ARAGÓNDIGITAL* : El cartel publicitario situado junto al puente de la avenida de América tendrá que ser retirado. El Consejo de Gerencia de Urbanismo aprobó este jueves iniciar el procedimiento, después de que la Asociación de Vecinos de Venecia denunciara que, a nivel paisajístico y patrimonial, "supone un atentado contra el entorno del Canal Imperial".
Las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos de Venecia ha conseguido “una pequeña victoria”. El colectivo lleva desde el año 2010 solicitando la retirada de un cartel publicitario situado junto al puente de la avenida de América, por considerar que “distrae la atención de los conductores y a nivel paisajístico y patrimonial supone un atentado contra el entorno y el estilo de las obras históricas del Canal Imperial de Aragón”, informan en un comunicado. Después de presentar varias instancias a Urbanismo, este miércoles el Consejo de Gerencia aprobó de forma provisional iniciar el procedimiento de retirada de esta instalación.
Según fuentes municipales, la empresa tiene ahora un plazo de 15 días para presentar alegaciones y un mes como máximo para retirar la valla publicitaria.
La asociación ha apuntado que la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza “solicitó el alejamiento del cartel del entorno del Canal, ya que afecta negativamente a su contemplación”. Además, tras la reclamación vecinal salió a la luz que “el cartel estaba colocado sin los permisos y las concesiones correspondientes”.
Esto es lo que les ha animado a seguir “luchando por la conservación de este espacio”. El colectivo también presentó alegaciones por el proyecto de quiosco situado en ese mismo entorno, “ya que incumple las normativas a nivel de Patrimonio y paisajísticas, medio ambientales y urbanísticas”, que fueron desestimadas.
* Aragón Digital - 4.11.11
Foto: Denuncian que el cartel "atenta" contra el entorno paisajístico y patrimonial - aragondigital
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ELCORREOWEB* : Urbanismo se expone a pagar 70.000 euros al día por paralizar 10 promociones y 4 centros sociales.
Las obras de 10 promociones con un total de 1.046 viviendas de protección oficial y cuatro centros de servicios sociales llevan paralizadas una semana tras el despido de cuatro aparejadores de Emvisesa, lo que deja en el aire los puestos de trabajo de 980 operarios, algunos de los cuales ya han sido despedidos, según dio a conocer ayer el portavoz municipal del PSOE, Juan Espadas.
El frenazo puede costar unos 70.000 euros diarios en indemnizaciones a las 12 constructoras afectadas; y dado que harán falta al menos 20 días para subsanarlo, el coste será de al menos 1,4 millones de euros, a los que habrá que sumar 500.000 en nuevos seguros de responsabilidad civil.Así lo concretó un representante legal de los aparejadores despedidos, que precisó que éstos han demandado a Emvisesa, primero porque llevan años trabajando en la empresa como falsos autónomos, por lo que han pedido ser considerados personal laboral; y tras su despido están elaborando otra demanda por despido nulo, ya que son la sección sindical de UGT en Emvisesa y candidatos a las inminentes elecciones al comité de empresa.
Espadas calificó ayer de "inconcebible e irresponsable", dada la tasa de paro y la crisis económica, "paralizar sin tener en cuenta el quebranto económico" que supone tanto para las constructoras subcontratadas como para el consistorio, y reclamó el cese del gerente de Emvisesa, alegando que "se lo ha ganado a pulso".
El portavoz socialista detalló que el despido de los aparejadores, anunciado antes del verano y hecho efectivo el viernes pasado, obligó a Emvisesa a paralizar todas las obras que tenía en marcha porque de ellos dependía la dirección facultativa de los trabajos. Esta decisión fue comunicada el mismo viernes por fax a las subcontratas, que ya han comenzado a prescindir de trabajadores, puesto que no se sabe cuándo se reanudarán las obras.
Espadas, que ha considerado "legítima" la decisión de despedir a los aparejadores "pese a que no son la dirección política de Emvisesa, sino la dirección facultativa", sí ha insistido en el grave daño económico que supondrá haberlo hecho sin prever que eso paralizaría todas las obras de Emvisesa, que suponen "el 50% de la obra viva" en Sevilla.
Las promociones afectadas se encuentran en la Avenida de Andalucía (66 viviendas), Campo de los Mártires en Nervión (105), las calles Albérchigo (52) y Torrelaguna (52) de Torreblanca, El Porvenir (245), San Luis (25 viviendas y talleres), Sevilla Este (dos promociones de 134 y 147 viviendas y otra de 32 alojamientos protegidos en la calle Flore de Papel) y Nuevo Amate (220). También se han parado las obras de los centros de servicios sociales comunitarios de Bellavista, San Pablo, Norte y Este.
Espadas anunció que el PSOE reclamó información sobre la paralización el viernes 28 al gerente, Alberto de Leopoldo, pero al no recibir respuesta decidió darla a conocer. Los miembros del consejo de administración de esta empresa municipal tampoco han sido informados. "Ésta es la transparencia de la que hablaba el Partido Popular", ironizó Espadas, que señaló que "además de permitir que la oposición se siente en los consejos de administración hay que convocarlos, si se quiere ser transparente". El portavoz socialista exigió una respuesta inmediata del alcalde y, en caso de ser una decisión tomada por el gerente por su cuenta, su cese inmediato.
El portavoz del Gobierno, Francisco Pérez, se limitó a precisar en un comunicado que el cese de los aparejadores se debió a que se encontraban en una "situación irregular" heredada del Gobierno anterior, sin dar detalles, y los culpó por no aceptar la forma de regularizar sus contratos ofrecida por el Consistorio.
* El CorreoWeb - 4.11.11
Foto: Uno de los bloques de viviendas de protección oficial paralizados que construye Emvisesa en Sevilla Este. - El Correo
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ELPAÍS/Alicante* : El cierre supondría 16,8 millones de pérdidas.
La Ciudad de la Luz reconoce ante el juez una deuda por pagos pendientes de 8.517.592 euros. José Antonio Escrivá, director del complejo audiovisual tutelado por el Consell, esgrime esta abultada deuda para solicitar al titular del Juzgado nº6 de Alicante que levante el embargo de 1,5 millones que le fue impuesto. Escrivá señala en el escrito que de materializarse la medida el complejo se vería abocado al cierre por falta de liquidez para afrontar gastos corrientes básicos, como la luz o el teléfono.
Este juzgado condenó a la Ciudad de la Luz a pagar a la empresa Valoriza casi 1,5 millones de euros por impagos y sobrecoste en la obra de construcción del tanque de agua del complejo cinematográfico.
La Ciudad de la Luz presentó la semana pasada en el juzgado un escrito de oposición a la resolución del magistrado de embargar sus cuentas. En el mencionado escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la dirección de la Ciudad de la Luz detalla al juez el total de pagos pendientes del complejo cinematográfico. Los capítulos más destacados de la deuda pendiente de la empresa son el de obra y mantenimiento que suman 3.108.711, 17 euros, el pagaré, que asciende a 3.317.730,20 euros, y los 1.257.518,84 euros que debe a proveedores de servicios.
En la partida de obras y mantenimiento destaca la deuda con la UTE (Audeca-Tyosa), de 1.838.794; con ATISAE de 556.448; con MAGIN 339.959; y con Telefónica 169.250. El complejo reconoce deudas inferiores a los 100.000 euros a CESSER (89.351) Bureu Veritas (49.591), Cesser (89.351), Lubasa (35.537), Fotostil (10.488) y Grupo Item (19.288).
De acuerdo con el documento que obra en el juzgado, la Ciudad de la Luz admite unos gastos fijos mensuales por suministros (energía eléctrica, agua, gas y teléfono móvil y fijo) de 98.818 euros. En jardinería y riego, cada mes pagan 77.531, y en gasto integral de las instalaciones, otros 95.997 euros. Esta partida incluye los sueldos de las 14 personas contratadas para cubrir este servicio. Cada mes, la Ciudad de la Luz destina a mantenimiento de tecnologías e informática 6.429 euros, con una persona contratada.
En el escrito al juzgado, la Ciudad de la Luz asegura que tiene un contrato de patrocinio con las productoras Castafiore Films y Tornasol Films con el compromiso de rodar entre cuatro y ocho películas al año por valor de 250.000 euros. Otros gastos comprometidos son 6.500 euros para informática y otros 27.341 euros mensuales para el capítulo de asesoramiento jurídico.
La empresa cifra en 65.253 euros mensuales su gasto de personal, que en la actualidad son 17 personas, aunque esta semana despidieron a la secretaria de la exdirectora, Elsa Martínez, y a un chófer. Además de la plantilla de Ciudad de la Luz, en el Centro de Estudios trabajan 58 personas como profesores o personal de administración, otras 34 en tareas de limpieza y mantenimiento y otras 40 en laboratorios, seguridad y limpieza. El número de trabajadores relacionados con Ciudad de la Luz y el Centro de Estudios asciende en total a 150.
El informe destaca que desde el año 2005, cuando se realizó el primer rodaje, se han realizado 59 producciones que han supuesto un ingreso de 174 millones de euros que han supuesto la contratación de 4.757 personas, más de 3.000 contratos con empresas, y casi 150.000 pernoctaciones en hoteles de Alicante.
Los actuales gestores de Ciudad de la Luz calculan que las pérdidas que supondría el cierre de las instalaciones serían de 16,8 millones de euros, y se dejarían 100 contratos con empresas valencianas y unos 500 empleos, además de las pérdidas en la hostelería, que solo en 2010 obtuvo 16.840 pernoctaciones.
El complejo admite que debido a la situación de crisis generalizada “atraviesa graves problemas de liquidez” por lo que se ha visto obligado a atrasar pagos pendientes a sus proveedores, dilatar los mismos o incluso plantear un plan de pagos. La Ciudad de la Luz reconoce que se nutren de los presupuestos de la Generalitat y que “no han percibido los importes aprobados en su totalidad, por lo que la situación de la tesorería es extremadamente delicada”.
Otro de los argumentos que esgrimen para intentar aplazar el embargo es que hay ciertos pagos imposibles de demorar, como son los de luz, agua, gas y teléfono. “El caso más grave es el de los suministros ya que la devolución de algún recibo supondría el corte del suministro, con las desastrosas consecuencias que esto conlleva”, reza el informe.
Los gestores del complejo advierten de que el no levantamiento del embargo causaría “un daño irreparable e irreversible” y abocaría al cierre de los estudios, del centro de formación y de los Laboratorios.
La Ciudad de la Luz admite que se quedarían en la calle unos 400 alumnos y 150 trabajadores, y que se verían inmersos en un “sin número de demandas por daños y prejuicios” de productoras de incalculables consecuencias. La Ciudad de la Luz plantea una medida alternativa a la ejecución de la sentencia y ofrece al juzgado un bien inmueble por valor de 1.461.338, 80 euros.
¿Inversores interesados?
La Ciudad de la Luz es una losa pesada que, aunque alguien la venda, pocos la querrán comprar. El complejo de cine arrastra una deuda global de 190 millones de euros, un déficit patrimonial de 28 millones y un desfase del fondo de maniobra de 68,5 millones, según datos de la Sindicatura de Cuentas. Además, ahora, el propio complejo admite ante el juzgado 8,5 millones de pagos pendientes a empresas y proveedores.
Pese al complicado escenario presupuestario, la Generalitat valenciana insiste en vender que diversos grupos inversores extranjeros han expresado “interés” por la Ciudad de la Luz de Alicante. Los inversores extranjeros, entre los que hay un grupo de los Emiratos Árabes, asumirían la gestión de los estudios. Pero no hay más detalles concretos sobre las negociaciones. Preguntada ayer por esta cuestión, la consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, no quiso confirmar que el complejo estuviera en venta, y se limitó a mostrar que la voluntad del Consell es que estas instalaciones “trabajen al máximo rendimiento”. Johnson dijo: “Lo importante de la Ciudad de la Luz es que está ahí, que es un complejo estupendo, que ha estado trabajando muchos años. Ahora lo que queremos es que trabaje al máximo rendimiento”.
El recién nombrado director general de Ciudad de la Luz, José Antonio Escrivá, ya se refirió hace unas semanas a una posible privatización de los estudios diciendo: “Es como cuando tienes un inquilino, ese inquilino se va y tienes que arreglar el piso y volver a meter un inquilino que te interese, mientras tanto se escuchan ofertas, se ven las posibilidades” pero “con la delicadeza de que esto es público”, advirtió.
La Ciudad de la Luz mantiene también un litigio con Aguamarga Gestión de Estudios (AGE) con la que se comprometió a pagar 2,5 millones de euros anuales por su trabajo, pero dejaron de cobrar en agosto de 2009. Por eso, en septiembre de 2010, AGE demandó por el impago de dos millones de euros a Ciudad de la Luz. Y el pleito con Valoriza, del grupo Sacyr Valhermoso, por impagos en la construcción del tanque de agua se ha resuelto ahora con la condena a la Ciudad de la Luz de 1,5 millones de euros que no puede pagar.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ Alicante 27 OCT 2011
Foto: Alicante, ciudad de la luz - ciudaddelaluz.com
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PRENSALATINA/La Habana* : Delegados de América, África y Europa reconocieron hoy aquí la importancia de la participación ciudadana en las estrategias de gestión y ordenamiento urbanístico, sobre todo en función de los intereses de grupos genéricos y generacionales.
Los jóvenes, las mujeres y los ancianos deben estar en el centro de las proyecciones de los espacios sociales, afirmaron participantes en la XIV Convención Internacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.
A ese evento, con sede en el capitalino Palacio de Convenciones y que concluirá mañana, asisten unos 300 representantes de las mencionadas áreas geográficas.
La mesa de trabajo Desarrollo urbano, conjuntos habitacionales y movilidad reunió iniciativas aplicadas en diferentes latitudes para priorizar las necesidades de dichos segmentos poblacionales.
Renata Gastal, de Brasil, y Reynier Rodríguez, de Cuba, expusieron en sus respectivas ponencias la importancia de crear una urbanización que considere las funciones y deseos de las mujeres, como fuerte grupo emergente en la actividad productiva de las naciones.
Ambos especialistas resaltaron la necesidad de desarrollar un ordenamiento territorial que posea un enfoque sociológico, en el cual las mujeres puedan intervenir activamente en la organización de su entorno.
La mexicana Liliana Badillo enfatizó en el sector juvenil como un capital social que precisa el mejor hábitat posible para el desenvolvimiento de sus prácticas cotidianas.
Muchas veces los planes urbanísticos, fundamentalmente los grandes conjuntos habitacionales, dedican zonas a los niños, pero se olvidan de que estos un día crecen y requieren un ambiente propicio.
Otras intervenciones se refirieron a la situación de la tercera edad, la cual demanda paisajes urbanos que mejoren la movilidad, erradiquen barreras constructivas y generen formas de esparcimiento adecuadas.
* Prensa Latina - 3.11.11
Foto: La Habana (Cuba), plaza - google
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ELPAÍS* : La red corrupta Gürtel obtuvo de la sociedad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) la firma de contratos por un total de 2,4 millones de euros. Ahora, la policía ha desvelado cómo dos directivos de este organismo público estatal recibieron, según la contabilidad incautada a la trama, dádivas en forma de viajes, obras particulares y dinero en efectivo. Estos pagos coinciden en el tiempo con la firma de los contratos en los que, según la policía, participaron dichos empleados. Las operaciones se realizaron entre 2001 y 2002, cuando el ahora presidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, era ministro de Fomento y el máximo responsable de AENA.
La organización de eventos para el Partido Popular posibilitó a la red corrupta Gürtel "establecer un conjunto de relaciones" con responsables del "aparato del partido" que le permitieron "obtener negocio en aquellas Administraciones públicas gobernadas por personas pertenecientes a dicha formación política". Así de claro explica el informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la policía cómo llegó el cabecilla de la trama hasta AENA, un organismo dependiente del Gobierno que entonces presidía José María Aznar.
La policía ha destapado el pago de comisiones, por un valor total de más de 85.000 euros, en un documento, realizado a partir de la contabilidad de las sociedades de la red Gürtel.
Sin embargo, fue el propio Correa quien, en su declaración ante el juez Baltasar Garzón, en 2009, admitió su relación con Cascos y con AENA. "Una de las cuentas que teníamos entonces era de AENA porque Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur [Feria Internacional de Turismo] y se hacían un montón de eventos", dijo Correa ante el juez. Desde entonces, no se había realizado ninguna pesquisa sobre la relación de la trama con este organismo del Gobierno.
Álvarez-Cascos, que en su día negó haber favorecido al jefe de la trama Gürtel, rechazó ayer hacer cualquier tipo de valoración sobre el informe de la policía.
El documento entregado por la policía al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, sostiene que uno de los receptores de las comisiones, el director de Comunicación del ente, Ángel López de la Mota, participó en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas que rigieron la contratación de las empresas de Correa para la realización de los expositores de AENA en las ferias de Fitur de 2001 y 2002.
El informe indica que las dádivas a los empleados "responderían a contraprestaciones por el favorecimiento a las empresas". Y marca la ilegalidad de su actuación en la "elaboración de pliegos, donde se establece un sesgo que permite ya sea establecer más baremo a cuestiones subjetivas (...) ya sea modificar las ponderaciones de la valoración económica ad hoc de la oferta de la empresa patrocinada".
Ángel López de la Mota admitió ayer que fue él quien firmó tanto los pliegos de condiciones como la conformidad de las adjudicaciones, pero que "ni yo redacté los pliegos, ni adjudiqué los contratos". El directivo, que aseguró que jamás recibió indicaciones de Fomento sobre a quién debía contratar, explicó que los viajes corresponden a servicios turísticos que contrató con una de las empresas de Correa pero que, tal como afirma "los pagué todos", aunque no guarda dichas facturas. Aún así, admite que recurrió a esta empresa porque la conocía de su trabajo anterior, en el PP, partido para el que trabajó durante 10 años. "Esperaba alguna deferencia, algún descuento, pero cuando vi lo que me facturaban, dejé de contratarles", señaló. López de la Mota, que manifestó su extrañeza sobre la existencia tanto de estas facturas en la contabilidad de la trama como de las anotaciones sobre la reforma de su casa, que "yo contraté directamente y yo pagué", dijo.
El informe destaca el intento de la trama por ocultar las facturas y sostiene que la organización, "consciente de que los documentos reflejan el pago de las obras de carácter particular y son al menos comprometedores", dio instrucciones "para que se guardaran en una carpeta dentro de una caja fuerte".
Las facturas y documentos de la carpeta 'Embolados'
La información de las supuestas comisiones pagadas por la trama Gürtel al entonces director de comunicación de AENA, Ángel López de la Mota, figura en documentos y archivos, tanto en soporte papel como informático, hallados entre la documentación y contabilidad incautada a las sociedades de la trama Gürtel durante los registros efectuados en sus sedes. Los documentos, según figura en el informe remitido por la policía al instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, se encontraban en una carpeta en la que figuraba como título "Embolados".
En soporte de papel, la policía hace mención a documentos sobre el supuesto pago de las reformas de la casa de López de la Mota, que él asegura haber pagado directamente. Sin embargo, la documentación incautada a la trama incluye varias facturas de empresas de albañilería y decoración sobre las que existen otras tantas anotaciones en las que se puede leer "Casa Ángel López de la Mota", "Pagos casa A. López de la Mota" o "Resumen obra Ángel López de la Mota".
El desglose efectuado por la policía también indica que la red de Correa pagó otros gastos a Mota, hasta un total de 54.702,43 euros. Así, bajo el epígrafe "Detalle gastos personales AENA" figuran un viaje de la familia Mota a Eurodisney en abril de 2001; un viaje a Menorca en agosto de ese año (5.462,40 euros); el alquiler de un vehículo en La Palma, en septiembre de 2001; la estancia en el hotel Blanca de Navarra en febrero de 2002; la estancia en el Hotel Iberostar Palace-Fuerteventura; tres billetes de avión Madrid-Fuerteventura y el alquiler de un vehículo allí (2.627,04 euros); la estancia en el Hotel Playa la Barrosa, en Chiclana, en julio de 2002 (3.294, 40 euros) y un billete de avión Madrid-Dublín (Irlanda) en agosto de 2002.
El otro trabajador de AENA que percibió dádivas de la red corrupta es José María Gavari, quien, según la policía, trabajaba en el mismo departamento que López de la Mota. En el mismo cuadro, la contabilidad de la trama sumó 10 entregas de dinero en efectivo por un total de 9916,70 euros entre febrero y diciembre de 2001; cuatro billetes de avión Tenerife-Madrid y el alquiler de un vehículo en la isla; un viaje de la familia Gavari a Eurodisney en abril de 2001; otro viaje a Menorca en abril de 2001 (5.462.40 euros); el alquiler de una furgoneta en mayo de 2002 y billetes de avión Madrid-Tenerife de cinco personas en agosto de 2002 (1.504,36 euros), entre otros.
Eterna instrucción
- El grueso del caso Gürtel todavía está en fase de instrucción, es decir, de investigación. La policía aún tiene pendientes de analizar cerca de 200.000 folios.
- La competencia sobre la instrucción se encuentra en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque volverá a la Audiencia Nacional, porque ya no hay aforados entre los imputados.
- Los Tribunales Superiores de Valencia y de Castilla y León tampoco han concluido sus investigaciones, excepto en el caso de los trajes, sobre la ramificación del caso en ambas comunidades.
- Hasta que finalice la investigación, los jueces no fijarán los nombres de quiénes serán juzgados.
* El País - MARÍA FABRA - Castellón - 03/11/2011
Foto: Francisco Álvarez-Cascos, el 18 de septiembre de 2002, durante una visita al aeropuerto de Barajas siendo ministro de Fomento.- elpais
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ELECONOMISTA* : Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dio ayer un nuevo paso para construir en plena Castellana un gran centro comercial, en un terreno que hasta ahora era de uso deportivo, aunque con una pequeña posiblilidad de uso terciario.
El Ayuntamiento dio luz verde a una modificación del Plan General de Urbanismo, que le permitirá construir un complejo de 12.250 metros cuadrados en la parcela desocupada que hay delante de la fachada del estadio en el Paseo de la Castellana. El Ayuntamiento y el Real Madrid firmaron ya en julio un convenio por el que el club entregaba una parcela en Valdebebas y otras en Carabanchel a cambio del área perimetral de las torres del Bernabéu. Ahora se da un paso más, aunque el Consistorio insiste en que todavía no hay ningún proyecto cerrado.
"Se habla de la construcción de un hotel y de un centro comercial en el estadio, pero todavía no hay nada. No existe, no es real. El Real Madrid tendrá que convocar un concurso para un proyecto arquitectónico y solicitar después la licencia". Así de contundente se mostró ayer en declaraciones a elEconomista Beatríz Lobón, la coordinadora general de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.
Proceso de meses
Eso después de que el presidente del club, Florentino Pérez, presentara a sus socios en la última asamblea un proyecto definitivo, como si ya estuviera todo aprobado. "Aún no se sabe qué es lo que se va a hacer y la aprobación definitiva del PGOU tardará todavía entre nueve y doce meses. En último término debe recibir el visto bueno de la Comunidad de Madrid", explicó Lobón.
Para lograr sus planes, el Real Madrid deberá derribar la zona comercial de la Esquina del Bernabéu, que tiene una edificabilidad de 6.858 metros cuadrados y que se convertirá en un parque, y ceder al Ayuntamiento cuatro parcelas en Carabanchel, en el barrio de Opañel, que el Consistorio destinará a zonas verdes y equipamientos. El vicealcalde, Manuel Cobo, ha indicado que el 10% del valor del incremento de edificabilidad que el club debe ceder por ley al Ayuntamiento asciende a 6,6 millones de euros, lo que sitúa el beneficio de la operación, según dijo, "en cerca de 67 millones".
La modificación del Plan General de Urbanismo aprobada ayer, en el plena campaña electoral, no pasó desapercibida para la oposición. El portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento, Marcos Sanz, apuntó que su grupo estudiará "al microscopio" la modificación puntual que afecta al estadio Santiago Bernabéu, buscando que "en primer lugar sea beneficioso para la ciudad".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, una asidua al palco madridista, manifestó por su parte que "el Ayuntamiento de Madrid, en uso de sus competencias, ha tomado un acuerdo que estudiaremos. Y en el uso de las nuestras lo llevaremos al órgano competente, la Comisión de Urbanismo, y traeremos al Consejo de Gobierno la decisión que corresponda de acuerdo con la ley".
* El Economista - 4.11.11
Foto: Madrid, Bernabeu nuevo
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MÁLAGAHOY* : El derribo de las casas ilegales permitirá a los condenados por delitos contra la ordenación del territorio eludir la prisión siempre que sea la primera vez que hayan delinquido y si la sentencia es inferior a dos años de cárcel. La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga pretende que los condenados demuestren su rehabilitación restaurando el daño causado, por lo que tienen que reponer a su estado primitivo la zona donde se habían construido una vivienda ilegal.
Esta medida, pionera en España, según han asegurado a Efe fuentes judiciales, ya se ha hecho efectiva en varias sentencias dictadas por los jueces de lo Penal de Málaga, que vinculan la suspensión de las condenas con el derribo de la vivienda ilegal. Los requisitos son que la condena no sea superior a los dos años de cárcel, que no se tengan antecedentes penales y se satisfaga la responsabilidad civil, añadieron las fuentes. El derribo de la viviendas ilegales normalmente conlleva numerosos problemas burocráticos aunque se haga con mandato judicial.
De este modo, el bien jurídico protegido, el suelo, puede volver a su situación en un periodo de tiempo más corto y con menos coste para las administraciones, que en muchas ocasiones se hacen cargo del derribo y luego pasan las facturas a los condenados.
Unas de las últimas sentencias ha sido dictada por el Juzgado de lo Penal número nueve de Málaga, que ha condenado a una mujer a un año de prisión y una multa de 2.160 euros por construir en 2006 una vivienda unifamiliar de cien metros cuadrados de superficie en suelo no urbanizable del paraje La Isla de Málaga.
En la sentencia, el Juzgado también la condena a la demolición de lo construido, pero le concede la suspensión de la pena durante dos años siempre que no vuelva a delinquir en ese plazo y derribe la construcción.
La Fiscalía señala que la suspensión de pena "es un beneficio y no un derecho", y que por tanto el penado debe mostrarse merecedor del mismo, para lo que se debe producir "la reparación del daño causado".
En el caso de concederse la suspensión de la pena, el fiscal entiende que debe estar condicionada a la demolición, ya que "para considerar rehabilitada socialmente a una persona, ésta debe demostrar su arrepentimiento por los hechos cometidos" y reparar el bien vulnerado que dio lugar a su condena por la comisión de un delito.
Así, durante el tiempo de la suspensión, el condenado puede demostrar su rehabilitación, restaurando el daño causado o, en caso contrario, no mostrarse merecedor de dicha suspensión, por lo que se revocaría la decisión, indica.
* Málaga Hoy - EFE - 30.10.11
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - malagahoy.es
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ELPAÍS/Madrid* : El TSJM anuló los presupuestos roceños de 2005 y 2008.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el presupuesto del Ayuntamiento de Las Rozas para el año 2009 por, entre otros motivos, no ajustarse a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid al utilizar el dinero obtenido con la venta de suelo público para financiar gastos no contemplados en esta normativa, según la sentencia. "No se ajusta a la determinación de lo que se consideran redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos del artículo 36 de la Ley Territorial 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto no se ajustan a los fines prevenidos en el artículo 176 de la referida Ley", especifica el TSJM en sus Fundamentos de Derecho.
La denuncia fue presentada por el PSOE de la localidad. La resolución del TSJM no es firme, por lo que el Ayuntamiento, según han informado fuentes municipales, ha presentado un recurso de casación. Esta no es la primera vez que el TSJM anula los presupuestos del Ayuntamiento de Las Rozas. Similares sentencias ha dictado este organismo contra los presupuestos de los años 2005 y 2008. "El Ayuntamiento de las Rozas, gobernado por el Partido Popular, utiliza sistemática e indebidamente el producto de la venta de bienes del Patrimonio Municipal de Suelo para financiar gastos no permitidos por la normativa legal vigente", han señalado los responsables del PSOE.
Los socialistas han hecho alusión a otros aspectos a los que alude la sentencia del TSJM, como que en los presupuestos de 2009 "no se han cumplido" las condiciones de nivelación presupuestaria. "Resulta muy importante resaltar que la ejecución del presupuesto del año 2009 finalizó con el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Las Rozas del objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que a 31 de diciembre de 2009, la Hacienda municipal tenía una necesidad de financiación de más de 26 millones de euros", ha puntualizado el portavoz socialista, Miguel Ángel Ferrero.
Para el concejal de la oposición, los datos "demuestran" la "falta de respeto" a las sentencias dictadas por el TSJM, la "pésima gestión" que el Gobierno municipal del Partido Popular realiza de los recursos municipales y "la alta e innecesaria" presión fiscal que "sufren" los vecinos. De este modo, ha asegurado que entre 2001 y 2012 el IBI se ha incrementado una media de un 20%. "Esto sirve para financiar equipamientos innecesarios como la Plaza de Toros o para gastos prescindibles como publicidad y propaganda, entre otros", ha concluido.
Recurso de casación presentado por el Ayuntamiento
Fuentes municipales han subrayado que la sentencia no es firme y que por este motivo han presentado un recurso de casación contra la misma. Asimismo, han asegurado que "no se produjo" la venta de suelo municipal prevista y que las cuentas de 2009 dieron un "resultado positivo" por lo que se "evitaron los desequilibrios" que la sentencia "considera que se pudieran haber producido".
Estas fuentes han explicado que el ejercicio de 2009 "ya ha sido liquidado" y que se han aprobado las cuentas generales que "dieron un resultado presupuestario ajustado positivo cercano a los 5 millones de euros". "De estos datos de liquidación presupuestaria positiva se desprende que la ejecución del presupuesto de 2009 se fue ajustando a las circunstancias económicas que se producían y a las variaciones que la economía tuvo en ese año. Con ello se consiguió un resultado positivo, evitando los desequilibrios que la sentencia considera que se pudieran haber producido", han aclarado.
"Tampoco se produjo la enajenación del suelo prevista en ese presupuesto, por lo que obviamente no hubo venta de bienes del patrimonio municipal para financiar ningún tipo de gasto", han añadido. Desde el Consistorio han afirmado que sus responsables "acatan" y "tienen en cuenta siempre" las sentencias y consideraciones de los Tribunales "adaptando siempre" las interpretaciones en la configuración presupuestaria a aquellas que se consideran más adecuadas a la legalidad por los tribunales.
Respecto a las críticas que realizan los socialistas a la gestión municipal de los recursos por parte del equipo de Gobierno, estas fuentes han asegurado que los servicios que se prestan son de la "máxima calidad" y que este hecho a convertido a Las Rozas en uno de los municipios "más demandados" por los habitantes de la Comunidad para "establecer su residenia". Con todo ello, han señalado que los motivos que han generado tal demanda son la presión fiscal que es de las "más bajas" de los grandes municipios de la Comunidad. A ello han sumado el hecho de que las cuentas municipales están saneadas "al contrario" de lo que "sucede" en otros municipios "gobernados por el PSOE como es el caso de Parla".
* El País - EP - Madrid - 02/11/2011
Foto: Las Rozas (Madrid), ayuntamiento - wikimedia.org
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20MINUTOS* : El jurista y exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha animado este martes al movimiento 15-M, en la Puerta del Sol de Madrid, a luchar contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales por ser refugio del "dinero ilícito y sucio" que perjudica al conjunto de la sociedad. Según Jiménez Villarejo, los paraísos fiscales sólo sirven para "garantizar el enriquecimiento de las grandes fortunas y de las grandes empresas a costa de la sociedad" y, por lo tanto, "son los enemigos de la democracia y de las personas".
El jurista y exfiscal ha intervenido ante más de un centenar de personas reunidas en la Puerta del Sol para participar en la "Cumbre para las personas", organizada por el movimiento 15-M en respuesta a la reunión del G-20 que tendrá lugar en Cannes (Francia) esta semana. Jiménez Villarejo ha querido así "enviarle un mensaje al G-20 sobre la necesidad de acabar definitivamente con la presencia de la banca en los paraísos fiscales".
A medio plazo, el objetivo debería ser acabar con la existencia de los paraísos fiscales como "espacio de negocios en el que todos se caracterizan por ser fundamentalmente ilícitos". En la misma línea, ha pedido combatir el fraude fiscal, que supone "un robo a toda la sociedad" puesto que "quien defrauda perjudica a miles de ciudadanos que no podrán beneficiarse de los servicios sociales que el Estado no podrá costear".
Según una portavoz del 15-M, en España el fraude fiscal está en torno a los 80.000 millones de euros, mientras que el dinero español en paraísos fiscales ronda los 20.000 millones. Los indignados han elaborado un documento con propuestas para combatir estas lacras, entre las que figuran la de dotar de más medios a la Agencia Tributaria y ampliar los plazos de prescripción de este tipo de delitos.
Piden también modificar el Código Penal para ampliar las multas y las penas de prisión y la obligatoriedad de todos los Estados de elaborar un informe anual con información sobre todos los ciudadanos extranjeros que hayan abierto cuentas bancarias en el país.
Jiménez Villarejo, que ha calificado las propuestas de "sensatas y acertadas", ha recomendado a los indignados que las presenten a los partidos políticos, organismos y jueces como método para "seguir dando pasos en la lucha por un sistema tributario más justo".
* 20 Minutos - EFE - 1.11.11
Foto: Indignados, asamblea agosto Sol - EFE
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ELPAÍS/Tarragona* : La marcha de la aerolínea irlandesa Ryanair del aeropuerto de Reus a partir del 6 de noviembre y hasta el mes de abril supondrá que un total de 88 trabajadores se quedarán en el paro directamente, aunque los empleos indirectos relacionados ascenderán hasta los 300, según fuentes sindicales del aeródromo. Reus queda durante cinco meses en manos de los vuelos privados, el Aeroclub de Reus, el Centro de Estudios Superiores de la Aviación (Cesda) o la base que Salvamento Marítimo posee en el aeródromo, pero sin vuelos comerciales. El año pasado, en estas mismas fechas, contaba con 9 destinos, 28 rutas y 54 operaciones semanales, un 11 por ciento menos que en 2009. La marcha dejará este invierno a la Costa Dorada sin 75.000 pasajeros que habitualmente se desplazaban a esta zona en avión, lo que aumentará la estacionalidad del aeropuerto de Reus, con una proporción de viajeros de 8 en verano por 1,2 en invierno.
AENA asegura que negocia con 13 aerolíneas la sustitución de Ryanair tras su anuncio de no operar en invierno si no recibe más de esos 3,5 millones anuales que ya percibe. Los contactos están centrados en alguna gran aerolínea rusa por la pujanza mostrada este año por el turismo de este país en la Costa Dorada. Por su parte, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, ha recriminado a AENA que no haya hecho "ningún gesto para ayudar" en las negociaciones con Ryanair para asegurar la continuidad de la aerolínea en Girona, Reus y Lleida.
El aeropuerto de Reus es hoy un erial sin apenas movimiento después de que este pasado fin de semana dejaran de operar los últimos vuelos comerciales programados por la aerolínea irlandesa, que sólo ha mantenido para esta semana sus tres rutas a Dublín del jueves y el fin de semana, por lo que el 6 de noviembre la soledad reinará en sus instalaciones.
Después de que ayer la compañía chárter Thomas Cook operara sus últimos vuelos a Newcastle y Manchester (Reino Unido), y tras la marcha de Ryanair hasta finales de marzo -si se cumplen las previsiones-, se ven afectados 60 empleados de tierra de Lesma Handling -los 20 fijos, con el compromiso de readmisión si vuelve Ryanair-, pero también una treintena más de otras empresas de servicios que tienen sus instalaciones en el aeropuerto. Por ello, estas fuentes sindicales cifran en unos 300 los trabajadores afectados si a los del aeropuerto se suma el personal de hoteles, restaurantes y zonas de ocio.
Por su parte, la Generalitat mantendrá vigente el convenio firmado con la compañía de bajo coste Ryanair mientras ésta opere la mitad de los vuelos previstos en el contrato, aunque le pagará según el número de operaciones, y dedicará los 3,5 millones de euros anuales que recibía la aerolínea irlandesa a intentar buscar nuevos clientes. Así, el grupo de trabajo del Aeropuerto de Reus se ha transformado en la Mesa Estratégica para el Impulso del Aeropuerto de Reus ha acordado reunirse con AENA tras las elecciones del 20N para que baje las tasas en el aeródromo del Baix Camp.
* El País - 31.10.11
Foto: Aeropuerto de Reus (Tarragona).- JOSEP LLUÍS SELLART - elpais
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ATLÁNTICO* : Una resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aceptó un escrito instando a la ejecución de la sentencia. Da quince días al Concello para cumplir.
Más problemas urbanísticos para el ayuntamiento vigués, de nuevo por un asunto que lleva sin resolverse desde hace más de diez años. En este caso se trata de la urbanización Pastora, situada en las inmediaciones del pazo y compuesta por tres volúmenes con cientos de viviendas afectadas: la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió una resolución con fecha 24 de octubre en la que insta a los responsables muncipales -el alcalde y la concejala de Urbanismo, Carmela Silva- a cumplir la ejecución de la sentencia firme. Un fallo que implica el derribo de lo ilegalmente construido en el ámbito de la Unidad de Ejecución III-05 Pastora. El juez advierte a alcalde y concejala con las consecuencias de incumplir esta resolución. La primera, una multad coercitiva.
De forma expresa, el tribunal gallego requiere al Ayuntamiento de Viog 'para que cumpla las declaraciones contenidas en la sentencia dictada en abril de 2000' tras el recurso contencioso presentado por el vigués Eduardo Canabal, que logró que el Tribunal de Galicia anulara el proyecto, lo que conlleva que también decaen las licencias concedidas.
En segundo lugar, el TSXG requiere al Concello de Vigo para que en el plazo de 15 días desde la notificación de la resolución -que acaba de llegar a manos municipales- remita a la Sala de lo Contencioso copia de los practicado en cumplimiento de la sentencia. Por último, y más importante, el juez advierte de que si no se cumple el fallo en el plazo señalado se adoptarían otras medidas, 'singularmente la imposición de una multa coercitiva, sin perjuicio de deducir en su momento testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiese corresponder'.
Difícil encaje en el pgom, complicada legalización
El Concello, al amparo del Plan de Urbanismo (PGOM) de 2008, ha conseguido legalizar varias edificaciones condenadas por los jueces, pero no todas. De momento, suma las torres de García Barbón, el bloque de viviendas de Jacinto Benavente y más recientemente los chalés de Canido-Porto. En el caso de la Pastora hay dificultades para encajar el volumen desarrollado -objeto del recurso y la sentencia, por considerarse excesivo- con su entorno, lo que ha llevado a que el asunto se alargue y haya continuado en manos del Tribunal de Galicia. Aunque el derribo continúa siendo una posibilidad, parece casi imposible que se produzca. Sí podría ser parcial en la Colina de Castrelos y en Churruca 3-5. Quedan los aparthoteles de Samil, todavía sin legalizar, y Finca do Conde, donde el alcalde busca sacar tajada electoral.
* Atlántico - 3.11.11
Foto: Los edificios de la urbanización Pastora, en las proximidades de Castrelos.- atlantico
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MALAGAHOY* : Los tribunales tienden a inhabilitar a los acusados e imponerles pena de multa, a lo sumo condenan a un año de prisión.
El alcalde de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE), se sentará en el banquillo el próximo 3 de noviembre por un delito contra la ordenación del territorio. El 28 de noviembre será de nuevo juzgado por otra causa similar. El 20 de octubre el Juzgado de lo Penal nº2 condenó al ex alcalde de Gaucín Francisco Corbacho (PA) por autorizar licencias para edificar en suelo no urbanizable. El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín (PP), y su concejal de Urbanismo están acusados en un juicio que comenzó el 22 de octubre y previsiblemente concluirá en enero por delitos relacionados con la gestión del territorio. Cuando termine esta vista oral podrá celebrarse la que se tuvo que suspender, entre otras causas porque la Fiscalía no da abasto, contra el alcalde de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza). El exalcalde de Ronda Antonio Marín Lara (PSOE) fue detenido el 27 de septiembre acusado de corrupción político urbanística. Mientras tanto, el juicio por el caso Malaya, por corrupción político urbanística en Marbella durante los tiempos del GIL, sigue celebrándose desde hace ya más de un año.
Además, el alcalde de La Viñuela, Juan Millán (PSOE), ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para cumplir dos años y tres meses de cárcel por una docena de causas urbanísticas. Ha aceptado nueve meses por delito, beneficiándose del sistema que le permite cumplir el triple de la pena mayor, o sea 27 meses. A comienzos de octubre se comprometió a ingresar en la cárcel a partir del 6 de octubre aunque, por el momento, no se han tenido noticias de que se haya producido su ingreso en la prisión. El negocio del ladrillo se ha detenido, pero la cara oculta del boom vivido desde finales durante la última década pasa ahora factura a los alcaldes.
En enero de 2010 había cinco alcaldes condenados por delitos contra la ordenación del territorio. Desde entonces otros seis han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos por periodos que oscilan entre los siete y nueve años en sentencias que además incluyen multas y excepcionalmente un año de prisión. En resumen, a estas alturas hay 11 alcaldes condenados: Benalmádena, Gaucín, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Carratraca, Cómpeta, Marbella, Ojén, Salares, Valle de Abdalajís y Viñuela. De ellos , cuatro pertenecen al PP (Canillas de Albaida, Cómpeta, Salares y Valle de Abdalajís), tres al PSOE (Canillas de Aceituno, Ojén y La Viñuela), uno al Partido Andalucista (Gaucín) y dos independientes (Julián Muñoz, GIL; y Enrique Bolín, GIB). En cualquier caso, las sentencias dictadas hasta la fecha indican que los tribunales tienden a apartar del ejercicio público a los regidores acusados de permitir por acción u omisión las edificaciones en suelo no urbanizable o protegido, en detrimento de la privación de libertad.
No obstante, en este periodo también han sido archivadas antes de llegar a juicio las causas por prevaricación urbanística que se seguían contra los alcaldes y ex alcaldes de Cártama (José Garrido, PSOE), Casares (Juan Sánchez, IU), Torrox (Francisco Muñoz, PSOE) y Estepona (David Valadez, PSOE), mientras que los tribunales han absuelto a regidores y ex regidores de Villanueva del Trabuco (Antonio Vegas, PSOE), Cártama (Leonor García Agua, PP) y Sayalonga (José Luis Navas, PSOE, que tiene otra causa pendiente). Sin embargo, todavía quedan 19 alcaldes imputados en procedimientos urbanísticos. La mayoría han sido acusados de conceder licencias para edificar en suelo no urbanizable en pequeños municipios y no tienen aparejados otros delitos que los vinculen a la corrupción política. La excepción son los de Marbella, Estepona, Manilva, Alcaucín, Alhaurín el Grande y Ronda en los que se sospecha que se han cobrado sobornos a cambio de decisiones relacionadas con el urbanismo.
Tan sólo en estos seis procedimientos hay imputadas cerca de 300 personas. Entre ellos destacan los 95 que son objeto de enjuiciamiento en Malaya (de ellos dos ya condenados tras un acuerdo de conformidad y otro absuelto) y los 20 que se sientan en el banquillo del caso Troya. Además, el caso Astapa contra la corrupción en Estepona, que todavía sigue en instrucción suma ya 99 acusados. También sigue abierto el caso Arcos en Alcaucín. La investigación se ha ampliado a las licencias expedidas en este Ayuntamiento durante la última década, de ahí que lacifra crezca esté en permanente aumento. Finalmente, el caso Acinipo en Ronda ha arrancado con siete sospechosos.
* Málaga Hoy - 30.10.11
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento (archivo) - J.Domínguez, EFE
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INFORMACIÓN* : El juez instructor de la pieza del caso Brugal por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha citado a declarar como imputadas a otras siete personas, quienes, a juicio del fiscal, son supuestamente responsables de delitos de aprovechamiento de información privilegiada y/o de participación en cohecho.
A través de un auto, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el titular del Juzgado de Instrucción nº5 de Alicante, Manrique Tejada, recuerda un informe de la Fiscalía Anticorrupción, en el que se hace constar una serie de delitos investigados en relación al PGOU y personas "supuestamente responsables" de los mismos.
Entre éstas, al margen de otras que ya han declarado, figuran siete personas, dos de ellas por supuestos delitos de participación en cohecho y aprovechamiento de secreto o información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, y las restantes sólo por este último delito.
Las dos primeras son el empresario Aurelio González y el consejero de la mercantil de este último, Vicente Pérez, mientras que las otras cinco son José Gregorio Bernabé, relacionado con la empresa Aligestión; el promotor Ramón Salvador, los empresarios Juan José Climent y José Francisco Javier León, y el exdirector general adjunto de Bancaja Juan Zurita.
El juez ha acordado la citación de José Gregorio Bernabé, Aurelio González y Ramón Salvador para el próximo 14 de noviembre, y el resto declarará siete días después.
La del planeamiento urbanístico de Alicante es una de la veintena de piezas separadas surgidas a raíz de la investigación inicial, que se centró en las supuestas irregularidades en la concesión del servicio de basuras de Orihuela y a partir de la que también después se descubrieron supuestas ilegalidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja.
El fiscal Anticorrupción de Alicante cree que la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, del PP, debe ser imputada dentro de la operación "Brugal" del PGOU por beneficiar al constructor Enrique Ortiz, aunque ésta siempre ha negado las acusaciones de trato de favor.
El escrito de la acusación pública apunta a que Castedo facilitó "en gran cantidad de ocasiones" información privilegiada a Ortiz en relación al nuevo PGOU, producto de lo cual el planeamiento se diseñó "a la medida" del empresario en "aspectos relevantes".
Se refiere a "apaños" en las zonas urbanísticas "APA-9", "Lomas de Garbinet" y el estadio "Rico Pérez", y también a que la alcaldesa recibió "dádivas" del empresario, como el pago de unas vacaciones en Andorra, un viaje en yate a Ibiza, la compra de un coche Mini Cooper y la aceptación de empleo a personas de confianza de Castedo.
En esta causa, el fiscal también considera implicado a su antecesor en el cargo al frente del consistorio alicantino Luis Díaz Alperi por supuestamente haber dado trato de favor a Ortiz.
No obstante por su condición de diputados autonómicos en Les Corts Valencianes, Castedo y Díaz Alperi, ambos del PP, están aforados y, en principio, sólo podrían ser citados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Ya han declarado en este juzgado como imputados Ortiz -a quien los investigadores consideran el principal beneficiado-; su esposa, María Manuela Carratalá; el arquitecto Jesús Quesada, el empresario Bernardo Campos, los exdirectivos de Caja Mediterráneo y Bancaixa Daniel Gil y José Cortina, respectivamente, y los abogados José Luis Castedo -hermano de la alcaldesa-, Jorge Yacobi y Javier Gutiérrez.
* Información - EFE - 1.11.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi - adn
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PÚBLICO/Madrid* : Poco les importa el imperativo de la Junta Electoral de Madrid, que ha prohibido las manifestaciones y concentraciones en la Puerta del Sol y otros lugares emblemáticos de la capital durante la campaña electoral. Los indignados se concentrarán el próximo viernes en la plaza donde estuvieron acampados durante casi un mes la pasada primavera.
Así lo decidieron el domingo en la asamblea general de Sol, donde se acordó, además, que ese día se lleven a cabo asambleas y debates electorales en la plaza. Sobre las 12 de la noche, los indignados emularán la pegada de carteles de los partidos tradicionales con una "pegada colectiva de carteles apartidistas". Aunque en la página web del movimiento hay ejemplos de carteles que pueden descargarse, los convocantes aseguran que confían en "la creatividad descentralizada" para producir pancartas originales.
"El objetivo es la reflexión ante la campaña electoral que se avecina y las restricciones en el uso de los espacios públicos, que quedan reservados para los partidos políticos, negando otras formas de organización y participación democráticas", se lee en un texto consensuado en la asamblea. Desde el movimiento, se denuncia que durante la próxima campaña los lugares reservados para la celebración de actos electorales y en los que, por tanto, estará vetado el ejercicio de manifestación son un 65% más que en la campaña de las autonómicas y municipales de mayo de 2011 y 45% más que en las generales de 2008.
Según los indignados, la acción del próximo viernes representa "la continuidad de la desobediencia civil colectiva" que ha caracterizado al movimiento desde su eclosión, el pasado 15 de mayo. Los convocantes dan la bienvenida a cualquier acción que promueva el debate "democrático y ciudadano" en el espacio público e invitan a comisiones, grupos de trabajo, asambleas y a cualquier otra persona a "dotar de contenidos" la jornada.
"Mala noticia"
El pasado viernes, la comisión de legal del 15-M de Sol, a través de un comunicado, calificó de "mala noticia" la restricción de la Junta Electoral. En el mismo texto, este grupo considera que "gran parte de la ciudadanía" ya ha asumido que el derecho a la participación política no se limita a ejercer el derecho a voto y ha optado por tomar calles y plazas para mostrar su indignación, sin que ello haya causado "especiales problemas de orden público".
En este sentido, estiman que la prohibición de la Junta Electoral convierte la campaña "en una especie de estado de excepción encubierto". Por ello, dicen esperar que la "sensatez" rija las posturas de representantes políticos y jurídicos para que se vean representados los derechos fundamentales de toda la ciudadanía.
Al mismo tiempo, la plataforma virtual de movilización ciudadana Oiga.me ha iniciado una campaña de envío masivo de emails de protesta, aunque "educados y tranquilos" matizan, a la Junta Electoral. Asimismo, centenares de ciudadanos expresaron durante la jornada de ayer su desacuerdo con esta decisión en Twitter bajo el hashtag #tururu.
* Público - ELENA HERRERA MADRID 01/11/2011
Foto: Imagen de una pancarta durante unas de las asambleas del Movimiento 15-M en Sol - público
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ELPAÍS/A Coruña* : Los agentes de la Brigada de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía que han seguido durante tres meses los pasos del empresario Fermín Duarte, gerente de la firma Manmer SL, y del entonces diputado del PP Javier Escribano están convencidos de que el industrial regaló un Porsche Boxter al parlamentario a cambio de las gestiones que este se comprometió a hacer ante la Xunta para favorecer a su firma de áridos.
Y así lo detallan en un prolijo informe que figura en el sumario de la Operación Arena que ha llevado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a imputar por cohecho y tráfico de influencias al exparlamentario del PP. En dicho atestado, incorporado a la causa, figura la siguiente conversación del pasado 18 de junio entre Duarte y una familiar directa, que la policía transcribe así:
-Fermín Duarte: Ahora tengo problemas para desplazarme. Antes tenía tres coches, el [Volkswagen) Touareg, el BMW y el Porsche y ahora [...]
-Familiar: ¿Has logrado vender el Porsche?
-F.D.: Lo tuve que regalar.
-F.: [Ininteligible]
-F.D.: Donde hay funcionarios, hay corrupción y yo haría lo mismo, como ando metido en lo de los áridos para que la Xunta actúe [...] Se hace más que pagando un abogado, pagando un abogado tienes que vender el coche para pagarle la mitad a un abogado. Y hay que tener un abogado muy bueno. En otras charlas también grabadas por los investigadores, Duarte habla con terceros y se refiere a los manejos que está haciendo ante distintas consellerías su "diputado amiguete", en referencia a Escribano. Éste se muestra obsesionado por reunirse con los conselleiros y los cargos intermedios de los departamentos de Medio Ambiente, que dirige Agustín Hernández, y de Industria, presidida por Javier Guerra. De hecho, en varios de los pinchazos se queja que el secretario general de Calidade e Avaliación Ambiental de la Xunta, Justo de Benito, no deja de darle largas.
Ayer, un día después de que este diario publicase las conclusiones del informe policial que apunta a que el empresario eumés regaló un Porsche al entonces diputado del PP, Escribano remitió a diferentes medios de comunicación una serie de documentos para intentar probar que el deportivo no fue una dádiva sino una mera compraventa. Entre los papeles que mandó a los medios figura un contrato de compraventa firmado por Duarte y el propio Escribano de un Porsche Boxter (del año 2003 y con 75.000 kilómetros), por el que el diputado del PP se comprometía a pagar 10.360 euros en dos plazos. El documento tiene fecha de 7 de abril de 2011 y está firmado por las partes. Según la versión de Escribano, ese mismo día hizo una primera entrega en mano al industrial de 5.360 euros. Para intentar probarlo, adjunta un recibo bancario de una retirada de fondos de 2.990 euros de su cuenta en una oficina de Caixa Galicia.
Escribano también remitió a los medios otro justificante de una transferencia hecha cinco meses después a la cuenta de Duarte por 5.001,55 euros en la que consta en el detalle "2º pago compra vehículo". Este segundo documento tiene fecha del 20 de septiembre de 2011.
Según el informe de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía al que ha tenido acceso EL PAÍS, en esas fechas según desvelan los pinchazos telefónicos, Escribano ya tenía constancia de que le estaban investigando y le habían intervenido el teléfono móvil. Lo había contado días antes el propio diputado a una amiga, a la que aseguró que el alcalde de A Coruña y presidente provincial del PP, Carlos Negreira, le había advertido de que estaba siendo investigado por corrupción. A partir de ese momento, según los agentes que han participado en el caso, la actitud de Escribano empieza a cambiar, deja de hablar de asuntos delicados por su móvil y alude por primera vez en tres meses a la factura del coche. La policía sospecha que estaba dando pistas falsas después de conocer el soplo.
Negreira negó ayer en Santiago donde acudió a la presentación del programa electoral del PP que tuviera conocimiento de la investigación judicial antes del pasado jueves, cuando el Tribunal Superior de Xustiza requirió al Parlamento para que acreditase la condición de aforado de Escribano, que dimitió el sábado.
Las grabaciones realizadas entre junio y agosto hicieron pensar a la policía que una filtración había dado al traste con el caso, justo en el momento en que tanto el empresario como Escribano empezaban a soltarse sobre las gestiones que este último estaba realizando ante las consellerías de Industria y Medio Ambiente (en esta última, según se desprende de las charlas, no llegaron a fructificar).
Las averiguaciones policiales también revelan que el 6 de junio de 2011 (dos meses después de esa supuesta operación de compraventa) Escribano puso el Porsche a nombre de su tía, María Dolores Escribano Rey, de 65 años. Posteriormente lo puso a la venta a través de varios portales de Internet. En el anuncio de coches.net ayer figuraba como vendido, sin especificar la cantidad.
Por la denuncia que originó este caso, declaró el pasado viernes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol el empresario Duarte, investigado por un delito ecológico relacionado con los residuos altamente peligrosos que importa de Holanda y vende como conglomerado asfáltico. El industrial quedó en libertad con cargos. El empresario de Cabanas fue detenido el jueves durante las diligencias y registros autorizados por el juez que tutela la investigación desde que la denuncia de la Asociación Gallega de Áridos (AGA) acudió en mayo a la Fiscalía.
Fermín Duarte es un joven empresario que se sirvió de la constructora de su padre para abrirse camino, además de hacer sus pinitos en el sector inmobiliario, la importación de coches y el alquiler de maquinaria a través de las sociedades Rías Altas Obra Civil y Promoción SL, Minart Holding SL, y Bull Machinery Hire SL, en las que figura como administrador. Tres meses de escuchas policiales dieron como fruto los tratos telefónicos de Duarte y el político popular a fin de conseguir nuevos contratos para Manmer en varios departamentos del Gobierno gallego.
Con la dimisión como diputado del pasado sábado, que, según todas las fuentes consultadas, fue forzada por su partido, Escribano pierde la condición de aforado y la causa vuelve al juzgado ferrolano donde arrancó la operación Arena.
* El País - JOSÉ PRECEDO / LORENA BUSTABAD - Santiago / Ferrol - 01/11/2011
Foto: Santiago de Compostela, edificio Parlamento - panoramio
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LEVANTE* : Las líneas 2 de Metrovalencia y del TRAM de Alicante que impulsa la Conselleria de Infraestructuras parecen tener mal fario. Ambas están casi ejecutadas o a punto para iniciar el servicio, pero la falta de liquidez de la Generalitat impide poner en marcha ambos ferrocarriles. La inversión en ambas infraestructuras casi alcanza los 600 millones de euros. Así que el grueso de la inversión se ha realizado pero está a falta del último «empujón», como ha sucedido en el aeropuerto sin aviones de Castelló que carece de licencia. El metro de Valencia tiene túneles y vías de tranvía por los que no circulan los tren-tram y Alicante también tiene un tranvía por donde no circulan los trenes.
Las obras de la T-2 en Valencia se iniciaron a lo largo de 2007. El 10 de enero se colocó la primera piedra del tramo sur hacia Natzaret, en la avenida Antonio Ferrandis, y ese mismo verano comenzaron los trabajos y los cortes de tráfico en la calle Alicante, parte del túnel de las Grandes Vías y la modificación del sentido de la circulación en media docena de calles del barrio de Russafa que se convirtió en una ratonera para residentes y vehículos privados.
Cuatro años después, los 5,2 kilómetros de plataforma ferroviaria entre el barrio de Natzaret y la calle Alicante (2,9 km en superficie y el resto subterráneos), están construidos. También los túneles desde la calle Alicante hasta General Urrutia. En la T-2 sólo quedan por ejecutar, del grueso de la obra, los 428 metros de vía y la estación de Hermanos Maristas, cuyas obras no se han llegado ni a licitar (sólo la dirección facultativa). Pero también está pendiente, y para nada es una inversión baladí, la licitación e instalación de las vías, del acabado de las estaciones y la señalización ferroviaria. La T-2 también iba a ser la primera en gestionarse por la iniciativa privada pero la información pública de la concesión no pasó de ese trámite y el concurso nunca se ha convocado. Infraestructuras no sabe cuándo podrán licitarse los concursos pendientes. La penúltima decisión de la Conselleria de Infraestructuras al respecto fue que se trocearía en tres contratos por concesión distintos y varias fases, la finalización de la construcción de la Línea 2 de Metrovalencia, el transporte de viajeros y la compra de los trenes necesarios para explotar la T-2.
La línea en superficie se puede recorrer a pie desde el barrio de Natzaret, con la topera y los raíles ya ejecutados, y donde los vecinos hicieron una inauguración ficticia. Entre el barrio y la Ciutat de les Arts luce flamante el puente para el tranvía, tapizado con un césped verde que es de plástico o natural, según los tramos. Las vías ya instaladas continúan frente a l´Assut de l´Or y la avenida Antonio Ferrandis hasta morir en General Urrutia. En esta misma avenida, un tramo ha quedado perfectamente urbanizado y ajardinado, pero justo la franja que conectará con la futura estación de Hermanos Maristas tiene apariencia de abandono y los hierbajos empiezan a apoderarse del entorno.
* Levante - LAURA BALLESTER - 31.10.11
Foto: Estación del Mercat Central. Las obras comenzaron en agosto de 2008. Incluye un aparcamiento de cinco pisos y 475 plazas - levante
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LAVOZDEASTURIAS* : El mal estado del hormigón utilizado para construir la estructura del edificio número 19 de la calle Argüelles provocó ayer su derrumbe y este, a su vez, el caos en Oviedo. Los cortes de tráfico derivados de la caída del inmueble se unieron a los problemas de circulación del fin de semana, lo que colapsó la ciudad al completo durante la mañana. Por la tarde, el desconcierto continuaba en las rondas sur y norte, así como en los accesos principales al centro. La calle Argüelles seguirá cortada, al menos, durante todo el fin de semana.
A ese caos circulatorio se sumó también la alarma social. Un edificio de 70 años se acababa de caer por problemas estructurales y la mayoría del centro urbano es de la misma época o anterior. Si a esto se le suma las advertencias lanzadas por los bomberos en su momento, sobre el mal estado de muchos inmuebles carbayones, y la petición del PSOE el año pasado para hacer una ITV de edificios porque diversos informes técnicos avisaban de posibilidad de derrumbes, el cóctel estaba servido y refrescó bien los corrillos mañaneros, tanto a nivel político, como técnico y, por supuesto, vecinal.
El concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, resumió la situación: “Estamos hablando de edificios de la posguerra. Una época en la que los materiales eran muy pobres y el hormigón, aunque el de hoy sea sinónimo de solidez, el de entonces era lo contrario, porque tenía más arena que otra cosa y encima era de costa”. Mortera recordó que esa misma pobreza de materiales se da en otros puntos, “era el mismo problema que había en el Termómetro y en algún otro edificio más”. Aún así, el edil aseguró que no hay motivos para la alarma porque son cuestiones que tienen arreglo.
El inmueble se desplomó sobre sí mismo hacia las 11.50 de la mañana sin que se produjeran daños personales. Sólo quedó en pie la fachada, con la excepción del piso superior que también se desprendió. Tres factores ayudaron a que no hubiera víctimas. El primero es que desde mayo pasado no vivía nadie en el inmueble, que había comenzado a rehabilitarse hace un mes. Además, los trabajadores salieron antes de que se cayera tras observar grandes grietas en la estructura. El segundo es que la Policía Local acordonó inmediatamente la zona evitando males mayores. El tercero es que el edificio cayó hacia dentro y los únicos cascotes que saltaron a la calle, alguno de ellos sobre los coches que pasaban, fueron los que salieron disparados por la puerta del inmueble.
El motivo del desastre Los primeros informes técnicos, esgrimidos ayer a pie de derrumbe, han determinado que el edificio, con más de 70 años a sus espaldas, fue construido con una estructura de hormigón de mala calidad, incapaz de soportar el forjado, compuesto por vigas de hierro y bovedillas cerámicas. Con el paso de los años, los forjados horizontales fueron asentándose sobre los pilares de hormigón y también sobre los tabiques que, pese a no ser elementos estructurales, terminaron soportando una parte del peso. Los técnicos explicaban ayer que el edificio se sustentaba porque todos sus elementos, paredes, vigas, pilares, tabiques... se habían convertido en un conglomerado que hacía que unas piezas aguantaran a las siguientes y viceversa.
Las obras de reforma comenzaron con el derribo de los tabiques. No tenía que haber pasado nada porque todo había sido diseñado para que el peso fuera sobre los pilares de hormigón. Pero estos no podían con tanto, al retirar los tabiques, los pilares estallaron por culpa del material con el que se fabricaron. Parece que las obras aceleraron un proceso que ya hacía tiempo que había comenzado.
Un centro de postgrado El inmueble era propiedad de la Universidad de Oviedo, que había iniciado su rehabilitación para convertirlo en un Centro Internacional de Postgrado. El rector de la institución, Vicente Gotor, explicó ayer que el mal estado del edificio era algo conocido, de hecho los pisos superiores ya estaban derrumbados. También desveló que en mayo se agilizó el desalojo de inquilinos precisamente por miedo a lo que ocurrió ayer. El rector recalcó que la situación era tan delicada que se habían extremado todas las medidas de seguridad para proceder a la rehabilitación. “Lo ideal habría sido derrumbarlo de manera ordenada, porque los técnicos conocían el deterioro del edificio”, explicó el rector. No se hizo así porque “el informe de Patrimonio sobre edificios protegidos aconsejó respetar la fachada, opción que era la que se estaba llevando a cabo”.
El derribo de los restos La Comisión de Urbanismo de Oviedo decidió ayer por unanimidad derribar también la fachada. Los técnicos presentaron dos alternativas. La primera era desmontarla poco a poco. La obra duraría 15 días y sería muy peligrosa para operarios y viandantes porque, según los informes, la fachada ha quedado muy maltrecha tras la caída del edificio y podría ser derribada en cualquier momento por el aire y la lluvia. Además, todo hace pensar que caería hacia la acera. Esa alternativa se descartó y se aprobó la segunda, que era ejecutar una demolición controlada, que comenzó ayer por la noche y que liberará el espacio en 48 ó 72 horas. El derribo se puso en marcha poco después de las once de la noche. Los obreros empezaron la tarea apilando tierra frente a la fachada para evitar que los cascotes que se tiren dañen la acera.
Una de las personas que se desplazó al lugar de los hechos nada más conocer la noticia fue el regidor local, Gabino de Lorenzo. El popular, tras comprobar que no había heridos, destacó los problemas de circulación que se derivarán del incidente y de su reparación posterior.
El alcalde insistió en que “lo importante es que no pasó nada de nada”, y añadió que “lo peor es que esto traerá bastantes complicaciones de tráfico y anormalidad a la ciudad durante unos días”. De Lorenzo dejó claro que, al tratarse de un edificio protegido, el inmueble que se construya en su lugar debe ser “una réplica exacta” del anterior, al menos en su aspecto exterior.
Mortera recordó que alguno de los ornamentos de la antigua fachada, la mayoría construidos en el mismo hormigón que provocó el derrumbe, incluso podrían ser rescatados tras el derribo controlado, que será pedazo a pedazo, para sacar moldes que luego sirvan para hacer la réplica. En principio, sólo se recuperará íntegramente el escudo de la fachada.
* La Voz de Asturias - 29.10.11
Foto: Oviedo, derrumbe en el centro - lavozdeasturias
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LAVANGUARDIA* : Los hogares españoles destinaron 8.935 euros del total de su presupuesto a gastos relacionados con la vivienda, acaparando la vivienda el 30% de los presupuestos de las familias, según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este porcentaje, que ha ido creciendo progresivamente, ha experimentado una subida de más de cinco puntos desde 2006.
Los gastos de vivienda engloban alquileres reales, gastos corrientes de agua, electricidad, gas, comunidad, reparaciones, calefacción, así como un alquiler estimado en los casos de vivienda en propiedad o cedida.
En términos generales, el gasto medio en consumo de cada hogar español alcanzó los 29.782 euros en 2010, lo que significa un descenso del 2,1% respecto a 2009, mientras que el gasto medio por persona ascendió a 11.161 euros anuales, un 1,8% menos, según la encuesta del INE. En total, el gasto en consumo de los hogares cayó un 1,5% el año pasado.
Eliminando los efectos de la inflación, la variación interanual del gasto medio en consumo por hogar fue un 3,6% inferior a la de 2009, mientras que el gasto total en consumo bajó un 3,1%.
El gasto de los hogares en enseñanza fue el que más se incrementó en 2010, con un crecimiento del 9,6% respecto a 2009, seguido del gasto en transporte (+1,6%), bebidas alcohólicas y tabaco (+1,3%) y vivienda, donde las familias gastaron un 0,4% más el año pasado.
En el resto de cosas, los hogares redujeron sus gastos respecto a 2009. Así, las familias españolas gastaron en 2010 un 4,7% menos en hoteles, cafés y restaurantes que el año anterior y disminuyeron su gasto en mobiliario un 4,6%.
En otros bienes y servicios se gastaron un 4,5% menos; en prendas de vestir y calzado un 4,2% menos, y en ocio y espectáculos, un 3,7% menos. También redujeron sus gastos en salud (-2,4%), comunicaciones (-2,3%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,7%).
Según el INE, cada hogar destinó el año pasado un 14,4% de su presupuesto (4.279 euros) a alimentos y bebidas no alcohólicas, y un 12,4% a transportes (3.680 euros). El transporte es, junto a la ropa y el mobiliario, los grupos que más han reducido su peso en el presupuesto medio de los hogares desde 2006.
Los que menos gastan: pensionistas y parados
Los valores más elevados del gasto medio por persona se registraron en País Vasco (13.634 euros), que supera en un 22,2% la media nacional; Navarra (13.263 euros) y Madrid (13.148 euros).
Les siguieron Catalunya (12.165 euros), Cantabria (11.633 euros), Balears (11.431 euros), La Rioja (11.208 euros), Aragón (10.966 euros), Galicia (10.654 euros), Castilla y León (10.533 euros), Comunitat Valenciana (10.432 euros) y Andalucía (10.051 euros).
Completan la lista, con gastos medios por debajo de los 10.000 euros por persona, Castilla-La Mancha (9.862 euros), Murcia (9.324 euros), Extremadura (9.172 euros), Canarias (8.977 euros) y Ceuta y Melilla (8.746 euros).
El mayor gasto por hogar lo registraron los hogares cuya fuente de ingresos es el trabajo por cuenta propia, con 36.571 euros en 2010. No obstante, estos hogares son los que más han recortado sus gastos desde 2006, año en el que superaban los 39.000 euros de gasto medio en consumo.
Por el contrario, los hogares con rentas de la propiedad y de capital como principal fuente de ingresos son los que más han elevado su gasto desde 2006, desde 27.587 euros a 32.209 euros.
Los hogares con menores gastos fueron los que tienen como principal fuente de ingresos los subsidios y prestaciones sociales (21.001 euros) y las pensiones (23.929 euros). Sin embargo, el INE apunta que mientras los primeros muestran una tendencia decreciente desde 2006, los segundos presentan una evolución alcista de su gasto en consumo.
El 14% de los hogares, con servicio doméstico
La encuesta incorpora información sobre el servicio doméstico referida al año anterior. Así, según el INE, el 14,4% de los hogares disponían en 2009 de servicio doméstico (chóferes, doncellas, jardineros, niñeras o asistentas del hogar, entre otros), porcentaje que se eleva al 18,7% en los municipios de más de 100.000 habitantes y que baja al 9,6% en el de los hogares residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes.
Los hogares con mayor disponibilidad de servicio doméstico eran los formados por una persona o pareja de más de 65 o más años (24,4%), seguidos de parejas o un solo progenitor con hijos menores de 16 años (14,9%).
Entre los hogares que disponían de servicio doméstico en 2009, el 58,1% tenía personal de nacional española y el 37,6% de nacionalidad extranjera. En resto de los casos, o bien se desconocía la nacionalidad o ésta era a su vez española y extranjera.
* La Vanguardia - EP. - 27.10.11
Foto: casa-euro - eleconomista.es
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ELPAÍS/Madrid* : El hotel Madrid es, desde esta tarde, el nuevo hogar de dos mujeres mayores y parejas. Varios inquilinos desahuciados se han instalado en la tercera planta del edificio okupado por el 15-M y han colgado en la puerta el cartel de "habitación okupada". Hasta la asamblea de mañana no se conocerá el número preciso de los primeros inquilinos y no se harán las presentaciones, pero lo que sí se sabe es que esta noche los desahuciados dormirán a cubierto.Una de las recién llegadas es una mujer de 75 años que fue desalojada de su casa en Carabanchel la semana pasada por impago. A media tarde, el movimiento 15-M le daba la bienvenida a través de las redes sociales y esta noche ya tiene donde dormir: en una de las habitaciones del hotel Madrid de la calle Carretas, hotel okupado por el 15-M tras la manifestación del 15 de octubre. A partir del jueves se estudiarán además otros casos de víctimas de desahucio que necesiten un techo, como las 16 familias que llegan al hotel apadrinadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Cuando haya más inquilinos, se ampliarán las zonas de residencia a la cuarta y quinta planta. Siempre y cuando se hayan podido acondicionar las habitaciones para vivir. No se trata simplemente de facilitar un espacio a los desahuciados, sino de garantizar que en cada sala exista el mobiliario básico. El edificio tiene luz, sin embargo, no hay agua corriente. Los ocupantes tienen que ir a la planta bajo para rellenar cubos de agua si quieren utilizar el servicio.
Desde el primer momento, el 15-M debatió sobre la posibilidad de destinar el edificio , de varias plantas, como vivienda temporal para personas que se quedaran en la calle tras un desahucio. La asamblea acordó dedicar las habitaciones del hotel a esta finalidad 10 días después del primer debate. La medida, no obstante, se aceptó como una solución temporal para quien lo necesitara y no como una residencia permanente. Las familias que se instalen en el hotel deberán abandonarlo en un plazo indefinido que termina con la okupación para ellas de otra vivienda que sea propiedad de un banco, del Ivima o de las empresas municipales de la vivienda.
* El País - SAMIRA SALEH - Madrid - 31/10/2011
Foto: hotel Madrid ocupado - elmundo
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ECOLOGISTASENACCIÓN* : El cuento de la lechera y los corredores mediterráneo y atlántico.
Ante el entusiasmo generado por el anuncio del Comisario Europeo de Transportes con respecto a los ejes ferroviarios prioritarios, Ecologistas en Acción quiere hacer algunas apreciaciones. La principal: ¿de dónde va a salir el dinero para financiar esos 7.000 millones de euros anuales necesarios? ¿Va a suponer que se abandonen los proyectos AVE, lo que sí sería una magnífica noticia? ¿O vamos a seguir apostando por profundizar en lo que ya somos: el país con más y mejores infraestructuras de Europa –y más infrautilizadas– y uno de los que más recortes sociales está aplicando?
Ecologistas en Acción siempre ha apoyado el transporte de mercancías por ferrocarril. Pero vemos con gran desconfianza toda la orgía de obra pública que se está preparando al hilo de los corredores prioritarios designados ayer, de forma provisional, por la Comisión Europea.
Vayamos por partes.
España ha venido durante décadas dando la espalda al ferrocarril, y en especial al transporte de mercancías por este medio, lo que nos sitúa en un decreciente 4% de mercancías transportadas en tren con respecto al resto de modos. Sin embargo, como ya ocurriera hace unos años con el AVE, del abandono se quiere pasar a unas inversiones faraónicas que está por ver que podamos costear… y que sean las que necesitamos. Así, el Ministerio de Fomento ha venido gastando unos 19.000 millones de euros en infraestructuras de transporte cada año en 2008 y 2009, cifra que se redujo algo en 2010, y que en 2011 ha quedado en 13.000 millones. Para valorar la magnitud de estas cifras, recuérdese que el decretazo de mayo de 2010 suponía unos ahorros de 7.500 millones al año. Además, está el gasto de las Comunidades Autónomas en otras infraestructuras de transporte, que en su conjunto puede superar (al menos hasta 2009) los 5.000 millones al año.
De esas enormes cantidades el AVE ha sido el medio más favorecido: ha recibido, grosso modo, 7.000 millones de euros al año para nueva infraestructura. ¿De dónde, por tanto, van a salir los, también, 7.000 millones de euros anuales necesarios para hacer casi de nuevas los corredores ferroviarios para mercancías que se están planteando para antes de 2020?
¿Serán a costa de suspender las inversiones en AVE, lo que sería una fantástica noticia, o se sumarán a ese gasto? Además, ¿no se nos había prometido que la construcción del AVE iba a permitir que “liberáramos” la red convencional para el tránsito de mercancías? ¿Cómo se justifica, entonces, todas estas inversiones en trazados nuevos para mercancías?
¿Van a servir estos corredores de pretexto para ampliar los puertos mediterráneos y atlánticos, y construir otros nuevos como el de Gorguel, en Murcia, con la expectativa de los aumentos de tráfico que se van a generar? ¿Creemos de verdad que los grandes operadores logísticos van a recalar en la fachada marítima mediterránea para luego continuar en tren hasta el norte de Europa, cuando tienen resuelta la logística en lugares como Rotterdam de forma más rápida y sencilla?
Pero, ¿es que no sabemos que vivimos en un planeta con recursos limitados? ¿Pensamos que se va a poder seguir incrementando el tránsito de mercancías indefinidamente con la crisis climática que estamos provocando? ¿Que siempre vamos a tener petróleo para mover cantidades crecientes de productos de Asia a Europa? Y, la última, ¿aún hay alguien que se crea el “cuento de la lechera” de las infraestructuras de transporte, aquello de que generan riqueza y empleo por doquier, viviendo en el país que tiene las infraestructuras más modernas y en mayor cantidad de Europa (más kilómetros de autopistas-autovías, más kilómetros de AVE y más cantidad de aeropuertos), y donde tenemos la mayor tasa de desempleo y se nos están aplicando algunos de los más draconianos recortes sociales?
* AHTGelditu - Ecologistas en Acción, Nov 2011
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