LAOPINIÓN/A Coruña* : La Corporación local de Cabanas sacará a contratación, por un importe total de 368.897 euros, los trabajos de derribo de la segunda fase del edificio O Penso, también conocido como Elpidio, sobre el que pesa una sentencia de demolición del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del año 2006 por incumplir la normativa urbanística.
Con un plazo de ejecución de cuatro meses y a la espera de tramitar el crédito bancario necesario para sufragar el coste de las obras, el Concello advierte de que es imposible cumplir con el plazo fijado por el Tribunal, que obligaba a la Administración local a ejecutar el derribo antes del próximo 30 de septiembre, por lo que, según explica el alcalde, Germán Castrillón, solicitará una prórroga para poder llevar a cabo los trabajos antes del 31 de diciembre del presente año.
"Por culpa de los recursos presentados y la tramitación necesaria es imposible cumplir con este plazo por lo que espero que concedan el aplazamiento", sostiene el regidor popular.
Fue en el pleno celebrado el pasado jueves, primera sesión ordinaria de la presente legislatura cuando, con los votos a favor del Partido Popular (PP) y Agrupación de Electores de Cabanas (AEC) y las abstenciones del concejal Luis Fachal (AEC) y Partido Socialista y la negativa del Bloque Nacionalista Galego (BNG), se dio luz verde al expediente de contratación que reduce los costes, debido a "unos últimos ajustes", según Castrillón.
De los más de 400.000 euros previstos inicialmente por el Ayuntamiento, el presupuesto se reduce hasta los 368.897 euros, trabajos que se adjudicarán mediante procedimiento negociado con publicidad y tramitación urgente.
La tramitación del expediente queda condicionada a la formalización de la operación de crédito que deberá producirse antes de la adjudicación de las obras. Este crédito únicamente cubrirá los gastos del derribo por lo que quedan pendientes 663.800 previstos para indemnizaciones, seguros y otros gastos.
El Superior declaró nula la licencia de la segunda fase de la construcción en 1994. El motivo es que el inmueble incumple las normas subsidiarias que, a falta de un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), rigen el urbanismo en el municipio de Cabanas, normas aprobadas en 1988, un año antes de que el Ayuntamiento autorizase la ejecución de la primera fase del Elpidio.
Según el planeamiento urbanístico en vigor, en el lugar en el que se levanta el edificio sólo se permitía la construcción de una planta baja, dos altas y bajocubierta. Sin embargo, la promotora aprovechó el desnivel del terreno para levantar cinco plantas más bajocubierta. La primera fase también fue denunciada y una sentencia de 1996 revoca la licencia concedida por el Concello.
* La Opinión A COruña . 2.08.11
Foto: Edificio O Penso, también conocido como Elpidio.- laopinion
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PÚBLICO/Madrid* : Agentes de la Policía han iniciado esta mañana el desalojo de los 'indignados' que permanecían acampados en el Paseo del Prado y en la Puerta del Sol de Madrid, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía y los propios 'indignados' en Twitter.
A las 6:00 llegaban a la madrileña Puerta del Sol unos 200 agentes de la Policía Nacional para comenzar el desalojo de una plaza que cuenta con la presencia de 'indignados' desde el pasado 15 de mayo, aunque el desalojo se ha desarrollado de forma tranquila y sin incidentes. Según testigos, los agentes han anunciado "ya está, hay que irse" y les han dado tres minutos para recoger sus cosas y salir. Mientras tanto, un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona para registrar cualquier tipo de incidente.
Tal y como han confirmado miembros del propio movimiento 15-M en Twitter, a las 8:40 el despliegue policial impedía el acceso a la Puerta del Sol. Reconocían que era imposible una concentración que evitase el desalojo, y aún así, hacían un llamamiento "para acudir a ayudar" desde #nopararemos .
En Twitter no han cesado los mensajes de apoyo con ideas como "Podrán desalojar Sol y el Prado pero detrás de todo eso hay ideas" o "Podrán desalojar acampadas, pero no podrán desalojar nuestras conciencias".
Pero también se mueven las especulaciones. Mientras se organiza una reunión en la Puerta del Sol para esta tardea a las 20:00, otros usuarios de la red social dudan sobre las verdaderas razones del desalojo. "Desalojan Sol y Prado, para limpiar, ¿sus conciencias ante la cara visita del Papa?".
Una idea que Gaspar Llamazares ha compartido: "Con agosticidad, el gobierno desaloja a los indignados, para ocultar el conflicto social a las visitas. Las causas y el movimiento continúan" Gaspar Llamazares, portavoz de IU en el Congreso, en su Twitter @GLlamazares
Los servicios de limpieza municipales han anunciado que están preparados para proceder a retirar los objetos y residuos que queden en ambos campamentos. En respuesta, los 'indignados' ya han anunciado que implantarán un nuevo punto de información.
"La información es un derecho de todas las personas, y en InfoSol se hacía eso, comunicar a las personas cómo podían participar de la conciencia global de pensamiento que se ha desatado con el Movimiento 15M", han publicado en su Web.
Desde el 15 de mayo y tras la primera manifestación del movimiento, los 'indignados' ocupaban la Puerta del Sol de Madrid como centro del las acampadas de las principales plazas españolas. Desde el principio se temía un desalojo, pero finalmente y tras más de dos meses de reivindicaciones, los 'indignados' abandonaron la plaza por propia voluntad y bajo acuerdo asambleario el 12 de junio.
Desde ese momento el objetivo era centrarse en el trabajo en los barrios y pueblos de toda la Comunidad, aunque sin olvidar el trabajo en acciones a gran escala como la manifestación que recorrió las calles de Madrid y otras ciudades, partiendo de cada uno de los barrios y terminando en la unión de los manifestantes es Cibeles, el pasado 19 de junio.
Las marchas que salieron de diferentes puntos de España bajo el nombre de "Marcha Popular Indignada" y culminaron en la manifestación del 24 de julio, ha sido otra de las grandes acciones del movimiento donde participó gente de Galicia, Murcia, País Vasco, Catalunya, Andalucía, Extremadura y Valencia.
De estas marchas nació un nuevo campamento cuando un grupo de integrantes del movimiento 15 de mayo decidió acampar en la mediana del Paseo del Prado. Junto a él, todavía quedaba un punto de información con unas 30 personas en Sol con el que pretendían seguir extendiendo las ideas y reivindicaciones del movimiento, así como expresar su indignación contra el sistema político, económico y social.
* Público - NATALIA CASTRO MADRID 02/08/2011
Foto: Un operario limpia la Puerta del Sol tras el desalojo de los 'indignados'.- publico
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JOSÉ MANUEL LÓPEZ* : Ha llegado el momento de plantear esta cuestión y que los expertos nos digan si tenemos razones o no para reclamar. En mi opinión, los banqueros han ocasionado un enorme perjuicio, susceptible de ser indemnizado, concediendo hipotecas a familias que sabían de antemano que no las podrían afrontar. Cuando menos cambiaron las normas en materia de concesión de hipotecas que se adoptaban hasta ese momento. Además de las hipotecas concedidas a personas solventes, abrieron otro mercado muy rentable respaldados por la situación del momento. Pensaron que sería incluso más rentable ejecutar hipotecas a las familias que, tras varios años de hacer malabares para poder pagarlas, finalmente tiraron la toalla hartos de ese sinvivir constante, de esa espada de Damocles preparada para caer sobre sus cuellos en cualquier momento.
Llegados a este punto, el cliente vendía su casa cuyo valor se había multiplicado por dos en unos años y cancelaba su hipoteca pagando suculentas comisiones al banco. En cierta época, el cliente recuperó el dinero que había pagado durante esos años e incluso ganó algún milloncejo, aunque los principales beneficiarios de esta situación fueron los bancos y las inmobiliarias. Progresivamente esto empezó a cambiar y, de ganar algo, se pasó primero a recuperar por los pelos lo invertido, más tarde a perder lo puesto durante esos años pero permanecer sin deudas, para terminar vendiendo por veinte millones una casa que costó treinta y que tras añadir comisiones e intereses, aumentó su precio a cuarenta. Esto dejaba a una familia en la calle y debiendo aún al banco un dineral. Pero en el caso de ejecución de la hipoteca por la deuda acumulada, se daba el caso de que la casa era embargada por una deuda de 30 ó 40 mil euros, quedándose la familia sin casa y debiendo aún el resto de la hipoteca. Los beneficiados aquí, bancos y subasteros sobre todo.
En ningún caso pierde el banco, es más, multiplica sus posibilidades de negocio sumando estas hipotecas a las que se ha dado en llamar "hipotecas basura", a las concedidas con todas las garantías.
Para colmo el gobierno decide prestar una millonada a los bancos a cambio de nada. ¿Cómo se le queda la cara a una de estas personas embargadas al saber que el dinero de sus impuestos se utiliza para ayudar a la gente que le ha arruinado la vida?
Pues bien, en mi opinión, si se ha causado un perjuicio, obrando con mala fe como ha sido el caso, al no importarles el daño que se iba a causar a la familia a la que se concedía la hipoteca, procede una indemnización por daños y perjuicios.
Está claro que se concedieron hipotecas que en ningún caso debieron de haberse concedido y que como consecuencia de ello, muchas familias se vieron en la ruina. Ya fuera a sabiendas o por incompetencia, muchas familias se vieron gravemente perjudicadas, por lo que deberían ser indemnizadas. Como consecuencia de la avaricia de los bancos o de su incompetencia, la economía de muchas familias no se recuperará jamás.
Por favor, no permitamos que salgan impunes de esto.
* Rebelión - Opinión - 1.08.11
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ELPAÍS*: El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y Corina Porro, a la sazón presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, inauguraron en diciembre, en el relleno de Bouzas, un silo para el almacenamiento de coches en altura cuya construcción costó más de 23 millones de euros y que a día de hoy sigue ostensiblemente vacío, sin que la Autoridad Portuaria ofrezca ninguna explicación de los motivos de esa inutilización ni de las expectativas que alienta en relación con el edificio. Tampoco informa del grado de ocupación de 40 almacenes para armadores inaugurados en 2008 y que costaron 3,5 millones.
El relleno de Bouzas, de cerca de un millón de metros cuadrados de superficie, reserva unos 350.000 metros cuadrados para estacionamiento de coches. Pueden aparcar en él unos 14.000 vehículos, que van rotando así se embarcan o se movilizan tierra adentro, hasta sumar el paso de unos 600.000 vehículos al año. La gran mayoría proceden de la factoría PSA Peugeot Citroën, que utiliza esa plataforma para sus tráficos diarios con Francia. Otros 50.000 vehículos corresponden a otras marcas. En el contexto de estos tráficos se proyectó el silo, de cuyo uso Citroën enseguida se desmarcó aduciendo que restaba operatividad a su logística. La obra era indicada para almacenar coches que precisaran esperas más largas en el puerto.
Los fondos europeos financiaron 14,5 millones de euros del coste del silo. El edificio ocupa casi 20.000 metros cuadrados de suelo y en total ofrece 59.000 para estacionar 4.000 coches en tres plantas. Se trata de una "estructura metálica desmontable" en la que se emplearon 4.600 toneladas de vigas de acero, forjados de tramex (estructura metálica muy resistente a grandes cargas) y otros aditamentos modernos como los paneles fotovoltaicos integrados en vidrio traslúcido de color azul, que generan una potencia instalada de 100 kilowatios para generación eléctrica de venta a red.
Pero el edificio no se ocupa y, consecuentemente, no genera los ingresos que justificarían la inversión en él. El único dato constatable es el gasto, este año, de 120.000 euros para mantenimiento, para obras complementarias o para liquidar su construcción: el silencio de la Autoridad Portuaria impide ninguna certeza. El colectivo Bouzas-Móvete, y a su través la red ecologista A Ría non se Vende, lo considera "una obra absurda e ilegal" -porque nadie la demandó y porque se construyó en ausencia del plan de usos portuarios, ahora Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, que sigue brillando por su ausencia en el puerto de Vigo-, un "pegote" de 10 metros de altura que provoca "una barrera visual como pantalla permanente", y lo denunció en los tribunales.
En su inauguración, sin embargo, Porro consideró la consideró una infraestructura "clave". "En pocos lugares se mezcla con tanto acierto la cadena del mar y las necesidades de la industria", alabó Feijóo. Ambos emplazaron la funcionalidad del silo a la inminente apertura de la autopista del mar, que no obstante tampoco acaba de producirse. "Vigo hizo ya todos sus deberes, la pelota está ahora en el tejado de los Gobiernos de España y Francia", sentenció la semana pasada Ignacio López-Chaves, actual presidente del Puerto vigués, sobre la demora acumulada.
Por su parte, los almacenes construidos en el mismo área de Bouzas con financiación europea permanecieron absolutamente vacíos durante dos años porque los usuarios a los que fueron destinados consideraban muy altas las tarifas requeridas por su utilización. En 2009 se lo comunicaron así a Corina Porro, apenas tomar ella posesión de la presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo, para que tomara cartas en el asunto. A día de hoy, según fuentes ajenas a la Autoridad Portuaria, su ocupación es imprecisa, pero en todo caso "mínima".
La autopista del mar
Las primeras noticias sobre la implantación de la autopista del mar en Vigo, entre su puerto y el francés de Saint Nazaire, señalaron su apertura en 2009. La demora que se ha ido acumulando se atribuyó primero a una falta de acuerdo entre las empresas Acciona Transmediterránea, que fue la adjudicataria de la explotación pero no reunía los tráficos necesarios, y la Compañía Marítima Hispano Francesa (CMHF), que ya realiza los fletes para Citroën. Ambas compañías firmaron finalmente el pasado mes de enero, con gran solemnidad, un acuerdo para el traspaso de competencias que se presentó como el pistoletazo de salida. En abril se anunció que comenzaría a funcionar al cabo tres meses. Las últimas noticias apuntan que en septiembre.
Para acceder a las importantes subvenciones comunitarias que acompañan la explotación de la ruta -en tanto que elimina tráficos por tierra menos eficientes y más contaminantes-, la CMHF ha de garantizar unas frecuencias y volúmenes de transporte que no termina de alcanzar. Es el obstáculo que López-Chaves traslada a los arcanos de la negociación entre los Gobiernos de España y Francia y que supuestamente sería la causa de que el silo de Bouzas permanezca tan vacío como el día de su estreno.
* ElPaís - 1.08.11
Foto: VistaPuertoVigo-vigo
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MÁSSALAMANCA*: La Asociación denuncia que la desaparición del histórico teatro se debió al "desinterés político" y a un acuerdo "torpe e injustificado".
La Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio”, premio Gregorio Arcos a la Conservación del Patrimonio Teatral en 2010, cuando se cumple un año del inicio del derribo definitivo del Teatro Bretón de Salamanca, quiere reiterar su oposición a tal derribo y reafirmarse, aun más si cabe, en su oposición al mismo, visto el devenir de los acontecimientos.
COMUNICADO DE "CIUDADANOS POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO"
"Tal día como hoy, del año 2010, el entonces Concejal de Urbanismo y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y el portavoz de Los Verdes – Foro de Izquierdas anunciaban en ruedas de prensa simultáneas un acuerdo por el que el partido político demandante retiraba su denuncia en los juzgados y, por tanto, el derribo paralizado podía seguir su curso.
Sobre aquel acuerdo (por lo que parece verbal), que las tres partes entendieron como muy favorable para sí y para la ciudad, poco o nada sabemos a día de hoy los salmantinos. Sólo que se llevó por delante al más antiguo de los teatros de Europa, como así atestigua la documentación que esta Asociación posee, y que fue menospreciado por el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura.
Por parte de la empresa propietaria de la parcela, una vez documentados los restos arqueológicos del primitivo Corral de Comedias, también menospreciados por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, se han difundido diversas informaciones claramente contradictorias sobre la documentación y proyectos presentados en las Administraciones Públicas.
Ahora, un año después de aquel apresurado e injustificado acuerdo, los salmantinos todavía no sabemos qué se va a construir en la parcela que ocupaba el Teatro Bretón. Por otra parte, nos sorprende el silencio vecinal ante la incertidumbre de este solar mal vallado y en medio de la ciudad. Tal actitud nos hace sospechar que buena parte de las pasadas quejas vecinales estuvieron orquestadas desde la empresa propietaria para defender sus intereses, no los de la ciudad. Había mucha prisa por derribar, por deshacerse del Teatro Bretón…
Por último, queremos manifestar (con enorme tristeza) que el objetivo de “Ciudadanos por la defensa del Patrimonio” respecto a la catalogación del Teatro Bretón como Bien de Interés Cultural, por vía judicial, no era tan descabellado como se transmitió a la ciudadanía desde algunas instancias y colectivos. Hace un mes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó a la Comunidad de Madrid a incoar expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural para el Teatro Albéniz de la capital por su riqueza teatral, un valor intangible. Ni más ni menos que lo que nuestra Asociación pretendía para el Teatro Bretón".
* Más Salamanca - 1.08.11
Foto: Salamanca,teatro Breton-massalamanca
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LAOPINIÓN/Málaga*: El titular del Juzgado nº3 de Ronda, una vez culminadas las diligencias previas y la investigación, ha decretado el procedimiento abreviado (fase previa a la celebración de juicio) en el caso que se sigue contra el exalcalde de Ronda, Antonio Marín (PSOE), y el exdelegado municipal de Obras y Urbanismo, José Herrera (PP), por un presunto delito contra la ordenación del territorio, al considerar que existen «indicios racionales de criminalidad», dice en su auto. Además da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Ecologistas en Acción puso en conocimiento de la Policía Autonómica en el año 2006 la existencia de una edificación (una nave agrícola) en la Hoya del Tajo, que a su vez remitió un informe a la Fiscalía de Málaga, organismo que tras analizar el expediente pidió al juzgado rondeño la apertura de este caso al entender que se ha vulnerado la Ley urbanística, ya que la zona donde se levanta el inmueble está catalogada como no urbanizable de protección integral.
Además del exalcalde y el exconcejal de Obras, también resultó imputado el propietario de la construcción denunciada, A.F.D.R., afirmando su abogado que edificó la nave en la seguridad de que tenía todos los permisos y estaba dentro de la legalidad.
Marín Lara, en su declaración ante el juez eludió cualquier tipo de vinculación con este asunto, argumentando entonces que el acuerdo para realizar estas obras «no se ajusta en modo alguno a la legalidad en cuanto a procedimiento reglado administrativo» e indicó que todas las competencias en materia urbanística estaban en esa fecha en manos del entonces delegado municipal de Obras, el popular José Herrera.
Tras conocer que el juez ha decretado el procedimiento abreviado, el ex regidor dijo que «se trata de un trámite judicial más» e insistió en que él no tuvo nada que ver en esta obra y que no tuvo conocimiento de la misma.
Mientras, Herrera, que ha presentado un recurso contra el procedimiento abreviado, puntualizó que «siempre hemos actuado dentro de la legalidad».
La Hoya del Tajo, el punto más caliente
Los tres juzgados rondeños, así como la Fiscalía de Málaga, vienen investigando desde hace años una decena de actuaciones urbanísticas dentro del término municipal de Ronda que han sido denunciadas por incumplir la Ley vigente, según han informado Ecologistas en Acción. Se da la circunstancia de que algunos de estos casos se denunciaron en el año 2003 y aún no han sido resueltos por los tribunales, que mantienen abiertas las correspondientes diligencias.
El punto más caliente en cuanto a la proliferación de edificaciones, presuntamente ilegales, está situado en la Hoya del Tajo. Y es que en este lugar se han abierto diligencias previas para averiguar si cuatro edificaciones de reciente construcción incumplen la Ley, tal y como ha denunciado Ecologistas en Acción y las fuerzas de seguridad, como por ejemplo la Policía Autonómica y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).
En marzo de este año la titular del Juzgado número 1 emitió un auto por el que se inicia el procedimiento abreviado (fase previa a la celebración de juicio), en relación al «caso Caballerizas», en el que han sido imputados de un presunto delito contra la ordenación del territorio y contra la Administración de Justicia un promotor y diez concejales de la anterior legislatura, pertenecientes al PSOE, PP y GIL.
Todos los que participaron en una Comisión Municipal de Obras celebrada en 2005 y en la que se dio el visto bueno a la construcción de una vivienda y unas cuadras en la Hoya del Tajo, un lugar de máxima protección ambiental.
* La Opinión Málaga - 1.08.11
Foto: Ronda, ayuntamiento - flickr
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ELPAÍS/Ourense* : La sucesión de embalses en que se ha convertido el río Miño a lo largo de la provincia de Ourense continúa. Desde Valdeorras hasta Os Peares, o pai Miño apenas existe. Las centrales hidroeléctricas lo han roto en infinidad de pedazos y lo han secado en varios tramos. En uno de estos, entre los pantanos de Belesar y Os Peares, la hidroeléctrica Gas Natural Fenosa construye dos nuevas centrales -ampliación de las existentes desde finales de 1940- con autorización del Ministerio de Medio Ambiente, que no consideró necesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental. La autorización del ministerio -y de las consellerías de Medio Ambiente y Cultura-, en 2007, que permitirá a la empresa obtener mayor productividad mediante la instalación de nuevas turbinas, se basa en el "profundo deterioro" del entorno causado "por los aprovechamientos preexistentes".
A la vista del deterioro medioambiental, con un tramo de un kilómetro del río seco desde hace décadas, Medio Ambiente entiende que la obra "mejorará el entorno". Gas Natural Fenosa comenzó a primeros de junio la ampliación de las centrales de Belesar y Os Peares, ubicadas ambas en el Miño y responsables de su amputación. La obra tiene un fin economicista: duplicar la potencia energética de la hidroeléctrica mediante un mayor aprovechamiento del mutilado río. Gas Natural Fenosa invertirá 52 millones de euros en la obra, que durará dos años.
El ministerio autorizó la construcción de las dos nuevas minicentrales (Peares II y Belesar II) sin someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental. "No lo consideró necesario porque la obra supondrá una mejora para el río", sostienen fuentes de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
La Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental estimó que la construcción de las nuevas centrales no produciría impactos ambientales "significativos", dado que "al emplear infraestructuras preexistentes se minimiza el impacto durante la fase de construcción". También valoró que el diseño "minimiza el impacto paisajístico" y que con el proyecto "se recuperarán tramos de río que actualmente se encuentran en seco". La Dirección Xeral de Conservación da Natureza estimó en 2007 que la obra "no afecta a ningún espacio natural protegido ni a ningún hábitat clasificado".
La Consellería de Medio Ambiente resumió la justificación: "El impacto no será significativo por afectar a un medio profundamente alterado por la construcción de sendas presas". Esto es, la aprobación de las dos nuevas centrales se justifica en "el deterioro" causado hasta la fecha por la misma empresa.
El ministerio reconoce que el ecosistema está "actualmente muy degradado o casi inexistente entre las presas y los respectivos retornos" y considera que el principal efecto ambiental del proyecto, con el que se turbinará el doble de agua, "será la recuperación del ecosistema fluvial sobre unos tramos de cauce en que el Miño está actualmente seco por efecto de los aprovechamientos preexistentes".
"Para garantizar que se cubra de agua la parte seca del embalse situada entre las dos presas, la hidroeléctrica tiene que soltar 10 metros cúbicos de agua por segundo", sostiene Pedro Brufao, presidente de la asociación Ríos con Vida. Ha sido una de las condiciones que el ministerio puso a la empresa, que la ha recurrido.
Los embalses de Os Peares y Belesar forman parte del rosario de centrales que se suceden en el Miño, fragmentándolo. Pese su proximidad al Cañón do Sil, declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC), el ministerio destaca que "ninguna de las actuaciones" se desarrolla en el lugar protegido. Tampoco prevé impacto, salvo el que pudiera causar "una eventual contaminación en el río Miño derivada del proyecto", aunque "con las medidas preventivas señaladas por el promotor, resultaría muy poco afectado" el entorno. Tampoco vislumbra "ningún impacto sobre el patrimonio cultural", ni ninguno otro significativo.
* El País - CRISTINA HUETE - Santiago - 31/07/2011
Foto: embalse rio sil - panageos
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ELPAÍS* : La intervenida Caja Mediterráneo (CAM) avaló en septiembre de 2007, en la antesala del estallido de la crisis del ladrillo, con 24 millones de euros al promotor Enrique Ortiz en una operación inmobiliaria que finalmente resultó fallida. El objeto del aval era cubrir los riesgos del incumplimiento del contrato, la venta de una parcela en Benidorm, propiedad de Ortiz, a la sociedad Unibail Rodamco, uno de los mayores grupos comerciales de Europa y propietario de la red de supermercados Eroski.
El grupo comercial adquirió el suelo al promotor Ortiz con el objeto de levantar un centro comercial, pero a fecha de hoy el complejo no está construido. El proyecto incluía unos 49.000 metros cuadrados de galería comercial, unos 13.000 de hipermercado, aparcamiento en superficie y sótano de unas 2.300 plazas y unos 14.000 de zonas comunes.
La escritura se firmó el 6 de septiembre de 2007 en una notaría de Alicante.
De acuerdo con el documento mercantil al que ha tenido acceso este períodico, Enrique Ortiz, en representación de la mercantil Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, SA, vendió una parcela de 71.091,31 metros cuadrados, en el término de Benidorm, a Thomas Orchard, en representación de la mercantil Rodamco Benidorm, SL [está firma está participada al 50% por la sociedad Unibail Rodamco]. El precio de la venta fue de 96.135.356,68 euros, más IVA (en total 110.357.013, 75 euros).
La forma de pago fue la siguiente: la cantidad de un millón de euros, más el IVA correspondiente, fue hecha efectiva con anterioridad a la firma de la escritura mediante dos cheques bancarios; y la cifra restante (95.135.356,68 euros), más IVA, lo abonó el comprador en el acto de la firma de contrato, igualmente mediante cheque bancario.
El comprador y vendedor incluyeron una serie cláusulas que de no cumplirse podrían anular o "modificar" el precio de la operación. En este último apartado, Ortiz se comprometió a rebajar el precio en 24.033.839,71, euros y como garantía de pago aportó el aval de la CAM.Las obligaciones entre las partes de compraventa de la parcela de Ortiz en Benidorm al grupo comercial Unibail Rodamco recogidas en la escritura son las siguientes: inscribir la parcela en el Registro de la Propiedad, como finca independiente, a nombre de la mercantil vendedora; obtener la aprobación definitiva y firma de la modificación de los instrumentos urbanísticos para la construcción del centro comercial; y obtener la concesión, con carácter definitivo y firme por parte de la Generalitat Valenciana para la construcción y explotación del centro comercial.
El plazo para la ejecución de la primera cláusula era de seis meses y para la segunda y tercera, de 36 meses. A la fecha de hoy, en el lugar donde estaba previsto levantar el centro no se ha colocado ni una piedra. La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benidorm para instalar en ese sector el centro comercial tampoco ha sido aún tramitada.
La escritura señala que en el caso de que se produjeran algunos de los supuestos que implicara la resolución de la compraventa, el precio final de la operación se reduciría en 24.033.839,17 euros, lo que significaba que el valor último de la venta sería de 72.101.517,51 millones de euros, más el IVA correspondiente.
En garantía de esa rebaja del precio, Ortiz aportó en el acto de compraventa un aval de la CAM por la misma cantidad en la que se comprometía a rebajar el valor de su parcela. Ortiz estaba obligado a devolver la diferencia del precio al comprador si no se ejecutaba la completa urbanización de la parcela, es decir, servicios, conexiones exteriores y accesos.
El aval fue emitido por la CAM el 6 de septiembre de 2007 con una validez de hasta el 6 de diciembre de 2010.
El Ayuntamiento de Benidorm dio luz verde a la modificación del PGOU para acoger nuevas grandes superficies comerciales, entre ellas el proyecto que impulsaba el grupo Unibail Rodamco, en diciembre de 2008. No obstante, un mes más tarde la multinacional pidió al Consistorio la suspensión temporal de la tramitación de la modificación del PGOU hasta que no se resolvieran los accesos al sector. La mercantil tomó esa decisión tras tener conocimiento de que la Dirección General de Carreteras informó desfavorablemente a las obras de urbanización y decretó su paralización. Las obras de urbanización, que tenía que acometer el promotor Ortiz, no han sido recepcionadas oficialmente por el Ayuntamiento. El promotor, según fuentes del anterior equipo de gobierno municipal de Benidorm, intentó entre los meses de agosto y septiembre de 2010 obtener el acta oficial de recepción de las obras de urbanización. Ortiz obtuvo una certificación emitida por dos ingenieros municipales que no fue validada, por Jaume Llinares, entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento.
Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión del promotor Enrique Ortiz sobre esta operación inmobiliaria fallida en Benidorm. El empresario alicantino es uno de lo clientes de mayor envergadura de la intervenida CAM, en operaciones con su grupo empresarial (primero Ortiz e Hijos y ahora grupo Cívica). El promotor está imputado en el sumario del caso Brugal que investiga supuestas irregularidades en el Plan General de Alicante. En esa causa está imputado un exdirectivo de la caja por una compra de suelo con Ortiz para recalificarlo.
* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 31/07/2011
Foto: CAM - google
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ANTÓN GARCíA-ABRIL* : La rehabilitación se torna en reciclaje como estrategia frente al crecimiento en esta XI Bienal de Arquitectura Española de Comillas. La investigación gana enteros frente a la monumentalidad y los grandes nombres dan el relevo a jóvenes arquitectos más preocupados por la escala humana y las necesidades sociales. Han sido más de 200 los proyectos seleccionados. He aquí las claves.
La XI Bienal de Arquitectura española se presenta este año con su acrónimo BEAU XI. Pudiera parecer un galicismo que aludiera a la belleza para describir cómo evoluciona la presente arquitectura española, aunque, en esta edición prima lo inmediato, lo útil. No es la belleza, la estética o la investigación sobre los sistemas que expresan y ponen en consonancia cultural la arquitectura con la sociedad que la construye y la usa lo que se ha valorado en esta selección de edificios y proyectos.
Lo necesario, lo próximo está relacionado con la vida del hombre, con sus necesidades cotidianas. Se sugiere en el decálogo ideológico que ha presentado el jurado, que hemos estado viviendo una fase de excesos sociales que han tenido repercusiones automáticas en aspectos directamente relacionados con la vida de las personas, en sus economías, en sus viviendas, en su ciudad. Se busca ahora una arquitectura que responda a necesidades sociales (“la monumentalidad es también una necesidad social”, apunta José Miguel Iribas, prestigioso sociólogo ligado a la redefinición conceptual del urbanismo).
Belinda Tato, que lidera junto a José Luis Vallejo la oficina Ecosistema Urbano, nos recuerda que dicha necesidad se debe a que la ciudad es el espacio para la democracia, donde todo el mundo debe sentirse reflejado en ella. Es necesaria la identificación del ciudadano con su ciudad. Reactivar la conciencia por el respeto en el diseño del territorio es la consigna que Tato promulga para el futuro.
La vivienda pública, la calidad urbana, son aspectos prioritarios en la definición de lo necesario para Antonio Font, también miembro del jurado. Joaquin Sabaté Bell, codirector de esta XI Bienal, sentencia que una sociedad que no respeta su territorio, no se respeta a sí misma. Y ya no se puede hablar de la rehabilitación como técnica regeneracionista de la ciudad, sino del reciclaje como estrategia frente al crecimiento, como nuevo paradigma urbano que aúne los valores de la sostenibilidad al modelo de diseño urbano, nos sugiere Jordi Ludevid. Reformar, completar, corregir, son estrategias más acordes con las necesidades de desarrollo contemporáneas, que difieren de los grandes planes urbanos y operaciones de extensión que nos han acompañado los últimos años.
Para ello, la investigación era, más que una novedad, algo pendiente en las Bienales de Arquitectura Española, como afirma su director Félix Arranz. No repetir banalmente caminos trillados, no conformarse con los que hay o se hace habitualmente y aportar innovación es la definición con la que José María Ezquiaga, arquitecto urbanista, nos distingue a los proyectos destacados en urbanismo. La investigación, según Iribas, es la ligazón entre el conocimiento extraído de la experiencia, y Llatzer Moix lo sintetiza con la búsqueda obligada de los arquitectos de nuevas respuestas a viejas preguntas. Trabajadores muy conscientes del tejido social, y no grandes héroes. Una arquitectura no ligada al nombre del arquitecto, sino a la solución.
Los reconocimientos. Esta apología del anonimato, del trabajo bien hecho, de la humildad que la explicación coral de los miembros del jurado de la XI Bienal ofrecen para proponer su selección, tiene su mayor representación en sus premios, donde nombres menos conocidos han prevalecido frente a arquitectos de mayor proyección. Quizá este aspecto identificará esta bienal, a modo de apuesta renovadora de la arquitectura premiada institucionalmente, si bien los grandes perdedores se han conformado con “reconocimientos”, como el Museo Arqueológico de Álava, de Francisco Mangado, El Museo Can Framis, en Barcelona, de Jordi Bahia y Jordi Framis y El Museo del Agua en Lanjarón, Granada, de Juan Domingo Santos. Estos tres reconocimientos, que no premios, saben a poco.
Igualmente se queda en un reconocimiento la intervención en la playa de Benidorm de Carlos Ferrater, dentro de la modalidad de urbanismo, que ha cambiado la fisonomía del borde urbano de la ciudad levantina. Las menciones van todas a la arquitectura gallega. Siempre elegante, Víctor López Cotelo interviene en Santiago de Compostela incorporando en silencio la alta arquitectura que practica a las tradiciones constructivas locales. También Carlos Quintans recibe mención con una casa en un entorno rural en Lugo. Las menciones en urbanismo también reconocen una hábil intervención en el puerto de Malpica, en el corazón de la hermosa costa da Morte Gallega, y el proyecto de Herreros en Oslo, rodeando el Museo Munch. Me permito rescatar con sorpresa entre los no reconocidos en esta bienal grandes proyectos, como el Mercado de Barceló, instalación temporal de Nieto y Sobejano; el hotel Atrio, de Tuñón y Mansilla, o el mejor plan urbano que ha tenido Madrid, el Proyecto Madrid-Río, de Garrido y Burgos, asociados con el estudio de paisaje holandés West 8.
Analizamos los proyectos presentados, contemplando las circunstancias actuales de recesión económica, cristalizadas en los mismos. Son ahora más pequeños, de mayor contención económica, intervenciones en edificios existentes, operaciones de cirugía urbana. El urbanismo, destacado espíritu de esta bienal, reclama igualmente la investigación, propuestas de “no conformidad”, desde planteamientos más participativos, con mayor visión estratégica.
Los premiados.
Se presentaron más de 700 proyectos, se seleccionaron más de doscientos, se destacaron cien y cuarenta llegaron a finalistas, siendo el premio de esta XI Bienal para los jóvenes arquitectos Bernardo Angelini y David Casino, (Zigzag Arquitectos) por su edificio de viviendas protegidas en Mieres, magnífico y casi único ejemplo construido del programa de vivienda pública que el Ministerio de la Vivienda inició. Destacan algunos valores que atesora este trabajo: su inserción en el entorno urbano, el diseño de sus pieles y su discreción proyectual y ambiental. Es patente la gran formación recibida en Madrid en sus comienzos profesionales por el arquitecto Angelini, demostrando ya una gran madurez reconocida por el jurado en el diseño de las viviendas, uno de sus primeros encargos profesionales.
El premio de investigación recae sobre el Edificio Media-Tic, de Enric Ruiz Geli, por su manifiesto en el que técnica, energía, conectividad, medioambiente e información son los ingredientes materiales de su arquitectura. Y el premio de Proyecto Joven, cualidad que comparte José María Sánchez García con los premiados Angelini-Casino, se concede al Centro de Remo en Alange (Badajoz).
En general se resalta lo colectivo, reconociendo los modos de hacer, “que no tanto celebran la competencia de la excelencia, lo ya materializado, o el premio individualizado”. Diluir los brillos individuales entre la unánime producción arquitectónica, clara contradicción de una Bienal de arquitectura que debe mostrar y destacar entre lo más excelente, y resaltar sus logros más individuales, para así ofrecer el mejor aroma de todo un colectivo profesional, pero también el pulso de una sociedad y su cultura.
* EL Cultural - 31.07.11
Foto: Premio de Arquitectura: edificio de 131 viviendas protegidas en Mieres (Asturias), de B. Angelini y D. Casino - elcultural
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EUROPAPRESS* : El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Salud Pública de Andalucía, una norma que será sometida a debate en el Parlamento autonómico tras el verano, cuyo tramite se pedirá por la vía urgente y que recoge, entre sus principales novedades, que la salud pública se convierta en un elemento transversal de todas las políticas de gobierno.
En la rueda de prensa habitual tras la reunión del Consejo de Gobierno, Montero ha explicado, tal y como ya avanzó hace dos años cuando dio a conocer que su departamento trabajaba en este texto, que la principal misión de la ley será la de velar para que en cualquier acción de Gobierno, "como por ejemplo cuando se está ordenando el urbanismo o se instala una industria dentro de una ciudad", exista un informe previo e indispensable de salud pública que permita proteger la salud de los ciudadanos de ese entorno y que sea indispensable para la autorización de esa instalación industrial.
Así, las iniciativas, proyectos, obras y actividades públicas y privadas requerirán para su aprobación de dicho informe de evaluación de impacto en la salud colectiva. Este ámbito de acción engloba, de esta forma, especialmente los ámbitos relativos al empleo, la vivienda, el deporte, el urbanismo o la educación.
En materia urbanística y de vivienda, se recogen derechos relacionados con la inclusión de zonas verdes en los planeamientos, la prohibición del uso de materiales de construcción que suponen riesgos para la salud y la garantía de un perímetro de seguridad en la puesta en marcha de actividades o zonas industriales.
Junto con la evaluación de impacto en salud de las actividades económicas, el proyecto de ley prevé también la posibilidad de establecer incentivos para las empresas que realicen planes de autocontrol o auditorías voluntarias.
"Los andaluces tendrán derecho a zonas verdes en sus lugares de convivencia, a que sus edificios y viviendas se construyan con materiales seguros y que no comporten riesgos para la salud, y a que se les garantice la existencia de un perímetro de seguridad alrededor de las áreas industriales", ha ahondado Montero acerca de las bonanzas de una nueva ley, que implicará que de las evaluaciones y resultados que se emitan sobre el impacto en la salud de un proyecto dado, se verá afectado los planes y programas de la Junta.
Así, y a modo de ejemplo, la titular del ramo ha ahondado que la norma, "que conceptualmente es la primera del tipo que se pone en marcha en el conjunto del Estado", obligará a los ayuntamientos "a contar con estrategias de movilidad sostenible, que propicien la disminución de las emisiones contaminantes o a dotarse de espacios para peatones".
DERECHOS DE "TERCERA GENERACION"
"Se trata de nuevos derechos que los ciudadanos podrán reclamar, ya que se formulan regulados por esta ley", ha proseguido Montero, quien ha llegado a calificar estas nuevos derechos de 'tercera generación' y que otorgará al ciudadano "su derecho a conocer el estado epidemiológico del entorno donde viva, sobre salud ambiental y las características de las condiciones que regulan su alimentación".
Entre los derechos regulados también destaca el relativo al conocimiento y que obligará a la Administración "no sólo a poner a disposición del ciudadano la información que le afecta, sino también la capacitación necesaria para analizarla, asumirla y utilizarla libremente en las decisiones sobre su salud".
El derecho al conocimiento incluye también el acceso al resultado de las investigaciones y estudios de la autoridad sanitaria, así como a obtener información sobre las características esenciales de los productos alimentarios y sus condiciones de producción, distribución y comercialización.
De igual modo, se establecen los derechos a contar con estrategias públicas de educación para la salud, movilidad sostenible y de promoción de actividades físicas; a la inmunización contra las enfermedades infectocontagiosas, y a recibir las prestaciones preventivas o rechazarlas siempre que esta decisión no afecte a terceras personas.
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA
El texto aprobado por el Consejo de Gobierno establece también el principio de equidad generacional como la obligación colectiva de asegurar en el futuro las condiciones que hacen posible la salud pública. Para ello, además de los derechos, se recogen también las responsabilidades de la ciudadanía en esta materia.
Entre estas obligaciones para la población destacan las de poner en práctica las medidas de protección, promoción y prevención; utilizar adecuadamente la información recibida. No obstante, sobresale la de no causar voluntariamente un peligro para la salud, y poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública. Para el incumplimiento de estas medidas, el proyecto fija sanciones que van desde los 600 a los 600.000 euros.
"También el cuidado de la salud será exigible al ciudadano cuando se deriven algún riesgo o perjuicio para la salud de terceras personas", ha enfatizado Montero, en referencia a situaciones de crisis epidemiológicas causadas por la negativa, por ejemplo, a no vacunarse. "Cuando una conducta individual produce daños a terceros es necesario y conveniente que se corrija esa conducta", ha zanjado.
Finalmente, el proyecto de ley atribuye a la Consejería de Salud la gestión en esta materia a través del Instituto Andaluz de Salud Pública, además de disponer la creación del Centro de Investigación (que funcionará en red) y del Observatorio de la Salud Pública de Andalucía. De igual modo, la Consejería de Salud será el órgano encargado de emitir los informes de evaluación de impacto.
* Periodista Digital - EP - 31.07.11
Foto: Las polémicas 'Setas de la Encarnación' de Sevilla - glomedia
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ELCOMERCIO* : El Ayuntamiento deberá enfrentarse a una nueva sentencia desfavorable. A otro fallo relacionado con el urbanismo en la ciudad. La jueza de la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 2 ha reconocido el derecho de los propietarios de la finca 'La Perucha', situada a tan solo 39 metros del monumento prerrománico de Santa María del Naranco, a rehabilitar la construcción que allí se ubica. La magistrada dio a conocer sus conclusiones, contrarias al Consistorio, el pasado miércoles, aunque el concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, aún no ha tenido acceso a la sentencia: «No quiero hacer la crítica antes de haber leído el libro. No quiero especular hasta que conozca toda la información», dijo.
Posible recurso municipal. En todo caso, cualquier intento para edificar en los alrededores de un Bien de Interés Cultural (BIC), como es Santa María del Naranco, «resulta inquietante» para el equipo de gobierno. «En este caso lo que queda claro es que no se puede iniciar una nueva construcción. Y quiero destacar que las licencias no se conceden o deniegan por voluntad de nadie. Hay unos informes de técnicos y aparejadores que argumentan las decisiones», resaltó Mortera.
Las conclusiones de Licencias en este caso fueron que la finca se encontraba en un entorno protegido y que tenía carácter no urbanizable. «Si la finca tiene la consideración de no urbanizable de protección recurriremos, aunque de ser así me extrañaría el fallo de la jueza. Hay que comprobar que la parcela quedó asentada con esa calificación en el Plan General de Ordenación Urbana», subrayó el edil. Habrá que tener en cuenta también a los grupos de la oposición. Porque para aprobar la apelación será necesaria la mayoría, que ya no tiene el Partido Popular.
En los próximos días se conocerá la intención del Consistorio sobre el posible recurso. De todas formas, Mortera hizo hincapié en que las ruinas existen, «como muchas otras en el Naranco», desde hace años.
La protección sólo da permiso para mantener los tejados y las edificaciones «en estado adecuado» y los usos «son para cobertizos y funciones agrarias», puntualizó ante una posible reedificación de la casa frente a la iglesia prerrománica. Y, además, en todo el proceso la Consejería de Cultura también da su punto de vista.
«Tuvo que haber un pronunciamiento de Cultura porque estamos hablando de un entorno de protección de un Bien de Interés Cultural. Siempre que piden una licencia en estas áreas, debemos dar traslado. Habrá que verificar también qué dijeron en este caso», apuntó el concejal.
El proceso comenzó hace un año. Los propietarios de la finca 'La Perucha' solicitaron una licencia para rehabilitar la vivienda, que sólo conserva los muros perimetrales, y el Ayuntamiento denegó tal permiso. Ahora la jueza reconoce el derecho de los dueños a realizar las obras.
* El Comercio - 31.07.11
Foto: La finca está dentro del entorno de protección de Santa María del Naranco.- elcomercio
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ELPAÍS/Barcelona* : La Audiencia de Barcelona condenó ayer al expresidente del FC Barcelona y constructor José Luis Núñez Clemente y a su hijo José Luis Núñez Navarro a seis años de cárcel a cada uno por los delitos continuados de cohecho y falsedad documental. La misma sentencia impone 13 años de prisión al que fuera máximo responsable de la Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet y penas igualmente severas para otros tres altos funcionarios de ese departamento por amañar las actas de inspección a diversas empresas de Barcelona a cambio de sumas millonarias de dinero o de viviendas a precios muy ventajosos.
El caso culmina un proceso judicial que ha durado más de una década, iniciado a raíz de las informaciones publicadas por EL PAÍS, y que en 1999 acabó con las aspiraciones de Josep Borrell. Este dimitió como diputado y candidato socialista a La Moncloa porque siendo secretario de Estado de Hacienda había nombrado a Josep Maria Huguet, ahora condenado, y a su número dos, Ernesto de Aguiar, que estuvo imputado en su caso pero pudo eludir el banquillo.
El tribunal también condena por los mismos delitos de cohecho y falsedad a los inspectores Álvaro Pernas, Manuel Abella y Roger Bergua, a penas que suman 12, 11 y 9 años de prisión, respectivamente. Del mismo modo, la sentencia impone seis años de cárcel a Salvador Sánchez Gui, el asesor fiscal del grupo de empresas Núñez y Navarro. También ha sido condenado a siete años y medio de prisión Juan José Folchi, administrador de Torras Hostench London en 1990, y que acumula penas diversas en varios procesos del caso KIO. Folchi fue consejero de Economía de la Generalitat provisional con Josep Tarradellas y directivo del FC Barcelona durante la época de Núñez como presidente. Folchi fue también durante años asesor fiscal del financiero Javier de la Rosa, con el que acabó enemistado, precisamente a causa de este proceso, porque durante la instrucción de la causa le implicó en una declaración y De la Rosa acabó imputado en el proceso.
Precisamente De la Rosa y su asesor fiscal, Jorge Oller, son las únicas dos personas, de los 16 acusados, que han sido absueltas. Entre los condenados también figura Eduardo Bueno (dos años de prisión), presidente de la inmobiliaria Ibusa, exdirectivo del FC Barcelona y que fue candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984. Otro condenado es Juan Antonio Sánchez Carretera (dos años y medio de cárcel), el que fuera asesor fiscal personal de Jordi Pujol y anteriormente condenado también en otro caso a dos años de prisión y después indultado parcialmente por el Gobierno del PSOE. El tribunal ha convocado para la mañana de hoy una vista, a petición de los fiscales del caso, Emilio Sánchez Ulled y Fernando Rodríguez, en la que solicitarán medidas cautelares para siete de los condenados.
Fuentes judiciales explicaron que una de esas peticiones será el encarcelamiento inmediato de los cuatro inspectores de Hacienda condenados para evitar que huyan. Se trata de una decisión excepcional, pues lo habitual en estos casos es esperar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos contra la sentencia, lo que puede tardar dos o tres años en llegar.
Fuentes judiciales explicaron ayer su temor de que el inspector Álvaro Pernas, condenado ahora a 12 años de prisión, haya huido de España pues se encuentra aquejado de un cáncer en estado muy avanzado. El tribunal constata que Pernas ha hecho desaparecer 3,7 millones de su patrimonio personal, después de verse implicado en una pieza separada de este asunto referida a las inspecciones realizadas a la constructora Metro-3 que le acarreó otra condena de nueve años de prisión. La sentencia también le obliga a indemnizar a Hacienda con 583.000 euros por el perjuicio causado a causa de su insolvencia punible.
Las mismas fuentes judiciales explicaron que, en el caso de Núñez y su hijo, la fiscalía podría solicitar su obligación de comparecer con cierta periodicidad en el juzgado para asegurarse que siguen en España.
La sentencia también ordena el comiso de los beneficios obtenidos por los inspectores de Hacienda corruptos, que superan los cinco millones de euros. Igualmente, condena a José María Huguet, Juan José Folchi y Manuel Abella a indemnizar conjunta y solidariamente a la Hacienda pública con casi ocho millones de euros por el impuesto de sociedades que quedó sin tributar como consecuencia de las actas realizadas a las empresas del Grupo Torras, que ejerció la acusación particular.
Núñez, padre e hijo, así como a su asesor fiscal y el inspector Abella, son condenados también a abonar a Hacienda otros seis millones de euros por las cuotas derivadas de las inspecciones realizadas a las empresas de su grupo constructor que dejaron de ingresarse.
El oasis catalán que terminó en cloaca
José Luis Núñez Clemente ha notado los efectos de la crisis del ladrillo, pero su imperio empresarial todavía sigue siendo rentable, con 700 empleos directos y dos mil indirectos A punto de cumplir 80 años, el que fuera presidente del FC Barcelona entre 1978 y 2000 ha dejado la huella de su constructora en decenas de esquinas de la capital catalana, aunque de un tiempo a esta parte ha diversificado su negocio al mercado de alquiler.
Distanciado y hasta enfrentado con CiU desde hace años, José Luis Núñez Clemente es un exponente de lo que en su día se calificó el "oasis catalán", en el que parecía existir un comportamiento ejemplar de su clase política y su sociedad, pero que acabó en cloaca por la aparición de diversos casos de corrupción.
En aquel palco del Camp Nou se tejieron todo tipo de negocios y actividades dentro y fuera de la ley, con unos empresarios que años después han acabado condenados en varios procesos judiciales. Como el que acabó con el juez Luis Pascual Estevill, que llegó a vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU, y condenado por extorsionar a empresarios para no encarcelarlos. O Javier de la Rosa, al que Jordi Pujol calificó en su día como "empresario modelo" y condenado en una ristra de procesos. O Juan Piqué Vidal, el que fuera abogado de Pujol en el caso Banca Catalana.
* El País - 30/7/2011
Foto: José Luis Núñez sale de la Audiencia de Barcelona.- TONI GARRIGA (EFE)
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ELPAÍS/Santiago* : Medio centenar de profesionales relacionados con el mundo de la arquitectura se reunieron ayer en la sede de la fundación María Martínez Otero de A Estrada, para participar en unas jornadas en las que diversos ponentes hablaron sobre las relaciones entre la arquitectura y el territorio rural. Durante el debate que se desarrolló después de una de las conferencias, varios arquitectos señalaron como uno de los graves problemas de la planificación urbanística en España en general y Galicia en particular la poca participación de los ciudadanos en el diseño de las actuaciones.
Durante el coloquio, el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, José Manuel Casabella, apuntó que una de las dificultades con las que se encuentran los arquitectos a la hora de poner en marcha sus proyectos es la casi nula presencia de los ciudadanos en los mismos. "Los planes urbanísticos se exponen durante unos días y las alegaciones que se presentan son por el interés particular de cada uno, pero casi nadie se preocupa por cómo afecta ese plan al espacio público", indicó Casabella, quien también destacó que los políticos se preocupan principalmente de aprobar los planes de ordenación urbana con rapidez y no por el cuidado de los espacios públicos presentes en esos planes. Casabella añadió que la responsabilidad no es exclusiva de los políticos ya que las dificultades que existen para cambiar los planes urbanísticos de los municipios hacen que estos busquen "la mayor operatividad posible".
Por su parte, el organizador de las jornadas, José Valladares, de RVR Arquitectos, explicó que en la elaboración de los planes urbanísticos las mayores preocupaciones son por el "qué" y no por el "cómo" y eso lleva a que el papel de la arquitecto cada vez sea menos importante. Valladares pidió una reflexión sobre este asunto ya que, a su juicio, la arquitectura ha abandonado campos que no debía haber dejado de lado y eso hace que los planes urbanísticos cada vez dependan más de cuestiones jurídicas y menos de los criterios técnicos para diseñar los espacios adecuados para el disfrute de los ciudadanos.
Durante las jornadas presentaron sus ponencias el artista visual Alvaro Negro y los arquitectos Bert Gellynck, Nadia Casabella, Juan Creus, Covadonga Carrasco y Carlos Quintáns. Nadia Casabella explicó que en Bélgica se ha puesto en marcha en los últimos años una nueva normativa que puede ser interesante para Galicia, ya que contempla la aparición de nuevos instrumentos en la elaboración de planes urbanísticos que tienen más en cuenta a los ciudadanos y facilitan su participación.
* El País - 30.07.11
Foto: Santiago de Compostela - flickr
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NORTECASTILLA* : El Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la constructora Mahía Grupo Inmobiliario contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que en 2007 declaró ilegal el estudio de detalle aprobado por el Ayuntamiento de Arroyo, con el que se permitió aumentar la edificabilidad de 500 a 650 viviendas en el sector conocido como SAU 13, junto al centro comercial Hipercor.
La sentencia del Supremo no admite ninguna las argumentaciones de la empresa contra el fallo del TSJ y «comparte» con este los motivos que le llevaron a anular el estudio de detalle con el que se abordó la modificación del Plan General del municipio. Entre ellas, que este sector de suelo no se podía considerar como 'urbano consolidado', porque en el PGOU estaba clasificado como 'urbanizable delimitado' y tampoco tenía carácter urbano, ya que las obras de viario y calles no se habían ejecutado ni recepcionado en su totalidad. Además, se aumentaba la densidad de viviendas por hectárea, de 30 a 34,8, lo que suponía un incumplimiento de los límites previstos en la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Este exceso de edificabilidad debería haber llevado aparejada la reserva de más espacio para dotaciones y espacios libres públicos.
En la sentencia del TSJ de Castilla y León también se apostillaba que la figura del estudio de detalle utilizada para la operación urbanística incumplía el artículo 45.2 de la Ley de Urbanismo, que exige que las modificaciones deben justificarse adecuadamente desde el punto de vista del interés general. Un extremo que no se produjo al no merecer tal consideración el incremento de dotaciones por no cumplir los requisitos de cesión completa del dominio.
El Alto Tribunal de la comunidad consideró que este menoscabo al interés general no puede paliarse con la construcción de las instalaciones deportivas, en las que Mahía invirtió 250.955 euros, ni con los 833.125 euros que entregó al Ayuntamiento como aportación para la ejecución de sistemas generales, pues tales compensaciones no justifican 'per se' la modificación del planeamiento, máxime cuando no se prevé la cesión del 10% del incremento del número de viviendas en el sector.
* El Norte de Castilla - 30.07.11
Foto: Viviendas de Mahía en el sector SAU 13 de Arroyo de la Encomienda.- nortecastilla
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GRANADAHOY* : Que en principio nadie irá a la cárcel y que el centro comercial de Tomás Olivo podrá por fin ser terminado y abrir sus puertas, son los dos principales mensajes que deja una lectura en positivo de la sentencia definitiva del caso Nevada. La resolución, no obstante, tiene más malo que bueno para los procesados, puesto que endurece las penas que el verano pasado les impuso el juez de Penal 3 y amplía la lista de 'culpables', que pasa de tres a siete, al ser condenados también los otros cuatro ediles de Armilla que fueron procesados.
Lo que ha hecho la Audiencia de Granada exactamente ha sido doblar las penas de cárcel que se establecieron hace un año al empresario Tomás Olivo, para el ex alcalde socialista José Antonio Morales Cara y al ex concejal de Urbanismo Gabriel Cañavate. Así, ha elevado de siete a 15 meses los castigos de prisión para el ex primer edil y el ex concejal de Armilla, imponiéndoles además duras penas de inhabilitación: ni uno ni otro podrán ser concejal o alcalde durante los próximos ocho años y medio.
Para el empresario, dueño de General de Galerías Comerciales S.A., el tribunal impone igualmente 15 meses de prisión, un período en el que asimismo estará inhabilitado para ejercer su profesión de promotor inmobiliario. Además, tendrá que pagar una multa de 10.800 euros.
En cuanto a los delitos, no hay cambios, ya que la Audiencia coincide con el juez que enjuició el caso, el magistrado Antonio Aguilera (Penal 3), en que el ex regidor y los munícipes cometieron un delito de prevaricación urbanística, al votar a favor de otorgar la licencia al promotor pese a existir informes negativos. El 'pecado' cometido por Olivo fue, en su caso, ocupar con ladrillos y cemento suelo que estaba destinado a zonas verdes, esto es, cometer un delito urbanístico o contra la ordenación del territorio.
Y es en este punto donde la Audiencia también agrava la condena, ya que añade otros mil metros cuadrados a la superficie construida ilegalmente que las máquinas deberían de tirar. Se trata de la parte del edificio que ha invadido "el camino viejo de Alhendín" y que habría que derribar salvo que, como advierte el magistrado ponente de la resolución, Pedro Ramos, "en ejecución de sentencia sean compensados estos metros con otros de los terrenos adyacentes". Cabe recordar en este punto que el juez Aguilera ya dispuso que se demolieran 1.446 metros cuadrados de la esquina suroeste del centro para que allí se ubiquen los jardines previstos, demolición que no revoca la Audiencia y que, por tanto, se tendrá que llevar a cabo.
Así las cosas, el mapa del Nevada, en principio, no sufriría más cambios que los que ya dispuso el juez en primera instancia y los que acuerden promotor, Junta y Ayuntamiento de Armilla para legalizar completamente el edificio una vez se pronuncie la jurisdicción contencioso-administrativa, donde existe otro frente judicial abierto por la licencia concedida.
Lo que sí cambia, o mejor dicho, se amplia es, como se ha dicho antes, el listado de culpables, con la inclusión de Miguel Ángel Porcel, Dina Romero, José Pérez y Francisco de Sales Ocaña. A ellos, la Audiencia los considera tan autores del delito de prevaricación como a Morales y Cañavate, pues participaron y votaron en el mismo acto por el que éstos fueron condenados: la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local de 30 de septiembre de 2005, en la que se dio luz verde a la construcción del Nevada pese a no contar con el informe jurídico preceptivo -desapareció del expediente- y existir otros en sentido desfavorable. La pena para ellos es menor: el tribunal los condena a 8 meses de prisión y 8 años de inhabilitación. Según el fallo, su actuación "infringió las más elementales normas" que debían observar como miembros de un órgano de ese tipo, ya que "no deben limitarse a votar, sino que su obligación es cerciorarse que sus decisiones se ajusten a la legalidad, máxime cuando hay reparos por los técnicos".
Tras la decisión de la Audiencia, todo apunta a que pronto regresarán a sus puestos de trabajo -la obra está paralizada desde el 26 de abril de 2007- los obreros del Nevada, pues la sentencia es firme y pone fin al proceso judicial en la vía penal. Sólo podrían ahora los acusados acudir al Constitucional en caso de que consideren vulnerado algún derecho fundamental.
El caso Nevada fue investigado por el juez de Instrucción 6 de la capital,Miguel Ángel del Arco, tras la denuncia que formuló a principios de 2007 la Fiscalía del TSJA contra los tres principales culpables. Fue el PP quien le comunicó sus sospechas de posibles irregularides en la tramitación y construcción del edificio. El juicio sentó hace un año a un total de 11 personas en el banquillo: las siete que han resultado condenadas y otras cuatro (un abogado, una letrada de la Diputación y dos arquitectos), cuyas absoluciones ha confirmado también la Audiencia.
El tribunal de la Sección Primera, en su extensa resolución -de 114 páginas-, desestima todos los recursos de las defensas y estima parcialmente los que interpusieron las acusaciones: el fiscal del caso, Valentín Ruiz; el letrado del PP, Javier López García de la Serrana; y los abogados de Los Verdes, y de Adobe (Arquitectura y compromiso social) y Ecologistas en Acción, Rosa Gil y José Antonio García Cabrera, respectivamente.
Las fuentes consultadas indicaron que ninguno de los condenados tiene antecedentes penales, por lo que al ser las penas inferiores a dos años de cárcel, en principio, nadie será encarcelado, ya que todos cumplen los requisitos para solicitar la suspensión de la ejecución de la condena. Olivo es quizás quien tendría mayor riesgo potencial de pisar el presidio, pues está pendiente de la resolución del caso Malaya.
* GRanada Hoy - 30.07.11
FoTo: El Centro Comercial Nevada, levantado en Armilla, se encuentra paralizado desde 2007.- granadahoy
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EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción ha presentado a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta un conjunto de propuestas en relación con el borrador del Decreto por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma andaluza, en el que muestra su oposición al mismo y alerta sobre el "efecto llamada" que supondrá para el urbanismo ilegal en la comunidad, así como refleja que "puede provocar un desastre urbanístico, territorial y ambiental".
Según ha informado el grupo ecologista en una nota, esta propuesta es de "suma gravedad" por ser contraria a la legislación vigente y crear un precedente "muy peligroso" para los actos delictivos contra la ordenación del territorio, ya que con un decreto se pretende "eludir las estrictas normas de la Ley de Ordenación de Territorio y Urbanismo (LOUA) y del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en relación con las condiciones para la construcción de viviendas en suelo rústico, que excluyen las viviendas no ligadas a las explotaciones agropecuarias, prohíben las segundas residencias y los nuevos núcleos de población".
"El decreto es un aval para el urbanismo salvaje", ha asegurado Ecologistas en Acción, que ha añadido que esta "regularización ignora los límites de crecimiento que estipula el POTA, que para un periodo de vigencia del planeamiento municipal (PGOU) de ocho años, el suelo urbano o urbanizable no puede crecer más del 40 por ciento y las previsiones de nuevas viviendas se deberían dimensionar para un incremento máximo de población del 30 por ciento". "Habrá muchos municipios que, al legalizar estas viviendas, aumentarán la superficie urbanística muy por encima de estas limitaciones", ha advertido.
La "regularización" de cientos de urbanizaciones y decenas de miles de viviendas ilegales desgajadas de los núcleos de población provocará "un grave problema, pues creará poblaciones imposibles de administrar, que demandarán inversiones públicas y servicios que serán muy costosos o, incluso, imposibles de acometer por su dispersión".
Asimismo, ha señalado que "provocará una pérdida del patrimonio paisajístico irreversible, pues este urbanismo se sitúa en las antípodas de la sostenibilidad, consume mucha más agua y energía, y produce residuos difíciles o imposibles de tratar".
Por otro lado, ha precisado que este decreto "no aclara qué pasará con las miles de viviendas y cientos de urbanizaciones que no podrán ser regularizadas por estar en suelo protegido, incumplir normas de rango superior o no haber prescrito las infracciones en base lo estipulado en la LOUA, por lo que sería imperativo proceder a la restauración de la legalidad urbanística y a la demolición de las mismas".
"La Junta deja así en aguas de borraja al tan cacareado Reglamento de Disciplina Urbanística, que prevé la ejecución de 'derribo express' por parte de los Ayuntamientos", ha manifestado. Del mismo modo, ha señalado que "creará un efecto llamada y un gravísimo precedente, cualquier persona podrá hacerse una vivienda, con o sin licencia municipal, porque al final será legalizada".
En este sentido, ha lamentado que este decreto viene a "echar por tierra el ingente trabajo desarrollado por las organizaciones ecologistas en estas dos últimas décadas de denuncia de la desaforada especulación y corrupción urbanística a lo largo y ancho de toda Andalucía".
Como conclusión, Ecologistas en Acción considera que las soluciones planteadas en este borrador de decreto significa "un respaldo de la Junta de Andalucía al cáncer de la especulación y la corrupción urbanística", por lo que solicita a la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, que "solo se puedan regularizar aquellas viviendas y urbanizaciones que cumplan con las normas de la LOUA y del POTA y que sea imprescindible para que un Ayuntamiento pueda acogerse a los mecanismos de regularización de viviendas que haya elaborado, aprobado y ejecutado su Plan Municipal de Inspección Urbanística, y muy en especial, que se haya procedido a la demolición de todas las edificaciones no legalizables en las que no hayan prescrito las infracciones urbanísticas en un plazo no superior a dos años".
Además, pide que los ayuntamientos cataloguen y registren como edificaciones fuera de ordenación a las viviendas que haya prescrito la infracción urbanística y no se encuentren en suelos del tipo señalado en el apartado anterior, pero con las restricciones señaladas en la LOUA y que se acometa un proceso político y jurídico para hacer "más efectiva las competencias subsidiarias de la Junta de Andalucía y la labor de investigación de los equipos especializados en la lucha contra la especulación y la corrupción urbanística de los cuerpos y fuerzas de fuerzas de seguridad del Estado".
* Europa Press - 28.07.11
Foto: El Puerto (Cádiz), zona viviendas ilegales - diariodecadiz.es
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