El Roto, comiendo ladrillos - elpais 20110909
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Valencia.- Protesta ciudadana por la cesión de suelo público para colegios privados
Más de un millar de afectados por la falta de plazas públicas de Nàquera, Picanya, Valencia Alicante o Castellón acudieron con sus hijos a las protestas convocadas en la plaza de Manises de la capital y ante las sedes del Consell en Alicante y Castellón.
PSPV, Compromís y Esquerra Unida respaldaron la concentración convocada por la plataforma y se comprometieron a enmendar el capítulo 31 de los Presupuestos que consagra la creación de los llamados Centros de Iniciativa Social (CIS), un eufemismo del modelo de Madrid iniciado hace ocho años, que ha ampliado el parque de plazas concertadas hasta alcanzar el 50% del sistema.
Los padres confirman que, en reuniones con el director general de Centros, Rafael Carbonell, ya se ha planteado de forma oficial la creación de esta red de centros CIS por parte de la Consejería de Educación. "Nos tememos que en Nàquera se haga antes el segundo colegio, con la fórmula del CIS, que el prometido colegio público", confiesa Eric Gielen, presidente del AMPA del único colegio público, cuya nueva construcción acumula años de retraso. Lo mismo se trasalada al barrio de la Malva-rosa, donde se celebró la Copa del América y la fórmula 1, pero no se han hecho las reformas integrales de los dos colegios públicos que existen en sendos edificios de 1959. "Tememos que en el terreno que hay para construir, se haga un centro CIS", explica Ramón Díez, de la coordinadora del barrio. La situación se reproduce en el colegio público Rosa Serra de Picanya, que "lleva seis años de precariedad, tres de ellos en barracones", a falta de que empiecen las obras, explicó Begoña Olivares, del AMPA.
Marga Sanz, coordinadora de EU, clamó contra "la privatización de la enseñanza". Pilar Sarrión, portavoz socialista de Educación, presentará "una enmienda de supresión del artículo", y Compromís, sostuvo Enric Morera, "ya ha advertido a Hacienda que exigirá su retirada".
* El País - NEUS CABALLER - Valencia - 11/11/2011
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
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Málaga.- Las grandes torres se empequeñecen
La realidad, marcada por la crisis económica, hace impensable que estas intervenciones, señeras dentro del modelo urbanístico diseñado por el Ayuntamiento de la ciudad en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), en vigor desde hace un par de meses, sean una realidad antes de la próxima década. Es decir, que aún habrá de esperar unos nueve años para que Málaga pueda presumir de urbanismo en altura.
Dos ejemplos palmarios son los proyectos que lideran Caixanovagalicia, en la antigua parcela de los bidones de Repsol, y Espacio y Unicaja, en los viejos suelos de Citesa. En el primero de los casos, fuentes próximas al proyecto admitieron que para la terminación completa de la macrointervención, compuesta de cuatro torres de hasta 135 metros, "al menos estamos hablando de ocho o nueve años, dada la situación económica".
De hecho, el propio anexo relativo a este proyecto incluido en el Plan General es taxativo, al fijar un plazo de cuatro años para la ejecución de las obras de urbanización e implantación de servicios a partir de la aprobación definitiva del planeamiento, mientras que para las edificaciones se establece un plazo de ocho años "a contar desde la aprobación definitiva del correspondiente instrumento de reparcelación". Se apuesta, no obstante, por darle más celeridad a la VPO, puesto que se da un plazo de inicio de estas promociones de cuatro años desde la reparcelación, teniendo que estar terminadas en un máximo de siete años desde esa fecha.
En este mismo escenario se mueven las dos torres de Martiricos, de treinta plantas cada una, y que, según el estudio malagueño encargado de la intervención, podría demorarse aún hasta 2020. Según expuso José Luis Dorronsoro, los documentos técnicos apuntan a la posibilidad de que la primera de las torres esté acabada para 2017, mientras que la segunda lo estaría en 2020. Sin embargo, admite que quizá son previsiones positivas y a las que se podrían sumar un par de años. Lo que sí da por seguro, dado el interés que parecen mostrar las promotoras de la iniciativa, es que el conjunto del proyecto se inicie por las edificaciones destinadas a vivienda de protección oficial, que darán cabida a 202 unidades. "Creemos que eso sí podría estar para antes de 2017", dijo.
Aunque para que eso llegue a ocurrir antes debe haberse desarrollado la urbanización de todo el sector, que incluye, entre otras piezas, un parque de uso público en la zona ocupada hasta hace unas semanas por el rastro. Para adelantar la tramitación necesaria, Dorronsoro explicó que se está avanzando en la redacción del plan especial, al que tendrán que seguirle el proyecto de urbanización y el proyecto de parcelación.
Una de las posibles novedades que se está estudiando en este momento es que el diseño de las edificaciones de VPO lleve la firma del mismo estudio que ha dado forma a las dos torres del complejo, Pei Cobb Freed & Partners. "No está cerrado aún, pero se está valorando para mantener el mismo esquema de diseño", indicaron.
La radiografía de la crisis inmobiliaria resume a la perfección la situación en la que se hallan estos dos proyectos, pero no sólo. Sobre la parcela de La Térmica no se dibujan grandes torres, pero sí una de las nuevas centralidades de la capital, que estará compuesta de 874 viviendas y 36.600 metros de uso terciario (incluyendo hotelero, oficinas y comercial). Los promotores del sector, entre los que se cita a Endesa, no parecen estar muy por la labor de poner en marcha la maquinaria del proyecto.
De hecho, no sólo llegaron a solicitar formalmente la rescisión del convenio que les ata al Ayuntamiento, que les obliga a abonar 58 millones por los derechos edificatorios sobre el terreno, sino que se han demorado más de lo previsto en iniciar los trámites urbanísticos necesarios. La situación es tal que es la propia Gerencia de Urbanismo la que "de oficio" ha decidido empezar a redactar el plan especial de la zona, cuya aprobación inicial podría tener lugar en febrero o marzo del próximo año. Con ello, es el Ayuntamiento el que toma la iniciativa en este proyecto y aprieta las tuercas a las empresas vinculadas a la iniciativa.
El paso, más allá de tener un carácter simbólico, tiene un efecto práctico incuestionable, ya que el acuerdo económico entre las partes obliga a la parte privada a pagar 17,4 millones de euros a los 30 días naturales siguientes a la aprobación definitiva del Plan Especial. La cuantía restante, de 40,6 millones, se vincula a la entrada en vigor del PGOU, sin que por el momento se haya aportado dinero alguno.
* Málaga Hoy - SEBASTIÁN SÁNCHEZ - 13.11.11
Foto: Málaga, proyecto Nuevas Torres - malagahoy
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Urbanismo, agua y sostenibilidad: herencia y desafios
La Europa Occidental de 1850 tenía una población estimada de 274 millones de habitantes. En tan solo 50 años su crecimiento ascendió a 100 millones de habitantes. De hecho, el progreso técnico hizo que la producción agrícola fuera bastante rentable y esto produjo el aumento del índice de natalidad en la clase media.
La revolución industrial que sacudió al mundo en aquella época creó un éxodo rural que afectó a las principales ciudades de Europa y más tarde a las de América del Norte. El desarrollo fue súbito e intenso, así nació el urbanismo y una de sus problemáticas sistemáticas: la gestión del agua. El primer desafío fue proveer a la población de agua corriente, dado que el índice de mortalidad infantil era particularmente elevado por la falta de higiene.
Actualmente, la situación se ha invertido y las ciudades de los países desarrollados se enfrentan al tratamiento de las aguas residuales, concretamente al problema de evacuar las aguas pluviales, las cuales son contaminadas por todo lo que consume y rechaza la sociedad moderna.
Urbanismo e individualismo. El urbanismo revela los conceptos introducidos por la revolución industrial y que cambiaron radicalmente el comportamiento del ser humano hacia su entorno y su grupo social. En esa época, la noción natural de libertad individual se asoció a la posesión de bienes, al poder adquisitivo, a la búsqueda de un espacio-tiempo donde disfrutar de sus beneficios y a la lucha por lograr esas metas.
Sin que nadie se diera cuenta, el bienestar relacionado con la comodidad reemplazó al “bienestar” que preconizaba poseer valores morales y desarrollarse acorde a los principios de la naturaleza. Teniendo en cuenta esto, no asombra ver sobre qué modelo se construyeron las ciudades.La ciudad moderna se construye primero planificando la red de carreteras y rutas para asegurar el tráfico comercial, modificando a veces el curso natural de los ríos y excavando las montañas.
Aparece entonces el fenómeno de concentración-degradación, es decir, se desarrolla una actividad intensa en un punto concreto y se extiende una vez que ese punto se satura.Debido a que los edificios no se construyen usando materiales adecuados a los parámetros ambientales, la degradación física aparece. Pero mientras, el número de ciudadanos no deja de crecer, se necesita construir más viviendas, y con el avance de la tecnología las viviendas de nueva construcción en el extrarradio son de mejor calidad que las antiguas del centro; así que se observa una migración de la población rica hasta la periferia y viceversa: la gente con bajos recursos económicos se dirige hacia el centro, ya que los precios bajan.
Pero la degradación de esos edificios casi siempre trae como resultado un deterioro social y un rechazo de la sociedad hacia esos lugares. Así que el centro de la ciudad puede trasladarse a lo largo de las décadas. Sin embargo, las ciudades que tienen un centro histórico intentan mantener la actividad en ese punto fijo. Un segundo fenómeno destacable es la superficie destinada al uso indirecto del hombre, o sea a los comercios, empresas y lugares de ocio; resulta más importante que la superficie ocupada por las viviendas, eso aumenta la carencia de viviendas que sufren muchas grandes ciudades actuales.
Al mismo tiempo, se crea un nuevo factor de polución causado por la circulación de los automovilistas que viven en la periferia pero que trabajan en el centro. En las últimas décadas, la protección de los suelos no se ha tomado en cuenta, puesto que ha sido más rentable construir edificios que cultivar la tierra. Sin embargo, esa mentalidad de centrarse únicamente en los beneficios inmediatos sin considerar lo que implica una modificación del ambiente, aún siendo mínima, es el origen de las dificultades que afronta el mundo urbano en la actualidad. A la hora de hablar de sostenibilidad, no se puede eludir la responsabilidad individual de ser creativos y volver a encontrarse con los principios de la naturaleza que garantizan el futuro.
El agua: ciclo natural versus ciclo artificialLos suelos de las ciudades modernas son impermeables en casi su totalidad y son en realidad el primer factor de la ruptura del ciclo natural del agua. Según la agencia del Agua de Rhône-Méditerraée et Corse (Francia), cuando llueve en un medio natural, hay una retención de agua en la superficie cercana al 60% debido a los arboles y la vegetación. Posteriormente, un 15% se convierte en agua de escorrentía y un 25% se filtra en el suelo hacia las aguas subterráneas. Sin embargo, en una ciudad moderna, la infiltración se reduce al 1%, casi no hay retención del agua, si no hay bosques. Entonces, ¿a dónde va el 99% restante? A los ríos, aumentando considerablemente el riesgo de inundación y a la canalización del sistema de tratamiento del agua urbano donde es almacenada.
Inicialmente se creyó que las aguas pluviales eran un medio para diluir las aguas residuales antes de que llegaran a las estaciones de depuración. Sin embargo, desde su caída hasta su llegada a un canal de evacuación, el agua de lluvia se carga de una polución aún peor que las aguas residuales.Residuos flotantes, arenas, gasolina, gas de escapes, neumáticos, aceite, materia orgánica, metales pesados, plaguicidas y herbicidas se mezclan con el agua, así que como no se puede depurar en la naturaleza y las plantas de depuración no pueden tratarla tampoco, no queda otro remedio que almacenarla.
Consecuentemente, algunas ciudades tienen estanques de retención de las aguas contaminadas por no tener los recursos para tratarlas. Esta problemática urbana fue descubierta en los años 70 por el científico J.C. Deutsch y desde entonces se han encontrado varias alternativas para eliminar y prevenir la contaminación. Los estudios realizados preconizan la vuelta al origen, a lo natural, al ciclo hidrológico original del agua.Algunas empresas han desarrollado la técnica del tratamiento del agua por infiltración, como en el ciclo natural del agua, o sea que se efectúa el drenaje de las pluviales directamente a la fuente, con una vegetación reintroducida en los edificios y en los lugares públicos.
En 2010, la ciudad de Nueva York dio un paso concreto hacia la sostenibilidad y decidió adoptar el plan urbano Green infraestructure plan, para reducir radicalmente la contaminación del agua y proteger el medio ambiente y en el que se invita a la naturaleza a que vuelva a la ciudad. Si el hombre del siglo XXI quiere reconciliarse con la naturaleza y desarrollarse acorde a sus principios, conseguirá la sostenibilidad.
* La Gran Época - Yvonne Mendy - 12.11.11
Foto: Central Park de Nueva York.- AFP
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La venganza hippie
MANUEL GARCÍA ESTRADA* : Hoy más que nunca esta columna cumple su cometido de ser burla permanente de la posmodernidad de la que tanto se vanagloria el neoliberalismo económico que incluye religiosidad conservadora y fascismo bélico represor; lo cumple porque ante la brutal caída del sistema financiero mundial su cultura impuesta está ya en el viaje agónico hacia su final.
Hoy se ha estado revalorando lo humano, desde los indignados de España y Wall Street hasta los acampados en la Bolsa Mexicana de Valores así como los movimientos a favor de la libertad de expresión en Veracruz. Lo humano es la posibilidad de existir en libertad porque cuando no hay libertad el sentido humano se pierde colocando a los homo sapiens en un nivel de homo esclavus que equivale a ganado. Se revalora lo que da sentido e implica la identidad que no es más que cultura familiar, comunitaria, nacional, historia personal y social. Vienen ganando el concepto de nación, diversidad, heterogeneidad, democracia; lo contrario es la putrefacción de la convivencia.
El desafío debe ser mayor a lo establecido, a las instituciones, que caen a pedazos porque se convirtieron en maquinaria de corrupción al servicio de unos pocos que a través de los medios masivos de propaganda y las religiones esclavizan a todos haciendo que no se dude de nada a través de la sistemática dogmatización que día a día nos invade. El combate a todos los paradigmas es lo que define a esta época en donde el cuestionamiento sobre democracia es global, no hay ser humano informado que no esté pensando en lo justo o injusto de lo que vivimos, es un gran despertar.
En este cisma histórico se fortalece el conocimiento aplicado y el “pagano” que la ciencia moderna está conectando con la física cuántica, la química, la psiquiatría, neurología y psicología del que ya muchos están conscientes, más de los que creemos, llevando a los pueblos originales, sean mazahuas, otomíes, mapuches, huicholes, apaches o celtas a la palestra mundial que son capaces de mostrarnos con sus cosmovisiones un universo plagado de verdades que el materialismo supra capitalista ha querido ocultar. El neoliberalismo o capitalismo salvaje, que tiene bastante de positivismo del siglo XVIII, se equivoca cada día porque valora sólo a lo tangible cuando lo que más existe en el cosmos es justamente lo contrario. Por ello la fuerza de las nuevas teorías y aplicaciones de la física en donde todo lo que creíamos como real se desvanece ante las nuevas dudas y fenómenos que los científicos descubren.
La expansión de la conciencia avanza día a día, los gobiernos locales y el económico global se aterran, por ello el aumento de la represión, el miedo y la confusión en la propaganda, por ello el enorme gasto en campañas políticas y de financiación de las iglesias. Están luchando por mantenernos dormidos y en la oscuridad. No quieren que pensemos y desean que critiquemos al que lo haga para mantener intacto el imperio de la mediocridad, quieren que sigamos viendo bien al abuso, la violencia, el sojuzgamiento, al machismo; premian a los lamebotas y agachados corruptos con cargos públicos, direcciones de empresas o puestos eclesiásticos para ser capataces leales a estos cleptócratas que creen que es posible comprar tierras para hacer negocios aunque destruyan tradición, filosofía, patrimonio como en Wirikuta, México o en Hidroaysen, Chile.
Hoy la posmodernidad ha muerto y con ella la relativización del bien o mal que permitían robar, matar y abusar porque todos se podían justificar de las barbaries cometidas. Parece que efectivamente la venganza hippie ha llegado y los jóvenes del ‘68 empiezan a ver su triunfo que no significa ganar elecciones sino mover conciencias.
* Global Revolution - Opinión - 5.11.11
Una de cada cinco familias que compró una vivienda durante la burbuja no podrá pagarla
Son las previsiones pesimistas del estudio realizado por la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas, (AFES) que cifra en 700.000 el número de familias que se verá afectada por una ejecución hipotecaria y quienes además de perder su vivienda, "se quedarán con una deuda que les impedirá cualquier tipo de recuperación económica y social".
AFES explica que, en su mayoría, se trata de personas que compraron una vivienda en un periodo de excesos. "Se endeudaron por encima de sus posibilidades inducidos por una falsa expectativa de revalorización de la vivienda y la creencia de una estabilidad laboral indefinida. Nunca pensaron que perderían el empleo y que el precio de su vivienda caería en picado", aseguran desde la asociación.
Entre 2004 y 2008, periodo de mayor auge de la burbuja inmobiliaria, se produjeron 4.106.485 transacciones inmobiliarias, de las cuales 170.627 ya han pasado por el desahucio. Un total de 168.603 se encuentran actualmente en ejecución hipotecaria y se estima que para 2015 el número de ejecuciones hipotecarias habrá afectado ya otras 373.912 viviendas más cuya compraventa se realizó en dicho periodo, lo que da un total de más de 700.000 viviendas ejecutadas. "Para hacernos una idea de la magnitud de estas cifras, podemos compararla con el total de transacciones inmobiliarias del año 2004, que alcanzó las 848.390, o las de 2008 que fue de 564.464, según datos del Ministerio de Fomento".
Colapso judicial
AFES explica que el hecho de que los lanzamientos cada año sean inferiores al número de ejecuciones hipotecarias en curso es resultado del colapso judicial que provoca la crisis. En la actualidad, la asociación estima que hay casi 170.000 casos en los juzgados. Esta estimación se ha realizado teniendo en cuenta el escenario más favorable, manteniéndose los niveles de poder adquisitivo de las familias y sin aumento del paro.
AFES afirma que la recuperación del mercado inmobiliario no es posible si no se reactiva el crédito y no se recupera la confianza en el sistema financiero. Si todas estas personas quedan sin vivienda y con una deuda que no van a poder pagar, la situación no puede hacer sino empeorar. "El mercado inmobiliario tampoco va a salir de su estancamiento si los precios vigentes no se adaptan a la demanda. La única posibilidad de una reactivación económica pasa por la mediación entre afectados y entidades bancarias para condonar parte o toda la deuda que mantienen los afectados", añaden..
AFES ha conseguido en el último año más de 15 millones de euros condonados a sus asociados. También en algunos casos se ha conseguido la dación en pago, gracias a acuerdos alcanzados entre los bancos y los afectados.
Según Carlos Baños, presidente de AFES, "Lo primero que hacemos desde la asociación es escuchar, porque las personas que están en esta situación están llenas de incertidumbres y ansiedades por su futuro. Un problema como este desestructura absolutamente una familia. La segunda labor es explicarles qué es un procedimiento de ejecución hipotecaria porque hay muchos mitos alrededor. Hay que explicarles a qué se enfrentan realmente y que van a perder su casa al no poder hacer frente a la hipoteca. Y, posteriormente, analizamos cada uno de los casos y vemos las posibilidades que hay"
Y añade que, "nosotros muchas veces decimos que lo importante no es tanto perder la vivienda sino cuándo y cómo, porque el gran drama social es que después de perder la casa se quede con una deuda que no va a poder saldar de por vida. Nosotros apostamos decididamente por la mediación como modelo de resolución del conflicto, porque a los bancos tampoco les interesa quedarse las casas y convertirse en las mayores inmobiliarias de este país. Nos dirigimos a las entidades para explicarles los casos y qué es lo que creemos que puede ser una alternativa y les pedimos una actitud positiva hacia la resolución del conflicto. Esperamos que muestren la solidaridad necesaria para este tipo de casos, pero muchas veces es incompatible con los actuales procedimientos de las entidades bancarias”.
* El Confidencial - 11.11.11
Foto: elconfidencial
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Chiclana.- "Núñez sigue con la nefasta política urbanística de los últimos 30 años"
Una acusación que justificó "a tenor del incumplimiento de la legalidad por su parte, ya que, en primer lugar, está procediendo a conceder licencias en virtud de no sabemos que 'truco', pues no se puede definir de otra forma, ya que el PGOU fue anulado por el Tribunal Supremo y, por tanto, las ordenanzas para la regularización de las AGB, también".
"El asunto", añadió, "es de una arbitrariedad tal, que deja boquiabiertos a todos los juristas que han sido consultados por nosotros. Aquí no hay regla que se respete. En este caso, desde nuestro punto de vista gravísimo, nos estamos refiriendo a una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, mediante la cual se anulaba el PGOU de 2.007. Extraordinario ejemplo para la ciudadanía, irónicamente".
"Además", se preguntó, "¿Qué le podrá decir este señor a los sancionados que solicitaron licencia y se les denegó? ¿Por qué a unos, sí y a otros, no? Señor Núñez sus hechos demuestran el escaso contenido que debe tener para usted la palabra democracia".
"Desde nuestro punto de vista, quien acuda a Urbanismo con la intención de regularizarse, cae en una inseguridad jurídica extrema, por las razones argumentadas".
"Ya en la década pasada", recordó, "hubo un colectivo que quiso regularizarse. El Ayuntamiento ofreció la posibilidad de hacerlo en circunstancias no del todo claras. El resultado fue que quien entregó el dinero que se le pedía, perdió ese dinero, ya que la regularización no se llevó a cabo. El timo de la estampita".
"De todos es sabido", manifestó, "la desastrosa política urbanística que se ha venido llevando a cabo desde los últimos 30 años. A la vista están los resultados: falta de inversiones, inseguridad jurídica, desempleo llegando a cotas inimaginables, sanciones estratosféricas originadas por una dejación total y, como consecuencia, embargo total de bienes, cierre de negocios del ramo de la construcción y otros cayendo por el efecto dominó".
"Pues esa misma política desastrosa que venimos arrastrando como decimos en la tres últimas décadas", aseguró,, "nos atrevemos a decir que tiene un merecido continuador y, ese, para nosotros, no es otro que Andrés Núñez".
Para finalizar, el colectivo indicó que "este señor debiera pensar en contar con la participación de federaciones, asociaciones de vecinos, partidos políticos, empresarios y cualesquiera otros colectivos representativos a la hora de la elaboración del PGOU y tal como sentencia la LOUA en su Art. 6, fomentar y asegurar la participación ciudadana. De lo contrario, no solo estaría incumpliendo la ley, sino que la redacción del PGOU adolecería del consenso necesario, con consecuencias imprevisibles".
* Diario de Cádiz - 11.11.11
Foto: Chiclana aérea - uca.es
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Orihuela.- El AVE cambia para siempre el paisaje de la Vega con viaductos de hasta 12 metros
Actualmente las vías del tren pasan por debajo de los tubos, pero las vibraciones que causará el AVE -a mayor velocidad que el actual cercanías- plantearon que el cruce debía solucionarse o bien enterrando las vías o construyendo un viaducto para elevar el tren a doce metros de altura. La última opción fue la escogida pese a las demandas de grupos ecologistas y el Ayuntamiento, de modo que ya se ha comenzado a ejecutar las obras para construir la plataforma de todo el tramo de Orihuela (desde la Vereda o Colada de Buena Vida) hasta Beniel (Murcia), un recorrido de 6,8 kilómetros en el que hay tres viaductos. Además de este del trasvase que mide 1.008 metros, habrá uno 337,5 metros a la salida del casco de Orihuela en el extremo sur (entre la ronda y el Salto del Fraile) y otro de 36 metros para salvar por encima también el cauce del río Segura.
Según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio (Adif), en esta fase inicial de la obra "se está procediendo a la cimentación mediante pilotes y el posterior encofrado de las pilas". La cimentación consiste en "pilotes prefabricados de hormigón de 40 metros de profundidad media y el viaducto del trasvase se compone de un tablero de hormigón que asienta sobre un total de 28 vanos y 27 pilas con una altura máxima de 12 metros, que salva con un resguardo de dos metros un sifón del trasvase Tajo-Segura". Precisamente estos pilotes encarecieron el proyecto de obra inicial porque el estudio geotécnico reveló ya en 2008 que el subsuelo era de lodos, y por lo tanto había que anclar la infraestructura a mucha más profundidad de la prevista.
Montaña rusa
Desde el Ayuntamiento de Orihuela ya se definió durante el pasado mandato el trazado del AVE como una "montaña rusa", porque llegará en viaducto a la localidad desde Callosa de Segura, bajará a una profundidad de ocho metros para cruzar el casco urbano, y volverá a subir para pasar sobre el Segura y para salvar también por encima el trasvase a doce metros de altura.
Estas pendientes obligarán al tren a reducir la velocidad, e impiden también que la nueva vía férrea se pueda usar para el transporte de mercancías. Así lo han valorado numerosos colectivos de la comarca y concejales de Urbanismo, entre ellos el exedil de ramo en Orihuela, Antonio Rodríguez Barberá (PP), quien planteó al Ministerio la posibilidad de soterrar todo el trazado del Ave a su paso por Orihuela. Una multitudinaria manifestación en la que participaron miles de personas reclamó el soterramiento del tren, una petición que se ha quedado en el tintero.
Igual que quedó sin efecto, años antes (en torno a 2003 y 2004) la posibilidad de que las vías discurrieran paralelas a la autovía A-7, pues esta opción de trazado norte perjudicaba a Murcia al toparse con la zona, en plena expansión, de La Condomina. Finalmente, el AVE se está construyendo sobre el actual trazado de mercancías y, según los planes previstos por Fomento y la Conselleria de Infraestructuras, también debería de ir por el mismo lugar una autopista directa entre Murcia y Alicante para descongestionar la A-7, la AP-37, que está dibujada sobre plano con un trazado similar, pues iría paralela a la vía del tren desde Hurchillo hasta la capital murciana.
Efecto barrera
Al impacto sobre el paisaje que supondrá esta vía del Ave subiendo y bajando tres veces a lo largo de menos de siete kilómetros entre Orihuela y Beniel, se suma el efecto barrera que generará. Y es que pese a que las vías vayan sobre viaductos y no sobre taludes como inicialmente se plantearon (esto significa que irán sobre pilotes y no sobre una montaña, de modo que se pueda seguir atravesando por debajo) será muy complicado restablecer el sistema de riego tradicional, las conducciones de agua como acequias y azarbes e incluso los caminos de huerta. Por ello los regantes y sindicatos agrarios han sido siempre uno de los colectivos más combativos con el proyecto que ahora avanza a toda máquina.
* Información - 12.11.11
Foto: El tren de cercanías atraviesa el trasvase actualmente por debajo de los tubos, pero el proyecto del Ave establece el paso por arriba.- información
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Cada limeño pierde más de US$ 1.600 al año por culpa del tráfico
“Lima pierde al año US$13.000 millones, unos US$1.625 por habitante, por tanto desorden urbano. Es la cifra más alta de todas las ciudades del Perú, donde se piensa que construir es más importante que planificar”, comenta Arana, quien evaluará mañana en el foro Construyendo Urbanismo, junto con expertos nacionales y extranjeros, cuánto perjudica a Lima la falta de planes que guíen su crecimiento.
¿Qué soluciones podría aportar el foro para los problemas de la ciudad?
Al ser especialistas formados en la planificación y gestión de urbes, vemos no solo el crecimiento material, sino el ambiental y el social. Lima creció sin esas definiciones. Si a ello sumamos que su administración depende de que todos los alcaldes que la habitan estén de acuerdo con un mismo plan, nuestra opinión puede impulsar soluciones en temas como el transporte o la gestión de áreas verdes, que se retrasan o no funcionan.
¿Qué áreas considera que son las más críticas en Lima?
El transporte y la contaminación, que van de la mano, ya que el primero contribuye a que la segunda se agrave. En este caso podemos ver cómo la ausencia de un plan, ya sea de rutas, de pistas o de circuitos, permite que los problemas aumenten. El último plan al respecto me parece que se hizo en los 90.
¿Ha habido algún acercamiento con la gestión actual para colaborar en la planificación de la ciudad?
Esta nueva gestión prometió hacer un plan participativo, pero cuando nosotros nos acercamos al Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM) a modo honorario, casi nos dijeron: “No nos llames, nosotros te llamaremos”. Hasta ahora nada.
La comuna inició hace poco una campaña para impulsar la inversión privada en infraestructura pública. ¿Le parece una buena iniciativa si, como afirma, no se ha elaborado un plan de desarrollo?
Tengo mis dudas porque no se ha evaluado el costo social ni la rentabilidad ambiental de las obras que se desean financiar con fondos privados. Si esos estudios faltan es como colocar el baño de la casa en una parte donde después te das cuenta que estaría mejor la habitación. Sería bueno que la gestión tome en cuenta esto: si no tenemos definido hacia dónde queremos crecer, si no entendemos que ya no somos Lima Metropolitana sino una megalópolis unida a varias provincias de la región, vamos a seguir teniendo ese problema.
Sobre el segundo ámbito más crítico, la contaminación, ¿alguno de los proyectos anunciados por la gestión Villarán le parece significativo?
Aunque tiene debilidades, el proyecto Río Verde es interesante, pero por los problemas de gestión que arrastramos aún no tendría expediente técnico. Es una pena porque se trata de un aporte para disminuir el déficit de áreas verdes de la ciudad, que es bastante grande. Otro tema importante, y pendiente, es la reutilización de las aguas residuales.
Como el urbanismo evalúa también el desarrollo social, ¿qué tan comprometidos ve a los limeños con la mejora de su propia ciudad?
Primero debemos entender que hay que organizar Lima en función de lo que necesita el país, no solo los limeños. Si Lima produce pérdidas, el Perú sufre pérdidas. Pero si Lima es eficiente, todos nos vemos beneficiados. El compromiso de los habitantes debe ser compartido por las autoridades, que deben contar con un plan. Y, sobre todo, respetarlo.
* El Comercio - PAMELA SANDOVAL - 7.11.11
Foto: Lima (Perú), atasco - elcomercio
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El urbanismo en tiempos de crisis
MANUEL A. RUEDA* : El modelo de urbanismo que fomenta la ciudad discontinua con grandes infraestructuras y bajas densidades edificatorias, más propio de una época de esplendor económico con un precio final de vivienda sobreelevado, es un modelo agotado para la situación presente y los años futuros.
En su lugar se viene proponiendo la idea de la ciudad compacta, desarrollada más en vertical que en horizontal, con una ocupación y consumo de suelo más razonable, mayor densidad edificatoria por metro cuadrado, repercusión de precio del suelo más reducida, rehabilitación y recuperación de la ciudad antigua, con el objetivo de cubrir las necesidades de la población, con ahorro de costes de transformación del suelo, de obras de infraestructura, de energía, y de transportes. Este modelo, se basa en la idea general del desarrollo sostenible. La sostenibilidad económica y social enmarcada en el respeto al medio ambiente, será el principio esencial del nuevo modelo urbanístico.
Para su aplicación sería necesaria una ley de armonización de las legislaciones autonómicas que unificara los elementos principales del urbanismo, es decir, la clasificación del suelo, el planeamiento, el procedimiento de aprobación de los planes y su contenido, así como los procedimientos de designación del urbanizador y el constructor, con requisitos de capacidad y solvencia, y de publicidad y concurrencia.
Esta norma debería unificar igualmente la posición de los propietarios en el proceso urbanístico, con respeto a las facultades inherentes al derecho de propiedad y el reconocimiento de los propietarios como otros actores del proceso y no como meros espectadores; y la protección de los derechos subjetivos de los propietarios y de su capacidad de actuación, en atención a la seguridad jurídica, tanto del interés general como del de los particulares. Y todo ello, presidido por la idea capital del respeto y conservación del medio ambiente en términos de la sostenibilidad y viabilidad jurídica y económica de las actuaciones, y la convicción de que solo merece ser transformado, el suelo que vaya a cubrir necesidades previsibles.
El urbanismo es una herramienta para crear ciudad y conservar armónicamente la que ya tenemos, que en los últimos años se ha utilizado como un medio de financiación de las arcas municipales.
Es momento de reconducir la conducta de los operadores económicos y, sobre todo, de las autoridades municipales para que el proceso de desarrollo de las poblaciones responda a las verdaderas necesidades de sus habitantes, y se ajuste el desarrollo a esas necesidades. Para ello es imprescindible una reforma en profundidad del sistema legal de financiación de los ayuntamientos.
La confianza en el sistema que puede producirse con las reformas indicadas, tiene que ir acompañada de un grado muy superior de seguridad jurídica. Seguridad jurídica en el sector público, basado en la confianza en la actuación de las administraciones públicas siempre que se ejerza un verdadero control de legalidad interno, procedente de los mecanismos internos propios -secretarios, interventores, depositarios, etc.-y de la administración de rango superior.
Y seguridad jurídica en el ámbito privado, en las relaciones de los ciudadanos y los propietarios entre sí y con las administraciones, utilizando también el mecanismo propio que nació con esa finalidad que no es otro que la actuación notarial, confiriendo certeza, autenticidad y garantía a los derechos y a las relaciones jurídicas.
* Manuel Ángel Rueda, notario. Ponente general de la 4ª sesión del 11º Congreso Notarial Español
* El Confidencial - Opinión - 12.11.11
"En Emarsa existía un taller que hacía falsas facturas en cantidad obscena"
La afirmación, que figura en un auto conocido ayer que aumenta el número de implicados en el saqueo de Emarsa, con la imputación del exconcejal del PP de Valencia Juan Carlos Gimeno, es llamativa por varios motivos. La Emshi está y estaba en manos del PP. La preside actualmente Arturo Ros, alcalde de Tavernes Blanques, y la controla en realidad el Ayuntamiento de Valencia, que tiene casi la mitad de los votos en una asamblea que el Partido Popular domina de forma abrumadora. Hasta este verano, Enrique Crespo, alcalde de Manises, presidía la Emshi, lo que lo convertía automáticamente en presidente de Emarsa. Hoy Crespo (del PP) está acusado por la Emshi (controlada por el PP) de malversación, estafa y delitos societarios.
El juez Vicente Ríos, que ya imputó a Crespo, fue ayer más lejos: consideró que existen "motivos bastantes para creer" que Crespo, Gimeno, Esteban Cuesta (exgerente de Emarsa y dirigente del PP de Valencia) y Enrique Arnal (exdirectivo de Emarsa y exedil de Unión Valenciana) se confabularon para saquear la sociedad pública.
El último capítulo de la cloaca de Emarsa (su cometido era depurar las aguas residuales de Valencia) tiene un nombre familiar para los periodistas que cubrieron la actualidad valenciana en los años ochenta y noventa: Juan Carlos Gimeno, exedil y exdiputado provincial del PP. En 1983, después de que la estatua de Franco fuera retirada de la plaza del Ayuntamiento (entonces plaza del País Valenciano) Gimeno se acercó al lugar a depositar una corona de flores en memoria del dictador.Su nombre apareció vinculado en el caso Naseiro, y también fue polémica su actuación en el escándalo de escuchas ilegales a las que fue sometida la expresidenta socialista de la Diputación de Valencia Clementina Ródenas en 1994. Gimeno trabajó en Emarsa, como responsable ambiental, entre 1997 y 2004. El mismo día que dejó la sociedad, con un finiquito de 71.129 euros, firmó supuestamente un contrato con Emarsa que suscribieron también Cuesta y Crespo. El juez Vicente Ríos destaca que había creado su empresa solo ocho días antes y que ni siquiera le había dado tiempo a inscribirla en el Registro Mercantil. El juez manifiesta en el auto sus sospechas: "Se suscitan serias dudas acerca de la autenticidad de ese contrato".
La Emshi, controlada por el PP, es mucho más dura: "Simultáneamente a la finalización de la relación laboral con Emarsa y al cobro del finiquito, el querellado constituyó la empresa y firmó un contrato de prestación de servicios con Emarsa. O lo que es lo mismo, este nuevo querellado planificó con los responsables de Emarsa su conversión en sociedad como nueva fuente de emisión de facturas de la empresa".
El aparentemente falso contrato de 2004, del que la Emshi no tiene ningún registro, es casi idéntico a otro firmado supuestamente entre Gimeno y Emarsa en 2008. El juez considera que ello "sugiere que ambos documentos se confeccionaron en unidad de acto". Las falsificaciones, destaca el juez, parecen muy chapuceras (ver arriba).
El supuesto contrato de 2004 es importante porque el 9 de junio de 2011, con Emarsa ya disuelta meses antes, Gimeno presentó una reclamación en la que exigía 355.000 euros a Emshi como indemnización por haber roto el contrato que tenía con Emarsa. Para alcanzar esa cantidad, señala la Emshi, el exconcejal del Ayuntamiento de Valencia utilizaba la cláusula indemnizatoria recogida en el aparentemente falso contrato de 2004 pero calculaba el importe sobre la base de otro contrato, suscrito supuestamente en 2010, en el que no se preveía indemnización pero Emarsa pagaba más... Ello, afirma la Emshi, "da idea nuevamente del absoluto descaro en la manera de actuar de los querellados".
Gimeno también presentó al cobro un pagaré por importe de 9.722 euros emitido en junio de 2010 que vencía en septiembre de 2010. La Emshi vuelve a expresar sus sospechas, que el juez avala, de que en la recta final de la existencia de Emarsa, disuelta en esas mismas fechas, la máquina de emitir facturas falsas fue puesta a trabajar a pleno rendimiento, que la sociedad fue exprimida hasta el último día: "Hay que señalar que en el procedimiento ha resultado coincidente que las distintas empresas que se investigan tenían pagarés emitidos en fecha próxima a la disolución de Emarsa y con vencimiento en el momento de disolución de la empresa, mientras que los numerosos proveedores de Emarsa cuyas facturas estaban pendientes de pago y referidas a actividades corrientes de la empresa no tenían pagarés con dichas características".
Un supuesto método de estafa muy grosero
- Entre la avaricia y la chapuza. El saqueo de Emarsa, que pagó cantidades millonarias por servicios y suministros inverosímiles, reúne ambas características. Por la cantidad aparentemente defraudada (solo las primeras empresas investigadas facturaron 30 millones a la sociedad de depuración, y no dejan de aparecer nuevas firmas sospechosas) y por la muy rudimentaria forma en que se realizaba. Si no fuera tan grave, dice la Emshi, "provocaría cierta hilaridad".
- Papel reciclado. Lo normal es que una empresa redacte una factura y la presente al cobro a otra. En el caso de las que presentaba la empresa de Juan Carlos Gimeno, exedil del PP, sin embargo, se da un hecho extraordinario. En la cara de atrás de dos de las facturas que presentó a Emarsa "hay impreso nada menos que una previsión de tesorería, que se deduce que es de Emarsa", destaca el juez.
- El despacho de Arnal. Lo anterior lleva a la Emshi a concluir: "Nos encontramos ante una evidencia clara de que dichas facturas, y otras muchas seguramente, fueron elaboradas por la propia Emarsa y, en concreto, en el departamento de Enrique Arnal (ex director financiero y exedil de Unión Valenciana), imputado en la misma causa".
- A piñón fijo. Muchas de las facturas y contratos investigados por parecer falsos llevan la misma fecha. O tienen el mismo objeto y duración. O se pasan facturas por conceptos vagos. O, lo que es peor, se pasan facturas "cuyo concepto es: 'concepto por determinar".
* El País - IGNACIO ZAFRA - Valencia - 09/11/2011
Foto: Manises (Valencia), ayuntamiento - noticiesdevalencia.jpg .................................... Leer más...
Vigo.- Los jueces critican la "dejadez" institucional con la Cidade da Xustiza y urgen que se desbloquee
La Cidade da Xustiza empezó a fraguarse en 2003, su proyecto se presentó en 2007 y la inauguración llegó a ser anunciada para el pasado año. Pero cuando ya está a punto de finalizar 2011, la situación parece más enquistada que nunca. Germán Serrano lamentaba ayer este escenario tras mantener una reunión con Lucía Molares y el director xeral de Xustiza, Juan José Martín Álvarez. El encuentro fue convocado por estos últimos. "Pasamos de ser la ciudad pionera en Galicia al hablarse de Cidade da Xustiza a quedarnos atrás, pues otras como Santiago o A Coruña ya han puesto los terrenos a disposición y la Xunta va a acometer la nueva edificación", advirtió, para añadir que este "tiempo transcurrido" sin avances evidencia una "dejadez" en la ejecución de un proyecto necesario para "dar solución" a los problemas de espacio que hay en los dos edificios judiciales.
¿Y cuál es la situación actual? El traslado del Registro Civil al Casco Vello –comprometido para 2013 y que permitirá ganar sitio en los inmuebles– y la "mala perspectiva" en cuanto a creación de nuevos juzgados debido a la crisis económica daría un respiro pasajero a la asfixia de espacio judicial. Serrano reconoce que "a medio plazo" se podría salir adelante, pero hasta ahí. "Después ya habría que tirar de la Cidade da Xustiza", advierte el juez, quien pese a todo muestra su confianza y apela la "buena voluntad" de Xunta y Concello "para que se llegue a una solución satisfactoria".
Posturas
Por lo de pronto, las posturas parecen irreconciliables. La del Gobierno autonómico la dejó ayer clara una vez más Lucía Molares tras la reunión con el decano: "El alcalde de Vigo debe hacer los deberes y poner los terrenos a disposición de la Xunta". Lo hizo tras recordar el antiguo compromiso de Abel Caballero de ceder las parcelas tras unas expropiaciones que en su día valoró en seis millones de euros y que ahora, en un "cambio de rumbo" y "basado en nada", señala Molares, cifra en 21 millones.
La Xunta volvió a esgrimir el informe técnico que hizo público la pasada semana en el que se valoran las expropiaciones en cinco millones –muy por debajo de los 21 que ahora defiende el Ayuntamiento– y en el que se indica que con el procedimiento de ocupación directa de las parcelas, estas estarían libres en seis meses. El tiempo corre y Molares lanzó un ultimátum al regidor: o inicía "ya" las expropiaciones y "desbloquea" la situación o la partida reservada para 2012 para levantar el edificio no se podrá ejecutar, lo que dejaría en el aire la Cidade da Xustiza. "Si no hace la parte que le corresponde, nosotros lo que no vamos a hacer un año más es perder una partida de 15 millones en un momento en el que hay tantas necesidades", alertó.
"Si el proyecto no sale adelante, no es por la Xunta", insistió la delegada, desvelando también que el pasado viernes había enviado una carta a la Alcaldía solicitando una entrevista urgente "con las personas que se considere oportunas" para tratar de "desbloquear" la situación. La contestación a la misiva salió ayer del Concello. Firmada por la gerente de Urbanismo, María Carneiro, y dirigida a Molares, en la misma también se deja clara la posición municipal de no asumir el coste de la expropiación.
La carta acepta el encuentro planteado por la Xunta. "A los efectos de discutir y explicarle personalmente todos los detalles de un proceso de competencia autonómica y de gran importancia para esta ciudad, estaré encantada de reunirme cuando lo estime oportuno, con una simple llamada para que fijemos fecha y hora", dice la gerente de Urbanismo, exponiendo en la comunicación el acuerdo plenario de 2009 "aún en vigor" por el que se decidió –a propuesta del PP, recuerda– solicitar a la Xunta que procediera a la expropiación de los terrenos para la Cidade da Xustiza, y por lo tanto, a su pago íntegro a través de la declaración de supramunicipalidad del proyecto.
Supramunicipalidad
La misiva también reitera que el proyecto presentado por la Xunta no se adecúa al actual diseño del PXOU, lo que, se añade, también obliga al Gobierno autonómico a proceder a este plan de supramunicipalidad "que por supuesto nosotros apoyaríamos desde esta gerencia". Fuentes de la Delegación de la Xunta señalaron ayer por la tarde que aún no habían recibido esta carta del Concello en contestación a la remitida por Lucía Molares.
* Faro de Vigo - 11.11.11
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
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'Malaya': Roca se revuelve contra el fiscal para proteger su cartera
Después del extraordinario balón de oxígeno que regaló a la Fiscalía Anticorrupción el lunes aceptando que había pagado sobornos a los concejales, Roca sacó ayer su lado más bronco para enfrentarse sin miramientos al fiscal Juan Carlos López Caballero en una batalla para defender estos 31 millones.
El Ministerio Público arrancó su interrogatorio sobre los pagos de los empresarios interesándose por los negocios que mantuvo con Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Ambos protagonizaron espectaculares pelotazos urbanísticos en los que el exasesor de urbanismo de Marbella solía tener parte. El fiscal entiende que porque allanaba el camino para que consiguieran licencias ilegales.
Roca, en cambio, sostiene que simplemente se aventuraba en operaciones inmobiliarias que salían bien, pero que todo era legal. En cualquier caso, los archivos de Maras indican que Sánchez y Liétor pagaron al exasesor de urbanismo 5,3 millones de euros por negocios en los que había participado con ambos.
Una de las operaciones expuestas por Anticorrupción durante el interrogatorio al que sometió ayer a Juan Antonio Roca fue la de Vente Vacío. En 1996 el principal procesado en el caso Malaya compró una finca rústica al banco Banesto por la que pagó 4 millones de pesetas. Tres años después se la vendió a Carlos Sánchez y Andrés Liétor (CCF 21) por cinco millones de pesetas, aunque la venta no la escrituraron hasta enero de 2003.
Casualmente el Ayuntamiento necesitaba urgentemente una parcela para instalar un vertedero municipal y optó por esta finca. El 10 de septiembre de 2002, incluso antes de que se formalizara en documento público la venta de la finca, el entonces alcalde accidental, Julián Muñoz, firmó un convenio con Andrés Liétor y Carlos Sánchez para cambiar la finca rústica por dos solares de propiedad municipal en la milla de oro.
Lo curioso es que un terreno que había sido vendido por 30.000 euros en 1999 fue tasado a efectos de permuta en septiembre de 2002 (15 día después de firmarse el convenio) en 1,89 millones de euros. En julio de 2003 Juan Antonio Roca, a través de Masdevallía, compró a Carlos Sánchez y Andrés Liétor los suelos entregados por el Ayuntamiento. Una semana más tarde vendió uno por 1,8 millones de euros y año y medio después el segundo por 1,5 millones. En conjunto obtuvo plusvalías de 904.000 euros que Anticorrupción considera que fueron posibles gracias a su “capacidad para disponer de los aprovechamientos municipales”, a la sobrevaloración de la finca rústica y la valoración a la baja de las parcelas municipales.
Anticorrupción interrogó también ayer a Roca sobre otras seis operaciones inmobiliarias realizadas por Carlos Sánchez y Andrés Liétor en la Marbella del GIL que, según la Fiscalía Anticorrupción, implicaron importantes pagos para Juan Antonio Roca a cambio de su mediación para modificar las características urbanísticas de estos suelos. El procesado, en cambio, sostuvo en todo momento que no medió ante el equipo de gobierno, sino que simplemente participó en estos negocios que le reportaron suculentas ganancias.
Las operaciones Ranchotel y Elviria centraron parte de un interrogatorio que tuvo momentos de tanta tensión que el presidente del tribunal, el magistrado José Godino, acabó suspendiendo la sesión a las 11:20 de la mañana para dar un respiro a las partes y que se calmaran los nervios.
El asunto de Ranchotel y Elviria arrancó en 1992. Jesús Gil no había hecho más que tomar las riendas del Ayuntamiento cuando en junio de 1992 aprobó en pleno cambiar tres parcelas municipales por la finca La Mina, propiedad del Banco Exterior de España (BEX). Dos de estas fincas acabaron años después en manos del asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.
Según Anticorrupción, en diciembre de 2000 Carlos Sánchez y Andrés Liétor (CCF21) compraron Ranchotel y Elviria a Juan Antonio Roca (Mediterránea de Inmuebles) en una complicada operación de compra de un crédito litigioso que el exasesor de urbanismo reclamaba a Gesinar, filial inmobiliaria del BEX. La operación comprendía la cesión del crédito y la entrega a cambio a CCF 21 de varios bienes, entre ellos un cuadro de Sorolla y la finca Ranchotel que en ese momento se valoró en 18.000 euros.
El 14 de marzo de 2001, tres meses después, CCF21 vende Ranchotel a otra empresa por 2,8 millones de euros. La particularidad, según la versión de la Fiscalía, es que 12 días antes la comisión de gobierno había expedido a la compradora final del terreno licencia de obra para levantar 63 viviendas, aunque la licencia fue recurrida por la Junta de Andalucía y ha sido objeto de un procedimiento penal que se sigue en los juzgados de Marbella.
En todo caso, Roca anotó en la contabilidad doméstica que llevaba en Maras un ingreso de CCF21 de 60.000 euros. Ayer admitió que se produjo este pago aunque, en contra del criterio del Ministerio Público, explicó que esta suma correspondía a sus ganancias en este negocio porque en su momento el Ayuntamiento había permutado con el BEX la parcela para comprar el hotel Pueblo Andaluz y como el municipio tenía todo su suelo embargado él entró a título particular en la operación.
Mal rollo en el banquillo
¿Qué le llevó a Juan Antonio Roca a admitir que ha pagado sobornos a los concejales de Marbella? ¿Cómo reaccionarán los concejales? ¿Y los empresarios? El ambiente bulle. La nueva estrategia defensiva del exasesor de urbanismo (pagó cohechos a los ediles pero cobró por negocios legales a los empresarios) ha desestabilizado el banquillo del caso Malaya. Hay quien entiende la nueva posición de Juan Antonio Roca como una traición a acusados que ya han declarado, han sido leales y negado que los archivos de Maras sean una contabilidad secreta, como él ahora admite. Ahora se ven haciendo equilibrios en el vacío. Otros entienden que el cambio de Roca encierra un pacto o al menos una declaración de intenciones prenegociada. En cualquier caso, los concejales han quedado en una situación difícil: les ha atribuido un delito de cohecho, leve, pero cohecho. Los empresarios también están inquietos. Temen que el tribunal dé crédito a parte de la declaración de Roca (los archivos de Maras son la contabilidad oculta) pero no a las explicaciones sobre el dinero que le entregaban (que cobraba cantidades millonarias por informes discutibles o que hacían juntos negocios). Incluso hay quien entiende que es una cuestión de oportunidad: a cambio de “regalar el pleito al fiscal” aligera el disfrute de permisos carcelarios.
* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 09.11.2011
Foto: Marbella, Roca llegando al juzgado - EFE
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La justicia anula las cuentas de 2010 de Majadahonda
Los jueces del TSJM sostienen que el equipo de gobierno de Majadahonda vendió suelo municipal y con el dinero recaudado sufragó el gasto corriente de los presupuestos municipales, según la sentencia, que indica que este trasvase de dinero está prohibido por la Ley del Suelo regional.
El fallo considera, además, que las cuentas presentadas por el Ayuntamiento encabezado por Narciso de Foxá tratan de "eludir el cumplimiento de la ley", puesto que el dinero procedente de la venta de parcelas se dedicaba a lo que calificaban como "programas de interés social": "Y esto constituye un mecanismo para eludir los límites establecidos en la Ley del Suelo de Madrid", destaca el tribunal madrileño.
Además, el TSJM argumenta que el presupuesto no cumple con "la nivelación" a la que obliga la Ley de Haciendas Locales, ya que arrastra del año anterior un déficit que el alcalde majariego cifra en seis millones de euros. La exigencia de nivelación de los presupuestos de un Ayuntamiento significa que de un año a otro los presupuestos municipales no pueden arrastrar deudas, sino que tienen que compensarlas reduciendo el gasto o aumentando los ingresos, logrando que la resta entre los ingresos y los gastos dé el resultado de cero. Otro de los motivos por los que la sentencia justifica la anulación de los presupuestos es porque estos asignan el dinero del urbanismo a los gastos corrientes y no a las inversiones, infringiendo de esta forma el artículo 5 de la Ley de las Haciendas Locales.
El primero en el Ayuntamiento en conocer la anulación de los presupuestos de 2010 fue el portavoz del PSM-PSOE local, Borja Cabezón, quien destacó "la falta de rigor" de las cuentas del PP a lo largo de los últimos años. "No entendemos la razón por la que suben a todos los vecinos el impuesto de bienes inmuebles (IBI), con la única intención de pagar el agujero creado por el desfalco de la corrupción de sus propios gobiernos".
Para el portavoz socialista, la gestión del alcalde "es lamentable y costosa para los vecinos". Y como ejemplo de reducción del gasto, Cabezón apunta una posibilidad: "Reducir los contratos inflados que se firmaron con ciertas empresas en la etapa golfa del Gürtel". Para aumentar sus ingresos, Narciso de Foxá debería, según el edil socialista, pedir a los adjudicatarios de las concesiones que paguen sus deudas. "En Majadahonda se sigue regalando el suelo: una concesión de un gimnasio privado paga 1.000 euros al mes por 28.000 metros cuadrados. Es una vergüenza. Y luego dicen que tienen que recortar en clases de apoyo escolar, en ayudas a viviendas para jóvenes, en sanidad o en servicios sociales".
En Izquierda Unida, el edil Juancho Santana coincidió con los socialistas en considerar "desde un principio" que los presupuestos del PP "eran ilegales".
Por su parte, el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, apostó por llegar a un acuerdo con los socialistas: "Podemos hacer dos cosas: o llegar a un acuerdo con el PSOE para que esperen hasta enero, mes en el que acabaremos con las deudas, o pedir un crédito. A mí no me hace falta pedir un crédito porque pago a mis proveedores a 55 días", relata el regidor. No obstante, el primer edil reconoce que la ley ha anulado su presupuesto: "Por lo que antes de ir a un juzgado voy a cumplir el fallo. Hace mucho tiempo que me dije a mí mismo que no iba a pisar un juzgado, por lo que si el PSOE no se compromete y me denuncia tendré que pedir un crédito. Pero a mí me gustaría llegar a un pacto para esperar hasta enero, ya que si pido un crédito se generan una serie de gastos asociados, como por ejemplo la comisión de apertura y los intereses. Y todo esto nos lo podríamos ahorrar".
Las sentencias
- La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el presupuesto del Ayuntamiento de Las Rozas para el año 2009 por, entre otros motivos, no ajustarse a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- La misma Sección Segunda del TSJM anula los presupuestos del Consistorio de Majadahonda por vulnerar las mismas leyes: la del Suelo autonómico y la de las Haciendas Públicas.
- En ambos casos, los denunciantes son los grupos municipales socialistas de cada Ayuntamiento, cuyas cuentas ya habían sido anuladas otros años, sin que hubiera consecuencias.
* El País - TONO CALLEJA - Majadahonda - 10/11/2011
Foto: Majadahonda (Madrid) - wikipedia.org
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Jornadas contra la depredación de los bienes comunes: ciudad, territorio y capitalismo
En la última década y media, los espacios urbanos, el territorio y todos los recursos naturales (suelo, agua, ecosistemas), han sido objeto de un enorme y sostenido expolio, que sin embargo ha permitido sostener una de las etapas de crecimiento económico más largas de las últimas décadas.
Por sólo recoger algunos datos, entre 1986-2006, las superficies artificiales crecieron en un 60 %, se construyeron contra viento y marea las macroinfraestructuras más inverosímiles (desde grandes obras hidráulicas hasta superpuertos, pasando por megacasinos y gigantescas “ciudades de vacaciones”) y el Estado español se convirtió en el primero de Europa en km. de autovía y TAV. De otro lado, los gobiernos urbanos se han volcado cada vez más en la promoción turística e inmobiliaria, al mismo tiempo que las grandes corporaciones de la construcción y la industria financiera reforzaban su posición oligárquica a una escala que ya no sólo se puede entender en términos locales o regionales, sino también globales. Producto de todo ello, los precios de la vivienda se multiplicaron por tres, se produjo una nueva ola de destrucción de importantes bienes de valor ambiental, cultural y social, y se animó una fuerte empresarialización de las administraciones públicas, cada vez más controladas el entramado inmobiliario-constructor.
El número de implicaciones de este tipo de “régimen inmobiliario” son tales, que bien podríamos decir que aquí se anudan los principales elementos del capitalismo local. Sumergidos ahora en un largo estadio de crisis, del que no parece que haya una salida ni fácil ni inmediata, es necesario hacer balance. Y esto no tanto con el único objeto de hacer un inventario de las recientes catástrofes, sino también y sobre todo, con la intención de prevenir lo que parece la salida natural de muchas economías urbanas y turísticas: la reanudación de un nuevo ciclo inmobiliario. Desde esta perspectiva, pocos temas podrían ser más interesantes como objeto de estas Jornadas.
* Madrilonia - 10.11.11
Foto: cartel
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Un juez cree que demoler El Algarrobico causaría daños irreparables a la promotora
El juez deniega la solicitud que, en septiembre, fue presentada por los colectivos conservacionistas Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción. Con su demanda perseguían que el Ayuntamiento de Carboneras dictaminase a su vez la nulidad del acto administrativo en el que se aprobó la licencia de obras para, de este modo, eliminar cualquier "obstáculo legal" para acometer el derribo del inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
Una docena de resoluciones judiciales apuntan que la construcción del edificio a 28 metros del mar no fue conforme a derecho. Entre ellas, una emitida en septiembre de 2008 por el mismo juez que paralizó las obras, apreciaba indicios de nulidad en la licencia por no haber tenido en cuenta ni el deslinde de 100 metros, ni que los suelos figuraban como protegidos. La sentencia fue recurrida por Consistorio y promotora ante el TSJA.
Este tribunal ya dictaminó que la zona en la que se levantó el polémico hotel -actualmente paralizado- estaba considerada ya como un "espacio natural protegido, no urbanizable" en el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) del parque de 1994.
* El País - MARTA SOLER - Almería - 09/11/2011
Foto: Hotel construido en el paraje de El Algarrobico- J. ROJAS - elpais
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Con Jane Jacobs llegó el sentido común a las grandes ciudades
"Este libro es un ataque contra el actual urbanismo y la construccion humana", reza la propia introducción. 50 años después de la publicación de Vida y muerte de las grandes ciudades de Jane Jacobs, la editorial Capitan Swing ha vuelto a editar la obra y ya va por su segunda edición. La vigencia de los pensamientos y teorías de Jacobs es la principal baza para demostrar la revolución de sus ideas.
Divulgadora científica, teórica del urbanismo y activista político-social, Jane Jacobs hace en este manual una crítica a las prácticas llevadas a cabo en las grandes ciudades de Estados Unidos durante los años 50. "Mi ataque no se basa en objeciones nimias sobre los diferentes métodos de edificación ni en distinciones quisquillosas sobre los diseños de moda. Es más bien un ataque contra los principios y los fines que han modelado el moderno y ortodoxo urbanismo y la reconstrucción urbana", afirma la propia autora.
Jacobs establece cuestiones que hasta 1961 nadie había planteado a la hora de diseñar la estructura de una ciudad o de un barrio como la importancia de la relación de las personas con el espacio público o la primacía de la calle como aglutinador de la vida de los barrios. Jacobs repara en cosas corrientes y vulgares hasta el momento olvidadas por otros teóricos, centrados más en el ensayo y error, en el fracaso y el éxito.
La autora utiliza en su estudio del urbanismo datos como el nivel de delincuencia, las enfermedades o la mortalidad infantil. También lo que verdaderamente necesitan los ciudadanos sin utilizar un estándar. Habla de lo inútil que resulta planear la apariencia de una ciudad o especular sobre la mejor manera de darle una buena apariencia sin conocer antes su funcionamiento. Básicamente dota al urbanismo de sentido común.
Así, en la primera parte del libro hace una observación de lo cotidiano, de los acontecimientos más corrientes, en la segunda se centra más en el componente económico de las ciudades para examinar el comportamiento de la decadencia y la regeneración en una tercera.
* La Información - 05/11/2011 | Ylenia Álvarez
Foto: Jane Jacobs, urbanista - lainformación
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El Puerto.- Ecologistas, a favor del cumplimiento de las sentencias de demolición de ilegales
“Es lamentable que se tenga que recordar a los políticos que las leyes están para cumplirse y más cuando se trata de conductas gravísimas, que en ocasiones pueden incurrir en delitos tipificados en el Código Penal”, apostillan desde el colectivo verde.
“Si primero se prometió por parte del PSOE e IP legalizaciones a mansalva, después el PP, con el aplauso vergonzoso del Pleno, prometió que paralizaría las sanciones a los que han construido de forma ilegal en suelo no urbanizable, y ahora, de nuevo con el apoyo lamentable del Pleno (PP, PA e IP), solicita el indulto para evitar la demolición de varias viviendas ilegales. Todo menos cumplir la Ley, que obliga de forma taxativa a derribar las construcciones ilegales, y si no la derriba el propietario, a imponer multas coercitivas hasta que lo haga, y si no lo hace, demoler por la administración repercutiendo el coste en el propietario”, remarca Ecologistas en un comunicado remitido a Diario Bahía de Cádiz.
De este modo, se lamentan que en El Puerto “no se derriba nada, el Ayuntamiento no ha demolido ni una sola de las miles de viviendas ilegales, muchas con orden de demolición amparada por los tribunales”. Este convencimiento de impunidad “es el que ha provocado la proliferación de este cáncer que ha destruido parte de nuestro territorio e hipotecado de forma irreversible el ordenamiento de nuestro municipio”.
Ecologistas en Acción llama la atención de la irresponsabilidad que supone el anuncio tanto de la suspensión de sanciones como la de apoyo a indultos de demoliciones “ya que va a provocar una nueva avalancha de construcciones ilegales al saberse inmunes a los expedientes ya que a medio plazo se paralizarán o en todo caso las multas se descontarán de sus gastos de urbanización o en último término si se dicta sentencia de demolición, ésta no se llevará a cabo por la aplicación de un indulto”.
Esta asociación conservacionista tiene claro que la única arma eficaz contra esta lacra de la construcción ilegal es la aplicación estricta de la ley “con la demolición de lo construido e imposición de multas”. De hecho, estas medidas sancionadoras y el envío a Fiscalía de varios casos de construcciones irregulares “es lo que ha paralizado en parte en estos tres últimos años este fenómeno en El Puerto”.
CONTRAVIENE CASOS COMO EL DE LAS BEATILLAS
El concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, explicó que en este caso se trata de una vivienda construida en la zona conocida como Hoyo 15, zona considerada en el documento de Aprobación Provisional III del PGOU como suelo urbano no consolidado, “lo que conlleva, en caso de que la Junta lo apruebe tal y como queda, su legalización tras el cumplimiento de los deberes urbanísticos que determina el plan”.
En la moción aprobada en el Pleno se explica que la sentencia fue dictada en aplicación de una determinada normativa, pero que ésta “es previsible que sea modificada al llegar la ejecución de la sentencia, por lo que si bien es cierto que la demolición sería totalmente posible, la realidad jurídico material devendrá en legal en el transcurso del procedimiento jurídico”.
A juicio de Ecologistas, este argumento para apoyar este indulto “es una medida que contraviene la doctrina del Tribunal Supremo en casos como el de Las Beatillas”. En el fallo judicial que ordena su derribo, rechazaba que la demolición sea una medida “desproporcionada” y consideraba que evitar el derribo supondría ratificar “una conducta dirigida a conseguir por la vía de los hechos consumados lo que jurídicamente es inviable”. También la Fiscalía de Medio Ambiente se ha posicionado en contra de condonar las casas ilegales por fomentar “el efecto llamada” sobre este tipo de delitos.
Y por si no estuviera claro cuales son las responsabilidades de las administraciones públicas, el Tribunal Constitucional ha fallado en casos similares que no se puede suspender la ejecución de una sentencia firme de derribo de una edificación ilegal por el mero hecho de que se vayan a acometer cambios en la normativa urbanística del municipio para regularizarlas. “Es una importante sentencia que sienta una jurisprudencia, y que afecta de forma sustancial a los miles de expedientes existentes contra viviendas ilegales en municipios de la provincia de Cádiz –sobre todo en El Puerto y en Chiclana-, y que los respectivos ayuntamientos pretenden paralizar en base a futuras legalizaciones. Ningún Ayuntamiento, ni ningún Tribunal, pueden platear estos indultos de viviendas ilegales con la excusa de que están pendientes de regularización por modificaciones en sus planeamientos municipales” insisten desde este colectivo.
Por último, Ecologistas en Acción ha requerido al Ayuntamiento portuense para que informe sobre los expedientes que se han abierto, multas impuestas así como órdenes de demolición dictadas en los últimos cuatro años bien de oficio o a instancia de las numerosas denuncias que han sido presentadas todo ello en cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
* Bahía de Cádiz - 9.11.11
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), viviendas ilegales carretera Sanlúcar - diariodecadiz.com
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El juez del caso Emarsa imputa por estafa al exedil de Valencia J.C.Gimeno
El juez, motivado por una ampliación de querella presentada por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), ve en los negocios de Gimeno presuntas irregularidades. Entre ellas duda de la autenticidad del contratos firmado entre su empresa, Instituto Empresa del Mediterráneo, y la depuradora. Considera que la facturación realizada podría ser ilegal, con el agravante que estos documentos falsos se habrían hecho en las propias dependencias de Emarsa con la consecuente connivencia de los directivos de Emarsa.
El magistrado recuerda en el auto que Gimeno fue encargado de gestión ambiental de Emarsa entre 1997 y 2004, «fecha en que percibió como finiquito la suma de 71.129 euros». «Apenas ocho días antes constituyó junto a su esposa, Instituto de Empresa, y fue nombrado administrador único de la sociedad», añade.
El instructor aprecia que antes de la inscripción de la empresa en el registro mercantil, Gimeno ya suscribió un contrato de arrendamientos con Emarsa por el que percibía 3.500 euros mensuales. Es decir, en días pasó de cobrar como asalariado a percibir una remuneración mensual como asesor externo, algo que hace dudar al magistrado sobre la autenticidad del contrato.
Demanda de Gimeno
Este compromiso fue rescindido unilateralmente por la Emshi cuando liquidó Emarsa. Por este motivo, Gimeno denuncio a la Emshi y le exige 360.000 euros. El juez cree, tras aportar datos y documentos, que con esta demanda el propio Gimeno podría estar cometiendo un hecho «constitutivo de un delito intentado de estafa agravada por la cuantía de la defraudación pretendida».
Por otra parte, en varias facturas del Instituto Empresa del Mediterráneo cobradas a Emarsa aparecen balances de tesorería de la depuradora de Pinedo en el reverso. Es decir, papel oficial de Emarsa en facturas de una empresa privada. Este hecho ha motivado al juez instructor a pensar que existe «un claro indicio de la falsificación de tales facturas, cuya mera apariencia, sin ser perito, induce ya a pensar que son inauténticas». «Es más, a la vista de los documentos aportados existen motivos bastantes para pensar que tal falsificación se hizo en las dependencias de la propia Emarsa», asegura el juez. El magistrado remitirá los documentos a la Brigada Provincial de la Policía Científica.
Así, concluye el juez instructor, «existen pues, motivos bastantes para creer que el señor Gimeno, por medio del Instituto de Empresa del Mediterráneo se concertó con otras personas ya imputadas en la presente causa –Crespo, Arnal y Cuesta– para obtener un beneficio ilícito a costa de la sociedad Emarsa».
Gimeno explicó ayer a Levante-EMV que tiene la conciencia «muy tranquila» y que todos los trabajos que sus empresas han facturado a la depuradora de Pinedo «están hechos». Además se mostró seguro de ganar la demanda interpuesta a la Emshi.
Concejal, diputado y trabajador de Emarsa
Juan Carlos Gimeno es un viejo conocido de la política valenciana. Empezó su carrera como concejal de Alianza Popular en el Ayuntamiento de Valencia en el año 1983, donde hizo trabajos de oposición al PSPV hasta el año 1991. Justamente ese año su partido, ya transformado en Partido Popular, gana las Elecciones Municipales en la capital del Turia y corona a Rita Barberá como alcaldesa.
Gimeno es nombrado tras esos comicios concejal en el Ayuntamiento de Paterna por el PP. Su experiencia la abre las puertas de la Diputación de Valencia donde es diputado provincial durante esa legislatura. Su trayectoria política se va diluyendo y en la legislatura 1995-1999 sólo es edil de la oposición en Paterna.
Durante esos años y con el PP controlando la entidad metropolitana entra a formar parte de la plantilla de la depuradora de Pinedo como encargado de gestión medioambiental, concretamente el 23 de septiembre de 1997.
Trabaja en Emarsa hasta el 21 de octubre de 2004, al poco tiempo de que el exalcalde pedáneo de Benimàmet, Esteban Cuesta, asumiera la gerencia. Al tiempo constituye varias empresas y fundaciones relacionadas con la consultoría medioambiental y se convierte en proveedor de la depuradora. Entre 2004 y 2010 factura a la planta de Pinedo 304.872 euros a través del Instituto de Empresa del Mediterráneo y 119.608 euros con su firma Adecua. Dos fundaciones que dirige reciben unos 11.000 euros por varios trabajos.
* Levante - 9.11.11
Foto: Valencia, ayuntamiento - wikimedia.org
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'Malaya'.- Roca, la confesión del gran corruptor
El espectacular testimonio de Roca, que lleva privado de libertad desde su detención el 29 de marzo de 2006, debe no obstante matizarse. El exasesor urbanístico tuvo ayer buen cuidado de no vincular los cobros a los empresarios y los pagos a los ediles a la concesión de licencias o actos administrativos ilegales.
Roca admitió que tres empresarios -el fallecido Emilio Rodríguez Bugallo, de Construcciones Salamanca; Francisco García Lebrón, de Aifos; y Fidel San Román- le abonaron en torno a 3,5 millones de euros por su labor de "asesoramiento" en la compra de terrenos en Marbella y su posterior desarrollo urbanístico. En cuanto al resto de empresarios supuestamente pagadores -un total de 16-, Roca afirmó que los ingresos reflejados en la contabilidad secreta de Maras obedecen a sus "negocios privados" con estos promotores.
Roca afirmó que la asesoría a los tres empresarios no se concretó en licencias ni en beneficios para sus contratadores. "En el caso de Fidel San Román, el asesoramiento que le di fue nefasto, fatal. Me pagó un millón de euros a mí y otros cuatro al Ayuntamiento y la Junta de Andalucía no aprobó la licencia. Ahora tiene un papel precioso, pero nada más", ironizó Roca.
En el caso de los sobres con dinero negro abonados a los concejales marbellíes, Roca los calificó de "gratificaciones". El objeto de estos pagos era mantener engrasada la fidelidad de los ediles al proyecto gilista tras la moción de censura de 2003. "Gratificaba a los concejales para que permanecieron unidos hasta el final del mandato, para que no hubiera tránsfugas y no abandonaran la disciplina", aseguró.
Los sobornos a los concejales, explicó, iban en función de la jerarquía de estos en el equipo de gobierno. Así, el dinero que cobraban los tenientes de alcalde y los portavoces de los grupos municipales era el doble del que percibían los concejales rasos. Roca también aseguró que los perceptores de sus sobres eran los portavoces de los grupos del tripartito que derrocó a Julián Muñoz tras la moción de censura: la exalcaldesa Marisol Yagüe, del Grupo Independiente Liberal (GIL), la exsocialista Isabel García Marcos y el exandalucista Carlos Fernández, prófugo de la justicia.
Una por una, Roca fue poniendo nombre a las iniciales de los concejales que aparecían en su contabilidad asociados a los sobornos. El exasesor reconoció haber sufragado una operación de cirugía estética de la exalcaldesa Marisol Yagüe en 2005: "Fue un préstamo que luego le desconté de su gratificación", dijo.
Sin embargo, Roca rechazó que los pagos a los ediles fueran recompensas a acuerdos concretos del equipo de gobierno o a actos tanto legales como ilegales que le beneficiaran, como sostiene el fiscal, Juan Carlos López Caballero. Según fuentes judiciales, Roca trata de evitar una condena por cohecho para acto ilícito, que implica cárcel, y busca que sus pagos se consideren cohecho impropio, es decir en función de su cargo sin contraprestación alguna. Este tipo de soborno más leve, por el que está acusado el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, solo acarrea multa.
Fuentes de la defensa de Roca como de la fiscalía afirmaron que la declaración del exasesor "no forma parte de ningún tipo de acuerdo entre las partes", y que obedece a una "reflexión de meses" del cerebro de la trama.
La jornada de ayer se inició con un nuevo acuerdo de conformidad. El empresario Eusebio Sierra admitió haber pagado 60.000 euros "a requerimiento de Roca" a cambio de que el exasesor le agilizara el reconocimiento de una deuda que el Ayuntamiento mantenía con su empresa, Proincosta. A cambio, Sierra ve reducida su pena a seis meses de prisión y 48.600 euros de multa cuando el fiscal le reclamaba dos años de cárcel y 120.000 euros.
* El País - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 08/11/2011
Foto: Juan Antonio Roca, en un momento de su declaración.- JULIÁN ROJAS - elpais
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