“Se trata de mirar hacia delante y no hacia atrás. Como ustedes saben las leyes penales no tienen carácter retroactivo, por lo tanto no es cuestión de mirar al pasado si no al futuro. Para que entre todos dignifiquemos la clase política y demos respuesta a las demandas sociales tan justas, como claras y reiteradas en los últimos tiempos”, ha argumentado. Así, ha querido hacer una reflexión sobre este tema, “que escandaliza a los ciudadanos” y representa “un clamor en la calle”, “deudas que habrán de pagar las futuras generaciones y facturas, que se cuentan por centenares”. De hecho, se ha preguntado si la legislación española es adecuada para expresar en términos jurídicos el “reproche social” que el despilfarro del dinero público merece, “una de las causas determinantes de la crisis”, según ha apuntado, y que puede suponer el recorte de derechos sociales.
Según ha insistido, se trata del dinero de todos los españoles que ha sido obtenido por las administraciones públicas a través de los impuestos, que gravan la renta o el consumo de millones de personas. Es más, ha reconocido que España se encuentra en un momento de reducción del gasto público para todas las administraciones, como consecuencia de la crisis.
“Desde la institución que represento es necesario reivindicar la necesidad de hacer cada día más fuerte el compromiso de la sociedad con el espíritu y la letra de los derechos fundamentales que recoge el artículo primero de la Constitución”, subrayó María Luisa Cava de Llano.
Las quejas de los españoles
El informe de 2010 destaca igualmente que, un año más, resaltan las quejas relacionadas con la ordenación económica, siendo las actuaciones de los bancos, el incremento de los impuestos y los recortes salariales a los funcionarios los que han generado miles de quejas.
A los ciudadanos también les preocupan los problemas con la Administración de Justicia, concretamente los retrasos indebidos y la falta de medios. De igual forma, sobresalieron los asuntos relacionados con el trabajo y la Seguridad Social; los temas relativos a la extranjería y la inmigración; o aquellos que tienen que ver con el urbanismo y la vivienda.
En cuanto a las quejas colectivas, la gran mayoría estuvieron relacionadas con la función pública y las políticas sociales, “lo que es un indicador del malestar provocado en amplios colectivos sociales por las medidas adoptadas por el Gobierno y el Parlamento durante 2010 para combatir los efectos de la crisis económica”, según apunta la Memoria Anual del organismo.
Mientras, las quejas individuales relativas a temas económicos se duplicaron en 2010 pasando de 1.780 a 3.692. Además, se gestionaron 2.334 colectivas y 52 de oficio.
“La actual situación de crisis ha elevado el número considerable de ciudadanos que exponen ante la institución la necesidad de regular con mayor eficacia y concreción las situaciones de insolvencia familiar o personal. En opinión de la Defensoría, la actual legislación no ofrece una respuesta adecuada”, añade el texto.
El informe del 2010
El último informe del Defensor del Pueblo de 2010 recoge que la institución atendió en aquel periodo un total de 34.674 expedientes, un 56 por ciento más que en 2009, y gestionó 22.287 quejas, como consecuencia de la crisis económica.
Precisamente, en el mes de abril, Cava de Llano hizo entrega de dicho informe a los presidentes tanto del Congreso como del Senado. En su encuentro con el presidente de la Cámara baja, José Bono, Cava de Llano destacó que este 56 por ciento más de expedientes respondía al crecimiento registrado por las quejas colectivas, que pasaron de 3.626 en 2009 a 17.449 en 2010; además de las quejas individuales, que se elevaron a 16.759. “Se trata de un dato muy espectacular, muy importante”, puntualizó.
Por distribución geográfica, el mayor número de quejas procedieron de la Comunidad de Madrid (21,85%), seguida de Andalucía (18,32%), Comunidad Valenciana (14,15%) y Cataluña (10,29%).
Igualmente, detalló que experimentaron una “fuerte subida” las investigaciones de oficio, aquellas actuaciones o investigaciones propias que inicia el mismo Defensor del Pueblo, y que alcanzaron los 466 expedientes, frente a los 269 del ejercicio precedente.
* Diario Jurídico - 16.09.11
Foto: Castellón, aeropuerto de Fabra - publico
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