'Operación Gürtel': cronología de la investigación por presunta corrupción

20MINUTOS* : La 'operación Gürtel' ('correa' en alemán, denominada así por el apellido de Francisco Correa considerado el líder de la trama de corrupción), ha costado ya el puesto a tres alcaldes, una concejal, un consejero de la Comunidad de Madrid, un diputado, un director general de Ayuntamiento, dos cargos de confianza; y el último, el tesorero del PP, Luis Bárcenas. Todos son del PP. Este es el desarrollo cronológico para entender la presunta red de corrupción y connivencia entre empresas y políticos.
2009
6 de febrero: La Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abre una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. A los implicados se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Comienzan a surgir los vínculos de los detenidos con el PP: uno de los cinco detenidos es un empresario muy ligado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP. Después de sabría que el detenido es Francisco Correa, al que se considera cabecilla de la supuesta red corrupta.
8 de febrero: Salen a la luz en distintos medios de comunicación los nombres de algunos de los miembros del PP presuntamente implicados en la trama: Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte; Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo en Madrid; y Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.

9 de febrero: Ante las sospechas de la imputación de González Panero, López Viejo y Ortega, comienzan las dimisiones. La más sonada, la del consejero de Esperanza Aguirre, López Viejo; también cesa en su puesto Guillermo Ortega y Rajoy anuncia la dimisión del alcalde de Boadilla, aunque González Panero tardó 24 horas en hacerlo, desmintió a Rajoy y finalmente dimitió como alcalde, pero no como concejal.
Un nuevo detenido se suma a la lista: Álvaro Pérez Alonso, responsable de la empresa Orange Market, que organizó actos para el PP.

10 de febrero: Garzón amplía su auto y ya son 37 los imputados en la presunta trama.
El PP se queja ante el juez de la Audiencia por las filtraciones del sumario que llegan a la prensa y 24 horas después pide la recusación del juez y anuncia el fin del pacto de la Justicia firmado por el Gobierno al conocerse que el entonces ministro Bermejo coincidió con Garzón en una cacería sólo un día después de que saliera a la luz la operación de la Audiencia Nacional.

12 de febrero: Garzón manda a prisión a tres de los detenidos por la presunta trama corrupta: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. El juez los acusa de delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación y cohecho. Por otro lado, queda en libertad Álvaro Pérez Alonso.

19 de febrero: Dos periódicos relacionan al presidente valenciano, Francisco Camps, con la trama. Al parecer, habría conseguido trajes por valor de 30.000 euros por favores a la trama.

Camps comparece esa misma mañana para desmentir por completo las acusaciones y defiende sus "20 años de vida pública al servicio del interés general".

20 de febrero: Nueva víctima política por la trama en la Comunidad de Madrid. Alberto Ruiz-Gallardón cesa a José Javier Nombela, asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa de Madrid, también imputado por Garzón. También fue apartado de su cargo el director de la Empresa Municipal de la Empresa y el Suelo, Guillermo Pariente.

En plena investigación, el juez Garzón ingresa en una clínica por una crisis de ansiedad, un día después le dan el alta. Durante su baja, se encarga del caso el juez Pedraz, que se limitó a aplazar las declaraciones que Garzón tenía previstas.

25 de febrero: Con Garzón recién incorporado al trabajo, el PP presenta una querella contra el juez por prevaricación. Horas después, el magistrado implica en la trama al eurodiputado del PP Gerardo Galeote y al senador Luis Bárcenas. Además, Garzón desmiente las informaciones aparecidas en prensa que involucran en la trama al diputado del PP Esteban González Pons. Lejos de celebrarlo, el PP acusa al juez de haberse saltado el secreto del sumario del caso.

5 de marzo: Tras las peticiones de la Fiscalía y el PP, y los indicios hallados contra aforados (diputados, senadores y otros altos cargos políticos que no pueden ser juzgados por la Audiencia Nacional), el juez Garzón se inhibe del caso 'Gürtel' y cede la investigación de la presunta trama a los tribunales superiores de Valencia y Madrid. El juez amplía las imputaciones a otros seis miembros del PP: Francisco Camps (presidente de la Comunidad Valenciana); Ricardo Costa (secretario general del PP en Valencia); Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid), Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla del Monte), Jesús Sepúlveda (alcalde de Pozuelo de Alarcón) y Ginés López (alcalde de Arganda del Rey).

Tras finalizar los interrogatorios, Garzón deja en libertad a 34 de los 37 imputados. Por ahora, sólo están en prisión Francisco Correa, y sus dos socios, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

6 de marzo: El caso 'Gürtel' se cobra otras dos víctimas en el PP. Dimiten los alcaldes de Arganda del Rey, Ginés López, y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda.

Por otra parte dimite el director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), Tomás Martín Morales, presenta su dimisión a petición del alcalde, Juan Siguero (PP), tras conocerse su imputación en el caso Gürtel.

El PP anuncia que suspende de militancia a todos los miebros del partido imputados por Garzón, a excepción de los aforados de la Comunidad de Madrid hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

12 de marzo: Mariano Rajoy insiste en desvincular a su partido de la trama corrupta. Asegura que la gente de Francisco Correa "no ha entregado ni un sólo euro al PP" y defiende a ultranza a Francisco Camps. Además, dice que "habrá que demostrar" que Correa regaló un Jaguar de 8 millones de pesetas al ex alcalde de Pozuelo, casado con la diputada 'popular' Ana Mato.

15 de marzo: José Tomás, supuesto sastre de Francisco Camps, asegura en un entrevista en el diario El País que el presidente valenciano le llamó en varias ocasiones muy nervioso para saber si había facturas de trajes a su nombre cuando supo que declararía ante el juez Garzón. Asimismo, Tomás indica que los trajes de lujo que regalaba a políticos valencianos eran pagados por Orange Market con billetes de 500 euros.

17 de marzo: Los tres únicos imputados encarcelados por el 'caso Gürtel' -el líder de la supuesta trama, Francisco Correa, y sus presuntos colaboradores Antoine Sánchez y Pablo Crespo- acuden a la Audiencia Nacional para abrir su correspondencia ante el juez Baltasar Garzón. La ley permite al magistrado aplicar esta medida para saber si en las cartas recibidas en la cárcel hay algo de interés para su investigación.

27 de marzo: Baltasar Garzón imputa a otras diez personas en la llamada 'Operación Gürtel', con lo que el número de imputados se eleva a 55. Algunos de estos nuevos imputados están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España. El lunes 30 de marzo los deja en libertad.

31 de marzo: La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acuerda aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la investigación de la presunta trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel', al encontrar indicios de corrupción en tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid. Se trata de Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, que según el tribunal podrían haber cometido cohecho y tráfico de influencias. Además, Garzón acusa al tesorero del PP, Luis Bárcenas, de recibir 1.353.000 euros de la organización liderada por el empresario Francisco Correa. En su auto también señala que el senador popular Gerardo Galeote pudo percibir de Correa la cantidad de 652.000 euros.

Tras finalizar los interrogatorios, Garzón deja en libertad a 34 de los 37 imputados. Por ahora, sólo están en prisión Francisco Correa, y sus dos socios, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

6 de marzo: El caso 'Gürtel' se cobra otras dos víctimas en el PP. Dimiten los alcaldes de Arganda del Rey, Ginés López, y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda.

Por otra parte dimite el director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), Tomás Martín Morales, presenta su dimisión a petición del alcalde, Juan Siguero (PP), tras conocerse su imputación en el caso Gürtel.

El PP anuncia que suspende de militancia a todos los miebros del partido imputados por Garzón, a excepción de los aforados de la Comunidad de Madrid hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

12 de marzo: Mariano Rajoy insiste en desvincular a su partido de la trama corrupta. Asegura que la gente de Francisco Correa "no ha entregado ni un sólo euro al PP" y defiende a ultranza a Francisco Camps. Además, dice que "habrá que demostrar" que Correa regaló un Jaguar de 8 millones de pesetas al ex alcalde de Pozuelo, casado con la diputada 'popular' Ana Mato.

15 de marzo: José Tomás, supuesto sastre de Francisco Camps, asegura en un entrevista en el diario El País que el presidente valenciano le llamó en varias ocasiones muy nervioso para saber si había facturas de trajes a su nombre cuando supo que declararía ante el juez Garzón. Asimismo, Tomás indica que los trajes de lujo que regalaba a políticos valencianos eran pagados por Orange Market con billetes de 500 euros.

17 de marzo: Los tres únicos imputados encarcelados por el 'caso Gürtel' -el líder de la supuesta trama, Francisco Correa, y sus presuntos colaboradores Antoine Sánchez y Pablo Crespo- acuden a la Audiencia Nacional para abrir su correspondencia ante el juez Baltasar Garzón. La ley permite al magistrado aplicar esta medida para saber si en las cartas recibidas en la cárcel hay algo de interés para su investigación.

27 de marzo: Baltasar Garzón imputa a otras diez personas en la llamada 'Operación Gürtel', con lo que el número de imputados se eleva a 55. Algunos de estos nuevos imputados están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España. El lunes 30 de marzo los deja en libertad.

31 de marzo: La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acuerda aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la investigación de la presunta trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel', al encontrar indicios de corrupción en tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid. Se trata de Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, que según el tribunal podrían haber cometido cohecho y tráfico de influencias. Además, Garzón acusa al tesorero del PP, Luis Bárcenas, de recibir 1.353.000 euros de la organización liderada por el empresario Francisco Correa. En su auto también señala que el senador popular Gerardo Galeote pudo percibir de Correa la cantidad de 652.000 euros.

16 de junio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decide remitir la causa del 'caso Gürtel' al Tribunal Supremo (TS), al que pide que llame a declarar como imputados, y "con carácter urgente", al tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas así como a los parlamentarios Jesús Merino y Gerardo Galeote. A Bárcenas le imputa un delito fiscal y otro de cohecho.

22 de junio. La Fiscalía reclama también al Tribunal Supremo que asuma la investigación de todo el 'caso Gürtel' -salvo la parte que se instruye en Valencia- y que pida el suplicatorio ante el Parlamento para proceder contra los parlamentarios del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino así como del eurodiputado popular saliente Gerardo Galeote.

24 de junio. El Tribunal Supremo asume la investigación del tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino, pero descarta hacerse cargo de todo el 'caso Gürtel'.

6 de julio. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Flors decide continuar la tramitación del procedimiento contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, por un supuesto delito de cohecho y fija la apertura de juicio oral para el próximo día 15.

10 de julio. La Fiscalía pide por segunda vez al Supremo que pida la autorización del Congreso y del Senado para proceder contra Bárcenas y Merino. A su vez, Bárcenas declara que si el juez lo imputa podría dejar su cargo "de forma transitoria".

17 de julio. El Tribunal Supremo llama a declarar como "imputados provisionales" al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado de este partido, Jesús Merino. Bárcelas declarará el 22 de julio y Merino, el 23.

18 y 19 de julio. Uno de los responsables de la trama Gürtel asegura que regaló bolsos de lujo a Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia. La primera edil anuncia que se querellará contra quien difunda "calumnias" contra su persona y el PP emite un duro comunicado en el exige la comparecencia de los ministros de Interior y Justicia por las filtraciones.

22 de julio. El tesorero del PP y senador Luis Bárcenas comparece durante casi tres horas en el Tribunal Supremo como imputado provisional ante el magistrado Francisco Monterde. A su salida del Supremo, Bárcenas declara sentirse "muy contento de poder haber aportado todas las pruebas que demuestran mi inocencia".

23 de julio. El diputado del PP por Segovia, Jesús Merino, imputado provisional en el 'caso Gürtel', afirma que espera que su declaración en el Tribunal Supremo (TS) "sirva para aclarar todas y cada una de las dudas que estaban planteadas" sobre su implicación en el caso. Tras abandonar la sede judicial, donde declara durante cerca de dos horas ante el magistrado instructor de la causa, Francisco Monterde, Merino añade que confía en la Justicia y expresa su satisfacción por haber podido declarar sobre este asunto tal y como había pedido. Preguntado sobre si ha justificado su patrimonio ante el magistrado instructor, asegura que no podía decir "nada más" porque las actuaciones están bajo secreto de sumario.

28 de julio. El senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, presenta su dimisión. Bárcenas declaró el pasado 10 de julio que dejaría "de forma transitoria" su cargo como tesorero del partido si, tras prestar declaración ante el Tribunal Supremo, finalmente el juez pide autorización a las Cortes para imputarle en el caso Gürtel.

29 de julio. Un día después de que dimitiera el tesorero del PP, Luis Bárcenas, el diputado popular Jesús Merino renuncia al cargo que ocupaba como miembro de la dirección del partido en el Congreso, si bien mantendrá su escaño de parlamentario del PP. Además, la Sala de los Penal del Tribunal Supremo acuerda elevar al Senado y al Congreso los suplicatorios para seguir investigando a Bárcenas y a Merino por los delitos de cohecho y fraude fiscal.

3 de agosto. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana archiva la causa interpuesta contra los cuatro acusados por la trama en la Comunidad Valenciana, tras estimar sus recursos. La resolución incluye un voto particular de un magistrado que cree que sólo se debería archivar la causa contra Ricardo Costa, secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts. Ese mismo día, María Teresa Fernández de la Vega anuncia que la Fiscalía General del Estado recurrirá el fallo del TSJCV.

10 de agosto. La Policía registra la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en busca de vínculos con el caso 'Gürtel'. En concreto, las autoridades buscan documentación sobre contratos de la etapa de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al frente de la institución. Al parecer, se trata de documentación reclamada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se ocupa de la ramificación madrileña de la operación Gürtel.

28 de agosto. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) deniega la libertad provisional a Francisco Correa, principal imputado por el caso Gürtel, alegando a la posible obstrucción de pruebas y riesgo de fuga. Por otro lado, dimite el director de la TV valenciana. También el ex ministro de Justicia José María Michavila renunció a su escaño en el Congreso, alegando motivos personales y familiares. El despacho de abogados en el que trabaja el se vio relacionado con el caso, ya que varios de sus abogados defendieron al ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.

2 de septiembre. El TSJM revela las razones por las que denegó la libertad provisional a Francisco Correa. Señala que el principal imputado intentó fugarse y conseguir residencia legal en Colombia y Panamá. Además, el magistrado prorrogó por un mes más el secreto del sumario.

15 de septiembre. El Pleno del Congreso vota a favor del suplicatorio del diputado popular Jesús Merino, de manera que el Tribunal Supremo puede proseguir investigándole por su presunta implicación en el caso y procesarle, si así lo considera.

24 de septiembre. La 'trama Gürtel' financiaba ilegalmente al PP valenciano. Así lo recoge el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el 'caso Gürtel'. Éste apunta a la existencia de una doble contabilidad y a una serie de facturas falsas a cargo del PP valenciano.

25 de septiembre. Varias voces dentro del PP han desacreditado el informe policial, desde Mariano Rajoy a Ricardo Costa, pasando por Javier Arenas y Federico Trillo.

29 de septiembre. El magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), acuerda en un auto levantar parcialmente el secreto del sumario. En el listado de los 71 imputados en la causa, entre otros, está la mujer del senador del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar.

1 de octubre. La Fiscalía Anticorrupción recurre ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa por un supuesto delito de cohecho que se tramitaba contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

6 de octubre. El juez ha entregado a los abogados parte del sumario de la trama madrileña de 'Gürtel'. En él se habla de financiación ilegal en el PP de Galicia, en el de Valencia, sale el nombre de Alejandro Agag, cuñado de José María Aznar, y otros muchos políticos relacionados con el PP.

8 de octubre. Los tres diputados imputados en 'Gürtel' dejan el PP en la Asamblea de Madrid. Esperanza Aguirre asegura que no se pone "como ejemplo para nadie".

9 de octubre. El PP valenciano anuncia que propondrá el "cese temporal" de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano.

13 de octubre. El secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, asegura que no va a dimitir en un comunicado leído en la sede del partido en Valencia, donde reitera que ni él, ni Camps, han incumplido la ley, y recalca su lealtad al PP, a Camps y a Rajoy.

Horas después, Génova da por hecho la "suspensión" de Costa, pero el PP valenciano lo niega. Camps mantiene a Costa en el cargo, pese a que la dirección nacional del partido le considera destituido.

14 de octubre. La guerra entre el PP nacional y el valenciano parece tener un ganador, Mariano Rajoy. Francisco Camps destituye a Ricardo Costa de sus cargos como secretario general del PP valenciano y portavoz en las Corts. Génova estaba dispuesto a expulsar a Costa si éste se empeñaba en aferrarse a sus cargos.

15 de octubre. Rajoy comparece en rueda de prensa y asegura sobre Camps que mantiene "el mismo nivel de confianza de siempre". "No tengo ninguna duda sobre su honradez, dijo, antes de recordar que, "una vez archivado el caso en el TSJ de Valencia, no hay ningún elemento nuevo que haga que deba ser cesado". Además, adelantó que su voluntad es que siga siendo presidente de la Comunitat Valenciana y candidato en las elecciones de 2011. "A mí el señor Camps no me ha mentido", recalcó.

27 de octubre. El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ordena la puesta en libertad bajo fianza de 600.000 euros de Antoine Sánchez, uno de los tres imputados que, junto a los líderes de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo, permanecía en prisión preventiva.

23 de noviembre. Pedreira impone una fianza de 750.000 euros al diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y de 650.000 euros a Felisa Jordán, ex administradora de una de las sociedades de la trama de corrupción.

2010


25 de marzo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula las escuchas grabadas en la cárcel y ordenadas por el Juez Garzón entre los imputados y sus abogados.

5 de abril. El juez exige más de 200 millones de fianza a Correa y a sus colaboradores en "Gürtel".

6 de abril. Se levanta parcialmente el secreto de sumario. Entre otras cosas, los 50.000 folios de la instrucción recogen declaraciones de agentes de la Policía que dan por hecho que Luis Bárcenas cobró 1,3 millones de euros de la "caja B" de la trama "Gürtel".

8 de abril. Luis Bárcenas solicita la baja temporal como militante del PP y deja definitivamente sus funciones como tesorero del partido. Bárcenas, sin embargo, seguirá como senador por Cantabria. También pide la baja del PP el diputado Jesús Merino.

La frase del día la pronuncia Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid al asegurar, entre las carcajadas de la oposición, que ella "destapó la trama Gürtel".

9 de abril. María Dolores de Cospedal confirma que Bárcenas dejará de tener despacho en la sede nacional del PP, también asegura que "no ve obstáculos" para que el ex tesorero siga como senador adscrito al grupo popular.

13 de abril. La trama Gürtel salpica a Alejandro Agag, cuñado de José María Aznar. El 'cerebro' de la trama, Correa, fue testigo de honor en la boda de Ana Aznar y Agag. Leire Pajín asegura que la trama corrupta se introdujo en el PP de la mano de Agag y Ana Botella le defiende recordando que no está imputado.

14 de abril. El PP pagaba 350 euros la hora al bufete del prestigioso penalista Miguel Bajo por defender al imputado Luis Bárcenas.

16 de abril. El Tribunal Supremo ha confirmado la admisión a trámite de la querella presentada contra el juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación, en relación a la intervención de comunicaciones en prisión entre acusados del 'caso Gürtel' y sus letrados.

19 de abril. El ex tesorero del PP Luis Bárcenas presenta en el registro del Senado un escrito por el que renuncia a su escaño en esta Cámara, al igual que el también imputado en la trama Jesús Merino.

22 de abril. La 'mano derecha' del cerebro de la trama, Pablo Crespo, queda en libertad tras pagar 1,2 millones de euros. El juez le retira el pasaporte.

29 de abril. Franciso Correa, el jefe de la trama Gürtel, se llevaba el 2% de los contratos de los ayuntamientos madrileños de Boadilla y Majadahonda. También se desvela que los miembros de la trama compraron libros para aprender a delinquir y que Correa fue timado en varias ocasiones.

En el terreno judicial, un juez del Supremo cita a Baltasar Garzón el 10 de mayo para que declare como imputado por las escuchas que ordenó a los encarcelados por su relación con la trama.

El PSPV presenta un informe en Les Corts que asegura que la Generalitat valenciana "ha vulnerado la ley en más de 50 ocasiones" con fraccionamientos de contratos para evitar la publicidad y concurrencia.

1o de mayo. Baltasar Garzón asegura al juez que "las escuchas eran la única vía para no perder los fondos del Gürtel".

18 de mayo. El Tribunal Supremo argumenta su decisión de ordenar a la Justicia valenciana que se siga investigando a Camps por aceptar trajes de la trama Gürtel. El Supremo explica en su sentencia que considera delito el simple hecho de que Francisco Camps aceptara los trajes.

26 de mayo. El juez Pedreira, del TSJM, ve indicios de delito electoral y cohecho en el Gobierno de Camps y remite parte de la investigación al TSJ de la Comunidad Valenciana. Camps, por su parte, afirma que el caso "es un montaje" y asegura que "terminará en nada".

21 de julio. El juez Pedreira, del TSJM, , cita a declarar en calidad de imputados a dos empresarios y un funcionario del Ayuntamiento de Majadahonda, por los supuestos delitos de cohecho, falsedad y fraude fiscal dentro de la trama. Son Rafael Naranjo Anegón,Luis Valor San Román y José Luis Cortés Bañares.

1 de septiembre. Un nuevo informe policial incorporado al sumario del caso Gürtel insiste en que varios empresarios financiaron actos del PP valenciano pagando parte de la deuda que la formación política mantenía con la sociedad Orange Market.

2 de septiembre. El juez instructor del caso, Antonio Pedreira, ha concedido un plazo de diez días al ex diputado Jesús Merino y al ex senador Luis Bárcenas para que se personen en la causa tras la pérdida de su condición de aforados después de renunciar a sus escaños.

3 de septiembre. El Partido Popular ha levantado este viernes la suspensión de militancia al ex-secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, diez meses después de ser suspendido por su posible relación con la trama. También ha devuelto la militancia al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

26 de octubre. La Agencia Tributaria (AEAT) ha comunicado al instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el magistrado Antonio Pedreira, que carece de los medios humanos necesarios para poder tasar todos los bienes intervenidos en la causa.

18 de noviembre. El Tribunal Supremo deniega las pruebas solicitadas por el juez Baltasar Garzón en la causa que le investiga por ordenar las escuchas a los imputados en el caso Gürtel en prisión y sus abogados. Considera que esas diligencias no son esenciales ni imprescindibles.

29 de noviembre. El juez Antonio Pedreira levanta la práctica totalidad del secreto de la parte del sumario que se investiga en la Comunidad de Madrid. Además, solicita al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que investigue al presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago (PP), por los delitos de cohecho y prevaricación.

3 de diciembre. Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala que Francisco Correa diseñó desde la cárcel una estrategia para tratar de influir en los órganos judiciales encargados del caso y dio órdenes para que se controlaran las comisiones rogatorias internacionales que se acordaran para proteger sus intereses.

15 de diciembre. El magistrado Pedreira remite a la Sala Civil y Penal del TSJM su informe sobre la recusación planteada por la defensa de Correa y se aparta temporalmente del caso. La sala nombra en sustitución al magistrado Emilio Fernández Castro.

16 de diciembre. El TSJM decide no admitir a trámite la recusación contra Pedreira, quien retoma el caso.

2011


24 de enero. Un informe policial incorporado al sumario del caso Gürtel desvela que la trama de corrupción pagó en 2003 y 2004 estancias en hoteles y billetes de avión o tren al exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (PP) y a su familia por valor de 27.992 euros a través de la agencia de viajes Pasadena.

4 de febrero. El juez Pedreira prorróga otros dos años la prisión provisional para Correa y para el número dos de la trama, Pablo Crespo. A éste último, por otra parte, le rebaja la fianza de 1,2 millones de euros a 600.000 euros.

7 de febrero. El considerado cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, es ingresado en la Unidad Coronaria del hospital Gregorio Marañón de Madrid por un posible amago de infarto. Es dado de alta horas después y regresa a la prisión de Soto del Real.

10 de febrero. El magistrado Antonio Pedreira imputa al alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (PP), los delitos de negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias, así como por su posible colaboración como cooperador necesario en los delitos que se imputan a su predecesor Arturo González Panero. Acto seguido, Siguero comunica su dimisión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

11 de marzo. El ex diputado del PP Jesús Merino se desvincula durante su declaración ante el magistrado Antonio Pedreira del cobro de pagos de la red 'Gürtel' mediante la entrega de diversos documentos que le exculparían de su imputación de los delitos de cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

15 de julio. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictamina que el president de la Generalitat, Francisco Camps, sea juzgado por un delito de cohecho impropio ante un tribunal popular, junto a otros exaltos cargos del Gobierno autonómico y exdirigentes del PPCV, por haber recibido supuestamente regalos de la 'trama Gürtel'. Junto a Camps, serán juzgados el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, el exsecretario general del PPCV y actual miembro de la dirección del grupo popular en Les Corts Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

20 de julio. Francisco Camps dimite como presidente de la Generalitat valenciana por la 'causa de los trajes', aunque insiste en su inocencia. "Ahora estoy liberado para defenderme de estas infamias", dijo. Además, el exvicepresidente Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la consellería de Turismo Rafael Betoret se declaran culpables y pagarán la multa.


* 20 Minutos - 20.07.11
Foto: Gürtel, juez Garzón junto a 10 implicados - 20minutos

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El TSXG ratifica las condenas de los ediles implicados en el caso Gondomar

LAVOZ/Pontevedra* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso de apelación presentado por uno de los exconcejales de Gondomar condenados en septiembre del pasado año por un delito de cohecho cometido entre los años 2006 y 2007 cuando los condenados, Alejandro Gómez y José Luis Mosquera, ejercían las delegaciones de Urbanismo y de Cultura, respectivamente.
En la desestimación del recurso de apelación presentado por el abogado de Gómez, el Tribunal alega que, tanto Gómez como Mosquera, utilizaron sus cargos públicos para, «con ánimo de enriquecerse», obtener «cantidades de dinero» a cambio de «favorecer con sus votos» la incorporación en unos casos y el desarrollo, en otros, de proyectos urbanísticos que deberían ser incorporados el Plan General de Ordenación Urbana de Gondomar, informó el TSXG.

En la resolución judicial, dictada en septiembre de 2010 por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en Vigo, se rebajó considerablemente las penas solicitadas por el fiscal contra el ex concejal de Urbanismo de Gondomar, Alejandro Gómez, implicado en un delito de cohecho cuando formaba parte del gobierno municipal. Alejandro Gómez fue finalmente condenado a un año de inhabilitación para el desempeño de cargo público y al pago de una multa de 540.000 euros, frente al millón solicitado por el fiscal al término del juicio.

Por su parte José Luis Mosquera, que ocupaba el cargo de concejal de Cultura, fue entonces condenado a inhabilitación para desempeñar cargos públicos durante cinco meses, así como a pagar una multa de 135.000 euros, cantidad que coincide con la que había solicitado el fiscal en sus conclusiones.

La sentencia condenaba, finalmente, al arquitecto Borja Ramilo, también implicado en los hechos a cinco meses de inhabilitación para trabajar con la administración y al pago de una multa de 67.500 euros, lo que supone 3.000 menos de lo que había demandado el fiscal al finalizar la vista.

La sentencia encontraba probado que estas tres personas son culpables de cohecho, al solicitar dinero a cambio de ofrecer su apoyo a proyectos urbanísticos en el municipio.

El juicio, se celebró con jurado popular, y desde el primer momento el ex concejal de Cultura y el arquitecto reconocieron los hechos, e implicaron en los mismos al ex edil de Urbanismo, que negó en todo momento su participación en este complot.

El fiscal había rebajado considerablemente las peticiones iniciales para Mosquera y Ramilo, en base a la colaboración que habían prestado durante todo el proceso, al reconocer su participación en los hechos. Asimismo, la sentencia reconocía la inocencia de la ex novia de José Luis Mosquera, Belén Fernández, a la que al inicio del juicio se le pedía una sanción de 135.000 euros.

Las detenciones de los cuatro acusados se registraron a principios del año 2007, después de que un promotor inmobiliario, de acuerdo con efectivos de la Guardia Civil, abonase dinero, en concreto 60.000 euros, a José Luis Mosquera tras una reunión en la que se negoció el pago a cambio de favores urbanísticos.


* La Voz de Galicia - EFE - 21.07.11
Foto: Gondomar (Pontevedra), vista - urbact

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BCN.- Los Mossos identifican a 122 personas en un mediodía tenso con los indignados

ELPERIÓDICO* : Los indignados han puesto fin, a las cuatro de la tarde, a una jornada de protestas que se había iniciado a primera hora de la mañana con el infructuoso intento de cortar el tráfico en la Diagonal y la Meridiana y que ha registrado momentos de tensión, especialmente cuando, después de una manifestación celebrada en el paseo de Gràcia, los participantes han sido retenidos a la salida de la estación de metro de Ciutadella-Vila Olímpica. En este lugar la policía autonómica ha identificado a 77 personas, que se han sumado a las 45 que habían pasado por el mismo trámite en la calle de Rio de Janeiro, cerca de la Meridiana. Los Mossos, que no han llevado a cabo ninguna detención, han justificado esta actuación porque "se ha celebrado una manifestación que no había sido comunicada oficialmente y por los desperfectos causados en el centro de Barcelona".

Antes de dar por finalizada la protesta con aplausos en solidaridad con los trabajadores del centro sanitario, que a esa hora celebraban una asamblea para evaluar los despidos que se preven aplicar en el hospital, el más de un centenar de indignados reunidos allí han aplaudido a rabiar la segunda vez que la pancarta que presidía su marcha ha podido ser colgada en la vidriera principal del centro sanitario. "Un hospital vale más que un capital. No al cierre del Hospital Dos de Maig".

La primera vez que la han colocado, sobre las dos y media, dos guardas de seguridad del centro han procedido a retirarla. Pero minutos después, ha vuelto a ocupar el mismo lugar.

Media hora antes, la manifestación había llegado a su final: el Hospital del Mar, y allí el grupo de indignados habían recibido refuerzos. Medio centenar de médicos y personal sanitario se ha sumado a la protesta por los recortes de los presupuestos de la Generalitat. A las dos de la tarde, más de un centenar de indignados ocupaban la acera del paseo marítimo de la Barceloneta, frente al hospital, y, del otro lado, les acompañaban los trabajadores del centro. En el centro, en la carretera, agentes de los Mossos vigilaban que todo transcurriera con normalidad. La tensión era visible.

A lo largo de la mañana los Mossos han llevado a cabo 45 identificaciones en la calle de Rio de Janeiro (Meridiana) y ninguna detención. Tampoco se ha producido ningún arresto tras las 77 identificaciones que los agentes han llevado a cabo en la salida del metro de Ciutadella-Vila Olímpica. En este punto la identificación ha durado hora y media bajo un sol de justicia.

Rodeados e identificados
En la estación de metro, las fuerzas de seguridad han acordonado a la treintena de indignados que entonces se dirigían hacia el Hospital del Mar. Al salir de la estación de Ciutadella-Vila Olímpica, al filo de las 12.30 horas, el grupo se ha encontrado con un cordón policial de una treintena de Mossos. En ese punto se han producido alguno de los momentos más tensos de la jornada, cuando varios agentes han entrado en la estación y se han colocado por detrás del grupo, de manera que los manifestantes han quedado rodeados.

Tras algunas carreras y gritos, los agentes, unos 30, se han puesto a hablar con los indignados, que a esas horas son otra treintena. Los agentes han procedido a pedirles la identificación a varios de ellos. Según los Mossos, el objetivo de esta medida es identificar a los autores de los desperfectos ocasionados esta mañana en el mobiliario urbano y porque se están manifestando de forma "ilegal" ya que no han comunicado la celebración de la manifestación.

A la zona han ido llegando otros indignados en solidaridad con los retenidos.

Cortes en el paseo de Gràcia
Un rato antes, el grupo de indignados sumaba el centenar. Entonces marchaban por el paseo de Gràcia hacia el Hospital del Mar y han llegado a cortar un carril de bajada y otro de subida del paseo. Después se han encaminado a la estación de metro para trasladarse en transporte público hasta el centro sanitario.

Hacia las 10.30 horas se han concentrado en los Jardinets de Gràcia, punto de partida de la marcha. Durante el recorrido, los manifestantes han colgado carteles con el lema "Culpables" en los edificios emblemáticos del paseo así como en sedes de empresas y bancos y edificios de la Generalitat.

La manifestación la encabeza una pancarta en la que se puede leer Un hospital vale más que un capital. Durante su protesta, los manifestantes se han solidarizado con los trabajadores de un comercio que llevan cuatro meses sin cobrar.

Poca gente en Diagonal y Glòries
Esta mañana, aún más temprano, también ha tenido escasa incidencia los cortes de tráfico anunciados para las 07.30 horas en los principales accesos a Barcelona (en la zona universitaria por la avenida de la Diagonal y en Trinitat-Glòries) para protestar por los recortes en los presupuestos de la Generalitat. La convocatoria de los indignados ha tenido un bajo seguimiento. Una treintena de personas han participado en el corte frustrado de la Diagonal y apenas siete se han concentrado en Glòries.

En la Diagonal, el corte ha durado un minuto, el tiempo que han tardado los Mossos d'Esquadra en desalojar a los manifestantes. Estos han tenido tiempo de leer un manifiesto antes de retirarse y emplazar al colectivo a una nueva asamblea para decidir futuras acciones.

Cordón policial en Ciutadella
El miércoles, un cordón policial establecido por los Mossos d'Esquadra en la calle Marqués de la Argentera impidió que la manifestación que habían convocado en protesta por los recortes llegara al Parlament de Catalunya, en el parque de la Ciutadella.

Ante la imposibilidad de acceder al parque, los organizadores improvisaron una asamblea ante el edificio de la Estació de França de las más de 30.000 personas que según ellos participaron en la marcha --7.500 según los Mossos y la Guardia Urbana--.

La manifestación se inició en la plaza Catalunya de Barcelona tras una pancarta que rezaba "La calle es nuestra. No pagaremos su crisis". En primer lugar, la marcha se dirigió al edificio de la Bolsa, que estaba custodiada por cuatro furgonetas de los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra y con su perímetro vallado. Los indignados lanzaron consignas contra la Bolsa como "¡Manos arriba esto es un atraco!" y "¡No hay pan para tanto chorizo!". No se produjeron incidentes.

Pintadas y carteles
Los manifestantes siguieron después su camino hacia el Parlament, pasando por delante de la sede de la patronal Fomento del Trabajo, en un marcha en la que se tardaba 20 minutos en recorrer la distancia entre la cabecera y la cola.

Al paso por la calle Consell de Cent, algunas personas pintaron los escaparates de tiendas de productos de lujo, como la de Ferrari --que cerró su puerta principal--, con leyendas como "Vuestro lujo es nuevas miseria" y "Miles de personas durmiendo en la calle. Esto es violencia".

También colocaron carteles en las sucursales bancarias con la palabra "Culpable" y han exhibido otra pancarta con el lema "La usura es la justificación de la estafa". Entre los manifestantes también se encontraban colectivos de emigrantes.


* El Periódico - 21.07.11
Foto: Los indignados protestan ante el Hospital del Mar.- elperiodico

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15 datos que explican el 15M

VÍCTOR LENORE* : 1. Entre 2008 y 2009 se emplearon 18 billones de dólares en rescates financieros en todo el mundo, unas trescientas veces la cantidad anual adicional necesaria para acabar con el hambre en el mundo.
2. El salario mínimo en España en 2012 alcanzará un máximo de 657 euros. De toda la Unión Europea, sólo Portugal lo tiene más bajo. Zapatero prometió que llegaría a los 800 euros al final de su legislatura. En la "quebrada" Grecia el salario mínimo es de 739,7 euros.
3. Los gastos para mantener una familia en 2002 eran de unos 15.970 euros al año. En 2009 eran de 30.411. No sólo ha subido el coste de la vida, sino también se han estancado los salarios y ha aumentado el paro, que hoy se acerca a lo cinco millones de personas.
4. España es uno de los países con mayor desigualdad salarial de la Unión Europa. La diferencia entre los trabajadores que más y menos ganan es 6.0. En Suecia este diferencial es sólo 3.70, en Dinamarca 4.60 veces y en Finlandia 3.70 veces. En Portugal es 6.0 veces y en Rumanía 6.7. Todo esto sin contar las inmensas desigualdades de patrimonio.
5. Una de las noticias más vistas de la primavera en la web de Expansión se titulaba "Trabajar sin sueldo, la nueva realidad". El artículo arrancaba con la siguiente frase: "Quienes trabajan gratis tienen más ambición, más hambre que aquellos que perciben un salario. Y además son más creativos". No es solo una fantasía empresarial: "Cada vez más gente está dispuesta a trabajar sin percibir un sueldo. No se trata de pasantías, prácticas o jóvenes recién licenciados que buscan su primer empleo. Hablamos de profesionales, más o menos cualificados, que persiguen la promesa de un puesto futuro, una experiencia profesional o un impulso a su autoestima, sobre todo en tiempos difíciles. Y están dispuestos a hacerlo sin cobrar".
6. En abril de 2010 el fondo de rescate del gobierno español para las instituciones bancarias era de 90.000 millones de euros, sacados de los impuestos de todos los contribuyentes.

7. El gobierno no tiene entre sus planes aumentar significativamente la fiscalidad de las rentas más altas, ni crear un impuesto sobre las grandes fortunas, ni reducir los 8.000 millones de euros anuales para defensa, ni la financiación de la Iglesia católica (unos 6.000 millones de euros), ni tan siquiera la partida presupuestaria de la Casa Real (casi 9 millones de euros).

8. El 1 de septiembre de 2010, según recoge el diario El País, el presidente Zapatero explicó sus prioridades respecto a la crisis: "Estamos abordando las reformas que más preocupan a los inversores internacionales".

9. Se calcula que el 93,4% de los contratos realizados tras la reforma laboral fueron temporales. La precariedad continúa dominando el mercado laboral, la única diferencia es que ahora los despidos son más baratos.

10. El uno por ciento más rico de las personas en España pagan sólo el 20% de lo que paga el uno por ciento más rico de Suecia. Si España tuviera el sistema fiscal sueco, el estado ingresaría 200.000 millones de euros más de los que recibe.

11. Según Gestha, el sindicato de los inspectores de hacienda en nuestro país, el fraude fiscal anual en España es de 165.000 millones de euros.

12. El plan de ajuste que promulgó el gobierno de Zapatero en mayo de 2010 ahorró unos 18.000 millones de euros, según cálculos oficiales. Si hubiera combatido o eliminado el fraude nos habríamos ahorrado el ajuste y hubiéramos ingresado unas cuantas veces más de lo que ha costado.

13. Tax Justice Network calcula que la cantidad de activos de individuos situados en paraísos fiscales asciende a 11,5 billones de dólares. Esto representa una perdida de recaudación de 250 mil millones de dólares anuales.

14. Los flujos transfronterizos de evasión de capitales a nivel mundial se acercan al billón de dólares. Es decir, cada año se pierde la posibilidad de cobrar impuestos al equivalente de una economía como la española, que genera un PIB de un poco más de un billón de dólares.

15. Entre 2007 y 2011 se producirán cerca de 500.000 ejecuciones hipotecarias en el estado español. Centenares de miles de familias que serán desahuciadas de sus casas por las mismas entidades financieras que han provocado la crisis y que han sido rescatadas con dinero público.


Información extraída de El País, Expansión y Plataforma de Afectados por la Hipoteca, así como de diversos artículos del sociólogo Isidro López, el economista Vicenç Navarro y el periodista Ignacio Ramonet.

Fuente: http://organizacionporfavor.wordpress.com


* Kaos en la Red - Opinión - 18.07.11

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Greenpeace denuncia que los puertos son la mayor amenaza del litoral español

ELPAÍS* : Más de doscientos kilómetros, el equivalente a la distancia que existe entre Valencia y Mallorca. Eso es lo que ocupan los puertos del Estado en el litoral español, una superficie nada desdeñable si se comparan los 20 kilómetros de la dársena de Vigo con los 2,3 que tiene el complejo Marina d'Or, símbolo de la desnaturalización del litoral. Sin embargo la infraestructura portuaria sigue creciendo y casi el total de los muelles (20 de 28) está ejecutando o tiene planificados proyectos de ampliación, 14 de los cuales implican ganar terreno al mar, en contra de la política de racionalización de infraestructuras que propugna el ministerio de Fomento. La organización ecologista Greenpeace ha realizado un análisis de la situación de estas instalaciones en su informe anual Destrucción a toda costa y ha concluido que el exceso de proyectos portuarios está generando una burbuja infraestructural que da el relevo a la especulación inmobiliaria. "Muchos están tan próximos que compiten entre sí para acaparar el comercio marítimo, lo que terminará por gestar puertos fantasma que no tendrán barcos en el futuro", señala Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de la ONG.

El documento revela que solo cuatro autoridades portuarias -Valencia, Algeciras, Barcelona y Bilbao- concentran más del 70% del tráfico de mercancías. Esto contradice la alerta de autoridades portuarias que lleva anunciando desde 2004 el colapso de estas instalaciones, tal y como señala Marcos.

El Plan Estratégico de Infraestructuras (PEIT) prevé aumentar de aquí a 2020 la superficie portuaria en un 75% con una inversión de 22.000 millones de euros. Sin embargo, de este porcentaje solo un 38% se destinará a uso portuario y el resto quedará inutilizado, según la información que maneja Greenpeace. Sólo en el año 2010 Fomento ha invertido 911 millones de euros en grandes obras portuarias a pesar de que en 2009 el transporte marítimo internacional bajó un 4,5%, situándose en un nivel inferior al de 2007. También la Unión Europea financia muchos de estos proyectos, concretamente entre los años 2007 y 2013 va a otorgar a los Puertos del Estado una cantidad superior a los 800 millones de euros. "Los Fondos Europeos no deben continuar financiando la destrucción ambiental, sino integrar políticas transversales de medio ambiente con las de desarrollo de infraestructuras", defiende Pilar Marcos. "No sólo la generosidad europea ha contribuido a la financiación de los proyectos, también la especulación ideada por ayuntamientos y puertos ha contribuido en gran manera a financiar puertos y a destruir el litoral", ha añadido. Puertos del Estado se defiende de esta acusación y remite al ministerio de Fomento que mantiene que todos los proyectos de ampliación respetan la normativa vigente.

Intereses políticos y especulación del suelo

La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace ha denunciado que los puertos del Estado están regidos por lo que denomina "puertas giratorias". "El nombramiento del director de la Autoridad Portuaria es político y lo realiza el Gobierno de la comunidad autónoma en la que se encuentra. Estas cabezas visibles cambian con las elecciones y carecen de un conocimiento profundo de la logística y el tráfico marítimo", recuerda Marcos. Como ejemplo de la falta de independencia política, la ONG destaca el caso de Corina Porro (PP), alcaldesa de Vigo entre 2003 y 2007, que después fue presidenta de la Autoridad Portuaria para pasar después a la cabeza de lista del Partido Popular de Vigo en los comicios de 2011. Citan también a Miguel Buen, diputado por el PSOE en el Parlamento vasco entre 2004 y 2007, y presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia desde 2009 a 2011, cuando dejó la presidencia para presentarse a las elecciones para Diputado General por Guipuzkoa mientras un pacto entre PSOE y PNV insta a la ampliación del puerto exterior de Pasaia.

"Es necesario un cambio de la actual política de hormigón en el litoral. Seguimos invirtiendo dinero público en infraestructuras nocivas que son pan para hoy y hambre para mañana. No se están analizando las necesidades reales del sistema portuario ni se tienen en cuenta los costes ambientales ni daños a otros sectores claves para España como el turismo o la pesca", ha declarado Miren Gutiérrez, directora de Greenpeace. Gutiérrez sostiene que una costa sana puede dar hasta 41 euros por hectárea al año y lo hace basándose en el informe de Valoración de los activos naturales de España, realizado por el ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marítimo.

La destrucción costera también afecta a las especies de la zona y elimina la capacidad natural de la costa de amortiguar y adaptarse a los efectos de la subida del nivel del mar por el cambio climático. Por ese motivo, Greenpeace solicita un cambio de modelo en el que se apruebe la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa para armonizar todas las actividades en la franja costera (turismo y pesca), se ponga freno a los fondos europeos que financian infraestructuras de gran impacto ambiental, se apruebe una Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Sectorial de Puertos que evalúe el impacto de las dársenas y sus estructuras asociadas y que se apueste por una reforma fiscal verde para que las actividades más dañinas sobre el litoral tengan un coste extra.

La situación de los puertos del Estado por Comunidades Autónomas
El informe destaca a Andalucía por la privatización de playas de uso público del Puerto de Almería, el dragado del Guadalquivir o los intentos por destruir el Parque natural del Estrecho en Algeciras. Greenpeace ha denunciado cómo los puertos han privatizado la primera línea de la costa y algunos municipios netamente marineros han perdido el acceso a la fachada marítima, como los puertos de Málaga, Algeciras y Alicante.

Cataluña es un caso a tener en cuenta por la constante expansión del puerto de Tarragona sobre espacios protegidos como Els Prats de Vila Seca y la privatización en Barcelona de suelo portuario para la construcción de hoteles de lujo como Port Vell.

La Comunidad Valenciana es el ejemplo más claro de "despilfarro y construcción desmedida". Greenpeace lamenta "los planes faraónicos" de su autoridad portuaria para ampliar el puerto, ocupando una superficie mayor que el de Hong Kong pese a que moverá "un volumen de contenedores diez veces menor".

En la Región de Murcia, el informe alerta sobre el impacto ambiental del muelle de Escombreras, que ha destruido 50 hectáreas de fondo marino, y se hace alusión al proyecto de macropuerto en El Gorguel con 1.500 millones de euros de presupuesto, promovido por la AP de Cartagena.

Pasaia es el puerto exterior más preocupante del País Vasco, ya que los planes de construcción incluyen la destrucción de varios espacios naturales protegidos como el monte Jaizkibel.

En Galicia se hace referencia al presupuestario para la construcción del puerto exterior de Langosteira en A Coruña, que ha pasado de un presupuesto inicial de 479 millones de euros a unos 1.000 millones; así como el relleno ilegal de hormigón ejecutado por la AP de Marín o la depredación sin parangón del AP de Vigo con 20 kilómetros de la ría ocupados por sus infraestructuras.

Por último, en las islas Baleares se menciona el impacto ambiental de la ampliación del puerto de Ibiza y las inviables medidas correctoras sobre la Posidonia oceanica que está siendo destruida con la obra; mientras que en Canarias, el puerto de Granadilla promovido por la AP de Santa Cruz de Tenerife, se considera "el mejor ejemplo de todo el país" de una infraestructura portuaria sin justificación ambiental ni económica.


* El País - AURORA MUÑOZ - Madrid - 20/07/2011
Foto: Pasaia (Guipuzcoa).- Durante las décadas de los sesenta y los setenta, fue un puerto bacaladero de gran importancia, con una flota de altura de 280 embarcaciones y miles de trabajadores. Greenpeace critica que hoy la flota pesquera ha disminuido drásticamente y que la ría es uno de los puntos de la costa vasca donde la contaminación es más grave debido a la proximidad de las áreas urbanas e industriales.- GREENPEACE / COLECCIÓN PRIVADA/ PEDRO ARMESTRE

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Valladolid.- El Constitucional congela la estación de Meseta Ski

PÚBLICO* : El Tribunal Constitucional le ha parado los pies a la Junta de Castilla y León en su intención de abrir una estación de esquí en Valladolid. En un auto publicado el martes, el alto tribunal confirma la suspensión de una ley aprobada en 2010 en el Parlamento regional gracias a la mayoría absoluta del PP y que daba vía libre a la estación Meseta Ski, una instalación edificada sobre un monte de Villavieja del Cerro (Valladolid) que se quemó en 1999. El proyecto, cuya construcción está casi terminada, había sido paralizado antes por vulnerar la Ley de Montes, que prohíbe edificar sobre terreno quemado durante 30 años.
El auto confirma "la prevalencia del bien jurídico ambiental, expresado en este caso en la regeneración de la masa forestal, sobre el desarrollo de determinadas actividades económicas". La decisión supone el cierre cautelar de la estación hasta que el tribunal dicte una sentencia definitiva. También prolonga un culebrón judicial que comenzó en 2006, cuando los ecologistas interpusieron las primeras denuncias contra el proyecto, promovido por la Diputación de Valladolid.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León paralizó el proyecto por vulnerar la Ley de Montes pero la ley aprobada por la Junta en 2010, presidida por Juan Vicente Herrrera y que también contó con el apoyo del PSOE, permitió reiniciarlo.

En marzo, fue el Abogado del Estado quien, en nombre del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, denunciaba la inconstitucionalidad de la norma, lo que obligó a congelar el proyecto cinco meses. El Constitucional amplía ahora esa congelación hasta que dicte sentencia, lo que puede llevar años, según Ecologistas en Acción, que celebró hoy la decisión. "La ley vaciaba de contenido la Ley de Montes y abría el camino para recalificar terreno quemado", explicó este lunes Miguel Ángel Ceballos, portavoz de la organización ecologista.


* Público - 20.07.11
Foto: Villavieja del Cerro (Valladolid), proyecto Meseta Ski - publico

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Citan como imputado al exconseller balear de Trabajo

QUÉ/Palma* : El titular del Juzgado de Instrucción 8 de Palma, Antoni Rotger, ha citado a Huguet a las diez de la mañana y, una hora después, ha pedido la comparecencia de un comercial de la empresa Sener, José Luis Cardona, han informado a Efe fuentes jurídicas. Estas citaciones responden a la operación policial Poseidón dirigida por la Fiscalía Anticorrupción el pasado junio, que deriva del caso Mar Blau de supuesta corrupción en torno a la adjudicación de varios concursos por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares en la legislatura 2003-2007 de Jaume Matas.
En esta ramificación se investiga un concurso concedido supuestamente de forma irregular a la empresa Sener por parte de la Dirección General de Puertos del Govern balear cuando Huguet era el responsable de este departamento (desde 2003 hasta 2004, momento en que Matas le nombró conseller de Trabajo).

La operación Poseidón concluyó con la detención de tres personas: el exdirector de la Autoridad Portuaria Ángel Matías, defendido por José Zaforteza; el ingeniero Justo Aguado, representado por Carlos Barceló, y el comercial de Sener José Luis Cardona.

Antes que director de Puertos, Huguet fue conseller de Obras Públicas, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en el Consell de Menorca durante el mandato 1991-95 que presidió Joan Huguet y, en 1997, durante la primera legislatura de Jaume Matas, fue nombrado director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Govern.

Con la imputación de Huguet, son ya seis (de trece) los consellers del Govern presidido por Matas durante la legislatura 2003-2007 encausados en diferentes casos de supuesta corrupción.


* Qué - Efe - 19.07.11
Foto: Palma, parlamento balear - picasaweb.google.com

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El juzgado ejecuta el desahucio de Maria Jose gracias a la ocupación policial del barrio de Pueblo Nuevo

AFECTADOSPORLAHIPOTECA* : Ejemplar respuesta de la ciudadanía, que en una manifestación espontánea marcha hasta la junta de distrito de Ciudad Lineal.
Esta noche, María José del Coto y sus dos hijos no podrán regresar a la casa en la que habitaban desde hace 25 años para pasar la noche. La Caja de Ahorros del Mediterráneo, que va a recibir 2.800 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha conseguido esta mañana su objetivo de hacerse con la vivienda de esta familia humilde. No lo ha tenido fácil. Tras un primer intento de desahucio que fue frenado por 200 personas el pasado 6 de julio, hoy ha tomado posesión de la casa gracias a un operativo policial digno de final de la Champions. Al menos 12 furgonetas de la brigada antidisturbios de la Policía Nacional y una dotación de los nuevos antidisturbios de la Policía Local han impedido a los centenares de solidarios que han tratado de acercarse al nº140 de la calle Virgen del Lluc bloquear a la comitiva judicial encargada de ejecutar el desalojo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid condena este abrumador despliegue policial y resalta que se persiga, reprima y hostigue a las personas más vulnerables, mientras los “ladrones de guante blanco” que originaron la actual crisis, entre los que se encuentran numeroso bancos, no sólo campan a sus anchas sino que reciben ayudas públicas millonarias.

De la misma forma, muestra su repulsa por la actitud de la jueza titular del Juzgado de Primera Instancianúmero 31 de Madrid, que ha usado un procedimiento de urgencia para dictar una segunda orden de desahucio y expulsar a María José y sus dos hijos de su única vivienda. En un hecho sin precedentes, la jueza había solicitado “todos los medios necesarios” para llevarlo a cabo.

De esta manera, a las 8h, media hora antes de la acción convocada por la PAH y las asambleas del 15-M de Ciudad Lineal para paralizar el desahucio de esta familia de Pueblo Nuevo, más de 10 furgonetas de antidisturbios han irrumpido ante el domicilio de María José. Decenas de agentes se han lanzado nada más llegar a por las diez personas que en ese momento se encontraban ante el portal, que han resistido abrazadas y en el suelo unos minutos su traslado. Mientras tres solidarios encadenados acompañaban a María José dentro de su vivienda, unas 400 personas se concentraban en tres puntos de acceso a la calle de la vivienda, ante un imponente cordón policial, un operativo que sólo ha generado temor entre los vecinos del barrio. Esta vez, los secretarios judiciales cumplieron su poco digna tarea de echar a una familia sin recursos a calle. Tras el desahucio, María José, además de agradecer a los manifestantes su solidaridad, resumió su situación y la que hoy en día viven miles de familias en España: “No soy una morosa, soy pobre”.

Tras el desahucio, los concentrados se han dirigido hasta la sucursal que le concedió el crédito hipotecario, en la calle José del Hierro, y, después de dejarla llena de pegatinas con la rúbrica “Este banco engaña, estafa y echa a la gente de su casa” se han trasladado hasta la Junta Municipal de Distrito. Para ello, en una improvisada y ruidosa manifestación, cortaron dos de los carriles de las calles Arturo Soria y Hermanos García Noblejas. En la sede municipal, 132 personas registraron una petición para que el Ayuntamiento de Madrid, como institución más cercana a la familia desahuciada, encuentre una solución habitacional para ésta.

La PAH, que trabaja mano a mano con las asambleas del 15 M en este tipo de acciones, quiere resaltar el comportamiento ejemplar de la ciudadanía, que con su desobediencia pacífica ha logrado de nuevo visibilizar la enorme injusticia que supone dejar a una familia en la calle mientras los bancos llenan sus arcas con dinero de todos y todas. Tal y como indicó uno de sus portavoces tras el desahucio, “esto no es una derrota. Cientos de personas se han manifestado contra esta injusticia. Y así seguiremos. Tratando de parar desahucio tras desahucio, exigiendo que se respete uno de los derechos humanos básicos, el de no ser despojado de la vivienda sin alternativa habitacional”.

Por ello, aunque no la organiza, la PAH invita a la ciudadanía a la acción que la Asamblea de Carabanchel del 15-M organiza para el próximo viernes 22 para bloquear el desahucio de una inquilina del IVIMA.


* Afectados por la Hipoteca - 20.07.11
Foto: protesta Plataforma afectados en Madrid - afectadosporlahipoteca


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Pacto con penas mínimas y sin prisión para la exconcejal de Obras de Chipiona

DIARIODECÁDIZ* : La Audiencia Provincial de Cádiz escenificó ayer un episodio más de tolerancia y permisividad con las construcción ilegal de viviendas. Margarita Lorenzo, exconcejal de Obras del Ayuntamiento de Chipiona llegó al Palacio de Justicia para enfrentarse a una petición fiscal de cuatro años y medio de cárcel y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Estaba acusada de prevaricación y falsedad documental por haber facilitado agua y luz a más de cien viviendas enclavadas en suelo no urbanizable. Poco después, Lorenzo salió de la Audiencia con una condena mínima. Los mismos delitos pero nada de prisión sino 15 meses de suspensión de empleo o para cualquier cargo de elección. También inhabilitación pero sólo para trabajar o ejercer un cargo relacionado con el área de Urbanismo.
Antonio Blanco, encargado de Obras y Servicios Municipales, acusado también de los mismos delitos y con las mismas penas en la petición fiscal, logró una condena como la de la exedil.

Los abogados defensores de ambos pactaron con la fiscal y obtuvieron así una sentencia de conformidad que no pasará desapercibida para otros imputados por hechos similares ocurridos en otro municipios que están pendientes de procesamiento y de juicio.

La Sección Cuarta redactará ahora la resolución pactada entre la Fiscalía y las defensas de los dos procesados. Si no hay algún cambio no comentado ayer, recogerá como hechos probados los que relata la calificación provisional de la Fiscalía. Esto es, que la entonces concejal delegada de Obras y Servicios y el encargado de ese área municipal hicieron exactamente lo contrario de lo que dispone la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: en lugar de impedir que les fuese facilitada agua potable y energía eléctrica a los propietarios de viviendas construidas ilegalmente, elaboraron resoluciones e informes destinados a que el agua y la luz llegase a esas casas.

Las resoluciones se dictaban sin tramitar ningún expediente, sin contar con informe jurídico que avalase esa actuación y en la mayoría de los casos contaban con un informe tipo que invariablemente y de forma estereotipada aludía a una supuesta escasez de recursos económicos e ingresos de los solicitantes, a una supuesta situación social difícil, a supuestas situaciones de insalubridad higiénico sanitarias para el caso de no concederse la luz y el agua y a un supuesto nuevo desarrollo urbanístico de la zona que en todos los casos estaba "en vías de solución".

Las autorizaciones eran realizadas para burlar lo dispuesto en el artículo número 175 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece la obligación de que las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y servicios de telecomunicaciones exijan, para la contratación provisional de los respectivos servicios, la acreditación de licencia de obras y, para la contratación definitiva, la licencia de ocupación o de primera utilización.

Pese a que las autorizaciones eran concedidas en ocasiones para parcelas en las que no había construcción alguna o para cuartos de aperos, señala el escrito de acusación de la Fiscalía, el informe del encargado de Obras y Servicios Municipales mencionaba siempre la existencia de una "vivienda en zona consolidada urbanísticamente de hecho".


* Diario de Cádiz - 19.07.11
Foto: Chipiona (Cádiz) - uca.es

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Hipotecados, desahuciados y precarizados

ENRIC LLOPIS* : Terminó el festín inmobiliario y llegó la resaca. No queda rastro de la época –entre 2003 y 2005, el periodo central de la burbuja- en que el estado español construía más viviendas que Reino Unido, Francia y Alemania juntos. La banca y las grandes constructoras alimentaron un modelo, con la ayuda de los gobiernos de todo signo y administración, que al reventar a finales de 2008 ha dejado tasas de paro superiores al 20% y medio millón de hogares que según Cáritas han agotado todos los sistemas de ayuda.
Un paradigma fundamentado en el consumo a crédito y que aspira a convertir al ciudadano en propietario de una vivienda, por encima de otras fórmulas como el alquiler, contiene en potencia una dramática secuela: los desahucios. Y es lo que ha ocurrido al pinchar la burbuja inmobiliaria. Desde 2007 al primer trimestre de 2011 se han iniciado unas 300.000 ejecuciones hipotecarias en el estado español, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. O lo que es lo mismo, cerca de un millón de personas han perdido la vivienda al no poder afrontar el pago de la hipoteca. En el primer trimestre de 2011 se han producido 15.600 desahucios, el triple que en el mismo periodo que el año anterior (una media de 175 desahucios diarios).
Las cifras en frío no debieran esconder el drama humano que subyace a cada caso. Para hacer frente a esta “vulneración de los derechos fundamentales” y apoyar “a las familias que se quedan en la calle o se les condena a una deuda perpetua”, nació hace dos años en Barcelona la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), una organización que –al calor de la recesión y los embargos- crece exponencialmente (a fecha de hoy trabajan 25 plataformas en todo el estado). Además, sindicatos, partidos de izquierda, más de 100 ayuntamientos, Parlamentos autonómicos, organizaciones vecinales y de consumidores, colectivos de jueces y colegios de abogados, ONG, el movimiento 15-M y Democracia Real-Ya han defendido públicamente los postulados de la plataforma.

¿Cuáles son estos planteamientos? El más inmediato y consabido, la dación en pago; esto significa la cancelación de la deuda hipotecaria, dada la imposibilidad de asumirla, con la entrega de la vivienda al banco; No es ninguna novedad pues ya se aplica en algunos países de la Unión Europea y Estados Unidos. La propuesta tiene un matiz: se aplicaría sólo en los casos de residencia habitual y deudores de buena fe. “Se trata de un objetivo de mínimos que con el tiempo se ha convertido en un clamor popular”, afirma Rosana Montalbán, portavoz de la PAH en Valencia. En los casos de las personas ya desahuciadas se debiera, según esta organización, poner en práctica la dación en pago con carácter retroactivo.

Pero una idea tan elemental como la dación en pago se ha topado con la oposición radical de la banca, que incluso ha filtrado informes interesados sobre la supuesta hecatombe que implicaría esta medida. ¿Tiene fundamento este alarmismo? Estudios de la Plataforma señalan que si se aplicara la dación en pago, el sistema financiero tendría que asumir pérdidas que oscilan entre los 12.000 y los 15.000 millones de euros, cuando los beneficios de los cinco grandes de la banca española en 2010 rondan esta última cifra. Por tanto, “el problema no es lo que pierden, sino lo que dejan de ganar adjudicándose unas viviendas a precios de saldo, en lo que constituye un claro ejemplo de acumulación por desposesión”, explica Montalbán.

Además, hay argumentos más que sobrados para achacar a los bancos gran parte de la responsabilidad en la actual crisis, pues tasaron las viviendas por valores claramente inflados, concedieron muchas veces las hipotecas por un importe superior en un 80% al valor de tasación, a plazos que podían alcanzar los 50 años, y, para rematar, aplicaron cláusulas abusivas. La portavoz de la plataforma de afectados se lamenta de la impunidad de las entidades financieras: “Parece que estamos obligados a sufragar la negligencia e irresponsabilidad de una banca que además de generar la crisis, expulsa de sus viviendas a centenares de miles de familias”.

Otros interrogantes quedan por despejar en la actuación de la banca. ¿Por qué se ejecutan las hipotecas de familias con pocos recursos y no a las empresas del ladrillo? Más aún cuando constructoras y promotoras concentran el 73% del crédito moroso de los bancos (80.000 millones de euros), mientras que el de las familias no pasa del 27% (30.000 millones). Y, según la PAH, el valor de los activos recogidos en el balance de los bancos como garantía de los préstamos suma 48.000 millones de euros en el caso de las grandes constructoras, el doble que los de las familias. Argumentos y alternativas no faltan pero la banca se ceba con los más vulnerables.

El otro bastión contra la dación en pago lo configuran los partidos políticos mayoritarios –PSOE y PP- que, con el apoyo de CIU, han bloqueado de manera sistemática en el Congreso su aprobación. “Por si hubiera pocas pruebas –explica Yolanda Prats, otra de las portavoces de la Plataforma- este rechazo ahonda en la crisis de representatividad de la que adolece la democracia española”. El gobierno de Zapatero, más débil que nunca y en pleno frenesí desregulatorio, sólo se ha atrevido a arbitrar dos medidas que Prats califica de “insuficientes” y “cobardes”: ascender el límite inembargable de 641 a 961 euros y aumentar del 50 al 60% el porcentaje por el que el banco puede adquirir la vivienda embargada que no sale a subasta.

Si la dación en pago es la idea que suscitado la mayor parte de los debates y la atención mediática, ciertamente no es la única. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas exige asimismo una moratoria inmediata de los desahucios por motivos económicos; el alquiler de las viviendas embargadas a las familias por una renta nunca superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar; la expropiación por parte del estado de las viviendas ejecutadas con el fin de realojar a las familias; y la creación de un parque público de viviendas de alquiler social. Además, se plantea una Auditoría social que aclare dónde han ido a parar los beneficios que se generaron durante el boom inmobiliario.

Hasta aquí la parte propositiva. La otra vía, práctica y sobre el terreno, consiste en poner freno a los desahucios con métodos de desobediencia cívica en la misma puerta de los domicilios. De esta manera se han impedido unos 65 desalojos de personas o familias, casi siempre con muy pocos recursos, desbordadas por las obligaciones de la hipoteca. El Movimiento del 15-M y la PAH lograron paralizar el pasado mes de junio en su casa de Parla el desalojo de Luis, un pensionista de 74 años que vivía solo, sin familiares en España y con un grado de minusvalía del 65% que le dejo discapacitado hace dos años para continuar trabajando. Luis acumuló una deuda de 250.000 euros con el banco y llevaba dos años sin poder afrontar el pago de la hipoteca.

También fue sonado el caso de Luis Martí, vecino de La Bisbal del Penedés (Tarragona), al que se forzó a abandonar la casa en la que residía con su hijo al no poder abonar una deuda de 48.000 euros con el banco, y no conseguir una refinanciación. Tenía previsto irse a vivir a una caravana, cuando una veintena de vecinos logró la moratoria del desalojo. Pero la crisis y la voracidad bancaria no dan tregua y las amenazas surgen por doquier. Por ejemplo, sobre Fernando (en paro desde hace año y medio) y Elizabeth, dos colombianos residentes en el barrio marinero de El Cabanyal (Valencia), con 4 hijos menores, y cuya vivienda se subastará en septiembre. La sucursal del BBVA en la que firmaron la hipoteca se ha negado ya en dos ocasiones a concederle la dación en pago.

Y suma y sigue. En un país donde la Constitución reconoce, en su artículo 47, el Derecho a la Vivienda y existen, según el Ministerio de Fomento, unas 700.000 viviendas nuevas sin vender, este bien de primera necesidad se ha convertido en un lujo. Conquistar el sentido común es la primera de la batallas.

* Rebelión - Opinión - 20.07.11

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Córdoba.- Sin dinero para abrir equipamientos

ELDÍADECÓRDOBA* : El carro antes que los bueyes. Esa es la situación que tienen los actuales responsables del Ayuntamiento en materia de equipamientos culturales. Durante los últimos años, se han invertido millones de euros de dinero público o de convenios con entidades privadas para la creación de espacios dedicados a la actividad cultural. Sin embargo, ahora no hay fondos para ponerlos en marcha, dotarlos de actividad, contratar personal con los que garantizar una actividad constante. Y se plantea qué hacer.
El listado es largo. El Teatro Góngora, recién acabado, es el caso más evidente. Adscrito al Instituto Municipal de Artes Escénicas, se ha usado para el Festival de la Guitarra. Sin embargo, los responsables del IMAE ya han advertido que no se le han transferido fondos suficientes como para dotarlo de una actividad constante más allá de repartir los compromisos del Gran Teatro en varias sedes. El Teatro de la Axerquía se utiliza, aproximadamente, unos 28 días al año a pesar de que la Gerencia de Urbanismo realizó un gran esfuerzo financiero para poder acabarlo renunciando a una de las fases del proyecto.

No es el único caso y agregarle un negocio lucrativo, fundamentalmente un restaurante, parece formar parte de la estrategia municipal. Actualmente, la Pérgola del Duque de Rivas se encuentra cerrada -y, al parecer, en proceso de deterioro- hasta tanto se encuentre una empresa de hostelería que quiera abrirla al público con una actividad cultural constante. La Sala Victoria no dispone de actividad más allá de iniciativas esporádica. El Consistorio también intentó buscar empresas interesadas en desarrollar un proyecto similar. El famoso avión cultural es objeto en estos momentos de un contrato público para entregarlo a una empresa privada a cambio de que desarrolle la programación que se le facilite desde el Consistorio y del permiso para montar un restaurante -se premia la cocina de vanguardia- en el Balcón del Guadalquivir.

La Posada del Potro ha permanecido cerrada a cal y canto desde que acabaron las obras y sus puertas sólo se han abierto para actividades puntuales como presentaciones institucionales. La explicación se halla en lo que ha tardado en instalarse el equipamiento interior, parte del cual ya se ha recibido y otra parte está pendiente de colocarse todavía. La empresa pública que desarrollaba las obras de Caballerizas, Procórdoba, tiene severos problemas económicos, lo que incide en la construcción de la sala de exposiciones que se pretendía poner en marcha en la zona alta del pabellón principal y que, junto a la Sala Orive, pretendía acabar con. Una actuación recientemente acabada, el museo dedicado a la obra de Espaliú, es más fácil verlo cerrado que abierto por las estrecheces económicas. La Casa Góngora, que tendría que albergar de forma estable un centro especializado en la obra del poeta, es usada para algunas actividades pero no tiene la programación que originalmente se pensó cuando se financió el proyecto.

El caso es que las necesidades van a ser mayores a muy corto plazo. El Consistorio está pendiente de acabar las obras del Museo Taurino y tiene en cartera la reapertura del Romero de Torres, que ha sido objeto de obras de remodelación interior. No es estrictamente una dotación cultural pero la Junta está acabando el centro de recepción de visitantes cercano a la Mezquita, cuyas obras están actualmente paradas a la espera de la tramitación de una ampliación del contrato. Cuando esté totalmente concluido, el Consorcio de Turismo tendrá que poner en marcha sus presupuestos para dotarlo de actividad constante teniendo en cuenta que es una demanda del empresariado de uno de los sectores que mantiene la creación de empleo y actividad económica.

Fuentes municipales reconocen el problema y que es una cuestión que preocupa. "A pulmón no podemos", afirman. A pulmón significa que los presupuestos públicos no permiten en estos momentos crear plazas de funcionario y habilitar partidas de gasto corriente para la financiación de las actividades. Todas las áreas han sufrido recortes y se está echando mano, incluso, de las cantidades que se dijeron que no se iban a gastar -para cumplir los compromisos del plan de saneamiento- con el objetivo de seguir pagando la factura de la luz.

Durante la campaña, el Partido Popular se comprometió a no tener espacios cerrados como principal prioridad a costa de llegar a acuerdos con entidades para la gestión de unos equipamientos que han supuesto un fuerte desembolso en los presupuestos municipales durante los últimos años. En materia deportiva, el Consistorio solventó durante la anterior corporación la falta de fondos llegando a acuerdos de colaboración público-privada. Salvando las distintas entre ambas materias, parece que ese es el camino que se pretende seguir



* El Día de Córdoba - 20.07.11
Foto: Imagen de la Posada del Potro, con la obra civil concluida.- eldia

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Palma.- Comienza el derribo del edificio de Santa Catalina que no se quiso proteger

DIARIODEMALLORCA* : La piqueta ya ha hecho su aparición en un edificio de la barriada de Santa Catalina que la organización proteccionista Arca considera que tiene suficiente entidad para que sea protegido. Y lo más grave de esta cuestión, según la portavoz de esta entidad, Àngels Fermoselle, es que no sólo reconocen el valor patrimonial del inmueble ellos, sino que hay dos informes del Consell de Mallorca que así lo afirman, además de la resolución de la comisión del Centro Histórico de Palma. En este último caso, la incongruencia es aún mayor, en opinión de Fermoselle, puesto que tras reconocer el valor patrimonial del inmueble, los integrantes políticos de la citada comisión –no los representantes de las entidades– acordaron no iniciar el expediente para su inclusión en el catálogo de elementos a proteger.
Por todo ello, los representantes de Arca manifestaron ayer, ante el inmueble que comenzaba a ser pasto de la piqueta interiormente, su "indignación por el menosprecio al patrimonio en pleno siglo XXI", que supone permitir la demolición de este inmueble situado en la esquina de la avenida Argentina con la calle Aníbal, pese a que la suspensión de la licencia de demolición ordenada por el Consell no finalizaba hasta el próximo día 10 de agosto, según la entidad conservacionista.

De esta forma, la barriada de Santa Catalina perderá uno de sus edificios más emblemáticos y visibles, ya que está ubicado en uno de los accesos al barrio, tal como señalan desde Arca, "y será sustituido por otro de nueva planta que destruirá el conjunto armónico actual".
Lamentan que ni los actuales gestores municipales ni los anteriores hayan querido hacer "ningún esfuerzo ni tan solo para salvar la fachada".
Fuentes municipales indicaron que la suspensión de la licencia de demolición, ordenada por el Consell el 10 de mayo de 2010, fue levantada por esta Administración el pasado 29 de junio, en una resolución en la que, además, se insta al Ayuntamiento a incluir el edificio en el Catálogo municipal. Un acuerdo que no fue tenido en cuenta por la comisión del Centro Histórico del pasado día 7 de julio, que dictaminó que no debía incluirse en el Catálogo, con el voto en contra de los representantes de las entidades.
La cuenta atrás para la desaparición de este inmueble se inicia hace una década, cuando después de una larga tramitación del expediente de ruina y múltiples informes contradictorios, tanto municipales como privados, el proceso finaliza en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears, que declara que el inmueble se encuentra en situación de "ruina económica".
"Nadie defendió el valor patrimonial del edificio", se queja Àngels Fermoselle, para quien, si se hubiera puesto en una balanza el activo del valor histórico del inmueble, "la diferencia entre el valor del edificio y el coste de su rehabilitación hubiera sido positiva a favor de la primera variable y no hubiera dado lugar a la ruina económica".
Tras la sentencia del Alto Tribunal la gerencia de Urbanismo de Cort concedió la licencia de demolición el 25 de junio del año pasado. En febrero de este año se ha presentado la licencia de nueva edificación, que no fue informada favorablemente y se le señalaron una serie de deficiencias técnicas a subsanar.


* Diario de Mallorca - 20.07.12
Foto: El inmueble fue ayer vallado y los obreros comenzaron a derribar tabiques interiores.- diariomallorca

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'Malaya'.- Hombres de paja sin acceso al jefe

MÁLAGAHOY* : Juan Antonio Roca volvió a tomar ayer el micrófono de los acusados del caso Malaya para dejar claro que en esta causa hay dos actores principales: él y su abogado Manuel Sánchez Zubizarreta. Los negocios los hacía él mientras el letrado se encargaba de armar la estructura societaria que los sostenía. Los demás eran meros nombres instrumentales al frente de las empresas, en la mayoría de los casos sin saber que ponían su identidad y su rostro al servicio de los intereses del asesor de urbanismo del GIL.
El supuesto cerebro de la trama de corrupción política y urbanística de Marbella, que ayer declaró en la fase de la causa que se dirige contra 16 colaboradores acusados de blanquear capitales para él, afirmó que nunca había visto a la mayoría de ellos. Ni siquiera los había saludado antes de que comenzara este juicio en el que están sentadas en el banquillo 95 personas.

De acuerdo con las explicaciones que le dio al fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, él se ocupaba de los negocios. Es decir, determinaba qué se compraba, en qué circunstancias, cuándo se vendía, por cuánto o a quién. El abogado Manuel Sánchez Zubizarreta proporcionaba las sociedades que hacían falta y, por lo general, buscaba a los hombres de paja que se colocarían al frente de ellas. Cuando no era así, los administradores despachaban directamente pero en las mismas circunstancias de desconocimiento con su fiduciario, el procesado Óscar Benavente.

Estos iban al notario, firmaban escrituras, formalizaban compras y ventas pero Roca no los conocía. Es decir, no sabían que trabajaban para el ex asesor urbanístico de Marbella. Juan Antonio Roca, que inicialmente no reconoció como propias ninguna de las sociedades que ahora defiende sin ambigüedades como propias, ha tratado desde el primer minuto del juicio de dejar fuera de sospecha a la red de colaboradores con la que contó durante el gilismo.

El acusado se enredó ayer en una agria discusión con el fiscal Anticorrupción del caso Malaya, Juan Carlos López Caballero, que cobró visos de careo aún a pesar del aviso que el presidente del tribunal, José Godino, dio al procesado para que moderara el tono. El fiscal trató de hacer ver que entre la documentación intervenida en Maras Asesores, considerada por el Ministerio Público cuartel general del ex asesor de urbanismo, se hallaron rastros contables de entradas y salidas de dinero tras los que no puede haber más que actividades propias del blanqueo de capitales.

Roca se desvinculó de esas anotaciones. Afirmó que no las solía revisar "con minuciosidad" y subrayó ejemplos como la ausencia de sentido de que se atribuyeran a la entidad Perinal, titular de su ganadería de reses bravas, pagos por la compra de obras de arte al marchante Jean Fournet o la indemnización al patrón de su yate. El acusado retó a la Fiscalía a "demostrar" de dónde proceden esas entradas de dinero y dónde recalaban las salidas.

El interrogatorio se crispó a medida que se adentraba en los denominados papeles de Maras que para la Fiscalía representan la contabilidad oculta del supuesto cerebro de Malaya en el que figuran junto a una serie de iniciales cifras que para la acusación encierran los sobornos pagados y recibidos. La defensa de Roca, que ejerce la letrada Rocío Amigo, se quejó de que las preguntas se centraran en esa documentación intervenida en la sede de Maras Asesores porque forma parte de otro bloque del juicio. Acto seguido el ex asesor de urbanismo de Marbella se negó a responder más preguntas relacionadas con esa cuestión. La declaración continuará hoy y previsiblemente el análisis del presunto blanqueo del caso Malaya quedará listo a finales de esta semana.



* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 20.07.2011
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy

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Dos cosas más sobre el 15-M

LUIS GARCÍA MONTERO* : A la gente le habían contado ya todos los cuentos. Nadie quería ser engañado una vez más. Que no nos vengan con historias… Y de pronto llegó el 15-M. En una situación de grave descrédito de los compromisos públicos y de los representantes oficiales de la soberanía popular, la rebeldía callejera ha supuesto un factor de educación política. Conviene analizar muy en serio la cara y la cruz de los motivos que han facilitado esta energía cívica tan visible, capaz de tomar las plazas y las conversaciones.
Una parte decisiva del éxito de la convocatoria se debió a que no provenía de las organizaciones tradicionales de la izquierda. Se trató de una llamada juvenil, anónima, sin siglas. Esta es una primera cuestión que, como digo, merece ser analizada en su cara y en su cruz. Durante los últimos años se ha criticado a los políticos y a los sindicatos en la barra del bar, el taxi, la tertulia de radio y las discusiones familiares sobre el futuro del mundo. Son evidentes los errores que partidos y sindicatos han cometido a la hora de defender una política al servicio de los ciudadanos. Pero el descrédito, como fenómeno social, va más allá de estos errores. Ni todos los políticos son iguales, ni todos los partidos se comportan de la misma manera, ni los representantes sindicales son un conjunto de caraduras olvidados de los trabajadores.
Hay algo más. Para sospecharlo basta con tomar conciencia de lo difícil que es, en medio de una crisis económica provocada por la especulación, escuchar en un bar o un taxi palabras de desprecio contra los grandes empresarios, los banqueros o los cerebros de las finanzas. Esto se debe a que la gente conserva todavía un vago sentimiento de pertenencia ante los políticos y los sindicalistas, que están o tendrían que estar a su servicio. Pero se debe también, y sobre todo, a que los poderes financieros y sus grupos mediáticos se han especializado en aprovechar los errores de la política para acentuar su desprestigio público.

El egoísmo de la economía especulativa, dispuesta a buscar beneficios por encima de la soberanía civil y de los derechos de los trabajadores, sale ganando siempre con el desprecio a los partidos y los sindicatos. Así que la santa furia de la población contra sus representantes, aunque encuentre motivos en la realidad, está animada y controlada por sus verdaderos enemigos.

Con el 15-M hemos vivido una afortunada paradoja. La falta de siglas en la convocatoria animó a la participación en un movimiento que previamente no había sido desacreditado por el poder. La gente estaba deseosa de protestar, y la fortuna, o la inteligencia de los portavoces, ha sido que la rebeldía, más que para despreciar lo público, sirvió para otorgarle una nueva dimensión al sentimiento de pertenencia política. Por eso se ha demandado una dignificación de los comportamientos democráticos, no su borradura. Darle sentido político a la rebeldía resulta decisivo para evitar que el descontento derive hacia la demagogia populista o la simpatía totalitaria.

En este deseo de protesta hay una segunda cuestión sobre la que también merece la pena meditar si queremos tomarle el pulso a la situación real. Otro motivo del éxito de las concentraciones del 15-M se debió a que no suponían un compromiso personal más allá de la propia ética. Cuando el pasado septiembre los sindicatos llamaron a una huelga general, muchos ciudadanos no quisieron o no pudieron secundar la convocatoria. La situación social hace muy complicado renunciar a un día de salario o decidirse a llamar la atención de un empresario que, con las leyes laborales y la precariedad de los contratos en la mano, puede dejarte en la calle al menor signo de conflicto. En las pequeñas y medianas empresas, soporte mayoritario de la economía española, la lucha sindical se ha vuelto casi heroica. El desprestigio de la política y de los sindicatos supuso una buena coartada personal para encubrir situaciones de egoísmo, miedo o impotencia. Al acudir a la Puerta del Sol, sin embargo, no se pagaba ninguna factura por defender la verdad.

El 15-M ha sido un utilísimo factor de educación política al evidenciar que la rebeldía es posible y que merece la pena comprometerse para cambiar las situaciones personales.


* Público - Opinión - 17.07.11

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La Policía impide por primera vez paralizar un desahucio en Madrid

ELPAÍS* : Segundo intento de desahucio de María José, una vecina del barrio madrileño de Pueblo Nuevo de 53 años, desempleada y con dos hijos a su cargo, uno de ellos con una discapacidad del 77% por un accidente que sufrió de niño y la otra también en paro. Hace 14 días, unos 200 simpatizantes respondieron a la llamada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid y de la asamblea de Ciudad Lineal del 15-M y logran paralizar el desalojo de esta familia. Sin embargo hoy, a diferencia de lo que ocurrió el 6 de julio -y de lo que ocurre desde que comenzó la oleada de paralizaciones, que sumó ayer ocho en un mes-, la policía se ha propuesto impedirlo. Es la primera vez que se produce una segunda orden de desahucio tras una ya impedida y también la primera que, en una cambio en la estrategia policial y judicial respecto a los desahucios, que el secretario judicial llega precedido de un amplio despliegue de antidisturbios.

El piso fue subastado por impago y se lo adjudicó por ausencia de otras ofertas el banco con el que la mujer tiene la deuda, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La entidad bancaria pide que se ejecute la sentencia. La juez encargada del caso, María Trinidad Cepa Palanca, titular del juzgado de primera instancia del juzgado 31 de Madrid, pidió en su segunda sentencia, que fijaba para hoy la fecha del lanzamiento, que se pusieran "los medios necesarios" para ejecutar el desahucio. Y la policía lo ha hecho.

La "guardia pretoriana de la banca"

Aunque la llegada del secretario judicial se espera para las 9.30, una veintena de activistas hacía guardia ya desde las siete y media en la puerta de la vivienda, en el número 140 de la calle Virgen de Lluc del distrito Ciudad Lineal. Cuando faltaban 10 minutos para las ocho han hecho acto de presencia al menos 12 furgonetas de la Policía, de las que se han bajado unos 40 antidisturbios, que han acordonado la calle en un perímetro muy amplio y han echado a los activistas, que a esa hora habían aumentado a unos 30, y periodistas. Sin violencia pero con firmeza -a un activista le han retorcido el brazo-, los han hecho retroceder bastantes metros hasta la esquina de Virgen de Lluc con Florencio García. Desde ese punto no se ve el portal y no dejan que nadie se acerque. Sigue llegando gente hasta sumar unos 50.

"Pueblo Nuevo acordonado. Hay decenas de personas, xo necesitan +", dice @PAH_Madrid en Twitter. En la misma red social, la plataforma acusa a la policía, a la que tilda de "guardia pretoriana de la banca", de sumarse "a la violencia ejercida por los bancos".

Mientras tanto, dentro del piso, con María José, hay tres personas de la PAH y de Democracia Real Ya, dos de ellos encadenados a la propia puerta de la vivienda. Uno de ellos es Paco, que promete: "Resistiré con todo mi corazón". Unos vecinos que están viéndolo todo comentan: "¿Todo esto para desalojar a la Pepa? Madre mía, y teniendo un hijo discapacitado". "Este desahucio lo vamos a parar", siguen gritando los indignados, que corean una y otra vez "le llaman democracia y no lo es". No ha pasado de llegar gente, ya son unos 200. "¡Vecinos de Pueblo Nuevo, a una de vuestras vecinas la van a desahuciar, la está echando el banco!", canta un grupo de unos 15 activistas alrededor de la zona acordonada, donde explican lo que está ocurriendo a los vecinos con los que se cruzan. "¡Despertad, mañana podéis ser vosotros!". Los vecinos les miran con simpatía.

Además de la concentración de apoyo, la PAH ha llevado a cabo acciones legales para tratar de ayudar a esta familia. El abogado de la plataforma, Rafael Mayoral, ha puesto de madrugada en el juzgado de guardia una denuncia contra la juez por prevaricarión. Lo fundamenta en el artículo 704 de la ley de enjuiciamiento que dice, según explica, que la juez ha dictado sentencia sabiendo que la afectada no vive sola. A su juicio, la magistrada debería haber notificado el desalojo a los dos hijos para que pudieran alegar. Además, ha solicitado la paralización del lanzamiento.

"Este desalojo, mañana lo ocupamos"

A las nueve y media de la mañana, la comisión judicial, compuesta de varias personas y apoyada por varios agentes, ha llegado al portal y ha entrado mientras los concentrados gritaban " ¡vergüenza! ¡queremos un chalé como el de zetapé!" y "¡esto no lo haría un buen policía!". Mayoral, que ejerce las labores de defensa de la mujer, no ha podido pasar. Los indignados increpan a los agentes y la tensión sube el tono. Desde megafonía, un activista pide que no se insulte a la policía y algunos le abuchean. Llegan más agentes. "Este desalojo, mañana lo ocupamos", corean los indignados, que están divididos en dos grupos en ambos extremos del cordón policial.

Cuando faltaban diez minutos para las diez, María José ha salido a la ventana con su hija de 24 años a dar las gracias a los concentrados. "Nos desalojan. Gracias, de verdad, no soy morosa, lo que soy es pobre". Pasados 20 minutos de las diez de la mañana, Paco, el activista encadenado, ya está fuera, en la calle. Parece que el desahucio se ha ejecutado. Los activistas quieren ir ahora a la junta municipal de Ciudad Lineal para pedir una vivienda para María Jose."No se puede qedar en la calle", sostienen.

Poco después llega un camión y una furgoneta de mudanzas para los enseres de la familia. "Una vez desahuciada, María Jose sigue teniendo una deuda de 200.000 euros,"mucho más de lo que valía el piso cuando se hipotecó", recuerda un portavoz de la PAH.

Un caso complejo
El de María José, que fue el tercer desahucio paralizado por la PAH y que se va a convertir en el primero que la policía impide impedir, es un caso bastante complejo. Sus problemas se remontan a hace 18 años, cuando hipotecó su piso para ayudar a su expareja a saldar una serie de deudas. En 2002, terminada esa relación e incapaz de asumir sola las cuotas, acudió a una reunificadora de deudas que le tramitó un nuevo préstamo con la CAM, que le concedió 157.000 euros. Hoy, la entidad le reclama 200.000 euros, una cifra lejos de las posibilidades de esta mujer, que ingresa 520 euros por tener un hijo discapacitado a su cargo y 168 euros por la Ley de Dependencia. También vive con ella una hija de 24 años licenciada y en paro.

La familia ha solicitado una alternativa al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que les ha informado de que tardarán tres años en asistirles y les han aconsejado que acudan a un albergue. Eloi Morte, de la PAH, ha insistido en que el objetivo es lograr una alternativa habitacional o un alquiler "social" que les permita quedarse en el piso por un 30% de sus ingresos.


* El País - CARMEN PÉREZ-LANZAC - Madrid - 20/07/2011
Foto: Antidesahucio frenado.- Hace mes y medio que comenzó la campaña para frenar desahucios de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca - 20minutos

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“Stop desahucios”: una iniciativa incomprendida por toda la izquierda canaria

ARTURO INGLOTT* : La noticia mereció apenas una pequeña columna perdida en las páginas centrales del diario Público el pasado sábado 16 de julio. Ni un pequeño hueco en su portada, dedicada ese día al encausamiento del presidente de la Generalitat valenciana. A las nueve de la mañana del viernes 15 un grupo de indignad@s había logrado evitar un desahucio en el madrileño barrio de Carabanchel. Los afectados, una madre y su hijo, iban a ser desalojados incluso después de haber abonado la deuda de poco más de 1.300 euros que tenían con el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). La funcionaria del IVIMA que acudió al lugar a notificar el lanzamiento tuvo que dar marcha atrás ante la presión de los congregados. "¡Este desahucio ya lo hemos parado”!, gritaron los miembros del Movimiento 15-M. Y no había sido el primero. Ya en el mes de junio l@s indignad@s, junto a la Platafoma de Afectados por la Hipoteca, lograron detener alrededor de 40 desalojos en todo el Estado. En Las Palmas de Gran Canaria el movimiento 15M se estrenaba en esta iniciativa social con una rotunda victoria el miércoles 6 de julio. Un grupo de indignad@s impidió ese día el desalojo de Felisa Melián, de 79 años, y su hija Araceli Ramos del capitalino barrrio de La Paterna.
Desde enero de 2007 a septiembre de 2010 se ejecutaron en el conjunto del Estado español 258.000 hipotecas y se estima que alrededor de 350.000 familias perderán su vivienda en los próximos cinco años. En Canarias, desde el comienzo de la Crisis 13.500 familias canarias han sido despojadas de sus viviendas por los Bancos, ante la imposibilidad de continuar haciendo frente al pago de sus hipotecas. La magnitud del drama social provocado por esta expoliación masiva -y legal - llevó a los damnificados a organizarse en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pero fue la implicación de l@s indignad@s del 15M en esta lucha la que logró proporcionarle una fuerza que inquieta, con razón, al poder establecido.

"Stop desahucios": el colectivo que pone en jaque a los bancos" es el significativo título del artículo de Esteban Hernández publicado en el periódico digital de ultraderecha "El confidencial". En su texto, Hernández reproduce uno de los argumentos utilizados para tratar de cuestionar la justicia de la lucha contra los desahucios. "Hay quienes aluden a que muchos de los hipotecados suscribieron un contrato que nadie les obligó a firmar y que si ahora no pueden pagar aquello que acordaron, deberían haberlo pensado antes", apunta el articulista antes de aludir a algunos ·expertos financieros “que consideran a los cientos de miles de desahuciados " personas que quisieron vivir por encima de sus posibilidades y que, una vez devueltos a la realidad, quieren evadirse de las responsabilidades que contrajeronY eso sin contar a aquellos que compraron la vivienda para especular y que ahora pretenden que otros se hagan cargo de su mala apuesta".

Ada Colau -de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca - contesta convenientemente a estas acusaciones "Las personas que se hipotecaron sí están cumpliendo con sus responsabilidades, al contrario que las entidades financieras, que fijaron las condiciones de los préstamos, que hicieron las tasaciones y que eran conscientes de lo que estaba ocurriendo en el mercado internacional”.

Otra de las "razones" esgrimidas para tratar de desprestigiar la lucha contra los desahucios la difundía el diario El País el pasado 29 de junio. "El indignado soy yo". Así encabezaba el periódico del grupo PRISA la crónica de un desahucio impedido en el Puente de Vallecas por el 15M, presentando el punto de vista de un pobre casero que necesitaba la renta de su inquilina para su propio sostenimiento. Un caso que, cierto o no, no representa la generalidad del fenómeno de los desahucios masivos, dado que son las grandes entidades financieras quienes están apropiándose de las viviendas de las familias y obligándolas a seguir pagándoles después del despojo. Finalmente no son pocos los que se esfuerzan por hacer “entender” a l@s indignad@s que el suyo es un esfuerzo quijotesco. En último término - apuntan - la ley acabará imponiéndose. En el citado artículo Esteban Hernández da la palabra al profesor de derecho de la Universidad Nebrija Eugenio Pérez de Francisco, quien asegura que "las acciones que se están llevando a cabo para detener los desahucios sólo conseguirán aplazar brevemente la situación. De modo que quizá periodísticamente sean muy llamativas, pero son pan para hoy y hambre para mañana”.

También a esta opinión responde Ada Colau, apuntando que el hecho de que el "desahucio se pare es más importante de lo que parece, dado que también puede servir como elemento de presión. “Nuestra asociación -explica Colau - intenta negociar antes y después del desahucio: hablamos con la entidad financiera, con el ayuntamiento y con los servicios sociales e intentamos toda clase de posibilidades.... Si eso no se consigue hacemos una convocatoria pública para detener el lanzamiento mediante la resistencia ciudadana, para aplazarlo al menos unos meses. Esa acción también sirve para que aumentar la presión y para poner rostros a las estadísticas y que la gente visualice las consecuencias reales de las docenas de desahucios que se dan cada día en España”.

Pero estas acciones tienen aún otros efectos de gran relevancia. Cuestionan, en la práctica, la sacrosanta propiedad de los Bancos y la injusticia de la legalidad vigente que la resguarda. Y ponen de manifiesto que la solidaridad y la organización popular son capaces de obtener éxitos en la lucha contra dicha injusticia. Es por eso que, también en la práctica y aunque no sean conscientes de ello, acercan a l@s indignad@s al tan infamado terreno de los “antisistema”. La derecha política y mediática es perfectamente consciente de ello. Un significativo sector de la izquierda real, no obstante, parece empeñado en prolongar su ceguera sobre las implicaciones de esta importante iniciativa social.

Así, por ejemplo, la exitosa paralización del desahucio de la anciana Felisa Melián y su hija en Las Palmas no contó con el apoyo de ninguna de las organizaciones de la izquierda canaria. Sin necesidad de enarbolar más bandera que la de la justicia social, los militantes de estas organizaciones tuvieron en esa ocasión una extraordinaria oportunidad para sumarse – en pie de igualdad con el resto de ciudadanos – a una causa que les permitiría conectar como nunca antes con los sectores populares que reclaman representar. Para de esa forma convertirse realmente en su vanguardia y empezar a elevar el nivel político de sus reivindicaciones. Para tratar de influir, en suma, en la dirección de un movimiento que se construye cada día y en el que ninguna concepción previa se encuentra grabada de forma indeleble. Por el momento, no obstante, persiste la incomprensión, cuando no la incapacidad para fundirse en la práctica con las aspiraciones auténticamente populares.


* Canarias Semanal - Opinión - 18.07.11

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