Ronda.- "El paisaje no se vende"

MÁLAGAHOY* : Más de un centenar de personas se manifestaron ayer en Ronda contra el proyecto de urbanización de la Casa Rúa, que contempla la construcción de un hotel de lujo y 22 viviendas unifamilares, al considerar que de llevarse a efecto supondrá un fuerte impacto visual por su proximidad a la Hoya del Tajo. Al grito de "el paisaje no se vende", los manifestantes recorrieron caminando el tramo comprendido entre la plaza de España, situada junto al Tajo y el Puente Nuevo, y la propia Casa Rúa, ubicada al borde de la Hoya del Tajo.
Desde la Plataforma en Defensa del Tajo de ha pedido a los responsables municipales que se trate de encontrar una solución para este asunto, tras la sentencia del Supremo que reconoce el derecho de los propietarios a promover este proyecto, aunque el Ayuntamiento de Ronda se ha opuesto de diversas ocasiones al mismo. De momento, los primeros contactos entre Ayuntamiento y promotores para estudiar una posible compra de los terrenos terminaron sin acuerdo, ante la imposibilidad municipal de asumir en solitario el coste de la posible operación.

Mientras tanto, los diferentes colectivos que pertenecen a la plataforma siguen reclamando una solución y hacen especial hincapié en el daño que ocasionaría a la ciudad si finalmente se levanta la promoción. En este sentido, han resaltado que este paraje de unas 15 hectáreas es uno de los pocos que todavía se conservan "vírgenes" en las inmediaciones de las cornisas del Tajo. "No entramos en la legalidad o no del proyecto, simplemente pedimos sensibilidad y sentido común a los promotores y al gobierno municipal", aseguraron. En este sentido, el portavoz de Equo en la comarca rondeña, Manuel Ramírez, reclamó que sea la Fundación Unicaja Ronda la que aporte los recursos necesarios para adquirir estos terrenos y pasen a ser parte de su patrimonio, demostrando de este modo el vínculo que debe tener con la ciudad como parte de la antigua Caja de Ahorros de Ronda que fue el origen de la actual Unicaja. Una propuesta que fue aplaudida por los allí presentes.

Además, insistieron en rechazar este tipo de urbanismo como solución a los problemas en la zona. "No es más ladrillo lo que Ronda necesita, sino proteger su privilegiado entorno natural", señalaba un portavoz de la plataforma. Mientras, otros se interrogaban sobre cómo es necesario que exista una asociación para defender el Tajo de Ronda, que es el monumento más conocido de la ciudad.

Pero este proyecto no fue el único sobre el que ayer se pusieron las miras de los ecologistas. También lo hicieron sobre el anunciado centro de visitantes que se espera que sea presentado en breves fechas, al considerar que también causará daños a la misma zona, al situarse en una ladera junto a las cornisas del Tajo en el barrio de San Francisco.


* Málaga Hoy - JAVIER FLORES - 10.10.11
Foto: Ronda, vista tajo - ambientum

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El destrozo de la joya de Boadilla

ABC/Madrid* : Hacía años que las puertas del Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte, declarado Monumento Nacional en 1975, no se abrían para nadie. ABC se ha adentrado en el interior de esta joya del siglo XVIII, catalogada Bien de Interés Cultural (BIC) como Conjunto Histórico-Artístico, para comprobar el estado en que se encuentra. El resultado es desolador: suciedad por doquier, agujeros que traspasan suelos, paredes y techos; escaleras derruidas, puertas resquebrajadas e irrecuperables; zanjas en los jardines; restos de hogueras de obreros... cualquier espacio es una trampa fatal para aquel que recorra esta instalación.
Para el Ayuntamiento de Boadilla, el responsable de este estropicio es la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), quien recibió la concesión del mismo en 2006, a nombre de Eduardo Bautista, para la «íntegra rehabilitación, conservación y mantenimiento de la misma con el fin de desarrollar actividades socioculturales» durante 75 años. Así lo hacía constar en el pliego de condiciones su dueño, el Consistorio, regido en aquel entonces por Arturo González Panero, implicado en el «caso Gürtel».

Proyecto «desfavorable»
Sin embargo, el proyecto de reforma de la SGAE en el palacio fue considerado «desfavorable» por parte de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid en 2009. Su directriz hizo finalmente que se revocara la concesión a la Fundación Autor (SGAE), quien, tras seis meses de litigios, entrega las llaves de esta malograda edificación en noviembre de 2010, dejando el palacio en pésimas condiciones.

En el recorrido de la que fuera residencia del antiguo Infante don Luis de Borbón, nos acompaña el alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, quien se muestra indignado ante la estampa actual de su monumento. «La Fundación Autor estaba transformando la edificación. Han realizado perforaciones sin saberse la finalidad, al margen de las catas arqueológicas, e incluso quitaron una escalera sin permiso», anuncia mientras muestra sendos ejemplos.

Por lo pronto, después de que la SGAE abandonara la instalación, el Consistorio tuvo que realizar una reforma de urgencia, en dos días, en las fachadas y los ventanales para evitar un deterioro mayor. «Habían roto los cristales y los marcos de las ventanas se caían», apunta González Terol.

Informe técnico de daños
Cuando el palacio vuelve a manos del Ayuntamiento de la localidad en enero de este año, el Área de urbanismo elabora un informe técnico donde evalúa los daños.

En el mismo se habla de «estado general de suciedad, deterioro y abandono tanto del interior como de los accesos al mismo»; «catas sin reposición de los materiales posteriormente»; «prospecciones y excavaciones arqueológicas en el exterior, en sus jardines y debajo de la fuente sin la debida protección que evite riesgos de caídas a las mismas»; «total abandono y deterioro en grado excesivo en las carpinterías de madera y vidrios ... que generan una situación de peligrosidad por caída de material tanto a la vía pública como al interior de la finca». Explica incluso que existen «bajantes exteriores de evacuación de aguas pluviales» donde falta «algún tramo para llegar al vertido libre que separa las aguas del edificio. Se ha picado el revestimiento o revoco del edificio, sin reposición del mismo actualmente». Considera también la escalera demolida «sin tomar medidas de protección de caídas y distintos huecos en similar estado». Por último, se refiere a «instalaciones eléctricas que discurren por fachada» y la peligrosidad que entrañan. Después de que el TSJM declarase la nulidad de la concesión en septiembre de 2010, la SGAE alzó un recurso pidiendo que se le indemnizaran por todos los gastos invertidos, que eleva a 4.115.842,80 euros.

Lo que se exigía
En la décima cláusula del pliego de condiciones de la concesión se detallan las obligaciones del adjudicatario. En el artículo segundo habla de que ha de mantener «en buen estado del dominio público utilizado y, en su caso, las obras e instalaciones que se realicen, en perfecto estado de conservación, siendo de su cuenta exclusiva todos los gastos y responsabilidades inherentes a este deber de conservación». En la duodécima repite: «Siendo de su cuenta todos los gastos necesarios para la adecuada realización de sus actividades».

En su recurso, la SGAE habla de que ha invertido «considerables recursos humanos y materiales a consecuencia de la concesión administrativa otorgada y abruptamente extinguida». No tiene en cuenta que en el pliego de condiciones, firmado por ambas partes, se detalla que la concesión queda condicionada a la obtención del informe favorable del órgano competente, de acuerdo con la legislación sobre Patrimonio Histórico y Artístico, algo que no ocurrió. Su proyecto —presupuestado en 30 millones de euros— suponía, según la institución regional, «la destrucción total o parcial de elementos arquitectónicos y arqueológicos» protegidos al ser considerado BIC.

Este palacio ha visto pasar muchas guerras. Ahora le toca la batalla de las cifras entre la SGAE y el Ayuntamiento, quien espera reformar esta joya por fases. «Necesita una gran inversión y con la crisis supone un gran esfuerzo», sentenció el regidor municipal. El año que viene destinarán una partida de 400.000 euros para la fachada.

Breve historia del Palacio del Infante
En torno a 1763, el Infante don Luis de Borbón encarga al arquitecto Ventura Rodríguez la construcción del Palacio de Boadilla del Monte. Una vez construida esta obra de estilo neoclásico, don Luis se traslada a su nuevo dominio. En 1785 muere el Infante y el palacio es heredado por su primogénito D. Luis María, aunque lo utiliza Carlos III para organizar cacerías hasta su fallecimiento. La tercera hija de don Luis, María Teresa de Borbón, posterior condesa de Chinchón, se casa en 1797 con Godoy. Hacen algunas reformas en palacio y se instalan allí. En 1800 nace Carlota Luisa, su única hija. En esta época, Goya pinta el famoso cuadro de la Condesa de Chinchón. En 1808 tiene lugar el Motín de Aranjuez. Godoy es detenido y sus bienes embargados. Se traslada con su hija Carlota a Roma en 1812, después de separarse de la condesa. En 1821, Carlota se casa con Camilo Rúspoli en Roma y, tras morir su madre, hereda el palacio. En 1886, el palacio es heredado por el hijo mayor de Carlota, Adolfo. De 1936 a 1939, es utilizado como cuartel militar y hospital de sangre. Sufre graves daños y un incendio en los jardines, que los destruye totalmente. De 1942 a 1973, es utilizado como escuela para niñas huérfanas. En 1973 se devuelve a don Carlos Rúspoli, Duque de Sueca.


* ABC - TATIANA G. RIVAS - 9.10.11
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), palacio - elmundo.es

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Vitoria.- Un constructor implica a la madre de De Miguel en una operación en Málaga

ELPAÍS* : Que lo explique Alfredo De Miguel, vino a decir ayer el constructor Jon Iñaki Echaburu, que declaró por segunda vez como imputado en la presunta trama corrupta que lleva el apellido del exdirigente del PNV alavés. Echaburu, propietario de Construcciones Loizate, una compañía que vivió casi exclusivamente de obras públicas hasta su quiebra, implicó a G. A., madre de De Miguel, en una operación inmobiliaria en Mijas (Málaga).
Echaburu, según varias fuentes presenciales, sostuvo que recibió en nombre de ella 30.000 euros como participación en un proyecto para realizar 160 viviendas en el sur de España que nunca llegó a salir adelante. La afirmación sorprendió a varios de los presentes en la sala de vistas porque era la primera vez a lo largo de la investigación que alguien mencionaba a la madre de De Miguel, que participó en casi todas las operaciones de la trama a través de terceros. Las pesquisas sí aludieron a la suegra del exdirigente peneuvista, que estuvo dada de alta como trabajadora de Kataia Consulting, la principal "empresa pantalla", según la instrucción, de una red creada supuestamente para encubrir y blanquear comisiones ilegales.

Fue Echaburu quien lo mencionó, a iniciativa propia, cuando se le inquirió sobre un pago de cerca de 40.000 euros -30.000, según el constructor- realizado a la trama en el marco de la compra de terrenos en Frúniz, en la que varios de los imputados, junto a familiares y amigos, adquirieron cuatro lotes financiados por varias empresas. Una de ellas, vinculada a la recalificación de Zambrana, también investigada, prestó 283.500 euros sin garantías y aún no se ha devuelto un euro. Echaburu explicó que el pago efectuado en nombre de la madre de De Miguel compensaba de algún modo el dinero que puso en Frúniz.

El constructor también negó haber pagado comisiones por recibir adjudicaciones de obra pública. El último informe policial apunta a que la trama cobró una comisión del 4% a Construcciones Loizate por realizar dos obras en Lapuebla de Labarca y Zigoitia, donde gobernaba el PNV. Sumando ambas, fueron realizadas por unos 430.000 euros. En Lapuebla de Labarca, el proyecto para construir unas piscinas fue adjudicado por 251.985,61 euros. Echaburu atribuyó a una coincidencia el hecho de que la cuantía abonada a Errexal, compañía del núcleo duro de la trama, en concepto de "diseño de obra y cartelería" fuese equivalente al 4% del presupuesto. El constructor afirmó que el entonces concejal del PNV en el municipio y portavoz en Juntas Generales de Álava en la pasada legislatura, Roberto González Muro, que trabajó para Errexal, no participó en ninguna de las reuniones del proyecto.

También dijo desconocer por qué el exdirigente del PNV alavés, Koldo Ochandiano, tenía un cuaderno con anotaciones como "2.000.000 pts en negro piscinas la puebla", entre otras.


* El País - K. ASRY - Vitoria - 08/10/2011
Foto: Vitoria, sede gobierno vasco - euskadi.net

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Sanlúcar.- Declaran varios ex ediles por "perdonar" sanciones urbanísticas

INFORMACIÓN/Cádiz* : Dentro de apenas un mes se conocerá la resolución del Tribunal de Cuentas sobre el proceso iniciado contra varios ex concejales del Ayuntamiento de Sanlúcar a los que responsabilizan de haber “perdonado” multas a ciudadanos particulares que habían cometido infracciones urbanísticas a finales de los años 90.
Esta semana tuvo lugar en Madrid la que podría ser la penúltima de las fases de este proceso judicial, que no prosperó por vía penal pero que sí se instruye por vía administrativa contra los ex ediles, demandados por el Ayuntamiento de Sanlúcar. En este proceso están implicados los herederos de Juan Rodríguez, Antonio Prats, Agustín Cuevas, Rafael García Raposo, Maria Ángeles Díaz Montaño, Marco Antonio Caballero, Agustín Canto Caputto, Manuel Silva Barragán y Juan Carlos Gómez Villegas. Sin embargo, el pasado martes, ante el Tribunal de Cuentas, no estaban llamados a declarar ni Agustín Cuevas ni Rafael García Raposo, quienes no acudieron al juicio. Tampoco acudió Manuel Silva Barragán, que alegó estar enfermo, lo que ha pospuesto las conclusiones del proceso durante un mes más, ya que tenía que declarar.

deudas perdonadas
Los hechos que juzga ahora el Tribunal de Cuentas se remontan a finales de los años 90 y al año 2000, unos ejercicios que fueron fiscalizados por la Cámara de Cuentas de Andalucía y que pusieron de manifiesto la existencia de irregularidades centradas en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar.
El informe fue remitido a la Fiscalía, quien inició el procedimiento que se ha dilatado en el tiempo debido a una serie de problemas, sobre todo, relacionados con las notificaciones a las partes demandadas, ya que la instrucción del caso finalizó hace seis años y no ha sido hasta ahora cuando se ha tomado declaración a los implicados en el Tribunal de Cuentas en Madrid, tras solicitar estos que se declararan nulas las declaraciones que realizaron en primer lugar en los juzgados de Sanlúcar y que tenían como fin evitar que se desplazaran a la capital española. Los ex concejales a los que la Cámara de Cuentas reclama más de 800.000 euros, recurrieron estas declaraciones porque no habían tenido derecho a repreguntar, lo que ha alargado aún más el proceso. En los últimos tres años, además, ha habido problemas para notificar a los interesados el asunto, que se ha publicado en varias ocasiones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
El importe que reclama la Cámara de Cuentas obedece a las deudas que presuntamente acordaron condonar en varios acuerdos del consejo de la Gerencia de Urbanismo los entonces mandatarios sanluqueños, a los que la Cámara de Cuentas hace responsables del alcance fijado en la liquidación provisional de las cuentas municipales .

responsabilidad
En concreto, a los herederos del ex alcalde Juan Rodríguez se le reclama la cantidad de 169.347,34 euros y a Antonio Prats el importe de 26.053,31 euros. A Agustín Cuevas, Rafael García Raposo, María Ángeles Díaz Montaño, Marco Antonio Caballero y Agustín Canto Caputto el importe de 131.284,50 euros correspondientes al año 1998; a Agustín Cuevas, Juan Carlos Gómez Villegas, Antonio Prats, Marco Antonio Caballero y Manuel Silva Barragán el importe de 298.244,50 euros correspondientes al ejercicio de 1999; y, a los herederos de Juan Rodríguez Romero, Antonio Prats y a Marco Antonio Caballero, otros 208.817,12 euros del ejercicio 2000.
En total, unos 833.000 euros que la Gerencia municipal de Urbanismo habría dejado de recibir en base a los acuerdos adoptados por los representantes municipales que formaban parte del consejo de Gerencia durante estos años y que la Fiscalía consideró que debían devolver a las arcas municipales. De hecho, al proceso se sumó como demandante el Ayuntamiento de Sanlúcar y han sido varios los técnicos y funcionarios municipales que han tenido que prestar declaración esta semana como testigos de estas presuntas irregularidades derivadas de los acuerdos adoptados en el órgano de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Consistorio sanluqueño.
Según ha podido saber este periódico, una de las cuestiones sobre las que se planteaban dudas era sobre si Agustín Canto Caputto había asistido a uno de estos consejos celebrado en febrero de 1998 y en calidad de qué - ya que no era consejero - y si había votado, ya que el consejero en ese momento por el Partido Andalucista era Antonio Prats. Al parecer, la declaración de Canto iría en la línea de desmarcarse de este asunto, alegando haber acudido al consejo “como invitado” y no haber realizado ninguna votación al respecto.
En cuanto al resto, las mismas fuentes consultadas apuntan que el resto de consejeros demandados han negado que votaran a favor de estos acuerdos de Gerencia, que se repitieron durante tres años consecutivos y sobre los que las actas levantadas por los funcionarios municipales serán una de las piezas claves de este proceso, a punto ya de concluir.



* Andalucía Información - 08/10/11 - Cristina Cruz
Foto: Sanlúcar (Cádiz), vista-aerea - bahiasur

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La primera noche de indignación global se salda con 48 detenidos

PÚBLICO* : Una asamblea internacional comienza a preparar en Bruselas una gran marcha para lograr el "efecto dominó" de la indignación en toda Europa.
Estaba llamado a ser la sede internacional de la indignación pacífica, pero el parque Elisabeth de Bruselas se convirtió ayer en un motivo de pugna entre manifestantes y Policía que se saldó con 48 detenciones. El parque goza de una protección especial y alberga la Basílica Nacional, por lo que su uso fue restringido por las autoridades locales, que prohibieron la acampada.
De los alrededor de medio millar de los indignados congregados, en su mayoría belgas y españoles, medio centenar se negó a abandonar el lugar, sentándose en el suelo a pesar de las advertencias de la Policía federal, que acabaría deteniéndolos pasadas las 11 de la noche. Según miembros de la organización de la asamblea, que es el primer acto de una semana de actividades, varias de las personas que se negaron a abandonar el parque habían llegado a Bruselas a pie tras una marcha de casi 2.000 kilómetros iniciada en Madrid a finales de julio.

Su llegada al parque alrededor de las siete de la tarde había desatado el júbilo general. Los peregrinos, recibidos al grito de "Nous sommes indignés, indignés, indignés!" eran una parte fundamental de una asamblea internacional cuya principal misión es preparar una gran manifestación para el sábado que viene. En la asamblea que siguió a la conformación del grupo de indignados participó una portavoz policial, que recordó la prohibición legal de acampada libre en el país y las reglas del espacio protegido. Además, la portavoz ofreció en nombre de las autoridades belgas un edificio de la universidad para que los indignados pudiesen dormir a cubierto y con acceso a baños y electricidad. La mayoría decidió aceptar la oferta, ya que las autoridades aseguraron que las asambleas y talleres podrían celebrarse todos los días en el parque escogido por los indignados.

Hora y media después de que concluyese la asamblea, la Policía retiró las tiendas de campaña y acabó deteniendo a las personas que se negaron a abandonar el parque. Los arrestos ascienden a 48, según confirmó la Policía a Publico.es. Aunque la Policía eludió especificar nacionalidades, la organización asegura que la mayoría son españoles. "En Bélgica tenemos reglas. Este es un parque protegido y más tarde de las diez de la noche no puede haber reuniones ni ruido", aseguró el comisario en jefe, Johan de Becker.

"Tendremos que reflexionar sobre nuestra conducta", aseguró Susana Sanz, una de las participantes en la asamblea, llegada de Madrid. "Es una pena que todo el trabajo hecho quede empañado por esto", añadió. La Policía tiene previsto permanecer en el parque durante toda la semana y no descarta que mañana los hechos vuelvan a repetirse, ya que las detenciones, por desacato a la autoridad, no pueden prolongarse más de 12 horas. Sanz confía en que las actividades se puedan llevar a cabo con normalidad en los próximos días para dar al movimiento visibilidad internacional.

Para ello, los indignados cuentan con personas como Pepe, que como la mayoría prefiere no precisar su apellido. Se echó la mochila al hombro a finales de julio en Madrid. Ayer, al llegar junto a un grupo de "60 o 70 personas", confesó estar sorprendido por el "buen ambiente y la comprensión" de los jóvenes belgas.

No se enfrentan "a un paro enorme" como los españoles, pero "tienen motivos para estar indignados", aseguró. Según Etienne, estudiante universitario, "los recortes que vemos en países como España o Grecia llegarán aquí en unos años. Es más, saldrán de aquí, porque aquí están las instituciones que los deciden sin consultar", se lamentó.

"Lucha contra la apatía"
Durante toda la semana habrá asambleas, talleres, y proyección de documentales. "Es una lucha contra la apatía", resume Sanz, que cuenta con la experiencia de haber participado en la comisión de Internacional en la Puerta del Sol.

¿Es una lucha también contra la apatía propia? Según ella, "la visión que se tiene desde fuera y en los medios es bastante sesgada". "Hemos estado trabajando desde que comenzó el movimiento y está muy vivo. Ahora vamos a intentar que se produzca un efecto dominó en Europa", confió. Alba, voluntaria en una ONG, no lo tiene tan claro. "Culturalmente, sociedades como la belga son menos dadas a oponerse a las normas. Tampoco aquí o en otros países hay los problemas que tenemos en España".

Según ella, es necesario que los ciudadanos europeos vuelvan a tomar posesión de sus derechos, comenzando por el de la expresión de su descontento. Cerca de Alba, dos italianas, Debora y Mónica, lo tienen más claro cuando son preguntadas por sus motivos. "Somos italianas, ¿hoy es necesario algún motivo más?", resume Mónica.

"Necesitamos visibilidad, internacionalizar el movimiento", asegura Sophie, estudiante belga que colaboró en la organización del programa de actividades. "La lucha no ha hecho más que comenzar", anuncia.


* PÚblico - DANIEL BASTEIRO - 8.10.11
Foto: Los indignados se concentraban en el parque Elisabeth.-NICOLAS MAETERLINCK (AFP)

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El exgerente de Emarsa implica al alcalde de Manises: "Lo sabía todo"

ELPAÍS/Valencia* : El exgerente de Emarsa y exalcalde pedáneo de Benimàmet con el PP, Esteban Cuesta, declaró ayer ante el juez que investiga el supuesto saqueo de la empresa pública, dedicada a la depuración del agua del área metropolitana de Valencia. En el caso Emarsa están imputados, además de Cuesta, otros dos directivos de la sociedad así como seis empresarios que presuntamente cobraron decenas de millones de euros por servicios que en realidad nunca prestaron y por suministros que no llegaron a entregar. Cuesta, según fuentes conocedoras de su declaración, afirmó ante el juez que Enrique Crespo, expresidente de Emarsa y alcalde de Manises, del PP, "tenía conocimiento de todos los contratos" ahora investigados.
Cuesta aseguró que se reunía una media de seis veces al mes con Crespo y que en esos encuentros le mantenía al tanto de los contratos. En ocasiones, afirmó el exgerente, era el propio alcalde de Manises quien le instaba a pagar a las empresas ahora bajo sospecha cuando se producían retrasos. Los empresarios, precisó Cuesta, se quejaban a Crespo y a continuación este le daba al exgerente la orden de que les pagara.

No solo eso. Según Cuesta, fue el mismo alcalde de Manises el que le dio indicaciones para contratar con una de las empresas investigadas, Viajes Benimàmet. Crespo acusó a Cuesta de faltar a la verdad y dijo que su declaración no le sorprendía.

Viajes Benimàmet facturó a Emarsa 300.000 euros entre 2006 y 2010. Algunas facturas revelan lo que parece un poco elaborado sistema de estafa. En 2009 la firma cobró a Emarsa exactamente por los mismos supuestos viajes que ya le había cobrado en 2005: el 7º Congreso de Calidad, la 1ª Cumbre de Excelencia... El exgerente no pudo, según las fuentes consultadas, dar una explicación coherente. Ni tampoco de cómo fue posible que en solo seis meses Emarsa comprara 174 teclados de ordenador cuando solo tenía 30 puestos de trabajo informatizados.Las empresas de informática Microprocesadores Valencia y Sofitec suministraron igualmente a Emarsa, entre enero y julio de 2010, 149 ratones de ordenador, 141 licencias antivirus, 140 placas base, 105 altavoces, 79 monitores, 71 discos duros internos y 49 discos duros externos. El administrador de ambas empresas, que facturaron 4,5 millones de euros (748 millones de pesetas) a la empresa pública en los seis años en que estuvo gestionada por Cuesta y presidida por Crespo, es Sebastián García Martínez, imputado en el caso.

En una muestra del aparente descontrol en el que se hundió Emarsa, Sebastián García Martínez actuaba al mismo tiempo como jefe del departamento de informática de la sociedad pública. Era el encargado, entre otras cosas, de verificar que el material pagado efectivamente llegaba a las instalaciones de Emarsa, según declaró ayer Cuesta ante el juez.

El exgerente reconoció que la situación era "extraña" porque Sebastián García Martínez figuraba en la web de Emarsa como jefe de informática, y actuaba como tal, pero no llegó a estar en nómina de la sociedad.

Cuesta reconoció también que durante dos años, de 2004 a 2006, estuvo cobrando al mismo tiempo como alcalde pedáneo de Benimàmet, cargo en el que le nombró la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a pesar de que su contrato como gerente de Emarsa le exigía exclusividad. Cuesta afirmó que fue él quien solicitó cesar como alcalde pedáneo en una carta remitida a Barberá.

Una hermana de Sebastián García Martínez, María Paz, también imputada, administraba otras dos empresas de mantenimiento y reformas que facturaron 4,2 millones de euros a Emarsa. El juez interrogó al exgerente sobre la sorprendente circunstancia de que buena parte de los trabajos que ambas firmas cobraron figuran como realizados en edificios y maquinaria que nunca han existido. Y por el hecho de que una de las empresas cobró en enero de 2010 910 horas de mano de obra. El problema es que según la investigación el trabajo fue realizado por solo dos empleados. De modo que, descontados los días festivos, los dos obreros tendrían que haber trabajado ese mes unas 21 horas al día para que las cuentas cuadrasen.

El juez continuará el lunes interrogando al exgerente de la sociedad pública.

El escándalo de la empresa pública de depuración del agua de Valencia
- Emarsa. Era la empresa pública dedicada a sanear el agua del área metropolitana de Valencia.

- Controlada por Valencia. Emarsa dependía, a su vez, de la Emshi, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, en la que están representados diversos Ayuntamientos y que controla, en la práctica, el Consistorio de Valencia.

- Más sueldo que Zapatero. Nueve directivos de Emarsa cobraban en 2010 bastante más de 78.200 euros al año, que es el salario del presidente del Gobierno.

- Agujero de 17 millones. Cuando las primeras sospechas de irregularidades saltaron a la luz, Enrique Crespo, alcalde de Manises y presidente de la sociedad pública, optó por disolverla debido a su mala situación económica. La disolución dejó un agujero de 17 millones de euros.

- Denuncia a la fiscalía. Los socialistas llevaron la gestión de Emarsa a la fiscalía. Entre otras cosas por haber violado los "principios de publicidad y competencia" en la contratación.

- Millones por nada. La investigación reveló que la sociedad había pagado decenas de millones de euros por servicios y trabajos que nunca se realizaron.

- Seis imputados. El juez ha imputado a tres dirigentes de Emarsa y seis empresarios por malversación y estafa. Esas seis empresas facturaron a Emarsa 30 millones.


* El País - IGNACIO ZAFRA - Valencia - 08/10/2011
Foto: Manises (Valencia), ayuntamiento - noticiesdevalencia

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Nuevas construcciones destruyen los últimos arenales de la Manga del Mar Menor (San Javier)

ANSE/Murcia* : ANSE denunció ayer diferentes actuaciones urbanísticas que se han desarrollado en el interior de la única microrreserva de flora propuesta por la Comunidad Autónoma en La Manga del Mar Menor, destruyendo un 25% de su superficie inicial (0,5 ha frente a las 2ha totales). En concreto, se ha ejecutado una calle que parte la microrreserva en dos y se está procediendo a la construcción de un chalet en primera línea del Mar Mediterráneo. Asimismo, se ha instalado un bar portátil y una caseta de obra sobre los últimos retazos de arenal existentes en la Playa Snipes, frente al casino de La Manga.
Las actuaciones han afectado a un número no evaluado de ejemplares de zanahoria marítima, pero conviene destacar que la microrreserva propuesta albergaba, según datos de la propia comunidad Autónoma, el 90 % de la población de esta especie protegida. La zanahoria marítima es una especie catalogada como Vulnerable por el Decreto 50/2003. Esta especie se distribuye en la Región por las riberas del Mar Menor no urbanizadas, pero la única población con un número apreciable de ejemplares se encuentra en el interior de la microrreserva propuesta por la Comunidad Autónoma en La Manga.

La Asociación ha remitido sendas denuncias ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de San Javier pidiendo la paralización de las obras.

ANSE lamenta que las Administraciones hayan sido incapaces de conservar ni siquiera 2 hectáreas de arenal con especies en grave peligro de extinción. A juicio de ANSE, la responsabilidad por tales hechos corresponde tanto a la Comunidad Autónoma (que ha sido incapaz de garantizar la conservación de un enclave destacado por la propia Dirección General de Medio Ambiente) como al propio Ayuntamiento de San Javier (que debería garantizar la ausencia de afecciones sobre la flora protegida de los desarrollos urbanísticos).

Mas info relativa a Echinophora spinosa (1,2)

Polaris promueve más de 60 apartamentos turísticos en el límite con el espacio protegido Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

ANSE denuncia igualmente que hace varias semanas la empresa Polaris World ha iniciado la construcción de más de 60 apartamentos a orillas del Mar Menor, en el tramo norte de La Manga, lindando con la zona de conservación prioritaria de Las Encañizadas, en el Parque Regional, LIC, ZEPA, Humedal de Importancia Internacional Ramsar y Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

Paradójicamente, la urbanización se denomina “Arenales del Mar Menor”, hábitat que contribuye a destruir a pesar de utilizarlo como reclamo publicitario. La urbanización se realiza en dos fases de 22 y 44 apartamentos cada una, donde la normativa urbanística permitía la construcción de viviendas unifamiliares.

La obra fue informada favorablemente por el Concejal de Medio Ambiente del anterior gobierno municipal a finales de mayo, y aprobada a finales de julio por el nuevo equipo de gobierno.

Polaris ha aprovechado que las Normas Subsidiarias del Término Municipal de San Javier permiten aumentar la edificabilidad aprobada en la zona para la realización de instalaciones hoteleras, multiplicando por 10 el número de viviendas que pueden construirse en la zona presentándolas como apartamentos turísticos, y construyendo en tres alturas junto al mismo límite del Parque Regional. Los apartamentos se encuentran a la venta por precios comprendidos entre los 120.000 y los 200.000 €, como puede comprobarse en la página web..A pesar de su proximidad a una zona de gran fragilidad y elevado valor natural, no consta en el expediente del Ayuntamiento que se haya realizado una evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2.000, ni se haya solicitado informe a la Dirección General de Medio Ambiente (antes de Medio Natural).

Sin embargo, constan sendos informes técnicos del mismo Ayuntamiento en el expediente en los que advertían que, dada la proximidad a un espacio de la Red Natura 2000, “por el órgano ambiental (la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental) debe decidir sobre la necesidad de que el proyecto deba someterse a evaluación ambiental”.

ANSE ha pedido al Ayuntamiento de San Javier que paralice las obras de la primera fase de la urbanización, y que no conceda licencia definitiva a la segunda. Las licencias fueron solicitadas inicialmente por Hacienda Riquelme S.L y Polaris World Development, S.L., que se fusionaron posteriormente en Polaris ¨World Real State, S.L. y ahora se ha solicitado la subrogación de la licencia a nombre de Sand Paradise, S.L perteneciente también al parecer al Grupo Polaris.

Igualmente, ANSE ha pedido a la Consejería de Presidencia que respalde la paralización de las obras por su afección a un espacio de la Red Natura 2000, y obligue a la empresa a realizar una evaluación de las repercusiones ambientales del proyecto.

La Asociación de Naturalistas del Sureste denuncia que, mientras desde la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma se anuncia la aprobación de una nueva Ley de Protección del Mar Menor (cuando en 2001 derogó la de Protección y Armonización de Usos), la misma Comunidad Autónoma y el único término municipal de La Manga que conserva aún unas pocas parcelas sin urbanizar, San Javier, aprueban nuevos proyectos urbanísticos que destruyen los últimos arenales y aumentan la presión sobre los espacios protegidos.

ANSE lamenta especialmente las declaraciones del Consejero de Turismo de la Comunidad Autónoma, anunciando una campaña para mejorar la imagen del Mar Menor y La Manga, en lugar de preocuparse porque su misma Consejería apoya el aumento de edificabilidad para favorecer a una empresa como Polaris Word, que ha visto como muchas de sus promociones han sido embargadas por los bancos por falta de pago.

La Asociación teme que otras empresas constructoras promuevan actuaciones similares en el tramo norte de La Manga, proponiendo apartamentos turísticos donde se autorizan viviendas unifamiliares para lograr más edificabilidad, aunque las construcciones se venderán a particulares.


* Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) - 8.10.11
Foto: Mar Menor (Murcia), destrucción litoral - ANSE

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Boadilla.- Arnaiz diseña desde el Consistorio operaciones urbanísticas para sus empresas opacas

ELCONFIDENCIAL/Madrid* : Leopoldo Arnaiz, el arquitecto asesor del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, diseña desde el consistorio madrileño operaciones urbanísticas para su red de empresas pantalla. El urbanista municipal, que cobró del Santander a través de un testaferro en el caso de la Ciudad Financiera, se ha especializado en trabajar simultáneamente para decenas de ayuntamientos y para sí mismo a través de una trama de 33 empresas encabezadas por socios y testaferros. En Boadilla ha hecho varias de estas operaciones.
Una de ellas es el caso del palacio del Infante don Luis. El Ayuntamiento de Boadilla firmó en julio de 1998 un convenio urbanístico con el propietario del palacio, Enrique Rúspoli. El consistorio adquiría el palacio, diseñado por Ventura Rodríguez en el siglo XVIII, y siete hectáreas de terreno a cambio de 2.000 millones de pesetas (doce millones de euros). El propietario recibiría 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) en metálico y el resto en fincas municipales con un aprovechamiento urbanístico fijado.

El estudio de Leopoldo Arnaiz estaba contratado por el Ayuntamiento de Boadilla desde dos años antes como consultor y asistente técnico para todos los trabajos relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana. Por ello, fue Arnaiz quien elaboró el convenio urbanístico y lo envió al ayuntamiento para su aprobación, tal y como demuestran los faxes a los que ha tenido acceso El Confidencial.

Tras la ejecución del convenio urbanístico y según datos del Registro de la Propiedad, el 5 de octubre de 1999, Enrique Rúspoli vendió las cuatro fincas que le había entregado el ayuntamiento a cambio de su palacio, así como el aprovechamiento urbanístico de las mismas. El comprador fue la sociedad Valle del Duero. Oficialmente, se trataba de una promotora burgalesa. Pero en realidad el 52% de las acciones de esta firma pertenecen a Gamadortiz e Inmotexter, dos de las 33 empresas de la estructura creada por Leopoldo Arnaiz usando distintos testaferros (la valoración más conservadora de la trama empresarial supera los 500 millones de euros en suelo y otros inmuebles). La venta de las parcelas se firmó en la misma notaría madrileña que Arnaiz usó para constituir su trama inmobiliaria (el arquitecto y sus testaferros también firmaron transmisiones de empresas en dos notaría de Londres). Es decir, Arnaiz diseñó un convenio desde su puesto de asesor del Ayuntamiento, incluyendo las valoraciones, según fuentes municipales, y, por detrás, compró el resultado de ese convenio.

Una denuncia de una antigua socia del arquitecto que está tramitando el Juzgado Mercantil Mercantil número 4 de Madrid detalla la estructura de la trama, cuya titularidad Leopoldo Arnaiz reconoce. El abogado de la denunciante aseguró en la audiencia previa que el motivo de no figurar en estas operaciones es que “Leopoldo Arnaiz es redactor de los planes urbanísticos de muchas localidades de la Comunidad de Madrid, en las cuales tienen propiedades muchas de sus empresas y él no puede aparecer como socio por incompatibilidad y para eso busca testaferros”. El urbanista siempre ha defendido que lo que hace es legal y que usa “empleados” al frente de sus empresas para no llamar la atención, aunque está imputado en dos juzgados por distintos delitos. Arnaiz tiene una veintena de empresas en las que sí figura oficialmente, pero con las que no opera en negocios urbanísticos que pueden generar polémica.

Concluida la operación del palacio, que recientemente fue noticia por su cesión ilegal a la SGAE, los tribunales anularon el Plan General de Boadilla y, por lo tanto, también el convenio de venta del inmueble. En mayo de 2003 el entonces alcalde, Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel, presentó un nuevo convenio para evitar que Rúspoli tuviera que devolver las fincas municipales. El problema era enorme, pues Rúspoli ya había vendido el suelo a las empresas de Arnaiz.

El encargado de elaborar ese nuevo convenio fue el propio Arnaiz, con la particularidad de que él era el dueño de las fincas resultantes de ese convenio. En un fax con fecha 20 de mayo de 2003, que obra en poder de este diario, los abogados de Enrique Rúspoli, el despacho Ramón&Cajal, le comunicaron al secretario del Ayuntamiento madrileño, Manuel Acosta, que los últimos flecos de la operación están “negociándose entre D. Enrique Rúspoli y D. Leopoldo Arnaiz”.

Todos los trabajos que realiza Arnaiz son después aprobados por el ayuntamiento madrileño, en manos del PP. El arquitecto ha declinado hacer cualquier tipo de declaración a El Confidencial.

Operación Cortijo Sur

El 30 de enero de 2004 el Ayuntamiento de Boadilla del Monte acordó la aprobación definitiva del Plan Parcial 6.1. Cortijo Sur: 717.000 metros cuadrados, repartidos en unas 400 parcelas para construir unifamiliares. Cuatro empresas habían solicitado la citada recalificación: Valle del Duero, Gamadortiz, Construcciones Aragón Izquierdo e Inmobiliaria Maidan. Las dos primeras pertenecen al entramado empresarial del arquitecto y las otras dos, a sus socios.

El arquitecto, como redactor del PGOU de Boadilla del Monte, contratado por el ayuntamiento, tuvo que supervisar el plan parcial entregado por las citadas empresas para que encajara en el plan general. Además, su despacho también fue contratado por los propietarios del suelo –la junta de compensación- para la elaboración de los planes que se presentan en el ayuntamiento.

Otra de las empresas de la trama de Leopoldo Arnaiz, Beltraex, que alquila un edificio al Banco Santander, tiene parcelas en distintos sectores de Boadilla del Monte, cuyas actuaciones urbanísticas controla el propio Arnaiz contratado por el ayuntamiento, organismo responsable de aprobar las “sugerencias” del consultor Arnaiz. El urbanista consigue contratos municipales presentando ofertas por debajo de mercado, ya que su negocio está en conocer y trabajar para quienes tienen intereses en el urbanismo del municipio en cuestión o, directamente, operar con sus promotoras, encabezadas por socios o testaferros. Ser el autor de los planes urbanísticos municipales –o de las modificaciones- de más de 60 municipios en toda España le da una gran ventaja para sus intereses privados.


* El Confidencial - Javier Chicote 07/10/2011
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es

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La Audiencia de Girona acepta que una familia entregue su vivienda para saldar la hipoteca

20MINUTOS* : Un juzgado de Girona defiende la dación en pago y acusa a las entidades financieras de "enriquecimiento injusto".
Con la crisis son muchas las familias (15.000 en lo que llevamos de año) que están siendo desahuciadas. El problema es que además de quedarse sin casa y en la calle le deben dinero al banco. Todo porque no se acepta lo que llamamos dación en pago, es decir, que la entrega de la casa sea suficiente para saldar la deuda con el banco. En diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Navarra aceptó en un caso la dación en pago. Ahora, se le suma la Audiencia de Girona. En un auto, que ha dado a conocer la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, no sólo acepta que una familia ya ha pagado su deuda con la entrega del piso sino que acusa a bancos y cajas de "enriquecimiento injusto".
En este caso resuelto en primera instancia por un Juzgado de Girona, la vivienda se había tasado en la hipoteca por el Deustche Bank en 325.000 euros. En el procedimiento de ejecución hipotecaria el banco se la adjudicó en la subasta por 162.500 euros, el 50% del valor de tasación (fue anterior al incremento del 50% al 60% del pasado mes de julio). Ante el juez, el banco sostenía que después de desahuciar a la familia afectada y quedarse con la vivienda, tenía además derecho a cobrar 141.158,10 euros más.

Abusos y derechos del consumidor

El texto del auto del juez afirma que "no puede sostenerse que 'el producto' obtenido por la entidad financiera fuera insuficiente para cubrir el crédito. El banco no recibe 162.500 euros de un tercer postor que se adjudica el bien, sino que lo hace suyo para reducir o extinguir su crédito. El bien pasa así a integrar su patrimonio. Lo que el banco obtiene entonces no es la suma mentada, sino el valor que tiene el bien hipotecado que en la propia escritura de concesión del crédito hipotecario se ha fijado (también por el banco) en 325.000 euros".

El juez alude a la Ley de defensa de los consumidores para sugerir que se prohiban las cláusulas que se incluyen en los contratos y sean abusivas. En este sentido indica que son cláusulas abusivas las que imponen perjuicios desproporcionadamente altos para el consumidor que no cumpla sus obligaciones. Y propone "la nulidad parcial de aquellas de las que se deriva una asunción personal de la deuda cuando la garantía hipotecaria cubre sobradamente el crédito".

El Tribunal califica la actuación del banco de abuso de derecho, y considera que ha incurrido en un ejercicio antisocial del mismo: "La actuación de la entidad financiera se considera contraria al principio de buena fe que debe presidir el ejercicio de un derecho".

Enriquecimiento injusto

El auto entiende que en caso de no aceptar la dación, el banco obtendría un enriquecimiento injusto, ya que después de cobrar su deuda con la vivienda, podía ingresar nuevas cantidades con la venta de la vivienda.

El juez concluye que "una decisión justa que es lo que, en última instancia, la ciudadanía espera de un 'tribunal de justicia'". Por ello, propone "una solución que no conlleve un beneficio injustificado a favor de aquella parte que interviene en una posición de fuerza en la firma de un contrato de adhesión".

De este modo, la Audiencia Provincial de Girona muestra su acuerdo con criterio del auto de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 2ª), de diciembre de 2010. El denunciante reclamaba que el banco seguía exigiéndole el pago y el juez le dio la razón. Fue la primera vez que una sentencia así daba la razón a un ciudadano.


* 20 Minutos - 7.10.11
Foto: Integrantes de asociaciones vecinales y el Movimiento 15-M durante una concentración para evitar un desahucio de un matrimonio y su hija menor de una vivienda en Madrid. (Juan Carlos Hidalgo / EFE)

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Carta de invitación a la #mareaverde: el 15 de octubre será un gran baile

MADRILONIA* : Nos hemos visto, nos reconocemos por la calle. Tenemos gestos comunes. Nos hemos cruzado. Nos defendemos mutuamente. Sin ser lo mismo, nos reconocemos. Hay mucho de la #mareaverde en el 15M. Muchísimo ¿Acaso no fue la puerta del Sol una escuela? ¿Acaso no entendimos que habíamos ido hasta allí para aprender? ¿No es cierto también que en las esquinas de la plazas colindantes a Sol se juntaron maestros y maestras a hablar de educación, a conformar las primeras comisiones? Hay mucho también del 15M en la #mareaverde. Hemos visto a los profesores y profesoras en las asambleas de los barrios, contando, convocando, explicando en primera persona lo que los medios narran en cifras. Hemos visto el deseo de construir un espacio incluyente para cualquiera.
Hemos caminado nuestros propios pasos en el mismo baile… ¿Que tal si nos damos la oportunidad de bailar juntos? ¿Que tal si nos pedimos salir? Nuestra primera cita de las importantes, después de tanto agradable ligoteo, podría ser el próximo 15 de Octubre.

Como bien sabes, llevamos meses preparando esta movilización internacional. En las últimas semanas los lugares del planeta que han decidido unirse a esta llamada crecen y crecen. Desde Libery Square en Nueva York, donde miles se han plantado en uno de los corazones financieros del mundo, hasta las calles de Egipto, Chile y tantos otros lugares.
Queremos que vengas a una manifestación mundial sin banderas, sin nada que nos distinga más que las ganas de estar juntos y decir alto y claro que no vamos a ser mercancías en manos de banqueros y políticos, que no nos representan y que no tenemos miedo.
Sería tan bonito ver vuestras camisetas verdes acompañando a las miles de personas anónimas que saldremos a la calle el próximo 15 de octubre. Si hay que elegir un color que marque tendencia en este otoño caliente… que sea el verde.
El 15M estará a tu lado, hagas lo que hagas, pondremos nuestra inteligencia y perderemos horas de sueño para que ganes la batalla, porque es la nuestra.
Y el próximo 15 de Octubre, con nervios y mucha ilusión, queremos invitarte a bailar con las paradas y los desahuciados, con los precarios y las jubiladas, los informáticos y las amas de casa, los jóvenes y las familias… con todo el mundo que tenga ganas de cambiar lo que nos rodea.
Si te animas, te estaremos esperando hasta el último minuto.

* Madrilonia - 15M - 6.10.11


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Los bancos no informaron de las 'cláusulas suelo' a casi el 90% de los hipotecados, según Facua

EUROPAPRESS* : Una encuesta elaborada por la asociación de consumidores entre más de 3.200 hipotecados, asegura que el 42% de los usuarios tienen hipotecas que incluyen 'cláusulas suelo' que no les han permitido beneficiarse de las caídas del Euríbor.
El 87% de los hipotecados no fueron informados por su banco o caja de que su crédito para financiar su hogar contaba con una 'cláusula suelo', es decir, que el tipo de interés que pagan por su préstamo no puede bajar de un determinado porcentaje por más que descienda el Euríbor, según ha denunciado Facua-Consumidores en Acción.
En una encuesta elaborada por la asociación entre más de 3.200 hipotecados, el 42% asegura contar con una hipoteca que incluye una 'cláusula suelo' que le ha impedido beneficiarse de la caída del Euríbor, mientras que un 27% incluso asegura desconocer si existe o no. Aún así, sólo un 25% desconoce cuándo y cómo se revisa su hipoteca.

Según Facua, un 40% de los usuarios advierte de que antes de contratar el préstamo hipotecario no recibieron información "completa y detallada" sobre el tipo de interés aplicable y su revisión.

Un 55% ni siquiera fue informado previamente de los gastos y comisiones que conlleva firmar una hipoteca, mientras que nueve de cada diez dice que las entidades financieras le ocultaron su derecho a elegir notario y a revisar la escritura en la notaría tres días antes de la firma.

Así pues, el 84% admite que no sabría qué debería hacer en caso de no pagar la hipoteca. Las entidades, sin embargo, sí que informaron y obligaron al 88% de los hipotecados a contratar un seguro (de vida, hogar, impago etc.) para beneficiarse de ofertas.


* Europa Press . ya encontré 4.10.11
Foto: Hipotecas, gafas y bolígrafo - Istockphoto

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Dimite el alcalde de Val do Dubra tras ser condenado por prevaricación

LAVOZ/A Coruña* : El alcalde de Val do Dubra, Juan Manuel Baleato Iglesias (PP), renunció al cargo tras ser condenado por un juzgado de A Coruña a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Baleato, alcalde desde 1991, ha convocado para el lunes un pleno extraordinario en el que formalizará su dimisión.
El Juzgado de lo Penal nº6 de A Coruña condenó al regidor dubrés a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con la atenuante de reparación de daño, por considerar que ordenó de forma «injusta y arbitraria» retirar un depósito de zahorra de una finca privada. Los hechos ocurrieron en junio del 2007, cuando Juan Manuel Baleato, tras recibir quejas de unos vecinos, mandó retirar el material rocoso con el argumento de que su depósito, aunque provisional, entrañaba riesgo para el medio ambiente al estar cerca de un cauce fluvial.

Esta justificación fue rechazada por el juez, dado que el material no era contaminante. La sociedad dubresa Hijos de Buján, responsable de la zahorra, denunció los hechos y la sentencia le da la razón al afirmar que «la decisión verbal de retirar los materiales acumulados lo fue sin base alguna, carente de causa, exagerada, desproporcionada, precipitada y con absoluto olvido de fundamentación normativa».

Baleato, que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial de A Coruña, será sustituido por el número dos de la lista, Ramón Camilo Varela Mariño.


¨La Voz de Galicia - 8.10.11
Foto: Bembibre (A Coruña), val-do-dubra - panageos

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El Estado del bienestar en manos de bancos y fundaciones

MADRILONIA* : Apenas quedan recursos de educación compensatoria en los colegios e institutos públicos de la Comunidad de Madrid. Tampoco podrá haber desdobles en las aulas. Han recortado la educación ambiental y la universidad no tiene suficiente dinero para investigar. Pero Bankia sigue con su mega centro “social” en San Cristóbal (Villaverde) y La Caixa financia apoyo escolar en los Centros de Participación e Integración para inmigrantes. El Santander otorga créditos universitarios, subvenciona investigaciones y ahora quiere participar en la educación pública mediante la fundación Empieza por Educar.
Este modelo que se nos impone desamortizando lo público tiene nuevos encargados de los servicios sociales: nuestros queridos bancos y cajas. Ellos decidirán qué necesitamos, si clases de canto o ayuda a mujeres. No es un modelo nuevo, en EEUU, por ejemplo, toda la intervención social está financiada por grandes fundaciones como la Rockefeller, que destinó en 2008 3,1 billones de dólares a sostener universidades, escuelas, hospitales e incluso organizaciones de base.

En España, sin ir más lejos, La Caixa dedicó 500 millones de euros a su Obra Social en programas sociales, de medio ambiente y ciencia, programas culturales y educativos y de investigación, tal y como muestran orgullosos en su web. El Santander posee la fundación que lleva su nombre, la Fundación Botín y la Fundación Santander Creativa; la primera destinó casi siete millones de euros a desarrollar debates, acciones artísticas y musicales. Por su lado, Caja Madrid invirtió en 2010 100 millones de euros en espacios de arte y cultura (11 centros), para mayores (41 centros), para educación (110 centros), residencias de ancianos y hasta un centro para enfermos terminales, entre muchos otros proyectos.
¿Deben los bancos y cajas y sus fundaciones encargarse de estos servicios? En una sociedad democrática, se debería decidir de manera democrática a qué destinar los fondos y recursos disponibles para lo social. Si pensamos además cómo han conseguido esas sumas fabulosas, acumulando intereses de préstamos e hipotecas pagados por todos y especulando con nuestras cuentas en bolsas y fondos de inversión, aparece de forma todavía más clara que están gastando nuestro dinero sin ningún control.
Recortan y cierran lo público porque “no hay dinero” mientras los bancos y cajas destinan millones de euros a gestionar como les place unos servicios sociales paralelos. Éste es el futuro que nos espera: pelearnos por una plaza en la guardería del BBVA. Todavía estamos a tiempo de evitarlo.



* Madrilonia - Voces con Futura - 6.10.11

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El juzgado de Navalcarnero reactiva la investigación del “Caso Griñón”

SER/Madrid* : La magistrada del juzgado nº1 de Navalcarnero ha decidido reactivar la investigación judicial sobre un "presunto" pelotazo urbanístico en Griñón, un caso que se detectó en el año 2009 gracias a un vecino que denunció la “sospechosa” sobrevaloración una parcela municipal que multiplicó su valor en 3 años, pasando de valer 150.000 a 5.600.000 euros.
Las investigaciones comenzaron hace 2 años con el punto de mira en el anterior gobierno municipal de Griñón, del popular José Ramón Navarro, que fue desalojado hace unas semanas de la alcaldía tras una moción de censura del resto de los partidos en el ayuntamiento. El pasado mes de marzo un juzgado decidió archivar el caso, sin esperar al informe solicitado al grupo de delitos económicos de la Guardia Civil. Ahora, la magistrada de Navalcarnero ha dado un giro a esta historia revocando ese auto y retomando la investigación.

El informe ha llegado, y de él, la magistrada deduce que podríamos estar ante dos delitos, de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio.

Los propios técnicos de urbanismo de la Comunidad ya advirtieron en un informe que el Ayuntamiento de Griñón había incurrido en una infracción muy grave de la Ley del Suelo, al autorizar obras y proyectos en contra de la legislación vigente.


* Cadena SER - 3.10.11
Foto: Griñón (Madrid), ayuntamiento - madrid.org

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Todos tienen prisa por institucionalizar al 15-M

ÁNGELES DÍEZ* : El domingo 2 de octubre la periodista de origen Iraní Nazanin Armanian, titulaba su columna del periódico Público “El 15- M frente al 20-N”. En ella recriminaba al movimiento que “sigue debatiendo sobre el número de ángeles que caben en la punta de un alfiler”, en vez de “formar una alternativa electoral democrática y unitaria” ante las próximas elecciones que tendrán lugar en España el 20 de noviembre. Urgía a que el movimiento cree un “frente amplio” –se entiende electoral-, y ponía como ejemplo de lo que debería hacer: sumarse a la “hoja de ruta” de la organización “Democracia Real Ya”. El 17 de julio, Belén Barreiro, expresidenta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), directora de la fundación Alternativas, vinculada al PSOE, y miembro del Comité de Estrategia del PSOE, en una larga entrevista también a Público decía que “Muchos de los que están en el 15-M acabarán en un partido” y añadía que el 15-M puede perdurar “transformándose y entrando en los partidos [….] Todo dependerá de la capacidad de las formaciones para absorberlo”. Intelectuales progresistas como Nazanin y gestores del PSOE coinciden pues en lo que esperan y desean para el 15-M.
También en algunos grupos de trabajo y comisiones del movimiento, a título individual, surge este planteamiento en distintas asambleas. Siempre obteniendo, hasta ahora, un generalizado rechazo por la mayor parte de los participantes.

El 26 de septiembre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, relacionaba al 15-M con los golpes de Estado en la presentación del libro de José Bono –presidente del Congreso y miembro del PSOE- sobre la Revolución Francesa diciendo que abogan "por un principio de democracia directa" bajo el que, ha advertido, "se puede esconder un golpe de Estado", como en la Francia de 1793. En ese acto, Bono afirmó refiriéndose a los indignados:"Si quieren negar el valor de las urnas, aunque fuese perdiendo, me quedo con las urnas siempre antes que con las masas parisinas". Al acto asistía buena parte de la clase política, encabezada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy; y una parte importante del mundo empresarial como el Corte Inglés.

Parece claro que todo el espectro político de izquierda más o menos institucionalizada, desde el PSOE, a intelectuales progresistas, hasta la izquierda minoritaria, comparten expectativas. En los últimos dos meses, en los medios de comunicación masivos, también se aprecia una tendencia -casi campaña- a favor de “poner orden” en un movimiento que está resultando difícil de embridar. Ni amaina su capacidad movilizadora, ni se diluye en alguna de las identidades múltiples que lo nutren, ni abandona los principios que lo hicieron emerger el 15 de Mayo: “no nos representan”; “lo llaman democracia y no lo es”; “vamos despacio porque vamos lejos”.

El hecho de que haya tanta unanimidad en plantear la institucionalización del 15-M, incluso que surja este tema en algunos de las personas que forman parte del movimiento (personas que a su vez militan en organizaciones: sindicales, asociaciones de vecinos, partidos políticos, etc.) plantea un par de cuestiones para reflexionar. La primera, el interés de las organizaciones de izquierda, la tradicional y la más moderna, la más institucionalizada y la menos, por nutrir sus filas y/o capitalizar la potencia del movimiento que, como dice la sra. Barreiro, parece que se trata de un movimiento que “se identifica con la ideología de izquierdas”. Para los asesores del candidato a presidente Rubalcaba, los guiños al 15-M -se transforme o no en una plataforma política-, pueden tener interés para contrarrestar el ascenso del PP; para tener una plataforma afín con la que interactuar, pactar, negociar…, o en último extremo porque incluso como “voto útil” pueden ser votantes del PSOE. Para otra parte de la izquierda institucional como IU se trata de un movimiento que de forma natural puede hacerla repuntar electoralmente pues el miedo a la derecha (ppista o psoista) conducirá a las personas del 15-M, que se abstuvieron o votaron en blanco en las pasadas elecciones, a apoyarlos ahora en las urnas. Para otros grupos de izquierda que parecen aspirar a la institucionalidad como Izquierda anticapitalista o Democracia real ya, también es el movimiento un campo en disputa ya que ellos sí “recogerán las verdaderas aspiraciones del movimiento”, serán su voz en las instituciones. Entre estos grupos de izquierda minoritaria el desprecio que muestran hacia los participantes del 15-M está muy generalizado y lo expresa de forma muy ilustrativa la periodista Nazanín cuando acusa al “voto en blanco de la indignación popular” de fantasioso, infantil, voluntarista y simplista.

La segunda cuestión que nos plantea el interés de todos por que el 15-M sea una organización política o se decida a apoyar a alguna organización política, tiene que ver con los recelos hacia la potencialidad implícita del movimiento para ser algo más, mucho más, que flor de primavera. Los planteamientos abstractos, genéricos pero de gran calado, se van concretando poco a poco en los barrios, en las luchas sectoriales que las gentes del 15-M van alimentando. Así ha sido el caso de la movilización contra los recortes en educación en la comunidad de Madrid; los sindicatos mayoritarios han ido perdiendo el paso. Las asambleas se han convertido poco a poco en asambleas “con espíritu del 15-M”, en las que los maestros, algunos sindicados, otros no, reivindican que en las mesas donde se deciden las movilizaciones estén delegados de los institutos de zona elegidos como tales por las asambleas, no de los afiliados, sino de todo el personal de los centros. En la última de estas asambleas se planteó que los sindicatos dejaran por escrito que no negociarán nada que no salga de estas asambleas.

La presidenta de la CAM, Esperanza Aguirre, en la misma intervención pública de la que hablábamos antes dijo: "Bajo la apariencia de inocentes movilizaciones se esconde la deslegitimación de nuestro sistema representativo”. Daba en el clavo.

Para las organizaciones institucionalizadas esto es un sinsentido. ¿Puede alguien en su sano juicio creerse que esto que tenemos no es una democracia? Una cosa son los lemas y otra muy distinta si nos los empezamos a tomar en serio, si comenzamos a creer que ciertamente este sistema, este y no otro, es el resultado de una transición fallida hacia una democracia que no ha llegado a ser, por más que se vista de lagarterana. No es seguro, pero en la trayectoria del movimiento 15-M, si analizamos la coyuntura en la que surge, el carácter y los contenidos de las más importantes movilizaciones, encontraremos precisamente eso, un cuestionamiento del sistema político. Un hacer explícito que las reglas de este juego están amañadas, que no nos sirven para hacer que la política esté al servicio del pueblo y no al servicio de los intereses económicos. Eso fue y eso es todavía lo que nos sacó a todos a las calles, no sólo en Madrid sino en el resto de España.

Durante todo este tiempo los intentos de convertir al 15-M en una sigla más del abanico de siglas que inundan las protestas sociales han sido sistemáticos y abundantes. Las resistencias de la mayoría de los participantes han sido también grandes. La consciencia de que ser una sigla más que aporta “gente” en las calles es el principio del fin que ronda nuestras cabezas. En una de las Asambleas Populares en la que participan las asambleas de barrios y pueblos de Madrid algunas personas plantearon precisamente crear un grupo 20-N para, de cara a las elecciones, concretar propuestas, interactuar con los partidos y los medios etc. Todo el mundo escuchó, ese es uno de los logros del movimiento, pero la propuesta no contó con la aceptación de la mayor parte de los asistentes. No se trataba de un bloqueo, se trataba de una intuición generalizada: una transformación real no puede transitar por los caminos ya trazados. Esos caminos sabemos a donde conducen, en concreto a lo que tenemos ahora.

Los intentos de normalización e institucionalización del movimiento, aun teniendo por las izquierdas institucionalizadas y las derechas diferentes pretensiones -en el caso de las primeras instrumentalizar y capitalizar, en el de las segundas, delimitar y reprimir- tendrían, creo, un mismo resultado: la disolución del 15-M.

* La autora es Dra. en CC. Políticas y Sociología y profesora de la UCM


* Rebelión - Opinión - 6.10.11


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Estepona descubre 3.200 expedientes urbanísticos caducados

MÁLAGAHOY* : El Ayuntamiento de Estepona ha localizado en sus archivos 3.200 expedientes de disciplina urbanística caducados. De ellos 1.100 corresponden a investigaciones iniciadas en 2008, justo el año en el que estalló el caso Astapa y fue detenido el ex alcalde Antonio Barrientos, según explicó ayer la concejal de Fomento, Infraestructuras y Turismo, Susana Arahuetes. La localización de los expedientes sin tramitar en tiempo y forma es el resultado de una auditoría interna que el Consistorio ha realizado en el Departamento de Disciplina Urbanística. "La situación es muy grave. Ha estado provocada por la parálisis absoluta del departamento y por un funcionamiento caótico", señaló la concejala, que recordó que el titular de Urbanismo en los últimos tres años fue el ex alcalde David Valadez.
Arahuetes aseguró que el Ayuntamiento comunicará al Juzgado de Instrucción nº1 de Estepona que instruye el caso Astapa el hallazgo de los expedientes caducados. "El funcionamiento del departamento siguió siendo el mismo, pese a la intervención judicial que se produjo en 2008 y la investigación sobre las presuntas irregularidades urbanísticas. Se mantuvo la misma inacción en el seguimiento de los expedientes", añadió. La auditoría revela que los expedientes disciplinarios no se ultimaron a tiempo debido a que no se firmaron los decretos, que no existía la figura de instructor ni había personal funcionario adscrito, según la concejala.

La edil anunció que se reorganizará el departamento "para que funcione con normalidad y cumplir la legalidad". "Lo ocurrido traslada al ciudadano la sensación de que las infracciones urbanísticas quedan impunes", añadió. También aseguró que el Consistorio reiniciará aquellos expedientes caducos que se refieran a infracciones que no hayan prescrito todavía. El alcalde de la localidad, José María García Urbano (PP), aseguró que se están revisando los servicios del Consistorio. Las situaciones más graves que se han detectado hasta el momento son las del área económica y la de Disciplina Urbanística, según apuntó.

El ex alcalde David Valadez ha calificado las declaraciones del actual alcalde y de la concejal de Infraestructuras de "auténtico despropósito en el que la mentira se erige como el principal baluarte". Recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó parar la construcción de un edificio de 34 viviendas, locales y aparcamientos sobre un suelo de equipamiento público en Marbella que promovió García Urbano. La sentencia fue incumplida. "Todo es muy kafkiano. El alcalde no puede dar lecciones de moralidad", añadió.

El ex regidor aseguró que mantuvo diversas reuniones con técnicos de Urbanismo de la Junta de Andalucía para resolver los problemas que heredó de la anterior Corporación. Fruto de estos encuentros fue un plan de inspección que permitió al Ayuntamiento y a la Policía Local elaborar un inventario de los edificios construidos o en fase de ejecución de Estepona. "El problema es que García Urbano ha quitado de en medio a los técnicos que se encargaban del departamento y que podían informarle de las iniciativas que adoptábamos", añadió.

"El Consistorio y la Junta han estado trabajando en este ámbito codo con codo durante los últimos tres años", concluyó el ex alcalde David Valadez.


* Málaga Hoy - MARCEL VIDAL - 07.10.2011
Foto: Estepona (Málaga), aérea - seasmountains.com

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"Barcelona tiene 20.000 edificios que están afectados urbanísticamente"

ELPAÍS/Entrevista* : Cuando el urbanismo de Barcelona era capitaneado por Oriol Bohigas, surgió Metápolis. Era un grupo de arquitectos que no comulgaban con el canon de la época. Vicente Guallart (Valencia, 1961) era uno de ellos. Tenía entonces 30 años y ahora es el arquitecto jefe y gerente del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. Y tiene a Bohigas como consejero áulico en el recién creado consejo asesor del área que dirige. En los últimos años de CiU en la oposición, Guallart fue el arquitecto de cabecera de Xavier Trias y, sobre todo, de Antoni Vives, el actual edil de Urbanismo. A Guallart, autor del proyecto Sociópolis de transformación de una porción de la Huerta de Valencia, le gusta mucho hablar de hábitat urbano, tecnología y medio ambiente; de conceptos generales. Pero vamos a lo concreto.
Pregunta. ¿Modificarán el proyecto de reforma de la plaza de la plaza de las Glòries?
Respuesta. No. Estamos de acuerdo porque está bien ordenado y la idea del parque central es buena. Se tiene que seguir trabajando paso a paso. Acabar el museo Dhub, luego los equipamientos, derribar el anillo y luego los túneles.

P. ¿Revisarán la urbanización de la futura Sagrera?

R. No hablamos de urbanismo, sino de hábitat urbano. De barrios productivos a velocidad humana en una ciudad hiperconectada y de cero emisiones. En los lugares en transformación como la Sagrera, donde hay un millón de metros cuadrados por construir, se debe vivir e ir a trabajar a pie.

P. La Sagrera se planificó con edificios de altura de viviendas y sector terciario. ¿Se revisará?

R. En Barcelona se ha hecho urbanismo pero no ciudad, sobre todo en lo planeado para la Sagrera, con unas plusvalías del terreno que no existirán, o en la cobertura de Sants. Se salva con nota un problema de infraestructura, pero hay que reconsiderar el resto. Lo haremos este mandato.

P. ¿Reniega del urbanismo practicado en Barcelona?

R. El Ayuntamiento había convertido el urbanismo en una cuestión técnica de cambio de cromos. Y ahora hay que decidir cuál es la estrategia de la transformación futura de la ciudad. La crisis provoca un cambio productivo y hace falta una visión a 25 años. En época de crisis se harán pocas cosas, pero las que se hagan deben ser buenas. Sobre todo el futuro de la ciudad. Y ese es el proyecto arroba Ictinea: transformar una zona del puerto de Barcelona que entrará en obsolescencia y con gran valor estratégico para la ciudad, ya que está delante de Montjuïc.

P. ¿Y el Puerto, qué opina?

R. Ya se ha empezado a hablar. Este es un proyecto que se hará con el Puerto. Como ya se hizo con la transformación, hace años, del Port Vell en zona de ocio. Ahora, como se ha hecho en otras ciudades -Valencia y Vigo- el puerto se desplazará hacia fuera y ese terreno se gana para la ciudad. Insisto en que todo debe ser a largo plazo, no menos de 20 años.

P. Si el urbanismo ha muerto, ¿qué pasa con sus instrumentos? El alcalde, Xavier Trias, defendía hacer nuevas normas de juego.

R. Se han hecho 300 modificaciones del Plan General Metropolitano (PGM) desde que se aprobó, en 1976. Ahora se debe hacer primero el Plan Director Metropolitano y después la nueva planificación de la ciudad. Llevamos casi 40 años con aquella norma y en Barcelona hay 20.000 edificios afectados de un total de 200.000. Algunos están afectados por alineación, otros por estar previstas áreas verdes, equipamientos o viales que nunca se han ejecutado. Un proyecto que seguro que se revisará es el de los Tres Turons o Torre Baró. Tiene que ser compatible el parque urbano con las viviendas.

P. ¿Cuál es el nuevo modelo que seguir?

R. Hay que pensar en la habitabilidad de las personas y cómo se crea valor en el territorio. El mensaje de ciudad innovadora al exterior, de la capital del móvil... Ahora se debe inventar el urbanismo del siglo XXI, el de las redes de información y de la ecología. Generalizar el modelo del 22@ -impulsado desde los noventa por los sucesivos Gobiernos de izquierdas- y pensar más en Boston que en Roma; economía del conocimiento frente a turismo.

P. Pues el turismo tiene un peso -el 17% del PIB- en Barcelona y el alcalde lo defiende...

R. El turismo es bueno a corto plazo y se debe potenciar. Pero solo el de calidad porque en caso contrario destruirá el tejido productivo de la ciudad.

P. ¿Y no estamos ya en ese camino?

R. Si lo estamos hay que reconducirlo. No podemos ser un parque temático. Si Gaudí atrae a millones de personas, está muy bien, pero hay que potenciar la biomedicina, la economía del conocimiento.

P. ¿Está a favor de la nueva plaza frente a la Sagrada Familia?

R. Sí. La veo bien. La Sagrada Familia lleva asociada un sistema urbano que la rodea, un determinado espacio público.

P. Hay cientos de afectados, de gente que vive y trabaja en esa zona. ¿Quién debe afrontar el coste de las indemnizaciones?

R. No lo sé, pero es un proyecto que diseñar a 20 años.


* El País - BLANCA CIA - Barcelona - 07/10/2011
Foto: Barcelona lujo y miseria, plaza de Les Glóries (archivo) - L.Tusell, adn.es

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Ecologistas denuncian que el PGOU de La Viñuela permite urbanizar el entorno de la presa

SUR/Málaga* : El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) ha presentado ante el Ayuntamiento de La Viñuela y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía alegaciones al PGOU del municipio, actualmente en exposición pública, por considerar que el documento incumple algunas de las limitaciones que impone la ley, favorece la especulación y permite la urbanización de todo el entorno del embalse.
La asociación ecologista ha expresado su preocupación al prever el PGOU urbanizar el entorno del embalse de La Viñuela, haciendo desaparecer la protección de 500 metros en el entorno de la presa. «Lejos de arbitrar alguna norma mínima de protección del paisaje del embalse, pretende recalificar la cornisa circundante, ya urbanizada en casi un 50 por ciento con urbanizaciones difusas, todo un desatino que a buen seguro acabará por matar la gallina de los huevos de oro», ha señalado el presidente de Gena, Rafael Yus. Para el colectivo, el documento además propone tasas de crecimiento urbanístico muy por encima de los límites estipulados por el Plan de Ordenación Territorial (POT) de Andalucía.

Según Yus, la superficie urbanizable propuesta es 20 veces más de lo permitido, ya que prevé un millón y medio de metros cuadrados, frente a los 70.000 que le corresponden.
En cuanto al número de viviendas que propone el documento, Gena hace constar en su escrito de alegaciones que el municipio cuenta en la actualidad con casas suficientes para la población residente, por lo que el PGOU no justifica el incremento propuesto. «El limite de crecimiento del 30% de viviendas serían 250 y no las 1.996 nuevas, como contempla el documento», ha señalado Yus.
Asimismo, Gena ha criticado el crecimiento que prevé el documento para los dos núcleos urbanos actuales, La Viñuela y Los Romanes, lo que el colectivo ha interpretado como un claro interés por «legalizar las viviendas ilegales de sus alrededores, con lo que sólo se conseguirá aumentar el precio de un suelo que ahora es rústico y premiará a los que construyeron fuera de la ley».
Precisamente, GENA ha alertado sobre el hecho de que el PGOU «olvide» y no refleje las viviendas existentes en suelo rústico, «que en su mayoría están en situación de ilegalidad». A juicio de Yus, se trata de «un olvido imperdonable» en un documento de planeamiento urbanístico, pues, incluso aunque se pretenda su regularización, «el requisito previo es inventariar estas casas».
Gena, que ha pedido que el PGOU sea devuelto para una nueva redacción, ha alegado también contra la reserva de 300.000 metros cuadrados para un campo de golf por entender que premia a «todas las viviendas ilegales de la zona», cuando se trata de un equipamiento que prometido por algunos promotores, pero que nunca se ejecutó. El colectivo ha solicitado que se eliminen las nuevas urbanizaciones, el campo de golf, la construcción en el entorno del embalse, y que el crecimiento de los núcleos urbanos sea sobre la basa de una demanda real y no especulativa.


* SUR - 07.10.11 - AGUSTÍN PELÁEZ
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es

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El Cabanyal, en la lista de patrimonios amenazados

PÚBLICO/Valencia* : La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sufrió ayer un nuevo revés en su afán por aniquilar el barrio marinero del Cabanyal, amenazado por un plan urbanístico que prevé la demolición de 1.600 casas de alto valor histórico. La World Monuments Fund (WMF), la asociación privada de defensa patrimonial más importante del mundo, incorporó ayer El Cabanyal a su Lista Watch, un catálogo selecto de espacios singulares "amenazados por las fuerzas de la naturaleza y el impacto del cambio social, político y económico". En una multitudinaria rueda de prensa celebrada en el Empire State de Nueva York, miembros de WMF alertaron del "riesgo de destrucción del tejido histórico y edificaciones consideradas Bien de Interés Cultural", así como del "estado de abandono del barrio".
Este reconocimiento supone un bofetón al proyecto de Barberá de ampliar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar por encima del Cabanyal y a costa de centenares de edificios de estética modernista. Se trata de un plan concebido en el año 2000 y que en diciembre de 2009 fue anulado por el Ministerio de Cultura al considerarlo "un expolio del patrimonio español". Esta decisión fue refrendada meses más tarde por el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional.

Tras su inclusión en la Lista Watch, el Cabanyal compartirá vecindad con medio millar de espacios emblemáticos del planeta que también están en peligro. Algo que coloca a la alcaldesa de Valencia en la lista negra internacional de los depredadores del patrimonio. A los ojos de la WMF, derruir El Cabanyal sería igual a que Barberá enviara la excavadoras a destruir el Valle de los Reyes de Egipto, ordenara tapiar la judería de Toledo o proyectara una carretera que arrasara los templos sagrados del Machu Picchu. "Es una llamada de atención a las autoridades valencianas, a que rectifiquen, dialoguen con los vecinos y reconozcan la enorme importancia artística e histórica del Cabanyal", explicó ayer Pablo Longoria, jefe de proyectos de WMF en España.

La noticia causó regocijo entre los vecinos que se oponen a los derribos y apuestan por la rehabilitación integral del barrio. "Los ojos del mundo mirarán a partir de ahora con asombro la amenaza que se cierne sobre este parte de la ciudad de Valencia", aseguró Vicent Gallart, vicepresidente de la asociación de vecinos del Cabanyal, entidad que impulsó la nominación del barrio de pescadores ante la WMF. En la misma línea se pronunció Maribel Domènech, portavoz de Salvem El Cabanyal, quien anunció que remitirán en breve una carta a la alcaldesa para "tenderle la mano, desbloquear el conflicto y diseñar entre todos un plan de rehabilitación que proteja todas las casas del Cabanyal".

Trujillo, también incluido

La Lista Watch se inauguró en 1996 y se renueva cada dos años. Tras la cita de ayer, se incluyeron 67 espacios nuevos, dos de ellos situados en España. Se trata, además del Cabanyal, del paisaje histórico de Trujillo (Extremadura), amenazado por la construcción extensiva de paneles solares. Según Longoria, los nombramientos se producen tras una rigurosa selección por parte de un jurado de reconocido prestigio cuyos miembros, en su mayoría, trabajan para la Unesco. Durante dos años, la WMF difundirá los valores del Cabanyal entre más de mil periodistas e instará a entidades internacionales en defensa del patrimonio a que presionen al consistorio valenciano para que impida la destrucción de su antiguo barrio marinero.


* Público - SERGI TARÍN - 06/10/2011
Foto: La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quiere derribar centenares de edificios de estética modernista - público

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15M.- Por qué nos manifestamos contra la privatización del agua: 8Oct Madrid

GRUPOECONOMÍA/ACAMPADASOL* : En el año 2008 Esperanza Aguirre, en una exhibición de músculos y de malas maneras, aprobó, únicamente con los votos de su grupo parlamentario, la privatización del Canal de Isabel II (CYII). La mayoría de la ciudadanía desconoce que el Canal de Isabel II no sólo gestiona el agua de Madrid y otras tres comunidades autónomas, sino que se trata de una empresa de carácter transnacional que tiene encomendada la gestión del agua en varias ciudades de América Latina, en concreto, en Colombia y es partícipe mayoritario o al 100% de empresas de gestión y/o suministros en Ecuador, Venezuela, México y República Dominicana, cuestión que se ha procurado ocultar para que no se conozca la verdadera trascendencia de la enajenación del Canal a favor multinacionales con oscuros propósitos, como son ACCIONA, FCC, AGUAS BARCELONA [o «Grupo AGBAR» (SUEZ)], a cambio de obtener sólo una parte del dinero necesario para seguir parcheando la financiación de proyectos vinculados al pozo sin fondo de los intereses de los empresarios de la construcción.
Lo sorprendente en este caso es que no se trata de un servicio público que sufra “vaciado de financiación, deterioro del servicio o malestar de los usuarios”, sino todo lo contrario: el CYII es una de las entidades públicas más antiguas, y prestigiosas de nuestro país, con 160 años de funcionamiento, que presta sus servicios con calidad y eficiencia, y con “rentabilidad social”, es decir, con beneficios materiales y cuantificables para TODAS las personas que habitan en la Comunidad de Madrid.
Pero esta “estrategia de negocio” viene de lejos, cuando en el año 2002 el gobierno de Ruiz Gallardón, utilizando una normativa propicia de la década liberalizadora de los años ochenta que regulaba las competencias de los órganos de gobierno del CYII, creó una “sociedad vehículo” de carácter mercantil con los fondos del CYII (Canal Extensia, S.A.), para la caza del lucro en el exterior, a través de la compra y venta de acciones y participaciones en empresas “opacas” de servicios públicos.

Desde entonces la “sociedad vehículo” del CYII se ha extendido como una mancha de grasa por varios países de Latinoamérica, dando cuerpo y entidad a una multinacional muy cotizada, cuyo comportamiento y objetivos responden a la lógica depredadora de los holding privados, corriendo riesgos desconocidos para los ciudadanos y las ciudadanas de la CAM, afectando al objetivo inicial, legal y único de su creación (garantizar un servicio público de agua), y anticipando con su proceder el futuro del agua madrileña en manos de una empresa privada, lo que supone:

· Empeoramiento de la CALIDAD para reducir costes e incrementar beneficios a corto plazo, forzando el consumo de agua embotellada e incrementando, por tanto, el gasto mensual por familia;

· ENCARECIMIENTO del precio del agua, bien mediante subida en las tarifas, bien por servicios que actualmente no se cobran;

· Elevación del consumo, obligando a la construcción innecesaria de grandes embalses y nuevas infraestructuras de abastecimiento con gran IMPACTO AMBIENTAL económico y social;

· Venta del suelo del CYII que se encuentra en el centro de Madrid, favoreciendo la ESPECULACIÓN INMOBILIARIA;

· Eliminación de inversiones de carácter puramente medioambiental y en las redes de distribución.

· Supresión de las campañas de concienciación ciudadana para el ahorro de agua, incompatibles con la condición de empresa privada;

· Mayores beneficios económicos de los accionistas privados en detrimento de las arcas públicas;

Y, en definitiva: un buen negocio para los amigos y las amigas del PP.

Cumpliendo con estos oscuros propósitos, y con lo anunciado por Ignacio González (“vamos a sacar a bolsa el 49% del capital del CYII”), en abril de 2011 se firman varios convenios entre el CYII, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que escenifican la primera fase de la privatización y anticipan la creación de la sociedad anónima que posibilitará su consumación. No en vano, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ya había adelantado: “Ambas administraciones han pactado las cantidades para la privatización del gestor del agua y solo faltan detalles técnicos”.

La operación se ha llevado con tal opacidad y falta de transparencia que la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras del CYII no se han enterado de las condiciones reales del expolio. La empresa privada pagará al Ayuntamiento de Madrid un canon por la adscripción de sus bienes demaniales (públicos, inalienables, inembargables e imprescriptibles) y está negociando con el resto de los ayuntamientos cuyo servicio integral del agua está siendo gestionado por el CYII, tentándoles con un acuerdo similar para que no cumplan los requisitos de contratación (licitación y oferta pública a los que estarían obligados por ley al tratarse de una empresa privada) y mantengan así los convenios firmados cuando la empresa era cien por cien pública.

Por supuesto, todo ello repercutirá en las tarifas del agua y en la calidad del servicio; supondrá la precarización de los trabajadores y las trabajadoras del CYII y el menoscabo del servicio público; significará tanto el fin de las políticas de ahorro del líquido, como la potenciación del agua embotellada; y, en todo caso, consumará una expoliación del patrimonio de las personas que residen en la Comunidad de Madrid. En este sentido, la gestión de las empresas del Grupo Canal que operan en Latinoamérica nos ofrecen ya una visión anticipada de lo que pasará con el servicio público del agua si permiten el avance de este modelo privatizador.

Recordamos una vez más que esta operación se produce en un momento en que la entidad funciona bien y tiene beneficios, no sólo para atender sus necesidades, sino también para subvencionar a otros organismos públicos como los Teatros Canal (más de mil millones de euros), la Fundación Canal (más de 500 millones de euros) y Metro de Madrid, (más de 200 millones de euros).

Con el objetivo de luchar contra esta privatización, movilizar e informar a todas las personas que viven en la Comunidad de Madrid se crea la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, entidad a la que se han sumado ya de manera activa decenas de asambleas populares del 15M que, con su actividad han conseguido ya que en el Ayuntamiento de Leganés haya prosperado una Iniciativa Legislativa Municipal para el mantenimiento del CYII como entidad de derecho y gestión pública.

Por todas estas razones, el Grupo de Trabajo de Economía de Sol ha consensuado sumarse a la manifestación contra la privatización del Canal de Isabel II que se celebrará este sábado a las 18 horas, con un recorrido que partirá desde la sede del Canal de Isabel II (calle Santa Engracia, 125) y discurrirá por las calles de Santa Engracia, Eloy Gonzalo, Glorieta de Quevedo, San Bernardo… finalizando a las 21 horas.

El agua es un recurso natural, igual que el aire o la luz del sol. La gestión de un recurso natural tan esencial para la vida debe estar en manos de la sociedad y no de empresas privadas que ponen el interés particular sobre el público.

Necesitamos que muchos ayuntamientos madrileños apoyen iniciativas similares y, por ello, este sábado nos manifestaremos diciendo:

NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
Fecha: Sábado, 8 de octubre
Hora: 18:00
Lugar: Sede del Canal de Isabel II (Calle Santa Engracia, 125)

Fuente: http://madrid.tomalaplaza.net/2011/10/04/por-que-nos-manifestamos-contra-la-privatizacion-del-agua/


* Rebelión - Toma la Plaza - 5.10.11

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