LAOPINIÓN/Málaga*: El titular del Juzgado nº3 de Ronda, una vez culminadas las diligencias previas y la investigación, ha decretado el procedimiento abreviado (fase previa a la celebración de juicio) en el caso que se sigue contra el exalcalde de Ronda, Antonio Marín (PSOE), y el exdelegado municipal de Obras y Urbanismo, José Herrera (PP), por un presunto delito contra la ordenación del territorio, al considerar que existen «indicios racionales de criminalidad», dice en su auto. Además da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Ecologistas en Acción puso en conocimiento de la Policía Autonómica en el año 2006 la existencia de una edificación (una nave agrícola) en la Hoya del Tajo, que a su vez remitió un informe a la Fiscalía de Málaga, organismo que tras analizar el expediente pidió al juzgado rondeño la apertura de este caso al entender que se ha vulnerado la Ley urbanística, ya que la zona donde se levanta el inmueble está catalogada como no urbanizable de protección integral.
Además del exalcalde y el exconcejal de Obras, también resultó imputado el propietario de la construcción denunciada, A.F.D.R., afirmando su abogado que edificó la nave en la seguridad de que tenía todos los permisos y estaba dentro de la legalidad.
Marín Lara, en su declaración ante el juez eludió cualquier tipo de vinculación con este asunto, argumentando entonces que el acuerdo para realizar estas obras «no se ajusta en modo alguno a la legalidad en cuanto a procedimiento reglado administrativo» e indicó que todas las competencias en materia urbanística estaban en esa fecha en manos del entonces delegado municipal de Obras, el popular José Herrera.
Tras conocer que el juez ha decretado el procedimiento abreviado, el ex regidor dijo que «se trata de un trámite judicial más» e insistió en que él no tuvo nada que ver en esta obra y que no tuvo conocimiento de la misma.
Mientras, Herrera, que ha presentado un recurso contra el procedimiento abreviado, puntualizó que «siempre hemos actuado dentro de la legalidad».
La Hoya del Tajo, el punto más caliente
Los tres juzgados rondeños, así como la Fiscalía de Málaga, vienen investigando desde hace años una decena de actuaciones urbanísticas dentro del término municipal de Ronda que han sido denunciadas por incumplir la Ley vigente, según han informado Ecologistas en Acción. Se da la circunstancia de que algunos de estos casos se denunciaron en el año 2003 y aún no han sido resueltos por los tribunales, que mantienen abiertas las correspondientes diligencias.
El punto más caliente en cuanto a la proliferación de edificaciones, presuntamente ilegales, está situado en la Hoya del Tajo. Y es que en este lugar se han abierto diligencias previas para averiguar si cuatro edificaciones de reciente construcción incumplen la Ley, tal y como ha denunciado Ecologistas en Acción y las fuerzas de seguridad, como por ejemplo la Policía Autonómica y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).
En marzo de este año la titular del Juzgado número 1 emitió un auto por el que se inicia el procedimiento abreviado (fase previa a la celebración de juicio), en relación al «caso Caballerizas», en el que han sido imputados de un presunto delito contra la ordenación del territorio y contra la Administración de Justicia un promotor y diez concejales de la anterior legislatura, pertenecientes al PSOE, PP y GIL.
Todos los que participaron en una Comisión Municipal de Obras celebrada en 2005 y en la que se dio el visto bueno a la construcción de una vivienda y unas cuadras en la Hoya del Tajo, un lugar de máxima protección ambiental.
* La Opinión Málaga - 1.08.11
Foto: Ronda, ayuntamiento - flickr
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ELPAÍS/Ourense* : La sucesión de embalses en que se ha convertido el río Miño a lo largo de la provincia de Ourense continúa. Desde Valdeorras hasta Os Peares, o pai Miño apenas existe. Las centrales hidroeléctricas lo han roto en infinidad de pedazos y lo han secado en varios tramos. En uno de estos, entre los pantanos de Belesar y Os Peares, la hidroeléctrica Gas Natural Fenosa construye dos nuevas centrales -ampliación de las existentes desde finales de 1940- con autorización del Ministerio de Medio Ambiente, que no consideró necesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental. La autorización del ministerio -y de las consellerías de Medio Ambiente y Cultura-, en 2007, que permitirá a la empresa obtener mayor productividad mediante la instalación de nuevas turbinas, se basa en el "profundo deterioro" del entorno causado "por los aprovechamientos preexistentes".
A la vista del deterioro medioambiental, con un tramo de un kilómetro del río seco desde hace décadas, Medio Ambiente entiende que la obra "mejorará el entorno". Gas Natural Fenosa comenzó a primeros de junio la ampliación de las centrales de Belesar y Os Peares, ubicadas ambas en el Miño y responsables de su amputación. La obra tiene un fin economicista: duplicar la potencia energética de la hidroeléctrica mediante un mayor aprovechamiento del mutilado río. Gas Natural Fenosa invertirá 52 millones de euros en la obra, que durará dos años.
El ministerio autorizó la construcción de las dos nuevas minicentrales (Peares II y Belesar II) sin someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental. "No lo consideró necesario porque la obra supondrá una mejora para el río", sostienen fuentes de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
La Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental estimó que la construcción de las nuevas centrales no produciría impactos ambientales "significativos", dado que "al emplear infraestructuras preexistentes se minimiza el impacto durante la fase de construcción". También valoró que el diseño "minimiza el impacto paisajístico" y que con el proyecto "se recuperarán tramos de río que actualmente se encuentran en seco". La Dirección Xeral de Conservación da Natureza estimó en 2007 que la obra "no afecta a ningún espacio natural protegido ni a ningún hábitat clasificado".
La Consellería de Medio Ambiente resumió la justificación: "El impacto no será significativo por afectar a un medio profundamente alterado por la construcción de sendas presas". Esto es, la aprobación de las dos nuevas centrales se justifica en "el deterioro" causado hasta la fecha por la misma empresa.
El ministerio reconoce que el ecosistema está "actualmente muy degradado o casi inexistente entre las presas y los respectivos retornos" y considera que el principal efecto ambiental del proyecto, con el que se turbinará el doble de agua, "será la recuperación del ecosistema fluvial sobre unos tramos de cauce en que el Miño está actualmente seco por efecto de los aprovechamientos preexistentes".
"Para garantizar que se cubra de agua la parte seca del embalse situada entre las dos presas, la hidroeléctrica tiene que soltar 10 metros cúbicos de agua por segundo", sostiene Pedro Brufao, presidente de la asociación Ríos con Vida. Ha sido una de las condiciones que el ministerio puso a la empresa, que la ha recurrido.
Los embalses de Os Peares y Belesar forman parte del rosario de centrales que se suceden en el Miño, fragmentándolo. Pese su proximidad al Cañón do Sil, declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC), el ministerio destaca que "ninguna de las actuaciones" se desarrolla en el lugar protegido. Tampoco prevé impacto, salvo el que pudiera causar "una eventual contaminación en el río Miño derivada del proyecto", aunque "con las medidas preventivas señaladas por el promotor, resultaría muy poco afectado" el entorno. Tampoco vislumbra "ningún impacto sobre el patrimonio cultural", ni ninguno otro significativo.
* El País - CRISTINA HUETE - Santiago - 31/07/2011
Foto: embalse rio sil - panageos
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ELPAÍS* : La intervenida Caja Mediterráneo (CAM) avaló en septiembre de 2007, en la antesala del estallido de la crisis del ladrillo, con 24 millones de euros al promotor Enrique Ortiz en una operación inmobiliaria que finalmente resultó fallida. El objeto del aval era cubrir los riesgos del incumplimiento del contrato, la venta de una parcela en Benidorm, propiedad de Ortiz, a la sociedad Unibail Rodamco, uno de los mayores grupos comerciales de Europa y propietario de la red de supermercados Eroski.
El grupo comercial adquirió el suelo al promotor Ortiz con el objeto de levantar un centro comercial, pero a fecha de hoy el complejo no está construido. El proyecto incluía unos 49.000 metros cuadrados de galería comercial, unos 13.000 de hipermercado, aparcamiento en superficie y sótano de unas 2.300 plazas y unos 14.000 de zonas comunes.
La escritura se firmó el 6 de septiembre de 2007 en una notaría de Alicante.
De acuerdo con el documento mercantil al que ha tenido acceso este períodico, Enrique Ortiz, en representación de la mercantil Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, SA, vendió una parcela de 71.091,31 metros cuadrados, en el término de Benidorm, a Thomas Orchard, en representación de la mercantil Rodamco Benidorm, SL [está firma está participada al 50% por la sociedad Unibail Rodamco]. El precio de la venta fue de 96.135.356,68 euros, más IVA (en total 110.357.013, 75 euros).
La forma de pago fue la siguiente: la cantidad de un millón de euros, más el IVA correspondiente, fue hecha efectiva con anterioridad a la firma de la escritura mediante dos cheques bancarios; y la cifra restante (95.135.356,68 euros), más IVA, lo abonó el comprador en el acto de la firma de contrato, igualmente mediante cheque bancario.
El comprador y vendedor incluyeron una serie cláusulas que de no cumplirse podrían anular o "modificar" el precio de la operación. En este último apartado, Ortiz se comprometió a rebajar el precio en 24.033.839,71, euros y como garantía de pago aportó el aval de la CAM.Las obligaciones entre las partes de compraventa de la parcela de Ortiz en Benidorm al grupo comercial Unibail Rodamco recogidas en la escritura son las siguientes: inscribir la parcela en el Registro de la Propiedad, como finca independiente, a nombre de la mercantil vendedora; obtener la aprobación definitiva y firma de la modificación de los instrumentos urbanísticos para la construcción del centro comercial; y obtener la concesión, con carácter definitivo y firme por parte de la Generalitat Valenciana para la construcción y explotación del centro comercial.
El plazo para la ejecución de la primera cláusula era de seis meses y para la segunda y tercera, de 36 meses. A la fecha de hoy, en el lugar donde estaba previsto levantar el centro no se ha colocado ni una piedra. La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benidorm para instalar en ese sector el centro comercial tampoco ha sido aún tramitada.
La escritura señala que en el caso de que se produjeran algunos de los supuestos que implicara la resolución de la compraventa, el precio final de la operación se reduciría en 24.033.839,17 euros, lo que significaba que el valor último de la venta sería de 72.101.517,51 millones de euros, más el IVA correspondiente.
En garantía de esa rebaja del precio, Ortiz aportó en el acto de compraventa un aval de la CAM por la misma cantidad en la que se comprometía a rebajar el valor de su parcela. Ortiz estaba obligado a devolver la diferencia del precio al comprador si no se ejecutaba la completa urbanización de la parcela, es decir, servicios, conexiones exteriores y accesos.
El aval fue emitido por la CAM el 6 de septiembre de 2007 con una validez de hasta el 6 de diciembre de 2010.
El Ayuntamiento de Benidorm dio luz verde a la modificación del PGOU para acoger nuevas grandes superficies comerciales, entre ellas el proyecto que impulsaba el grupo Unibail Rodamco, en diciembre de 2008. No obstante, un mes más tarde la multinacional pidió al Consistorio la suspensión temporal de la tramitación de la modificación del PGOU hasta que no se resolvieran los accesos al sector. La mercantil tomó esa decisión tras tener conocimiento de que la Dirección General de Carreteras informó desfavorablemente a las obras de urbanización y decretó su paralización. Las obras de urbanización, que tenía que acometer el promotor Ortiz, no han sido recepcionadas oficialmente por el Ayuntamiento. El promotor, según fuentes del anterior equipo de gobierno municipal de Benidorm, intentó entre los meses de agosto y septiembre de 2010 obtener el acta oficial de recepción de las obras de urbanización. Ortiz obtuvo una certificación emitida por dos ingenieros municipales que no fue validada, por Jaume Llinares, entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento.
Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión del promotor Enrique Ortiz sobre esta operación inmobiliaria fallida en Benidorm. El empresario alicantino es uno de lo clientes de mayor envergadura de la intervenida CAM, en operaciones con su grupo empresarial (primero Ortiz e Hijos y ahora grupo Cívica). El promotor está imputado en el sumario del caso Brugal que investiga supuestas irregularidades en el Plan General de Alicante. En esa causa está imputado un exdirectivo de la caja por una compra de suelo con Ortiz para recalificarlo.
* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 31/07/2011
Foto: CAM - google
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ANTÓN GARCíA-ABRIL* : La rehabilitación se torna en reciclaje como estrategia frente al crecimiento en esta XI Bienal de Arquitectura Española de Comillas. La investigación gana enteros frente a la monumentalidad y los grandes nombres dan el relevo a jóvenes arquitectos más preocupados por la escala humana y las necesidades sociales. Han sido más de 200 los proyectos seleccionados. He aquí las claves.
La XI Bienal de Arquitectura española se presenta este año con su acrónimo BEAU XI. Pudiera parecer un galicismo que aludiera a la belleza para describir cómo evoluciona la presente arquitectura española, aunque, en esta edición prima lo inmediato, lo útil. No es la belleza, la estética o la investigación sobre los sistemas que expresan y ponen en consonancia cultural la arquitectura con la sociedad que la construye y la usa lo que se ha valorado en esta selección de edificios y proyectos.
Lo necesario, lo próximo está relacionado con la vida del hombre, con sus necesidades cotidianas. Se sugiere en el decálogo ideológico que ha presentado el jurado, que hemos estado viviendo una fase de excesos sociales que han tenido repercusiones automáticas en aspectos directamente relacionados con la vida de las personas, en sus economías, en sus viviendas, en su ciudad. Se busca ahora una arquitectura que responda a necesidades sociales (“la monumentalidad es también una necesidad social”, apunta José Miguel Iribas, prestigioso sociólogo ligado a la redefinición conceptual del urbanismo).
Belinda Tato, que lidera junto a José Luis Vallejo la oficina Ecosistema Urbano, nos recuerda que dicha necesidad se debe a que la ciudad es el espacio para la democracia, donde todo el mundo debe sentirse reflejado en ella. Es necesaria la identificación del ciudadano con su ciudad. Reactivar la conciencia por el respeto en el diseño del territorio es la consigna que Tato promulga para el futuro.
La vivienda pública, la calidad urbana, son aspectos prioritarios en la definición de lo necesario para Antonio Font, también miembro del jurado. Joaquin Sabaté Bell, codirector de esta XI Bienal, sentencia que una sociedad que no respeta su territorio, no se respeta a sí misma. Y ya no se puede hablar de la rehabilitación como técnica regeneracionista de la ciudad, sino del reciclaje como estrategia frente al crecimiento, como nuevo paradigma urbano que aúne los valores de la sostenibilidad al modelo de diseño urbano, nos sugiere Jordi Ludevid. Reformar, completar, corregir, son estrategias más acordes con las necesidades de desarrollo contemporáneas, que difieren de los grandes planes urbanos y operaciones de extensión que nos han acompañado los últimos años.
Para ello, la investigación era, más que una novedad, algo pendiente en las Bienales de Arquitectura Española, como afirma su director Félix Arranz. No repetir banalmente caminos trillados, no conformarse con los que hay o se hace habitualmente y aportar innovación es la definición con la que José María Ezquiaga, arquitecto urbanista, nos distingue a los proyectos destacados en urbanismo. La investigación, según Iribas, es la ligazón entre el conocimiento extraído de la experiencia, y Llatzer Moix lo sintetiza con la búsqueda obligada de los arquitectos de nuevas respuestas a viejas preguntas. Trabajadores muy conscientes del tejido social, y no grandes héroes. Una arquitectura no ligada al nombre del arquitecto, sino a la solución.
Los reconocimientos. Esta apología del anonimato, del trabajo bien hecho, de la humildad que la explicación coral de los miembros del jurado de la XI Bienal ofrecen para proponer su selección, tiene su mayor representación en sus premios, donde nombres menos conocidos han prevalecido frente a arquitectos de mayor proyección. Quizá este aspecto identificará esta bienal, a modo de apuesta renovadora de la arquitectura premiada institucionalmente, si bien los grandes perdedores se han conformado con “reconocimientos”, como el Museo Arqueológico de Álava, de Francisco Mangado, El Museo Can Framis, en Barcelona, de Jordi Bahia y Jordi Framis y El Museo del Agua en Lanjarón, Granada, de Juan Domingo Santos. Estos tres reconocimientos, que no premios, saben a poco.
Igualmente se queda en un reconocimiento la intervención en la playa de Benidorm de Carlos Ferrater, dentro de la modalidad de urbanismo, que ha cambiado la fisonomía del borde urbano de la ciudad levantina. Las menciones van todas a la arquitectura gallega. Siempre elegante, Víctor López Cotelo interviene en Santiago de Compostela incorporando en silencio la alta arquitectura que practica a las tradiciones constructivas locales. También Carlos Quintans recibe mención con una casa en un entorno rural en Lugo. Las menciones en urbanismo también reconocen una hábil intervención en el puerto de Malpica, en el corazón de la hermosa costa da Morte Gallega, y el proyecto de Herreros en Oslo, rodeando el Museo Munch. Me permito rescatar con sorpresa entre los no reconocidos en esta bienal grandes proyectos, como el Mercado de Barceló, instalación temporal de Nieto y Sobejano; el hotel Atrio, de Tuñón y Mansilla, o el mejor plan urbano que ha tenido Madrid, el Proyecto Madrid-Río, de Garrido y Burgos, asociados con el estudio de paisaje holandés West 8.
Analizamos los proyectos presentados, contemplando las circunstancias actuales de recesión económica, cristalizadas en los mismos. Son ahora más pequeños, de mayor contención económica, intervenciones en edificios existentes, operaciones de cirugía urbana. El urbanismo, destacado espíritu de esta bienal, reclama igualmente la investigación, propuestas de “no conformidad”, desde planteamientos más participativos, con mayor visión estratégica.
Los premiados.
Se presentaron más de 700 proyectos, se seleccionaron más de doscientos, se destacaron cien y cuarenta llegaron a finalistas, siendo el premio de esta XI Bienal para los jóvenes arquitectos Bernardo Angelini y David Casino, (Zigzag Arquitectos) por su edificio de viviendas protegidas en Mieres, magnífico y casi único ejemplo construido del programa de vivienda pública que el Ministerio de la Vivienda inició. Destacan algunos valores que atesora este trabajo: su inserción en el entorno urbano, el diseño de sus pieles y su discreción proyectual y ambiental. Es patente la gran formación recibida en Madrid en sus comienzos profesionales por el arquitecto Angelini, demostrando ya una gran madurez reconocida por el jurado en el diseño de las viviendas, uno de sus primeros encargos profesionales.
El premio de investigación recae sobre el Edificio Media-Tic, de Enric Ruiz Geli, por su manifiesto en el que técnica, energía, conectividad, medioambiente e información son los ingredientes materiales de su arquitectura. Y el premio de Proyecto Joven, cualidad que comparte José María Sánchez García con los premiados Angelini-Casino, se concede al Centro de Remo en Alange (Badajoz).
En general se resalta lo colectivo, reconociendo los modos de hacer, “que no tanto celebran la competencia de la excelencia, lo ya materializado, o el premio individualizado”. Diluir los brillos individuales entre la unánime producción arquitectónica, clara contradicción de una Bienal de arquitectura que debe mostrar y destacar entre lo más excelente, y resaltar sus logros más individuales, para así ofrecer el mejor aroma de todo un colectivo profesional, pero también el pulso de una sociedad y su cultura.
* EL Cultural - 31.07.11
Foto: Premio de Arquitectura: edificio de 131 viviendas protegidas en Mieres (Asturias), de B. Angelini y D. Casino - elcultural
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EUROPAPRESS* : El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Salud Pública de Andalucía, una norma que será sometida a debate en el Parlamento autonómico tras el verano, cuyo tramite se pedirá por la vía urgente y que recoge, entre sus principales novedades, que la salud pública se convierta en un elemento transversal de todas las políticas de gobierno.
En la rueda de prensa habitual tras la reunión del Consejo de Gobierno, Montero ha explicado, tal y como ya avanzó hace dos años cuando dio a conocer que su departamento trabajaba en este texto, que la principal misión de la ley será la de velar para que en cualquier acción de Gobierno, "como por ejemplo cuando se está ordenando el urbanismo o se instala una industria dentro de una ciudad", exista un informe previo e indispensable de salud pública que permita proteger la salud de los ciudadanos de ese entorno y que sea indispensable para la autorización de esa instalación industrial.
Así, las iniciativas, proyectos, obras y actividades públicas y privadas requerirán para su aprobación de dicho informe de evaluación de impacto en la salud colectiva. Este ámbito de acción engloba, de esta forma, especialmente los ámbitos relativos al empleo, la vivienda, el deporte, el urbanismo o la educación.
En materia urbanística y de vivienda, se recogen derechos relacionados con la inclusión de zonas verdes en los planeamientos, la prohibición del uso de materiales de construcción que suponen riesgos para la salud y la garantía de un perímetro de seguridad en la puesta en marcha de actividades o zonas industriales.
Junto con la evaluación de impacto en salud de las actividades económicas, el proyecto de ley prevé también la posibilidad de establecer incentivos para las empresas que realicen planes de autocontrol o auditorías voluntarias.
"Los andaluces tendrán derecho a zonas verdes en sus lugares de convivencia, a que sus edificios y viviendas se construyan con materiales seguros y que no comporten riesgos para la salud, y a que se les garantice la existencia de un perímetro de seguridad alrededor de las áreas industriales", ha ahondado Montero acerca de las bonanzas de una nueva ley, que implicará que de las evaluaciones y resultados que se emitan sobre el impacto en la salud de un proyecto dado, se verá afectado los planes y programas de la Junta.
Así, y a modo de ejemplo, la titular del ramo ha ahondado que la norma, "que conceptualmente es la primera del tipo que se pone en marcha en el conjunto del Estado", obligará a los ayuntamientos "a contar con estrategias de movilidad sostenible, que propicien la disminución de las emisiones contaminantes o a dotarse de espacios para peatones".
DERECHOS DE "TERCERA GENERACION"
"Se trata de nuevos derechos que los ciudadanos podrán reclamar, ya que se formulan regulados por esta ley", ha proseguido Montero, quien ha llegado a calificar estas nuevos derechos de 'tercera generación' y que otorgará al ciudadano "su derecho a conocer el estado epidemiológico del entorno donde viva, sobre salud ambiental y las características de las condiciones que regulan su alimentación".
Entre los derechos regulados también destaca el relativo al conocimiento y que obligará a la Administración "no sólo a poner a disposición del ciudadano la información que le afecta, sino también la capacitación necesaria para analizarla, asumirla y utilizarla libremente en las decisiones sobre su salud".
El derecho al conocimiento incluye también el acceso al resultado de las investigaciones y estudios de la autoridad sanitaria, así como a obtener información sobre las características esenciales de los productos alimentarios y sus condiciones de producción, distribución y comercialización.
De igual modo, se establecen los derechos a contar con estrategias públicas de educación para la salud, movilidad sostenible y de promoción de actividades físicas; a la inmunización contra las enfermedades infectocontagiosas, y a recibir las prestaciones preventivas o rechazarlas siempre que esta decisión no afecte a terceras personas.
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA
El texto aprobado por el Consejo de Gobierno establece también el principio de equidad generacional como la obligación colectiva de asegurar en el futuro las condiciones que hacen posible la salud pública. Para ello, además de los derechos, se recogen también las responsabilidades de la ciudadanía en esta materia.
Entre estas obligaciones para la población destacan las de poner en práctica las medidas de protección, promoción y prevención; utilizar adecuadamente la información recibida. No obstante, sobresale la de no causar voluntariamente un peligro para la salud, y poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública. Para el incumplimiento de estas medidas, el proyecto fija sanciones que van desde los 600 a los 600.000 euros.
"También el cuidado de la salud será exigible al ciudadano cuando se deriven algún riesgo o perjuicio para la salud de terceras personas", ha enfatizado Montero, en referencia a situaciones de crisis epidemiológicas causadas por la negativa, por ejemplo, a no vacunarse. "Cuando una conducta individual produce daños a terceros es necesario y conveniente que se corrija esa conducta", ha zanjado.
Finalmente, el proyecto de ley atribuye a la Consejería de Salud la gestión en esta materia a través del Instituto Andaluz de Salud Pública, además de disponer la creación del Centro de Investigación (que funcionará en red) y del Observatorio de la Salud Pública de Andalucía. De igual modo, la Consejería de Salud será el órgano encargado de emitir los informes de evaluación de impacto.
* Periodista Digital - EP - 31.07.11
Foto: Las polémicas 'Setas de la Encarnación' de Sevilla - glomedia
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ELCOMERCIO* : El Ayuntamiento deberá enfrentarse a una nueva sentencia desfavorable. A otro fallo relacionado con el urbanismo en la ciudad. La jueza de la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 2 ha reconocido el derecho de los propietarios de la finca 'La Perucha', situada a tan solo 39 metros del monumento prerrománico de Santa María del Naranco, a rehabilitar la construcción que allí se ubica. La magistrada dio a conocer sus conclusiones, contrarias al Consistorio, el pasado miércoles, aunque el concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, aún no ha tenido acceso a la sentencia: «No quiero hacer la crítica antes de haber leído el libro. No quiero especular hasta que conozca toda la información», dijo.
Posible recurso municipal. En todo caso, cualquier intento para edificar en los alrededores de un Bien de Interés Cultural (BIC), como es Santa María del Naranco, «resulta inquietante» para el equipo de gobierno. «En este caso lo que queda claro es que no se puede iniciar una nueva construcción. Y quiero destacar que las licencias no se conceden o deniegan por voluntad de nadie. Hay unos informes de técnicos y aparejadores que argumentan las decisiones», resaltó Mortera.
Las conclusiones de Licencias en este caso fueron que la finca se encontraba en un entorno protegido y que tenía carácter no urbanizable. «Si la finca tiene la consideración de no urbanizable de protección recurriremos, aunque de ser así me extrañaría el fallo de la jueza. Hay que comprobar que la parcela quedó asentada con esa calificación en el Plan General de Ordenación Urbana», subrayó el edil. Habrá que tener en cuenta también a los grupos de la oposición. Porque para aprobar la apelación será necesaria la mayoría, que ya no tiene el Partido Popular.
En los próximos días se conocerá la intención del Consistorio sobre el posible recurso. De todas formas, Mortera hizo hincapié en que las ruinas existen, «como muchas otras en el Naranco», desde hace años.
La protección sólo da permiso para mantener los tejados y las edificaciones «en estado adecuado» y los usos «son para cobertizos y funciones agrarias», puntualizó ante una posible reedificación de la casa frente a la iglesia prerrománica. Y, además, en todo el proceso la Consejería de Cultura también da su punto de vista.
«Tuvo que haber un pronunciamiento de Cultura porque estamos hablando de un entorno de protección de un Bien de Interés Cultural. Siempre que piden una licencia en estas áreas, debemos dar traslado. Habrá que verificar también qué dijeron en este caso», apuntó el concejal.
El proceso comenzó hace un año. Los propietarios de la finca 'La Perucha' solicitaron una licencia para rehabilitar la vivienda, que sólo conserva los muros perimetrales, y el Ayuntamiento denegó tal permiso. Ahora la jueza reconoce el derecho de los dueños a realizar las obras.
* El Comercio - 31.07.11
Foto: La finca está dentro del entorno de protección de Santa María del Naranco.- elcomercio
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ELPAÍS/Barcelona* : La Audiencia de Barcelona condenó ayer al expresidente del FC Barcelona y constructor José Luis Núñez Clemente y a su hijo José Luis Núñez Navarro a seis años de cárcel a cada uno por los delitos continuados de cohecho y falsedad documental. La misma sentencia impone 13 años de prisión al que fuera máximo responsable de la Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet y penas igualmente severas para otros tres altos funcionarios de ese departamento por amañar las actas de inspección a diversas empresas de Barcelona a cambio de sumas millonarias de dinero o de viviendas a precios muy ventajosos.
El caso culmina un proceso judicial que ha durado más de una década, iniciado a raíz de las informaciones publicadas por EL PAÍS, y que en 1999 acabó con las aspiraciones de Josep Borrell. Este dimitió como diputado y candidato socialista a La Moncloa porque siendo secretario de Estado de Hacienda había nombrado a Josep Maria Huguet, ahora condenado, y a su número dos, Ernesto de Aguiar, que estuvo imputado en su caso pero pudo eludir el banquillo.
El tribunal también condena por los mismos delitos de cohecho y falsedad a los inspectores Álvaro Pernas, Manuel Abella y Roger Bergua, a penas que suman 12, 11 y 9 años de prisión, respectivamente. Del mismo modo, la sentencia impone seis años de cárcel a Salvador Sánchez Gui, el asesor fiscal del grupo de empresas Núñez y Navarro. También ha sido condenado a siete años y medio de prisión Juan José Folchi, administrador de Torras Hostench London en 1990, y que acumula penas diversas en varios procesos del caso KIO. Folchi fue consejero de Economía de la Generalitat provisional con Josep Tarradellas y directivo del FC Barcelona durante la época de Núñez como presidente. Folchi fue también durante años asesor fiscal del financiero Javier de la Rosa, con el que acabó enemistado, precisamente a causa de este proceso, porque durante la instrucción de la causa le implicó en una declaración y De la Rosa acabó imputado en el proceso.
Precisamente De la Rosa y su asesor fiscal, Jorge Oller, son las únicas dos personas, de los 16 acusados, que han sido absueltas. Entre los condenados también figura Eduardo Bueno (dos años de prisión), presidente de la inmobiliaria Ibusa, exdirectivo del FC Barcelona y que fue candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984. Otro condenado es Juan Antonio Sánchez Carretera (dos años y medio de cárcel), el que fuera asesor fiscal personal de Jordi Pujol y anteriormente condenado también en otro caso a dos años de prisión y después indultado parcialmente por el Gobierno del PSOE. El tribunal ha convocado para la mañana de hoy una vista, a petición de los fiscales del caso, Emilio Sánchez Ulled y Fernando Rodríguez, en la que solicitarán medidas cautelares para siete de los condenados.
Fuentes judiciales explicaron que una de esas peticiones será el encarcelamiento inmediato de los cuatro inspectores de Hacienda condenados para evitar que huyan. Se trata de una decisión excepcional, pues lo habitual en estos casos es esperar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos contra la sentencia, lo que puede tardar dos o tres años en llegar.
Fuentes judiciales explicaron ayer su temor de que el inspector Álvaro Pernas, condenado ahora a 12 años de prisión, haya huido de España pues se encuentra aquejado de un cáncer en estado muy avanzado. El tribunal constata que Pernas ha hecho desaparecer 3,7 millones de su patrimonio personal, después de verse implicado en una pieza separada de este asunto referida a las inspecciones realizadas a la constructora Metro-3 que le acarreó otra condena de nueve años de prisión. La sentencia también le obliga a indemnizar a Hacienda con 583.000 euros por el perjuicio causado a causa de su insolvencia punible.
Las mismas fuentes judiciales explicaron que, en el caso de Núñez y su hijo, la fiscalía podría solicitar su obligación de comparecer con cierta periodicidad en el juzgado para asegurarse que siguen en España.
La sentencia también ordena el comiso de los beneficios obtenidos por los inspectores de Hacienda corruptos, que superan los cinco millones de euros. Igualmente, condena a José María Huguet, Juan José Folchi y Manuel Abella a indemnizar conjunta y solidariamente a la Hacienda pública con casi ocho millones de euros por el impuesto de sociedades que quedó sin tributar como consecuencia de las actas realizadas a las empresas del Grupo Torras, que ejerció la acusación particular.
Núñez, padre e hijo, así como a su asesor fiscal y el inspector Abella, son condenados también a abonar a Hacienda otros seis millones de euros por las cuotas derivadas de las inspecciones realizadas a las empresas de su grupo constructor que dejaron de ingresarse.
El oasis catalán que terminó en cloaca
José Luis Núñez Clemente ha notado los efectos de la crisis del ladrillo, pero su imperio empresarial todavía sigue siendo rentable, con 700 empleos directos y dos mil indirectos A punto de cumplir 80 años, el que fuera presidente del FC Barcelona entre 1978 y 2000 ha dejado la huella de su constructora en decenas de esquinas de la capital catalana, aunque de un tiempo a esta parte ha diversificado su negocio al mercado de alquiler.
Distanciado y hasta enfrentado con CiU desde hace años, José Luis Núñez Clemente es un exponente de lo que en su día se calificó el "oasis catalán", en el que parecía existir un comportamiento ejemplar de su clase política y su sociedad, pero que acabó en cloaca por la aparición de diversos casos de corrupción.
En aquel palco del Camp Nou se tejieron todo tipo de negocios y actividades dentro y fuera de la ley, con unos empresarios que años después han acabado condenados en varios procesos judiciales. Como el que acabó con el juez Luis Pascual Estevill, que llegó a vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU, y condenado por extorsionar a empresarios para no encarcelarlos. O Javier de la Rosa, al que Jordi Pujol calificó en su día como "empresario modelo" y condenado en una ristra de procesos. O Juan Piqué Vidal, el que fuera abogado de Pujol en el caso Banca Catalana.
* El País - 30/7/2011
Foto: José Luis Núñez sale de la Audiencia de Barcelona.- TONI GARRIGA (EFE)
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ELPAÍS/Santiago* : Medio centenar de profesionales relacionados con el mundo de la arquitectura se reunieron ayer en la sede de la fundación María Martínez Otero de A Estrada, para participar en unas jornadas en las que diversos ponentes hablaron sobre las relaciones entre la arquitectura y el territorio rural. Durante el debate que se desarrolló después de una de las conferencias, varios arquitectos señalaron como uno de los graves problemas de la planificación urbanística en España en general y Galicia en particular la poca participación de los ciudadanos en el diseño de las actuaciones.
Durante el coloquio, el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, José Manuel Casabella, apuntó que una de las dificultades con las que se encuentran los arquitectos a la hora de poner en marcha sus proyectos es la casi nula presencia de los ciudadanos en los mismos. "Los planes urbanísticos se exponen durante unos días y las alegaciones que se presentan son por el interés particular de cada uno, pero casi nadie se preocupa por cómo afecta ese plan al espacio público", indicó Casabella, quien también destacó que los políticos se preocupan principalmente de aprobar los planes de ordenación urbana con rapidez y no por el cuidado de los espacios públicos presentes en esos planes. Casabella añadió que la responsabilidad no es exclusiva de los políticos ya que las dificultades que existen para cambiar los planes urbanísticos de los municipios hacen que estos busquen "la mayor operatividad posible".
Por su parte, el organizador de las jornadas, José Valladares, de RVR Arquitectos, explicó que en la elaboración de los planes urbanísticos las mayores preocupaciones son por el "qué" y no por el "cómo" y eso lleva a que el papel de la arquitecto cada vez sea menos importante. Valladares pidió una reflexión sobre este asunto ya que, a su juicio, la arquitectura ha abandonado campos que no debía haber dejado de lado y eso hace que los planes urbanísticos cada vez dependan más de cuestiones jurídicas y menos de los criterios técnicos para diseñar los espacios adecuados para el disfrute de los ciudadanos.
Durante las jornadas presentaron sus ponencias el artista visual Alvaro Negro y los arquitectos Bert Gellynck, Nadia Casabella, Juan Creus, Covadonga Carrasco y Carlos Quintáns. Nadia Casabella explicó que en Bélgica se ha puesto en marcha en los últimos años una nueva normativa que puede ser interesante para Galicia, ya que contempla la aparición de nuevos instrumentos en la elaboración de planes urbanísticos que tienen más en cuenta a los ciudadanos y facilitan su participación.
* El País - 30.07.11
Foto: Santiago de Compostela - flickr
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NORTECASTILLA* : El Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la constructora Mahía Grupo Inmobiliario contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que en 2007 declaró ilegal el estudio de detalle aprobado por el Ayuntamiento de Arroyo, con el que se permitió aumentar la edificabilidad de 500 a 650 viviendas en el sector conocido como SAU 13, junto al centro comercial Hipercor.
La sentencia del Supremo no admite ninguna las argumentaciones de la empresa contra el fallo del TSJ y «comparte» con este los motivos que le llevaron a anular el estudio de detalle con el que se abordó la modificación del Plan General del municipio. Entre ellas, que este sector de suelo no se podía considerar como 'urbano consolidado', porque en el PGOU estaba clasificado como 'urbanizable delimitado' y tampoco tenía carácter urbano, ya que las obras de viario y calles no se habían ejecutado ni recepcionado en su totalidad. Además, se aumentaba la densidad de viviendas por hectárea, de 30 a 34,8, lo que suponía un incumplimiento de los límites previstos en la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Este exceso de edificabilidad debería haber llevado aparejada la reserva de más espacio para dotaciones y espacios libres públicos.
En la sentencia del TSJ de Castilla y León también se apostillaba que la figura del estudio de detalle utilizada para la operación urbanística incumplía el artículo 45.2 de la Ley de Urbanismo, que exige que las modificaciones deben justificarse adecuadamente desde el punto de vista del interés general. Un extremo que no se produjo al no merecer tal consideración el incremento de dotaciones por no cumplir los requisitos de cesión completa del dominio.
El Alto Tribunal de la comunidad consideró que este menoscabo al interés general no puede paliarse con la construcción de las instalaciones deportivas, en las que Mahía invirtió 250.955 euros, ni con los 833.125 euros que entregó al Ayuntamiento como aportación para la ejecución de sistemas generales, pues tales compensaciones no justifican 'per se' la modificación del planeamiento, máxime cuando no se prevé la cesión del 10% del incremento del número de viviendas en el sector.
* El Norte de Castilla - 30.07.11
Foto: Viviendas de Mahía en el sector SAU 13 de Arroyo de la Encomienda.- nortecastilla
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GRANADAHOY* : Que en principio nadie irá a la cárcel y que el centro comercial de Tomás Olivo podrá por fin ser terminado y abrir sus puertas, son los dos principales mensajes que deja una lectura en positivo de la sentencia definitiva del caso Nevada. La resolución, no obstante, tiene más malo que bueno para los procesados, puesto que endurece las penas que el verano pasado les impuso el juez de Penal 3 y amplía la lista de 'culpables', que pasa de tres a siete, al ser condenados también los otros cuatro ediles de Armilla que fueron procesados.
Lo que ha hecho la Audiencia de Granada exactamente ha sido doblar las penas de cárcel que se establecieron hace un año al empresario Tomás Olivo, para el ex alcalde socialista José Antonio Morales Cara y al ex concejal de Urbanismo Gabriel Cañavate. Así, ha elevado de siete a 15 meses los castigos de prisión para el ex primer edil y el ex concejal de Armilla, imponiéndoles además duras penas de inhabilitación: ni uno ni otro podrán ser concejal o alcalde durante los próximos ocho años y medio.
Para el empresario, dueño de General de Galerías Comerciales S.A., el tribunal impone igualmente 15 meses de prisión, un período en el que asimismo estará inhabilitado para ejercer su profesión de promotor inmobiliario. Además, tendrá que pagar una multa de 10.800 euros.
En cuanto a los delitos, no hay cambios, ya que la Audiencia coincide con el juez que enjuició el caso, el magistrado Antonio Aguilera (Penal 3), en que el ex regidor y los munícipes cometieron un delito de prevaricación urbanística, al votar a favor de otorgar la licencia al promotor pese a existir informes negativos. El 'pecado' cometido por Olivo fue, en su caso, ocupar con ladrillos y cemento suelo que estaba destinado a zonas verdes, esto es, cometer un delito urbanístico o contra la ordenación del territorio.
Y es en este punto donde la Audiencia también agrava la condena, ya que añade otros mil metros cuadrados a la superficie construida ilegalmente que las máquinas deberían de tirar. Se trata de la parte del edificio que ha invadido "el camino viejo de Alhendín" y que habría que derribar salvo que, como advierte el magistrado ponente de la resolución, Pedro Ramos, "en ejecución de sentencia sean compensados estos metros con otros de los terrenos adyacentes". Cabe recordar en este punto que el juez Aguilera ya dispuso que se demolieran 1.446 metros cuadrados de la esquina suroeste del centro para que allí se ubiquen los jardines previstos, demolición que no revoca la Audiencia y que, por tanto, se tendrá que llevar a cabo.
Así las cosas, el mapa del Nevada, en principio, no sufriría más cambios que los que ya dispuso el juez en primera instancia y los que acuerden promotor, Junta y Ayuntamiento de Armilla para legalizar completamente el edificio una vez se pronuncie la jurisdicción contencioso-administrativa, donde existe otro frente judicial abierto por la licencia concedida.
Lo que sí cambia, o mejor dicho, se amplia es, como se ha dicho antes, el listado de culpables, con la inclusión de Miguel Ángel Porcel, Dina Romero, José Pérez y Francisco de Sales Ocaña. A ellos, la Audiencia los considera tan autores del delito de prevaricación como a Morales y Cañavate, pues participaron y votaron en el mismo acto por el que éstos fueron condenados: la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local de 30 de septiembre de 2005, en la que se dio luz verde a la construcción del Nevada pese a no contar con el informe jurídico preceptivo -desapareció del expediente- y existir otros en sentido desfavorable. La pena para ellos es menor: el tribunal los condena a 8 meses de prisión y 8 años de inhabilitación. Según el fallo, su actuación "infringió las más elementales normas" que debían observar como miembros de un órgano de ese tipo, ya que "no deben limitarse a votar, sino que su obligación es cerciorarse que sus decisiones se ajusten a la legalidad, máxime cuando hay reparos por los técnicos".
Tras la decisión de la Audiencia, todo apunta a que pronto regresarán a sus puestos de trabajo -la obra está paralizada desde el 26 de abril de 2007- los obreros del Nevada, pues la sentencia es firme y pone fin al proceso judicial en la vía penal. Sólo podrían ahora los acusados acudir al Constitucional en caso de que consideren vulnerado algún derecho fundamental.
El caso Nevada fue investigado por el juez de Instrucción 6 de la capital,Miguel Ángel del Arco, tras la denuncia que formuló a principios de 2007 la Fiscalía del TSJA contra los tres principales culpables. Fue el PP quien le comunicó sus sospechas de posibles irregularides en la tramitación y construcción del edificio. El juicio sentó hace un año a un total de 11 personas en el banquillo: las siete que han resultado condenadas y otras cuatro (un abogado, una letrada de la Diputación y dos arquitectos), cuyas absoluciones ha confirmado también la Audiencia.
El tribunal de la Sección Primera, en su extensa resolución -de 114 páginas-, desestima todos los recursos de las defensas y estima parcialmente los que interpusieron las acusaciones: el fiscal del caso, Valentín Ruiz; el letrado del PP, Javier López García de la Serrana; y los abogados de Los Verdes, y de Adobe (Arquitectura y compromiso social) y Ecologistas en Acción, Rosa Gil y José Antonio García Cabrera, respectivamente.
Las fuentes consultadas indicaron que ninguno de los condenados tiene antecedentes penales, por lo que al ser las penas inferiores a dos años de cárcel, en principio, nadie será encarcelado, ya que todos cumplen los requisitos para solicitar la suspensión de la ejecución de la condena. Olivo es quizás quien tendría mayor riesgo potencial de pisar el presidio, pues está pendiente de la resolución del caso Malaya.
* GRanada Hoy - 30.07.11
FoTo: El Centro Comercial Nevada, levantado en Armilla, se encuentra paralizado desde 2007.- granadahoy
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EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción ha presentado a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta un conjunto de propuestas en relación con el borrador del Decreto por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma andaluza, en el que muestra su oposición al mismo y alerta sobre el "efecto llamada" que supondrá para el urbanismo ilegal en la comunidad, así como refleja que "puede provocar un desastre urbanístico, territorial y ambiental".
Según ha informado el grupo ecologista en una nota, esta propuesta es de "suma gravedad" por ser contraria a la legislación vigente y crear un precedente "muy peligroso" para los actos delictivos contra la ordenación del territorio, ya que con un decreto se pretende "eludir las estrictas normas de la Ley de Ordenación de Territorio y Urbanismo (LOUA) y del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en relación con las condiciones para la construcción de viviendas en suelo rústico, que excluyen las viviendas no ligadas a las explotaciones agropecuarias, prohíben las segundas residencias y los nuevos núcleos de población".
"El decreto es un aval para el urbanismo salvaje", ha asegurado Ecologistas en Acción, que ha añadido que esta "regularización ignora los límites de crecimiento que estipula el POTA, que para un periodo de vigencia del planeamiento municipal (PGOU) de ocho años, el suelo urbano o urbanizable no puede crecer más del 40 por ciento y las previsiones de nuevas viviendas se deberían dimensionar para un incremento máximo de población del 30 por ciento". "Habrá muchos municipios que, al legalizar estas viviendas, aumentarán la superficie urbanística muy por encima de estas limitaciones", ha advertido.
La "regularización" de cientos de urbanizaciones y decenas de miles de viviendas ilegales desgajadas de los núcleos de población provocará "un grave problema, pues creará poblaciones imposibles de administrar, que demandarán inversiones públicas y servicios que serán muy costosos o, incluso, imposibles de acometer por su dispersión".
Asimismo, ha señalado que "provocará una pérdida del patrimonio paisajístico irreversible, pues este urbanismo se sitúa en las antípodas de la sostenibilidad, consume mucha más agua y energía, y produce residuos difíciles o imposibles de tratar".
Por otro lado, ha precisado que este decreto "no aclara qué pasará con las miles de viviendas y cientos de urbanizaciones que no podrán ser regularizadas por estar en suelo protegido, incumplir normas de rango superior o no haber prescrito las infracciones en base lo estipulado en la LOUA, por lo que sería imperativo proceder a la restauración de la legalidad urbanística y a la demolición de las mismas".
"La Junta deja así en aguas de borraja al tan cacareado Reglamento de Disciplina Urbanística, que prevé la ejecución de 'derribo express' por parte de los Ayuntamientos", ha manifestado. Del mismo modo, ha señalado que "creará un efecto llamada y un gravísimo precedente, cualquier persona podrá hacerse una vivienda, con o sin licencia municipal, porque al final será legalizada".
En este sentido, ha lamentado que este decreto viene a "echar por tierra el ingente trabajo desarrollado por las organizaciones ecologistas en estas dos últimas décadas de denuncia de la desaforada especulación y corrupción urbanística a lo largo y ancho de toda Andalucía".
Como conclusión, Ecologistas en Acción considera que las soluciones planteadas en este borrador de decreto significa "un respaldo de la Junta de Andalucía al cáncer de la especulación y la corrupción urbanística", por lo que solicita a la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, que "solo se puedan regularizar aquellas viviendas y urbanizaciones que cumplan con las normas de la LOUA y del POTA y que sea imprescindible para que un Ayuntamiento pueda acogerse a los mecanismos de regularización de viviendas que haya elaborado, aprobado y ejecutado su Plan Municipal de Inspección Urbanística, y muy en especial, que se haya procedido a la demolición de todas las edificaciones no legalizables en las que no hayan prescrito las infracciones urbanísticas en un plazo no superior a dos años".
Además, pide que los ayuntamientos cataloguen y registren como edificaciones fuera de ordenación a las viviendas que haya prescrito la infracción urbanística y no se encuentren en suelos del tipo señalado en el apartado anterior, pero con las restricciones señaladas en la LOUA y que se acometa un proceso político y jurídico para hacer "más efectiva las competencias subsidiarias de la Junta de Andalucía y la labor de investigación de los equipos especializados en la lucha contra la especulación y la corrupción urbanística de los cuerpos y fuerzas de fuerzas de seguridad del Estado".
* Europa Press - 28.07.11
Foto: El Puerto (Cádiz), zona viviendas ilegales - diariodecadiz.es
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NORTECASTILLA* : El tribunal confirma que el alcalde debió abstenerse al ser consejero de la compañía. La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Cristina Vidal, convocará a las tres constructoras afectadas por la sentencia que anula la recalificación de los terrenos de Ebro frente al centro comercial Vallsur, para buscar las posibles soluciones y ejecutar el fallo. La edil, quien ayer estaba en Madrid, está pendiente de analizar a fondo la sentencia del Supremo, que ratifica una anterior del TSJ, antes de tomar decisiones.
El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la operación urbanística por la que se modificó el PGOU en las zonas de la Azucarera de Santa Victoria y en la antigua Fábrica de Piensos Cía, un terreno donde hay construidas más de 400 viviendas en un gran bloque. El acuerdo alcanzado en 2002 entre el Consistorio y Ebro establecía que el Ayuntamiento se quedaba con la propiedad de las nueve hectáreas que ocupaba la factoría de la Azucarera Santa Victoria para la construcción del parque de Las Norias. A cambio, daba su visto bueno al traslado de más de 30.000 metros cuadrados de edificabilidad de esta parcela a la fábrica de Piensos Cía, en el Paseo de Zorrilla. Así, se construyeron más de 400 viviendas donde en principio únicamente cabían 160.
En la sentencia del Supremo, de fecha 28 de junio, se desestiman los recursos de casación presentados por el Ayuntamiento de Valladolid y las promotoras Parquesol, Edificasa 2000 y Metrovacesa contra la sentencia del TSJ de Castilla y León de 2007, que anuló la orden de la Consejería de Fomento de aprobación de esa modificación del PGOU. El Supremo confirma todos los extremos de la sentencia del TSJ. Entre ellos, que el alcalde debió abstenerse en la votación, ya que era también miembro del consejo de administración del Ebro y podía haber interés personal en su decisión.
En principio, Vidal descarta por completo la demolición de este inmueble residencial. La solución para ejecutar la sentencia podría pasar por la cesión de suelos por parte de las constructoras al Ayuntamiento para compensar el exceso de edificabilidad o bien el pago en metálico, ya que la finca de Piensos Cía debió clasificarse como suelo urbano no consolidado en vez de consolidado, lo que llevó aparejado menos cesiones de suelo para dotaciones públicas.
El PSOE aseguró que esta sentencia es otra muestra de la política urbanística de León de la Riva, quien «tensa la cuerda hasta romperla». Acusa al regidor de ser el culpable de esta situación, porque «votó en ambos lados de la mesa, como propietario de los terrenos al ser del consejo de Ebro y como alcalde».
* El Norte de Castilla - 27.07.11
Foto: Bloque residencial afectado por la sentencia - nortecastilla
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LAVANGUARDIA* : El analista Gonzalo Bernardos considera que "los bancos viven en otro planeta" y defiende iniciativas como la transformación de pisos embargados en alquiler social.
Una de las metamorfosis más visibles del movimiento 15M, tras la etapa de acampadas, son las concentraciones de apoyo a familias amenazadas por un desahucio. En el último mes, grupos de activistas de toda España han impedido ejecuciones hipotecarias en Carabanchel, Sevilla, Badalona, Orkoien, Palma de Mallorca y Vallecas, por citar algunos ejemplos. Últimamente, sin embargo, la contundencia policial ha superado la resistencia pacífica de los 'indignados', como se ha visto en Clot esta semana y en Madrid la anterior.
Sin embargo, sus reivindicaciones sobre el acceso a la vivienda van mucho más allá. Aunque con matices según las proposiciones literales que aprobó cada asamblea local, en conjunto defienden que deben abolirse las cláusulas abusivas en los contratos de alquiler e hipotecas, que las entidades bancarias deben estar más y mejor controladas, que la tasación de los pisos debe ser objetiva tanto al comprarlos como al confiscarlos por impago. También propugnan la derogación de la Ley de Desahucios Exprés y la aprobación de la ILP sobre dación en pago en caso de impago hipotecario, con opción a que los que han perdido el piso puedan quedarse en él como inquilinos.
Para explorar los caminos por los que podrían hacerse realidad estas peticiones, hemos hablado con Gonzalo Bernardos (Barcelona, 1962), analista y consultor económico e inmobiliario, vicerrector de Economía de la UB, profesor de esta facultad, de la UOC y del centro IBEI y director de varios másters. Próximamente media docena de académicos y profesionales en activo nos ayudarán a otear caminos de viabilidad en el resto de ámbitos de reivindicación del 15-M, como el mercado laboral, los derechos de autor o la Ley Electoral.
Éstas son las principales demandas de los 'indignados' en materia de vivienda y las conclusiones de Bernardos:
1) 'Control ciudadano' de las entidades bancarias
Se puede conseguir indirectamente, a través de una adecuada supervisión del Banco de España, que lo ha hecho muy mal estos años. Primero, porque permitió que se dieran créditos a quien no se debía. Segundo, porque pensó sólo en los resultados a corto plazo. Y tercero, porque se olvidó de la función primordial de la banca, que es trasladar el ahorro hacia la inversión, sin pasar por la especulación. Los ejecutivos de los bancos y cajas, además, tampoco se portaron nada bien. Pero aún así no hubiéramos tenido esa enorme burbuja inmobiliaria si el Banco de España hubiera impedido, como le tocaba, que más del 40% del crédito que se dio en los años de bonanza fuera directo al sector inmobiliario. Tenía que haber actuado con criterios más técnicos y menos políticos.
2) Fin de las cláusulas abusivas
Hay que regularlas con una normativa y con un código ético, ambas cosas. Las hay manifiestamente ilegales que los notarios no deberían firmar. Antes de firmar tú una hipoteca, el notario la valida con su firma. ¡Y hay un montón de cláusulas que tienen una pinta terrible! Por ejemplo, tener que poner otros bienes tuyos como garantías extraordinarias por si el precio del piso cambia bruscamente. Un juzgado puede tumbar muchas de estas cláusulas por ser abusivas, además. También hay que hacer obligatorio que los contratos sean claros, sencillos y breves. ¿Cómo puede ser que tu contrato hipotecario ocupe cuatro páginas de letra minúscula y en lenguaje técnico? Así nadie los entiende y se acaban firmando por confianza, no por comprensión de las consecuencias. Además, cada entidad te impone sus cláusulas y siguen inventándose nuevas condiciones para protegerse aún más.
3) La Ley de Desahucios Exprés
La ley actual no diferencia a los morosos circunstanciales e involuntarios de los jetas profesionales. Estoy de acuerdo con que se desahucie cuanto más rápido mejor a un moroso, porque sino ese piso quizá no vuelva a ponerse en alquiler. Y eso nos perjudica a todos, porque si baja la oferta de pisos en alquiler, subirán los precios. Pero la cosa cambia si hablamos de alguien que está hipotecado y se queda sin poder pagar las cuotas. Hay que buscar alternativas, como mantenerle en el piso como alquilado, para evitar el doble trauma que ahora vive: perder la propiedad de su piso y encima quedarse en la calle.
4) Dación en pago y transformación de hipotecas en alquileres sociales
Todo aquello que los bancos perdonen a los ciudadanos podría ir a cambio de lo que nosotros cada año les regalamos. Si perdonan 15, les daremos 15. ¡Pero sólo 15! No tiene sentido que la sociedad les regalemos un montón de dinero y ellos sean incapaces de perdonar nada a nadie. Además, ¿alguien cree que llegarán a cobrar las deudas todavía pendientes de los que han perdido su piso? Ahora amenazan con no dar hipotecas, pero bueno, ya las darán. Sin hipotecas no hay negocio. Es la tipología de crédito con menos riesgo asociado, así que si no quieren concederlas, en un periquete vendrá la banca extranjera a ofrecerlas corriendo. Nuestros bancos viven en otro planeta, porque si no, no lo entiendo. Con el prestigio por los suelos y la oposición social en la calle, ¿creen que podrán seguir como hasta ahora muchos años? ¡Si yo fuera banquero no tendrían que convencerme! No son conscientes que se arriesgan al surgimiento de una banca pública o a la nacionalización de algunas entidades.
5) Reducción de la deuda hipotecaria en proporción a una tasación objetiva del inmueble
Las empresas tasadoras hacen la tasación que les dice el banco, muy a la baja, porque así éste se queda el piso embargado al 50% del precio tasado, que en realidad es una cifra mucho menor a la mitad del precio original. Se lo están al 30% o 25% en vez de lo que marca la ley, que es el 50%. Para que se tome como referencia el precio real, hace falta que la empresa tasadora sea realmente independiente. Y eso se conseguiría con agencias estatales que no tengan intereses en el mercado.
6) Reforma de la LAU para que el precio de los alquileres no supere el 10% de los ingresos de la unidad familiar
No me parece adecuado para el mercado libre, porque cada familia o individuo debe poder tomar sus decisiones, responsabilizarse y calcular qué puede asumir. En los pisos sociales es diferente y hay cosas que mejorar. Se calcula en los últimos cuatro años se han acumulado un millón y medio de pisos nuevos en manos de promotores, bancos y constructoras. ¡Y muchos de ellos son invendibles, que no se engañen! En especial si están a más de 30 kilómetros de Barcelona o son de veraneo. Y tenerlos cerrados tres o cuatro años sí les cuesta dinero, aunque ahora no lo vean. En poco tiempo habrán perdido casi todo su valor, porque se habrán deteriorado, habrán entrado okupas... Se nota que los bancos no tienen ni idea del mercado inmobiliario y encima muchos están fichando a profesionales que tuvieron poco éxito en este sector. En vistas de lo que se les viene encima, lo mejor que pueden hacer es transformar su estoc en pisos sociales, mediante un acuerdo con la Generalitat para que ésta los dinamice. ¡Más vale cobrar algo y regularmente, aunque sea poco dinero, que no cero y con riesgos!
* La Vanguardia - MERITXELL M. PAUNÉ - 28.07.11
Foto: Barcelona, indignados frente Hospital - elperiodico
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ELPAÍS/Tenerife* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Arona ha abierto diligencias previas contra el alcalde, José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, al que se le imputan varios delitos relacionados con la ordenación urbanística además de presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se desprende que de las diligencias de investigación ha quedado acreditada, en relación con Reverón y de otros 30 imputados que conformaron la junta de gobierno del Ayuntamiento de Arona desde 2003 a 2007, la comisión de un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística. El juez observa indicios de prevaricación en la actuación de los miembros del gobierno local, quienes votaron "sistemáticamente a favor de la concesión de licencias municipales para ejecución de obras, reformado de obras, demolición y licencias de primera ocupación" a pesar de los informes desfavorables tanto de los técnicos del Servicio de Urbanismo como del secretario.
Según el auto judicial, las investigaciones preliminares han acreditado la comisión de un presunto delito continuado de tráfico de influencias y prevaricación por parte del alcalde, quien presuntamente favoreció a su primo Manuel Reverón González, edil de Coalición Canaria desde 2007 en el consistorio aronero.
El auto judicial describe cómo Manuel Reverón González, primo del regidor, construyó en 2001 una vivienda ilegal de la zona de Buzanada, por lo que fue sancionado con una multa de 150.000 euros y la orden de demoler la construcción, pero el alcalde "trató de influir en su compañera de partido, María del Pino de León, consejera de Planificación Territorial del Cabildo de Tenerife, a fin de conseguir que la sanción impuesta no se llevase a la práctica".
El abogado que denunció el caso, Felipe Campos, espera que se celebre pronto el juicio y se "castigue el desastre que han realizado en este municipio". El caso Arona ha tenido una honda repercusión en Canarias, pero ello no ha impedido que Reverón sea alcalde con mayoría absoluta.
El caso Arona dura ya cuatro años. Se destapó tres meses antes de las elecciones municipales de 2007. A finales de 2006, el Partido Socialista de Canarias (PSC) puso en conocimiento de la fiscalía los expedientes relativos a la concesión de unas 200 licencias de obras permitidas a pesar de los informes desfavorables por parte de los servicios jurídicos y de la secretaría, además de unas 80 contrataciones de obras públicas también, al parecer, con el informe contrario de Intervención. En la localidad al sur de la isla de Tenerife ya regía el mismo equipo de Gobierno.
* El País - PEDRO MURILLO - Santa Cruz de Tenerife - 28/07/2011
Foto: Arona (Tenerife), vista - D.Garuti, laopinion.es
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PÚBLICO* : En pleno verano, bajo el sol abrasador del mediodía, más de 150 indignados se han concentrado en las inmediaciones del Banco de España para realizar un recorrido por las diferentes sedes de las agencias de calificación de riesgo que se encuentran en Madrid.
A las 12:00 se iniciaba la marcha tras haber entregado en el Banco de España un manifiesto en el que reivindican su postura acerca de la deuda contraída por los Estados. Los indignados consideran que la situación crítica de las arcas públicas ha sido provocada por la temeridad premeditada de las agencias de calificación, mucho más benevolentes con las calificaciones que otorgan a los grandes bancos, y la permisión de las grandes entidades europeas.
Aprovechando que la institución, por ser pública, tiene la obligación de admitir a trámite los documentos de los ciudadanos, han registrado y sellado una copia del manifiesto, que más tarde leerían en cada una de sus paradas reivindicativas, para que llegase a manos del director de la entidad, Miguel Ángel Fernández Ordoñez.
Según el itinerario previsto, los indignados se han colocado a las puertas de Fitch, Standard&Poors y Moody's para denunciar la responsabilidad de estas agencias de rating en lo que consideran un "endeudamiento orquestado" de los Estados. Unas agencias contra las que el pasado mes de febrero varias organizaciones presentaron una querella criminal ante la Audiencia Nacional que ha sido recientemente intervenida por la Fiscalía Anticorrupción, al no considerar que haya indicios suficientes para la tramitación de la demanda.
Y ha habido espacio para la espontaneidad. A su paso por las sedes de Barclays y la Comisión Europea, los indignados se han detenido para leer también allí su manifiesto. Además, continuando con la iniciativa que ayer llevaron a cabo un grupo de indignados, que decidieron aparcar su vestimenta habitual para pasar desapercibidos como activistas e introducirse en el Congreso, varios de ellos se han 'puesto guapos' para la lectura del texto.
También ha estado allí el profesor de economía de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Álvarez, que ya había ofrecido una conferencia en el I Foro Social del Movimiento, celebrado el pasado lunes en el Parque del Retiro. A él se le ha pasado el megáfono a su llegada a la agencia S&P para que leyese el manifiesto.
El momento artístico de la jornada se ha producido justo después, cuando han realizado una pequeña performance. Tumbados en el suelo, las decenas de indignados se han dejado arrollar por un euro gigante de poliespan, en lo que pretendía ser un acto simbólico.
Los miembros del movimiento, escoltados por la policía durante el recorrido, han comunicado a Público.es que su relación con ellos ha sido cordial en todo momento y que incluso han reivindicado sus derechos, que "pueden verse perjudicados por los recortes públicos que augura el Pacto del Euro", ha afirmado un portavoz de la comisión madrileña de economía.
* Público - THAÏS MUÑOZ Madrid 28/07/2011
Foto: Madrid, indignados manos arriba - elpais
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ELPAÍS/Madrid* : La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha considerado esta mañana "bastante improbable" que su Gobierno "mande las maquinas a levantar la carretera" M-501, a pesar de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga a deshacer las obras realizadas y a dejar la carretera como estaba por considerar la zona de protección ambiental. Aguirre, que ha hecho estas declaraciones tras el Consejo de Gobierno regional, ha explicado que procederá del modo que dicten los servicios jurídicos de la región.
El TSJM ha ordenado a la Comunidad de Madrid la ejecución forzosa de la sentencia de este mismo órgano judicial dictada en 2008 y que declara nulos los acuerdos que permitieron el desdoblamiento de la llamada carretera de los pantanos e insta a que los terrenos se restituyan a su estado inicial, según informó ayer Ecologistas en Acción. Es más, le da 15 días para hacerlo.
Los servicios jurídicos de la Comunidad analizan desde ayer el auto del TSJM y, según informa un portavoz de la Consejería de Transportes, presentarán alegaciones para "garantizar" la defensa de los intereses de los madrileños en cuanto a seguridad vial y conservación del medio ambiente. La comunicación del TSJM se produce después de que el pasado 12 de junio venciera el plazo legal concedido para que la Comunidad cumpliera "de forma voluntaria" con la sentencia.
El proyecto regional fue declarado también ilegal hace cinco meses por el Tribunal Supremo, por incumplir los trámites administrativos, informa Jesús Sérvulo González. La ampliación de la carretera de los pantanos, M-501, acumula un largo historial de procesos judiciales. Fue un proyecto personal de la presidenta. En 2005 defendió el desdoblamiento entre Quijorna y Navas del Rey debido al "interés general, por razones imperiosas de seguridad vial".
La presidenta obvió los informes en contra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas -suscrito en 2006 por más de 150 científicos-. Aguirre emprendió las obras en medio de una zona de alta protección ambiental, el parque regional del río Guadarrama. Y desoyó las recomendaciones de los expertos que proponían medidas para reducir los accidentes menos agresivos para el entorno.
Enseguida las asociaciones ecologistas comenzaron la batalla para frenar el proyecto. En febrero de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la organización ecologista y ordenó la paralización de las obras, que costó unos 100 millones. La sentencia ordenaba "reiniciar el proceso administrativo y, en su caso, restituir a su estado anterior la zona afectada".
La Comunidad de Madrid se resistió a cumplir la sentencia y buscó todos los resquicios jurídicos para justificar su decisión. Recurrió la decisión del tribunal. Elaboró una declaración de impacto ambiental sobre el proyecto. Este documento obligatorio, que el Gobierno regional evitó entregar hasta el final, recoge las afecciones ambientales en la zona y sus posibles soluciones. Mientras tanto, la Consejería de Transportes terminó la obra de desdoblamiento de la veintena de kilómetros e inauguró el tramo por todo lo alto.
Al ver que la Comunidad de Madrid eludía el cumplimiento de la sentencia del TSJM, Ecologistas en Acción reclamó ante los tribunales su ejecución y así lo han hecho. Desde Ecologistas en Acción, María Ángeles Nieto señala que la orden del TSJM "deja en evidencia la falsedad de los responsables regionales que han negado reiteradamente la obligación de cumplir con la sentencia". .
* El País - 28.07.11
Foto: Un tramo desdoblado de la M-501, conocida como carretera de los pantanos.- elpais
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PÚBLICO/Sevilla* : El centro de Sevilla volvió a erigirse ayer como punto de reunión para los indignados de la capital hispalense. Más de 400 personas se reunieron ayer frente al Ayuntamiento de Sevilla para protestar contra la derogación del denominado Plan Centro, que imponía desde finales del pasado 2010 un acceso restringido al casco antiguo hispalense para los vehículos privados, con lo que se descongestionaba el centro. El Gobierno municipal, liderado por el conservador Juan Ignacio Zoido, optó por levantar la medida de forma unilateral y a tan solo tres días del pleno del Ayuntamiento.
Zoido cumplía así una promesa electoral que abanderó durante la última campaña electoral, pero se ganaba la enemistad de los ciudadanos que reprobaban su medida respaldados por miembros del Movimiento 15-M, Ecologistas en Acción y diversas asociaciones de vecinos.
Moisés Olmedo, coordinador local de Greenpeace pidió a Zoido "que al menos escuche a los vecinos, debata con la oposición y lo lleve a pleno" antes de que "aumente la contaminación acústica y atmosférica del casco histórico de Sevilla".
Adriana Espinosa, vecina del centro, desmentía que la derogación favoreciera a los comerciantes del distrito: "cuando empiecen los atascos, los pequeños comercios van a ver como la gente se va a las grandes superficies a comprar porque es más cómodo". Según sostuvo Espinosa, gracias a "esta medida revanchista contra el PSOE", volverán los atascos al centro.
Durante la protesta, los manifestantes, al grito de "manos arriba, esto es un atasco", realizaron una performance a modo de cuento en la que usaron tres coches y un autobús de cartón para recordar que "el centro de la ciudad se hizo antes que los vehículos y sus calles angostas no están hechas para que circulen los coches".
Imposición por "decretazo"
Unas horas antes de la manifestación, Francisco Pérez, portavoz del grupo conservador en el Ayuntamiento de Sevilla, tildaba en rueda de prensa al Plan Centro de "fraude con irregularidades desde el principio". Pérez se defendió de las acusaciones del PSOE que inculpaba a su partido de haber aplicado la derogación mediante un "decretazo". "El Ayuntamiento emite resoluciones de alcaldías y eso es lo que hemos hecho, no se podía derogar de otra manera", sostuvo el portavoz del PP, quien reconoció que durante el pleno que se celebra el próximo viernes se tratará el asunto, aunque no avalarán un plan que, según sostuvo está "preñado de irregularidades".
Por su parte, Antonio Muñoz, portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, defendió la permanencia del plan por sus efectos beneficiosos a "la salud, el medioambiente y para la conservación del patrimonio artístico". "Le pedimos al Gobierno que nos sentemos a dialogar en septiembre para abordar las posibles modificaciones en una mesa de trabajo".
La forma en que el PP ha finalizado con la medida tampoco ha sentado bien entre los sevillanos. Ricardo Marqués, presidente de A Contramano, criticaba la medida de Zoido "en forma y contenido". "El alcalde ha tomado esta decisión sin argumentos, sin alternativas sobre la mesa y sin dialogo", concluyó Marqués.
* Público - FRAN GRIMALDI SEVILLA 28/07/2011
Foto: manifestantes ante el ayuntamiento de Sevilla para protestar contra el decreto que deroga el denominado Plan Centro. EFE
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