ELPAÍS/Barcelona* : Ocho de los ocupantes del edificio de Nou Barris han declarado esta mañana ante el juez como imputados por un presunto delito de usurpación. El fiscal ha pedido a los ocupantes que abandonen el edificio en el plazo de un mes. Dos de ellos, sin embargo, no viven allí, sino que acudieron para llevar comida y dar asistencia a las familias. Al salir del inmueble, fueron identificados por los Mossos d'Esquadra, que les entregaron una citación para declarar en el juzgado por la ocupación del 15-M. Esos dos vecinos han sido los primeros en declarar. "Vi la lista con las necesidades de las familias y quise ayudar", ha explicado a la salida Gonzalo Fernández, miembro de una plataforma vecinal. Fernández ha aclarado ante el juez que no es uno de los ocupantes y ha lamentado el error de identificarle como tal. "Deberían imputar a los bancos, no a nosotros".
Poco después ha expresado una idea similar Antonio Tallada, quien ha remarcado ante el juez que el edificio llevaba, al menos, cinco años vacío. Ambos han justificado la ocupación de Nou Barris por la carestía de la vivienda y han emplazado al juez a adoptar una decisión justa.
En total, viven en el edificio unas 11 familias, pero los Mossos d'Esquadra solo han podido identificar a ocho personas. El bloque se conoce como 15 de octubre, ya que fue ocupado ese día por miembros del movimiento de los indignados.
Por otra parte, el Movimiento 15-M tiene previsto hoy a las siete de la tarde regresar a la plaza de Catalunya e instalar allí un punto de información permanente. A las 22.30 exhibirán el documental Indignados. Del 15-M al 20-N, dirigido por Antoni Verdaguer. El movimiento debatirá si es necesario volver a acampar en la plaza.
* El País - JESÚS GARCÍA / REBECA CARRANCO Barcelona 4 NOV 2011
Foto: Jóvenes concentrados frente al edificio ocupado en la calle Almagro en el distrito de Nou Barris, en Barcelona, tras la manifestación.- elpais
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EUROPAPRESS/Cantabria* : El Ministerio Fiscal pide 11 años de prisión por delitos contra la ordenación del territorio para el alcalde de San Vicente de la Barquera y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), el 'popular' Julián Vélez; su teniente de Alcalde, Serafín Bada, el ex edil de Urbanismo, Ángel Chaves (elegido por Izquierda Unida, que gobernó en coalición con el PP tras una moción de censura y expulsado de esta formación) y el ex concejal de Medio Ambiente, Luis Martín Dávila.
A estas penas, se suman otros nueve años de inhabilitación para ejercer cargo público, por delitos de prevaricación urbanística, por su papel en la concesión de la licencia a una urbanización de 18 viviendas en la zona de La Argolla, dentro de los límites del Parque Natural de Oyambre.
El juicio se celebrará durante la semana que viene, del 7 al 10 de noviembre, en la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria.
La empresa Prado y Pernaza solicitó licencia de obra para construir 18 viviendas, garajes y trasteros en la carretera de La Argolla, un trámite que le fue concedido en octubre de 2006 por los cuatro acusados.
Según sostiene el Ministerio Fiscal en su escrito de calificaciones, los acusados permitieron ese trámite son recabar el necesario informe del Gobierno de Cantabria, y lo hicieron porque "eran conscientes" de que el informe no sería favorable a la construcción.
El emplazamiento, en concreto, era una zona de influencia del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de las Rías Occidentales y Dunas de Oyambre, y en la parte más litoral del parque, un área, por tanto, "con mayor fragilidad paisajística" a la que de hecho causó un "significativo impacto".
La petición del Ministerio Público también incluye la anulación del acuerdo y la consiguiente demolición de lo ilegalmente construido, a cargo de los acusados, con la reposición del suelo a su estado anterior, y con la responsabilidad civil subsidiaria --en caso de que estos no respondan-- del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
La Fiscalía hace hincapié, además, en que Vélez fue diputado autonómico por el Partido Popular justo en el período en el que se modificaron, por ley, los límites del Parque de la Naturaleza de Oyambre.
Frente a esto, la defensa del Ayuntamiento de San Vicente considera que la acusación, ejercida por un particular, hace una "lectura parcial e interesada" de la legislación, ya que el suelo en que se edificaron las viviendas estaba calificado como Urbano.
El Ayuntamiento sostiene que el suelo no estaba afectado por la protección establecida en la Ley que declaró Oyambre como Parque Natural, y como luego recogieron las Normas Subsidiarias del municipio de 1983 y su posterior revisión de 1993 (en concreto, Suelo Urbano Residencial).
Pero además, alega que el trámite ante el Gobierno no era necesario, pues se enmarcaba dentro de la Ley del Parque Natural, lo que excluía el citado documento.
Y además se remite a la elaboración del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), instrumento urbanístico posterior, necesario para la gestión del Parque Natural, que aún no se ha aprobado, lo que lleva al Ayuntamiento a concluir la "ineficacia" de la declaración como Parque Natural.
También argumentaba que lo que se produjo fue movimiento de tierras y rehabilitación de edificios, en lugar de construcción nueva.
Y las defensas de los acusados descartan que los cuatro no se encargaron de la tramitación del expediente, por no ser de su competencia, de modo que se limitaron al voto a favor de una licencia con informe previo favorable.
* Europa Press - 4.11.11
Foto: San Vicente de la Barquera (Cantabria) - turismo
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LEVANTE* : La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente va a aprovechar la aprobación del decreto ley de actuaciones estratégicas (actuaciones de calado previstas en la Estrategia Territorial) para adelantar tres remiendos que afectan a la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y a la Ley de Vivienda. Se trata de varias modificaciones que son muy demandadas por los ayuntamientos y que no pueden esperar a que se apruebe el texto refundido de las leyes urbanísticas que prepara la conselleria, según explicó su titular Isabel Bonig tras el pleno del Consell.
Uno de los cambios legislativos afecta al Patrimonio Municipal de Suelo (PMS). A partir de ahora los ayuntamientos podrán destinar el dinero que obtengan de la venta de solares a «inversiones públicas» distintas a la vivienda de protección oficial (VPO). El detalle de esta medida se conocerá cuando se publique el decreto. Pero la consellera adelantó que en el concepto «inversión pública» incluirá necesidades municipales como «urbanizar una calle, construir un centro social, una residencia o un jardín».
El patrimonio municipal de suelo es una especie de caja fuerte local en la que los ayuntamientos están obligados, por ley, a ingresar los terrenos que obtienen en cada actuación urbanística (el conocido como 10% de aprovechamiento), las expropiaciones, las permutas o las cesiones de suelo. Además de los terrenos, también se ha de ingresar el dinero que obtenga un ayuntamiento por la venta de terrenos, el que se cobra en metálico por el 10% del aprovechamiento o, incluso, el importe de las sanciones urbanísticas. Todo este patrimonio debe destinarse a garantizar el derecho a una vivienda digna. Aunque ésta es la teoría prevista en la Ley Urbanística Valenciana (2005) y en la Ley del Suelo estatal (2007). Pero la realidad es que la caja fuerte del patrimonio municipal de suelo es el gran agujero negro de la financiación local. El Tribunal de Cuentas detectó en 2006 (en un informe publicado en 2009) que las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana y seis de los municipios con más de 20.000 habitantes destinaron el 65% del suelo o dinero que recibieron de los planes urbanísticos a «fines no previstos en la ley como inversiones generales, gastos de personal, gastos corrientes o financieros». La Generalitat ya intentó regular este descontrol en 2003, con la creación del Registro Autonómico de Patrimonios Públicos Municipales de Suelo cuando Rafael Blasco dirigía la Conselleria de Territorio. La medida fue un fracaso por la dejadez municipal. En 2009 sólo 26 ayuntamientos declaraban tener suelo público (estaban obligados a registrarse los municipios con más de 10.000 habitantes). Y 235 ayuntamientos obligados a aportar los datos, como Valencia, Gandia o Xàtiva, no habían aportado ningún dato pese al boom urbanístico y la proliferación de PAI.
El nuevo decreto también se usará para otros cambios en la LUV que permitan «fraccionar las actuaciones urbanísticas para garantizar su viabilidad», flexibilizar las aportaciones de los promotores y regular la suspensión temporal de los programa de actuación integrada (PAI) con motivo de las crisis.
La Generalitat dice que tramitará los proyectos estratégicos singulares en un año
El pleno del Consell aprobó ayer el «decreto ley de medidas urgentes de impulso a la implantación de actuaciones territoriales estratégicas que tendrá una tramitación exprés e incentivos fiscales». La Conselleria de Territorio, que dirige Isabel Bonig, define en este decreto el concepto de proyectos estratégicos que incluye «las zonas logísticas, los complejos de turismo rural de calidad, las bodegas de diseño que promuevan el etnoturismo o el "oilturismo", proyectos urbanos ligados a la atracción de talentos o "talents hub", polígonos de servicios mancomunados o de cooperación entre empresarios, polígonos tecnológicos con "diseño de ciudad" o actuaciones muy singulares en primera línea de playa». Incluso se podría aplicar esta tramitación exprés al corredor mediterráneo. Bonig añadió que algunos inversores internacionales han propuesto cuatro o cinco proyectos estratégicos para la Comunitat Valenciana «con unos 500 millones de inversión que podrían crear 20.000 puestos de trabajo». Si hasta ahora algunos de estos proyectos podían tardar «hasta 8 años en tramitarse», la intención es reducir este proceso a sólo doce meses.
* Levante - 5.11.11
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
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MÁLAGAHOY* : El exalcalde de Colmenar Pedro Fernández (PSOE) se enfrentó ayer a uno de los primeros juicios que se celebran en Málaga por no perseguir los delitos contra la ordenación del territorio (prevaricación omisiva). La Fiscalía pide un año de cárcel y ocho de inhabilitación para Pedro Fernández por no impedir que un vecino levantara dos viviendas en una zona conocida como Los Rengles contando únicamente con un permiso para levantar una caseta de aperos.
El exalcalde explicó que el Ayuntamiento primero denegó el permiso de obras, pero volvió a solicitarlo para un tipo de nave que sí cumplía los requisitos de las normas urbanísticas.
Cuando supo en 2003 que la Guardia Civil había denunciado la edificación comunicó a la Subdelegación y a la Junta de Andalucía la existencia de la licencia y el expediente se archivó. Sin embargo, en 2009 la Guardia Civil volvió a denunciar al particular porque en la parcela había dos viviendas. En esa ocasión el Ayuntamiento abrió expedientes para sancionar y demoler lo construido. Pedro Fernández negó que hubiera tratado de dar amparo con la licencia para la nave agrícola a una construcción ilegal y que se hubiera desentendido de la vigilancia de la construcción. Indicó que sólo contaba para estas funciones con un único policía local, una arquitecta que a lo sumo acudía al Ayuntamiento dos días a la semana y un secretario de corporación a tiempo parcial.
El promotor, también acusado en este procedimiento, reconoció que había construido una casa de 140 metros, en la que también guardaba aperos, porque "no tenía donde vivir" y que años después edificó otra para sus padres, que habían enfermado.
* Málaga Hoy - 4.11.11
Foto: Colmenar (Málaga) - malagahoy.es
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DIAGONAL* : La Asamblea General de Sol decidió el domingo pasado "invitar a la ciudadanía" a acudir a la plaza para desobedecer la orden de la Junta Electoral de Madrid, que ha reservado más de un centenar de espacios públicos para la celebración de actos partidistas durante la campaña. Una semana después de difundir el listado ha aclarado que esos lugares sí podrán usarse para convocatorias ciudadanas fuera de los horarios previstos por los partidos, pero el 15M sigue adelante sin solicitar permisos administrativos.
La Acampada de Barcelona se ha unido a la protesta y también habrá concentración en la Plaça Catalunya a las 19h para protestar por los planes de la Junta Electoral. Lamentan que en Barcelona incluyen "la peregrina idea de instalar una pista de hielo" en ese punto emblemático.
La comisión de Legal de Sol emitió un comunicado que denuncia que se convierta la campaña electoral en "una especie de estado de excepción encubierto" y la "contradicción" de cerrar las plazas cuando "es el momento de que los partidos escuchen a la ciudadanía".
El programa de actividades en Sol arranca con una asamblea sobre organización y toma de decisiones de las asambleas populares de Madrid, continúa con debates y presentaciones sobre el funciomiento de las elecciones y finaliza animando a pegar carteles "no partidistas" y modificar los de los candidatos ("una persona, un edding").
Según informa Qué, fuentes policiales aseguran que habrá agentes de paisano desplegados en los accesos a la Puerta del Sol que controlarán la entrada y cachearán a personas "sospechosas". Estos controles selectivos ya tuvieron lugar para discernir entre ’indignados’ y turistas o peregrinos durante los días de agosto en los que la circulación por la plaza estuvo restringida con motivo de su desalojo y la Jornada Mundial de la Juventud.
Una prohibición ¿habitual?
Cumpliendo con Ley del Régimen Electoral General, las juntas electorales zonales reservan locales oficiales y lugares públicos para que los partidos dispongan de ellos durante la campaña. Tras la publicación del listado por parte de la Junta de Madrid, el periódico El Mundo anunció que la policía iba a "blindar Sol contra los indignados", lo que generó cierta contestación en internet. Una semana después, la Junta Electoral trata de calmar los ánimos explicando que es la medida que se toma en todas las elecciones, pero lo cierto es que, por orden del Ayuntamiento de Madrid, se han ampliado de 65 a 110 los puntos reservados respecto a las municipales de mayo.
* Diagonal - 4.11.11
Foto: Indignados 15M
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ELCONFIDENCIAL* : El déficit hídrico del Segura, cifrado en unos 460 hectómetros cúbicos por el plan hidrológico de la cuenca (PHCS), puede quedar solucionado mediante la utilización de los acuíferos confinados en el subsuelo. Así se deduce de la ejecución del plan de sequía elaborado por técnicos de la Confederación Hidrográfica (CHS) de ese río, que ha certificado la existencia y sondeado tres grandes acuíferos subterráneos sin explotar y que, por tanto, anula la necesidad del trasvase que ha sido esgrimido como caballo de batalla político por la Administración del PP.
Los resultados de esta investigación técnica están en el libro “Las aguas subterráneas en la gestión de la sequía. El ejemplo de la Vega Media y Baja del Segura”, del que se imprimieron hace diez meses unos 500 ejemplares que están arrumbados en cajas bajo una escalera de una de las sedes de la CHS en Murcia.
Según los datos que proporciona el libro, en la cuenca del Segura hay al menos un gran acuífero confinado con caudal suficiente para ayudar a equilibrar el déficit hídrico sin necesidad de recurrir a trasvases o transferencias de otras cuencas. Es el de la Vega Media y Baja del Segura, de aguas confinadas que pueden ser surgentes y que tiene unos 2.000 hectómetros de reserva, de los que 100 son renovables anualmente.
Además existe el del Alto Guadalentín, entre Lorca y Puerto Lumbreras, cuyos recursos no están evaluados pero que es de agua potable. Y hay un tercero, el de Mingogil-Villarones, en Hellín, con una reserva de 1.000 hectómetros cúbicos, de los que otros 50 son renovables anualmente. La suma de todos ellos más algunos otros como el de Moratalla, Calasparra, Cieza o Caravaca equilibrarían el déficit hídrico.
Según fuentes técnicas de la CHS, el uso controlado de esos caudales no causa daño ambiental porque un acuífero confinado “no es una bolsa de petróleo que no se repone, sino que se recarga de las montañas por infiltración y o bien sale de forma subterránea al mar o bien se queda en el interior de la tierra adquiriendo presión de confinamiento”, lo que facilita su surgencia si se perfora desde la superficie.
Elconfidencial ya publicó en 18 de diciembre de 2008 http://www.elconfidencial.com/cache/2008/12/17/espana_20_trasvase_segura_innecesario_medio_plazo_segun_ultimas.html
los primeros datos disponibles de los sondeos que se ejecutaban dentro del plan de sequía y que apuntaban a las mismas conclusiones que se extraen del trabajo ya terminado, impreso y no difundido en el libro mencionado, cuyo trabajo de campo se hizo durante la sequía 2005-2009. La CHS, presidida entonces por José Salvador Fuentes Zorita, distribuyó al día siguiente un desmentido a la información que no fue enviado a este diario.
El coordinador y coordinador adjunto de libro –que tiene depósito legal A-187-2011– son el comisario de Aguas y el comisario adjunto de la CHS, Manuel Aldeguer y Gonzalo Aragón. El trabajo de campo lo han hecho los geólogos Luis Francisco Turrión, Alfredo Martínez Arias y Sebastián Delgado Moya.
La presentación pública del volumen técnico se ha ido posponiendo “sine die” desde que salió de imprenta, a principios de este año. A la controversia política que el problema de los trasvases originó en los meses anteriores a las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo pasado, se suma ahora como nuevo impedimento político la polémica entre gobiernos regionales del PP por la no inclusión del trasvase del Ebro en su programa y la reclamación de Castilla-La Mancha de poner fin al del Tajo-Segura.
Además, “ni el lobby de las grandes constructoras, que puja por la obra pública de los trasvases, ni el lobby de las grandes desaladoras que quiere seguir construyéndolas están interesados en que los acuíferos confinados puedan llegar a ser la solución al déficit hídrico de la cuenca del Segura”, opina Luis Francisco Turrión, geólogo de la CHS y coautor del libro.
* El Confidencial - Vidal Coy 04/11/2011
Foto: El río Segura contaminado, en una imagen de archivo. (EFE)
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ARAGÓNDIGITAL* : El cartel publicitario situado junto al puente de la avenida de América tendrá que ser retirado. El Consejo de Gerencia de Urbanismo aprobó este jueves iniciar el procedimiento, después de que la Asociación de Vecinos de Venecia denunciara que, a nivel paisajístico y patrimonial, "supone un atentado contra el entorno del Canal Imperial".
Las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos de Venecia ha conseguido “una pequeña victoria”. El colectivo lleva desde el año 2010 solicitando la retirada de un cartel publicitario situado junto al puente de la avenida de América, por considerar que “distrae la atención de los conductores y a nivel paisajístico y patrimonial supone un atentado contra el entorno y el estilo de las obras históricas del Canal Imperial de Aragón”, informan en un comunicado. Después de presentar varias instancias a Urbanismo, este miércoles el Consejo de Gerencia aprobó de forma provisional iniciar el procedimiento de retirada de esta instalación.
Según fuentes municipales, la empresa tiene ahora un plazo de 15 días para presentar alegaciones y un mes como máximo para retirar la valla publicitaria.
La asociación ha apuntado que la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza “solicitó el alejamiento del cartel del entorno del Canal, ya que afecta negativamente a su contemplación”. Además, tras la reclamación vecinal salió a la luz que “el cartel estaba colocado sin los permisos y las concesiones correspondientes”.
Esto es lo que les ha animado a seguir “luchando por la conservación de este espacio”. El colectivo también presentó alegaciones por el proyecto de quiosco situado en ese mismo entorno, “ya que incumple las normativas a nivel de Patrimonio y paisajísticas, medio ambientales y urbanísticas”, que fueron desestimadas.
* Aragón Digital - 4.11.11
Foto: Denuncian que el cartel "atenta" contra el entorno paisajístico y patrimonial - aragondigital
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ELCORREOWEB* : Urbanismo se expone a pagar 70.000 euros al día por paralizar 10 promociones y 4 centros sociales.
Las obras de 10 promociones con un total de 1.046 viviendas de protección oficial y cuatro centros de servicios sociales llevan paralizadas una semana tras el despido de cuatro aparejadores de Emvisesa, lo que deja en el aire los puestos de trabajo de 980 operarios, algunos de los cuales ya han sido despedidos, según dio a conocer ayer el portavoz municipal del PSOE, Juan Espadas.
El frenazo puede costar unos 70.000 euros diarios en indemnizaciones a las 12 constructoras afectadas; y dado que harán falta al menos 20 días para subsanarlo, el coste será de al menos 1,4 millones de euros, a los que habrá que sumar 500.000 en nuevos seguros de responsabilidad civil.Así lo concretó un representante legal de los aparejadores despedidos, que precisó que éstos han demandado a Emvisesa, primero porque llevan años trabajando en la empresa como falsos autónomos, por lo que han pedido ser considerados personal laboral; y tras su despido están elaborando otra demanda por despido nulo, ya que son la sección sindical de UGT en Emvisesa y candidatos a las inminentes elecciones al comité de empresa.
Espadas calificó ayer de "inconcebible e irresponsable", dada la tasa de paro y la crisis económica, "paralizar sin tener en cuenta el quebranto económico" que supone tanto para las constructoras subcontratadas como para el consistorio, y reclamó el cese del gerente de Emvisesa, alegando que "se lo ha ganado a pulso".
El portavoz socialista detalló que el despido de los aparejadores, anunciado antes del verano y hecho efectivo el viernes pasado, obligó a Emvisesa a paralizar todas las obras que tenía en marcha porque de ellos dependía la dirección facultativa de los trabajos. Esta decisión fue comunicada el mismo viernes por fax a las subcontratas, que ya han comenzado a prescindir de trabajadores, puesto que no se sabe cuándo se reanudarán las obras.
Espadas, que ha considerado "legítima" la decisión de despedir a los aparejadores "pese a que no son la dirección política de Emvisesa, sino la dirección facultativa", sí ha insistido en el grave daño económico que supondrá haberlo hecho sin prever que eso paralizaría todas las obras de Emvisesa, que suponen "el 50% de la obra viva" en Sevilla.
Las promociones afectadas se encuentran en la Avenida de Andalucía (66 viviendas), Campo de los Mártires en Nervión (105), las calles Albérchigo (52) y Torrelaguna (52) de Torreblanca, El Porvenir (245), San Luis (25 viviendas y talleres), Sevilla Este (dos promociones de 134 y 147 viviendas y otra de 32 alojamientos protegidos en la calle Flore de Papel) y Nuevo Amate (220). También se han parado las obras de los centros de servicios sociales comunitarios de Bellavista, San Pablo, Norte y Este.
Espadas anunció que el PSOE reclamó información sobre la paralización el viernes 28 al gerente, Alberto de Leopoldo, pero al no recibir respuesta decidió darla a conocer. Los miembros del consejo de administración de esta empresa municipal tampoco han sido informados. "Ésta es la transparencia de la que hablaba el Partido Popular", ironizó Espadas, que señaló que "además de permitir que la oposición se siente en los consejos de administración hay que convocarlos, si se quiere ser transparente". El portavoz socialista exigió una respuesta inmediata del alcalde y, en caso de ser una decisión tomada por el gerente por su cuenta, su cese inmediato.
El portavoz del Gobierno, Francisco Pérez, se limitó a precisar en un comunicado que el cese de los aparejadores se debió a que se encontraban en una "situación irregular" heredada del Gobierno anterior, sin dar detalles, y los culpó por no aceptar la forma de regularizar sus contratos ofrecida por el Consistorio.
* El CorreoWeb - 4.11.11
Foto: Uno de los bloques de viviendas de protección oficial paralizados que construye Emvisesa en Sevilla Este. - El Correo
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ELPAÍS/Alicante* : El cierre supondría 16,8 millones de pérdidas.
La Ciudad de la Luz reconoce ante el juez una deuda por pagos pendientes de 8.517.592 euros. José Antonio Escrivá, director del complejo audiovisual tutelado por el Consell, esgrime esta abultada deuda para solicitar al titular del Juzgado nº6 de Alicante que levante el embargo de 1,5 millones que le fue impuesto. Escrivá señala en el escrito que de materializarse la medida el complejo se vería abocado al cierre por falta de liquidez para afrontar gastos corrientes básicos, como la luz o el teléfono.
Este juzgado condenó a la Ciudad de la Luz a pagar a la empresa Valoriza casi 1,5 millones de euros por impagos y sobrecoste en la obra de construcción del tanque de agua del complejo cinematográfico.
La Ciudad de la Luz presentó la semana pasada en el juzgado un escrito de oposición a la resolución del magistrado de embargar sus cuentas. En el mencionado escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la dirección de la Ciudad de la Luz detalla al juez el total de pagos pendientes del complejo cinematográfico. Los capítulos más destacados de la deuda pendiente de la empresa son el de obra y mantenimiento que suman 3.108.711, 17 euros, el pagaré, que asciende a 3.317.730,20 euros, y los 1.257.518,84 euros que debe a proveedores de servicios.
En la partida de obras y mantenimiento destaca la deuda con la UTE (Audeca-Tyosa), de 1.838.794; con ATISAE de 556.448; con MAGIN 339.959; y con Telefónica 169.250. El complejo reconoce deudas inferiores a los 100.000 euros a CESSER (89.351) Bureu Veritas (49.591), Cesser (89.351), Lubasa (35.537), Fotostil (10.488) y Grupo Item (19.288).
De acuerdo con el documento que obra en el juzgado, la Ciudad de la Luz admite unos gastos fijos mensuales por suministros (energía eléctrica, agua, gas y teléfono móvil y fijo) de 98.818 euros. En jardinería y riego, cada mes pagan 77.531, y en gasto integral de las instalaciones, otros 95.997 euros. Esta partida incluye los sueldos de las 14 personas contratadas para cubrir este servicio. Cada mes, la Ciudad de la Luz destina a mantenimiento de tecnologías e informática 6.429 euros, con una persona contratada.
En el escrito al juzgado, la Ciudad de la Luz asegura que tiene un contrato de patrocinio con las productoras Castafiore Films y Tornasol Films con el compromiso de rodar entre cuatro y ocho películas al año por valor de 250.000 euros. Otros gastos comprometidos son 6.500 euros para informática y otros 27.341 euros mensuales para el capítulo de asesoramiento jurídico.
La empresa cifra en 65.253 euros mensuales su gasto de personal, que en la actualidad son 17 personas, aunque esta semana despidieron a la secretaria de la exdirectora, Elsa Martínez, y a un chófer. Además de la plantilla de Ciudad de la Luz, en el Centro de Estudios trabajan 58 personas como profesores o personal de administración, otras 34 en tareas de limpieza y mantenimiento y otras 40 en laboratorios, seguridad y limpieza. El número de trabajadores relacionados con Ciudad de la Luz y el Centro de Estudios asciende en total a 150.
El informe destaca que desde el año 2005, cuando se realizó el primer rodaje, se han realizado 59 producciones que han supuesto un ingreso de 174 millones de euros que han supuesto la contratación de 4.757 personas, más de 3.000 contratos con empresas, y casi 150.000 pernoctaciones en hoteles de Alicante.
Los actuales gestores de Ciudad de la Luz calculan que las pérdidas que supondría el cierre de las instalaciones serían de 16,8 millones de euros, y se dejarían 100 contratos con empresas valencianas y unos 500 empleos, además de las pérdidas en la hostelería, que solo en 2010 obtuvo 16.840 pernoctaciones.
El complejo admite que debido a la situación de crisis generalizada “atraviesa graves problemas de liquidez” por lo que se ha visto obligado a atrasar pagos pendientes a sus proveedores, dilatar los mismos o incluso plantear un plan de pagos. La Ciudad de la Luz reconoce que se nutren de los presupuestos de la Generalitat y que “no han percibido los importes aprobados en su totalidad, por lo que la situación de la tesorería es extremadamente delicada”.
Otro de los argumentos que esgrimen para intentar aplazar el embargo es que hay ciertos pagos imposibles de demorar, como son los de luz, agua, gas y teléfono. “El caso más grave es el de los suministros ya que la devolución de algún recibo supondría el corte del suministro, con las desastrosas consecuencias que esto conlleva”, reza el informe.
Los gestores del complejo advierten de que el no levantamiento del embargo causaría “un daño irreparable e irreversible” y abocaría al cierre de los estudios, del centro de formación y de los Laboratorios.
La Ciudad de la Luz admite que se quedarían en la calle unos 400 alumnos y 150 trabajadores, y que se verían inmersos en un “sin número de demandas por daños y prejuicios” de productoras de incalculables consecuencias. La Ciudad de la Luz plantea una medida alternativa a la ejecución de la sentencia y ofrece al juzgado un bien inmueble por valor de 1.461.338, 80 euros.
¿Inversores interesados?
La Ciudad de la Luz es una losa pesada que, aunque alguien la venda, pocos la querrán comprar. El complejo de cine arrastra una deuda global de 190 millones de euros, un déficit patrimonial de 28 millones y un desfase del fondo de maniobra de 68,5 millones, según datos de la Sindicatura de Cuentas. Además, ahora, el propio complejo admite ante el juzgado 8,5 millones de pagos pendientes a empresas y proveedores.
Pese al complicado escenario presupuestario, la Generalitat valenciana insiste en vender que diversos grupos inversores extranjeros han expresado “interés” por la Ciudad de la Luz de Alicante. Los inversores extranjeros, entre los que hay un grupo de los Emiratos Árabes, asumirían la gestión de los estudios. Pero no hay más detalles concretos sobre las negociaciones. Preguntada ayer por esta cuestión, la consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, no quiso confirmar que el complejo estuviera en venta, y se limitó a mostrar que la voluntad del Consell es que estas instalaciones “trabajen al máximo rendimiento”. Johnson dijo: “Lo importante de la Ciudad de la Luz es que está ahí, que es un complejo estupendo, que ha estado trabajando muchos años. Ahora lo que queremos es que trabaje al máximo rendimiento”.
El recién nombrado director general de Ciudad de la Luz, José Antonio Escrivá, ya se refirió hace unas semanas a una posible privatización de los estudios diciendo: “Es como cuando tienes un inquilino, ese inquilino se va y tienes que arreglar el piso y volver a meter un inquilino que te interese, mientras tanto se escuchan ofertas, se ven las posibilidades” pero “con la delicadeza de que esto es público”, advirtió.
La Ciudad de la Luz mantiene también un litigio con Aguamarga Gestión de Estudios (AGE) con la que se comprometió a pagar 2,5 millones de euros anuales por su trabajo, pero dejaron de cobrar en agosto de 2009. Por eso, en septiembre de 2010, AGE demandó por el impago de dos millones de euros a Ciudad de la Luz. Y el pleito con Valoriza, del grupo Sacyr Valhermoso, por impagos en la construcción del tanque de agua se ha resuelto ahora con la condena a la Ciudad de la Luz de 1,5 millones de euros que no puede pagar.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ Alicante 27 OCT 2011
Foto: Alicante, ciudad de la luz - ciudaddelaluz.com
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PRENSALATINA/La Habana* : Delegados de América, África y Europa reconocieron hoy aquí la importancia de la participación ciudadana en las estrategias de gestión y ordenamiento urbanístico, sobre todo en función de los intereses de grupos genéricos y generacionales.
Los jóvenes, las mujeres y los ancianos deben estar en el centro de las proyecciones de los espacios sociales, afirmaron participantes en la XIV Convención Internacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.
A ese evento, con sede en el capitalino Palacio de Convenciones y que concluirá mañana, asisten unos 300 representantes de las mencionadas áreas geográficas.
La mesa de trabajo Desarrollo urbano, conjuntos habitacionales y movilidad reunió iniciativas aplicadas en diferentes latitudes para priorizar las necesidades de dichos segmentos poblacionales.
Renata Gastal, de Brasil, y Reynier Rodríguez, de Cuba, expusieron en sus respectivas ponencias la importancia de crear una urbanización que considere las funciones y deseos de las mujeres, como fuerte grupo emergente en la actividad productiva de las naciones.
Ambos especialistas resaltaron la necesidad de desarrollar un ordenamiento territorial que posea un enfoque sociológico, en el cual las mujeres puedan intervenir activamente en la organización de su entorno.
La mexicana Liliana Badillo enfatizó en el sector juvenil como un capital social que precisa el mejor hábitat posible para el desenvolvimiento de sus prácticas cotidianas.
Muchas veces los planes urbanísticos, fundamentalmente los grandes conjuntos habitacionales, dedican zonas a los niños, pero se olvidan de que estos un día crecen y requieren un ambiente propicio.
Otras intervenciones se refirieron a la situación de la tercera edad, la cual demanda paisajes urbanos que mejoren la movilidad, erradiquen barreras constructivas y generen formas de esparcimiento adecuadas.
* Prensa Latina - 3.11.11
Foto: La Habana (Cuba), plaza - google
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ELPAÍS* : La red corrupta Gürtel obtuvo de la sociedad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) la firma de contratos por un total de 2,4 millones de euros. Ahora, la policía ha desvelado cómo dos directivos de este organismo público estatal recibieron, según la contabilidad incautada a la trama, dádivas en forma de viajes, obras particulares y dinero en efectivo. Estos pagos coinciden en el tiempo con la firma de los contratos en los que, según la policía, participaron dichos empleados. Las operaciones se realizaron entre 2001 y 2002, cuando el ahora presidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, era ministro de Fomento y el máximo responsable de AENA.
La organización de eventos para el Partido Popular posibilitó a la red corrupta Gürtel "establecer un conjunto de relaciones" con responsables del "aparato del partido" que le permitieron "obtener negocio en aquellas Administraciones públicas gobernadas por personas pertenecientes a dicha formación política". Así de claro explica el informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la policía cómo llegó el cabecilla de la trama hasta AENA, un organismo dependiente del Gobierno que entonces presidía José María Aznar.
La policía ha destapado el pago de comisiones, por un valor total de más de 85.000 euros, en un documento, realizado a partir de la contabilidad de las sociedades de la red Gürtel.
Sin embargo, fue el propio Correa quien, en su declaración ante el juez Baltasar Garzón, en 2009, admitió su relación con Cascos y con AENA. "Una de las cuentas que teníamos entonces era de AENA porque Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur [Feria Internacional de Turismo] y se hacían un montón de eventos", dijo Correa ante el juez. Desde entonces, no se había realizado ninguna pesquisa sobre la relación de la trama con este organismo del Gobierno.
Álvarez-Cascos, que en su día negó haber favorecido al jefe de la trama Gürtel, rechazó ayer hacer cualquier tipo de valoración sobre el informe de la policía.
El documento entregado por la policía al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, sostiene que uno de los receptores de las comisiones, el director de Comunicación del ente, Ángel López de la Mota, participó en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas que rigieron la contratación de las empresas de Correa para la realización de los expositores de AENA en las ferias de Fitur de 2001 y 2002.
El informe indica que las dádivas a los empleados "responderían a contraprestaciones por el favorecimiento a las empresas". Y marca la ilegalidad de su actuación en la "elaboración de pliegos, donde se establece un sesgo que permite ya sea establecer más baremo a cuestiones subjetivas (...) ya sea modificar las ponderaciones de la valoración económica ad hoc de la oferta de la empresa patrocinada".
Ángel López de la Mota admitió ayer que fue él quien firmó tanto los pliegos de condiciones como la conformidad de las adjudicaciones, pero que "ni yo redacté los pliegos, ni adjudiqué los contratos". El directivo, que aseguró que jamás recibió indicaciones de Fomento sobre a quién debía contratar, explicó que los viajes corresponden a servicios turísticos que contrató con una de las empresas de Correa pero que, tal como afirma "los pagué todos", aunque no guarda dichas facturas. Aún así, admite que recurrió a esta empresa porque la conocía de su trabajo anterior, en el PP, partido para el que trabajó durante 10 años. "Esperaba alguna deferencia, algún descuento, pero cuando vi lo que me facturaban, dejé de contratarles", señaló. López de la Mota, que manifestó su extrañeza sobre la existencia tanto de estas facturas en la contabilidad de la trama como de las anotaciones sobre la reforma de su casa, que "yo contraté directamente y yo pagué", dijo.
El informe destaca el intento de la trama por ocultar las facturas y sostiene que la organización, "consciente de que los documentos reflejan el pago de las obras de carácter particular y son al menos comprometedores", dio instrucciones "para que se guardaran en una carpeta dentro de una caja fuerte".
Las facturas y documentos de la carpeta 'Embolados'
La información de las supuestas comisiones pagadas por la trama Gürtel al entonces director de comunicación de AENA, Ángel López de la Mota, figura en documentos y archivos, tanto en soporte papel como informático, hallados entre la documentación y contabilidad incautada a las sociedades de la trama Gürtel durante los registros efectuados en sus sedes. Los documentos, según figura en el informe remitido por la policía al instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, se encontraban en una carpeta en la que figuraba como título "Embolados".
En soporte de papel, la policía hace mención a documentos sobre el supuesto pago de las reformas de la casa de López de la Mota, que él asegura haber pagado directamente. Sin embargo, la documentación incautada a la trama incluye varias facturas de empresas de albañilería y decoración sobre las que existen otras tantas anotaciones en las que se puede leer "Casa Ángel López de la Mota", "Pagos casa A. López de la Mota" o "Resumen obra Ángel López de la Mota".
El desglose efectuado por la policía también indica que la red de Correa pagó otros gastos a Mota, hasta un total de 54.702,43 euros. Así, bajo el epígrafe "Detalle gastos personales AENA" figuran un viaje de la familia Mota a Eurodisney en abril de 2001; un viaje a Menorca en agosto de ese año (5.462,40 euros); el alquiler de un vehículo en La Palma, en septiembre de 2001; la estancia en el hotel Blanca de Navarra en febrero de 2002; la estancia en el Hotel Iberostar Palace-Fuerteventura; tres billetes de avión Madrid-Fuerteventura y el alquiler de un vehículo allí (2.627,04 euros); la estancia en el Hotel Playa la Barrosa, en Chiclana, en julio de 2002 (3.294, 40 euros) y un billete de avión Madrid-Dublín (Irlanda) en agosto de 2002.
El otro trabajador de AENA que percibió dádivas de la red corrupta es José María Gavari, quien, según la policía, trabajaba en el mismo departamento que López de la Mota. En el mismo cuadro, la contabilidad de la trama sumó 10 entregas de dinero en efectivo por un total de 9916,70 euros entre febrero y diciembre de 2001; cuatro billetes de avión Tenerife-Madrid y el alquiler de un vehículo en la isla; un viaje de la familia Gavari a Eurodisney en abril de 2001; otro viaje a Menorca en abril de 2001 (5.462.40 euros); el alquiler de una furgoneta en mayo de 2002 y billetes de avión Madrid-Tenerife de cinco personas en agosto de 2002 (1.504,36 euros), entre otros.
Eterna instrucción
- El grueso del caso Gürtel todavía está en fase de instrucción, es decir, de investigación. La policía aún tiene pendientes de analizar cerca de 200.000 folios.
- La competencia sobre la instrucción se encuentra en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque volverá a la Audiencia Nacional, porque ya no hay aforados entre los imputados.
- Los Tribunales Superiores de Valencia y de Castilla y León tampoco han concluido sus investigaciones, excepto en el caso de los trajes, sobre la ramificación del caso en ambas comunidades.
- Hasta que finalice la investigación, los jueces no fijarán los nombres de quiénes serán juzgados.
* El País - MARÍA FABRA - Castellón - 03/11/2011
Foto: Francisco Álvarez-Cascos, el 18 de septiembre de 2002, durante una visita al aeropuerto de Barajas siendo ministro de Fomento.- elpais
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ELECONOMISTA* : Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dio ayer un nuevo paso para construir en plena Castellana un gran centro comercial, en un terreno que hasta ahora era de uso deportivo, aunque con una pequeña posiblilidad de uso terciario.
El Ayuntamiento dio luz verde a una modificación del Plan General de Urbanismo, que le permitirá construir un complejo de 12.250 metros cuadrados en la parcela desocupada que hay delante de la fachada del estadio en el Paseo de la Castellana. El Ayuntamiento y el Real Madrid firmaron ya en julio un convenio por el que el club entregaba una parcela en Valdebebas y otras en Carabanchel a cambio del área perimetral de las torres del Bernabéu. Ahora se da un paso más, aunque el Consistorio insiste en que todavía no hay ningún proyecto cerrado.
"Se habla de la construcción de un hotel y de un centro comercial en el estadio, pero todavía no hay nada. No existe, no es real. El Real Madrid tendrá que convocar un concurso para un proyecto arquitectónico y solicitar después la licencia". Así de contundente se mostró ayer en declaraciones a elEconomista Beatríz Lobón, la coordinadora general de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.
Proceso de meses
Eso después de que el presidente del club, Florentino Pérez, presentara a sus socios en la última asamblea un proyecto definitivo, como si ya estuviera todo aprobado. "Aún no se sabe qué es lo que se va a hacer y la aprobación definitiva del PGOU tardará todavía entre nueve y doce meses. En último término debe recibir el visto bueno de la Comunidad de Madrid", explicó Lobón.
Para lograr sus planes, el Real Madrid deberá derribar la zona comercial de la Esquina del Bernabéu, que tiene una edificabilidad de 6.858 metros cuadrados y que se convertirá en un parque, y ceder al Ayuntamiento cuatro parcelas en Carabanchel, en el barrio de Opañel, que el Consistorio destinará a zonas verdes y equipamientos. El vicealcalde, Manuel Cobo, ha indicado que el 10% del valor del incremento de edificabilidad que el club debe ceder por ley al Ayuntamiento asciende a 6,6 millones de euros, lo que sitúa el beneficio de la operación, según dijo, "en cerca de 67 millones".
La modificación del Plan General de Urbanismo aprobada ayer, en el plena campaña electoral, no pasó desapercibida para la oposición. El portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento, Marcos Sanz, apuntó que su grupo estudiará "al microscopio" la modificación puntual que afecta al estadio Santiago Bernabéu, buscando que "en primer lugar sea beneficioso para la ciudad".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, una asidua al palco madridista, manifestó por su parte que "el Ayuntamiento de Madrid, en uso de sus competencias, ha tomado un acuerdo que estudiaremos. Y en el uso de las nuestras lo llevaremos al órgano competente, la Comisión de Urbanismo, y traeremos al Consejo de Gobierno la decisión que corresponda de acuerdo con la ley".
* El Economista - 4.11.11
Foto: Madrid, Bernabeu nuevo
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MÁLAGAHOY* : El derribo de las casas ilegales permitirá a los condenados por delitos contra la ordenación del territorio eludir la prisión siempre que sea la primera vez que hayan delinquido y si la sentencia es inferior a dos años de cárcel. La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga pretende que los condenados demuestren su rehabilitación restaurando el daño causado, por lo que tienen que reponer a su estado primitivo la zona donde se habían construido una vivienda ilegal.
Esta medida, pionera en España, según han asegurado a Efe fuentes judiciales, ya se ha hecho efectiva en varias sentencias dictadas por los jueces de lo Penal de Málaga, que vinculan la suspensión de las condenas con el derribo de la vivienda ilegal. Los requisitos son que la condena no sea superior a los dos años de cárcel, que no se tengan antecedentes penales y se satisfaga la responsabilidad civil, añadieron las fuentes. El derribo de la viviendas ilegales normalmente conlleva numerosos problemas burocráticos aunque se haga con mandato judicial.
De este modo, el bien jurídico protegido, el suelo, puede volver a su situación en un periodo de tiempo más corto y con menos coste para las administraciones, que en muchas ocasiones se hacen cargo del derribo y luego pasan las facturas a los condenados.
Unas de las últimas sentencias ha sido dictada por el Juzgado de lo Penal número nueve de Málaga, que ha condenado a una mujer a un año de prisión y una multa de 2.160 euros por construir en 2006 una vivienda unifamiliar de cien metros cuadrados de superficie en suelo no urbanizable del paraje La Isla de Málaga.
En la sentencia, el Juzgado también la condena a la demolición de lo construido, pero le concede la suspensión de la pena durante dos años siempre que no vuelva a delinquir en ese plazo y derribe la construcción.
La Fiscalía señala que la suspensión de pena "es un beneficio y no un derecho", y que por tanto el penado debe mostrarse merecedor del mismo, para lo que se debe producir "la reparación del daño causado".
En el caso de concederse la suspensión de la pena, el fiscal entiende que debe estar condicionada a la demolición, ya que "para considerar rehabilitada socialmente a una persona, ésta debe demostrar su arrepentimiento por los hechos cometidos" y reparar el bien vulnerado que dio lugar a su condena por la comisión de un delito.
Así, durante el tiempo de la suspensión, el condenado puede demostrar su rehabilitación, restaurando el daño causado o, en caso contrario, no mostrarse merecedor de dicha suspensión, por lo que se revocaría la decisión, indica.
* Málaga Hoy - EFE - 30.10.11
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - malagahoy.es
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ELPAÍS/Madrid* : El TSJM anuló los presupuestos roceños de 2005 y 2008.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el presupuesto del Ayuntamiento de Las Rozas para el año 2009 por, entre otros motivos, no ajustarse a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid al utilizar el dinero obtenido con la venta de suelo público para financiar gastos no contemplados en esta normativa, según la sentencia. "No se ajusta a la determinación de lo que se consideran redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos del artículo 36 de la Ley Territorial 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto no se ajustan a los fines prevenidos en el artículo 176 de la referida Ley", especifica el TSJM en sus Fundamentos de Derecho.
La denuncia fue presentada por el PSOE de la localidad. La resolución del TSJM no es firme, por lo que el Ayuntamiento, según han informado fuentes municipales, ha presentado un recurso de casación. Esta no es la primera vez que el TSJM anula los presupuestos del Ayuntamiento de Las Rozas. Similares sentencias ha dictado este organismo contra los presupuestos de los años 2005 y 2008. "El Ayuntamiento de las Rozas, gobernado por el Partido Popular, utiliza sistemática e indebidamente el producto de la venta de bienes del Patrimonio Municipal de Suelo para financiar gastos no permitidos por la normativa legal vigente", han señalado los responsables del PSOE.
Los socialistas han hecho alusión a otros aspectos a los que alude la sentencia del TSJM, como que en los presupuestos de 2009 "no se han cumplido" las condiciones de nivelación presupuestaria. "Resulta muy importante resaltar que la ejecución del presupuesto del año 2009 finalizó con el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Las Rozas del objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que a 31 de diciembre de 2009, la Hacienda municipal tenía una necesidad de financiación de más de 26 millones de euros", ha puntualizado el portavoz socialista, Miguel Ángel Ferrero.
Para el concejal de la oposición, los datos "demuestran" la "falta de respeto" a las sentencias dictadas por el TSJM, la "pésima gestión" que el Gobierno municipal del Partido Popular realiza de los recursos municipales y "la alta e innecesaria" presión fiscal que "sufren" los vecinos. De este modo, ha asegurado que entre 2001 y 2012 el IBI se ha incrementado una media de un 20%. "Esto sirve para financiar equipamientos innecesarios como la Plaza de Toros o para gastos prescindibles como publicidad y propaganda, entre otros", ha concluido.
Recurso de casación presentado por el Ayuntamiento
Fuentes municipales han subrayado que la sentencia no es firme y que por este motivo han presentado un recurso de casación contra la misma. Asimismo, han asegurado que "no se produjo" la venta de suelo municipal prevista y que las cuentas de 2009 dieron un "resultado positivo" por lo que se "evitaron los desequilibrios" que la sentencia "considera que se pudieran haber producido".
Estas fuentes han explicado que el ejercicio de 2009 "ya ha sido liquidado" y que se han aprobado las cuentas generales que "dieron un resultado presupuestario ajustado positivo cercano a los 5 millones de euros". "De estos datos de liquidación presupuestaria positiva se desprende que la ejecución del presupuesto de 2009 se fue ajustando a las circunstancias económicas que se producían y a las variaciones que la economía tuvo en ese año. Con ello se consiguió un resultado positivo, evitando los desequilibrios que la sentencia considera que se pudieran haber producido", han aclarado.
"Tampoco se produjo la enajenación del suelo prevista en ese presupuesto, por lo que obviamente no hubo venta de bienes del patrimonio municipal para financiar ningún tipo de gasto", han añadido. Desde el Consistorio han afirmado que sus responsables "acatan" y "tienen en cuenta siempre" las sentencias y consideraciones de los Tribunales "adaptando siempre" las interpretaciones en la configuración presupuestaria a aquellas que se consideran más adecuadas a la legalidad por los tribunales.
Respecto a las críticas que realizan los socialistas a la gestión municipal de los recursos por parte del equipo de Gobierno, estas fuentes han asegurado que los servicios que se prestan son de la "máxima calidad" y que este hecho a convertido a Las Rozas en uno de los municipios "más demandados" por los habitantes de la Comunidad para "establecer su residenia". Con todo ello, han señalado que los motivos que han generado tal demanda son la presión fiscal que es de las "más bajas" de los grandes municipios de la Comunidad. A ello han sumado el hecho de que las cuentas municipales están saneadas "al contrario" de lo que "sucede" en otros municipios "gobernados por el PSOE como es el caso de Parla".
* El País - EP - Madrid - 02/11/2011
Foto: Las Rozas (Madrid), ayuntamiento - wikimedia.org
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20MINUTOS* : El jurista y exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha animado este martes al movimiento 15-M, en la Puerta del Sol de Madrid, a luchar contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales por ser refugio del "dinero ilícito y sucio" que perjudica al conjunto de la sociedad. Según Jiménez Villarejo, los paraísos fiscales sólo sirven para "garantizar el enriquecimiento de las grandes fortunas y de las grandes empresas a costa de la sociedad" y, por lo tanto, "son los enemigos de la democracia y de las personas".
El jurista y exfiscal ha intervenido ante más de un centenar de personas reunidas en la Puerta del Sol para participar en la "Cumbre para las personas", organizada por el movimiento 15-M en respuesta a la reunión del G-20 que tendrá lugar en Cannes (Francia) esta semana. Jiménez Villarejo ha querido así "enviarle un mensaje al G-20 sobre la necesidad de acabar definitivamente con la presencia de la banca en los paraísos fiscales".
A medio plazo, el objetivo debería ser acabar con la existencia de los paraísos fiscales como "espacio de negocios en el que todos se caracterizan por ser fundamentalmente ilícitos". En la misma línea, ha pedido combatir el fraude fiscal, que supone "un robo a toda la sociedad" puesto que "quien defrauda perjudica a miles de ciudadanos que no podrán beneficiarse de los servicios sociales que el Estado no podrá costear".
Según una portavoz del 15-M, en España el fraude fiscal está en torno a los 80.000 millones de euros, mientras que el dinero español en paraísos fiscales ronda los 20.000 millones. Los indignados han elaborado un documento con propuestas para combatir estas lacras, entre las que figuran la de dotar de más medios a la Agencia Tributaria y ampliar los plazos de prescripción de este tipo de delitos.
Piden también modificar el Código Penal para ampliar las multas y las penas de prisión y la obligatoriedad de todos los Estados de elaborar un informe anual con información sobre todos los ciudadanos extranjeros que hayan abierto cuentas bancarias en el país.
Jiménez Villarejo, que ha calificado las propuestas de "sensatas y acertadas", ha recomendado a los indignados que las presenten a los partidos políticos, organismos y jueces como método para "seguir dando pasos en la lucha por un sistema tributario más justo".
* 20 Minutos - EFE - 1.11.11
Foto: Indignados, asamblea agosto Sol - EFE
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ELPAÍS/Tarragona* : La marcha de la aerolínea irlandesa Ryanair del aeropuerto de Reus a partir del 6 de noviembre y hasta el mes de abril supondrá que un total de 88 trabajadores se quedarán en el paro directamente, aunque los empleos indirectos relacionados ascenderán hasta los 300, según fuentes sindicales del aeródromo. Reus queda durante cinco meses en manos de los vuelos privados, el Aeroclub de Reus, el Centro de Estudios Superiores de la Aviación (Cesda) o la base que Salvamento Marítimo posee en el aeródromo, pero sin vuelos comerciales. El año pasado, en estas mismas fechas, contaba con 9 destinos, 28 rutas y 54 operaciones semanales, un 11 por ciento menos que en 2009. La marcha dejará este invierno a la Costa Dorada sin 75.000 pasajeros que habitualmente se desplazaban a esta zona en avión, lo que aumentará la estacionalidad del aeropuerto de Reus, con una proporción de viajeros de 8 en verano por 1,2 en invierno.
AENA asegura que negocia con 13 aerolíneas la sustitución de Ryanair tras su anuncio de no operar en invierno si no recibe más de esos 3,5 millones anuales que ya percibe. Los contactos están centrados en alguna gran aerolínea rusa por la pujanza mostrada este año por el turismo de este país en la Costa Dorada. Por su parte, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, ha recriminado a AENA que no haya hecho "ningún gesto para ayudar" en las negociaciones con Ryanair para asegurar la continuidad de la aerolínea en Girona, Reus y Lleida.
El aeropuerto de Reus es hoy un erial sin apenas movimiento después de que este pasado fin de semana dejaran de operar los últimos vuelos comerciales programados por la aerolínea irlandesa, que sólo ha mantenido para esta semana sus tres rutas a Dublín del jueves y el fin de semana, por lo que el 6 de noviembre la soledad reinará en sus instalaciones.
Después de que ayer la compañía chárter Thomas Cook operara sus últimos vuelos a Newcastle y Manchester (Reino Unido), y tras la marcha de Ryanair hasta finales de marzo -si se cumplen las previsiones-, se ven afectados 60 empleados de tierra de Lesma Handling -los 20 fijos, con el compromiso de readmisión si vuelve Ryanair-, pero también una treintena más de otras empresas de servicios que tienen sus instalaciones en el aeropuerto. Por ello, estas fuentes sindicales cifran en unos 300 los trabajadores afectados si a los del aeropuerto se suma el personal de hoteles, restaurantes y zonas de ocio.
Por su parte, la Generalitat mantendrá vigente el convenio firmado con la compañía de bajo coste Ryanair mientras ésta opere la mitad de los vuelos previstos en el contrato, aunque le pagará según el número de operaciones, y dedicará los 3,5 millones de euros anuales que recibía la aerolínea irlandesa a intentar buscar nuevos clientes. Así, el grupo de trabajo del Aeropuerto de Reus se ha transformado en la Mesa Estratégica para el Impulso del Aeropuerto de Reus ha acordado reunirse con AENA tras las elecciones del 20N para que baje las tasas en el aeródromo del Baix Camp.
* El País - 31.10.11
Foto: Aeropuerto de Reus (Tarragona).- JOSEP LLUÍS SELLART - elpais
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ATLÁNTICO* : Una resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aceptó un escrito instando a la ejecución de la sentencia. Da quince días al Concello para cumplir.
Más problemas urbanísticos para el ayuntamiento vigués, de nuevo por un asunto que lleva sin resolverse desde hace más de diez años. En este caso se trata de la urbanización Pastora, situada en las inmediaciones del pazo y compuesta por tres volúmenes con cientos de viviendas afectadas: la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió una resolución con fecha 24 de octubre en la que insta a los responsables muncipales -el alcalde y la concejala de Urbanismo, Carmela Silva- a cumplir la ejecución de la sentencia firme. Un fallo que implica el derribo de lo ilegalmente construido en el ámbito de la Unidad de Ejecución III-05 Pastora. El juez advierte a alcalde y concejala con las consecuencias de incumplir esta resolución. La primera, una multad coercitiva.
De forma expresa, el tribunal gallego requiere al Ayuntamiento de Viog 'para que cumpla las declaraciones contenidas en la sentencia dictada en abril de 2000' tras el recurso contencioso presentado por el vigués Eduardo Canabal, que logró que el Tribunal de Galicia anulara el proyecto, lo que conlleva que también decaen las licencias concedidas.
En segundo lugar, el TSXG requiere al Concello de Vigo para que en el plazo de 15 días desde la notificación de la resolución -que acaba de llegar a manos municipales- remita a la Sala de lo Contencioso copia de los practicado en cumplimiento de la sentencia. Por último, y más importante, el juez advierte de que si no se cumple el fallo en el plazo señalado se adoptarían otras medidas, 'singularmente la imposición de una multa coercitiva, sin perjuicio de deducir en su momento testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiese corresponder'.
Difícil encaje en el pgom, complicada legalización
El Concello, al amparo del Plan de Urbanismo (PGOM) de 2008, ha conseguido legalizar varias edificaciones condenadas por los jueces, pero no todas. De momento, suma las torres de García Barbón, el bloque de viviendas de Jacinto Benavente y más recientemente los chalés de Canido-Porto. En el caso de la Pastora hay dificultades para encajar el volumen desarrollado -objeto del recurso y la sentencia, por considerarse excesivo- con su entorno, lo que ha llevado a que el asunto se alargue y haya continuado en manos del Tribunal de Galicia. Aunque el derribo continúa siendo una posibilidad, parece casi imposible que se produzca. Sí podría ser parcial en la Colina de Castrelos y en Churruca 3-5. Quedan los aparthoteles de Samil, todavía sin legalizar, y Finca do Conde, donde el alcalde busca sacar tajada electoral.
* Atlántico - 3.11.11
Foto: Los edificios de la urbanización Pastora, en las proximidades de Castrelos.- atlantico
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MALAGAHOY* : Los tribunales tienden a inhabilitar a los acusados e imponerles pena de multa, a lo sumo condenan a un año de prisión.
El alcalde de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE), se sentará en el banquillo el próximo 3 de noviembre por un delito contra la ordenación del territorio. El 28 de noviembre será de nuevo juzgado por otra causa similar. El 20 de octubre el Juzgado de lo Penal nº2 condenó al ex alcalde de Gaucín Francisco Corbacho (PA) por autorizar licencias para edificar en suelo no urbanizable. El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín (PP), y su concejal de Urbanismo están acusados en un juicio que comenzó el 22 de octubre y previsiblemente concluirá en enero por delitos relacionados con la gestión del territorio. Cuando termine esta vista oral podrá celebrarse la que se tuvo que suspender, entre otras causas porque la Fiscalía no da abasto, contra el alcalde de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza). El exalcalde de Ronda Antonio Marín Lara (PSOE) fue detenido el 27 de septiembre acusado de corrupción político urbanística. Mientras tanto, el juicio por el caso Malaya, por corrupción político urbanística en Marbella durante los tiempos del GIL, sigue celebrándose desde hace ya más de un año.
Además, el alcalde de La Viñuela, Juan Millán (PSOE), ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para cumplir dos años y tres meses de cárcel por una docena de causas urbanísticas. Ha aceptado nueve meses por delito, beneficiándose del sistema que le permite cumplir el triple de la pena mayor, o sea 27 meses. A comienzos de octubre se comprometió a ingresar en la cárcel a partir del 6 de octubre aunque, por el momento, no se han tenido noticias de que se haya producido su ingreso en la prisión. El negocio del ladrillo se ha detenido, pero la cara oculta del boom vivido desde finales durante la última década pasa ahora factura a los alcaldes.
En enero de 2010 había cinco alcaldes condenados por delitos contra la ordenación del territorio. Desde entonces otros seis han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos por periodos que oscilan entre los siete y nueve años en sentencias que además incluyen multas y excepcionalmente un año de prisión. En resumen, a estas alturas hay 11 alcaldes condenados: Benalmádena, Gaucín, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Carratraca, Cómpeta, Marbella, Ojén, Salares, Valle de Abdalajís y Viñuela. De ellos , cuatro pertenecen al PP (Canillas de Albaida, Cómpeta, Salares y Valle de Abdalajís), tres al PSOE (Canillas de Aceituno, Ojén y La Viñuela), uno al Partido Andalucista (Gaucín) y dos independientes (Julián Muñoz, GIL; y Enrique Bolín, GIB). En cualquier caso, las sentencias dictadas hasta la fecha indican que los tribunales tienden a apartar del ejercicio público a los regidores acusados de permitir por acción u omisión las edificaciones en suelo no urbanizable o protegido, en detrimento de la privación de libertad.
No obstante, en este periodo también han sido archivadas antes de llegar a juicio las causas por prevaricación urbanística que se seguían contra los alcaldes y ex alcaldes de Cártama (José Garrido, PSOE), Casares (Juan Sánchez, IU), Torrox (Francisco Muñoz, PSOE) y Estepona (David Valadez, PSOE), mientras que los tribunales han absuelto a regidores y ex regidores de Villanueva del Trabuco (Antonio Vegas, PSOE), Cártama (Leonor García Agua, PP) y Sayalonga (José Luis Navas, PSOE, que tiene otra causa pendiente). Sin embargo, todavía quedan 19 alcaldes imputados en procedimientos urbanísticos. La mayoría han sido acusados de conceder licencias para edificar en suelo no urbanizable en pequeños municipios y no tienen aparejados otros delitos que los vinculen a la corrupción política. La excepción son los de Marbella, Estepona, Manilva, Alcaucín, Alhaurín el Grande y Ronda en los que se sospecha que se han cobrado sobornos a cambio de decisiones relacionadas con el urbanismo.
Tan sólo en estos seis procedimientos hay imputadas cerca de 300 personas. Entre ellos destacan los 95 que son objeto de enjuiciamiento en Malaya (de ellos dos ya condenados tras un acuerdo de conformidad y otro absuelto) y los 20 que se sientan en el banquillo del caso Troya. Además, el caso Astapa contra la corrupción en Estepona, que todavía sigue en instrucción suma ya 99 acusados. También sigue abierto el caso Arcos en Alcaucín. La investigación se ha ampliado a las licencias expedidas en este Ayuntamiento durante la última década, de ahí que lacifra crezca esté en permanente aumento. Finalmente, el caso Acinipo en Ronda ha arrancado con siete sospechosos.
* Málaga Hoy - 30.10.11
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento (archivo) - J.Domínguez, EFE
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INFORMACIÓN* : El juez instructor de la pieza del caso Brugal por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha citado a declarar como imputadas a otras siete personas, quienes, a juicio del fiscal, son supuestamente responsables de delitos de aprovechamiento de información privilegiada y/o de participación en cohecho.
A través de un auto, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el titular del Juzgado de Instrucción nº5 de Alicante, Manrique Tejada, recuerda un informe de la Fiscalía Anticorrupción, en el que se hace constar una serie de delitos investigados en relación al PGOU y personas "supuestamente responsables" de los mismos.
Entre éstas, al margen de otras que ya han declarado, figuran siete personas, dos de ellas por supuestos delitos de participación en cohecho y aprovechamiento de secreto o información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, y las restantes sólo por este último delito.
Las dos primeras son el empresario Aurelio González y el consejero de la mercantil de este último, Vicente Pérez, mientras que las otras cinco son José Gregorio Bernabé, relacionado con la empresa Aligestión; el promotor Ramón Salvador, los empresarios Juan José Climent y José Francisco Javier León, y el exdirector general adjunto de Bancaja Juan Zurita.
El juez ha acordado la citación de José Gregorio Bernabé, Aurelio González y Ramón Salvador para el próximo 14 de noviembre, y el resto declarará siete días después.
La del planeamiento urbanístico de Alicante es una de la veintena de piezas separadas surgidas a raíz de la investigación inicial, que se centró en las supuestas irregularidades en la concesión del servicio de basuras de Orihuela y a partir de la que también después se descubrieron supuestas ilegalidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja.
El fiscal Anticorrupción de Alicante cree que la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, del PP, debe ser imputada dentro de la operación "Brugal" del PGOU por beneficiar al constructor Enrique Ortiz, aunque ésta siempre ha negado las acusaciones de trato de favor.
El escrito de la acusación pública apunta a que Castedo facilitó "en gran cantidad de ocasiones" información privilegiada a Ortiz en relación al nuevo PGOU, producto de lo cual el planeamiento se diseñó "a la medida" del empresario en "aspectos relevantes".
Se refiere a "apaños" en las zonas urbanísticas "APA-9", "Lomas de Garbinet" y el estadio "Rico Pérez", y también a que la alcaldesa recibió "dádivas" del empresario, como el pago de unas vacaciones en Andorra, un viaje en yate a Ibiza, la compra de un coche Mini Cooper y la aceptación de empleo a personas de confianza de Castedo.
En esta causa, el fiscal también considera implicado a su antecesor en el cargo al frente del consistorio alicantino Luis Díaz Alperi por supuestamente haber dado trato de favor a Ortiz.
No obstante por su condición de diputados autonómicos en Les Corts Valencianes, Castedo y Díaz Alperi, ambos del PP, están aforados y, en principio, sólo podrían ser citados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Ya han declarado en este juzgado como imputados Ortiz -a quien los investigadores consideran el principal beneficiado-; su esposa, María Manuela Carratalá; el arquitecto Jesús Quesada, el empresario Bernardo Campos, los exdirectivos de Caja Mediterráneo y Bancaixa Daniel Gil y José Cortina, respectivamente, y los abogados José Luis Castedo -hermano de la alcaldesa-, Jorge Yacobi y Javier Gutiérrez.
* Información - EFE - 1.11.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi - adn
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PÚBLICO/Madrid* : Poco les importa el imperativo de la Junta Electoral de Madrid, que ha prohibido las manifestaciones y concentraciones en la Puerta del Sol y otros lugares emblemáticos de la capital durante la campaña electoral. Los indignados se concentrarán el próximo viernes en la plaza donde estuvieron acampados durante casi un mes la pasada primavera.
Así lo decidieron el domingo en la asamblea general de Sol, donde se acordó, además, que ese día se lleven a cabo asambleas y debates electorales en la plaza. Sobre las 12 de la noche, los indignados emularán la pegada de carteles de los partidos tradicionales con una "pegada colectiva de carteles apartidistas". Aunque en la página web del movimiento hay ejemplos de carteles que pueden descargarse, los convocantes aseguran que confían en "la creatividad descentralizada" para producir pancartas originales.
"El objetivo es la reflexión ante la campaña electoral que se avecina y las restricciones en el uso de los espacios públicos, que quedan reservados para los partidos políticos, negando otras formas de organización y participación democráticas", se lee en un texto consensuado en la asamblea. Desde el movimiento, se denuncia que durante la próxima campaña los lugares reservados para la celebración de actos electorales y en los que, por tanto, estará vetado el ejercicio de manifestación son un 65% más que en la campaña de las autonómicas y municipales de mayo de 2011 y 45% más que en las generales de 2008.
Según los indignados, la acción del próximo viernes representa "la continuidad de la desobediencia civil colectiva" que ha caracterizado al movimiento desde su eclosión, el pasado 15 de mayo. Los convocantes dan la bienvenida a cualquier acción que promueva el debate "democrático y ciudadano" en el espacio público e invitan a comisiones, grupos de trabajo, asambleas y a cualquier otra persona a "dotar de contenidos" la jornada.
"Mala noticia"
El pasado viernes, la comisión de legal del 15-M de Sol, a través de un comunicado, calificó de "mala noticia" la restricción de la Junta Electoral. En el mismo texto, este grupo considera que "gran parte de la ciudadanía" ya ha asumido que el derecho a la participación política no se limita a ejercer el derecho a voto y ha optado por tomar calles y plazas para mostrar su indignación, sin que ello haya causado "especiales problemas de orden público".
En este sentido, estiman que la prohibición de la Junta Electoral convierte la campaña "en una especie de estado de excepción encubierto". Por ello, dicen esperar que la "sensatez" rija las posturas de representantes políticos y jurídicos para que se vean representados los derechos fundamentales de toda la ciudadanía.
Al mismo tiempo, la plataforma virtual de movilización ciudadana Oiga.me ha iniciado una campaña de envío masivo de emails de protesta, aunque "educados y tranquilos" matizan, a la Junta Electoral. Asimismo, centenares de ciudadanos expresaron durante la jornada de ayer su desacuerdo con esta decisión en Twitter bajo el hashtag #tururu.
* Público - ELENA HERRERA MADRID 01/11/2011
Foto: Imagen de una pancarta durante unas de las asambleas del Movimiento 15-M en Sol - público
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