ELPAÍS* : Durante 10 años no ha dejado de hablarse en Córdoba de un edificio que no existe. El Palacio del Sur iba a ser un enorme centro de congresos con auditorios, un hotel de lujo y centro comercial con vistas a la Mezquita. Un complejo inmueble futurista que desde 2005 tiene la firma del arquitecto holandés Rem Koolhaas, ganador del Pritzker, el máximo galardón en arquitectura. Un proyecto, en teoría, perfectamente autofinanciado en su construcción, que no afectaría a las arcas municipales y que revitalizaría la deprimida zona de Miraflores, en la orilla izquierda del Guadalquivir. Pero, una década después, en la parcela donde se piensa construir todavía no hay nada. Y es justo ahora, cuando en teoría todo está listo para que las máquinas empiecen a arrancar jaramagos, el momento en el que más incertidumbre existe.
La salvaje crisis económica que azota al país y que sufren severamente los Ayuntamientos no ayuda a iniciar un proyecto, presupuestado en 67 millones de euros, que hasta hace dos años no se sabía cómo financiarlo. Tras solventar acuerdos con la Junta y el Gobierno, la llegada del PP a la mayoría absoluta municipal, enrareció el clima. Arropado por un discurso en el que nunca ha aclarado el futuro del palacio, el PP siempre lo ha supeditado a la aportación de más dinero por parte de la Junta y el Gobierno para aliviar el millonario gasto municipal.
Pero el convenio del Ministerio de Industria se perdería el 31 de diciembre si no se inician las obras o se justifican gastos. Ello supondría la devolución de 5,5 millones, ya que el ministerio ingresó 6,5 millones pero un millón se destinó al pago del arquitecto Rem Koolhaas. El miércoles, ministerio y Ayuntamiento se reúnen en una comisión de seguimiento para evaluar la situación. Con respecto a los 18 millones que convenió la Junta, no se devolverían formalmente pues no hubo ingreso, pero se perderían. Por eso la Junta también pide que se justifique formalmente una prórroga o se den explicaciones.
El Ayuntamiento afirma que quiere hacer el proyecto, pero apenas si se ha movido en estos 100 días de gobierno del PP. Francisco Tejada, portavoz de IU y anterior presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sostiene que a día de hoy el Ayuntamiento tiene fondos para realizar las obras durante al menos 18 de los 36 meses que se calcula durarán. Tejada, como el PSOE, cree que el Ayuntamiento quiere demorar los plazos, a la espera de que el PP esté en el Gobierno y en la Junta. Francisco Tejada sostiene que si lo que espera el Ayuntamiento de Córdoba es mejorar los convenios "puede empezar las obras ya, no perder ese dinero. Y una vez que Mariano Rajoy esté en La Moncloa, renegociarlo todo, pero con las obras en marcha". Si las obras no comienzan en 2011, el Ayuntamiento tendrá que devolver 5,5 millones al Gobierno.
El devenir del Palacio del Sur ha ido de la mano de las tensiones políticas de la ciudad de los dos últimos lustros, con sus prisas electorales y sus cambios de partido. Su principal impulsor al principio fue José Mellado, que en 2001 estaba al frente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y convocó un concurso de ideas para el proyecto. Mellado, líder entonces del PSOE cordobés, había llegado allí en 1999 después de que su partido pactase con IU para aupar a Rosa Aguilar en la alcaldía de la ciudad. Los vaivenes de las urnas sacaron a los socialistas de la Gerencia en 2003 sin haber podido iniciar unas obras que creían inmediatas. Para entonces y tras serios reparos iniciales, su antiguos socio de gobierno, IU, habían hecho suyo el ideal del Palacio del Sur y esperaban apuntarse el tanto.
El deseo era construir un edificio singular que diese renombre a la ciudad. El propio Koolhaas se saltó las bases del concurso y optó por una parcela que no era la inicialmente designada. El Ayuntamiento aceptó, lo que provocó un cambio de PGOU y muchos líos urbanísticos. El proyecto final se conoció en 2005: una enorme estructura de acero y cristal, de 350 metros de largo, 25 de ancho y 28 de alto, abierto a uno de los meandros del río y con vistas privilegiadas a la Mezquita.
En un principio, además, el proyecto no iba a costar un euro a las arcas municipales. Lo público se limitaba a poner el terreno y el proyecto, a la espera de que una empresa lo construyese y lo explotase durante 50 años. Es lo que se conoce como Iniciativa de Financiación Privada e iba a tratarse de la primera experiencia de este tipo en Andalucía. En 2005 estaba claro que la compañía que finalmente se haría cargo del Palacio del Sur sería Ferrovial.
Pero la operación terminó yéndose al traste tres años después, cuando el presupuesto final se disparó hasta alcanzar una cifra entre 150 y 172 millones de euros. El proyecto no encontró quién lo financiara y Ferrovial se echó atrás. Aquello supuso para el Consistorio el desembolso de 5,6 millones de euros. Además, hubo que encargar un nuevo proyecto más reducido y económico a Koolhaas. El millón de euros de Industria ha servido para pagarle.
En febrero de 2009, ocho años después de que se lanzase la primera idea y cuatro después de que se conociese el primer diseño, volvió a presentarse la maqueta, sin hotel ni centro comercial. Ya no se llamaba Palacio del Sur y se optó por el más aséptico Centro de Congresos de Córdoba. Pero lo más importante, su presupuesto estaba limitado a 67 millones de euros. Ni aun así se ha conseguido poner la primera piedra, 10 años después.
Un proyecto muy costoso
Se haga o no el Palacio del Sur, ya ha supuesto un desembolso de unos nueve millones de euros de las arcas municipales, señalan fuentes del Ayuntamiento. Y eso, a pesar de que, inicialmente, se dijo que no costaría ni un euro. A la empresa que originalmente iba a hacerse cargo del proyecto, Ferrovial, y que se echó atrás por lo astronómico del coste final, hubo que pagarle 5,5 millones de euros. En ellos se incluyeron los gastos de tres millones que le generaron la redacción del proyecto, más los aproximadamente dos millones derivados de otro tipo de inversiones.
Por otro lado, el Ayuntamiento debió volver a pagar al estudio OMA, del arquitecto holandés Rem Koolhaas, para que rehiciese su proyecto original. Esa adaptación supuso un nuevo gasto, aunque bastante menor del que hubiese significado otro diseño. La nueva maqueta costó alrededor de 2,5 millones de euros.
Por último, se realizaron los preceptivos trabajos arqueológicos en la parcela de Miraflores, donde tiene que levantarse el edificio, labores que supusieron unos 600.000 euros.
"Sin estos gastos no hubiésemos llegado a la situación actual", remarca Francisco Tejada, portavoz de IU en el Ayuntamiento y anterior presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo. "Ahora ya podemos iniciar las obras. Tenemos dinero de la Junta y el Gobierno. Solo nos haría falta un pleno para reajustar el cuadro de financiación que dejamos listo antes de las elecciones y que fijaba el inicio de las obras para 2011", añade.
Cronología
- 2001. Se lanza la idea del Palacio del Sur. El teniente de alcalde de Urbanismo, José Mellado, quiere colocar la primera piedra antes de las municipales de 2003 siguiendo el proyecto del arquitecto holandés Rem Koolhaas. Ya hay dudas de cómo financiar una obra de más de 10.000 millones de pesetas.
- 2005. Rem Koolhaas presenta el proyecto definitivo del Palacio del Sur de Córdoba. 28 metros de alto, 25 de ancho y 350 de largo de acero y cristal. Ferrovial se hará cargo de la construcción y explotación. Las obras se quieren comenzar en junio y terminar en 2008.
- 2008. No han comenzado las obras. El presupuesto se dispara a 172 millones de euros. Ferrovial se desliga del proyecto. Eso obliga a cambiar los planos de Koolhaas. El contratiempo supone un desembolso de 9 millones de euros.
- 2009. Se presenta el nuevo proyecto reducido, con un coste máximo de 67 millones de euros. El nombre se cambia a Centro de Congresos de Córdoba.
- 2009. Se alcanzan convenios de financiación con la Junta (18 millones de euros) y el Gobierno (10 millones).
- 2010. El Ayuntamiento descubre que tendrá que desembolsar 7,4 millones de euros más. El plan del Consistorio era destinar al palacio de congresos los 7,4 millones de euros que le tocaba pagar por las expropiaciones de fincas del futuro aeropuerto y de las que se iba a hacer cargo AENA. Pero AENA se negó.
- 2011 Se cierra el cuadro de financiación. Se fija el inicio de las obras para este año. El PP gana las elecciones. Pide más dinero de Junta y Gobierno. Estos alertan de que los convenios peligran si no empiezan los trabajos.
* El País - MANUEL J. ALBERT - Córdoba - 03/10/2011
Foto: Córdoba, ayuntamiento - panageos.es
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ELCONFIDENCIAL/Madrid* : Leopoldo Arnaiz es el arquitecto contratado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para diseñar sus planes urbanísticos, entre ellos el de la Ciudad Financiera del Santander. En su día, los propietarios de los terrenos lo acusaron de haber trabajado para los intereses del banco desde su puesto de asesor urbanístico del consistorio madrileño, pero no pudieron probarlo. Una empresa propiedad del Santander, pero sin aparente vinculación con el banco, Cezosa (Centros de Equipamiento de la Zona Oeste S.A.), les había comprado los terrenos a precio de rústico. Luego fueron recalificados, multiplicando su valor, y los dueños originales se enteraron de que habían vendido al Santander. Ahora, esas fincas albergan la sede central del banco.
Ya con el ‘pelotazo’ consumado, El Confidencial ha certificado que Arnaiz cobró del Santander. Concretamente, Cezosa realizó diferentes pagos a Beltraex Nexo, una firma que aparentemente tampoco tenía relación con Leopoldo Arnaiz, pero que sí la tiene. En realidad, el arquitecto, que ha diseñado los planes urbanísticos de más de 40 municipios madrileños, es el dueño de Beltraex Nexo. El administrador de la empresa, Constantino Díaz González, es un mero testaferro. Tanto Arnaiz como su hombre de paja están imputados por delito fiscal en el juzgado de instrucción número 35 de Madrid precisamente a raíz de los pagos del Santander.
Arnaiz ha declinado hacer declaraciones a este diario. Por su parte, fuentes oficiales del Santander han reconocido a El Confidencial que “Beltraex hizo unos trabajos para Cezosa de consultoría inmobiliaria en la operación de la Ciudad Financiera”. El administrador oficial de Beltraex, Constantino Díaz, es abogado matrimonialista y, según una denuncia que investigan los juzgados de lo mercantil de Madrid, se trata de un mero testaferro del urbanista Arnaiz. Preguntado por estos extremos, desde el banco aseguran que no conocen los detalles: “Pagamos las facturas y no sabemos si esa sociedad era o no de Arnaiz”, declara un portavoz.
El pasado octubre, el juez del caso de la Ciudad Financiera absolvió al arquitecto entendiendo que trabajaba para el Ayuntamiento pero no era funcionario, aunque la sentencia está recurrida. El titular del juzgado de lo penal número cuatro de Móstoles argumentó que “no se ha probado la relación del acusado con la sociedad Centro de Equipamiento Zona Oeste S.A. y en este sentido han declarado los representantes legales de dicha sociedad”. La información de El Confidencial desbarata este argumento: Beltraex es Arnaiz. El tribunal desconocía que el redactor municipal del plan urbano de la Ciudad Financiera había cobrado del Santander pero a través de una empresa opaca. La Audiencia Provincial admitió a trámite el recurso de los denunciantes, aunque no disponían de esta información.
Imputado por delito fiscal
Por su parte, la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Agencia Tributaria articularon una querella contra Beltraex a raíz de los pagos provenientes de Cezosa y el flujo de capital entre distintas sociedades del entramado de Arnaiz. Los técnicos sospechan que puede haber un caso de blanqueo y el juez imputó al administrador de la empresa, el abogado Constantino Díaz. Luego, el magistrado comprobó que el verdadero dueño de la firma es Arnaiz, aunque no figure en ningún cargo, por lo que lo citó a declarar y ya lleva varios meses imputado por delito fiscal. También han declarado en este procedimiento varios directivos del Santander, aunque como testigos.
En el caso de la Ciudad Financiera, los propietarios de los terrenos habían demandado a Arnaiz por negociaciones prohibidas con funcionarios y tráfico de influencias. Según uno de los denunciantes, “un hermano de Arnaiz, Alfonso, usando como nombre falso Luis Muñiz, venía a vernos con los de Cezosa para que vendiéramos los terrenos diciéndonos que no iban a valer nada. Luego nos lo encontramos en el juicio con Leopoldo Arnaiz”. Cezosa consiguió comprar entre julio de 1988 y enero de 1999 unos cuatro millones de metros cuadrados de terrenos calificados como rústicos bajo amenazas de expropiación, según los denunciantes. El banco pagó unas 3.000 pesetas (18 euros) por metro, precio que se multiplicó varias veces cuando el Ayuntamiento de Boadilla del Monte recalificó el suelo.
En el juicio, Serafín Méndez, el que fuera director general del área de Inmuebles del Grupo Santander y hombre de confianza de Emilio Botín, declaró que cuando pagaron los primeros 5.000 millones de pesetas por el suelo, “el banco no tenía ninguna garantía de que el ayuntamiento fuera a recalificar el terreno”. Es decir, que la primera entidad financiera de España compró millones de metros cuadrados sin saber si allí podría construir o no su Ciudad Financiera. Los propietarios originales de los terrenos se consideraron estafados y aseguraron en el juicio oral que el Santander sabía que el suelo iba a ser recalificado. Pero el juez sólo mantuvo imputado al arquitecto Arnaiz, acusado de comprar los terrenos para el Santander.
Previamente, el despacho de Lepoldo Arnaiz había sido contratado por el Santander para elegir la ubicación de la futura mega urbanización bancaria, entre otros trabajos, pero en el juicio no se pudo demostrar que trabajara para o cobrara de la polémica Cezosa, la que consiguió las parcelas.
Por su parte, el citado proceso abierto en el juzgado número 35 de Madrid no ha entrado a valorar el caso de la Ciudad Financiera, sólo si Beltraex Nexo ha cometido delitos fiscales en los pagos recibidos de Cezosa, la sociedad del Santander. La justicia madrileña tiene la clave del caso Ciudad Financiera en dos juzgados separados por veinticinco kilómetros de distancia, pero no se han comunicado.
Beltraex es sólo una de las 33 empresas que Arnaiz, que declaró en la comisión de la Asamblea que investigó la trama inmobiliaria del tamayazo, controla a través de testaferros. Las utiliza para operar en municipios donde él ha redactado el plan urbanístico y así pasar desapercibido. El valor de esta madeja de sociedades supera ampliamente los 500 millones de euros. Tiene terrenos en toda España. Arnaiz controla las sociedades con documentos privados firmados con sus testaferros en tres notarías de Madrid y Londres. En algunas compañías es dueño del cien por cien de las acciones y en otras se ha asociado a distintos promotores inmobiliarios.
* El Confidencial - Javier Chicote 03/10/2011
Foto: Vista de la entrada a la Ciudad Financiera del Santander en Boadilla del Monte (Efe)
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ELPAÍS* : Los vecinos de los nuevos barrios de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas llevan tiempo quejándose al Ayuntamiento de Madrid de que sus calles son "más un lugar de paso que un lugar donde vivir". "Son avenidas grandes y poco frecuentadas, y se convierten en autopistas; se han producido colisiones y atropellos, hay mucha inseguridad", señala la presidenta de la Asociación de Vecinos de Sanchinarro, Pilar San Román. "Es un circuito de carreras. Un vecino que es policía municipal pone el radar junto a su casa, cuando el jefe se lo permite, y ha llegado a multar por ir a 161 kilómetros por hora", añade el presidente de los vecinos de Montecarmelo, Alberto Navazo.
Ambos reconocen que el Ayuntamiento conoce sus necesidades. Han mantenido reuniones con sus técnicos, incluso en algún caso les han pasado informes detallados sobre las actuaciones que deberían llevar a cabo en su barrio. Pero no hay dinero. "Nos gustaría hacer más cosas, pero vamos actuando; no estamos parados, vamos poco a poco haciendo cosas", admite el Gobierno local. "No estamos en condiciones de gastar mucho dinero, yo lo entiendo, pero tampoco se puede supeditar la seguridad al presupuesto", responde UPyD, que llevó esta cuestión al pasado pleno municipal.
El delegado de Seguridad, Pedro Calvo, enunció entonces una serie de medidas que tienen previsto acometer a partir del año que viene, probablemente del segundo semestre y si hay presupuesto.En el centro, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, concibe las calles como una extensión del espacio privado de las viviendas, una "alfombra urbana que da acceso a domicilios y comercios". Sus actuaciones huyen de las vías concebidas para el uso y disfrute de los coches, "un error urbanístico del siglo XX". Lejos del centro, en los barrios de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas, prosperan en cambio avenidas de gigantes en las que los coches corren como alma que lleva el diablo. Allí las calles son "más un lugar de paso que un lugar donde vivir", según denuncian sus vecinos. Porque los hay, pese a ello: parejas jóvenes, muchas de ellas con niños, que a veces se juegan el tipo para cruzar esas avenidas de tres o cuatro carriles sin semáforos.
"Son barrios muy jóvenes en los que sus habitantes tienen una alta dependencia del vehículo privado, deben usarlo para casi todo, hasta para ir a comprar el pan", explica Miguel Ángel Rodríguez, director general de Circulación. "Estos PAU están poco desarrollados, la intensidad del tráfico en algunas horas es baja y los coches van muy rápido", añade.
"Son grandes calles, poco frecuentadas, y se convierten en autopistas; somos un barrio de paso, se cogen velocidades tremendas. Se han producido colisiones y atropellos, hay mucha inseguridad", abunda Pilar San Román, presidenta de la Asociación de Vecinos de Sanchinarro. "Es un circuito de carreras. Un vecino que es policía municipal, cuando el jefe se lo permite, pone el radar junto a su casa, y ha llegado a multar por ir a 161 kilómetros por hora en la avenida Monasterio del Escorial; y es habitual que la gente circule a 80 o 100 kilómetros por hora", añade Alberto Navazo, presidente de la Asociación de Vecinos de Montecarmelo.
"El Ayuntamiento ha reconocido que existe un problema de seguridad debido al modelo de barrio de los PAU, y se ha comprometido a tomar medidas, colocando semáforos, badenes y pasos elevados", resume la concejal Patricia García (UPyD), que llevó la cuestión al pleno de la semana pasada. El delegado de Movilidad, Pedro Calvo, desgranó entonces algunas de esas futuras actuaciones, pero a juicio de García no se pondrán en marcha hasta el segundo semestre de 2012. "No estamos en condiciones de gastar mucho dinero, lo entiendo, pero tampoco se puede supeditar la seguridad al presupuesto", agrega.
La falta de fondos para acometer estas iniciativas es, en efecto, la constante que mediatiza todos los discursos. "Como lo que manda es la economía, según van teniendo posibilidades las van haciendo, saben todo lo que necesitamos y hay que hacer muchas cosas, pero no tienen dinero para todo", explica Pilar San Román. "Firmamos el 1 de octubre de 2008 con el alcalde un acuerdo de equipamientos por 30 millones de euros. Al año siguiente el Ayuntamiento nos reconoció que no iban a poder hacer nada por falta de presupuesto", señala Alberto Navazo. "Nos gustaría actuar más, pero vamos actuando; no estamos parados, vamos poco a poco haciendo cosas", responde el director de Circulación.
A continuación, detalla todo lo realizado estos años: más de 20 badenes, 66 señales de aviso en colegios, 17 pasos de peatones luminosos... A lo que suma 2.735 denuncias por exceso de velocidad de 2009 a agosto de 2011 y otras 3.737 por estacionamiento indebido, "principalmente aquellos que impiden ver a los peatones con seguridad, pudiendo provocar atropellos". Lo que, además de solución, no deja de ser un síntoma evidente del problema.
Esto es, en cualquier caso, lo que se ha hecho. ¿Y lo que se va a hacer? Estas son las medidas que el delegado de Movilidad, Pedro Calvo, llevó al pleno municipal y algunas adicionales que planea.
- Sanchinarro. En las avenidas Niceto Alcalá Zamora y Francisco Pi y Margall se ha reducido un carril, habilitándolo para aparcamiento, lo que ha frenado, según el Ayuntamiento, la velocidad media de los coches. Además, se han colocado badenes junto a los colegios El Valle, CEU San Pablo y Cortes de Cádiz. El Ayuntamiento promete que, "a corto y medio plazo", pondrá semáforos en el cruce de la avenida Francisco Pi y Margall y la calle María Tudor, y cortará la mediana. Además, eliminará "varios pasos de peatones que se consideran peligrosos para la seguridad vial" y hará un paso elevado en la calle Alcalde Conde de Mayalde, en su intersección con la calle Isabel Clara Eugenia. ¿Qué significa a corto y medio plazo? "Seguramente el año que viene... bueno, cuando tengamos algo de presupuesto", explica, sin mucha convicción, el director general de Circulación.
- Montecarmelo. Se han instalado pasos elevados junto a los colegios Infanta Leonor, Niño Jesús del Remedio y Sol Solito, y semáforos en los principales cruces de esas zonas, como la avenida Santuario de Valverde en su confluencia con la avenida Monasterio de El Escorial y con la calle Monasterio de Sobrado.
El Ayuntamiento promete: "En la segunda mitad de 2012 está prevista una reordenación del estacionamiento en las vías principales para reducir el ancho de calzada". Eso frenará el tráfico y reducirá además la longitud de los pasos de peatones. Como medida adicional, en este y en el resto de barrios se podría ordenar el aparcamiento en batería, lo que refuerza la precaución de los conductores, temerosos de que un coche estacionado pueda irrumpir en la calzada. Además, se quieren instalar badenes y semáforos en otras zonas: "Nuestra intención es que el año que viene, pero...".
- Las Tablas. Se han colocado señales especiales junto a los colegios El Valle III y Las Tablas Valverde, y en los próximos meses se pondrán semáforos en la intersección de las calles Sierra de Atapuerca y San Millán de la Cogolla. "Probablemente pondremos más en Sierra de Atapuerca, es una calle que nos preocupa especialmente", concluye Miguel Ángel Rodríguez.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 03/10/2011
Foto: Madrid, Gallardón en la promoción Sanchinarro 2005 - elmundo.es
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ELPAÍS* : El supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante tenía un precio: 120 millones de euros. Esta cifra sería el beneficio de transferir la edificabilidad asignada a las zonas catalogadas en el planeamiento como parques naturales a otras áreas de la ciudad calificadas como urbanizables.
Según los informes policiales recogidos en el sumario del caso Brugal que investiga las irregularidades en la tramitación del Plan General, Enrique Ortiz aspiraba a obtener más edificabilidad en el sector de Torres de la Huerta, donde era el propietario hegemónico de suelo a través de la empresa Deproinmed. Para ello diseñó un plan destinado a acaparar terreno no urbanizable en las partidas de Fontcalent y El Saladar de Aguamarga que luego debería ser incluido en el PGOU bajo la figura de parque natural.
El informe policial asegura que "Ortiz puso en funcionamiento a todos sus técnicos y asesores para que pudieran configurar de otra manera distintos parámetros referentes a las posibilidades de los terrenos que tiene [Ortiz] en el Plan General". "Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 millones en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]", comentó Ortiz en una de las escuchas telefónicas recogidas en el sumario.
La operación de compra de suelo en Aguamarga también se formalizó a través de la mercantil Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja. Y todo ello con la intención de adscribir los aprovechamientos urbanísticos de 700.000 metros cuadrados de suelo protegido de este humedal del sur de Alicante al plan parcial de Torres de la Huerta o La Condomina, donde el nuevo PGOU contempla la construcción de 16.000 viviendas.
La segunda zona donde Ortiz puso su punto de mira fue la sierra de Fontcalent. Allí, según la Policía, compró un total de 1,7 millones de metros cuadrados. Antes, intentó concretar sin éxito la misma operación en el polígono Las Atalayas. El promotor tanteó a través de intermediarios a algunos propietarios para comprarles suelo no urbanizable, como ya publicó este periódico el pasado mes de enero. Ante la negativa de los dueños, esta zona inicialmente catalogada como parque natural fue finalmente excluída en favor de Fontcalent.
La investigación policial concluye que Ortiz obtuvo información privilegiada del proceso de elaboración del PGOU, que supuestamente le habrían ido facilitando el exalcalde, Luis Díaz Alperi, y su sucesora, Sonia Castedo. La UDEF también cree probado que la supuesta trama corrupta utilizó al despacho Salvetti Abogados como puente entre el promotor y el Consistorio alicantino. Este bufete, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la regidora, y del exconcejal socialista Javier Gutiérrez comenzó a operar en diciembre de 2008, antes de la exposición pública del PGOU. Desde allí, Ortiz, por indicación de Alperi, habría gestionado el grueso de las operaciones para acaparar suelo en los parques naturales.
* El País - S. NAVARRO / A. BALAGUER - Alicante - 02/10/2011
Foto: Alicante, empresario E.Ortiz y alcaldesa S.Castedo - elpais
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ELPAÍS* : El esqueleto espigado de la torre Pelli asoma en el horizonte de Sevilla. Apenas se ha construido un tercio del edificio de 178 metros diseñado por el argentino César Pelli para Cajasol, pero la estructura ya supera en altura a todos los edificios de su entorno. Enfrente, al otro lado del río, tiene a la Giralda, que le pone el listón alto (97 metros), pero a la que está llamada a dejar atrás en cuestión de altura. Aunque no es este el único título que el rascacielos podría quitarle al icono de Sevilla. La amenaza que de verdad preocupa es la lanzada por la Unesco: la salida de la lista de ciudades Patrimonio Mundial por el impacto visual que la nueva torre tendrá sobre la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias, los tres monumentos que situaron a Sevilla en este selecto club.
El próximo reto del proyecto es la visita de una "misión reactiva" de la Unesco durante este mes. "Cuando existe un problema urgente con alguno de los bienes Patrimonio Mundial, se realiza una visita de un miembro de la Unesco y otro de Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos) para valorar la situación.
Estos expertos no serán españoles para salvaguardar su independencia", explica Víctor Fernández Salinas, vicepresidente de Icomos España, institución que asesora a la Unesco en materia de patrimonio.
El pasado junio, la Unesco pidió al Gobierno español, responsable último ante la organización internacional, que parara las obras hasta tener un tercer informe que el Ministerio de Cultura deberá presentar en verano de 2012. "La Unesco se fía de los informes de los Estados hasta un determinado punto, porque tienden a ser benévolos", añade Fernández Salinas, miembro de una institución que siempre se ha manifestado en contra del rascacielos.
Mientras, las obras del edificio siguen adelante a un ritmo de casi dos plantas al mes. Y ya van ocho de las 43 proyectadas. Los promotores, que cuentan con el aval de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento, han obviado las sugerencias de la Unesco de que se paren los trabajos. Y la llegada del PP al Gobierno municipal no ha hecho sino aumentar la incertidumbre.
Los detractores de la torre tenían la esperanza de que el nuevo alcalde, Juan Ignacio Zoido, que mientras estaba en la oposición sembró dudas sobre la legalidad de la torre, se posicionara en contra. Pero Zoido está en una encrucijada: de un lado, Cajasol (ahora integrada en Banca Cívica), uno de los principales poderes económicos de la ciudad; y de otro, los opositores al rascacielos, agrupados en la plataforma ¡Túmbala! que integra a 20 asociaciones, desde Ecologistas en Acción a conservacionistas locales. El proyecto también cuenta con simpatizantes en la ciudad, entre ellos muchos arquitectos, pero estos han optado por el anonimato y las únicas voces que suenan son las que están en contra de la torre.
Los vaivenes del Ayuntamiento se han evidenciado en los últimos días. Tras estudiar el tema, los nuevos responsables reconocieron que todo está "de acuerdo con la legalidad". Sin embargo, Zoido ha enviado una carta al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, preguntando quién asumiría la indemnización a los promotores en el caso de que se revisara o se anulara la licencia.
El equipo municipal ha dejado la pelota en el tejado de la Unesco. "No vamos a permitir que a Sevilla se le quite la declaración de Patrimonio de la Humanidad", advierte el concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez (PP). Dejar clara esta prioridad era también, según Vílchez, la intención de la carta del alcalde. Es decir, si la amenazada de la Unesco se consolida, el Ayuntamiento está dispuesto a que se tire la torre.
El consejero de Cultura, Paulino Plata, no pica el anzuelo: "El Ayuntamiento otorgó la licencia, si la revoca tendrá que responsabilizarse de lo que eso representa. Lo que no puede hacer es trasladar la responsabilidad de una Administración a otra". Mientras tanto, Pelli permanece ajeno a la polémica. Un miembro de su equipo ha asegurado a este periódico que el arquitecto no ha tenido noticias de que se estén replanteando revocar la licencia. El promotor, Cajasol, ha rechazado hacer declaraciones e insiste en la legalidad "absoluta" del proyecto.
El PSOE, que concedió la licencia de obras cuando estaba en la alcaldía, cree que la nueva estrategia municipal es poco inteligente: "Entiendo que Zoido esté asustado por si, siendo él alcalde, Sevilla pierde la declaración, pero lo que tiene que hacer es convencer a la Unesco. Estás ya empezando a perder el partido si tú mismo siembras dudas", afirma el portavoz socialista, Juan Espadas. Él no estaba en el Ayuntamiento cuando el PSOE dio el visto bueno al rascacielos y admite que si el proyecto surgiera ahora "no tendría, probablemente, un respaldo mayoritario". "La decisión se tomó como y cuando debía hacerse. Ahora hay que ser consecuentes y luchar porque siga adelante".
No opinan lo mismo desde la asociación ¡Túmbala! "Las cosas ilegales no tienen que ser irreversibles", afirma el arquitecto Fernando Mendoza, miembro de este colectivo, que ha llevado la torre a los tribunales tras encontrar hasta 12 supuestas ilegalidades administrativas en la licencia. Los jueces hasta ahora no le han dado la razón, pero el asunto está en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El mismo que ordenó la demolición de una biblioteca de la Universidad de Sevilla proyectada por la iraquí Zaha Hadid.
Cronología
- Enero 2007. El arquitecto argentino César Pelli gana un concurso convocado por Cajasol en Sevilla con una torre de 178 metros de altura.
- Mayo 2007. Icomos alerta de la "grave amenaza" que supondrá para el Patrimonio Mundial de la ciudad.
- Marzo 2009. Comienzan las obras de la torre Cajasol.
- Enero 2010. Un informe del Gobierno concluye que la torre no tendrá impacto visual sobre los monumentos.
- Junio 2011. La Unesco pide al Estado que pare las obras.
* El País - REYES RINCÓN / MARGOT MOLINA - Sevilla - 02/10/2011
Foto: Reconstrucción virtual del impacto visual que tendrá la torre de Pelli en Sevilla. A la derecha, la Torre del Oro, junto al río Guadalquivir.- elpais
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LEVANTE* : Las grandes obras, los edificios y complejos arquitectónicos emblemáticos, que tenían que poner a las ciudades de la Comunitat Valenciana en el mapa del mundo, han muerto con la crisis económica. El afán de principios de siglo por albergar magnas construcciones ha pasado a la historia ante la imposibilidad de su financiación.
Valencia es la ciudad que, por volumen, mayor número de grandes proyectos arquitectónicos ha presentado y que se han aparcado por la crisis económica. En la memoria de todos se encuentran, por citar algunas obras, las tres torres de Santiago Calatrava (en la Ciudad de las Artes y las Ciencias) la Torre de la Música (en Quatre Carreres), el Nou Mestalla (a medio construir en Benicalap) o la Esfera Armilar (que se ha ido ubicando ficticiamente en varios puntos de la ciudad). El proyecto de las Torres de Calatrava se ha presentado en diversas ocasiones. La primera se produjo en noviembre de 2004. El complejo estaba formado por cuatro torres de 280, 260, 240 y 220 metros de altura, respectivamente. En la segunda maqueta, los rascacielos se redujeron a tres (se bautizaron como Alicante, Castelló y Valencia), pero aumentó la altura a 308, 266 y 220 metros. El coste de construcción de los edificios se cifró en 450 millones, cantidad que frenó la iniciativa.
La torre de la Música se anunció en 2005 como la sede de la Berklee College of Music, la escuela independiente de música de mayor prestigio internacional. El presupuesto era de 100 millones de euros que se sufragaban gracias a la aportación de la misma escuela y de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Valencia cedía el solar en el barrio de Quatre Carreres.
Un rascacielos de cien metros
El proyecto del arquitecto Antón García Abril, una torre de cien metros de altura cuyas plantas giraban, se presentó de forma conjunta por los entonces presidentes del Consell, Francisco Camps, y de la SGAE, Teddy Bautista, así como por Rita Barberá y el dirigente de la Berklee College of Music, Roger Brown. Al final, el edificio no se construyó por la crisis y la sede del colegio Berklee se ubicó en el Palau de les Arts.
Otra obra no realizada fue la Esfera Armilar que diseñaron Rafael Trénor y Antonio Fernández Ordoñez. Cien metros de altura, noventa de ancho y más de 50 millones de euros de coste. La Generalitat asumió el proyecto en 2004 y fue en 2007 cuando anunció su última ubicación: el Parque Central. Desde entonces la esfera es invisible.
La que sí que es visible, de gran coste y preocupación para la ciudad, es la obra del nuevo campo de fútbol del Valencia CF. Tras una polémica concesión municipal, las obras del «Nou Mestalla» comenzaron en agosto de 2007 y se pararalizaron en febrero de 2009 cuando el club ya no pudo hacer frente a los pagos. El precio del estadio —si se cumple el proyecto y tras los atrasos— podría superar los 400 millones de euros.
Ciudad de las Artes Escénicas
Pero las magnas obras sin realizar no son patrimonio de Valencia ciudad. En Sagunt, a principios de milenio, se habló de una Ciudad de las Artes Escénicas, de casi medio millón de metros cuadrados y con un teatro al aire libre diseñado por un prestigioso arquitecto. Incluso se hizo una reserva de suelo que paralizó durante años las nuevas instalaciones en un polígono industrial. Aquella ambiciosa iniciativa se recortó poco a poco y en 2006 se reconvirtió en un Campus de las Artes Escénicas para el que aún no hay siquiera proyecto redactado.
Lo mismo pasó con la Ciudad Deportiva prevista en el municipio de Canet d´ En Berenguer. Con una inversión de 20 millones de euros fue el primer gran proyecto que fracasó en El Camp de Morvedre antes de empezar a tomar forma. En marzo de 2010, la empresa heredera del que fue el primer gigante de Enrique Bañuelos, Astroc, rompió su convenio con el ayuntamiento y zanjó de un plumazo con el sueño de tener las mejores instalaciones deportivas de la comarca.
El proyecto del tercer polígono más grande de la C. Valenciana sigue sin autorización
En Requena estaba prevista la construcción del parque empresarial del Rebollar. Las últimas noticias conocidas datan de abril de 2010 cuando la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de La Vega, anunció, a instancias de una pregunta parlamentaria del PP, que las obras comenzarían en 2011. Los instrumentos urbanísticos de la actuación están presentados, pero la autorización de la Generalitat Valenciana no se ha producido. Con 1,7 millones de metros cuadrados, el polígono de El Rebollar sería el tercer emplazamiento más extenso de suelo industrial de la Comunitat Valenciana. En Utiel está parado el centro del transporte, un área logística de la que se conoce muy poco más aparte de su nombre. También siguen paralizados los proyectos para la construcción de una estación intermodal en Requena o un centro comercial. Nada se sabe de la Ciudad del Motor de Cheste, un polígono terciario de ocio que contemplaba la construcción de zonas de hoteles, espacios para ubicar concesionarios de vehículos nuevos y de ocasión y tiendas de accesorios deportivos. Además de estos establecimientos está previsto incluir una zona con restaurantes, bares y espacios de recreo.
* Levante - 2.10.11
Foto: Valencia, proyecto torres Calatrava - levante
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SUR* : La alegría económica con la que comenzó el milenio lanzó al galope a la construcción y el ladrillo se convirtió en una suculenta y fácil fuente de ingresos para las arcas municipales. La tentación del enriquecimiento personal se fraguó en escándalos de proporciones mayúsculas como en el caso de Marbella, con alcaldes, exalcaldes y concejales en la cárcel. Otros regidores de la provincia, sin excepción de color político, aplicaron con demasiada manga ancha la normativa urbanística y, sin llegar a meter la mano en el cajón, contribuyeron unas veces de forma activa y otras haciendo la vista gorda a la construcción de miles de edificaciones ilegales que en algunas zonas, como en la Axarquía, han supuesto una notable alteración paisajista y de los recursos medioambientales, que la Junta de Andalucía ahora tiene intención de regularizar. Ninguna comarca de la provincia se salva. Todas tienen en su haber al menos un alcalde encausado o condenado.
El modelo urbanístico de una década ha hecho aguas y se sienta ahora en el banquillo de los acusados. El 'caso Malaya', el más emblemático, está en pleno enjuiciamiento. Pero en los tribunales esperan una larga lista de procesos, a los que se siguen sumando nuevos casos. El último esta semana, en Ronda, con la detención del exalcalde Antonio Marín Lara y tres ediles que finalmente han presentado su dimisión. Al igual que en Marbella, el rumor de las corruptelas sonaba insistente desde hacía tiempo en la Ciudad del Tajo.
¿Fallaron los controles? ¿Se miró para otro lado? Mecanismos, desde luego, había. Junta de Andalucía, Diputación, partidos políticos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía, jueces... todos forman parte de un engranaje social que abordó el problema sólo cuando el mal ya estaba extendido. Y entonces comenzaron a saltar todas las alarmas.
«Sí, no solo han fallado los controles de los partidos políticos, también los administrativos. En la época dorada del urbanismo, la Junta de Andalucía se dedicaba a recaudar los impuestos patrimoniales y no se puso coto. Y los ayuntamientos hicieron caja y a vivir por encima de sus posibilidades. Estaban obnubilados por el vellocino de oro del urbanismo», critica el coordinador provincial de Izquierda Unida, José Antonio Castro.
Para el presidente del PP, Elías Bendodo, que no entra a valorar directamente los casos de corrupción, «ha habido una falta de planificación estratégica. Se ha dejado de hacer a todo el mundo y esto ha tenido consecuencias negativas, con un modelo de urbanismo desordenado y con la Junta de Andalucía mirando para otro lado».
Y desde la Junta, blanco de los disparos políticos, el delegado de Obras Públicas, Enrique Benítez, devuelve la pelota al tejado de los ayuntamientos: «Nosotros velamos por el cumplimiento de la legalidad urbanística vigente, pero hay que recordar que las competencias en materia de disciplina urbanística corresponden a los ayuntamientos». Asimismo recuerda que en el año 2005 se creó la Dirección General de Inspección, que «cuenta con recursos humanos adecuados, y que mantenemos una línea abierta de comunicación con la Fiscalía y elaboramos informes puntuales a petición suya», añade.
La Fiscalía tampoco se ha librado de los ataques, por su lentitud a la hora de actuar. «Si hay alguien adelantado en la lucha contra la corrupción ha sido el Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente y la Anticorrupción. Sin embargo la corrupción ha sido amparada increíblemente en algunos casos por la ciudadanía con su sufragio y los resultados están ahí», afirma el fiscal jefe Antonio Morales, quien reconoce, no obstante, que «se debe hacer autocrítica porque siempre se podría haber hecho mejor».
La Justicia, en general, ha sido reprobada en muchas ocasiones, aunque también ha tenido intervenciones que han merecido del aplauso general, como la del juez Miguel Ángel Torres en el 'caso Malaya'. Al igual que la Fiscalía, se le ha achacado una actuación tardía. «Los jueces actúan cuando les llega la denuncia de la policía, de la Guardia Civil o la querella de un particular. Y así lo han hecho. Creo que la sociedad en general ha reaccionado un poco tarde», afirma el que ha sido presidente de la Audiencia de Málaga durante nueve años, Francisco Arroyo Fiestas.
La proliferación descontrolada de construcciones irregulares provocó en 2009 una actuación singular del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Los agentes peinaron por orden alfabético pueblo a pueblo toda la provincia buscando irregularidades. Esta actuación puso de manifiesto que al final de la década ni una sola comarca de la provincia de Málaga faltaba en el mapa de la corrupción y de las irregularidades urbanísticas.
Ha sido el último golpe contra la corrupción urbanística, pero no ha sorprendido. Al igual que ocurrió en Marbella, en Ronda se veía venir. Eran muchas las denuncias, sobre todo de colectivos ecologistas y de Izquierda Unida, alertando de las presuntas irregularidades en el urbanismo del municipio. El exalcalde de Ronda Antonio Marín Lara, un tránsfuga declarado acogido en las filas del PSOE, se encuentra en el ojo del huracán de la 'operación Acinipo'. El jueves fue puesto en libertad bajo fianza de 150.000 euros. También están imputados tres concejales socialistas que ya han dimitido. Las investigaciones se centran en tres operaciones, entre ellas la polémica urbanización Los Merinos.
Poco más dos años separan las operaciones estrellas de la Fiscalía Anticorrupción en la Costa del Sol. 'Malaya' (2006) lleva un año de juicio, con el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, sentado en el banquillo de los acusados, junto a él otras 94 procesados, entre ellos los exalcaldes Marisol Yagüe y Julián Muñoz, concejales, funcionarios, así como señalados empresarios de la construcción. Herederos del gilismo son también algunos de los imputados en la trama de Estepona. 'Astapa' (2008) llevó a la cárcel al entonces alcalde socialista Antonio Barrientos y a tres antiguos concejales gilistas que se presentaron a las elecciones bajo las siglas PES (Partido de Estepona), pactando la alcaldía para el PSOE. 'Astapa' se encuentra aún en fase de instrucción. Por otro lado, el exalcalde de Manilva, el independiente, Pedro Tirado, detenido en 2005, está aún pendiente de juicio.
El 'caso Almexia' (Almogía en árabe) saltó en 2009, en una intervención del Seprona, que registró el Ayuntamiento y la Casa de la Cultura. Están imputados el alcalde socialista Cristóbal Torreblanca y otras quince personas, entre ellas el arquitecto, el secretario municipal y dos policías locales.
La construcción de más de 11.000 casas ilegales (22.000, según los ecologistas) durante los últimos años está pasando factura a numerosos exalcaldes y exediles, aunque de momento al único que se le acusa de corrupción es al exregidor socialista de Alcaucín, José Manuel Martín Alba. En la 'operación Arcos' (2009), la Guardia Civil halló 160.000 euros en su casa, debajo de un colchón. Martín Alba fue a prisión y dimitió como alcalde. En las elecciones municipales del pasado mayo, se presentó como independiente y salió elegido concejal. Hasta la fecha han sido inhabilitados por delitos urbanísticos el exalcalde de Arenas, Victoriano García Cuadrada (IU); el exalcalde de Cómpeta (dos condenas), Leovigildo López (PP); el exalcalde de Canillas de Albaida, Gregorio Díaz (PP); el de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE); el de la Viñuela, Juan Millán (PSOE), y el de Salares, Jorge Luis Fernández (PP).
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, anunció en febrero de este año que la Junta estaba trabajando en la elaboración de un decreto para facilitar la regularización de las viviendas construidas en suelo no urbanizable en Andalucía. En la provincia se estima que unas 50.000 edificaciones están fuera de la ley.
El 'caso Troya' (2007) ha llegado ya a juicio. El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y su concejal de urbanismo, están acusados de recibir dinero a cambio de favores urbanísticos. Martín Serón, que está en libertad bajo fianza y se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel, sigue ocupando la Alcaldía, cargo que revalidó con mayoría absoluta en las elecciones de mayo. El pasado viernes negó en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial tener que ver con este asunto.
El otro gran caso de esta comarca es el de Tolox. Su alcalde, Juan Vera (PA), tiene nueve juicios pendientes por la construcción irregular de unas 2.000 viviendas. Este asunto se remonta a 2006, cuando Obras Públicas de la Junta denunció el caso ante la Fiscalía . Dos exalcaldes de IU, el de Alozaina, Antonio Blanco, y el de Carratraca, Óscar Romero, fueron condenados a inhabilitación y dimitieron. Están pendiente de juicio el exregidor de Casarabonela, Sebastián Gómez (PSOE), y el de Guaro, Sebastián Rueda (PSOE).
* Sur - 02.10.11 - MONTSE MARTÍN
Foto: Axarquía (Málaga), urbanismo salvaje - laopiniondemalaga.es
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ELPAÍS* : Los principales protagonistas y términos de las tramas del ‘caso Brugal’.
Alicante. La sociedad alicantina ha pasado en un año del ficticio glamur dimanante de la burbuja inmobiliaria a ver como los tres pilares básicos del sistema (político, empresarial y financiero) resultaban salpicados por supuestos casos de corrupción, en su mayoría por tramas vinculadas al urbanismo.
Brugal. Nombre con el la Policía comenzó en marzo de 2007 a investigar en La Vega Baja una supuesta trama vinculada al negocio de la basura y el urbanismo. Las iniciales pesquisas policiales desembocaron en una mayúscula confabulación, con una veintena de ramificaciones y más de un centenar de implicados, entre imputados y acusados. El sumario ocupa más de 40.000 folios.
Contratas. Las contratas de la basura protagonizan la mayor parte de las tramas destapadas por la investigación del caso Brugal. Las dos más relevantes son un supuesto cohecho por la planta de basuras del Plan Zonal de la Vega Baja, adjudicada por la Diputación, y el amaño de la contrata del municipio de Orihuela.
Delitos. La investigación inicial apuntó a los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión. A medida que avanzó, el fiscal incorporó otros tipos penales como prevaricación, uso privilegiado de información, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude.
Escuchas. El grueso del proceso se deriva de la incautación de grabaciones que el empresario Ángel Fenoll realizaba en la sede de su empresa y de los pinchazos telefónicos posteriores a los investigados entre mayo de 2007 y junio de 2010.
Fenoll. Ángel Fenoll es el empresario hegemónico del negocio de la basura en La Vega Baja y está imputado en al menos diez de la veintena de causas en las que se desgajó el sumario principal. Su principal imputación se deriva del supuesto regalo de dos pisos o su equivalente en un millón de euros al expresidente de la Diputación, Joaquín Ripoll.
Gregori. Rafael Gregori es el intermediario clave, según la investigación. Estuvo en contacto con Fenoll, Ortiz y Ripoll para conseguir el cambio de ubicación del vertedero del plan zonal y entregar la contraprestación al político. También es empresario de la automoción y está imputado en otra causa por una supuesta estafa de 12 millones de euros.
Hermanos. La trama del caso Brugal incluye la participación de familiares directos de los implicados, entre los que destaca el abogado hermano de la alcaldesa de Alicante, José Luis Castedo. En esta línea se encuentran las esposas de Ripoll y Ortiz y Jorge Lorente, hermano de la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, así como casi todo el clan familiar de Fenoll.
Instituciones. Las dos principales instituciones salpicadas por el caso son el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, además de otra docena de Consistorios de la provincia, entre los que destacan Orihuela, Benidorm y Calp.
Gutiérrez. Exedil socialista de Alicante que se asoció con el hermano de la alcaldesa de la ciudad para convertir Salvetti Abogados en el puente entre Alperi y Ortiz y el Ayuntamiento y, supuestamente, obtener información privilegiada del Plan General.
Díaz Alperi. El exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP es considerado por la Policía y el fiscal como uno de los instigadores de la trama para amañar el PGOU. Alperi todavía no está imputado por el juez dada su condición de aforado. La investigación sostiene que se valió del despacho Salvetti para consumar sus propósitos a cambio de jugosas dádivas de Ortiz. Entre los regalos sobresale un viaje a Creta en avión privado.
Ministerio público. La acusación del caso Brugal la inició y la ejerce en las causas más relevante el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. El registro del despacho de Castedo y Gutiérrez descubrió la existencia de un archivo con datos sobre la vivienda particular del acusador público.
Ortiz. El empresario Enrique Ortiz es uno de los cabecillas de las dos principales tramas del caso, la de la basura y la del PGOU de Alicante. Está imputado en ambos, en el primero por un supuesto cohecho de un millón de euros a Ripoll y en el segundo por un amplio abanico de cohechos a diferentes cargos del PP, entre ellos Alperi, Castedo o el exconsejero de Infraestructuras, Mario Flores.
PGOU. El Gobierno del PP alicantino comenzó a revisar el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante hace una década. Sin embargo, tras despedir al primer redactor, Lluís Cantallops, en 2008 comenzó la recta final de su elaboración hasta que fue aprobado provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento en mayo de 2010. En este periodo de tiempo, la Policía y el fiscal destaparon el intento de amañarlo para favorecer intereses particulares de Ortiz.
Quesada. Jesús Quesada fue el arquitecto a quien se le adjudicó en febrero de 2007 la finalización del Plan General a través de la empresa Laboratorio de Proyectos. Este profesional esta imputado en la causa y reconoció haberse reunido con Ortiz atendiendo los requerimientos de la alcaldesa, Sonia Castedo.
Ripoll. El juez que instruye la causa de la adjudicación de la contrata del plan zonal de basura de La Vega Baja imputa al líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, cinco delitos derivados de la concesión de la planta de basura comarcal. Los delitos son cohecho, tráfico de influencias, uso privilegiado de información, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios. Fue arrestado por la Policía y registrado su domicilio en julio de 2010.
Castedo. La alcaldesa de Alicante está acusada por el fiscal por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada tanto en su condición de edil de Urbanismo como de regidora desde septiembre de 2008. Su imputación, al igual que la de Alperi, depende del TSJ porque su condición de diputado autonómica desde mayo de este año la mantiene aforada.
UDEF. Esta unidad policial, especializada en delitos fiscales y económicos, asumió la carga de la investigación. Una decena de agentes llegados de Madrid se repartieron los horarios para realizar un minucioso seguimiento de los pasos de los principales investigados.
Viajes. El modus operandi más común de los dos principales empresarios implicados en la trama, Ortiz y Fenoll, era agasajar a los políticos con una aluvión de regalos. Fenoll optó preferentemente por la entrega de dinero en efectivo y Ortiz, en cambio, prefirió colmarlos con regalos de lujo coincidiendo con las fiestas de Navidad o viajes, en el caso de Sonia Castedo. La regidora mostró la factura de uno de ellos a Andorra, pero lo hizo un día después de que trascendiera la acusación del fiscal.
Yates. En el yate de Enrique Ortiz, llamado Elena, viajaron a cuerpo de rey Alperi, Castedo y Ripoll por las Islas Baleares. El empresario colmó de detalles las travesías en su lujoso barco, que incluso sirvió como base de peraciones estando atracado.
* El País - SANTIAGO NAVARRO / ARTUR BALAGUER Alicante 2 OCT 2011
Foto: Aznar, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo en una foto de la web de la Fundación Cultura Pública de Alicante - elpais
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DIAGONAL* : Nueve de las 21 personas detenidas en la segunda sentada por la vivienda digna, en el año 2006, se enfrentan a penas de hasta 6 años de cárcel por presuntos delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos. Después de cinco años de espera y de restricciones a la movilidad, este lunes pasarán por la vista oral para responder de unas acusaciones que los grupos de apoyo consideran un montaje.
Cuando se cierre la segunda sesión, el martes, el juicio habrá quedado visto para una sentencia que puede tardar unos diez días en llegar, según la defensa de una de las encausadas. Las dos sesiones tendrán lugar en los juzgados de la calle Julián Camarillo, 11, en la sala 16. Ambas sesiones son públicas, por lo que el grupo de apoyo está solicitando que se presente el máximo número de gente posible para llenar los 50 asientos de la sala.
“El único ’delito cometido por lxs manifestantes fue el de ocupar la calle”, asegura en su comunicado la asamblea de apoyo a las personas detenidas.
Una interpretación a la que se ha sumado también la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que en su llamamiento a la manifestación por el derecho a la vivienda del 25 de septiembre expresaba su “total apoyo a los 9 detenidos/as en las manifestaciones por una vivienda digna de 2006” y la “repulsa al montaje policial”, además de pedir la absolución para todo el grupo.
El grupo de apoyo ha convocado una manifestación en Madrid para el sábado 1 de octubre bajo el lema “Por la libertad de expresión, basta de represión: absolución detenid@s por una vivienda digna”. La marcha comenzará a las 18 horas en la Plaza del 2 de mayo y terminará en la plaza de Lavapiés. La protesta, junto con una jornada de apoyo en el centro social la Tabacalera, culmina una serie de acciones de difusión iniciadas desde esta primavera, que han incluído una activa presencia en las comisiones de vivienda de las asambleas populares del 15M, la edición de un comic de denuncia sobre lo sucedido y la participación en la marcha de los hogares hipotecados del domingo 25.
* Diagonal - 30.09.11
Foto: Vivienda digna, manifa contra detenidos 1Oct - diagonal
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ELPAÍS* : Esta es la historia de un fiasco, afianzado en el boom inmobiliario, consentido, e incluso alentado, por el Gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps, que utilizó la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para financiar sus megaproyectos: Ciudad de las Artes, en Valencia; la Ciudad de la Luz, en Alicante, y Terra Mítica, entre otros. Y rematado con la ambición desmesurada de un grupo sin escrúpulos que se lucró en plena ruina de la caja. Así se entiende la deriva de la CAM, el centenario buque insignia de las finanzas de la provincia de Alicante, comandado durante los últimos años por Modesto Crespo, en la presidencia, y Roberto López Abad, como director general, hasta que el pasado 22 de julio fue intervenida por el Banco de España.
En la antesala de la intervención, López Abad y otros cuatro altos ejecutivos se aseguraron un dorado retiro con elevadas prejubilaciones (12,8 millones de euros en total). La sucesora de López Abad, la empleada María Dolores Amorós, no quiso ser menos y se puso un sueldo de 600.000 euros al año y una pensión vitalicia de 370.000.
Todo ello sin contar con el visto bueno de los órganos de la entidad, pero con el beneplácito del entonces presidente de la caja, Modesto Crespo, más ocupado en atender las urgencias de su mentor, Francisco Camps, que de los requerimientos del Banco de España para poner orden en las cuentas. El resto de miembros del consejo, conscientes de su papel de comparsas, se mantuvo pasivo y tragando la información que recibían. La CAM pagaba 1.000 euros por cada asistencia al consejo.
Las irregularidades descubiertas en la CAM, con unas cañerías alambicadas, plagadas de trampas contables, alcanzan el paroxismo. Un auténtico escándalo, como lo calificó el viernes el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante la evaluación de la reestructuración de las cajas. "Uno entiende que la gente se escandalice, solo faltaba que no se escandalizase; pero los clientes pueden quedarse tranquilos, cuando se adjudique [en subasta], la gestión va a estar en manos serias", añadió. Va a estar, dice el gobernador; pero no lo ha estado. Esa es la cuestión.
El regulador comenzó a mirarlo con lupa en 2009. Al año siguiente le obligó a negociar su integración con otras entidades para no tener que intervenir. Hubo un intento de Caja Madrid, que se frustró por la oposición frontal de Camps. Y la CAM recaló en el grupo integrado por Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Pero el intento duró poco: en marzo pasado la expulsaron al descubrir un agujero que cifraron en 5.000 millones de euros. Cuatro meses más tarde, este tortuoso recorrido desembocó en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que hubo de aportar 2.800 millones de euros y abrió una línea de liquidez por otros 3.000 millones, a fin de que la fuga de depósitos de los clientes que estaba produciéndose no estrangulara la caja.
Tres interventores del FROB, convertidos en los nuevos administradores de la caja mediterránea, tomaron sus primeras decisiones y descubrieron quiénes eran los principales responsables del desaguisado. El FROB no esperó ni un día para destituir al consejo de administración (20 miembros en representación de las fuerzas políticas y, empresariales). Los interventores dieron a Crespo tres horas para recoger su despacho y le prohibieron la entrada en la sede social de la caja.
Modesto Crespo (Elche, 1943) había escalado en la última década desde su concesionario de coches hasta la cúspide empresarial y financiera de Alicante. Labró su meteórico ascenso con el apoyo del poder político hegemónico en la Comunidad Valenciana, y en concreto del exlíder de los populares valencianos, Francisco Camps, tras vencer la resistencia del sector del PP opuesto en Alicante, los ripollistas (seguidores de Joaquín Ripoll, heredero político de Eduardo Zaplana). Además de sintonía política, Camps y Crespo sumaban un mismo fervor religioso. (De hecho, el único cargo que mantiene Crespo ahora es el de presidente del patronato del Misteri de Elche). En todos los escalones por los que pasó dejó su impronta: fuerte personalismo y querencia por el oscurantismo para blindar su gestión.
Crespo desempeñó la presidencia de la CAM sin sueldo oficial, pero se aseguró una retribución anual de 300.000 euros a través de una filial de la caja, la mercantil TI Participaciones. El "sombrío y religioso" empresario, como lo definen personas de su entorno, fue uno de los más beneficiados por los préstamos blandos que la caja concedió a los consejeros. Entre 2004 y 2010, la CAM había prestado 161 millones a sus consejeros, en algunos casos al 0%, y con el permiso de la Generalitat. Crespo, apenas aterrizado en el cargo, consiguió cinco millones al 2,5% de interés.
Crespo entregó la cuchara la mañana del pasado 21 de julio, cuando en un "patético" consejo -según definición de uno de los presentes- comunicó que a las 0 horas del día siguiente se iba a producir la entrada del FROB. Esto es, la pérdida de la autonomía de la caja a favor del Estado. Tan solo dos días antes de la intervención, Crespo había permitido que la CAM comprara pagarés de la Generalitat Valenciana por 200 millones al 4,75%, para inyectar liquidez en las arcas autonómicas.
Los administradores del FROB no pudieron destituir al resto de la cúpula directiva. Estos, encabezados por Roberto López Abad, aprovecharon el ERE que la entidad impulsó a finales de 2010 para rescindir su relación laboral a cambio de millonarias prejubilaciones. Ello le permitió alejarse del fracaso de la caja en la fusión. A falta de datos oficiales, fuentes sindicales cifran en 5,8 millones la indemnización que se embolsó en virtud del salario de 700.000 euros que percibía como director general. Otros cuatro altos exdirectivos (Agustín Llorca, que se embolsó dos millones; Joaquín Meseguer, otros dos; Vicente Soriano, 1,5 millones; y Gabriel Sagristá, 1,5 millones) completan la selección de ases del ERE.
Al mismo tiempo se supo que el ex director general tampoco le había hecho ascos a otra prebenda de la CAM, la denominada mesada. Se trata de una paga extra equivalente al salario de un mes, que se entrega a todos los empleados con motivo de su boda. En noviembre pasado, López Abad recibió unos 70.000 euros cuando contrajo matrimonio con la mujer con la que llevaba años de convivencia, una directiva del tercer escalafón de la entidad, que también se llevó su parte correspondiente.
López Abad (Alcoi, 1956) ocupó la dirección general de la CAM desde 2001 hasta noviembre de 2010. Su etapa al frente de la dirección de la caja estuvo marcada por un primer periodo de expansión basado en el boom inmobiliario. Admite tener un riesgo de 11.000 millones en créditos a sociedades promotoras, aunque otras fuentes cercanas a la caja lo estiman en 16.000 millones, casi el 30% del total del crédito de la entidad, lo que está fuera de toda ortodoxia. López Abad embarcó a la CAM hasta en 66 sociedades y 104 proyectos vinculados al sector del ladrillo. Eran los años en los que, según exconsejeros, la caja avalaba préstamos a constructores con un simple solar rústico, suponiendo que en un par de años su precio se iba a multiplicar como consecuencia de la especulación y la recalificación.
El artífice de la ficticia escalada de la CAM hasta el cuarto puesto de la lista de cajas españolas se marchó sin dar la más mínima explicación pública de su gestión. La vacante de López Abad fue cubierta por su mano derecha, María Dolores Amorós (Alicante, 1962). Licenciada en Económicas por la UNED, tiene funciones ejecutivas en la entidad desde 1988, tanto en la caja como en el grupo de empresas de la entidad. Hija de un empleado de la caja y con varias hermanas también trabajadoras en la misma, ella es, según sus colaboradores más próximos, una ejecutiva de perfil eminentemente técnico. "Se limitó a mantener la maquinaria heredada de López Abad, una dirigente que desarrolló su papel de manera funcionarial, sin iniciativas propias", señalan esas fuentes.
Amorós asumió el reto de conducir la última etapa del intento de fusión sin rechistar. Pero antes también se aseguró su futuro económico personal con sueldo y pensión vitalicia, lo que la equiparaba a sus excompañeros en la cúpula directiva, ya que no pudo acogerse al ERE por motivos de edad. Amorós ocultó su contrato y la pensión tanto a la comisión de retribuciones como al consejo de administración de la caja. La nueva directora general optó por la huida hacia adelante en busca de un socio privado salvador. El mirlo blanco no aparecía y la entidad siguió a la deriva; eso sí, jaleada por los cantos de cisne de los poderes fácticos de la provincia (empresarios y representantes públicos) que, una vez más optaron por cerrar los ojos y seguir apostando por un futuro en solitario de la CAM.
Los interventores del FROB mantuvieron a Amorós en el cargo apenas tres semanas. El 10 de agosto fue destituida temporalmente. En esas semanas, Amorós se mantenía oficialmente en el puesto, pero de hecho tenía congeladas sus competencias. La destitución provisional se produjo apenas una semana después de que un colectivo de fiscales (la Asociación Internacional contra la Prevaricación) anunciara una demanda por prevaricación si la alta ejecutiva de la caja seguía en el ejercicio de sus funciones. Los fiscales sostenían que la ex directora general podría ser sancionada por ocultar información al Banco de España; por mantener en el puesto al director general de la división inmobiliaria, Daniel Gil, imputado en la trama del caso Brugal; por la gestión del crédito inmobiliario, con una compra a precio superior al de mercado; por la apertura masiva de oficinas sin ningún criterio de sostenibilidad; o por aprobar un canje de acciones por deuda con la promotora Hansa Urbana, participada por la CAM.
El primer dato que levantó la sospecha de los nuevos administradores fue el balance de resultados del primer trimestre de este año, con unas ganancias de 39 millones de euros. Ese balance no estaba auditado, como tampoco el correspondiente al segundo trimestre. El informe final de la caja presentado por el FROB registra que la entidad había perdido 1.136 millones en los seis primeros meses del año. Tras examinar su contrato millonario con la CAM y verificar un supuesto maquillaje de las cuentas de la entidad, el pasado martes los administradores del FROB despidieron sin indemnización a la directora general. El FROB considera que Amorós había realizado lo que en la jerga bancaria se conoce como contabilidad creativa en alguna operación concreta, con objeto de obtener un beneficio propio.
Ante tantos indicios de actuación fraudulenta, los letrados del Banco de España analizan ahora si pueden exigir la devolución del dinero embolsado y si abren expediente sancionador a los gestores, como ocurrió con los responsables de la administración de Caja Castilla La Mancha (CCM) y Cajasur. Con estos precedentes, todo indica que el expediente es inevitable.
También la Fiscalía Anticorrupción, en plena instrucción del denso sumario del caso Brugal (la mayor trama de corrupción de Alicante ligada al negocio de la basura y el urbanismo, con más de un centenar de personas implicadas), espera al informe final de los interventores del FROB para abrir diligencias penales a la antigua cúpula de la CAM. Desde la intervención, la Fiscalía ha recibido un total de cuatro denuncias de otros tantos colectivos cívicos, que el ministerio público mantiene congeladas.
Fuentes del FROB aseguran, además, que Crespo pudo haber incurrido en desobediencia por omitir al consejo de administración los sucesivos requerimientos, por escrito, del Banco de España para que la que entidad recondujera su contabilidad. Esas fuentes señalan que el órgano supervisor envió varios escritos en ese sentido en los meses previos a la intervención. Exconsejeros de la caja aseguran que Crespo solo leyó ante el consejo una misiva del Banco de España, la remitida en vísperas de la intervención, el jueves 20 de julio. "Nunca antes Crespo leyó ante el consejo ninguna carta o circular del Banco de España", asevera el exconsejero y empresario Jesús Navarro.
La intervención de la CAM ha sido la puntilla a la sociedad alicantina instalada en la última década en la burbuja inmobiliaria. Una fachada que saltó por los aires cuando, en julio de 2006, estalló el caso Brugal. Y al que se ha añadido el caso CAM.
Joaquín Meseguer (eX director general de Participaciones)
El ex director general de Participaciones Empresariales de la CAM, cargo al que accedió en mayo de 2007, fue nombrado más tarde presidente de la empresa Crédito Inmobiliario, que la caja compró en México para financiar la construcción de 25.000 viviendas. Fue uno de los altos cargos pionero en desvincularse de la entidad por la vía de la prejubilación anticipada. Se estima que ha recibido dos millones de euros.
Vicente Soriano (Exdirector de Recursos Humanos)
El exdirector de Recursos Humanos de la caja era un hombre de la máxima confianza del ex director general, Roberto López Abad. Antes de este puesto ocupó la Secretería General de la entidad. Se acogió al plan de prejubilación el pasado febrero con una indemnización de 1,5 millones de euros.
Agustín Llorca (Ex director general adjunto)
Asumió el cargo de director general adjunto el pasado febrero. Llorca sustituyó a María Dolores Amorós, cuando esta iba a ser la directora general. El paso de Llorca por ese puesto fue efímero. El 21 de julio, un día antes del desembarco del Banco de España en la CAM, se apuntó al ERE. Llorca se ha retirado con una indemnización por prejubilación de dos millones de euros.
Gabriel Sagristá (Ex director de la zona norte de la CAM en la provincia de Alicante)
Ocupaba el cargo de director de la zona norte de la CAM en la provincia de Alicante. En 2002 fue director de Explotación de la caja. También se acogió al expediente de regulación de empleo (ERE) el pasado mes de marzo y logró una indemnización de 1,5 millones de euros.
Aniceto Benito (Exconsejero de la CAM)
El exconsejero de la CAM llegó al cargo desde el trampolín del fútbol. Fue presidente del Hércules entre 1992 y 1997. Accedió a la CAM en 2006 a propuesta del Ayuntamiento de Alicante, entonces presidido por Luis Díaz Alperi, del PP. La propuesta no extrañó, dado que Benito había sido presidente provincial del PP hasta que le sucedió Eduardo Zaplana en 1991. El exconsejero obtuvo préstamos blandos por 47,5 millones en cuatro años.
Roberto López Abad (Ex director general de la CAM)
El ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha podido alejarse del fracaso de la entidad acogiéndose al ERE impulsado por la propia caja. Esta circunstancia le ha reportado una indemnización estimada por fuentes sindicales en 5,8 millones de euros. No ha dado explicaciones de su gestión. Le sustituyó María Dolores Amorós, hasta la intervención del FROB.
* El País - SANTIAGO NAVARRO /MIGUEL ÁNGEL NOCEDA 02/10/2011
Foto: Modesto Crespo, expresidente de la CAM, y María Dolores Amorós, ex directora general.- EFE
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LEVANTE* : Juicio por el Jardín de Monforte. El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, autorizó un aparcamiento subterráneo junto al histórico Jardín de Monforte sin el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio. Por esa omisión, que el fiscal considera intencionada, Bellver y cuatro funcionarios serán juzgados por prevaricación el 17 de octubre.
Algo les pasaba a los árboles del Jardín de Monforte. La pesadilla judicial de Jorge Bellver —concejal de Urbanismo de Valencia y también diputado autonómico desde las últimas elecciones — comenzó hace más de tres años, y el primero en hablar, eso sí, sin palabras, fue el arbolado de un jardín histórico que al parecer mostraba síntomas de deterioro. Por ello, el ayuntamiento decidió derribar parte del muro que cierra el histórico huerto y sustituirlo por una verja de metal. La reacción a ese proyecto que alteraba la tipología del jardín protegido fue unánime y la búsqueda de argumentos contra dicho plan dió en la diana.
El próximo 17 de octubre, Bellver y cuatro funcionarios del ayuntamiento (el secretario, Pedro García Rabasa; dos jefes de servicio, el de Planeamiento, Juan Antonio Altés, y el de Tráfico, Juan Casañ; y una arquitecta técnica, María José Gasull) se sentarán en el banquillo de los acusados tras un proceso que trae cola, y del que han hablado todos: Ayuntamiento, oposición, fiscales, jueces, colectivos ciudadanos —principalmente Cercle Obert, que fue la entidad que presentó una denuncia ante el fiscal—, la alcaldesa, el Consell Valencià de Cultura, afines a Bellver que siguen mostrándole su apoyo, y enemigos que esperan el momento de ver al delfín de Barberá en el banquillo de los acusados.
Y es que el deterioro del Jardín de Monforte tenía una sencilla explicación: los muros de hormigón de un aparcamiento subterráneo colindante con la zona verde. Un año antes del evidente deterioro del arbolado, el garaje abrió de forma oficial. Lo hizo con retraso, debido a los problemas surgidos en el subsuelo, ya que había que hacer frente a la abundante presencia de agua en el subsuelo. Se construyeron los muros y comenzaron el exceso de humedad y los daños en el colindante Jardín de Monforte. Cuando esto se supo la bomba estalló.
Apuntar antes del disparo
El colectivo Cercle Obert —que enfocaba su lucha en evitar que el ayuntamiento derribara parte del muro del Jardín de Monforte para «airear» el jardín histórico, y sustituir la piedra por una verja— orientó mejor el tiro. O lo que es lo mismo, empezó a pedir información sobre la construcción del aparcamiento. Cuando descubrió que el garaje de la discordia se había construido sin informe ni medida alguna que previera la afección al espacio verde protegido cogió carrerilla y presentó una denuncia ante la fiscalía solicitando una investigación. Era diciembre de 2009. Y la reflexión era directa: Si hay que derribar parte del muro de Monforte para airear el jardín que se deteriora, alterando la tipología de un huerto cerrado, es porque algo ha alterado la aireación correcta anterior, y el hormigón del garaje era el causante más probable. Por aquel entonces, Bellver estaba convencido de que aquella denuncia no iba a prosperar. Sin embargo, La Fiscalía vio irregularidades en la concesión de la licencia para construir (en 2004) el aparcamiento junto al subsuelo del jardín protegido. La clave reside en que no se había solicitado el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura, algo obligatorio cuando se actúa en un Bien de Interés Cultura (BIC) o en su entorno, y como tal están declarados el Jardín de Monforte desde 1941 y sus inmediadiones desde 1992.
En mayo de 2010 el juzgado de Instrucción número 1 de Valencia admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía y la pesadilla de Bellver fue tomando forma. Ocho meses después (enero de 2011) el juez procesó al edil de Urbanismo de Valencia por prevaricación en el Jardín de Monforte. Fuentes próximas al edil apuntaron por aquel entonces que ese era el auto que temía Bellver del juez instructor, Josep Lluís Albiñana, presidente del Consell en la etapa preautonómica y sospechoso de animadversión hacia un concejal del PP que no entendía cómo un asunto que consideraba menor iba camino de llegar tan lejos.
En abril, la sección segunda de la Audiencia Provincial confirmó el auto del juzgado al entender que no haber pedido la autorización a la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura para construir un aparcamiento podía constituir «un manifiesto incumplimiento de la legalidad». Además, se imputó a cuatro funcionarios, al considerar que los técnicos conocían, por su propio trabajo y su formación, la «necesidad» de pedir esa autorización. Especial importancia tiene en la causa el hecho de que los mismos protagonistas habían cumplido el trámite un año antes por unas obras de la clínica Quirón, que como el garaje de Severo Ochoa también está en el entorno del jardín. El expediente fue aprobado por Bellver y sí incluía el informe preceptivo de la Dirección General de Patrimonio.
Era necesario cambiar de juez. Rita Barberá no dudó entonces en negociar con el entones president de la Generalitat, Francisco Camps, la inclusión de Bellver en la candidatura autonómica, en la que ocupó un puesto de salida que le ha llevado a ocupar un escaño en el parlamento valenciano. De esta forma, como diputado, obtendría la condición de aforado. Y más garantías al pasar el caso al Tribunal Superior. Al menos eso es lo que buscaban Bellver y los populares.
Ahora la fiscalía pide para el edil popular —y para el resto de acusados— ocho años y medio de inhabilitación. La sanción económica, eso sí, varía. A Bellver le piden 32.400 euros; al secretario del ayuntamiento, Pedro García Rabasa, 24.300 euros. A los jefes de servicio 16.200 euros, y a la arquitecta técnica , 10.800 euros.
El 17 de octubre, el concejal de Urbanismo y diputado autonómico, Jorge Bellver, el que fue señalado como delfín y sucesor de Rita Barberá, se juega su carrera política. Mientras, el jardín histórico sigue sufriendo problemas de drenaje, y permanece cerrado por operaciones de mantenimiento. El juicio ha parado todo lo demás.
* Levante - MÓNICA ROS - 2.10.11
Foto: Valencia, aparcamiento junto Jardines Monforte - anna
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MÁLAGAHOY* : El tribunal del "caso Malaya", la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento español, ha ordenado al administrador judicial de las sociedades vinculadas al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, que abone 600.000 euros al municipio de Marbella. Este dinero será entregado al consistorio "atendiendo al deseo expreso de Roca" de satisfacer la condena que le fue impuesta en el caso Saqueo y "dada la necesidad acuciante de liquidez del Ayuntamiento", según el auto judicial, al que ha tenido acceso Efe.
Esta resolución ha sido tomada por la Sala "dada la liquidez sobrante en la actualidad de las sociedades atribuidas a Juan Antonio Roca y que están sometidas a la medida de administración judicial. El tribunal ha acordado que dicha cuantía se articule en la contabilidad interna de las sociedades, como un contrato de préstamo que tales sociedades efectúan a Roca.
El 23 de enero de 2009, la Audiencia Nacional condenó a Roca, al letrado José Luis Sierra y Manuel Jorge Castel, al pago conjunto y solidario de 24,3 millones de euros por los perjuicios causados con el "caso Saqueo", sobre el desvío de esa cantidad del Ayuntamiento a empresas privadas entre 1991 y 1995.
El 29 de noviembre de 2010, la Audiencia Provincial de Málaga dictó una providencia en la que se establecía un principio de acuerdo entre Roca y el Ayuntamiento para que la Finca de la Caridad fuese entregada al consistorio en concepto de responsabilidad civil.
Si bien, el principio de acuerdo no llegó a buen término y continuaron con las negociaciones para cumplir con la sentencia condenatoria.
En este sentido, ya se ha alcanzado un acuerdo, según el auto, al que ha tenido acceso Efe, que está pendiente de ser ratificado por la sala del caso Malaya, que mantiene intervenidos los bienes de Roca.
Según dicho acuerdo, se entregará al Ayuntamiento diferentes importes, en diferentes fechas y todo ello una vez se efectúe la venta del Palacio de los Condes de Villagonzalo, en Madrid.
Pero "atendiendo a que aún no se haya procedido a la venta del citado inmueble, y dada la necesidad acuciante de liquidez del Ayuntamiento", la sala ha ordenado que sean transferidos 600.000 euros, en pago de las responsabilidades pecuniarias decretadas por la Audiencia Nacional.
Los magistrados han acordado dicha entrega de dinero "atendiendo de manera fundamental a que ningún perjuicio material es detectable por ello" y, porque hay "una administración pública que aparece como víctima de un delito que ha de ser resarcida en la cuantía declarada judicialmente".
La sentencia declaró probado que desde la llegada a la alcaldía en 1991 del Grupo Independiente Liberal (GIL), el exalcalde Jesús Gil fue aconsejado por Sierra, quien concibió la idea de crear varias empresas sujetas a la legislación mercantil "bajo el aparente designio de que la gestión de los servicios municipales sería más ágil".
La existencia de 31 sociedades municipales, que "se nutrían" de las subvenciones y transferencias de dinero público del consistorio, "degeneró" en una situación de "opacidad".
Para dar cobertura a la distracción de fondos públicos Sierra, Castel y Roca "se concertaron con otras personas no enjuiciadas y con vínculos más estrechos con el Ayuntamiento en la ideación y puesta en práctica de una serie de actividades encaminadas a crear una apariencia contable de gastos, con objeto de justificar el uso de las cantidades detraídas".
* Málaga Hoy - Efe - 1.10.11
Foto: Marbella, cortijo de Roca - elconfidencial.com
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LAVOZDEGALICIA* : El complejo panorama urbanístico lucense acaba de complicarse aún más con las irregularidades que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha reseñado en el informe dirigido al Juzgado de Instrucción nº3 sobre la ampliación del Seminario Diocesano. Viene a sumarse este asunto al de la paralizada urbanización de O Garañón. Se añade también a las denuncias judiciales por los cambios introducidos en el Plan Xeral de Ordenación Municipal, aún en tramitación, entre las aprobaciones inicial y provisional. Es un ladrillo más en el muro del que forma parte el edificio de la calle Montero Ríos sobre el que ya pesa sentencia del Superior de Xustiza por exceso de volumen. El caso del Seminario abre una nueva vía en el polémico urbanismo lucense. Mientras, en el Obispado se asegura que se respetó escrupulosamente la legalidad vigente. A continuación se reseñan los claves del informe de la APLU sobre la ampliación del Seminario.
¿Por qué sostiene la Axencia que tiene una planta de más?
En el informe de la APLU se refleja que en el entorno en el que se construyó el edificio es de aplicación la ordenanza de zona 10 (dotaciones comunitarias) del PGOU vigente en el momento de la concesión de la licencia, el de 1991. Esta ordenanza fija el número máximo de plantas en 3 para edificación nueva: el edificio tiene 4 y bajo cubierta. En el mismo informe se aclara que la edificación de cuatro plantas estaba prevista en la modificación del estudio de detalle (instrumento de ordenación urbanística que completa o adapta determinaciones establecidas en los planes generales) de la unidad de actuación (superficie delimitada de terreno que define el ámbito completo de una actuación integrada) CS (centro-sur) 6. A juicio de la autora del informe, el estudio de detalle incumplía la obligación de ajustarse a la determinación del PGOU (3 plantas).
El reparto de cargas y beneficios, a destiempo
La APLU deja constancia de la obligación de proceder al reparto de cargas y beneficios antes de la concesión de la licencia de edificación. Ello es así porque el ámbito en el que se desarrolla la actuación tiene el carácter de urbano no consolidado, de acuerdo con lo previsto en la Lei do Solo de Galicia de 1997. Pues bien, en el informe se indica que la licencia de edificación fue concedida por acuerdos municipales de 18 de noviembre de 1998 y 7 de abril de 1999; el proyecto de compensación (paso final del proceso de reparto de cargas y beneficios) fue aprobado el 28 de diciembre de 2001.
La urbanización del terreno y la edificación no fueron simultáneos.
Así lo entiende la Axencia Urbanística, que señala que el Ayuntamiento de Lugo concedió la licencia de primera utilización y apertura del aparcamiento subterráneo de uso público con anterioridad a la finalización de las obras de urbanización del terreno. Es más, en el citado informe se indica, que en una visita de inspección al ámbito estudio efectuada el 21 de marzo del 2011 quedaban aún por ejecutar algunas obras de la urbanización.
¿Por qué considera APLU que el polideportivo es incompatible con los usos autorizados en esta zona?
La Axencia dice que según el PGOU la ordenanza de aplicación es la de zona 12, esto es, de zonas libres y espacios verdes. Al determinar los usos incompatibles reseña el de garaje-aparcamiento y el deportivo. Pero en el plano de calificación urbanística J02, el PGOU -explica el informe- marca sobre la parcela una P dentro de un cuadro, indicación que corresponde a aparcamiento público. Por ello, debe entenderse como un uso permitido. Pero no ocurre lo mismo con el uso deportivo, que sí se recoge en la modificación del estudio de detalle; pero, en función de la Lei do Solo de 1997, los estudios de detalle no pueden contradecir lo establecido en el propio PGOU. Concluye la autora del informe que, por tanto, el polideportivo subterráneo y la pista polideportiva y la grada en superficie incumplen las determinaciones de la ordenanza urbanística de aplicación en este caso.
El momento en que se ejecutaron las excavaciones arqueológicas, otro perfil cuestionado.
El PGOU establece en su apartado 420 que en la zona A, que es en la que se encuentra el ámbito de actuación, «previamente a la concesión de cualquier licencia de edificación o movimiento de tierras será obligatoria la realización de excavaciones arqueológicas (...)». La APLU reseña también que en el acuerdo de la comisión municipal de gobierno (18 de noviembre de 1998), por el que se concedió la licencia de obras, se indica que «previamente á aprobación do proxecto de execución, deberán realizarse escavacións arqueolóxicas». El proyecto de ejecución fue aprobado el 7 de abril de 1999, pero el expediente de intervención arqueológica se inicia el 24 de abril y finaliza el 26 de octubre de 1999.
La licencia de primera utilización aún está pendiente.
De acuerdo con el informe de la APLU de las obras ejecutadas en el Seminario y en su ampliación sólo tiene licencia de apertura y primera utilización el aparcamiento subterráneo. Se indica que hay constancia de tal carencia hasta el 9 de diciembre del 2010. A su vez, el concejal de Urbanismo, Luis Álvarez (PSOE) señaló a La Voz que la licencia de primera utilización fue solicitada a finales del año pasado y aún no fue tramitada, debido al atasco en este servicio.
* La Voz de Galicia - 2.10.11
Foto: Lugo, polémicas viviendas en parque - lavoz
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EFE/Málaga* : Los siete detenidos en la operación "Acinipo" de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga asuntos urbanísticos del anterior equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Ronda (Málaga), han quedado en libertad, aunque el exalcalde Antonio María Marín deberá pagar 150.000 euros de fianza.
Marín Lara, que sigue actualmente de concejal, ha quedado hoy libre, aunque imputado de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias y debe depositar la fianza en quince días, según han informado a Efe fuentes judiciales. Los ediles María José Martín de Haro -exdelegada municipal de Obras y Urbanismo- y Rafael Lara -que fue delegado de Contratación y Seguridad- ya quedaron ayer en libertad provisional imputados de los mismos cinco delitos y el juez les fijará mañana también una fianza, para lo que el fiscal ha solicitado que no supere los 100.000 euros.
El concejal, diputado provincial y exprimer teniente de alcalde rondeño Francisco Cañestro y el abogado de una constructora local Miguel Ángel B.A. han quedado en libertad sin fianza e imputados de los mismos delitos que los anteriores por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda.
Cañestro ha ejercido como secretario local del PSOE hasta que fue suspendido cautelarmente de militancia por su formación al ser detenido el pasado martes, medida que ha afectado también al exalcalde, a María José Martín y a Lara.
Los otros dos detenidos que han quedado en libertad provisional e imputados de cuatro delitos están vinculados al mundo empresarial y prestaron declaración ayer por exhorto en juzgados de guardia de Valencia y Madrid.
Son Alfonso Javier F.V. y José Miguel Y.C., imputados por cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias y que tienen obligación de comparecer ante el juzgado cuando sean citados.
Tras tres horas de declaración judicial y al abandonar el juzgado, el exalcalde ha asegurado a los periodistas que demostrará su inocencia, "igual" que en otros casos en que le quisieron implicar, tras recordar las "62 denuncias" que -según dijo- le han interpuesto partidos políticos como Izquierda Unida o Los Verdes.
Marín, único de los imputados que ha efectuado declaraciones públicas, ha afirmado estar "habituado ya a este tipo de cosas", aunque ha precisado que esta causa no la ve igual que otras, y señala que está "en libertad y con toda la confianza habida y por haber" como dice haber tenido "en las 62 denuncias" que le pusieron.
El exalcalde, abogado de profesión, ha ejercido como portavoz municipal socialista y vicesecretario local de esta formación hasta que su partido lo suspendió cautelarmente de militancia.
Llegó a la Alcaldía en septiembre de 2004 tras una moción de censura del Grupo Independiente Liberal (GIL), el PP y el Partido Andalucista (PA), donde militaba entonces, y en junio de 2009 se pasó al PSOE junto con los ocho concejales de su grupo.
El Cuerpo Nacional de Policía estudia varios convenios urbanísticos suscritos en la etapa del exalcalde, en los que se podrían haber cometido irregularidades penales.
Uno de los ejes de la investigación gira en torno al proyecto de un centro comercial de Eroski -a través de un grupo constructor del municipio- sobre los terrenos del antiguo campo de fútbol municipal y el recinto ferial en una superficie de 34.000 metros, de los que 25.000 sería edificables.
Otros de los expedientes que analizan es el del complejo Los Merinos -que incluye 800 viviendas de lujo, campos de golf y hoteles- y recaban y estudian toda la información incautada sobre expedientes relativos a la zona de La Hoya del Tajo, paraje natural donde hay varias construcciones supuestamente irregulares.
* ADN - EFE - 29.09.11
Foto: Ronda (Málaga), ayuntamiento - andaluciaimagen.com
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