El Consell inyectó 160 millones en la Ciudad de la Luz, que debe 190

ELPAÍS/Alicante* : El anuncio para la venta de la Ciudad de la Luz resulta ruinoso. El complejo arrastra una deuda de 190 millones de euros (115 millones a largo plazo y 75 a corto), pese a los créditos, de 160 millones de euros, que a través de Sociedad de Proyectos Temáticos el Consell ha ido aprobando. Las inyecciones de dinero han sido constantes. El 28 de abril de 2004 la Generalitat concedió un préstamo participativo con un límite máximo de 95 millones de euros y vencimiento en abril de 2015; en 2007 otro préstamo con un límite de 20 millones de euros hasta 2017; en 2009 otro por 32 millones que se amplió en 13 millones adicionales, habiendo dispuesto en dos años de 45 millones cuyo vencimiento se amplió hasta diciembre de 2011, según consta en las cuentas de la Sociedad Proyectos Temáticos Comunidad Valenciana.
La Ciudad de la Luz se ha convertido en una rémora insoportable para la Generalitat. La empresa pública, ubicada en la partida de Aguamarga, en Alicante, acumula deudas millonarias y varios pleitos. Una reciente sentencia embarga provisionalmente sus cuentas bancarias. Con este escenario, lograr una salida es casi imposible.

El Consell admite que busca "inversores privados", incluso en los Emiratos Árabes. Pero otras fuentes consultadas consideran que la Generalitat pretende "malvender" Ciudad de la Luz el próximo año. El problema es que con la actual crisis pocos están dispuesto a arriesgar su dinero para intentar arreglar todo un cúmulo de dispendios.Pero cualquier operación de rescate o venta del complejo destinado a rodajes cinematográficos está condicionada por la resolución de los litigios abiertos en los tribunales. El juzgado de primera instancia número 6 de Alicante condenó a la Ciudad de la Luz a pagar 1,5 millones de euros a la empresa Valoriza, del grupo Sacyr Valhermoso, por el impago de 780.802,33 euros correspondientes a la última certificación de obra de la construcción del tanque de agua

una gran piscina adaptada para el rodaje de escenas acuáticas. Valoriza realizó la obra con sobrecostes debidos a supuestas mejoras. Pero la empresa no cobró la última certificación (diciembre de 2008) por importe de 780.802,33, cuando era director José María Rodríguez Galant, que fue relevado por Elsa Martínez en agosto de 2009.

Al no cobrar, Valoriza presentó la demanda contra Ciudad de la Luz 11 meses después de pasar al cobro la última factura. Ahora el juzgado de instrucción número 6 de Alicante condena a la Ciudad de la Luz a pagar a Valoriza 956.499 euros por indemnización, 215.839 en concepto de intereses y 287.000 que se fijan provisionalmente para pagar las costas.

La Ciudad de la Luz ha presentado un recurso en el que ofrece un bien e inmueble tasado en 1,4 millones de euros para levantar el embargo provisional de las cuentas, ordenado por el juez, y evitar el cese de la actividad. En ese escrito el complejo cinematográfico reconoce ante el juez una deuda a proveedores de 8,5 millones de euros, y unos gastos fijos mensuales de 675.000 euros.

Pero el pleito y la deuda con Valoriza no son los únicos. Ciudad de la Luz arrastra otros conflictos judiciales, pendientes de resolución. Uno de ellos es con los propietarios de terrenos a los que se expropió para construir el complejo, y que exigen 42 millones en indemnizaciones. El otro conflicto es con la empresa Aguamarga Gestión de Estudios (AGE). Merced al convenio suscrito en 2004 y vigente hasta 2014, Aguamarga debe cobrar de la Generalitat 2,5 millones de euros anuales por su trabajo, pero no cobra desde agosto de 2009. Por eso, en septiembre de 2010 AGE demandó por el impago de dos millones de euros a Ciudad de la Luz. La contestación de Elsa Martínez fue la resolución unilateral del contrato con Aguamarga y el envío de cartas a clientes y proveedores anunciando que a partir del 1 de enero Ciudad de la Luz gestionaría el complejo.

En febrero de 2011 se celebró una vista de medidas cautelares para decidir quién ostentaría la posesión del complejo. El juzgado falló que la gestión correspondía a Aguamarga y nombró un administrador judicial para supervisar las cuentas de ambas partes. Todos coincidieron en que Luis Lobón, persona de confianza de Gerardo Camps, entonces consejero de Economía, fuera administrador judicial, pero tuvo que dimitir en junio por incompatibilidad al ser nombrado secretario autonómico de Turismo. Y por ahora no hay sustituto.

En julio de 2011 el juzgado número 7 de Alicante falló que la Generalitat deberá pagar 3,5 millones de euros que debe a AGE, y unificó todo en un mismo proceso. "Ahora hay una voluntad negociadora", reconocen fuentes de Aguamarga, pero no hay avances. La salida de la exdirectora Elsa Martínez abre la puerta a la "conciliación", según reconocen.

Esta compleja situación judicial abre la puerta, según fuentes consultadas, a que varios proveedores a los que los estudios deben dinero alcancen un acuerdo y exijan que se nombre un gestor judicial para administrar el complejo y forzar un concurso de acreedores. Entre las empresas a las que se les adeuda importantes cantidades de dinero figuran, además de Valoriza, Aguamarga Gestión de Estudios y todas las encargadas del mantenimiento o de la seguridad del complejo. Mientras estos pleitos no se resuelvan la venta de Ciudad de la Luz está bloqueada.


* El País - EZEQUIEL MOLTÓ / ARTUR BALAGUER - Alicante - 30/10/2011
Foto: Alicante, ciudad de la luz - ciudaddelaluz.com

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Asociaciones vecinales de Valladolid critican el despilfarro municipal y anuncian movilizaciones en caso de recortes

EUROPAPRESS* : Las asociaciones vecinales de Valladolid han expresado su más profunda "repulsa" ante las, a su juicio, actuaciones de "pésima gestión o dilapidación" de recursos públicos efectuados por el Ayuntamiento de la capital y han amenazado con el inicio de movilizaciones en caso de que se registren recortes en materia de servicios sociales.
En esa política de "despilfarro", los colectivos vecinales hacen referencia al establecimiento de una "innecesaria" sección ecuestre de la Policía Municipal, el abandono del Parque de Aventuras del Pinar de Antequera, tras una inversión de 1,6 millones de euros procedentes del Plan E, dejando asimismo en el abandono el Parque Infantil de Aventuras de Juan de Austria, además de la contratación de un equipo externo, por 1,2 millones, para la elaboración del PGOU, cuando el área de Urbanismo dispone de 17 funcionarios Grupo A1 con un presupuesto para 2011 de cerca de 900.000 euros y sueldos por encima de 45.000 euros cada uno; y 12 funcionarios grupo A2, con sueldos por encima de 35.000 euros cada uno.

También incluyen la contratación de un gerente de Urbanismo con un sueldo de 75.000 euros, tercer sueldo más alto del Ayuntamiento, además de la participación económica del Consistorio en el futuro aparcamiento subterráneo rotatorio del Mercado del Val y en la urbanización en superficie del aparcamiento subterráneo de La Antigua.

Y es que para las asociaciones vecinales, tal y como apuntan en un comunicado recogido por Europa Press, las dificultades que atraviesan los vecinos por la crisis exigen que el Ayuntamiento que se centre en acciones que mejoren la vida diaria de los que peor lo están pasando y no en acciones que, o directamente suponen "dilapidación económica", o que en los tiempos actuales no son prioritarios. El movimiento vecinal también reprueba este tipo de decisiones municipales "grandilocuentes de cara a la galería o al beneficio de determinados colectivos".

En consecuencia, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid ha advertido de cualquier tipo de recorte presupuestario injustificado que se produzca en los presupuestos municipales de 2012 o cualquier subida no proporcional en el coste que pagan los vecinos por los servicios municipales no será consentido por el movimiento vecinal y provocará la convocatoria pública de movilizaciones ciudadanas de rechazo o cualquiera otra medida legal que esté a su alcance.


* Europa Press - 31.10.11
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org

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Cantabria.- La Ley del Suelo permitirá construir en zonas rústicas de especial protección

ELDIARIOMONTAÑÉS* : El borrador del anteproyecto de la Ley de Vivienda Unifamiliar en Suelo Rústico recoge una serie de supuestos en los que será posible la construcción de este tipo de viviendas en suelo rústico de especial protección en municipios sin planeamiento. Su autorización corresponderá a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), que reúne a representantes del Gobierno de Cantabria y la Federación de Municipios. Por otro lado, en el suelo rústico de protección ordinaria la decisión deberá ser tomada por el ayuntamiento -en los municipios sujetos al plan general, previo informe vinculante de la Crotu-, y por la Comisión Regional en los municipios sin plan.
Para autorizar construcciones en suelo rústico de especial protección en los municipios sin planeamiento, el borrador del anteproyecto establece que debe haber una distancia máxima de 100 metros del suelo urbano, que la tipología de la edificación sea la tradicional del núcleo y que genere «el mínimo impacto visual» sobre el paisaje. Asimismo, la cantidad de viviendas admisible no podrá superar en número a las preexistentes en la zona en el momento de la entrada en vigor de la ley.

Para el suelo rústico de protección ordinaria, se establece que los ayuntamientos con plan general o normas subsidiarias, hasta la aprobación del Plan Especial de Suelo Rústico, podrán autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar en un radio máximo de 200 metros del suelo urbano, siendo el resto de 'reglas' idénticas a las señaladas anteriormente.
Con carácter general, la altura máxima de las viviendas que pueden autorizarse no será superior a ocho metros; la parcela mínima será al menos de 2.000 metros cuadrados; y la separación de la vivienda de las fincas colindantes no será inferior a diez metros, con tres metros de distancia mínima del cerramiento hasta la calzada.
Este borrador establece, tal y como adelantó el pasado 7 de octubre el consejero de Urbanismo, Javier Fernández, la posibilidad de obtener «licencia directa», con todos los controles y limitaciones que sean precisos para la protección del suelo rústico» y hace especial hincapié en «todas las cautelas y limitaciones necesarias para llevar a cabo una auténtica protección del suelo rural».
En el texto se consideran insuficientes las medidas que se aprobaron en la anterior reforma y que, en la práctica, no han colmado las expectativas. Por ello, se intenta completarlas «con nuevas posibilidades y alternativas que hagan posible realmente obtener las autorizaciones y licencias necesarias para poder llevar a cabo la construcción en el suelo rústico de las tan demandadas viviendas unifamiliares aisladas». El borrador introduce la posibilidad de autorizar la construcción de estas viviendas, así como de pequeñas instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural.
Demanda social
El Gobierno busca, a través de esta iniciativa, «atender una demanda social de dar al suelo rústico un uso que, respetando la protección de esta clase de suelo, permita su puesta en valor y darle un destino que ayude tanto a un crecimiento sostenible, como a la dinamización económica de los núcleos rurales». De esta manera, constituiría un espaldarazo para facilitar que la gente joven apueste por permanecer en los núcleos rurales si ése es su deseo, en unos época marcada por la crisis económica, que necesita de «un elemento dinamizador de gran importancia», como pretenden que sea esta reforma y reactivar la economía y el empleo.
En este sentido, sostiene que la «auténtica defensa» del medio rural consiste en ofrecer a éste «una alternativa real de futuro». Así, la reforma apuesta por un crecimiento «moderado y sostenible» en torno a los núcleos urbanos o tradicionales existentes, y busca ser «real y efectiva».


* El Diario Montañés - EP - 30.10.11
Foto: Cantabria, vista - wikipedia.org

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Carballo.- La planificación urbanística se decide a golpe de sentencia

LAVOZ/A Coruña* : Aunque la prioridad en estos momentos es agilizar la revisión del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el desarrollo urbanístico de Carballo se sigue realizando en función del planeamiento aprobado en el 2003. Aquel documento motivó cientos de alegaciones y 24 recursos contenciosos administrativos. La mayor parte fueron desestimados, pero algunos fueron aceptados total o parcialmente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Entre estos últimos figuran la anulación del PGOM -pendiente del inminente fallo del Supremo- y los que afectan a los ámbitos de la antigua estación de trolebuses, la rúa Xasmíns y la esquina de las calles Vila de Ordes y Vila de Noia, junto al colegio Fogar.
-¿Cómo repercuten las sentencias judiciales en el planeamiento?
-Las repercusiones van desde la posible anulación del propio planeamiento -el Tribunal Supremo se pronunciará al respecto en breve- hasta las modificaciones puntuales que se están tramitando estos días y que ya fueron aprobadas por el pleno de la corporación en el 2007 a raíz, precisamente, de tres sentencias del TSXG.

¿Qué suponen las modificaciones puntuales?

Depende de cada caso. La estimación parcial de la demanda presentada por los propietarios de la antigua estación de trolebuses supone la desaparición del polígono 25 del PGOM y la clasificación de ese suelo como urbano consolidado. Lo mismo ocurre con cuatro parcelas de la calle Xasmíns, que obtienen la misma clasificación y, en consecuencia, deben ser excluidas del polígono 31. El caso del edificio ubicado en la esquina de las calles Vila de Noia y Vila de Ordes es algo distinto. Los propietarios tenían licencia para edificar antes de la aprobación del PGOM del 2003, pero este extremo no se tuvo en cuenta en el plan. Para poder mantener ese permiso, el Concello de Carballo tramitó a posteriori una modificación puntual, pero la Dirección Xeral de Urbanismo la rechazó. El TSXG dio la razón a los dueños del solar, que quedó excluido así del polígono 8.

¿Cómo afecta la desaparición del polígono 25?

El TSXG consideró que los terrenos de la antigua estación de trolebuses tienen los servicios necesarios para ser considerados como suelo urbano consolidado, de manera que sus titulares podrían solicitar licencia sin necesidad de realizar el complicado proceso que llevan aparejadas las unidades de actuación y sin realizar las cesiones para zonas verdes, equipamientos o 10 % de aprovechamiento edificatorio para el Concello de Carballo, algo que sí tendrían que hacer si se mantuviese el polígono. Sin embargo, la estimación de la demanda fue parcial, y el tribunal no entra en el diseño urbanístico previsto para ese ámbito. De este modo, se mantienen las alturas previstas en el PGOM y la apertura de un tramo de calle peatonal que enlazará la zona del Rego da Balsa con la calle Vázquez de Parga, «si bien el suelo necesario tendrá que ser adquirido de alguna de las formas que la ley prevé cuando es suelo urbano consolidado», dicen los jueces.

¿Qué pasa con el polígono 31?

Como ocurrió con el 8, ha tenido que ser redelimitado, al excluir las cuatro parcelas consideradas por el TSXG suelo urbano consolidado, y ese trámite es el que acaba de realizar el Concello de Carballo, cuatro años después de la sentencia. En este caso, los solares tienen tres clasificaciones distintas: una parte queda como zona residencial intensiva con aprovechamiento de bajo y cuatro plantas, otra se destinará a viales por los linderos norte y este, y la tercera será para zonas verdes y espacios libres.

¿Será anulado el PGOM del 2003?

El Tribunal Supremo todavía no ha dictado sentencia, pero políticos y juristas coinciden en que el recurso del Concello de Carballo para evitar la anulación dictada por el TSXG tiene pocas posibilidades de salir adelante. En estas circunstancias, y tras la negativa de la secretaria xeral de Urbanismo a elaborar un planeamiento provisional, en el municipio carballés volverán a regir las normas subsidiarias de 1981 hasta la aprobación definitiva del nuevo PGOM, lo que podría demorarse incluso años. De hecho, el documento fue presentado el viernes en la Xunta para que emita informe, y todo indica que será desfavorable en varios puntos, fundamentalmente en lo que respecta a las necesidades de vivienda, al desarrollo urbanístico del área costera y a la ampliación de varios núcleos rurales. La secretaria xeral tiene el compromiso de agilizar la emisión del dictamen, pero es poco probable que lo haga este año. Mientras, el alcalde ya ha convocado para el miércoles a los miembros de la comisión informativa para empezar a trabajar en los aspectos que requerirán cambios.

¿Qué normativa rige en estos momentos en Carballo?

Aunque sea cuestión de días o semanas, el único planeamiento vigente en Carballo es el PGOM del 2003. Aunque su desarrollo se ha ralentizado de una manera especial a raíz del parón inmobiliario, las gestiones para sacar adelante los polígonos urbanos continúan. Por ejemplo, esta semana se ha publicado en el BOP la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del polígono 49, en la zona de A Cristina, y continúan también las reuniones para sacar adelante el 3.


* La Voz de Galicia - 30.10.11
Foto: La antigua estación de trolebuses está en suelo urbano consolidado, según los tribunales.. lavoz

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Murcia.- El juez mantiene las imputaciones por el derribo del Molino de Oliver

LAVERDAD* : David Castillejos, juez titular del juzgado de instrucción nº8, el mismo que investiga la 'Operación Umbra' -supuesta trama de corrupción en la Gerencia de Urbanismo relacionada con seis convenios-, mantiene la imputación a Sigifredo Hernández, presidente de la Junta de Hacendados, de un delito sobre el patrimonio histórico por el derribo del Molino de Oliver de Aljucer el 2 de enero de 2008, que causó daños en el escudo heráldico del edificio, considerado un bien de valor histórico, cultural y artístico. El juez también imputa los daños a José Frutos, vocal de la Junta, y a Antonio Hernández, administrador de Torrealhama SL, que realizó las obras de derribo. Los hechos fueron denunciados por la Asociación Villa de Aljucer y la Asociación para la Conservación de la Huerta (Huermur).
El juez refleja en su auto que a consecuencia de unas obras de entubamiento en la acequia mayor de Barreras, con autorización de la Junta de Hacendados y sin la preceptiva licencia urbanística, se procedió al derribo del molino, en cuya fachada se encontraba un escudo heráldico catalogado, como todos ellos, Bien de Interés Cultural (BIC).

Según la versión recogida por el juez instructor, al iniciar las obras de derribo se intentó quitar el escudo de la pared mediante un pico mecánico, pero durante la maniobra cayó al suelo fracturándose. El juez mantiene que los tres imputados tenían conocimiento de la existencia del escudo y del riesgo que la demolición del molino suponía, y así consta en la prueba obrante en autos. Por este motivo, Castillejos considera que los hechos constituyen un delito sobre el patrimonio histórico del artículo 323 del Código Penal al causarse daños en el BIC, o bien en la modalidad culposa del artículo 324, teniendo en cuenta que el bien está valorado entre 1.800 y 2.200 euros. Los imputados, según el juez, conocían la existencia de elementos de valor, a pesar de lo cual autorizaron y ejecutaron las mismas.
Ajva y Huermur mostraron ayer su satisfacción por la decisión del juez de continuar con las diligencias y esperan la inminente apertura del juicio oral. Los denunciantes piden que los imputados cumplan la pena máxima prevista -entre uno y tres años de prisión y una multa dede 12 a 24 meses- y que paguen la restitución del escudo, recuperado por el Centro Regional de Restauración.
Fuentes de la Junta de Hacendados apuntaron que la apertura de juicio oral no implica la culpabilidad de los acusados. En todo caso, califican de accidente los hechos e intentarán defender la ausencia de culpabilidad. La Junta ha solicitado al juzgado pruebas sobre la protección del escudo.


* La Verdad - 27.10.11
Foto: El antiguo Molino de Oliver sigue abandonado tres años después del derribo parcial.- laverdad

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Madrid.- Ocho bofetadas judiciales a la ordenanza de licencias

ELPAÍS* : Ocho recursos judiciales se han interpuesto contra la ordenanza que regula la gestión y el control de las licencias urbanísticas, y los ocho los ha perdido el Ayuntamiento de Madrid. El último de ellos, hace unos días, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló gran parte de la norma aprobada por el Pleno municipal el 29 de junio de 2009 a instancias del Colegio Oficial de Gestores Administrativos. La decisión última queda ahora en manos del Tribunal Supremo, ante el que ha recurrido el Ayuntamiento.
Como en las anteriores sentencias, el TSJM considera que el Gobierno local carece de "cobertura legal suficiente", dado que la competencia para la homologación y registro de las entidades colaboradoras en la gestión de licencias urbanísticas (ECLU) corresponde a la Comunidad (que interpuso uno de los recursos).
Tras el caso Guateque, el mayor escándalo de corrupción reciente en el Ayuntamiento de Madrid, que afectó al proceso de concesión de licencias, el Gobierno local delegó la gestión de estos permisos en empresas privadas, las mencionadas ECLU (hasta el momento se han registrado 27).

El Gobierno local defiende que el nuevo sistema ha reducido considerablemente los tiempos (de más de un año a menos de un mes, asegura) y costes de gestión, aunque el PSM ha denunciado que estos últimos se han llegado incluso a triplicar.

Además, el TSJM cree que el artículo 34 de la ordenanza (que regula las inspecciones técnicas) "choca abiertamente" con el artículo 18.2 de la Constitución (que garantiza que "el domicilio es inviolable"), "pues obliga al titular de la actividad a autorizar a otro particular [un inspector] el acceso a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas". A este respecto, según el concejal de Hacienda, Juan Bravo, el Gobierno municipal alegará en su recurso al Supremo que la inspección se hace con consentimiento del usuario, como las revisiones del gas.

Por último, la sentencia asegura que la norma crea "indefensión" al obligar a reclamar ante la ECLU si se deniega el certificado previo al trámite de la licencia, lo que "puede dilatar en el tiempo notablemente la concesión" de esta. Según Bravo, la ordenanza garantiza de forma "insoslayable" una "tutela judicial adecuada, sin merma alguna para los derechos del ciudadano".

El Ayuntamiento ha recurrido todas las sentencias anteriores, y hará lo mismo con esta última, la semana que viene, por lo que la decisión final queda ahora en manos del Tribunal Supremo. Bravo ha precisado que los argumentos jurídicos son "débiles", y, aun en el caso de que los magistrados obligaran finalmente a modificar la ordenanza, las licencias concedidas seguirían siendo válidas. A ese respecto, el portavoz municipal de IU, Ángel Pérez, señaló jocoso: "Esas licencias serían más sospechosas que un contrato fijo en este país".


* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - Madrid - 28/10/2011
Foto: Madrid, caso Guateque (archivo) - madridiario.es

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Jerez.- Pacheco afronta una pena de 22,5 años de cárcel y 59 de inhabilitación

LAVOZDIGITAL* : La fiscal le imputa por el caso de los asesores tres presuntos delitos de malcersación, tres de prevaricación y dos de falsedad documental.
«No sé si reír o llorar». Con esta emotiva sentencia se expresó ayer el líder de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, tras conocer que la fiscal Anticorrupción solicita para él 22,5 años de cárcel y 59 de inhabilitación en el marco del caso de los asesores denunciado por la exalcaldesa, Pilar Sánchez. Tocado, aunque no hundido, se mostró el edil al hacer pública una calificación que tachó de «barbaridad, atrocidad, disparate y fusilamiento» y detrás de la que, según él, se esconden intereses políticos que escapan al sistema meramente judicial. «Si cuando era joven dije que la justicia era un cachondeo –recordó–, ahora digo que lo que es un cachondeo es el Ministerio Fiscal. España entera se llevará las manos a la cabeza cuando se entere de esto. El por qué de esta petición lo sabremos en un mes: la explicación más simple es que es fruto de la presión política y se ha hecho al dictado de una posición partidista; ya veremos qué se recibe a cambio».

En concreto, la fiscal Virginia Alonso imputa a Pacheco tres presuntos delitos de prevaricación y pide para cada uno de ellos la inhabilitación durante 9 años; tres de malversación, para los que solicita en cada caso 8 de inhabilitación y 4,5 de cárcel; y dos de falsedad documental, con 4 de inhabilitación, 4,5 de cárcel y una multa de 16 euros diarios durante 15 meses para cada uno de los dos. La calificación también se extiende a los dos asesores directamente implicados, José López y Manuel Cobacho, para los que se pide una pena total de 9,5 años de prisión y 30 de inhabilitación, y 5,5 años de prisión y 15 de inhabilitación, respectivamente, además de una multa de 16 euros diarios a razón de 9 meses.
En el documento fiscal, facilitado por el propio imputado, Alonso asegura que el exalcalde, valiéndose de sus cargos como presidente de Speed Festival en el primer mes y como vicepresidente el resto y sin cumplimiento de requisito alguno, dio órdenes de transferencias bancarias según facturas a favor de José López. Unos hechos que se desarrollaron entre marzo y septiembre de 2005 y que según el Ministerio respondían a unos supuestos trabajos de asesoramiento realizados en la sociedad Speed Festival que sin embargo nunca llegaron a ser efectuados.
En total, estas cantidades ascienden a 32.407,31 euros, lo que supone como subraya la fiscal «un perjuicio para el erario público», ya que el capital social mayoritario del parque de ocio Speed Festival era de la corporación municipal. Asimismo, alude al hecho de que el exalcalde y exdelegado de Urbanismo, en su calidad de vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo, sin conocimiento de la presidenta ni del consejo de administración de ésta, suscribió un contrato de consultoría con López en noviembre de 2005 para la consulta y asistencia de proyectos urbanísticos.
El asesor recibió entonces la cantidad de 74.580 euros procedente de dinero público que tampoco se llegaron a justificar, según Alonso. En lo que respecta a Cobacho, asegura que percibió 99.846 euros procedentes de Emusujesa «a cambio de no efectuar ejecución de obra o servicio alguno». Todo ello en virtud de un contrato que fue firmado «con el exclusivo fin de dar apariencia de legitimidad» al montante percibido. Por todo ello, se fija en 106.987,43 euros la cifra que Pacheco y López tendrán que abonar a modo de indemnización de forma solidaria a la sociedad Speed Festival y 99.846,23 la que deberán pagar Cobacho y el exalcalde a Emusujesa.

Respondían al perfil

Ante esta apabullante calificación, el líder del Foro intentó defenderse ayer explicando que tanto en la etapa en la que pactó con el PP como con el PSOE, siendo alcalde y delegado de Urbanismo, se contrató a una serie de asesores que debían cumplir con dos características, según la Ley de Régimen Local: que fueran personas de confianza y que su relación contractual estuviera sujeta al mandato político.
Según Pacheco, López y Cobacho respondían perfectamente a este perfil. «Los dos pasaron a ser mis asesores, y no hay más. Ha habido asesores para maquillar a la alcaldesa o llevarle el maletín; lo que ocurre es que la confianza lo engloba todo. La única novedad de estos casos es que López cuando se le contrató tenía una empresa pequeña y me pidió que cobrara a través de facturas para no disolverla cuando se incorporó al Speed Festival. Yo le dije que siempre que no sobrepasara su sueldo de asesor, no había ningún problema».
A juicio del perjudicado, la petición de la fiscal es totalmente desproporcionada por lo que su abogado pedirá el archivo de las actuaciones y llegará «a donde tenga que llegar para parar este disparate». «Le han echado 24 años a un violador... A mí me echan prácticamente lo mismo y mucho menos que a los etarras, a los de los ERE o a los del caso Gürtel. Me pregunto qué dirán los padres de Marta del Castillo. Lo único que se desea es ajusticiar a Pacheco».


* La Voz Digital - 29.10.11
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento - wikanda.cadizpedia.eu

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Cáceres.- Ecologistas presenta un recurso contencioso contra la resolución que homologa el PIR Valdecañas

EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción CODA, a través de su Federación de E.A. Extremadura, ha presentado la interposición del recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura por la que se aprueba definitivamente la homologación del Proyecto de Interés Regional (PIR) 'Complejo Turístico de Salud, Paisajístico y de Servicios Marina Isla Valdecañas'.
En nota de prensa, Ecologistas en Acción Extremadura ha recordado la existencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre este proyecto que los "partidos mayoritarios no acatan y modifican la Ley del Suelo". "Y es no solo para no acatar la sentencia, dejando sin protección el suelo extremeño a especuladores y abriendo la puerta a promotores de macro-urbanizaciones como la que se pretende en la Garganta de los Infiernos en Cabezuela del Valle, en el Jerte", asegura la asociación ecologista.

Igualmente ha recordado que en fecha de 27 de septiembre de 2011 fue publicado en el BOE la admisión del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España contra la modificación de la Ley del Suelo de Extremadura.

Dicha admisión supone un "nuevo mazazo" al camino adoptado por Junta de Extremadura de "poner a disposición de grandes promotoras urbanísticas gran parte de los espacios protegidos de Extremadura sacrificando el interés general en beneficio de unos pocos", asevera Ecologistas en Acción Extremadura.


* Europa Press - 29.10.11
Foto: Cabezuela del Valle (Cáceres) - camping

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Miembros del 15-M Sevilla toman el antiguo Mercado de la Encarnación

INDYMEDIA* : En la tarde de ayer, tras la manifestación por el derecho universal a la vivienda, un grupo de miembros del movimiento 15-M han tomado el mercado provisional de la Encarnación anexo. En un comunicado enviado a los medios de comunicación, encabezado con el llamamiento “si el mercado nos gobierna, toma el mercado”, las personas que han impulsado esta acción han denunciado que “la plaza de ‘las setas’, donde estuvo la acampada y se celebran las asambleas de coordinación del 15-M, es ahora mismo propiedad privada y que de hecho Sacyr la cierra al público a su antojo”, por lo que han ocupado el antiguo mercado bajo el lema “Si privatizan lo público, tomaremos lo privado”.
En ese comunicado se denuncia que “la cesión a Sacyr de la plaza de ‘las setas’ supone una vuelta de tuerca en la privatización de lo público que ya no solo amenaza a las empresas municipales o estatales, a la sanidad o a la educación, sino que pretende también “privatizar los lugares de encuentro y debate ciudadano”. Al mismo tiempo, se ha enviado el siguiente comunicado a las asambleas de barrios y pueblos del movimiento 15M de Sevilla, para que acudan hoy domingo, a las 18h, a la asamblea constituyente de este nuevo espacio social y ciudadano.

"Amigas y compañeras, un grupo de indignadas hemos creído necesaria la toma temporal y simbólica del mercado provisional de la Encarnación. Los motivos son innumerables y debatibles en próximas asambleas para consensuar los más importantes, necesarios o comunes.
Para empezar podríamos destacar algunos como pueden ser: Denunciar concretamente el regalo que el ayuntamiento ha hecho a la empresa Sacyr con la cesión del inmueble y el espacio privado que ahora es la plaza Mayor o popularmente conocida plaza de “las setas”. La constante y creciente privatización de espacios públicos. La especulación con los espacios ciudadanos. El abandono consciente por parte de ayuntamientos y particulares de edificaciones y zonas, tanto públicas como privadas, en convivencia con la realidad de una gran falta y necesidad de disponer de ellas para el uso y disfrute de los sevillanos. La falta total y absoluta de lugares de reunión para organizaciones ciudadanas que no estén dadas de alta en el registro de asociaciones. La falta de espacios autogestionados por el pueblo y la ciudadanía. La inexistencia de locales donde llevar a la práctica la participación directa, el diálogo, la reflexión y el debate.
Es por ello que hemos querido tomar este espacio, para visibilizar estas cuestiones y para denunciar lo antes mencionado. El grupo de indignadas que tomamos el espacio en un principio, no queremos de ninguna manera “apoderarnos” de él, sino ponerlo al servicio de las diferentes asambleas y comisiones del movimiento 15M para que, después de un debate conjunto, se decida entre todas qué hacer. También somos conscientes de que no representamos al movimiento, pero sí nos sentimos parte de el. Por eso proponemos tener el mismo domingo 30 de octubre una asamblea constituyente que se reúna y debata sobre estas y otras cuestiones que puedan ponerse sobre la mesa".

http://sevilla.tomalaplaza.net/2011/10/30/miembros-del-15m-de-sevilla-to...


* Indymedia - 30.10.11
Foto: Sevilla, ciubierta Metrosol Parasol en Pza. Encarnación - diariodesevilla

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El Consell retiene desde 2009 el permiso de la desaladora de Torrevieja

LEVANTE/Alicante* : La Generalitat Valenciana mantiene su bloqueo sobre la desaladora de Torrevieja, ya terminada, y verdadera piedra angular del Plan Hidrológico propuesto por el Gobierno socialista, que hizo de esta instalación uno de los símbolos de la nueva política hídrica que sustituyó al trasvase del Ebro.
La inversión está realizada, las conexiones con las redes de distribución hechas y el suministro eléctrico habilitado a través de una línea de media tensión pero la «nuclear» del mar, como la definió despectivamente el candidato por el Partido Popular en Valencia al Congreso de los Diputados y viceportavoz del PP nacional, Esteban González Pons, no puede arrancar. El bloqueo de los permisos impide producir 80 hectómetros cúbicos anuales de agua de gran calidad y rentabilizar los 219 millones de euros invertidos hasta ahora en la instalación.
Según un informe interno de Acuamed, la empresa pública que ejecuta por delegación del Ministerio de Medio Ambiente la desalinizadora de Torrevieja, los trabajos de construcción de la planta están finalizados, así como las conducciones de distribución del agua ya desalada.

Para completar la construcción de toda la infraestructura —añade el informe— solo queda por concluir la parte marítima de las conducciones de toma y vertido. Las obras no se ha podido «ni siquiera iniciar» al no disponer del permiso de la Generalitat Valenciana colocar las tuberías adosadas a las instalaciones del Puerto de Torrevieja.
Los permisos fueron solicitados en marzo de 2009, según fuentes de Acuamed.

Suministro de energía

Por otra parte, el abastecimiento eléctrico a la desaladora quedó resuelto de forma provisional hace un año con la construcción de una línea de media tensión. Si fuera necesario y estuviera hecha la conexión con el mar, la planta podría entrar hoy mismo en servicio, explican en Acuamed.
Mientras tanto, Iberdrola ejecuta a unos metros de la desalinizadora una nueva subestación — diseñada hace años para atender el crecimiento urbano de Torrevieja— que proporcionará alta tensión a la planta, permitiendo que funcione al 100%.
Hace unos meses, a Generalitat atribuyó a la falta de suministro eléctrico el retraso en la entrada en servicio de la instalación.


* Levante - 29.10.11
Foto: Imagen de la desaladora de Torrevieja con paneles solares incorporados a la planta y completamente terminada - levante

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Dimite un diputado autonómico gallego investigado por corrupción

ELPAÍS* : Otro caso de presunta corrupción se ha llevado por delante a un diputado del Parlamento gallego, el tercero que dimite en el último mes por estar sometido a una investigación penal. La Mesa de la Cámara autónoma se ha reunido de urgencia esta mañana para aceptar la renuncia al escaño del diputado coruñés del PP Javier Escribano, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) se disponía a abrirle un procedimiento por supuesto cohecho y tráfico de influencias. Escribano, de 30 años, fue hasta el pasado julio presidente provincial de Nuevas Generaciones en A Coruña. La renuncia de ayer se une a las que presentaron los pasados 4 y 5 de octubre los parlamentarios Pablo Cobián, también del PP, y Fernando Blanco, del Bloque Nacionalista Galego (BNG), antiguo consejero de Industria de la Xunta, por su implicación en la Operación Campeón, un supuesto fraude en subvenciones públicas urdido por un empresario de Lugo.

El Tribunal Superior se dirigió el pasado jueves al Parlamento gallego para que acreditase la condición de diputado de Escribano, después de que un juzgado le remitiese unas diligencias en las que apreciaba indicios de corrupción en las relaciones del parlamentario con un empresario sometido a investigación. Antes de que el asunto trascendiese a la opinión pública, con la campaña electoral a punto de comenzar, el diputado optó por presentar su escrito de renuncia esta mañana. Escribano ya no asisitió este mediodía a un acto de Mariano Rajoy en A Coruña, la ciudad donde reside y la provincia donde dirigió la organización juvenil del partido durante cuatro años.

El dimisionario fue presidente provincial de Nuevas Generaciones, y miembro de las ejecutivas gallega y nacional de la rama juvenil del PP, entre 2007 y el pasado julio. Un encontronazo interno le descabalgó del cargo y le reemplazó por una gestora. Escribano había llegado al partido de la mano del anterior presidente provincial y exalcalde de Ferrol Juan Juncal. Mantiene además una estrecha relación personal con el actual alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela.

El grupo del PP en el Parlamento gallego confirmó este mediodía la renuncia del diputado "por estar incurso en un procedimiento judicial y para poder adoptar las medidas necesarias para defenderse como cualquier gallego". Escribano logró su escaño en el Parlamento de Galicia tras las elecciones autonómicas de 2009 en las que Alberto Núñez Feijóo alcanzó la presidencia de la Xunta. No iba en puestos de salida, pero entró en la Cámara por las renuncias de otros parlamentarios electos que abandonaron sus escaños para integrarse en el nuevo Gobierno. Era uno de los diputados populares con menos protagonismo en la actividad de la Cámara.


* El País - JOSÉ PRECEDO - 29/10/2011
Foto: Santiago de Compostela, edificio Parlamento - panoramio

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El Valle del Jerte contra las macro-urbanizaciones

EXTREMADURAPROGRESISTA/Cáceres* : El 26 de octubre se celebró en la Casa de Cultura de Cabezuela del Valle una Jornada sobre "Destrucción y Construcción del Territorio", organizada por ADENEX, para analizar y discutir sobre el presente y el futuro del Valle del Jerte, abordando la importante problemática del urbanismo y del uso del agua, fundamentalmente.
Esta jornada se enmarca dentro de una campaña que ADENEX desarrolla en todo el territorio extremeño, buscando una participación pública social, activa y comprometida, acercando las problemáticas ambientales al máximo de las gentes que habitan el territorio.
En concreto, el anuncio de una macro-urbanización en Cabezuela del Valle, en el paraje Los Carchones de la Llanada, junto a la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, hace que distintos colectivos hayan realizado denuncias y reclamen transparencia y sensatez. Aclarar la situación actual, técnica y política, de esta cuestión era uno de los objetivos de la Jornada celebrada en Cabezuela.

Por otra parte, continuan sin solución viejos problemas sin resolver en la comarca. El uso y abuso en la gestión del agua es el principal de todos. El rio Jerte y sus afluentes parecen más una tubería a la que explotar que un ecosistema a respetar. Presión agrícola, captación subterránea de agua, presión urbanística, presas de riego, extracción de áridos, uso de herbicidas y plaguicidas, depuración de aguas obsoleta y extensión del monocultivo, son algunos de los factores que están condicionando la conservación del Valle del Jerte y comprometiendo su desarrollo sostenible, sin que nadie ponga freno ni razones.

La Jornada, que contó con la asistencia y la participación muy activa de más de un centenar de vecinos del Valle del Jerte, comenzó con una introducción por parte del presidente de ADENEX, José María Glez. Mazón, seguida de intervenciones de Joaquín Araujo, naturalista y comunicador, Pedro Brufao, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Extremadura, Jesús M. de las Heras, Alcalde de Cabezuela del Valle, Antonio Aparicio, de Red Ríos, Álvaro Casanova, de la Red Foro de Educación Ambiental, Nicolás Paz, de EQUO, y Julián Atilano, Jefe de Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Extremadura. Estaban también invitados a participar la empresa “El Cañal”, promotora del proyecto de urbanización de “Los Carchones de la Llanada”, y la Confederación Hidrográfica del Tajo, que finalmente no pudieron asistir. Es destacable también la participación en la Jornada de un número importante de representantes y miembros de diferentes colectivos ciudadanos del Valle del Jerte y otras comarcas cacereñas, agricultores, partidos políticos, etc.

En el transcurso de la Mesa Redonda sobre el proyecto de urbanización en la zona de “Los Cachones de la Llaná” en Cabezuela del Valle, se analizaron diferentes perspectivas y puntos de vistas sobre el impacto que supondría la ejecución de un proyecto urbanístico de estas proporciones para el Valle del Jerte, un paisaje cultural de extraordinaria belleza con un carácter muy singular por la construcción de sus terrazas de cerezos, verdadera obra de arte, esculpidas por el esfuerzo de numerosas generaciones que establecieron una relación afectiva con esta tierra generosa.

Se habló de que el paisaje del Valle del Jerte es el resultado de esa coevolución de la acción humana y la naturaleza, de lo social y lo ecológico, siendo hoy día una clara seña de identidad de esta comarca, y que constituye una referencia que trasciende el ámbito regional, lo que se pone de manifiesto cada año, en los momentos de floración del cerezo. Este paisaje tan bello y mutable, además de ser un bien común, tiene un elevado sentido integrador en la definición y sentimiento de las gentes y pueblos del Valle.

Tanto los ponentes, como las autoridades locales, alcalde y concejales, como los vecinos participantes en el acto se expresaron de igual modo que les parecía un completo despropósito este proyecto, que atenta bruscamente contra este patrimonio paisajístico, que amenaza la integridad de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos y el modelo de desarrollo turístico de la comarca. De llevarse a cabo podría generar un impacto social y cultural de incalculables consecuencias para la forma de vida y cultura de sus gentes. Se trata de un proyecto urbanístico con 230 viviendas, que significa de facto, crear un pueblo urbano, de la noche a la mañana, desprovisto de señas de identidad rurales, en mitad de Jerte y Cabezuela del Valle, donde se encuentra la mayor concentración de usos y servicios turísticos y la entrada a la reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, con todos los problemas de masificación y saturación que conlleva.

Finalmente, el Alcalde de Cabezuela del Valle se comprometió ante los vecinos a anular, en un próximo Pleno municipal, el expediente de este proyecto que sólo está promovido por la especulación de unos intereses particulares frente a los intereses de desarrollo general de la comarca. A esta postura se sumó el concejal del CEX, Oscar Chamorro, y el concejal del SIEX, presentes también en el acto.


* Extremadura Progresista - Adenex - 28.10.11
Foto: Cabezuela del Valle (Cáceres) - camping

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Madrid.- La Osera de Usera

CRÓNICAPOPULAR* : Por estas fechas se cumple un mes desde que naciera el centro social autogestionado de la Osera, en el distrito madrileño de Usera, un edificio okupado en el que iba a ser el teatro de Almendrales, abandonado desde hace más de quince años. La Osera cuenta con el apoyo de las asambleas populares de Usera, Carabanchel y Arganzuela del 15-M, pero es una iniciativa de un grupo de vecinos impulsados por la ilusión de contar con un centro social en el barrio.
Dos okupas de la Osera me han invitado amablemente a conocer el proyecto y a las cuatro de la tarde nos sumergimos en el edificio tras cruzar la estrecha puerta metálica de la entrada. La primera sensación es de desconcierto. No es un teatro fantasma, es un teatro no nacido. En medio de la penumbra asoman vigas desnudas, paredes de ladrillos rojos y un suelo de hormigón inclemente. Sin embargo, aquí y allá se atisban los avances de la cuadrilla de okupas: paredes encaladas, vallas protegiendo las zonas peligrosas, sacos de escombros ordenados en un rincón, herramientas de trabajo.

La ilusión con la que los dos jóvenes comienzan a describir el proyecto termina por disipar cualquier duda sobre lo que pueden conseguir y termina siendo inevitable entusiasmarse con su entusiasmo: «para limpiar las vigas vamos a hacer rapel desde el techo», «esperamos desatascar todas las arquetas en unos días cuando…», «para bajar los sacos de la cuarta planta hemos montado un sistema de cuerdas que…». Ingenio, creatividad, esfuerzo y, sobre todo, voluntad son las herramientas de estos genios del apaño y la arquitectura artesanal.

Bajamos a la última planta, que denominan Fukushima 5 por razones que en seguida se comprenden. El teatro inacabado, contiguo a un centro del Insalud, había servido de palomar durante años. El guano, con la lluvia, el polvo y los cascotes había formado una capa de metro y medio de una asquerosidad indescriptible que, palada a palada, los okupas han limpiado y guardado en sacos de obra. En total, unos mil sacos de escombros, «más otros mil si contamos la madera», añade uno de los jóvenes aún fatigado de solo recordar la trabajera que se han metido entre pecho y espalda.

No hay dinero para Usera
Nos vamos de Fukushima a la azotea, donde hay otros dos okupas. Uno está dibujando el logo de la osera, otro repone fuerzas para seguir la jornada laboral. Nos sentamos y hablamos del proyecto.

—¿Qué ofertas sociales gratuitas tenéis en Usera? —pregunto de sopetón.

Se miran pensativos y por fin uno responde:

—Bueno, hace como unos siete años nos pusieron una biblioteca…

—Oye, que está de puta madre, si tiene hasta Internet —replica otro mientras nos reímos los cinco.

Hace un momento me han explicado por qué dejaron el teatro a medio construir: «Hace casi veinte años, les dio por empezar lo que iba a ser el teatro de Almendrales, pero luego abandonaron la obra a la mitad y ahora se están peleando por el solar, que es propiedad del IVIMA».

—¿Por qué no lo terminaron?

—No conocemos bien la historia… —responde con tristeza uno de los jóvenes—, supongo que es cuestión de prioridades, los teatros son para la zona centro, para Latina y Ópera, pero habrán pensado que en Usera no lo necesitamos.

Otro okupa añade que, al parecer, para terminar la obra necesitaban dos millones de euros y que en los últimos quince años no se ha conseguido reunir el dinero suficiente para concluirla. Pienso en los 620 millones de euros en publicidad autopromocional que lleva gastados el gobierno regional desde que empezó la crisis en 2008, a los cuales habría que sumarles los 111 millones previstos en el presupuesto de 2011, pero me callo. Supongo que el gremio de publicistas que trabaja para Esperanza Aguirre es más importante para el conjunto de la sociedad que los vecinos del distrito de Usera. Y, hablando de vecinos…

—¿Cómo se han tomado en el barrio que entraseis en el teatro?

—Al principio raro, pero luego, cuando nos vieron trabajando la situación mejoró mucho y ahora, la verdad, es que va muy bien.

—Ya hasta nos traen rosquillas —añade otro entre risas al recordar una vecina solidaria.

En un barrio de trabajadores, el trabajo es un valor que disipa cualquier recelo.

Un proyecto para el barrio

Les pregunto por el futuro, ¿para qué están invirtiendo tanto esfuerzo?, y se desata un huracán. Los cuatro hablan atropelladamente enumerando la miríada de proyectos que están preparando: clases de inglés, de español para extranjeros, exposiciones, talles de bici, conciertos, alfabetización de mayores, clases extraescolares, exposiciones, un rocódromo, teatro, estudios de música… hasta piensan montar un huerto urbano en la azotea para dar clases de horticultura. Más que a un edificio, están dando vida a un barrio. Una vez habilitado, quien quiera podrá proponer cualquier actividad sin necesidad de sortear trabas burocráticas y, lo que es más importante, de forma gratuita y autogestionada.

Sin embargo, el proyecto corre riesgo de ser cercenado por la administración municipal y la policía. Hace unos diez días han recibido un aviso de que ha comenzado el proceso administrativo para desalojarlos. Una vez que el juez dicte sentencia, la policía tendrá vía libre para echarlos en cualquier momento y la Osera, reconvertida en el teatro inacabado de Almendrales, volverá a ser hogar de palomas hasta que alguna constructora consiga el solar.

Está por ver, sin embargo, que los vecinos y vecinas se dejen arrebatar este proyecto ciudadano que viene a suplir la desidia de la administración en uno de los distritos menos atendidos de la ciudad. Mientras tanto, quien quiera apoyar esta iniciativa, puede ponerse en contacto con la Osera en el correo laoseradeusera@gmail.com.

Cae la tarde, mientras hemos hablado han ido llegando más jóvenes. Unos se han puesto a enyesar, otros a pintar, desescombrar, limpiar, tender cables… Todo este esfuerzo ciudadano no puede, no debe, perderse en el tsunami de la especulación inmobiliaria.


* Crónica Popular - Marcos Méndez Filesi - 28.10.11
Foto: Madrid, centro la Osera de Usera - laosera

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Valencia.- El Consell anticipó 2,6 millones a Calatrava por las torres pese a dudar de la viabilidad

LEVANTE* : Abrir ahora hospitales es un lujo para el Consell pero en otro tiempo la gestión parecía más bien en manos de la cigarra del cuento. La empresa pública Ciutat de les Arts i de les Ciències (Cacsa) pagó al menos 2,6 millones al arquitecto Santiago Calatrava por el anteproyecto y proyecto básico de las Torres de Calatrava, pese a que en el mismo contrato se llega a dudar de su viabilidad. El abono, según el documento rubricado el 14 de septiembre de 2005 entre el profesional y el exrresponsable de Cacsa y actual director del Instituto de Finanzas, Jorge Vela, se justificó "como anticipo a buena cuenta y por razón de la documentación presentada" por el arquitecto con anterioridad a la firma. Todo un contraste con el drama de los proveedores que no cobran.
El diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco hizo ayer público el contrato que el Consell le facilitó el viernes, dentro de la política de transparencia prometida por Fabra. Es el segundo trato entre el Consell y Calatrava que se desvela, tras el del proyecto igualmente no realizado del Centro de Convenciones de Castelló. La fiscalía de Valencia abrió diligencias para investigar los pagos del Ejecutivo al arquitecto por obras "fantasma", tras la denuncia que presentó EU.

Por el informe de la Sindicatura de 2005 ya se sabía que el Consell compró al profesional el proyecto de las torres (aparcado al estallar la crisis inmobiliaria) por 15 millones y que se le abonaron 2,6. Pero la letra pequeña saca a la luz condiciones "leoninas" que para Blanco son "escandalosas y aberrantes".

La más importante, que se asumió este gasto pese que, en un momento dado, el contrato especula sobre la viabilidad de la iniciativa. Una de las cláusulas, dentro de los "derechos y obligaciones", establece que "si el proyecto resultara viable, a juicio razonado de Cacsa, se compromete", en el caso de que se decidiese vender la parcela, a que los pliegos incluyan la obligación del adjudicatario de contratar la ejecución y dirección de obra "en exclusiva" a Calatrava, y en las mismas condiciones que con Cacsa. "¿Si el proyecto resultara viable? ¿Se gastan 15 millones sin saber si era viable?", se llevó las manos a la cabeza Blanco. Al menos, no se tenía una seguridad completa en la iniciativa.

"Probablemente los tenía hechos"
Es más, el contrato, como refirió Blanco, reconoce "la necesidad de emprender las acciones pertinentes para la plena viabilidad del trabajo encomendado" desde el punto de vista "urbanístico, de servidumbres aéreas y de disponibilidad del suelo", así como la exigencia previa de modificar el PGOU de Valencia y el Plan Parcial de la Ciutat de les Arts. Unas "dificultades" que, para EU, aconsejaban más prudencia, al margen de que el documento "decida" por su cuenta cambios del planeamiento de Valencia.
Pero además, el texto revela que el arquitecto entregó los proyectos tres meses y medio antes de firmar el contrato. El 31 de mayo de 2005 se rubrica la declaración de intenciones entre el Consell de Camps y el arquitecto para realizar el trabajo. El 2 de junio, éste último remite los diseños. El documento señala que en 6 meses los proyectos enviados "habrán de ajustarse" a las "indicaciones" de Cacsa para su "adecuación" a las "necesidades funcionales" de la Ciutat de les Arts y a los "usos previstos en el planeamiento", las "servidumbres aéreas existentes", las "posibilidades de alteración" del PGOU y del plan parcial y las sentencias del TSJ sobre la expropiación de terrenos.
Calatrava "probablemente ya tenía hechos los proyectos", según EU. En Baleares el juez investiga el pago al arquitecto de 1,2 millones por el Govern de Matas en 2007 por el proyecto de un Palacio de la Ópera que diseñó para Zurich 18 años antes, aunque no se hizo.
El contrato revela que los 15 millones eran sin IVA "por razón de domicilio" de la firma de Calatrava, en Suiza, pero "si por cualquier circunstancia", como el "cambio de legislación aplicable" o las "exigencias de la inspección fiscal" hubiera que pagar IVA, el coste lo asumiría también Cacsa. "Es el símbolo de una era", lamentó Blanco.


* Levante - 26.10.11
Foto: Valencia, proyecto torres Calatrava - levante

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Málaga.- Otra arquitectura es posible

LAOPINIÓN* : Al margen de colegios profesionales e instituciones, a partir de hoy y hasta el domingo se reúnen en Málaga catedráticos, profesores, historiadores, arqueólogos y arquitectos de toda España para debatir sobre la protección del patrimonio en las ciudades.
El encuentro cuenta con la asistencia de varias plataformas ciudadanas de toda España, entre las que destacan la asociación Salvem el Cabanyal, que trata de impedir la demolición de 160 casas tradicionales de pescadores en el barrio valenciano del Cabañal, un lugar en el que hay previsto abrir una avenida. Además, incluye una mesa redonda sobre el estado del casco histórico de Málaga en el que participará un miembro de la plataforma de Hoyo de Esparteros, así como un paseo por las zonas más deterioradas del Centro y una visita a los Baños del Carmen y a los astilleros Nereo.
«Queremos intercambiar experiencias y ver cómo se han enfrentado a estas cosas, porque como dice Vicente Patón, los ciudadanos deberían estar para disfrutar del patrimonio, no para defenderlo en contra de las administraciones», señala el arquitecto malagueño Pablo Farfán, que tiene su estudio en Madrid y es uno de los organizadores de estas jornadas.

Pablo Farfán critica actuaciones como el proyectado hotel de diez pisos en Hoyo de Esparteros, que incluye la demolición del edificio de la pensión La Mundial. «Es una barbaridad, pretender que vas a demoler un edificio y hacer una réplica de plástico es absurdo, y hablamos de Moneo, un arquitecto con el dudoso honor de haber construido un hospital considerado enfermo como la Maternidad de O’Donnell, en Madrid», dice.

El arquitecto malagueño criticó la «mentalidad de nuevos ricos» de Málaga, que ha llevado a «hacer desaparecer calles enteras», como Chinchilla o calle Jinetes, dos de las zonas que serán visitadas por los expertos» y también abogó por rehabilitar y mantener «tal como está» los Baños del Carmen.

Otra arquitectura

Las jornadas serán también una oportunidad para hablar de otro tipo de arquitectura. «La arquitectura del futuro, la que se está haciendo en Alemania sin apenas gastos de energía llega a las mismas conclusiones a las que llegaron los alarifes y maestros de obra de los siglos XV al XIX», resume Pablo Farfán. A su juicio, «hay que dejar la arquitectura petroquímica del siglo XX y verla como un paréntesis, porque tener edificios derrochadores de energía tanto en Laponia como en la Costa del Sol es un crimen medioambiental».

El arquitecto malagueño pone de ejemplos a no seguir, las sedes de la Diputación y la Gerencia de Urbanismo. «Los edificios de cristal son electrodomésticos, difícilmente podrían considerarse arquitectura, tienen un mantenimiento carísimo y un consumo terrible de energía». La búsqueda de materiales eficientes y el regreso a los modelos tradicionales, es, en su opinión, «la arquitectura del futuro y no sólo la del pasado».


* La Opinión Málaga - 28.10.11
Foto: Málaga, ayuntamiento desde Gibralfaro - wikimedia.org

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El TSJC anula el plan urbanístico de Palafrugell (Girona)

LAVANGUARDIA* : El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de Palafrugell al haber detectado hasta cinco irregularidades en la tramitación y aprobación del plan destinado a definir el crecimiento urbanístico de la población del Baix Empordà.
Un conjunto de entidades ecologistas han recordado en rueda de prensa en Girona que el POUM empezó a tramitarse en 2004, un año después se aprobó inicialmente y se puso a exposición pública dónde recibió más de 600 alegaciones; en 2008 la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona lo aprobó definitivamente, y no fue hasta diciembre de 2009 cuando las entidades presentaron un contencioso administrativo ante el TSJC. Ahora la justicia les da la razón y lo deja sin efecto basándose en cinco irregularidades: el POUM no efectuó correctamente los procedimientos de evaluación ambiental; vulnera el principio de coherencia porque se contradice con un planeamiento de rango superior como el Plan Director Territorial del Empordà; y vulnera el principio de desarrollo urbanístico sostenible porque prevé un crecimiento exagerado.

Además, el plan tampoco tiene en cuenta la necesidad de saneamientos de las aguas residuales que se generarían y finalmente se dejan sin efecto unos convenios firmados por el Ayuntamiento de Palafrugell y diversos propietarios que acordaban la recalificación de suelo a cambio de dinero.

Las entidades han celebrado la resolución pero han criticado que tanto la Generalitat como el consistorio hayan anunciado que recorrerán la sentencia interponiendo un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ya que, en su opinión, lo que tendrían que hacer es acatar la sentencia y rectificar haciendo un nuevo plan que tenga en cuenta un crecimiento urbanístico más moderado.


* La Vanguardia - 28.10.11
Foto: Palafrugell (Girona), plaza - viajes

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Argentina.- Arquitectos pensarán un país más equitativo en Rosario

ON24* : En el marco del cuarto encuentro de técnicos de comunas y municipios de la zona Metropolitana de Rosario, al que también llegarán invitados provinciales de varios distritos y funcionarios nacionales, se debatirá la Ley de Ordenamiento Nacional como tema central. Es el encuentro que desde 2003 convoca a repensar el crecimiento de las áreas metropolitanas de las grandes ciudades en conmemoración del Día Mundial del Urbanismo. Se trata del CHET (Congreso Hacia la Equidad Territorial), a realizarse 8 y 9 de noviembre en el Auditorio del Banco Municipal y en el espacio conocido como “El Túnel” Centro de Arquitectura y Diseño “Arq. Jano Viotti”.
Para ello, arquitectos y urbanistas se reunirán a “elaborar un diagnóstico y aunar esfuerzos desde la matrícula y la disciplina convocando a todas las entidades de arquitectos del país y, de manera transversal, a todos los Colegios Profesionales. Con la idea de instalar la problemática de la Equidad Territorial tanto en la opinión pública como a nivel político nacional”, adelantaron desde el Colegio de Arquitectos de Rosario.

La arquitecta Marta Ruarte, miembro directivo del Colegio de Arquitectos de la provincia (CAPSF) y Coordinadora de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Colegio de Arquitectos Distrito 2 Rosario (CAD2), en diálogo con ON24 destacó la importancia del encuentro y trazó un encuentro de cara al análisis a escalas nacional, provincial, local sobre el urbanismo. “Al no tener una legislación o un plan, en localidades chicas se termina urbanizando en tierra de nadie: barrios privados, grandes empresas. Esto se evita con una planificacion previa”, postuló

Frente a experiencias en distritos pequeños, cercanos a Rosario, Ruarte explicó que el crecimiento desparejo que puede darse es porque “el suelo está cada vez mas inaccessible y sin respuesta para la demanda de vivienda. Es importante que desde el Colegio se aborde este tema con una mirada no solo local sino nacional e internacional”, aseguró.

Con el objeto de “lograr un aporte a todo lo que viene”, los arquitectos hablarán de la nacional “marco”, conocida como CofePlan (Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial). Se creó en diciembre de 2008 y obliga a las provincias a armar su ley provincial de ordenamiento territorial. En este escenario, los Municipios y Comunas “van a tener que cumplir. Esto pasa aquí que Rosario tiene su Plan Urbano y Santa Fe su Plan Estratégico. Hay otras provincias como Misiones, Mendoza, San Juan, Catamarca, Buenos Aires, que también los tienen”, aseguró.

Entre las principales conferencias, se encuentran las de Pablo Benetti, arquitecto de Río de Janeiro, que hablará de la injerencia de la urbanización en los barrios marginales (favelas), Federico de Holanda, que abordará la problemática Brasilia, “una ciudad planificada y que hoy tiene toda la impronta del desarrollo de todas las ciudades, despues de 50 años de haber sido planeada supuestamente para evitar los problemas comunes”. “Es uno de los encuentros mas importantes de la década”, sintetizó Ruarte.
Entre las autoridades del ámbito nacional y provincial se encuentran, Marta Aguilar Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública y de la Secretaría Permanente del COFEPLAN y Mónica Bifarello, subsecretaria de Municipios y Comunas.

“A partir del año 2003 los Colegios de Arquitectos comenzamos a profundizar el análisis desde la matrícula, sobre temas referidos a los desequilibrios regionales en cuanto a la distribución del desarrollo económico-social, en las distintas escalas: urbana, metropolitana y regional y a nivel nacional, tratando de impulsar propuestas de Política territorial, a través de las cuales revertir este proceso de inequidad territorial, y se impulsen procesos de mayor distribución de infraestructuras, de emprendimientos productivos, generación de empleo, servicios comunitarios, de salud, educación, etc”, explicó Ruarte a ON24

El 8 de noviembre, Día Mundial del Urbanismo, surge en el año 1949 a partir de una propuesta del Ing. Carlos della Paolera, convocando al mundo a un día para la discusión del urbanismo.


* ON 24 - 25.10.11
Foto: La ciudad de ayer, de hoy y de mañana. Cómo resolver la inequidad territorial - 0n24

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Palma.- Continúan los interrogatorios de la Operación Ossifar

DIARIODEMALLORCA* : La Guardia Civil y los fiscales anticorrupción proseguirán durante esta mañana y a lo largo del día con los interrogatorios en el marco de la segunda fase de la Operación Ossifar, que este miércoles se saldó con la detención de la que fuese jefa de un departamento presuntamente 'fantasma' de Emaya cuyos empleados se dedicaban a la labores de partido y a la captación de votos para Unió Mallorquina (UM), a pesar de estar a sueldo de la empresa municipal. Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la investigación, que han explicado que el departamento investigado era conocido como Oficina de Atención a la Ciudadanía. Según las pesquisas, nunca fue creado de forma oficial como tampoco disponía de presupuesto alguno, y en él trabajaban cinco empleados que en realidad eran agentes electorales de UM. Todos ellos prestaron declaración en calidad de testigos excepto su jefa, L.J.Z., quien tras ser detenida e interrogada quedó anoche en libertad con cargos.
En concreto, sobre la arrestada pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

Mientras tanto, también fue interrogada como imputada la consejera ejecutiva de la constructora Melchor Mascaró, Antonia Mascaró, quien fue inquirida por los investigadores en torno a contrataciones que obtuvo su empresa de forma presuntamente amañada.

Unos hechos que habrían sucedido durante la etapa en la que Cristina Cerdó, cuya imputación no se descarta, presidía Emaya mientras por debajo se encontraba la ex gerente Malen Tortella. Se da la circunstancia de que Cerdó ya se encuentra encausada en los casos Maquillaje y Picnic, que indaga de forma paralela un presunto desvío de 1,2 millones de euros públicos a la captación de nuevos afiliados y futuros votantes de UM.

El arresto de L.J.Z. se produjo después de que el ex jefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, se prestase a colaborar con las investigaciones y, en dependencias de la Guardia Civil, manifestase que dentro de la compañía se comentaba que la labor de los empleados que trabajaban en el departamento orientado a la ciudadanía estaba relacionada con UM. Por entonces, la empresa estaba presidida por Cristina Cerdó mientras que la gerente era Malen Tortella -quien también fue detenida en esta operación-.

La sociedad municipal ya se encontraba bajo la lupa judicial por haber sido presuntamente utilizada para favorecer a personas afines a la formación nacionalista mediante su colocación en esta empresa.

Cabe recordar que, en el marco de la primera fase de este caso, que indaga en concreto el desvío de entre 1 y 1,5 millones de euros públicos en la adquisición de contenedores soterrados de basuras a Seguridad y Limpiezas S.A., la Guardia Civil destuvo el pasado mes de agosto tanto a Chacártegui como al administrador único de la empresa Seguridad y Limpiezas S.A., Juan Pocoví, quienes posteriormente quedaron en libertad con cargos. En concreto, sobre los imputados pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración y prevaricación.

Ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma a instancias de los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, la operación Ossifar apunta a que el Consistorio abonó por cada contenedor -se adquirieron unos 200- más de 11.000 euros, una cantidad muy superior al precio unitario del mercado en el resto de España, calculado en unos 6.000 euros. Según las pesquisas, Chacártegui, quien hasta su destitución en julio de 2009 era responsable de los servicios de recogida de basuras, habría intervenido en las presuntas irregularidades que derivaron en el sobrecoste de la compra de los 'containers'.

Así las cosas, tras detectarse estas supuestas irregularidades, el equipo de gobierno liderado por la ex alcaldesa Aina Calvo puso estos hechos en conocimiento del Ministerio Público en verano de 2009. Sin embargo, no fue la única actuación que llevó a cabo el Ayuntamiento en este sentido ya que también interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia contra Seguridad y Limpiezas S.A. y otras tres empresas -Nord Engineering, Reparaciones Técnicas y Servicios Avant y Schmitdt Ibérica de Equipos de Mantenimiento de Carreteras (RTSAvant)-, que finalmente fue archivada, tal y como consta en la resolución de la Comisión a la que ha tenido acceso Europa Press.

El Ayuntamiento decidió el 10 de febrero de 2009 convocar un concurso para instalar en algunas calles de la ciudad un nuevo sistema de contenedores soterrados, que eran importados por distribuidores españoles de países como Italia y Finlandia debido a sus ventajas medioambientales. A la convocatoria concurrieron empresas locales y dos UTE -la formada por Llull Sastre Construcciones y Contratistas Mallorquines Asociados, y la UTE Adecuación Calles Palma- que resultaron adjudicatarias el 16 de marzo de estas licitaciones.

ADQUISICIÓN A UN PRECIO SUPERIOR QUE NO HA SIDO JUSTIFICADA

El expediente señala sin embargo que, tras resultar adjudicataria, la UTE Adecuación Calles Palma firmó en abril un contrato con Seguridad y Limpiezas para adquirir los denominados contenedores Easy a un precio superior al que presentó al Ayuntamiento cuando dio a conocer su oferta, sin que hasta el momento haya sido justificada esta decisión.

Cabe recordar que, en la jerarquía de Emaya, sobre Chacártegui se encontraban únicamente la ex presidenta de esta empresa y ex número dos de UM en Cort, Cristina Cerdó, quien está imputada en los casos Picnic y Maquillaje, así como la ex gerente Malen Tortella, encausada por su parte en este último procedimiento.


* Diario de Mallorca - 27.10.11
Foto: Palma, parlamento balear - picasaweb.google.com

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Ecologistas en Acción muestra su rechazo al PGOU de Cádiz

DIARIODECÁDIZ* : Ecologistas en Acción ha expresado su rechazo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cádiz en la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua), que se reúne precisamente para someter a aprobación el plan de ordenación gaditano. Para el colectivo ecologista, es "insostenible ambientalmente y excluyente socialmente", por lo que ha anunciado que votará en contra.
En un comunicado, Ecologistas en Acción ha explicado que tiene previsto entregar a la Cotua un documento exponiendo las siete razones en las que fundamentan su rechazo. Entre ellas, cita que "no ha existido un marco de participación real de los gaditanos en su elaboración", pues, a su juicio, "las consultas han sido sustituidas por la propaganda". Asimismo, consideran que "en vez de potenciar las actividades productivas en la ciudad, el Consistorio opta por convertir a Cádiz en un parque temático con los servicios como única oferta económica", creen que contiene "una apuesta descarada por el coche privado, relegando la bici a un papel irrelevante" y "no resuelve la intermodalidad del tranvía con los demás modos públicos de transporte".

Opinan los ecologistas que se convierte al Parque Natural de la Bahía de Cádiz en "un mero adorno urbano, poniendo en peligro su realidad ecológica con apuestas como el parque recreativo de las Salinas". Apuntan, además, que la elección de edificios "singulares" y "multiusos" como referentes urbanísticos evidencia "una concepción trasnochada de la arquitectura urbana".

De la misma manera, Ecologistas en Acción argumenta que el PGOU de Cádiz "no ofrece solución a la pavorosa situación social y económica de la ciudad, con más de 14.000 personas en paro, ni resuelve la imposibilidad práctica de acceder a una vivienda asequible en Cádiz".

Finalmente, asevera que los déficits ambientales son "erróneamente abordados", ya que "no se ofrecen soluciones al problema de la contaminación atmosférica y lumínica, no hay medidas innovadoras de recogida selectiva y reciclaje de los residuos, no hay campañas de ahorro y eficiencia energética, las aguas depuradas no tienen tratamiento terciario para su reutilización y siguen los episodios de vertidos incontrolados, y el Consejo Local de Medio Ambiente y Sostenibilidad es inexistente".


* Diario de Cádiz - EP - 26.10.11
Foto: Cadiz, ayuntamiento - Falkue 03 (wikipedia.org)

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El otro urbanismo

RAFAEL RIVERA/Valencia* : Porque hay dos urbanismos, no crean. Dos por lo menos. Uno es el que busca técnicas, mecanismos, sistemas. El que elabora normas, ordenanzas, modelos, el que regula esto o aquello. Nunca nuestra sociedad tuvo tantas leyes, dispuestas para ser incumplidas al primer descuido, incluso sin descuido. Este urbanismo, con frecuencia, teje una tela de araña incomprensible, un laberinto que resulta complicado de recorrer sin perderse en cada ventanilla, en cada esquina, en cada solicitud. Es un urbanismo de gabinete, de congresos y conferencias.
Ante este panorama, la ciudadanía no entiende, se queda atónita y sospecha que tanta complicación esconde algo. A la autoridad se le llena la boca con la palabra participación, pero resulta difícil de creerla cuando no se ofrecen instrumentos, y participar supone un esfuerzo añadido. Ya digo, ese es un urbanismo, pero hay otro.
Es el urbanismo del sentido común, de la reflexión sin especialistas, del desacuerdo. Ese que no necesita de grandes palabras ni sistemas complicados para explicar propuestas, poniendo sobre la mesa argumentos y alternativas que la autoridad no había querido pensar. Es un urbanismo que se aprende abriendo los ojos, discutiendo, escuchando y tomando iniciativas colectivas.

Hace unos días se celebró la fiesta de Salvem el Botànic para recordar el final de un episodio que ha durado una década. Final que, con sus luces y sus sombras, resuelve un problema urbano gracias a la presión popular. Ahora podremos recuperar el paisaje del encuentro de la Gran Vía con los jardines del Turia; el jardín Botánico respirará sin la amenaza de las torres y se abre la posibilidad de su ampliación. Todo eso que la autoridad ignoró cuando planificó el futuro de la zona. Ahora la ciudad estará mejor, y será gracias a la ciudadanía, y a pesar del poder.
Ya pasó con el Parc de l´Albufera, para el que la administración le tenía reservada una urbanización multiplicada de la que todavía podemos ver la punta del iceberg. Ya pasó con el antiguo cauce del Turia (más que antiguo, auténtico) para el que se pensó una autopista que uniera Madrid con el Mediterráneo. Y ya pasó con otra autopista, la que se proyectó sobre las Playas de Levante y Malvarrosa, cruzando el puerto con un puente maravilloso para seguir su camino hacia el sur.
Todo eso lo pensó el poder para Valencia, y fue la ciudadanía la que se opuso radicalmente. Sin medios, sin tiempo disponible, sin infraestructuras, teniendo enfrente toda la maquinaria de la administración, levantó la voz y cambió la ciudad.
Después proliferan los intentos de la derecha por atribuirse méritos que no le corresponden. Incluso se han inventado homenajes a tipos que nada tuvieron que ver con el éxito urbano, más bien al revés. Menos mal que están las hemerotecas, menos mal que está la memoria colectiva recordándonos que juntos podemos cambiar el mundo. Y la ciudad lo sabe.
A esta ciudad la han modernizado sus habitantes. Fueron sus gentes las que entendieron, hace cuarenta años, lo que ahora parece evidente, que los jardines del Turia articularían todos los espacios públicos, que serían la columna vertebral que es hoy. Entendieron que el litoral es un bien fundamental, una seña de identidad, un espacio público único, y que el Parc de l´Albufera, es imprescindible para comprender nuestro territorio, nuestra historia.
Modernizar una ciudad no es llenarla de cachivaches o de iconos artificiales repetidos aquí o allí; no es traer eventos para hacer publicidad y vaciar las arcas. Modernizar es recuperar la esencia, interpretarla y ponerla al servicio de todos. Asusta pensar cómo sería la ciudad si se hubieran cumplido los planes del poder. Imaginen: una autopista por el cauce, ni rastro del jardín, todo ruidos y contaminación; otra por el litoral, ni rastro de las playas del norte, adiós al paisaje y a las cenas a la fresca, y el Parc de l´Albufera urbanizado, lleno de torres, apartamentos y hoteles, como un roto más dentro de nuestro litoral destrozado. Parece una visión catastrófica, pero así estuvo dibujado, previsto, aprobado y, en algún caso, iniciado.
Por eso la fiesta de Salvem el Botànic fue más que una fiesta, fue un acto contra el olvido, un homenaje dirigido a la ciudadanía anónima, a la llamada sociedad civil progresista, imprescindible para la convivencia y el progreso. Ahora la ciudad sigue necesitándonos, necesita nuestro tejido social, nuestro abrigo, para mantenerse calentita, protegida de depredadores u ocurrencias; y ahí estaremos. Si lo hemos hecho otras veces, ¿por qué no íbamos a hacerlo ahora?

* Levante - Opinión - 26.10.11

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