Los notarios piden un 'pacto marciano' para evitar abusos en ejecuciones hipotecarias

ELCONFIDENCIAL* : Dación en pago, ejecución en pago... ¿o pacto marciano? Entendiéndose por éste como "aquel pacto celebrado entre el deudor y el acreedor, que consiste en que ante un incumplimiento de la obligación de pago, en el momento del vencimiento de la obligación principal, el acreedor podría quedarse en propiedad con la cosa objeto de la garantía, previa justa valoración de la misma, con deber de reintegrar el excedente de dicha valoración en relación con el importe de la deuda ejecutada".
A menos de una semana para las elecciones generales del 20N, siguen surgiendo propuestas de cara a una triste realidad que podría llegar a cobrarse hasta 700.000 ejecuciones hipotecarias. Los últimos en pronunciarse han sido los notarios. Con anterioridad y durante meses, organizaciones de consumidores y usuarios, plataformas de afectados por las hipotecas vienen pidiendo la dación en pago. Esto es, que la entrega de llaves de la vivienda salde la deuda con el banco.

Las propuestas de los políticos van en otra dirección. El candidato del PSOE a las elecciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto la dación en pago, pero no con efectos retroactivos, mientras que otros partidos políticos como CiU es más partidario de la ejecución en pago. Esto es, cuando el ciudadano ya se encuentra ante los tribunales a la espera de que subasten su vivienda, el partido catalán pretende que se pueda devolver la vivienda en pago de la deuda cuando se produzca una"insolvencia sobrevenida" con el juez como garantía o que los contratos con cláusulas abusivas pueda conllevar la suspensión de la ejecución hipotecaria.

Ahora, los notarios van un paso más allá con la propuesta de una alternativa a la dación en pago, expuesta recientemente por el notario de Madrid, Javier Gardeazábal. Se trata de la conocida como 'pacto marciano', "proveniente del Derecho Romano, y que ofrece la posibilidad de que, mediante una tasación independiente, se pueda quedar el acreedor con la finca sin procedimiento judicial, a cambio de que el deudor quede liberado, sin necesidad de adjudicación en pago".

Gardeazábal explicaba recientemente que una vez haya sido determinado el valor justo de la cosa, "el deudor tendrá derecho a percibir la diferencia entre ese valor y el importe de la deuda. Se evita así el enriquecimiento injustificado del acreedor". Ha añadido que para "dar eficacia a estos pactos puede ser conveniente la atribución de un poder irrevocable a un tercero que ejecute la venta y realice las operaciones de liquidación y pago de la deuda".

Así, el notario apuntaba que "incluso sería posible asignar al tercero el papel de arbitrador a fin de integrar la relación jurídica en las cuestiones que pudieran quedar pendientes". Así mismo, ha recordado que la "validez de estos pactos ha sido reconocida por la Jurisprudencia y por la doctrina mayoritariamente".

"Situaciones abusivas para el deudor"

En un momento en el que la imagen de los notarios ha quedado 'tocada' tras la investigación abierta por la Fiscalía para determinar si notarios y registradores cobraron de más en la cancelación de hipotecas, los primeros han querido dejar clara cuál es su postura respecto a un drama que cada día afecta a más ciudadanos. "En el actual sistema de ejecuciones hipotecarias, hay determinadas disfunciones o situaciones perjudiciales o abusivas para el deudor" y ha considerado que es "preciso corregirlas en aras de una mayor equidad", aseguraba este martes el vicepresidente del Consejo General del Notariado, Joan Carles Ollé, en la cuarta sesión del XI Congreso Notarial Español, que se celebra en Benidorm (Alicante).

Ollé ha apuntado que el actual sistema tiene "disfunciones, situaciones perjudiciales y abusivas", aunque también ha resaltado que la "figura de la dación en pago obligatoria que se está reivindicando desde diversos sectores, tiene el inconveniente que conduce inexorablemente a la pérdida de la vivienda", según ha indicado el consejo en un comunicado.

Por ello, ha explicado que los notarios son "más partidarios de soluciones novativas, extrajudiciales, mediadoras que busquen alternativas y soluciones a la pérdida de la vivienda de las familias". Entre ellas ha citado la "limitación de los intereses de demora, claramente excesivos en estos momentos; la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es claramente mejorable en muchos aspectos; la potenciación del procedimiento de ejecución extrajudicial, que es más rápido, sencillo y económico".

También ha apostado por la posibilidad de una "regulación el concurso de particulares o, incluso, estudiar y promover una Ley de segunda oportunidad, a la manera otros países de nuestro entorno, como Bélgica, Alemania o Francia". También el PP, en relación con las ejecuciones hipotecarias, también contempla en su programa electoral una reforma de la ley concursal "para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable".

En relación a estos pactos también se pronunció el coordinador de la sesión, José Ángel Martínez, quien se ha referido a "la reciente Orden de Transparencia de 28 de octubre de este año, que suscitará la posibilidad de introducir este pacto, que sería una manera de conseguir lo mismo que con la adjudicación en pago, a menor coste, de forma sencilla, y en todo caso más justa si el piso posee mayor valor que la deuda".

Flexibilidad

Por su parte, el notario de Madrid, Juan Álvarez-Sala, ha considerado en su ponencia que "ahora que han llegado las vacas flacas, lo que importa son los matices de técnica procesal que aseguren la justicia de la ejecución hipotecaria, desde el punto de vista, por parte del ejecutado, del derecho a un proceso ejecutivo con todas las garantías, pero también por parte del ejecutante, procurándole un proceso sin dilaciones indebidas como modo de una tutela judicial efectiva".
"La búsqueda de este equilibrio en la ejecución, en beneficio del deudor, debiera llevar así, probablemente, a una interpretación más flexible de las causas de oposición al procedimiento hipotecario, ampliándolas, por lo menos, a cualquier pago acreditado de la deuda", ha sostenido.


* El Confidencial - 15.11.11
Foto: Hipotecas, gafas y bolígrafo - Istockphoto

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Boquetes Gallardón y la inevitable quiebra de Madrid

S.McCOY* : Será mera coincidencia pero el hecho de que el renacer para la política nacional de Alberto Ruíz Gallardón coincida con la mayor quiebra municipal de Estados Unidos da como mal rollo, la verdad. No puede ser peor el augurio. En efecto, al mismo tiempo que defendía con la oratoria fácil que le caracteriza las posturas del Partido Popular en el debate a cinco montado con motivo del 20-N, el Condado de Jefferson en Alabama se declaraba en bancarrota gracias a una deuda de 3.136 millones de dólares. Paradojas del destino: la financiación de una nueva red de alcantarillado ha terminado por llevarse por el sumidero las arcas locales del ente estadounidense.
Entre las razones para su declaración voluntaria de bancarrota, la caída de los ingresos discrecionales, aquellos que en el caso español podían estar ligados al ladrillo, y la inelasticidad recaudatoria al aumento ad infinitum de las tasas y tributos locales. No sé si les suena. En un comunicado que recuerda bastante a un parte final de guerra, los actores de la decisión concluían: “tras tres años en busca de la estabilidad financiera, no queda otra alternativa. Cualquier retraso adicional hubiera comprometido seriamente el futuro de nuestra comunidad”.
¿Será ese el final que le espera a la capital de España? Las cifras son objetivamente abrumadoras.

De acuerdo con el Banco de España, el ayuntamiento de la capital adeudaba a finales del segundo trimestre, y sin los maquillajes tan habituales al cierre del ejercicio, la módica cantidad de 6.819 millones de euros, exactamente el triple en billetes verdes del importe que ha llevado a la bancarrota a Jefferson County. El 46% del total de las capitales de provincia y cerca de la cuarta parte de lo debido por el conjunto de los consistorios nacionales. A años luz de Barcelona (1.091), Valencia (867), Zaragoza (778), Málaga (735) o Sevilla (482). Y sin cambio de gobierno que aflore facturas... (Boletín estadístico del BdE, Cuadro 14.8)

De la abundante información suministrada por la Consejería de Hacienda madrileña, se desprende que 4.700 millones corresponden a financiación suministrada al Ayuntamiento y que el resto se obtuvo para el proyecto de la Calle 30. Centrándonos en la primera, dos tercios son préstamos y el restante emisiones. El 26,5% de los créditos está en manos extranjeras, menos comprensivos con la realidad del país. Su vencimiento medio es de 6’24 años. 468 millones eran catalogados como de corto plazo, menos de 18 meses, en junio de 2011. Entre 2012 y 2015 vencen 2.292 millones, cerca del 55% del total restante, a razón de 573 de media anual. Si el mercado permaneciera cerrado, su amortización –intereses aparte- supondría un 15% de los ingresos ordinarios del municipio, 3.980 millones. Casi nada.

Con un problema adicional: el agujero no para de crecer. La liquidación final del presupuesto 2010 muestra unos ingresos totales de 4.700 millones para unos gastos de 5.132. Y la ejecución de este año no augura nada mejor cuando uno compara flujos de entrada y desembolsos. A ello hay que añadir las servidumbres derivadas del soterramiento de la circunvalación madrileña que incluye compromisos financieros hasta 30 años, ligados al contrato de mantenimiento de la vía, a un increíble margen, a día de hoy, de poco más de 40 puntos básicos en su tramo más caro (quitando la deuda subordinada), coste financiero más llevadero.

Los números cantan y las cuentas no cuadran. Especialmente si la situación económica de España mantiene la atonía de los últimos años. Gallardón deja la Botella medio vacía, sin recursos de los que tirar. No hay que olvidar que buena parte de las inversiones que condujeron a tan ingente nivel de endeudamiento en Madrid son “suntuarias”, generan retorno indirecto pero gasto corriente, derivado de su mantenimiento y conservación. Es la cara visión de un iluminado que, sin duda, pasará a la historia junto con otros regidores que han cambiado la morfología de la ciudad. Mal necesario probablemente al que esperemos se le recuerde por la gloria y no por la ruina. Sea como fuere, esperemos que Mariano aprenda la lección: a éste, carteras ministeriales las que quiera, pero sin un talonario dentro. No vaya a ser que se enteren en Bruselas...

* Cotizalia - Opinión - 15.11.11

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Fiscal Medio Ambiente: Pese a la "recesión" urbanística continúan las construcciones ilegales

EUROPAPRESS* : El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha señalado que pese a la "recesión" urbanística continúan dándose asuntos judiciales en esta materia, ya que se sigue construyendo "ilegalmente".
El incremento de las causas también obedece, según ha añadido, a que en ocasiones las denuncias llegan tarde a la Fiscalía o a que se corresponden con construcciones ilegales anteriores. Así lo ha indicado este martes en Santander, donde ha participado en las Jornadas sobre Naturaleza y Medio Ambiente que cada año organiza la Guardia Civil.
Durante su intervención, titulada 'Delincuencia medioambiental: pasado, presente y futuro', Vercher ha repasado las novedades del Código Penal tras la reforma acometida en junio de 2010 y que entró en vigor en diciembre del año pasado y, más concretamente, las novedades en artículos relacionados con las infracciones urbanísticas y contra el medio ambiente.
Según ha precisado al respecto, de las 607 sentencias condenatorias registradas en 2009 en toda España, 386 estaban relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo, mientras que en 2010 se contabilizaron 687, de las que 426 tenían que ver con estos delitos. También ha indicado que en 2009 hubo 244 sentencias absolutorias en la materia, que se elevaron a 282 en 2010.

Por comunidades autónomas, el fiscal ha indicado que Cantabria los delitos urbanísticos "siguen siendo mayoritarios", aunque otros temas relacionados con el medio ambiente "van ganando terreno".

En cualquier caso, los problemas relacionados con el urbanismo que han surgido en los últimos años en toda España es una de las razones que llevó a reformar el Código Penal, y todavía es un tema que "sigue preocupando" a la justicia.

LA DEMOLICIÓN ES UNA FORMA DE INDEMNIZACIÓN

Vercher se ha referido también, a preguntas de los asistentes, a las demoliciones que, según ha recordado, son "una forma de indemnización" que no impide afrontar otros aspectos que merezcan ser indemnizados.

Así, ha explicado que la demolición es una forma de restablecer el orden jurídico alterado, mientras que la responsabilidad civil y la indemnización son conceptos "más amplios". Son como "círculos concéntricos", ha comparado.

El fiscal también se ha referido a la prevaricación urbanística, y ha subrayado al respecto que antes de la reforma del Código Penal de 2010 se imponían penas de cárcel "o" multas, mientras que en la actualidad estos delitos están penados con prisión "y" multas.

Con todo ello, ha opinado que se ha conseguido una perspectiva "más amplia" y "realista" de los delitos relacionados con el urbanismo en general, hasta el punto de que la "simple obra" de un edificio o una urbanización se considera ya "un delito consumado", es decir, que no hay que esperar a que la construcción esté finalizada.

LA REFORMA NO ES UN COLOFÓN

Tras señalar que todavía no ha sido posible "hincar el diente" a muchos aspectos de la reforma del Código Penal, el fiscal ha destacado que si bien "nos podemos dar un poco por satisfechos" con ella, no supone sin embargo "el colofón de nada", ya que como ha vaticinado "en breve" aparecerá una nueva directiva europea, relacionada esta vez con los vertidos que desde la costa se hacen al mar.

En este sentido, el titular de la Fiscalía Coordinadora del Medio Ambiente y Urbanismo ha explicado que a finales de octubre "se filtró" que la Comisión Europea está abordando un nuevo documento relacionado con este asunto, que se sumaría a otros dos (sobre la protección penal del medio ambiente y el vertido de residuos desde los buques al mar) y que afectaría a la protección de unos 370 kilómetros de costa.

DE LA NADA A LA REVOLUCIÓN

Finalmente, Antonio Vercher ha reflexionado que en "algo más de medio siglo" se ha asistido a un proceso "extraordinario" en materia de legislación medioambiental, ya que se ha pasado "prácticamente de la nada" a la "revolución" que existe hoy en día.

Frente a ello, y aunque cada vez se de más importancia a los temas ambientales, la conciencia de los españoles sobre los mismos "no pasa de lo políticamente correcto" y el tratamiento que se hace de ellos está "un poco en las antípodas" de lo que debería ser.


* Europa Press - 15.11.11
Foto: Viñeta de Quesada - farovigo

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Málaga.- Denuncian que la Junta ha destruido un bosque al actuar en un arroyo

MÁLAGAHOY* : Hace apenas unas semanas era un diverso y rico bosque de ribera que lindaba con un arroyo del que hoy en día no queda apenas nada tras una actuación de limpieza de cauces llevada a cabo por la propia Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. Lo denunció ayer el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía GENA-Ecologistas en Acción y ha ocurrido en el entorno del cauce del arroyo Cerezo en Villanueva del Rosario, a tan sólo 50 metros del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Sierra de Camarolos y donde se sabe que existe una variada vegetación y fauna asociada a este hábitat.
Fresnos, olmos y sauces formaban este bosque de ribera que, al parecer, ha sido aniquilado como consecuencia de una actuación llevada a cabo dentro del programa de prevención de inundaciones que cada año lleva a cabo la Junta de Andalucía en los puntos con más riesgo de sufrir una riada.

La Delegación Provincial de Medio Ambiente confirmó ayer a este periódico que se había actuado en un tramo de 1.500 metros en este arroyo, pero negó que tuviera tales consecuencias.

Sí reconoció que se ha llevado a cabo el desbroce en toda su longitud, que se ha retirado vegetación muerta en el cauce y las márgenes y que incluso se ha recuperado la sección de cauce que se había desviado.

Pero el colectivo ecologista insistió en que los trabajos que se han realizado en este arroyo han ido mucho más allá y que "se han metido máquinas sin respetar ni la vegetación ni la fauna de la zona". La existencia en este cauce de especies tan poco frecuente y casi única en esta zona como el musgaño de cabrera, un micromamífero similar a un ratón acuático, "exigía haber actuado con precaución", criticó el presidente del colectivo, Rafael Yus.

La intervención de la Consejería de Medio Ambiente en esta zona, dijo, "se ha planificado únicamente como si el río fuera un simple canal de desagüe y sólo primando el interés de los ingenieros".

La crítica y denuncia realizada ayer por el colectivo ecologista fue corroborada también por el profesor del departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga, Andrés Vicente Pérez, que confirmó que el bosque de ribera que existía en esta zona era de "gran valor" y que "en ningún caso" se puede decir que había árboles muertos salvo algún olmo que estaba afectado por un hongo.

Pero además de la vegetación afectada, el experto señaló que "se ha destruido por completo" el perfil del arroyo al haber sido canalizado con los trabajos que se habían diseñado para supuestamente prevenir inundaciones en la zona.

Lo que los ecologistas temen ahora es que la actuación prevista por la Agencia Andaluza del Agua para construir escolleras en otros tramos de este arroyo terminen por destruir el hábitat asociado a este entorno que linda con una zona protegida.


* Málaga Hoy - RAQUEL GARRIDO - 15.11.11
Foto: villanueva del rosario - ecologistas en acción

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El TSJCV anula el PAI Nou Mileni de Catarroja aprobado por la Generalitat

EFE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el acuerdo de la Comisión territorial de urbanismo de Valencia que aprobaba la homologación y plan parcial del sector Nou Mil·leni para la construcción de 12.000 viviendas en la localidad valenciana de Catarroja.
La resolución, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ valenciano, con un voto particular en contra, basa su fallo en la "falta de disponibilidad de recursos hídricos" para llevar a cabo el proyecto, dado que "no existe título concesional suficiente".
La sentencia de la Sección Primera, facilitada hoy, estima así el recurso planteado por la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana contra la decisión administrativa del 20 de febrero de 2008 que aprobaba el PAI, que ahora queda anulada.

Contra esta decisión judicial cabe, en su caso, recurso de casación, que deberá presentarse ante este tribunal en el plazo de los dos días siguientes al de su notificación.

El proyecto, impulsado por la promotora Llanera y el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), contempla la construcción de cerca de 12.000 viviendas y un centro comercial en este término municipal.

La Delegación del Gobierno basaba su recurso en la infracción del ordenamiento jurídico por parte de la Comisión territorial de urbanismo, de la Conselleria de la Vivienda, al "aprobar el acuerdo sin acreditar la disponibilidad de recursos hídricos".

Apoyaba además sus argumentos con diferentes informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desfavorables a esta actuación urbanística en Catarroja.

Por contra, la representaciones procesales de la Generalitat, Ayuntamiento de la localidad y codemandada defendían la existencia de tales recursos para llevar a cabo la actuación urbanística aprobada.

Según el tribunal, se pone de manifiesto "en principio" la suficiencia de los recursos hídricos pero "no así la disponibilidad de los mismos", por cuanto "no existe título concesional suficiente" ni por parte del Ayuntamiento demandado ni por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi).

Destaca la importancia de distinguir entre suficiencia y disponibilidad de recursos hídricos, en tanto en cuanto, se trata de conceptos que se ubican en "dos planos distintos".

De este modo, mientras que la suficiencia hace referencia a la existencia de recursos hídricos bastantes, la disponibilidad se concreta en la posibilidad de aplicar los recursos hídricos existentes a la actuación urbanística en cuestión, lo cual requiere del correspondiente título administrativo concesional.

"La existencia de recursos hídricos es condición necesaria para que pueda disponerse sobre éstos pero no es condición suficiente, en tanto que la disponibilidad requiere de un título concesional para la utilización del recurso", explica.

Por ello, estima que, si bien puede concluirse que hay recursos hídricos suficientes, lo cierto es que "no hay disponibilidad sobre los mismos ni se pueden satisfacer las demandas requeridas por la actuación aprobada", lo cual es "especialmente exigible en este caso" desde el momento en que tiene que recurrirse a recursos comunes de la ciudad de Valencia y área metropolitana".


* ABC - EFE - 14.11.11
Foto: Catarroja (Valencia), proyecto Nou Mileni - levante-emv.com

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El Juzgado de lo Contencioso se hará cargo de la urbanización de Huertos de San Roque en Linares

IDEAL/Jaén* : Ocho años después de iniciarse los trámites legales para exigir la ejecución de los trabajos de urbanización del residencial Huertos de San Roque de Linares, la veintena de propietarios que hace dos décadas adquirieron una finca en la zona podrán disfrutar finalmente de una vivienda en una zona urbanizable, tal y cómo se refleja en sus contratos de compra.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Jaén se hará cargo directamente de la terminación de la ejecución, con cargo a las arcas municipales, habiéndose incluso designado ya al perito que determinará y dirigirá las partes que restan por terminar para que los propietarios dispongan de agua potable, transportes públicos, recogida de residuos y los mismos servicios con que cuentan en el centro de la localidad.
Una medida que, como señalan desde despacho sevillano Llocan Abogados -que sustituye por enfermedad a la anterior letrada rectora del procedimiento-, será testimoniada y pasarán al Ministerio Fiscal a fin de que determine «si la desidia y los hechos cometidos por el Ilustre Ayuntamiento de Linares constituyen un delito grave de desobediencia u otros».

En concreto, el juez dictaminaba hace dos años una sentencia favorable a los propietarios de las parcelas y en la que se daba un plazo máximo de un año (hasta septiembre de 2010) para finalizar el proyecto, sin que se haya ejecutado hasta el momento.
Entonces, desde la Concejalía de Ordenación Territorial y Urbanismo del Consistorio linarense se aseguraba, tras conocerse la sentencia de ejecución forzosa dictaminada por el juez, que se realizarían las obras por vía ejecutiva con la intención de ofrecer los servicios a estos vecinos, «y posteriormente se pedirá responsabilidades a la promotora», hasta la fecha no ha explicado el desarrollo de las mejoras a los afectados ni las previsiones existentes para su puesta en marcha según señalan desde el despacho de abogados.
«Después de casi cinco años de procedimientos judiciales, los 20 vecinos que reclamaban la terminación de las obras de la Urbanización Huertos de San Roque de Linares las verán terminarse pronto, convirtiéndose la Urbanización en una de las mejores dotadas de la provincia, viendo cómo el valor de sus propiedades y el dinero que en ellas han invertido se triplica o cuadriplicado. La duda que se nos plantea es si el resto de los propietarios de la Urbanización al verse tan beneficiados, reconocerán el esfuerzo llevado a cabo por sus vecinos o seguirán menospreciándolos y culpándolos de los errores y negligencia ajenos», sostienen los representantes legales.
Años de lucha
El residencial Huertos de San Roque comenzó a construirse en 1991 al margen de la normativa urbanística pero con el compromiso municipal «del desarrollo urbanístico de la zona». En este periodo, parte de las obras fueron recepcionadas durante el tiempo estipulado para ello -hasta finales de 2005- pero no así para el resto de propietarios que, pese a rechazar las indemnizaciones a cambio de que se les presten los servicios a favor de la terminación de la urbanización.
En 2006, un año después de la fecha prevista para el fin de las obras de urbanización de unas parcelas vendidas «como suelo urbano con todos los servicios», los vecinos solicitaron ante el Ayuntamiento que se instará de manera oficial a la promotora la recepción de las parcelas afectadas. La «inactividad» por parte del Consistorio linarense que motivó la presentación de una demanda contencioso-administrativa en cuya sentencia se reconoció la falta de actuación por parte del Ayuntamiento de Linares, a la vez que se establecía un plazo de 12 meses para que los afectados recibieran los servicios básicos.
Sin embargo, lo que parecía que podía ser el primer paso para solucionar el problema de estas familias, no ha tenido hasta ahora ningún tipo de respuesta ni por parte de la Concejalía de Urbanismo ni de la promotora, a excepción de la retirada del cartel en el que se anunciaba la venta de parcelas en suelo urbanizable.
En este sentido, se calcula que las 20 familias demandantes han invertido a lo largo de estos años miles de euros en infraestructuras privadas que les permitiera contar con los servicios básicos que no han recibido hasta el momento, «y todo ello pese a pagar los impuestos correspondientes». Unos gastos que, sin embargo, se sitúan en un segundo plano ante los problemas de insalubridad a los que aseguran enfrentarse desde hace años, pues los afectados aseguran recibir un suministro de agua que «es solo apta para riego porque está contaminada con heces diluidas y altos niveles de plomo» como se demostró a través de varias analíticas realizadas en la zona.


* Ideal - 15.11.11
Foto: El residencial comenzó a construirse en 1991 con el compromiso de su desarrollo urbanístico - ideal

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El lastre del dispendio

ELPAÍS/Editorial* : La crisis económica ha dejado al descubierto no solo la imposibilidad de sostener algunas infraestructuras autonómicas y municipales realizadas durante los años de euforia, sino también su rigurosa inutilidad. Obras como los aeropuertos de Castellón o Ciudad Real, el Estadio Olímpico de Sevilla o la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, además de buena parte de los canales de televisión autonómicos, entre otras muchas, se han convertido en un lastre para los presupuestos de las diversas Administraciones de las que dependen. Los volúmenes de inversión han sido tan elevados que en circunstancias normales desaconsejarían un brusco abandono, a la espera de que se reactive la economía y algo pueda ser recuperado. Pero su más que dudosa utilidad hace inviable hipotecar al simple mantenimiento unos recursos cada vez más escasos.
Buen número de las infraestructuras sobre las que hoy planea la sombra del abandono y la ruina no eran viables desde su concepción y, sin embargo, se aprobaron, financiaron y ejecutaron con el apoyo de Gobiernos autónomos y municipales. Detrás de esta cadena de errores se encuentra uno de los equívocos que mejor resume la ligereza desde la que actuaron las Administraciones, y también los agentes económicos privados, durante los años previos a la crisis, y cuyas consecuencias se pagarán durante mucho tiempo. El espíritu emprendedor se confundió con el voluntarismo, con el agravante de que no fue desinteresado. Detrás de cada proyecto faraónico hubo beneficios en proporción, cuyos destinatarios fueron bolsillos privados.

La proliferación de infraestructuras de dudosa o nula utilidad deja constancia del aberrante modelo económico por el que se optó en España, quizá sin plena conciencia de estar haciéndolo. Más que inversiones capaces de modernizar la economía, estas infraestructuras que hoy parecen ballenas varadas fueron una extensión apenas disimulada de la cultura del ladrillo. Materializaron además una concepción del sistema autonómico y municipal que proliferó al amparo de la euforia que cebó la burbuja inmobiliaria: cada región, incluso cada provincia, debía disponer de todos los servicios por razones de prestigio, no en función de su utilidad. El caso más ilustrativo es el de los aeropuertos o las televisiones autonómicas, pero lo mismo podría decirse de polideportivos, centros de ocio e infraestructuras de naturaleza parecida, diseminados de punta a punta del país.

* El País - Editorial - 15.11.11

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España lidera la lista europea de obras disparatadas y ruinosas

20MINUTOS* : Un aeropuerto en Castellón que ha costado más de 150 millones de euros a las arcas públicas y que no ha recibido ningún vuelo.
Un tren de alta velocidad Toledo-Albacete que ha tenido que cerrar porque sólo transportaba nueve pasajeros al día mientras que su mantenimiento era de 18.000 euros diarios.
Un puerto industrial en Arinaga (Gran Canaria) que ha recibido, en seis años de funcionamiento, menos barcos que los que se pueden contar con los dedos de una mano y en el que sin embargo se van a invertir 142 millones de euros para su ampliación.
Un puerto exterior en Punta Langosteira, en A Coruña, cuyo presupuesto inicial de obra era de 479 millones de euros y que va alcanzar los 1.000 millones.
Esta es solo una parte de la política de construcción de infraestructuras auspiciada por las administraciones públicas y que sigue su curso a pesar de los recortes que se imponen en otros ámbitos como la educación, la sanidad, la cooperación o la protección del medio ambiente. La lista europea de obras disparatadas y ruinosas que España lidera.

¿Se acabó la locura del despilfarro? En absoluto. Aún nos queda Canarias, donde políticos y empresarios pretenden tirar al mar más de 143 millones de euros, en un proyecto tan disparatado como todos los anteriores e incluso más: el puerto de Granadilla, en Tenerife.

Más de 143 millones de euros tirados al mar

El Puerto de Granadilla es, para los colectivos ecologistas (WWF, SEO/BirdLife, Greepeace y Ecologistas en Acción) uno de los casos más paradigmáticos de esta burbuja de infraestructuras que existe en el Estado español. Esta obra produciría la pérdida de ecosistemas marinos y terrestres de gran importancia y su utilidad es a todas luces cuestionable, ya que como puerto comercial no realiza ninguna función que no pueda cubrir el Puerto de Santa Cruz, a tan solo 50 kilómetros de distancia.

Además, el Puerto de Granadilla únicamente puede ser operativo para el transbordo de contenedores durante el 40% del año dada la fuerza de los vientos dominantes en la zona, y se calcula que generaría como máximo 50 puestos de trabajo. Por otra parte, esta obra podría declararse ilegal cuando se resuelva cualquiera de las múltiples denuncias que han presentado ante los tribunales distintas organizaciones sociales y medioambientales, ya que se han detectado numerosas irregularidades en su puesta en marcha. Entre ellas, el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental del proyecto, la descatalogación ilegal de una parte de la pradera de sebadal que quedaría sepultada con esta construcción, o la falta de aprobación inicial del proyecto por el Ministerio de Fomento. Y todo ello, a pesar del generalizado rechazo que el proyecto tiene entre la comunidad científica y la población canaria en general.

Estas disparatadas obras ya han empezado en tierra, pero los efectos más graves sobre el ecosistema marino al que amenaza todavía están a tiempo de evitarse. ¿Les parará la crisis? O todo lo contrario, ¿el olor del hormigón (y del dinero) les dará alas?


* 20 Minutos - Crónica Verde - 14.11.11
Foto: proyecto Puerto Granadilla (Tenerife) - 20minutos

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Condenada la alcaldesa de Aguadulce por prevaricación urbanística

EUROPAPRESS/Sevilla* : El Juzgado de lo Penal nº4 de Sevilla ha condenado a la alcaldesa de Aguadulce, Isabel Ortiz (PSOE), a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y al pago de una multa de 4.050 euros por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística, ya que en 2006 otorgó a un compañero del partido una licencia para la construcción e instalación de naves al objeto de ampliar una granja de engorde de pavos de manera "ilegal" y "en contra del dictamen preceptivo" del arquitecto y la secretaria municipales.
En la sentencia el juez pone de manifiesto que, en el presente caso, "el incumplimiento de la normativa urbanística resulta indiscutible", pues la alcaldesa de Aguadulce otorgó la licencia "de modo flagrante y patentemente arbitrario, con un olvido completo de la función pública urbanística y bajo un concepto mercantilista y pretendidamente social de la misma, en el mejor de los casos, que está por completo proscrito del ordenamiento urbanístico" español.

"Es patente que la concesión de la licencia está fuera de la dinámica legal y reglamentaria, y que se hace a persona vinculada de forma especial con la acusada, pues es un hecho cierto y reconocido que el beneficiario era el que poco después fue compañero de candidatura y concejal de la Corporación", prosigue la sentencia, que añade que la alcaldesa era conocedora "de estar actuando en total discordancia con la norma cuyo cumplimiento era ella la primera obligada a cumplir y hacer cumplir".

Las diligencias contra la alcaldesa se incoaron después de la querella interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, que en el acto del juicio oral solicitó para la acusada nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que la acusación popular pidió un año de cárcel y diez años de inhabilitación. De su lado, la abogada de la procesada solicitó la libre absolución.

EN SUELO NO URBANIZABLE

El juez considera probado que el 20 de julio de 2006 un particular presentó una solicitud de licencia urbanística para la ampliación de la granja de engorde de pavos propiedad suya y de su hermano, "que se presentó a las elecciones municipales en 2007 en la lista de la acusada". Estas parcelas "están ubicadas" en suelo no urbanizable, apunta el juez, quien añade que, tras ello, el arquitecto municipal emitió un informe previo en el que advertía de que la actuación solicitada sólo podía llevarse a cabo "si previamente se presentaba un proyecto de actuación con declaración de utilidad pública e interés social".

Igualmente, el arquitecto informó a la imputada de que "sólo si se aportaba previamente tal proyecto se podría admitir la solicitud a trámite", mientras que la secretaria municipal puso en conocimiento de la alcaldesa que "eran necesarios los requisitos" exigidos por el arquitecto, y en consecuencia "proponía la desestimación de la solicitud de licencia hasta que se observara la normativa vigente aplicable". "Pese a estos informes y advertencias", la alcaldesa, "consciente de la ilegalidad de su decisión y sin recabar el referido proyecto de actuación", dictó resolución concediendo la licencia solicitada.

Tras precisar que en la resolución la alcaldesa "especificaba que el autorizado debía presentar tal proyecto de actuación, pero sin siquiera condicionar a ello la eficacia de la licencia", asevera que la concesión de la licencia "dio lugar a la ejecución efectiva de una gran parte de las obras ilícitamente autorizadas, que no fueron paralizadas hasta el 21 de noviembre de 2007 por una corporación municipal que ya no presidía la acusada tras la celebración de las elecciones".

"POCAS VECES SE HABÍA OÍDO UNA CONFESIÓN TAN ABSOLUTA DE ANTIJURIDICIDAD"

"La acusada había seguido en otros expedientes distintos y similares sobre suelo de igual calificación el criterio de los técnicos, del que se apartó" en este caso, según agrega el juez, quien asevera que la argumentación exculpatoria de la defensa "no puede aceptarse, y de hacerse supondría abrogar por vía singular la exigencia más básica del mismísimo Estado de Derecho". Asimismo, critica que la alcaldesa --que en el juicio admitió que quizás se dejó llevar por el "sentimentalismo"-- "se puso por encima de toda Ley y otorgó la licencia como quien dispone legítimamente de algo privado".

"Pocas veces se había oído una confesión tan absoluta de antijuridicidad", critica el magistrado, que concluye que "la declaración de la acusada y la estridente discordancia de la resolución con los informes y actuaciones previas que debían justificarla es prueba inequívoca de ese conocimiento cumplido de la alcaldesa, que llevaba tres años en el cargo con multitud de actuaciones urbanísticas a ella reservadas anteriormente". "No es admisible que la acusada desconozca las normas básicas de la legislación que tiene que aplicar", sentencia.

Durante el juicio, celebrado el pasado día 7 de octubre, la acusada aseveró que otorgó la licencia "para ayudar a un vecino que iba a crear empleo y que había vivido una tragedia familiar; quizás me dejé guiar por el sentimentalismo". "No era consciente de que dar la licencia en esas condiciones era ilegal", agregó, apuntando además que el vecino que solicitó la licencia "vino a verme varias veces", por lo que ante esta insistencia "flexibilicé los trámites".

Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla.


* La Vanguardia - EP. - 14.11.11
Foto: Aguadulce (Sevilla), plaza - turismo

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Alicante.- Un promotor valida una escucha en la que Ortiz asegura que tiene el PGOU antes de ser público

INFORMACIÓN* : Un promotor confirmó ayer ante el juez que investiga las presuntas irregularidades del Plan General de Alicante haber mantenido una conversación en la que el empresario Enrique Ortiz le dijo que tenía los planos del futuro planeamiento urbanístico de la ciudad meses antes de que se hicieran públicos, según confirmaron fuentes del caso presentes en la declaración judicial.
Ramón Salvador Águeda fue el único de los tres imputados citados ayer que quiso declarar y el primero que accede a responder a preguntas sobre el contenido de las escuchas telefónicas en las que se sustenta la investigación. Los otros imputados que comparecieron ante el juez Manrique Tejada fueron el extrabajador de Ortiz José Gregorio Bernabé y el promotor manchego Aurelio González Villarejo, antiguo socio del empresario alicantino. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar. A los tres se les imputa un delito de aprovechamiento de información privilegiada por funcionario o autoridad pública.
La investigación del PGOU trata de dirimir si por parte del entonces alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, y la en esos momentos responsables de Urbanismo y actual regidora, Sonia Castedo, se facilitó información privilegiada del planeamiento de la ciudad a cambio de regalos.

De momento hay una veintena de imputados, entre ellos Ortiz y su mujer, el redactor del Plan General, Jesús Quesada, así como el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio, el exedil socialista Javier Gutiérrez. Castedo y Alperi también aparecen como implicados pero, dada su condición de aforados por ser diputados autonómicos, tendrá que ser el Tribunal Superior el órgano que se pronuncie sobre su imputación.

El empresario Ramón Salvador negó ante el juez su pertenencia a una trama urbanística y declaró que lo único que hizo fue presentar una alegación al PGOU con el asesoramiento del despacho Salvetti, propiedad del hermano de la primera edil y de su socio, y que desconocía que éstos estuvieran resolviendo las alegaciones. Ramón Salvador se había personado el pasado mes de abril tanto en Comisaría como ante el juez para pedir declarar voluntariamente al ver que aparecía en la prensa como uno de los posibles implicados en el sumario del PGOU.

La conversación con Ortiz que Ramón Salvador ratificó ayer ante el juez, el fiscal y las partes personadas se produjo el 25 de agosto de 2008, casi dos meses antes de que el PGOU saliera a exposición pública, lo que ocurrió el 17 de octubre. El fiscal comenzó el interrogatorio preguntando al imputado si reconocía haber mantenido esa conversación a lo que éste aseguró que no lo recordaba bien. Por ello, el representante del ministerio público pidió a la secretaria judicial que le leyera la transcripción de esta escucha telefónica. Tras la lectura, el empresario confirmó que se produjo esa llamada (de la que aparece un amplio extracto en la página siguiente) entre ambos y que fue en esos mismos términos. Las mismas fuentes puntualizaron que Salvador dijo que desconocía si el PGOU era público en esos momentos.

Según el sumario, en esta llamada telefónica Ortiz le asegura que tiene planos del Plan General. Ramón Salvador está interesado porque posee unos terrenos en la zona del Rambuchar en el límite entre Alicante y San Vicente, concretamente en Pla de Xirau. Ortiz se ofrece a mostrarle en el plano cómo quedan su suelo, si bien no consta que llegara a enseñarle nada. En la conversación el propio Ortiz manifiesta sus dudas sobre si posee documentación acerca de esa zona, pero afirma que tiene "todos los planos". El sumario revela que el suelo que Salvador Águeda tenía en esa zona pasaba a ser no urbanizable en el Plan General, motivo por el que presentó la alegación que fue estimada. El promotor señaló que lleva años trabajando con Gutiérrez. Ayer declaró que el despacho de Salvetti le asesoró en la alegación, aunque ésta la redactó su abogado. Según el sumario, por esta alegación el bufete percibió 50.000 euros.

El empresario Ramón Salvador Águeda es bien conocido en Elche por operaciones especulativas relacionadas con los huertos de palmeras y en Arenales del Sol que supusieron un escándalo público por considerar que el promotor recibía información privilegiada del equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, así como de altos técnicos municipales.

Ayer compareció como imputado también el exsocio de Ortiz, el empresario manchego Aurelio González Villarejo, pero se negó a declarar alegando que están pendientes de resolver varios recursos sobre la nulidad de las escuchas. El empresario negó en un escrito haberse beneficiado de información privilegiada, o haber falsificado documentación contable para encubrir un presunto regalo de tres bungalows a los hijos de Alperi.

El PSOE municipal dijo ayer que la declaración de empresario ilicitano demuestra que Ortiz tenía información privilegiada y que la alcaldesa no puede seguir eludiendo su responsablidad.

"Esto es una persecución contra los promotores que al final nos hemos tenido que ir del país"
Enfadado. Así se mostró ayer el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda a su salida de los juzgados. Preguntado por los terrenos de su propiedad que figuran en el sumario, indicó que está en su derecho de pedir que un suelo no sea descalificado como urbano. "Es que si eso lo quitan, el Ayuntamiento tendrá que pagar 15 millones y a ver cómo lo hace ahora", dijo en relación con el suelo del Pla de Xirau que aparecía descalificado en la revisión del Plan General y cuya alegación para que se mantuviese como urbano fue estimada por el Ayuntamiento.

Ramón Salvador arremetió contra el trato que, a su juicio, están recibiendo los promotores "de todos los lados" y puso como ejemplo el plan urbanístico que promueve en San Vicente: el polémico plan de El Sabinar, que incluye un campo de golf y contra el que IU presentó un recurso para su paralización por estar en zona protegida, ya que por ahí pasa una cañada real. "También la Castellana de Madrid es una cañada real", dijo. "Esto es una persecución contra los promotores. Yo me he tenido que ir del país y algunos están arruinados", manifestó.

"Lo único que va a hacer eso es generar más paro y que los promotores nos tengamos que ir del país. Parece que hay que proteger al pajarico y al ser humano, machacarlo", afirmó. Añadió que los políticos "utilizan mediáticamente a fiscales y jueces" y, al ser preguntado por las escuchas telefónicas, dijo que eso eran "tonterías".


* Información - J. A. MARTÍNEZ/S. LLINARES - 15.11.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y empresario Ortiz (archivo) - elmundo.es

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El alcalde de Abanilla consintió el vertedero ilegal de Fenoll

ELPAÍS/Murcia* : Las relaciones del alcalde de la localidad murciana de Abanilla, Fernando Molina Parra, del PP, con el industrial Ángel Fenoll son más que cordiales, según recogen las escuchas del caso Brugal. El informe policial resalta la supuesta connivencia entre el regidor y el industrial, extremo que ha permitido al empresario mantener activa la planta de basura que explota en ese municipio. El Gobierno de Murcia acaba de dictar una resolución en la que decreta el cierre de la instalación por las ilegalidades acumuladas. El empresario ha desoído la orden.
Fernando Molina es el alcalde más longevo de la Región de Murcia. Ocupa el cargo de regidor de Abanilla desde el año 1987. La "estrecha amistad" entre Fenoll y Molina la manifiesta públicamente el empresario en conversaciones con terceras personas. En uno de esos diálogos llega a confesar haberle "dado cariño", entre otros, a la Guardia Civil, "para tapar posibles irregularidades en la planta de Proambiente (empresa de Fenoll con la que explota la instalación)".

Una muestra de esa relación con el alcalde de la que presume Fenoll en grabaciones con terceras personas se recoge en la conversación con una mujer llamada Josefina Candel grabada el 28 de mayo de 2008.

Ángel Fenoll. Yo... no. Temas familiares y tal. Y le dije de todo. Digo, no tenéis vergüenza. ¿Sabes? Os hundo a todos y os meto bajo tierra. No ves, Fina, que los poderes los tengo yo. Los poderes me refiero... no de la empresa. Los poderes de la empresa también, pero tengo los poderes de los Ayuntamientos y de Fernando [el alcalde]. ¿Sabes lo que te digo? Y ahí no se mueve nadie. Cierro. Y en 24 horas cierro el quiosco. ¿Sabes lo que te digo?

Fina. Sí, sí, sí.

A. F. A mí me van... pero que lo intentaron. Claro. Pero me avisó Marga. ¿Sabes lo que te digo?

F. ¿Y qué te dijo Antonio Ángel?

A. F. No me la tocan. ¿Sabes lo que te digo?

F. Ya, ya, ya.

5A. F. No me la tocan. Aparte de eso he hecho otras cosas muy gordas, ahí en la planta. ¿Sabes? Dándole cariño a estos... a la Guardia Civil... en fin... A todos esos temas. ¿Me entiendes o no?

F. Hay que ser agradecidos.

En otra de las intervenciones del teléfono de Ángel Fenoll, realizada el 14 de mayo de 2007, el industrial habla con el alcalde de Abanilla y su mujer, a su vez secretaria general del PP local, Gumersinda Díaz Ruiz. En la conversación comentan unos pasquines distribuidos en la población contrarios a la actividad de la planta. "Ambos acusan a un tal Bolo (apodo familiar del portavoz municipal del PSOE entre 2003 y 2007, José Antonio González)", precisa la diligencia policial. En esa conversación el regidor informa al empresario de las iniciativas de la oposición, en este caso del PSPV, para cerrar la instalación. "Fernando le pide a Fenoll que extreme las precauciones porque el PSOE ya ha presentado preguntas en el Ayuntamiento", recoge el informe policial.

Sobre el trasvase de información del PP de Abanilla a Fenoll acerca de los movimientos en la población contra la planta, el sumario del caso Brugal también recoge una foto en la que el exteniente de alcalde del Ayuntamiento José Tenza Lajar y la esposa del alcalde, Gumersinda Díaz Ruiz, graban una manifestación de vecinos contra el vertedero del industrial el 28 de mayo de 2005.

La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno murciano acordó la clausura de la planta de Abanilla el pasado 6 de octubre a raíz de una denuncia de Ecologista en Acción. El servicio de vigilancia e inspección ambiental de esa dirección general corroboró diversas anomalías en la planta, entre ellas, el vertido de residuos sin tratar y directamente al suelo natural y la construcción de un vaso de vertido sin declaración de impacto ambiental.

Fenoll ha desoído la resolución y mantiene activa la planta. La industria da servicio a 19 municipios de La Vega Baja, que generan un volumen de 300 toneladas de basuras al día.

Además, Fenoll está construyendo otro vaso para verter residuos que ha provocado un recurso del Ayuntamiento de Orihuela por entender que la nueva infraestructura invade su término municipal. El empresario, según fuentes del consistorio oriolano, no ha solicitado permiso a esta institución para realizar los trabajos.

Fenoll es considerado el cabecilla de la parte del caso Brugal que investiga una trama corrupta vinculada al negocio de la basura en la provincia de Alicante.

El industrial está imputado en dos de las piezas más destacadas de esta causa. La primera, por un supuesto amaño de la contrata de la basura de Orihuela. La investigación cree probado que Fenoll se ocultó tras dos empresas para hacerse con la contrata en unión con la mercantil Sufi. La segunda imputación está relacionada con la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de La Vega Baja. La investigación trata de esclarecer un supuesto soborno al líder del PP de Alicante por la contrata.


* El País - SANTIAGO NAVARRO - 14/11/2011
Foto: Abanilla (Murcia), vertedero - laverdad

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'Malaya': Roca admite que cobró de Aifos para legalizar el hotel Guadalpín

MÁLAGAHOY* : Juan Antonio Roca se presentó ayer como un hombre sin escrúpulos que con una mano negociaba convenios con los promotores de Marbella y, con la otra, cerraba con ellos negocios que cada día lo hacían más rico. El principal procesado en el caso Malaya siguiendo la estrategia defensiva que inició la semana pasada trata de poner a salvo los más de 30 millones de euros que en solo unos años le entregaron los empresarios, aunque para eso tenga que hacer complicadas filigranas entre la ilegalidad y la inmoralidad.
Ayer admitió que el director comercial de Aifos, Francisco García Lebrón, le entregó en su despacho de Maras Asesores 2,6 millones de euros en efectivo entre enero y junio de 2004. Roca justificó estos pagos en un supuesto contrato "verbal" con la promotora malagueña para asesorarle porque el hotel Guadalpín Banús excedía los límites de edificabilidad y la compañía le encargó un estudio del potencial de esta parcela con vistas a su legalización. No obstante, explicó que su asesoramiento era privado y no incluía la legalización del Guadalpín Banús, sino sugerir un convenio urbanístico "que fuese asumible" por el Ayuntamiento. En cualquier caso, cobraba en metálico, sin factura y no declaraba.

A partir de junio de 2004 las entregas de dinero de Francisco García Lebrón siguieron hasta completar la suma de 4,8 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción considera que eran sobornos pagados por Aifos a Roca para conseguir favores urbanísticos. El acusado, en cambio, sostuvo que si los primeros 2,6 millones fueron retribuciones por su asesoramiento privado en el Guadalpín, los 2,2 restantes respondían a los negocios que compartía en Murcia con García Lebrón.

Durante la tercera sesión consecutiva en la que el fiscal le interroga sobre los supuestos sobornos que dieron lugar a la trama de corrupción de Marbella, Roca también confesó que recibió otros cinco millones de euros del promotor granadino José Ávila Rojas, pero, de nuevo, buscó una fórmula para darle sustento legal a unas entregas de dinero de las que sólo existe constancia en la contabilidad que llevaba en Maras Asesores y que hasta el lunes de la semana pasada no reconocía como tal. Roca indicó que tenía negocios a medias en Marbella con Ávila Rojas, en los que él aportaba el suelo y el empresario granadino la construcción. Esos intereses, según dijo, eran particulares y nada tenían que ver con los convenios urbanísticos que al mismo tiempo negociaba, en su calidad de asesor de urbanismo, con este mismo promotor.

El cuarto empresario al que ayer aludió Juan Antonio Roca fue al dueño del centro comercial La Cañada: Tomás Olivo. Por el momento es el único al que no ha involucrado en pagos legales o ilegales.

La Fiscalía Anticorrupción indica en su escrito de acusación que Tomás Olivo aportó 2,4 millones de euros al asesor urbanismo que quedaron reflejados en su contabilidad secreta. De esta suma, 600.000 euros eran por licencias y los 1,8 millones restantes por ser el adjudicatario final de un edificio que el Ayuntamiento poseía en Puerto Banús.

Esta es una historia compleja que arranca con la permuta de este inmueble municipal en Puerto Banús por unos locales en los que se querían instalar las oficinas del servicio de urbanismo. La Agencia Tributaria estima en 6,3 millones el precio del edificio institucional que se entregó a una empresa de los procesados Carlos Sánchez y Andrés Liétor, a cambio de otro local valorado por Hacienda en 3,5 millones

En la permuta, sin embargo, ambos inmuebles se valoraron en 4,8 millones, por lo que Anticorrupción cree que Marbella perdió en esta operación 2,7 millones, aunque ayer Roca afirmó que no sólo no fue así, sino que el Ayuntamiento salió ganando porque el edificio municipal era bastante menos valioso. En cualquier caso la permuta se realizó el 1 de abril de 2004 y en julio de 2005 Sánchez y Liétor se lo vendieron a Tomás Olivo por 8,3 millones.

El fiscal, siguiendo las anotaciones contables de Maras apunta que en esta operación se pagaron dos comisiones a Roca: Carlos Sánchez y Andrés Liétor le entregaron 1,2 millones, mientras y Olivo otros 1,8 millones.

El acusado, sin embargo, negó que esto fuera así. Argumentó que la anotación de 1,8 millones de Olivo fue un "lamentable error" de su administrador fiduciario, Óscar Benavente, porque el dinero lo recogió en efectivo en el despacho del dueño de La Cañada, pero de manos de Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que acababan de venderle a Olivo el edificio institucional de Puerto Banús. Con estos 1,8 millones Sánchez y Liétor supuestamente saldaban con Roca la compra de otra parcela.


* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 15.11.2011
Foto: El promotor Tomás Olivo, en una imagen de archivo, llegando a la Audiencia de Málaga.

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Este pueblo es una ruina

VALENTÍN MEDINA M.* : No se si la gente recuerda que "Orihuelica" del Señor es Gran Ciudad o Ciudad de Gran Población -¡corrígeme, Andrés!- o que la capital natural -que no económica- de la Vega Baja es Conjunto Histórico Monumental, o algo así, y que tiene unos cuantos monumentos nacionales, por lo que no se pueden cometer los atropellos que se han cometido y se cometen en materia urbanística. Lo que pasa es que como los "chicos del coro" -léase políticos de turno- están más "enjuascaos" en tirarse los trastos a la cabeza que en hacer las cosas mejor que sus antecesores, los ciudadanos hacen lo mismo (ya se sabe que los niños hacen lo que ven hacer a sus papás). ¡Apaga y vámonos, pariente, que nos ha "pillao" la vaca y nos ha puesto el culo más rojo que una ñora!. ¡El pueblo se cae a pedazos! y nunca mejor dicho. Como muestra, un botón; la "casa de todos" ha acordonado algunas calles para evitar problemas con el personal.
El concejal de Urbanismo -¡hay que tomar decisiones drásticas y ya se sabe que a grandes males, grandes remedios!- dice que hay que cortar por lo sano; que si no son los propietarios será su concejalía la que tome cartas en el asunto y obligue a rehabilitar o a derribar -en su caso- los edificios que supongan peligro para los viandantes (¡joder, qué bien me ha quedado la frase!). ¡Juanico; aquí hay trabajo! (es que Juanico es "derribaor"). Zapata se ha ganado el sueldo; sólo ha tardado tres meses y pico en darse cuenta de que ¡este pueblo es una ruina!.

¡Dulcísimo nombre de Jesús y de María!. Pedro, como dice la copla "Círculos viciosos", que, entre otros, canta Sabina: "¡Quisiera hacer lo de ayer, pero introduciendo cambios; no metas cambios, Hilario, que anda el jefe por ahí!. ¡Y en esas estamos, colega!. Hasta hace poco el responsable del urbanismo municipal era el "profe" Rodríguez Barberá (¡no se si me gustaría ser alumno suyo; por lo que me cuentan!), que, por lo que se ve, hizo poco o nada para evitar que se jodiera más el patrimonio de La Muy Noble, Leal y Siempre Fiel. Ha pasado el tiempo y se ha cambiado el edificio anexo al supermercado que hay enfrente de la Glorieta (en San Gregorio) por uno que está junto al Juzgado o por otro enfrente del Museo de Semana Santa, que, por cierto, está en la antigua iglesia de la Merced, de la que sólo queda parte de la fachada porque -recordemos- se la dejó morir, como se están muriendo otras; léase la de San Agustín. ¿Tendría cojones Urbanismo a derribar San Agustín por el peligro que entraña o exigiría al Obispado, que está más limpio que una patena (¡amén!), que la rehabilite? ¿La rehabilitarían los chicos de la "casa grande" y le pasarían la factura a Palmero? ¡Ser o no ser; esa es la cuestión! Palacio va a destinar 35.000 pavos para unas chapucillas en San Agustín, cuando hace unos años se presupuestaron 3 millones para la primera fase de rehabilitación de la iglesia más grande del pueblo; ¡es como el que tiene tos y se rasca los huevos; con perdón!. Si nos damos una vuelta vemos que Orihuela es una ciudad bombardeada, con infinidad de solares, incluso en lo que viene siendo la "Vuelta a los Puentes", que dicen muy poco, o nada, de la que pretende ser reconocida como Gran Ciudad. Dicen que un problema empieza a solucionarse cuando se reconoce que existe; pues, ¡ale, Zapata, "bonico", a trabajar, que, si quieres, tienes más curro que un gato en una matanza!. Empieza por una punta y acaba por la otra y deja el pueblo que no lo conozca ni la Armengola que viniera. ¿Y Rubalcava (Palacio); se caerá?.
¡Hablando de ruina!. No es de recibo que el profesor Rodríguez exija que se pague a proveedores antiguos; ¡coño, maestro!, ¿por qué no se lo exigiste a tu "compi" Lidón cuando mandabas?. Me choca lo que dice "bad boy" sobre traer turistas chinos y japoneses; ¡joder, MacGyber, que el pueblo está hecho unos zorros para enseñarlo! ¿Y lo del asesor pegón?; las "yoyas" empezaron en Desamparados (900 pavos y pelillos a la mar; ¡qué barato!), ahora han sido a cuenta de una fuente: Ángel (el asesor) parece que le ha metido a J. V. Hernández; pues ya se sabe, que lo cesen o que dimita, pero ¡aquí no dimite ni Dios!. ¿Y lo de la Residencia del Oriol?; ¡no tiene nombre, bueno si el de la Princesa!. ¡Me cago en la leche!; primero fue Peter Pan Mancebo, ahora es Culiáñez quien -dicen- contrata a familiares ¡y el tonto de mí no pilló cacho cuando mi cuñada fue concejala!. Como dice Angelita, mi madre, ¡los hombres harán lo que tengan que hacer!; mientras, lo dicho, ¡éste pueblo es una ruina!


* Información - Opinión - 15.11.11

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Madrid.- Otro peaje para la crisis

ELPAÍS* : La presidenta regional, Esperanza Aguirre, promueve la construcción de una autopista en el norte, la R-1, para la que Fomento no encontró ninguna empresa interesada por el profundo fracaso de las radiales de pago.
Dos coches compiten en velocidad a 55 kilómetros de Ocaña (Toledo), en la radial 4. Son solo dos coches, a las 11 de la mañana, en una larga recta. Un Mercedes 4 - 4 negro y un Volkswagen Polo blanco. Un único empleado atiende una sola de las 14 garitas de la playa de peaje. En la cafetería que recibe al otro lado del páramo de Seseña la Nueva, cinco clientes. "Cada vez viene menos gente, es una carretera muy cara", dice el encargado, que paga cinco euros cada día para llegar hasta allí. Su cafetería gemela, al otro lado de la autopista, lleva cuatro años cerrada con un cartel de "perdonen las molestias".
La carretera de pago que termina en Ocaña, con sus 52 kilómetros y medio de trazado limpio, es una de las cuatro R, las autopistas de peaje para salir de Madrid. Son las hermanas pequeñas de las grandes autovías que se disparan al extrarradio. Se inauguraron al calor de la prosperidad con unas perspectivas que han pinchado en viajeros, ingresos y expectativas. Tanto, que el Congreso de los Diputados tuvo que salir al rescate y aprobó en 2009 salvarlas de la quiebra con 1.375 millones de euros inyectados por el Ministerio de Fomento en créditos. Entre otras razones, porque el dinero que debían pagar para ocupar los terrenos se multiplicó un 600%.

Ninguna de estas autopistas llega al centro de Madrid. Salen de un atasco y dejan al viajero en otro. Sobre el papel esperaban cada una más de 30.000 coches al día, y apenas rondan el 40% de esa cifra. Conductores con cuentagotas que circulan solos y pagan solos ante una máquina que avisa mientras escupe el justificante: "Su recibo se está imprimiendo". La radial 3 a Arganda del Rey, con 12.777 coches de media diarios, es la que mejor va. La segunda es la R-5. Pero no salen los números. La empresa que gestiona ambas, Accesos de Madrid, tiene una deuda de 600 millones de euros que vence en 11 meses. Esperaban ganar 40 millones anuales, y la realidad ha recortado las expectativas a la mitad. "Estamos mal pero aún vivos. No hemos muerto gracias a la ayuda de Fomento", explica José Antonio López Casas, director general de la empresa.

En mitad de este escenario de ruina, la Comunidad de Madrid ha sacado del cajón uno de los proyectos que su presidenta, Esperanza Aguirre (PP), persigue desde hace años. El día después de un viaje a Burgos por una de las autovías con más atascos, la A-1, la dirigente regional anunció su intención de recuperar la R-1. La llama "autopista low cost". Ha puesto encima de la mesa una iniciativa más barata que la que quedó desierta en la última intentona de Fomento, y espera que las concesionarias se la quiten de las manos. La patronal del sector aplaude su iniciativa: un proyecto para reactivar la piqueta, movimiento, dinero, obras... Pero ¿es realmente viable, visto lo visto?

La historia de la R-1 es la de un querer y no poder. Quedó desterrada en el primer grupo de autovías que impulsó el Gobierno de José María Aznar (PP), que cortó las cintas de las otras cuatro a finales de la década de los noventa. En 2006, con el PSOE al frente, Fomento reactivó el proyecto y lo licitó un año después por 210,85 millones. El concurso quedó desierto. En 2009 hizo un segundo intento más caro, por 240 millones. Tampoco le salieron pretendientes. Desistió.

La Comunidad de Madrid, que ya se topó con el Tribunal Constitucional en 2006 por intentar hacer la carretera por su cuenta, recupera ahora la idea en mitad de la crisis. Y lo hace a la baja, con un 30% menos de dinero para la obra. Los plazos están ajustados para tenerla lista antes de que acabe la legislatura, antes de las elecciones autonómicas de 2015. La semana que viene sale a información pública para posibles alegaciones.

Ecologistas en Acción ya ha dicho que se opondrá porque considera una "aberración" una nueva autopista tras la "ruina" de las anteriores y porque el trazado "amenaza" el corredor ecológico del río Júcar. La declaración de impacto ambiental estará lista en enero, dicen desde la Comunidad. Se cerrará la adjudicación en marzo, y se construirá entre 2013 y 2015. La previsión de vehículos es más modesta: entre 9.000 y 10.000 coches al día. En la autovía paralela, la A-1, se concentran hasta 142.000 en una de las salidas más concurridas a un polígono comercial.

"Las anteriores radiales fueron una irresponsabilidad política y esta lo es aún más". El profesor titular de Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid, Ángel Aparicio, se opone al proyecto. Trabajó dos décadas en Fomento, hasta 2009, y dirigió el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) durante cinco años. Aparicio, que vivió la licitación de las otras cuatro radiales, asegura que "se inflaron" las previsiones de tráfico para que parecieran viables. "Se fue a la hipótesis más optimista, y aun así se descartó la R-1 porque era la que peores previsiones tenía", asegura. "Me extraña que no hayamos aprendido de estos años".

Los costes de obra han bajado de 180 millones (sobre una inversión total de 240) a 120 millones (sobre un total de 160). "Hemos simplificado el proyecto", dice Borja Carabante, viceconsejero regional de Transportes e Infraestructuras. La radial se parecerá más a una autovía que a una autopista de pago. Tendrá menos estructuras, con lo que se espera ahorrar 31 millones. "Nos hemos acomodado al terreno para evitar algunos puentes", explica el viceconsejero. En las cuatro salidas (M-12, M-50, M-100 y El Molar) se han reducido los enlaces, recortando así otros 14 millones. Los 12 restantes salen del aprovechamiento de tierras de un tramo en otro, según estos cálculos. La Consejería ha prometido además adjudicar el proyecto al que cobre menos a los conductores. Aún no han cerrado el coste de las expropiaciones de terreno, la gran espina en las otras cuatro radiales. "La posibilidad de que la R-1 se ponga en marcha es muy baja", explica José Antonio López Casas, de Accesos Madrid. "Hace tres años nos interesamos por la licitación de Fomento y no nos salían las cuentas". El ministerio valoró en 12 millones los terrenos. La empresa estimó unos 70.

Las concesionarias de las cuatro radiales tienen que devolver los créditos que consiguieron por la subida de precio del suelo antes de que acaben los periodos de explotación (hasta 60 años, en algún caso). El coste de los terrenos superó los 1.800 millones, frente a los 300 previstos al empezar a construir. A eso se debe el empujón económico del Gobierno y que se haya permitido aumentar las tarifas de los peajes, lo que, pescadilla que se muerde la cola, ahuyenta a los clientes potenciales.

El sector pide más apoyos e incluso apunta iniciativas novedosas. "Se debería cobrar por utilizar las otras autovías, que al final pagamos todos", pide López Casas. La Comunidad no ve con malos ojos desterrar los peajes en la sombra, que consisten en que la Administración pague a la concesionaria por el tráfico generado en su carretera. "No habrá más mientras yo sea presidenta y haya crisis", dijo Aguirre cuando presentó la R-1. Este segundo modelo de peaje se lleva gran parte del presupuesto para carreteras, con casi el 70% de las inversiones (103,6 de 149 millones) por esas cuatro vías.

Los empresarios de las radiales piden además que se elimine el límite de velocidad en sus vías y que les dejen disminuir el gasto en luces, especialmente durante las noches. Uno de los motivos por los cuales las otras radiales no son rentables es porque los terrenos expropiados dispararon sus precios. Los jurados de expropiación y los tribunales acabaron considerando urbanizable el suelo rústico que las rodea. Con la Ley de Suelo de 2008 este riesgo desaparece, ya que un terreno debe valorarse según su calificación previa. Es decir, si es rústico, rústico, y si es urbano, a precio de urbano.

Pero la radial que auspicia la Comunidad de Madrid podría sufrir otro tipo de problemas, esta vez legales. El Gobierno central recurrió al Tribunal Constitucional en 2005 para evitar que la Comunidad licitara anteproyectos de la R-1. El fallo quedó en tablas: permitió los trabajos previos pero no entró en si podía o no construir la autopista. El Ejecutivo considera que la Comunidad no debe construir una infraestructura que es competencia del Estado. Aguirre se ve legitimada porque quedó desierto en dos ocasiones. "Si tienen alguna objeción, que lo planteen cuando salga a información pública", sugiere su viceconsejero de Transportes. Será difícil que Mariano Rajoy (PP), al que todas las encuestas colocan al frente del Gobierno tras el 20 de noviembre, se oponga a los deseos de la presidenta regional Esperanza Aguirre. O no.

440 millones para 1.641 coches
La AP-41 puede ser considerada el claro ejemplo de un fracaso. Quizá por eso nadie la inauguró. Todo lo contrario a lo sucedido con las radiales madrileñas. A la apertura de la R-2, en 2003, fueron el exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos, el expresidente del Gobierno José María Aznar y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Los dueños de la AP-41, una obra que costó 440 millones y tiene una media de utilización de 1.641 vehículos diarios, han ganado una sentencia a Fomento, al que le pedían una indemnización de 300 millones porque no amplió la vía hasta Córdoba. La empresa asegura que la Comunidad de Madrid le ha perjudicado al construir la M-407.


* El País - PILAR ÁLVAREZ / TONO CALLEJA - Madrid - 13/11/2011
Foto: Madrid, inauguracion R-2, Cascos_Aznar_Gallardon (archivo) - elpais

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Las zonas verdes reconquistan las ciudades

ELNACIONAL/Venezuela* : La moda actual no es crear ciudades inteligentes desde cero, sino adaptar las actuales al siglo XXI. "Las zonas verdes han de estar donde está la gente", afirma Bárbara Pons, profesora de urbanismo en el grado de Arquitectura de IE University y experta en políticas de paisaje.Resulta que más de 50% de la población mundial reside en una urbe y la cifra va en aumento. No parece tener mucho sentido vivir el día a día en espacios artificiales, conquistados por el asfalto, y cuando llega el fin de semana lanzarse como un poseso al volante y recorrer 50, 60 o 70 kilómetros (emitiendo CO2) para disfrutar de un poco de naturaleza."Entramos en una etapa que será larga en la que las ciudades han de avanzar hacia la sostenibilidad en lo ambiental y en lo económico", indica.El objetivo dejó de ser crecer, que bastante se atiborraron de suelo durante años y años de ladrillo. Ahora el reto consiste en reinventar los espacios existentes. Hacerlos biodiversos, multifuncionales, puntos de encuentro y convivencia.

Madrid Río es un ejemplo paradigmático: por debajo pasan los autos; por encima las bicicletas, los patines, los viandantes, carritos, niños, gente trotando."La Unión Europea es cada vez más estricta respecto al tránsito urbano, hay actuaciones para peatonalizar áreas densas de población, y calles que perderán en calzada y ganarán en aceras", enumera la profesora. Bulevares regenerados con árboles que, por ejemplo, unan los pulmones de la capital. "Lo que hace falta son corredores verdes que los comuniquen, que los acerquen a sus habitantes. Está demostrado que esa interconexión favorece los ecosistemas, que los pájaros circulen de una a otra mancha verde".Gestión. Ahora bien ¿cómo de− bería una smart city gestionar la biodiversidad? Entendiendo por biodiversidad la definición de la RAE: "Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente". Expertos entrevistados incluyen al ser humano en la ecuación, como una parte más del ecosistema, cada vez más activo y participativo, concienciado, con opinión sobre lo que quiere y lo que no para su zona residencial, informado de lo que consume."La tecnología es el medio, la herramienta, para obrar este cambio", insiste Silvia Guzmán Araña, directora de sostenibilidad y medio ambiente de Telefónica. "Porque permite recoger los datos, medirlos, gestionar y controlar mejor los recursos para avanzar, entre todos, hacia una mayor eficiencia. Cada vez se instalan más sensores en los parques que impiden que los aspersores salten si está lloviendo o, todo lo contrario, avisan si hay poca humedad y las plantas necesitan agua", dice."Solemos utilizar el símil de la ciudad como un ser vivo al que mediante sensores conectamos con su inteligencia, que no está tanto en las grandes computadoras y en los procesos de datos como en sus ciudadanos", insiste Jorge Martín, gerente de M2M y Soluciones Sectoriales. La compañía telefónica ha acordado con el ayuntamiento la creación de un gran bosque urbano con dos pistas deportivas, zonas de paseo y de estacionamiento y una gran plaza para todo público en los alrededores del Distrito Telefónica (Madrid).Y de puertas para afuera participa en el proyecto Smart Santander, banco de pruebas de innovación tecnológica, y calado europeo; y más secundariamente en Málaga Smart City, que busca un mix energético de renovables y aspira a la ecoeficiencia. Ambas poblaciones ocupan los primeros puestos, junto con Barcelona, Madrid y San Sebastián en el índice de ciudades inteligentes presentado en septiembre por la consultora IDC.Todas han echado mano de las tecnologías de la información para mejorar la gestión de residuos, tráfico, parques y agua, lo que se traduce en una ganancia en amabilidad y habitabilidad. Los núcleos urbanos españoles tienen, pese a todo, la ventaja de ser compactos, mediterráneos, no demasiado grandes y no tan dispersos como los de otras partes del mundo, según Bárbara Pons.José Luis Vallejo, arquitecto de Ecosistema Urbano, relaciona complejidad con biodiversidad, y alude al proyecto Dream Hamar que desarrolla su estudio y es como una cebolla, a capas: es la gente de esa localidad noruega la que se organiza en grupos de trabajos y decide en asambleas cómo quiere que sea una plaza del centro tras su remodelación. Talleres semanales aportan soluciones: equipamientos, árboles y fauna como una de las demandas más recurrentes. El resultado vendrá de la suma de todas esas ideas, de todas esas capas."Eso de fundar una ciudad inteligente de cero… ¿qué pasa?, ¿que las que tenemos son idiotas? Pues no, lo que ocurre es que no responden a las necesidades del siglo XXI. Debemos hacer correcciones", concluye.



El Nacional - Entornos Inteligentes - 14.11.11
Foto: proyecto Madrid Río - google

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Valencia.- Los impagos del Ivvsa desde hace 23 meses dejan al borde de la quiebra a 17 empresas

LEVANTE* : Las obras previstas por el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) continúan, pero las 17 empresas de Valencia y Alicante que realizan trabajos de mantenimiento y reforma en las promociones públicas llevan ya 23 meses sin cobrar. La deuda asciende a más de 8,5 millones de euros, intereses de demora aparte.
Sin embargo, lejos de desaparecer, la deuda suma y sigue. Y las empresas que se encuentran en la bolsa de trabajo del Ivvsa, lejos de conseguir un calendario de pago, están al borde de la quiebra. Llevan meses advirtiéndolo en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, sin obtener resultado alguno. Ya no pueden "adelantar" más dinero. Mejor dicho, ningún banco negocia con ellos más cesiones de crédito. Sus propios trabajadores -unos 400 en total- amenazan con denunciarles ya que el impago del Ivvsa se remonta a "todo lo trabajado y facturado en el ejercicio 2010 y lo que llevamos de este", que son, otros 11 meses.

Por ello, dos de estas 17 empresas han presentado ya su renuncia oficial a trabajar para el Ivvsa -sin rehusar a estar en la bolsa- "hasta que se haya solucionado la situación de impago" ya que "no disponemos de capital suficiente para poder ejecutar los trabajos que ustedes nos mandan. No podemos contraer más deuda". El resto de empresas afectadas seguirá el mismo camino si el Ivvsa no comienza a pagar parte de la deuda contraída con las propias empresas que tiene contratadas.

En el mes de marzo, las 17 constructoras firmaron un escrito común en el que reclamaban facturas pendientes y explicaban la situación de unas empresas que, aún sin cobrar, "hemos seguido cumpliendo los compromisos y la programación del Ivvsa". Tres meses más tarde la historia se repitió, aunque en este segundo escrito -que data del 10 de junio- las empresas firmantes endurecieron su discurso al asegurar que "tenemos constancia de la Dirección General de que la conselleria ha pagado al Ivvsa cantidades que estaban destinadas a cancelar parte de nuestra deuda, habiendo sido desviadas estas cantidades para otros fines".

"El calendario de pago se ha incumplido totalmente, abocando a todas nuestras empresas a una insostenible situación económica, cuando no a su desaparición. Como usted sabe -el escrito iba dirigido al entones conseller de Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino- la deuda pendiente se remonta a todo lo trabajado y facturado por nosotros en el ejercicio 2010, y todo lo que llevamos del presente, de forma reiterada y sin éxito, con el objetivo inexcusable de firmar un convenio de pago. No nos podemos creer más promesas porque éstas no nos bastan para subsistir", aseguran las 17 constructoras en el escrito.

Ya en junio, las empresas advertían de lo que se ha convertido en crónica de una muerte anunciada. "Si persiste el pago de la deuda, las empresas firmantes nos veremos obligadas a dejar de atender las reparaciones que se precisen en las viviendas del Ivvsa y de la Generalitat Valenciana". De momento, dos de las firmas ya han presentado la renuncia. "Le remitimos relación del estado de las obras que nos han encomendado para que puedan proceder a su reasignación", asegura una de las empresas afectadas en otro escrito. Esta vez, con fecha del 15 de septiembre.

El resto de firmas colaboradoras del Ivvsa advierte de que actuará del mismo modo, pero no como amenaza, sino como la única salida para no "quebrar definitivamente", debido "a la penosa situación a la que nos han llevado sus promesas incumplidas".


* Levante - MÓNICA ROS - 14.11.11
Foto: Los impagos del Ivvsa desde hace 23 meses dejan al borde de la quiebra a 17 empresas - levante

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Urbanismo veloz para el jeque

ElPAÍS/Málaga* : La compra del Málaga CF por el jeque catarí Abdulá Al Thani y el fichaje de un elenco de futbolistas hasta ahora inalcanzables para el club ha propiciado que se genere una ilusión colectiva en la ciudad que trasciende al fútbol. El interés de Al Thani por invertir en la Costa del Sol de la que es una muestra la adjudicación de la ampliación del puerto deportivo de La Bajadilla en Marbella, contribuye a que la figura del jeque empiece a contemplarse como una especie de redentor en medio del desastre económico. Con más o menos fundamento, la opinión pública de Málaga ha relacionado al catarí con proyectos muy esperados en la ciudad como el puerto deportivo o el auditorio.
Tan altas son las expectativas, que todo lo que tenga que ver con Al Thani se trata con mimo, por más misteriosos que resulten los proyectos. Y por causa del jeque se ha empezado a obrar el milagro de la celeridad urbanística. En una ciudad que ha tardado siete años en tramitar la aprobación de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el mero hecho de saber del deseo del jeque por ubicar la futura ciudad deportiva del Málaga en los suelos de Arraijanal ha hecho que el Ayuntamiento apenas haya tardado tres meses en las negociaciones y gestiones precisas para tenerlos a su disposición.

El paraje de Arraijanal, más de 50 hectáreas de suelo entre la desembocadura del Guadalhorce y la frontera con Torremolinos que forman la última parcela costera que queda sin urbanizar en la ciudad, han quedado calificados en el nuevo PGOU como suelo no urbanizable para sistema general, es decir, que no puede tener más fin que el de equipamiento público. Inicialmente el Ayuntamiento que preside Francisco de la Torre (PP) proyectó allí una urbanización con más de 600 viviendas y dotaciones hotelera, comercial y de oficinas, pero la Junta lo rechazó. La Administración autonómica tiene proyectado hacer un gran parque en la zona. Sin embargo, el jeque Al Thani quiere esos terrenos para ubicar La Academia, el proyecto de escuela de la cantera del Málaga que incluye la construcción de una decena de campos de fútbol.

Los suelos que se declaran de sistema general para uso público tienen que ser obtenidos por los Ayuntamientos a cambio de compensar a sus propietarios con derechos urbanísticos en otras zonas de la ciudad, para lo que teóricamente dispone de un plazo de cuatro años. En el caso de Arraijanal, en menos de tres meses desde la entrada en vigor del PGOU, el Ayuntamiento ya ha llegado a un acuerdo con la propiedad del 60% del terreno, la firma inmobiliaria Vallehermoso, con quien ha permutado las 32 hectáreas que esta tenía en Arraijanal por el derecho a edificar 1.000 viviendas de VPO en tres zonas de nuevo desarrollo de la ciudad. Tanta celeridad sorprende si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento tiene aún pendiente de obtener suelos de sistemas generales contemplados en el plan anterior, de 1996, y existen además varios litigios judiciales con los propietarios disconformes con las compensaciones.

El Ayuntamiento asegura que oficialmente no ha recibido ningún proyecto del Málaga en Arraijanal, y que no conoce más que un "dibujo" que se difundió hace unos ocho meses. La inexistencia oficial del proyecto ha hecho que hasta el momento se ignoren algunas cuestiones que el Consistorio debe resolver, alguna de ellas no sencillas. La primordial es que los suelos son de uso público y no se pueden enajenar, por lo que tendría que usarse la vía de cesión de dominio al Málaga CF, pero estas adjudicaciones sobre equipamiento general deben hacerse según la ley mediante concurso público. También queda por definir la compatibilidad de los usos como ciudad deportiva con los que permite la ley en un sistema general de equipamiento que el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) destinada a parque.

Y también está por ver hasta qué punto la ubicación de la ciudad deportiva está vinculada con la construcción del nuevo estadio del Málaga, proyecto que sí puede tener más inconvenientes legales. En principio, el dibujo del jeque proyecta que al norte de Arraijanal, al norte de la carretera A-7 se construya el nuevo estadio con capacidad para 60.000 espectadores y un complejo comercial y hotel. El jeque deberá primero comprar los suelos, que en su mayoría pertenecen a la inmobiliaria Baensa, y pedir su recalificación. Las trabas al estadio pueden venir de Aena, puesto que la zona está dentro de la servidumbre del aeropuerto y de hecho ya puso pegas al proyecto de urbanización de Arraijanal.


* El País - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 14/11/2011
Foto: Malaga. arraijanal - malagahoy.es

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"Es inaceptable volver al chabolismo cuando hay viviendas vacías de sobra"

DIARIODEJEREZ* : Entrevista a Rafael Mayoral, asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Mayoral llama a la rebeldía frente a los desahucios y sus efectos devastadores en familias condenadas a la exclusión social · "Si los poderes públicos no toman medidas para evitarlo, la sociedad civil lo hará".
La crisis ha disparado el número de ejecuciones hipotecarias en España, donde es difícil precisar la cifra exacta, que se cuenta por muchos miles al año y por cientos al día. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) agrupa a familias y colectivos que han sufrido el impacto de las hipotecas basura para hacer frente a lo que popularmente se conoce como desahucios, un problema con efectos devastadores. El asesor jurídico de la plataforma, Rafael Mayoral -que ayer ofreció una conferencia en Jerez- ve una trama orquestada por especuladores y entidades financieras con el único objetivo de lucrarse.
-¿En qué proporción se han disparado los desahucios con la crisis en España?
-La proporción es brutal y tiene una relación directa con el aumento del desempleo. Todo esto comienza con la caída de las horas extras y se desata con el aumento del desempleo y va afectando a más colectivos. Los primeros afectados fueron los colectivos más vulnerables, los que tenían menos prestaciones, pero se ha ido extendiendo como una mancha de aceite y lo que al principio abarcaba a gente vinculada a la construcción, ahora alcanza a cada vez más sectores.

-¿Y quién tiene la culpa?

-La sociedad tiene derecho a saber la verdad y esto se tiene que delimitar a través de una investigación exhaustiva de qué es lo que ha pasado. No es comprensible que haya miles de millones de euros que se estén entregando a los bancos y no haya procedimientos judiciales de investigación. No entendemos que haya centenares de policías para ejecutar alzamientos y que esas fuerzas policiales, dirigidas por un juez, no estén investigando a las entidades financieras que encima están recibiendo miles de millones para tapar agujeros.

-Pero también los españoles han vivido por encima de sus posibilidades...

-¿Conocemos el truco del tocomocho? Estamos de acuerdo en que es una estafa. Pues esto es lo mismo. Tenemos cierto grado de responsabilidad, pero la principal responsabilidad es de aquellos que crearon tramas y que tenían organizaciones complejas para estafar a los sectores más vulnerables de nuestro país y para apropiarse de las rentas del trabajo. Pero hay una situación de impunidad frente a una violación sistemática de los Derechos Humanos porque dicen los pactos internacionales de los que nuestro país es parte que no puede haber desalojos forzosos de población vulnerable sin una alternativa habitacional. Ningún Estado puede dejar a ningún ciudadano en la calle cuando hay viviendas de sobra. Verdaderamente se deberían tomar las medidas para que ninguna familia se quede en la exclusión social.

- ¿Por qué cree que la Fiscalía y las administraciones públicas hacen la vista gorda?

-El problema que tenemos, y lo pudimos ver ayer -el lunes para el lector- es que hay un partido único de los bancos, que lo representan los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE. Desde 2008 ha existido acuerdo entre PP y PSOE en todas las ayudas que se han dado a los bancos. Cuando desde la sociedad civil se ha planteado que se reforme la legislación para que se admita la dación en pago, nuevamente el PP y el PSOE, en este caso con el apoyo de CIU, se han opuesto para defender los intereses de los bancos. Y con las medidas que se han planteado relativas a los desahucios, también nos hemos encontrado en el Parlamento con su oposición.

-¿Qué opina de los avances registrados en algunos temas en la presente legislatura?

-Hay cosas que son conquistas de la sociedad civil, como que esto esté en la agenda política porque miles de personas se están oponiendo a los desahucios. Y eso mismo ha provocado que se tenga que aumentar el nivel de embargabilidad de los salarios y otros avances. Eso se ha compensado con el aumento al 60% de la adjudicación del piso, pero esto es absolutamente insuficiente. Lo que hay que asegurar es que no haya deuda perpetua, en primer término, y que garanticen los derechos habitacionales, que todo el mundo tenga derecho a vivir debajo de un techo cuando hay viviendas de sobra. Lo que no es aceptable es que vuelva a aparecer el fenómeno del chabolismo en nuestro país cuando hay vivienda de sobra que se está cayendo a pedazos.

-Siendo realista, ¿la dación de pago se podría aplicar de la noche a la mañana?

-Yo sinceramente creo que se debería aplicar como medida de urgencia y con carácter retroactivo porque hay que garantizar que las familias tengan un proceso de reinserción social. Hay que tomar medidas para salvar a la población, no para salvar a los bancos. Lo que se trata es de salvar a las familias y los bienes públicos, y que las entidades financieras respondan de lo que han hecho.

-¿Cuántos desahucios han frenado ustedes?

-Hay varios cálculos, pero los murcianos van a la cabeza, los catalanes están segundos y luego estamos los madrileños. Entre todos creo que se supera el centenar, pero no deja de ser un hecho simbólico porque a diario se ejecutan cientos y cientos, y hay mucha gente que se va antes de que llegue la autoridad judicial y otros muchos que se están quedando en la calle. Si los poderes públicos no toman las medidas que deben, la propia sociedad civil las va a tomar.

-¿Qué mensaje le gustaría que calara de su conferencia?

-El derecho a la vivienda no es sólo una declaración de principios, sino que tiene que ser un objetivo a defender por todos y todas las personas estamos obligadas a defender los derechos humanos. El problema de los desahucios es un problema colectivo y no podemos consentir que las entidades financieras con la colaboración de los poderes públicos violen ese derecho, que está vinculado además a otros muchos derechos de personas en situación vulnerable. Tiene que haber un compromiso de todos para la rebeldía a fin de asegurar que esos derechos se cumplan.

Fuente: http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1109504/es/inaceptable/volver/chabolismo/cuando/hay/viviendas/vacias/sobra.html



* Rebelión - Diario de Jerez - A. Espejo 13.11.11
Foto: Hipotecas, protesta Plataforma afectados en Madrid - afectadosporlahipoteca

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