el doble que los primeros tenientes de alcalde y, a partir de ahí, el modelo de retribuciones se reducía a un tercio a medida que bajaba el escalafón. No había cuantías concretas y periodicidad establecida de antemano. Roca pagaba cuando tenía dinero. Los sobres se preparaban en su cuartel general, las oficinas de Maras Asesores: dentro de cada uno la suma exacta que correspondía a cada concejal y en el exterior las iniciales del destinatario. Él se los entregaba a los portavoces de los grupos municipales y ellos se encargaban de distribuirlos entre los ediles.

El exasesor de urbanismo de Marbella relató que le dio a Marisol Yagüe cerca de 1,5 millones de euros, admitió que le entregó a la primera teniente de alcalde Isabel García Marcos los 312.000 euros que figuran en sus archivos intervenidos en Maras Asesores. Los ediles Tomás Reñones, José Jaén Polonio y Vicente Manciles, de acuerdo con Roca, recibieron otros 60.000 euros, José Luis Fernández Garrosa 36.000 euros, Rafael Calleja 210.000, aunque parte de esta cantidad fue un préstamo para comprar una casa, y Antonio Luque otros 24.000 euros.

El argumento de que estas sumas de dinero sólo buscaban mantener la unidad y cohesión del equipo de gobierno tiene su lógica defensiva. Con esta tesis Juan Antonio Roca admite haber pagado cohechos pero no para conseguir que alcaldesa o concejales firmaran ninguna licencia, acuerdo o convenio sospechoso o ilegal. La diferencia de hacerlo para que se mantuvieran unidos o para lograr favores reside en que en el primer caso se pena con multas de tres a seis meses de cárcel y, en el segundo, con hasta seis años de cárcel y sanciones que triplican el valor de la dádiva. Es decir, trata de minimizar las penas que pueda imponer el tribunal.

El dinero con el que sobornaba a los concejales, de acuerdo con la versión de Roca, procedía de aportaciones realizadas por los promotores de Marbella. La Fiscalía Anticorrupción entiende que en realidad los empresarios lo que pagaban eran cohechos para conseguir beneficios urbanísticos. El acusado, en cambio, hace días que se desgañita asegurando que los promotores le pagaban porque tenían negocios con ellos o les cobraba honorarios, siempre sin factura, por mediar en la compraventa de suelos prestarles asesoramiento profesional. En todo caso era dinero de su bolsillo que él según dice, pretendía que Gil le devolviera pero que Gil nunca le devolvió.

Además de pagar generosas dádivas, Roca operaba como banquero del equipo de gobierno. Declaró también que Yagüe acudió a él porque necesitaba más de 400.000 euros en B para comprar un piso en Madrid, aunque luego la operación no se formalizó. Después le llamó desde Barcelona para que le adelantara 9.715 euros para pagar a su cirujano plástico. Él además se ocupó de prestar dinero para comprar su casa a Rafael Calleja, le pidió a Ávila Rojas que "cuidara" a Tomás Reñones cuando se disponía a comprarle una casa y le compensaba a Rafael González el sueldo que le había embargado el Tribunal de Cuentas.


* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 24.11.11
Foto: Marbella, acusados Malaya, Roca, G.Marcos, Yagüe y Muñoz - laopiniondemalaga.es


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Condena a España por el desastre ambiental de las minas a cielo abierto de León

ELPAÍS* : Uno de los mayores desmanes ambientales de España, la minería a cielo abierto en la comarca de Laciana (León), consentido durante más de una década por todas las Administraciones, ha recibido un varapalo en la Unión Europea. El Tribunal de Justicia ha condenado a España por incumplir las directivas ambientales en las minas de carbón de la zona, fuertemente subvencionadas por Industria.
En 1998, España designó la comarca como lugar de interés comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves. En esta región habitan osos pardos y urogallos cantábricos, entre otras especies amenazadas. Esta protección no impidió a la Junta de Castilla y León ni al Gobierno aprobar y subvencionar las minas.
Las explotaciones de carbón a cielo abierto horadan la montaña mediante enormes voladuras y son más rentables que la minería de pozo. En concreto, estas minas eran de la empresa MSP, hoy Coto Minero Cantábrico, la mayor beneficiaria de las ayudas de Industria. El Ministerio de Industria ha defendido la importancia del carbón nacional y las subvenciones a estas instalaciones, mientras desde Medio Ambiente se enarbolaba un discurso ecologista.

En 2001, un vecino y la asociación ecologista Filón Verde llevaron el caso a la Comisión Europea. Ese mismo año y después en 2004 y 2008, Bruselas advirtió a España contra esas minas, entre las que se encuentran la polémica de El Feixolín. Ahora, el fallo del Tribunal de la UE declara que España incumplió la directiva de impacto ambiental al aprobar, sin una correcta evaluación sobre el oso y el urogallo, las minas de Nueva Julia y Los Ladrones.

El Gobierno justificó que las autorizó por la importancia que tenían para "la economía local", pero el Tribunal considera que esa excepción valdría si se hubiera alegado antes de emprender el proyecto y no después, ya que las autorizó "sin medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000".

Las minas de El Feixolín, Salguero-Prégame-Valdesegadas, Fonfría, ampliación de El Feixolín y Nueva Julia vulneran también directivas ambientales europeas, porque España no ha hecho nada para evitar el deterioro de los hábitats, incluidos los de las especies, y las perturbaciones significativas para el urogallo, ocasionados por las explotaciones, que en ocasiones han arrasado con el entorno protegido.

El Tribunal destaca que la ampliación de El Feixolín funcionó cuatro años sin permiso pero con conocimiento de las autoridades.

"El tribunal da un repaso a toda la minería de la zona después de que España mirara para otro lado durante una década", explica Carlos González Antón, catedrático de Derecho Administrativo de León y quien denunció el caso. La condena no implica multa, pero sí un varapalo enorme, ya que Bruselas no suele llegar al Tribunal en casos ambientales y menos a conseguir una condena. Sí puede llegar a multa si el Gobierno y la Junta siguen desoyendo el fallo, además de influir en los procedimientos judiciales en marcha.


* El País - R. MÉNDEZ 24/11/2011
Foto: Vista de la mina de El Feixolín, en León.- elpais

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El piso a cambio de una pensión: otro ‘cadáver’ del crash inmobiliario

ELCONFIDENCIAL* : Las llamadas hipotecas inversas, aquellas en las que los ancianos ponían su vivienda como garantía a cambio de una pensión vitalicia, han caído víctimas de la burbuja inmobiliaria. Es difícil hoy encontrar una entidad financiera que ni tan siquiera considere la posibilidad de otorgarlas. Los ancianos que firmaron en su momento han hecho, pese a lo que se pensaba entonces, un gran negocio: hoy, no hay mayor ‘condena’ para un banco que quedarse con otro piso.
La hipoteca inversa nació como producto financiero en España en mal momento, gracias a una disposición adicional en la reforma de la Ley del mercado inmobiliario, publicada en diciembre de 2007, cuando ya casi todo el mundo menos el Gobierno Zapatero se estaba barruntando lo que llegaba: el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Por eso, no fue un alumbramiento feliz. Más bien quedó en aborto. Apenas se constituyeron unos pocas miles de esas hipotecas, según Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), aunque precisa que no hay datos exactos al respecto. Hoy, parece como si un tupido velo se hubiera corrido sobre ellas. Ni la Asociación de la Banca Española (AEB), ni la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA) dicen tener datos sobre un producto que, en principio, estaba destinado a asegurar una vejez digna a ciudadanos con pocos recursos pero con alguna propiedad inmobiliaria.

Los bancos y cajas de ahorro quisieron hacerse con cuanto mayor capital inmobiliario mejor, antes del pinchazo de la burbuja, claro. Sebastiá Rodés, abogado de la Asociación de Usarios de Banca (Ausbanc), cree que donde más hipotecas inversas se dieron fue en Cataluña. “Las primeras en comercializarlas fueron Caixa Penedès (ahora en BMN) y Caixa Terrassa”. Les siguió la Caixa d’Estalvis y Pensions, “La Caixa”, aunque no publicitaba el producto, “pero lo ofrecía”, dice Rodés.

Incertidumbre

Dos factores han eliminado a esta hipoteca del mercado, opina Rodés. Uno, el hundimiento de los precios de los pisos, que hace que a los bancos ya no les interese seguir acumulando patrimonio, cuyo nivel actual en manos de entidades financieras es el segundo factor que impide la constitución de hipotecas inversas: los bancos no quieren más activos de dudoso valor.

El presidente de la AHE, Santos González, concide indirectamente con Rodès. “El escenario financiero ha cambiado”, dice. Además cree que la hipoteca inversa no ha cuajado porque “le faltan ajustes desde el punto de vista financiero y jurídico: genera incertidumbres”.

Y añade una tercera causa. Va contra la costumbre española de tener como objetivo vital poseer una vivienda propia para transmitir algo a los hijos. “Es un choque cultural”, piensa González, “porque significa renunciar a dejar herencia” para muchos pensionistas que no tenían otra opción de asegurarse su corto futuro que constituir una hipoteca inversa.

Hubo algún caso de abuso por parte de entidades bancarias con este tema, como muestra una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Blanes (Gerona) que obligó a Caixa Manressa Vida a devolver el importe de una prima única de riesgo de 51.000 euros camuflada en la letra pequeña de la hipoteca inversa suscrita con Caixa d’Estalvis de Manressa por un anciano de 92 años que falleció cuatro meses después de firmar.

La juez Eva María Gil González estimó que la entidad de ahorro había abusado de la buena fe de F.H., fallecido el 6 de octubre de 2007, cuatro meses después de firmar la hipoteca, como se reveló cuando su hija acudió a la caja a devolver lo devengado por la entidad y recuperar el piso: le pidieron además esos más de 50.000 euros.

F.H. recurrió a esa vía pues era ya la única para poder pagar los cuidados médicos que precisaba por su delicado estado de salud. El hombre sufría ceguera, entre otras dolencias. La sentencia ni siquiera fue apelada por la entidad bancaria, ahora integrada en Catalunyacaixa.


* El Confidencial - Vidal Coy - 24/11/2011

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