Murcia.- Los dos pisos de la exconsejera García

LAVERDAD* : La Policía sostiene que el promotor sospechoso de regalar el 70% de un piso a Marqués hizo también una rebaja del 43% a la extitular de Hacienda.
No es lo que cualquiera hubiera esperado de un buen amigo, pero las cosas son como son, y no como uno desearía. Fue Francisco Marqués, ex delegado del Gobierno en Murcia y exconsejero de Sanidad y de Medio Ambiente en distintas legislaturas, quien, en marzo de 2009, tras ser detenido por su presunta implicación en el caso de supuesta corrupción conocido como 'La Zerrichera', puso a los investigadores tras los pasos de su excompañera del Consejo de Gobierno y, al menos hasta ese instante, buena amiga: la consejera de Hacienda, Inmaculada García. Si fue un desliz o fue a conciencia, o quizás un desesperado intento de justificar lo que parecía poco justificable, sólo Marqués lo sabe. El asunto es que, 'motu propio', sin que nadie le preguntara, fue de su boca de donde surgió el nombre. «Reconozco que el precio (del apartamento que en 2004 había adquirido en la Hacienda del Hornillo, de Águilas) fue muy bueno gracias a la amistad con Inmaculada García, consejera de Hacienda, que es prima del vendedor, Sebastián (Fernández Rabal, notario lorquino y constructor)», explicó al juez instructor. Y añadió: «Ella misma adquirió dos apartamentos encima del mío». Dando a entender, de alguna forma, que Inmaculada García se había beneficiado de la misma rebaja (en torno al 70%) que el promotor le había hecho a él y que, según se sospecha, fue un regalo (un supuesto cohecho, en términos legales) a cambio de posibles favores desde el cargo público que Marqués ocupaba.

La mención le supo a cuerno quemado a la entonces titular de Economía y Hacienda, quien en ese instante le habría hecho las cruces a su colega y primer valedor ante Ramón Luis Valcárcel (Marqués fue quien la presentó al presidente regional). Además se apresuró a desmarcarse de su examigo. «Yo hice una reserva de dos apartamentos, al mismo precio que todo el mundo, y además renuncié a ellos y no escrituré», señaló García. Y dejó zanjado el asunto.
Para quien no quedó zanjado, sin embargo, fue para los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Dinero (UDEF-BLA), quienes, después de detener al promotor y notario Fernández Rabal por supuesto cohecho a Marqués y de registrar su vivienda y oficinas, se encontraron con los documentos relativos a la reserva de dos apartamentos que había realizado Inmaculada García. Por supuesto, les echaron un vistazo.
Ahora, dos años después, con el levantamiento del secreto de sumario que pesaba sobre doce tomos del 'caso Zerrichera', se hace evidente que el asunto no cayó en saco roto. Uno de los informes policiales sostiene que la ya exconsejera de Hacienda se benefició también de una sustancial rebaja en el precio de los pisos, y además vincula el hecho a la supuesta voluntad del vendedor de obtener algún posible trato de favor respecto de los muchos intereses que él tenía en el urbanismo regional.
El citado informe policial (nº 74.187 UDEF-BLA-G24-A) desvela que Inmaculada García y su esposo reservaron el 24 de abril de 2004 los pisos 1º C y 1ºD de Hacienda del Hornillo, al precio de 163.000 y 222.000 euros. Lo primero que llama la atención es que en septiembre de 2004, cuando formalizan los contratos privados de compra y entregan una señal de 12.000 euros, los pisos experimentan ya una sustancial rebaja en el precio: el 1ºC se queda en 143.750 euros, y el 1ºD, en 186.719 euros, lo cual les supone un ahorro de 54.531 euros sobre el precio inicial. La consejera y su esposo aprovecharon ese momento para encargar alguna mejora en los materiales del apartamento, por importe de unos 37.000 euros, según el citado informe.
Como, además, los agentes se incautaron en el registro de los contratos de compraventa de otros clientes de esa urbanización, pudieron comparar los precios a los que éstos habían comprado. Y según establecen en el informe, eran bastante más elevados. Así, ponen el ejemplo de una mujer, que adquirió un 2ºC al precio de 215.000 euros, y también el caso del propio promotor, Sebastián Fernández Rabal, quien se quedó un 2ºD por el que pagó a la sociedad 258.000 euros.
«Un simple cálculo aritmético -exponen los autores de informe policial- nos permite determinar la diferencia hallada entre las dos viviendas aludidas y las correspondientes a Inmaculada García, suponiendo que adicionadas conforman una brecha de 142.723 euros, que en porcentaje nos lleva a cifrar en un 43,2% el 'descuento' practicado».
Es a partir de ahí cuando los policías se preguntan qué podía haber llevado a Fernández Rabal a hacerle una aparente rebaja que ni él mismo se hizo, y concluyen que sería por su interés en obtener posibles favores de la consejera de Hacienda.
«No he sacado provecho»
Inmaculada García no ocultó su estupor cuando este periódico le telefoneó el viernes para preguntarle por estas consideraciones policiales. «Yo reservé esos apartamentos en 2004, cuando ni siquiera había empezado el movimiento de tierras, y lo hice al mismo precio que tenían para todo el mundo. Los precios a los que compraron otras personas no se pueden comparar, porque depende el momento en que los adquirieran. Hay que recordar que en los años del 'boom' inmobiliario, todo subió muchísimo».
La exconsejera explicó que los dos pisos que ella pensó adquirir han sido vendidos recientemente «y han pagado por ellos menos de lo que yo iba a pagar». Y añadió que el promotor aún no le ha devuelto los 12.000 euros que entregó como señal.
Insistió en que ella no se ha beneficiado de nada, «ya que no llegué a escriturar, porque renuncié a los dos apartamentos». El mismo argumento que dio en 2009, cuando Marqués fue detenido. Lo que no señaló entonces García es que, después de mantener el contrato vigente cinco años, renunció a los dos pisos el 20 de febrero de 2009. Apenas dos semanas antes de que Marqués fuera arrestado. Una decisión, la de no escriturar los pisos, por la que ahora, visto lo visto, se estará felicitando.


* La Verdad - 3.07.11
Foto: Aguilas - bahía del hornillo - greenpeace 2006

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La rebelión pacífica de las personas ahogadas por las hipotecas

ÓSCAR CHAVES y GLADYS MARTÍNEZ* : En las últimas semanas, los desahucios frustrados por la acción ciudadana han crecido en la misma proporción y con la misma velocidad con la que se extienden las plataformas de afectados por la hipoteca (PAH) por todo el Estado. Un proceso de empoderamiento de las familias que no se entiende sin el empuje solidario del Movimiento del 15 de mayo.
Julio César Rodríguez ronda los 50 años, aunque por su rostro sombrío bien podían ser diez más. Originario de Quito, en 2006 se dejó seducir por una financiera sin escrúpulos y, a pesar de su modesto sueldo de peón, invirtió los 35.000 euros de ahorros de toda su vida en un piso en Aluche (Madrid), al que accedió gracias al aval cruzado de dos compatriotas. Al principio todo fueron facilidades y los bancos le concedieron créditos sin problemas, pero pronto comenzaron a apretarle, endureciendo las condiciones de los pagos. Luego todo fue de mal en peor. Se quedó sin trabajo, después sin subsidio de desempleo y, tras lograr paralizar in extremis la primera subasta de su casa, acabó perdiéndola en mayo de 2010 al no poder conseguir los 4.100 euros de costas judiciales que le demandaba el juzgado. Desde entonces, no sólo carece de vivienda, sino que acumula una deuda de 325.000 euros entre intereses, escrituras y costas de juicios contra sus avalistas, que están obligados a pagar parte de su deuda. Con cuatro hijos y tres nietos, ante la posibilidad de que sea retenida una posible nómina, parece abocado para siempre a la economía sumergida. “Yo sólo quiero poder volver a empezar de cero, pero dónde voy con esta deuda”, se lamenta Rodríguez, antes de maldecir a unos bancos “que no sólo reciben millones de ayudas del Estado, sino todo el dinero de gente como nosotros”.

De gente como Anuar Kalil, que gracias a la movilización de 500 personas, que acudieron al llamamiento realizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, a la que pertenece junto a Rodríguez, consiguió el pasado 15 de junio paralizar el desahucio de su vivienda, en el madrileño barrio de Tetuán. Era el primer desalojo bloqueado por la sección madrileña de este movimiento, cuyo llamamiento fue apoyado masivamente por las asambleas de barrios nacidas del 15M. “Hemos ganado la primera batalla, pero vendrán muchos más desahucios. Vamos tomando fuerza. Van sensibilizándose muchas personas que durante tiempo estuvieron encerradas, sufriendo solas en sus cuatro paredes, sin la oportunidad de salir. Como afectados que hemos sido arrojados a la calle sin ninguna esperanza, consideramos que aquí, en la lucha, está la vida”, aseguró ese día Aída Quinatoa, portavoz de la PAH de Madrid.

A esta pequeña victoria le han seguido varias en diversas localidades. Como en Valencia, donde una PAH recién presentada paraba un primer desahucio el día 17, siguiendo así la estela de resistencia que las más experimentadas plataformas de Cataluña y Murcia han dejado a lo largo de los meses, bloqueando las expulsiones de decenas de familias que iban a quedarse en la calle, sin casa y con una deuda de por vida. Familias como las 15.491 que han sido desahuciadas por los bancos en el primer trimestre de este año, o las 500.000 que en los últimos cuatro años han entrado en una situación de ejecución hipotecaria, quedando en un total desamparo.

La primera, en Barcelona

Y es para hacer frente a esta situación como fueron naciendo las Plataformas de Afectados por la Hipoteca.La primera de ellas nace en Barcelona hace dos años y medio, formada por personas que trabajaban “en el ámbito de los derechos a la vivienda de diferentes colectivos, como V de Vivienda y las Oficinas de Derechos Sociales”, que detectaron un número cada vez mayor de personas en proceso de ejecución hipotecaria, según explica Ernest Marco. Hoy, uno de sus logros es que “hemos demostrado que con la organización de las personas afectadas, más los vecinos y otras asociaciones, gracias a la presión ciudadana, es posible paralizar los desahucios”. Ahora ya son 11 plataformas en Cataluña –con una actividad frenética en las últimas semanas, gracias a la que han conseguido frenar cinco desahucios en una sola semana– y siguen creciendo.

Desde las PAH de Cataluña y de todo el Estado también trabajan a contrarreloj para presentar una Iniciativa Legislativa Popular para regular la dación en pago, una petición básica que supondría que, como ocurre en numerosos países, con la entrega de la vivienda, el afectado salda su deuda con el banco. A ello se oponen PP y PSOE, pero los afectados siguen luchando por conseguirlo, amparados ya por una sentencia de un tribunal de Navarra que dictaminó la dación en pago de un piso y calificó la actitud del banco como “moralmente rechazable”. Amparados también por asociaciones de juristas y por Jueces para la Democracia, que califica de “manifiestamente injusta” la situación actual. Y por la opinión pública, ya que esta propuesta de las PAH ha logrado generar un intenso debate, “y yo creo que con la presión social conseguiremos que algún día se haga efectiva”, afirma Ernest.

De todas formas, aclara Quinatoa, la dación en pago es un paso importante, pero sólo un paso. “No podemos permitir que la gente, familias con niños, se queden en la calle. Hay que garantizar el derecho a una vivienda”, indica la portavoz de la PAH madrileña, en cuyo origen ha jugado un papel clave la Federación de Asociaciones Vecinales, Democracia Real Ya y los ecuatorianos de CONADEE, que ya llevaban tres años trabajando con hipotecados. Por ello, reclaman medidas como la conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en casas de alquiler social o que el pago de la cuota mensual hipotecaria nunca sea superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar, a un plazo máximo de 20 años.

En la misma longitud de onda se encuentran las demás plataformas. María Jesús Martín pertenece a una asociación de El Palmar (Murcia) que da clases de apoyo a los niños por las tardes. Ante la ausencia cada vez mayor de niños, que no regresaban a las clases, saltaron las alarmas: “Empezamos a preguntar y nos enteramos de que había muchas familias a las que estaban echando a la calle porque no podían pagar la hipoteca. Entonces salimos con una megafonía para convocar una reunión sobre las estafas de las hipotecas”. Fue así como nació la primera PAH de la región, que hoy cuenta con 300 familias afectadas. Hoy son ya ocho plataformas coordinadas. El trabajo se ha multiplicado en los últimos tiempos, y ahora están ayudando al nacimiento de nuevas PAH, no sólo en Murcia, sino también en localidades de Alicante, Valencia, Jaén y Granada. “Ya no llegamos a todo, porque nos llaman de muchos sitios y cada vez tenemos más afectados”, explica Martín.

Ahora, las PAH de Murcia tienen varios frentes abiertos: el primero, la negociación con los bancos, caso por caso, para obtener la dación en pago, un alquiler con derecho a compra o una refinanciación. Si esto falla, las 300 familias pasan a la acción y se trasladan a cualquier punto de la región para impedir que otra familia se quede en la calle, ahora muy arropadas, como destaca Martín, por el movimiento 15M, “que han estado con nosotros desde el principio”. Es así como han logrado parar 16 desahucios en tan solo seis meses.

Ante una situación cada vez más grave, en una región que lleva luchando meses contra los recortes sociales impulsados por el presidente Valcárcel, la plataforma de Murcia se ha visto obligada a multiplicar sus funciones, haciendo de intermediaria con los servicios sociales para intentar lograr ayudas a familias en situación dramática, y también “de psicólogos, porque llegan llorando, desesperados, algunos se quieren pegar un tiro”, dice Martín, que explica cómo directores de escuela se ponen en contacto con ellos porque “los chiquillos se están cayendo de hambre en las escuelas”.

“Primero se han quedado sin trabajo, luego han empezado a dejar de pagar la hipoteca, después el desahucio, y luego ya no tienen ni para comer”, añade. Llegados a este punto, la plataforma también está trabajando para lograr que se abran comedores sociales en todos los pueblos de Murcia “para que por lo menos pueda la gente ir a comer a algún sitio gratis hasta que esto se pueda arreglar”.

Las dificultades a las que se enfrentan las plataformas son grandes. Organizadas en asambleas de afectados y personas solidarias, ofrecen asesoramiento jurídico gratuito y apoyo a todos cuanto lo necesiten, y debido al aumento vertiginoso de afectados, la carga de trabajo no cesa de aumentar. En Valencia, donde los desahucios se han multiplicado por cuatro desde 2007, la recién nacida PAH se afana en organizarse y lograr nuevos apoyos, en formar una comisión jurídica con abogados solidarios y otra para prestar apoyo psicológico a los afectados con ayuda de profesores y estudiantes de la universidad, nos explica Ana Blanco.

Pero uno de sus mayores problemas es la falta de fondos: “Somos una asociación que no recibe ayuda pública, y esto es una limitación porque tenemos que buscar recursos debajo de las piedras”, dice Ernest desde Barcelona. Es lo mismo que le ocurre a Murcia, que se financia con chapas que venden a un euro. “Así sacamos para gasolina, para ir a pueblos a hacer nuevas plataformas y para hacer fotocopias que entregamos al Defensor del Pueblo”.

Mirando al futuro

De este modo se siguen organizando para denunciar una situación que consideran insostenible, y solicitan también la apertura de investigaciones judiciales contra los bancos por una posible “estafa sistemática” materializada en las “hipotecas basura” y en cláusulas hipotecarias abusivas.

Pero también denuncian la responsabilidad de la Administración, que “favoreció que las personas se hipotecaran porque no tiene un parque público de viviendas ni impulsó la vivienda pública de alquiler”, explica Ernest. Sólo así se puede dar la paradoja de que mientras miles de familias son echadas a la calle, haya un parque de un millón de viviendas sin vender.

Hoy por hoy, el número de plataformas de afectados por la hipoteca se multiplica por todo el Estado, al calor de los triunfos ya obtenidos y de un aumento de la conciencia y la movilización. Por ello, afirma Ernest, “nuestro reto en los próximos meses es intentar coordinarnos entre las distintas plataformas, coordinar las campañas y las acciones” para lograr todos los objetivos marcados.

ORGANIZACIÓN DESDE 2008

Todo comenzó con un blog. En el verano de 2008, cuando el Gobierno todavía defendía que la crisis era una tormenta pasajera, el periodista ecuatoriano Erick Játiva montó la página anticrisis. es, motivado por la cantidad de hogares, como el suyo, que tenían que afrontar el problema de las hipotecas de forma aislada. En sólo una semana el blog se llenó de testimonios y solicitudes de asesoramiento. Nació así Ahorcados por la Hipoteca, la primera plataforma creada en el Estado español para reunir a los hogares con hipotecas imposibles de pagar. La ONG Aesco, próxima a al Partido Socialista de Madrid, prestó asesoría jurídica a los ‘ahorcados’, y cumplió un equívoco papel de dirección en las masivas asambleas que vivió el colectivo en el verano y el otoño de 2008. La desorganización, el ataque de Esperanza Aguirre a la justicia gratuita y, sobre todo, el impacto del desempleo y los retornos (hoy los impulsores de Ahorcados viven en Ecuador) hicieron que la llama no terminara de prender.

EL 15M EXPANDE EL MOVIMIENTO

La eclosión y desarrollo del movimiento 15M de las últimas semanas ha tenido un efecto multiplicador en la movilización de las personas “ahogadas por la hipoteca”. Su apoyo directo ha permitido que algunos bloqueos de desahucios promovidos por diferentes PAH en los últimos días se convirtieran en acciones de denuncia multitudinarias, y numerosas acampadas han activado grupos específicos sobre vivienda e hipotecas. En Madrid, buena parte de las asambleas de barrios y pueblos del 15M se ha marcado como una de sus prioridades articular “redes de apoyo mutuo” y activar respuestas locales ante futuros desahucios, y en distritos como Usera o Villa de Vallecas ya hay grupos específicos sobre la materia. Además, los “hacktivistas del 15M” que se han volcado en la cobertura y difusión de las últimas acciones de paralización de desalojos, preparan una “herramienta para bloquear desahucios en todo el país”. Por ende, en lugares como Santiago de Compostela, Avilés o Albacete, el movimiento 15M y sus acampadas están sirviendo de germen para futuras plataformas de personas afectadas por hipotecas abusivas.

COORDINACIÓN ESTATAL

El 18 de junio, medio centenar de delegados de las PAH de Barcelona, Valencia, Madrid, Murcia, Terrassa, Sabadell, Girona, así como de otros municipios catalanes, se reunieron en el local de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona con objeto de avanzar en una mejor coordinación y consensuar nuevos pasos y estrategias colectivas. En un ambiente atravesado por los éxitos de la última semana, en la que frenaron diez desahucios en diferentes puntos del Estado, las PAH acordaron poner fin a su creciente dispersión comunicativa y crear una web unitaria, con un mismo dominio, que funcionará de paraguas para todas las plataformas. Además, presentarán en estos días en Barcelona, que hace las veces de centro neurálgico del movimiento, una campaña estatal para exigir la regulación legal de la dación en pago.

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA
DACIÓN EN PAGO

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca están preparando una Iniciativa Legislativa Popular para llevar al Parlamento el debate de la dación en pago, que consiste en que al entregar el piso al banco se salde la deuda que se tenía contraída con él. Para ello necesitarán 500.000 firmas. En febrero, PP y PSOE rechazaron una moción de IU e ICV que proponía esta medida. Y el 15 de junio volvieron a rechazar una proposición de ley que regule la dación en pago propuesta por el BNG. Plataformas como la de Madrid reclaman una ley que aplique esta medida con carácter retroactivo.

STOP DESAHUCIOS

Una de las líneas de acción prioritarias en las PAH es frenar todos los desahucios posibles mediante el apoyo popular. Para ello es imprescindible la implicación de la persona amenazada. En Cataluña, se han frenado hasta el momento una veintena de desahucios mientras que en Murcia han conseguido parar 16 desde el 21 de diciembre de 2010. También se han logrado frenar dos desahucios en Madrid, uno en Palma y otro en Valencia, pero el número crece de manera incesante conforme se forman nuevas PAH . Cuando una plataforma recibe una fecha de desahucio, activa su red de voluntarios, con objeto de que ese día, un buen número de personas bloquee, de manera no violenta, el acceso de la comisión judicial a la vivienda. Ante esta situación, a menudo los funcionarios del juzgado desisten y aplazan unas semanas el desahucio.

MOCIONES

Las PAH de Cataluña lanzaron en 2010 una campaña para que los ayuntamientos se posicionaran a favor de la dación en pago y contra los desahucios. Hasta el momento, más de 40 consistorios en toda Catalunya y varios en el resto del Estado han aprobado ya estas mociones. En ellas se insta también a los gobiernos municipales a trabajar con asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales para evitar los desahucios o, en última instancia, realojar a la familia en condiciones dignas.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-rebelion-pacifica-de-las.html


* Rebelión - Diagonal - 2.07.11

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Y un día miramos a los ríos

ELPAÍS/Reportaje* : Los ríos no funcionan solos. Y no entienden de fronteras territoriales. Más allá de transportar agua, son corredores biológicos y espacios naturales para la educación, zonas lúdicas y fuentes de fertilidad agrícola. Es cierto que nacen en las cumbres y mueren en otros ríos o en el mar, pero no corren libremente. Un ejército de instituciones -desde comunidades de regantes hasta empresas o asociaciones de protección para el medio ambiente, capitaneados por las confederaciones hidrográficas los vigila, los regula, los amplía y, a veces, los acerca a los ciudadanos. Esto último es lo que viene sucediendo en los últimos años. En España hemos vuelto al río. "El modelo clásico de encorsetamiento del río sigue vigente. Pero la sociedad demanda los valores de la biodiversidad. Por eso surge una nueva oportunidad para dar más espacio a los ríos", explica Alberto Fernández Lop, biólogo del programa de agua y agricultura de la organización ecologista WWF España.
Y así es. El tramo urbano de muchos ríos ha dejado de mirarse con temor a crecidas e inundaciones y se ha convertido en el inesperado pulmón verde de numerosas ciudades españolas.

Este verano, los madrileños disfrutan de ocho kilómetros de parques y jardines junto al antaño raquítico Manzanares. El salón de 35.000 pinos salpicado de juegos, bancos y playas artificiales constituye una obra faraónica, sin precedentes en el mundo. Cerca de 60.000 ciudadanos lo utilizan a diario para pasear, tomar el fresco, jugar a fútbol, ir en bicicleta o mojarse los pies. Pero el nuevo parque no es un reclamo arquitectónico. Ni es un monumento, ni tiene imagen de postal. El trabajo que han firmado los arquitectos de MRío (un colectivo formado por los estudios Burgos & Garrido, Porras & La Casta, y Rubio & Álvarez-Sala), con la colaboración de los paisajistas holandeses West 8, es el proyecto que más ha cambiado Madrid desde que, en 1974, se levantara la circunvalación de la M-30, facilitando la vida de los coches, pero estrangulando la ciudad. Ese cinturón se ha cubierto en parte y hoy un parque de 110 hectáreas (50 directamente sobre su techo) ocupa su lugar. La ciudad que dibujan esas dos decisiones -construir la autovía o cubrirla no puede ser más opuesta.

En plena resaca de la arquitectura espectáculo, el colectivo MRío venció en el concurso a galácticos internacionales como Kazuyo Sejima o Herzog & De Meuron. Lo logró con un proyecto callado. "No es un símbolo. Es un cacho de ciudad", explica el arquitecto Fernando Porras caminando por una de las riberas. Y así es. Decisiones tan lógicas como conectar peatonalmente el centro urbano con la Casa de Campo o sembrar pinos con raíces de crecimiento lateral para arraigarlos en un sustrato de solo un metro de profundidad hicieron posible un jardín que esconde los más de 200.000 vehículos que circulan por la M-30 a diario, ahora parcialmente engullida por los túneles. Sobre ellos crece un nuevo Retiro.

Porras cuenta que todo empezó con una excursión siguiendo el curso del Manzanares. Del Ventisquero de la Condesa, en la sierra de Guadarrama, hasta el Jarama, donde muere, salieron todas las ideas del nuevo jardín urbano. La de un río que une, la de cada una de las especies de los 460.000 arbustos que contribuyen a la humedad y el aroma del nuevo parque. También salió de esa excursión la decisión de trabajar con el granito, como en la reserva granítica de La Pedriza. "La idea de sanear las márgenes de los ríos es artificial. Los ríos tienen su propia regulación y funcionan moviendo sedimentos y ocupando llanuras aluviales", explica Fernández Lop. El arquitecto Ginés Garrido, por su parte, asegura que eso es precisamente lo que buscaron en Madrid: construir una naturaleza artificial con la máxima naturalidad posible. Hoy la conexión de dos barrios históricamente separados ha sepultado los gases y los ruidos de los vehículos. Los vecinos de Usera y Arganzuela, que durante décadas se veían por encima de la carretera, pueden por fin hablar.

En Zaragoza sucedió algo parecido. Durante la construcción de los pabellones para la Exposición Universal de 2008, un obrero rumano bajó al Ebro a lavarse las manos. Un grupo de arquitectos y trabajadores locales lo contemplaban estupefactos. El obrero hizo lo lógico, aprovechar el río, acercarse a la orilla. "Pero nadie lo hacía", cuenta el arquitecto Santiago Carroquino. Se habían olvidado de que un río puede ser algo más que un problema. Atravesamos una pasarela que salva la desembocadura del Huerva, el afluente que atraviesa Zaragoza oculto bajo el asfalto. La idearon Antonio Lorén y Raimundo Bambó cuando rediseñaron esa parte de la ribera urbana del Ebro. Hoy es habitual que ciclistas y paseantes se queden allí parados, contemplando la nueva topografía, una invención artificial para recuperar la naturaleza vegetal de las riberas. Un poco más abajo, los arquitectos Iñaki Alday y Margarita Jover recuperaron el meandro de Ranillas y levantaron el Parque del Agua sobre 125 hectáreas. La idea de recobrar las márgenes se potenció en la Expo de 2008, dedicada al agua, pero es más antigua. "Formaba parte de la primera campaña electoral de Belloch en 1999", comenta Alday, que recuerda que el río más caudaloso de España barrió a los romanos y tiene una historia agresiva. De estiaje a aguas altas hay una diferencia enorme. "Por eso Zaragoza creció seis metros por encima del cauce", cuenta. Hoy el caudal está más regulado y la ciudad ha recuperado las márgenes con nuevos parques. La clave ha sido convertir la zona de crecidas en espacio natural de uso público el resto de los días del año, darle ese doble uso. "La gente está muy orgullosa. La identidad de la ciudad se ha reforzado con el río. Hoy es una referencia cuando antes era una trasera: un lugar para las graveras y los encuentros furtivos. La gente iba a los puentes a ver el espectáculo de las crecidas, pero, por lo demás, le daba la espalda al Ebro", explica el arquitecto. Tras siglos de temor a las inundaciones, la clave de la recuperación de las riberas del Ebro fue perder ese miedo a las crecidas y deshacer la barrera que levantaba entre las dos partes de la ciudad. Iniciar su reconquista era cambiar Zaragoza. Pero ¿qué hizo posible perder el miedo a los ríos? ¿Por qué ahora?

Fue una inundación, la última gran riada del siglo pasado, la que llevó al Ayuntamiento de Lleida a preguntarse qué hacer con el Segre, un río que la noche del 7 de noviembre de 1982 pasó a ser, durante 24 horas, tan caudaloso como el Danubio. Tras vivir dos días desalojados de sus casas, vecinos y ediles trazaron un plan. Ordenaron la margen izquierda con un parque lineal, que rodea el río a su paso por el centro urbano. Con el tiempo, los jardines se han extendido. Al noreste, aprovechando una mediana de tierra entre dos brazos de agua, surgió el parque de la Mitjana, una reserva natural de 90 hectáreas donde los ciudadanos pasean, hacen pic-nic, participan en deportes fluviales o aprenden a conocer mejor la naturaleza. El éxito de las rutas en ese parque ha llevado al Consistorio a construir un Eco-Museo del Agua.

"Las actividades compatibles con las avenidas de los ríos son el uso recreativo y el deporte", cuenta Fernández Lop. Sin embargo, matiza que la rectificación de los cauces aumenta la velocidad del agua, incrementando los riesgos de inundación aguas abajo. El arquitecto Iñaki Alday está de acuerdo en que el río laminado a capas corre más lento, y encajonado, desgasta la cuenca y rompe cuanto encuentra, pero asegura que esta discusión entre biólogos e ingenieros "hace 10 años hubiera sido impensable". Sabe de qué habla. Suyo fue el proyecto pionero de la recuperación de las riberas del Gállego a su paso por Zuera, a 25 kilómetros de Zaragoza. Alday había hecho una plaza de toros como proyecto de final de carrera y se fue a ver al alcalde de ese pueblo. Corría el año 1995, y consiguió que le encargaran un coso a orillas del río. Sin embargo, sobre el terreno, cambió los toros por la recuperación de las riberas. Hoy su parque, capaz de hacer convivir ocio con inundaciones puntuales, se estudia en las escuelas de arquitectura de Holanda y Estados Unidos.

"Las crecidas son predecibles y puntuales. No suponen riesgo para los visitantes de los ríos, pero sí para los que se atreven a construir y obstaculizar las zonas inundables. En la mente de todos está la tragedia del cámping de Biescas", recuerda Fernández Lop. En parte, la rectificación de ese urbanismo ciego y depredador es lo que ha llevado nueva vida a las riberas. Arquitectos y políticos están de acuerdo en que la sociedad lo demandaba. José Luis Infanzón es arquitecto con cargo político. Como subdirector general de proyectos singulares del Ayuntamiento de Madrid, coordinó los ingentes trabajos del Manzanares. Sostiene que "la idea de una ciudad habitable tiene que ver con el reencuentro de los ciudadanos con su espacio público". Y recuerda que los ríos poseen un valor estructural: acercarse a sus márgenes implica llegar a los espacios que conectan esas márgenes. Conexión. Esa es la clave en el proyecto madrileño que permite caminar desde la Casa de Campo, en el norte, hasta el parque del Manzanares, diseñado por Ricardo Bofill, en el sur.

Está claro que ciudades y ciudadanos ganan con los nuevos parques fluviales, pero ¿ganan también los ríos? Desde WWF alertan de que recuperar algunas riberas puede suponer la destrucción completa del ecosistema fluvial, no su resurrección. "Si se cementa o adoquina sobre tierra fértil, se cambia irreversiblemente el río. Entendemos la dificultad de recuperar la naturalidad de los ríos dentro de los cascos urbanos, pero esto no debe servir de modelo para ciudades en las que aún no se ha ocupado el cauce con construcciones ni para futuros crecimientos urbanísticos, que deberían dejar suficiente espacio al río". El biólogo Fernández Lop cree que el ocio puede ser compatible con la conservación, pero si se hace mal, "las personas ganan poco y los ríos pierden mucho".

Tratando de hacerlo bien, Eduardo Alvarado Corrales, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, habla de "dar al río lo que es del río", evitando la invasión de las márgenes por edificaciones. Cuenta el caso de Mérida. Allí se estimó que la forma de evitar presiones urbanísticas junto al Guadiana era convertir las márgenes en jardines. El río se convierte así en un elemento que contribuye a la convivencia y la relación social, enterrando el tiempo en que era rechazado y generaba inseguridad.

Es cierto que en Mérida el Guadiana respira junto a las más de 73 hectáreas revegetadas y recuperadas en sus riberas. Donde hubo escombreras y deforestación hoy hay prados y siete parques. La idea era recuperar la relación ciudad-río, pero también consolidar el saneamiento de las márgenes. Así, la isla de Mérida contiene campos de fútbol públicos, pero son de tierra. No se ha sembrado césped para mantener el aspecto original de la isla. Hay dos playas artificiales construidas con tres espigones de escollera, pero los senderos, nítidos junto al centro urbano, se desdibujan a medida que el parque se aleja de la ciudad. Sin barreras ni obstáculos, parece que por fin las orillas quieren ser como los propios ríos: fluidas, sin fronteras.

Alvarado insiste en que en Mérida la idea era acercar al ciudadano y alejar la presión urbanística. Pero ha sido la eliminación de obstáculos lo que permitiría asumir cualquier tipo de avenida. En el lluvioso invierno de 2010, las crecidas lo pusieron a prueba. Y funcionó.

Con todo, por su magnitud y su celeridad, el proyecto que ha dado el campanazo en la historia de los cauces y las riberas españolas ha sido el de un río pequeño: la colosal reconversión del Manzanares a su paso por Madrid no tiene precedentes. Porras Isla asegura que "parece asiático". Entre las cifras extraordinarias que maneja, llama la atención la del tiempo: cinco años. ¿Por qué tanta prisa? Una obra equivalente en la ciudad de Boston, el Big Dig, lleva más de 20 años en marcha y todavía no ha sido concluida. "Las obras se han hecho deprisa, como demandan los ciudadanos, no con prisas", matiza José María Ortega, director de gestión de proyectos del Ayuntamiento de Madrid. Infanzón asegura que "detrás de estos objetivos hay más un modelo de ciudad que un puntual intento por recuperar las riberas de un río". Y es cierto que ese consistorio ha demostrado que se pueden concluir grandes actuaciones públicas en plazos que parecían imposibles.

La pregunta entonces es a qué precio. ¿Cuánto ha costado? Y ¿quién lo pagará? Si en Mérida han sido las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Comisión Europea las que financiaron la transformación del Guadiana, en Madrid ha sido el Consistorio quien ha corrido con los gastos. De los 370 millones de euros que oficialmente ha costado, "los aportes del Estado o de la UE no suman ni el 6%", explica Ortega. El dinero pagó la urbanización de 110 hectáreas, pero también un complejo sistema hidráulico para su riego con agua regenerada, los árboles y las pasarelas peatonales, la recuperación de los puentes históricos, los equipamientos deportivos y la reurbanización de las calles adyacentes. Está claro que el cambio en el Manzanares excede el río, pero también es cierto que un parque no es una fuente de ingresos como el Guggenheim de Bilbao. Con ese museo, el Consistorio bilbaíno recuperó una abrumadora inversión en apenas dos años. ¿Cómo y cuándo saneará sus cuentas el alcalde Gallardón?

Ortega alude a la rentabilidad social de los proyectos públicos, pero también defiende económicamente el proyecto como una inversión "muy rentable": "Madrid Río mejora la competitividad de la ciudad en la oferta turística. Se han abierto negocios de alquiler de bicicletas, se han renovado establecimientos de hostelería cercanos, y están comenzando a implantarse cafés y quioscos en el parque". Asegura que el proyecto no solo ha creado empleo durante su ejecución, sino que lo hará durante años.

Desde hace poco, las confederaciones hidrográficas apuestan por la participación ciudadana. Incluyen otras voces en la toma de decisiones. En el Guadiana, Alvarado y su equipo escucharon a los representantes de Patrimonio, pero también a los del club de piragüismo, las asociaciones de pescadores o las de vecinos: "Se trataba de hacer algo sostenible en todos los sentidos. Necesitaba ser vivido por el conjunto de la población", explica. También José Luis Infanzón cuenta que en Madrid se recibieron más de 3.000 alegaciones. Se abrió una oficina de atención al ciudadano en la propia obra y muchas sugerencias se incorporaron al proyecto. La playa, que ocupa la margen izquierda del río en el parque de la Arganzuela, surgió de un concurso en los colegios de Madrid. Una niña propuso: "Una playa con juegos rodeada de un parque".

Hay niños jugando en esa playa. La atraviesan en bicicleta. Corren entre los surtidores tratando de esquivar el agua. Cuando se mojan, gritan y se ríen. Hay abuelos y padres, deportistas y amas de casa. Parece que todos caben. Con tirolinas y toboganes gigantes, hoy hay un parque de aventuras gratuito en la antigua vergüenza de la ciudad. El jardín está diseñado como si alguien lo hubiera recorrido mil veces caminando y anotando ideas: columpios colgando del viaducto norte en el puente de Toledo y un círculo naranja para destacar, con ironía, la apropiación de ese elemento. Hay parterres de bierzo junto a la ermita de la Virgen del Puerto para rendir homenaje al barroco de su autor, Pedro de Ribera. Detalles minuciosos y visión de conjunto: solo granito -molido, roto o en grandes bloques- para ordenar el territorio. "Hicimos más de 90 proyectos y dibujamos metro a metro cada uno", explica Ginés Garrido. Y es cierto que miles de dibujos definen al centímetro las 110 hectáreas del proyecto. Los planos son casi borgianos, tan detallados que, de desplegarse, podrían terminar ocupando la misma cantidad de territorio que describen. Durante la obra, jubilados expectantes golpeaban las verjas con sus bastones para hacer preguntas. Luego, tras cinco años de ruidos insufribles, comenzó el espectáculo de ver crecer el puente-tirabuzón de Dominique Perrault, el único icono de la intervención.

"Huir de la arquitectura espectáculo refleja la voluntad de construir un modelo de ciudad más que un escaparate. Madrid Río quiso retejer una trama urbana que había sido rasgada por la presencia de una obsoleta infraestructura de los años setenta", explica Infanzón. La historia del urbanismo de los últimos años demuestra que una vez que una ciudad emprende el camino de recuperar espacio público para el peatón y para medios de transporte como la bicicleta, ese camino no tiene vuelta atrás. Se convierte en demanda social. Infanzón habla de "hacer del silencio un elemento expresivo del diseño". Su idea para mejorar Madrid pasa por limpiar, unir, reparar. El Manzanares marca el modelo. Pero la idea de recuperar y conectar se extiende por toda España.

En Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Enric Batlle y Joan Roig han cosido junto al cauce del río una red de caminos preexistentes, senderos que, como el río, desembocan en el Mediterráneo. Córdoba, por su parte, confió su apuesta para la capitalidad cultural europea de 2016 a actuaciones en torno al Guadalquivir. Y el plan para transformar el río en un bulevar cultural ganó el premio europeo Pays Med. También en Pamplona, en el meandro de Aranzadi, la intervención de Alday y Jover salvará la huerta donde se inició el cultivo ecológico en España y dará un paso más. Ya no solo despejará las orillas para disfrutarlas como parques y prever las crecidas. Habrá más usos compatibles con la buena vida del río. ¿Puede un río cambiar la vida en una ciudad? El arquitecto Fernando Porras asegura que "de manera irreversible, se está fraguando una radical metamorfosis, sin precedentes para la ciudad de Madrid". Él habla de contagio y de "efecto resonancia". Son los nuevos valores de estas actuaciones radicales, pero discretas, que emplean la vegetación como principal material de construcción los que pueden dibujar ciudades más habitables para el siglo XXI.


* El País - ANATXU ZABALBEASCOA 03/07/2011
Foto: Madrid, ribera_Manzanares (archivo) - G.Lejarcegi (ELPAIS.com)

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Una pantalla 'verde' bloquea la dación en pago en el Congreso

PÚBLICO* : Una pantalla verde con sede en Valencia, Los Verdes Ecopacifistas, vinculados a varios promotores inmobiliarios, ha bloqueado la llegada al Congreso de una de las iniciativas emblemáticas del Movimiento 15-M y, a su vez, la más temida por los partidos mayoritarios y la banca: la dación en pago, es decir, que la entrega del piso salde la deuda de la hipoteca.
El pasado 11 de marzo, este partido de apenas 300 militantes, que ha trabado varias alianzas electorales con la derecha como Unió Valenciana y sin infraestructura para recoger las 500.000 firmas que exige la ley, registró en el Congreso y en los 17 parlamentos autonómicos escritos para abrir formalmente el proceso de la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago.
El efecto práctico, sin embargo, es el inverso: impide que lleguen al Congreso iniciativas preparadas desde hace meses por las principales organizaciones sociales. Salvo que la Mesa del Congreso se muestre flexible lo que, hasta ahora, no ha sucedido, hasta el próximo marzo, sólo Los Verdes Ecopacifistas pueden recoger firmas al respecto, con lo que son prácticamente nulas las posibilidades de que la iniciativa llegue al Congreso.

El proceso de recogida de firmas tiene una gran dificultad técnica y no sólo por la gran cantidad que se exigen: está supervisado por la Junta Electoral y requiere una fotocopia del DNI de todos los firmantes. No basta con firmar un papel. Sólo plataformas con organizaciones de gran implantación social tienen capacidad para recoger 500.000 firmas en nueve meses.

Además, pese a que ya han pasado más de tres meses desde que recibieron el visto bueno, Los Verdes Ecopacifistas ni han anunciado públicamente su campaña ni se han puesto aún a recoger los apoyos, según reconoce a Público su vicepresidente y portavoz, Alejandro Escribano, directivo de dos promotoras inmobiliarias (Vega de la Selva y Sibana) y, en el pasado, de otras empresas familiares también vinculadas al sector: Graesa, Ucros y Jardines de Torrente.

La petición para que la fórmula de la dación en pago, que funciona en varios estados de EEUU, se debata en el pleno del Congreso ha sido formulada reiteradamente por la izquierda minoritaria con el apoyo, en ocasiones, de CiU y siempre se ha encontrado con el muro en contra del PP y el PSOE. La última vez, el pasado jueves, en las resoluciones del debate de política general, que introdujeron algunas medidas de alivio para los que no pueden pagar la hipoteca, pero volvieron a cerrar la puerta a la dación en pago.

Ante esta situación de bloqueo, las principales organizaciones partidarias de esta opción empezaron a prepararla campaña de ILP el pasado noviembre. La plataforma cuenta con millones de afiliados: incluye, entre otros, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, CCOO, UGT, la Organización de Consumidores y las federaciones de asociaciones de vecinos de toda España.

A finales de enero, la campaña ganó notoriedad tras una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra respaldando un auto favorable a la dación en pago. Y entonces se anunció que la ILP estaría lista para finales de marzo.

La sentencia, pionera, encendió todas las alarmas del sector financiero. La agencia de rating Fitch advirtió de inmediato: "Fitch espera que la apelación del prestamista anulará la sentencia inicial. Sin embargo, si la apelación fracasa, daría lugar a un importante precedente material que potencialmente forzaría a Fitch a revisar sus actualesvaloraciones del mercado".

Advertencia de la patronal
El presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, escribió el 7 de marzo una misiva a Economía mostrando preocupación por la sentencia y las "iniciativas que, de confirmarse, pondrían en cuestión el principio de seguridad jurídica y tendrían un impacto muy negativo".

Martín citaba en su carta la nota de Fitch y, en la cuenta atrás de la presentación de la ILP de los movimientos sociales, advirtió de que "la limitación de la responsabilidad del deudor repercutiría gravemente en la solvencia de las entidades de crédito".

La semana siguiente, el día 11, el abogado Alejandro Escribano, dirigente de Los Verdes Ecopacifistas, registraba en el Congreso una petición para impulsar una ILP "sobre el establecimiento de la dación en pago". El partido no hizo ni siquiera una nota anunciándolo y el pasado viernes no había aún ninguna mención al respecto en su página web. Ni de esta petición de ILP, ni de las 17 que presentó simultáneamente en todas las comunidades autónomas y que, salvo en Euskadi, ya han sido desestimadas al ser la reforma de la Ley Hipotecaria competencia del Congreso.

Inadmisión a trámite
El día 30 de marzo se registró finalmente la tan anunciada ILP impulsada por las organizaciones sociales y se presentó públicamente con gran expectación y el apoyo expreso de la izquierda minoritaria. Pero, el 26 de abril, la Mesa la desestimó: al haber ya una iniciativa clónica supuestamente en marcha casi clandestina, no puede admitirse a trámite.

Fuentes de la campaña de las organizaciones sociales explican que, en los más de dos meses transcurridos desde entonces, no han logrado que nadie de Los Verdes Ecopacifistas responda a sus múltiples llamadas. Según estas fuentes, tras registrar su ILP, recibieron un correo electrónico de esta formación "ecopacifista" infor-mándoles de que ellos ya habían presentado una iniciativa análoga. Y se esfumaron: no contestaron emails ni llamadas durante dos meses.

El pasado viernes, un día después de que Público contactara con Escribano, Los Verdes Ecopacifistas enviaron un email a la coordinación de la campaña de los movimientos sociales invitándoles a sumar esfuerzos. "Nosotros no sabíamos que había una campaña en marcha y nuestro único objetivo es recoger las firmas", explica Escribano. El abogado añade que "varios problemas técnicos" les han impedido empezar la campaña, pero que tienen previsto iniciarla pronto. Según su versión, estos problemas han aplazado también el periodo legal de recogida de firmas, con lo que aún cuentan con nueve meses para intentar lograrlas. Es decir, tienen justo hasta marzo, cuando vence la legislatura.

Si los comicios se adelantaran o Los Verdes Ecopacifistas lograran la prórroga de tres meses que prevé la ley si se alegan "circunstancias excepcionales" como la convocatoria de elecciones, el bloqueo se prolongaría incluso durante toda la próxima legislatura porque este tipo de iniciativas no decaen. En tal caso, la plataforma debería esperar al menos hasta 2017.

Los Verdes Ecopacifistas es un partido que siempre ha sido considerado "oscuro" por la mayoría de organizaciones ecologistas (ver artículo en la página 3). Pero, según su portavoz, el hecho de que varios de sus dirigentes sean promotores inmobiliarios no debería causar suspicacias sobre sus intenciones con la ILP de la dación en pago.

"Una cosa es la empresa y la otra la militancia ecologista; son ámbitos que no tienen nada que ver", subraya Escribano, que fue cabeza de lista en Valencia en las últimas elecciones municipales.

Familia de promotores
Escribano es hijo de Alejandro Escribano Vidal, un promotor inmobiliario importante en el desarrollismo del tardofranquismo en Valencia, según varios urbanistas consultados. El propio Escribano Vidal fue candidato del partido el 22-Men el pequeño municipio de Almohaja (Teruel), aunque no reunió ni un solo voto.

El consejo en pleno de las varias empresas familiares que se dedican a la promoción inmobiliaria fueron candidatos de Los Verdes Ecopacifistas el 22-M: Marcelo Escribano Sanmartín administrador de ocho sociedades relacionadas con la promoción inmobiliaria fue el número dos en Alcalá de la Selva (Teruel), donde la familia tiene negocios inmobiliarios y un enfrentamiento con el Ayuntamiento, del PSOE.

Y Josefa Sanmartín, que ha participado en consejos de tres de estas empresas, fue candidata en otro pequeño pueblo de Teruel: La Zoma.

La familia Escribano-Sanmartín, alma máter de Los Verdes Ecopacifistas, que dice contar con 300 militantes en toda España, tiene, además, una vinculación importante con el urbanismo en Valencia: el redactor del Plan General de Ordenación de Urbanismo (PGOU) de la ciudad, llamado también Alejandro Escribano, es primo del portavoz del partido y de varios de sus candidatos y, por tanto, sobrino del patriarca de las empresas y también candidato.

El PGOU se redactó en 1988 con alcalde socialista, pero, tras la victoria del PP, su autor se convirtió en uno de los arquitectos de referencia de este partido, cuya Administración ha encargado a su despacho privado dictámenes avalando algunos de los proyectos más polémicos, como el de la reforma del Cabanyal, entreotros. El arquitecto es, desde hace años, una de las bichas del movimiento ecologista en el País Valencià.

"Mi primo no tiene nada que ver con la ILP sobre la dación en pago, pero estoy seguro de que también querrá firmar", remacha el portavoz de Los Verdes Ecopacifistas.

El partido tiene otros dirigentes relacionados con el negocio inmobiliario. Su fundador y presidente, Abelardo Lloret, constituyó en 1996 la empresa Banco Datos Inmuebles SL, cuyo objeto social son las actividades inmobiliarias y que se mantuvo en su órbita familiar hasta 2008. Otro de los miembros de su reducida cúpula, Juan Costa, fue hasta 2009 apoderado de InmoBrusselen SL, del mismo sector.

Fuentes de la Mesa del Congreso explican que la ley que regula las ILP no deja rendijas interpretativas que permitan aceptar a trámite la iniciativa promovida por las organizaciones sociales porque se registró primero la de Los Verdes Ecopacifistas. Y en la misma legislatura no es posible tratar dos veces un mismo tema.

Los movimientos sociales que la impulsan han presentado otra propuesta, menos directa, pero el 21 de junio recibieron la respuesta por escrito. La firmaba el propio presidente de la Cámara, José Bono: "No".


* Público - PERE RUSIÑOL Madrid 03/07/2011
Foto: Imagen de una de las concentraciones para evitar un desahucio de un matrimonio y su hija en Tetuán (Madrid).- publico

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Aumentan un 16% los delitos de urbanismo en Barcelona en 2010

EUROPAPRESS* : Los delitos urbanísticos han aumentado un 16% en la provincia de Barcelona, pasando de 62 en 2009 a 74 en 2010, según la Memoria de Delitos de Medio Ambiente y Urbanísticos de 2010 presentada este jueves por el fiscal Antoni Pelegrín. Así, en 2010 se abrieron 72 diligencias de investigación por delitos de ordenación del territorio y urbanismo, y dos por delitos contra el patrimonio histórico, y se dictaron dos sentencias condenatorias.
En la memoria se destaca el aumento de colaboración con la Conselleria de Obras Públicas, en concreto con la Dirección General de Urbanismo, después de las quejas de Fiscalía asegurando que no colaboraban lo suficiente ante las peticiones de informes. El fiscal ha reconocido que las relaciones se han agilizado y han mejorado mucho tras una reunión en verano de 2010, de modo que hasta este momento los informes solicitados se han obtenido "con notable prontitud". Además, Pelegrín ha explicado que Fiscalía se ha encontrado con que, en muchos casos de delitos urbanísticos, los ayuntamientos no habían abierto expedientes o los abren en el mismo momento en el que se inicia la investigación judicial, por lo que a partir de ahora los responsables municipales podrán ser imputados en caso de que omitan las inspecciones.

De esta forma, según el fiscal, los ayuntamientos se verán obligados a abrir investigaciones.

Finalmente, la memoria destaca como caso especial el proceso abierto contra el ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, por delitos urbanísticos, de tráfico de influencias y de apropiación indebida en la recalificación de unos terrenos próximos al Palau para construir un hotel de lujo.

El fiscal recuerda que este proceso supuso la entrada en prisión de los dos acusados "durante el tiempo necesario para la práctica de las diligencias judiciales" pertinentes, que más tarde motivaron la ampliación de la querella de Fiscalía y la imputación de responsables municipales.


* Europa Press - 30.06.11
Foto: Barcelona, esquina Palau Musica - elperiodico

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El edil de Calp que negoció el soborno de la basura compró 17 inmuebles por 2,2 millones

LEVANTE/Alicante* : El frenético movimiento en las cuentas del ya exconcejal del PP de Calp, Juan Roselló, y de su esposa ha llamado la atención de la Brigada de Blanqueo de Capitales, que sospecha que el matrimonio amasó "todo o parte" de su considerable patrimonio inmobiliario con los "beneficios ilícitos" del supuesto soborno del contrato de la basura.
En doce años, desde enero de 1998 a octubre de 2010, el movimiento de dinero de Roselló es constante. El edil y su mujer adquirieron 17 inmuebles por un valor total de 2.272.434 euros. El inicio de esa fiebre por comprar adosados y fincas coincide en el tiempo con el supuesto pago de las primeras comisiones por parte de Ángel Fenoll, el propietario de Colsur que, según el sumario de la pieza de Calp del caso Brugal, pactó con el cuñado del propio Roselló, Francisco Artacho, un soborno de 600.000 euros a repartir entre los ediles del PP y los técnicos municipales que le facilitaron la contrata de la basura. Además, el patrimonio del edil aumenta a medida que la planta de transferencias de residuos, que gestiona Colsur, funciona. Según la investigación, Fenoll iba abonando las comisiones pactadas con el pico que sacaba del fraude en el pesaje de la basura.

Roselló y su mujer, bien directamente o a través de sus tres sociedades -Viajes Romar S.A, Regacalp S.L y Explaiin Inmuebles S.L-, adquieren un total de 17 inmuebles entre fincas rusticas con chalé, adosados o locales comerciales. Además, compran seis coches. El desembolso total es de 3,5 millones de euros. Ese trasiego económico se refleja en fuertes pagos en efectivo y en las diez hipotecas que llega a contraer el matrimonio.

Juan Roselló posee, hasta enero de 1998, dos sociedades mercantiles (Viajes Romar S.A y Regacalp S.L). Tiene firmada una hipoteca de 24.000 euros para adquirir los dos locales de sus negocios en Calp. La venta de un local comercial en 1990 le proporciona un ingreso de 120.000 euros, lo que le permite cancelar la hipoteca.
Sin embargo, en enero de 1998 -la contrata de basuras se adjudica en febrero- su patrimonio empieza a engordar. Junto a su mujer compra una finca rústica con chalé, valorado todo en 78.000 euros. Tres meses después contrae una hipoteca por 96.000 euros y en agosto, se compra un coche. En febrero del año 2000, el matrimonio adquiere de golpe cuatro adosados por 288.485 euros. Para ello, abonan 93.998 euros y el resto lo hipotecan. Unos meses después, la esposa de Roselló se compra un coche.Ese mismo año, en diciembre, adquieren una finca con chalé valorada en 54.090 euros. En marzo de 2001, Regacalp compra un local comercial por 18.241 euros, que luego sirve como moneda de pago para saldar una deuda contraída con Juan Roselló y, al final, se valora en 175.010 euros.
Los bienes del edil siguen al alza y, en el verano de 2002, Viajes Romar paga en metálico 312.526 euros por una finca en Calp. Su precio total es de 600.000 euros que se completa con dos pagarés cinco días después. En febrero de 2004 Roselló cambia otra vez de coche. En el mes de abril, su esposa compra un bungaló por 75.000 euros en la urbanización Calpe Park; suscribe en esa operación una hipoteca por 54.000 euros a diez años. En enero de 2005, adquiere una finca con chalé por 172.000 euros con hipoteca por 210.000 euros. Al mes siguiente, el matrimonio adquiere una finca con chalé por 180.000 euros con hipoteca.
La mujer compra tres meses después un apartamento por 120.000 euros con hipoteca de 90.000 euros. Al mes siguiente, en junio, la mercantil Explaiin Inmuebles adquiere una parcela con chalé por 180.000 euros con hipoteca. En 2006, la esposa de Roselló compra un garaje por 8.174 euros en la urbanización Pueblo Mar y el concejal adquiere un local comercial en el Edificio Apolo Calpe con hipoteca de 170.000 euros. Su esposa en abril se compra otro coche. Y en agosto, un trastero por 4.000 euros. En marzo de 2008, adquiere otra finca por 300.000 euros; paga 82.843 en efectivo y el resto lo hipoteca. Roselló compra en junio otro coche y suscribe a través de Viajes Romar un préstamo de 345.000 euros para reformar las instalaciones. Y después, se compra otro vehículo.
Este político calpino ha sido edil entre 1995 y 2011, así como diputado provincial. Las conversaciones entre Fenoll y Artacho que figuran en el sumario, lo sitúan en la reunión en un hotel de Alicante en la que presuntamente el empresario oriolano pactó el soborno de 600.000 euros (cien millones de pesetas). La investigación considera que el ya exedil es una de las piezas clave en la presunta trama de la basura. Está imputado por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias junto al exalcalde del PP, Javier Morató, y los exediles José Perles y Fernando Penella.


* Levante - 207.11
Foto: El exconcejal del PP de Calp, Juan Roselló - levante

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Málaga.- La Junta remite las 27 deficiencias del PGOU

LAOPINIÓN* : De no subsanarse «supondrían la nulidad del Plan», advierte. La Consejería de Obras Públicas ha necesitado diez días para remitirle al Ayuntamiento de Málaga un informe en el que se detallan las 27 deficiencias técnicas detectadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y «que aún no han sido totalmente corregidas por el Consistorio», tras la reunión mantenida por técnicos de la Gerencia de Urbanismo y de la Dirección General de Urbanismo el pasado día 22 de junio en Sevilla (ver La Opinión de Málaga del 23 de junio).
En aquella reunión, según los técnicos de la Junta, se detectaron correcciones mal efectuadas que afectaban al documento de subsanaciones de errores aprobado por el Ayuntamiento en abril pasado y que tendría que haber sido el documento final previo a la entrada en vigor del PGOU.
La Junta detectó entonces unas 140 deficiencias y la mayoría fueron corregidas en la misma reunión del día 23. Quedaron por subsanar otras 27, que son las que ahora les ha remitido la Consejería de Obras Públicas.

Campanillas

En el escrito entregado, la Junta se queja de que en el documento de subsanación de errores aprobado por el Ayuntamiento «no sólo no se atienden todos los requerimientos realizados, sino que, además, se introdujeron modificaciones al planeamiento», que, a juicio de la Consejería, «hubieran supuesto la nulidad del PGOU» de haberse publicado.

Por ello, asegura que «la Junta, en atención de los intereses generales y en pos de la seguridad jurídica, no puede admitir estas modificaciones, ya que supondrían una alteración entre el Plan General aprobado y el que finalmente se publique».

Entre las deficiencias más importantes a subsanar, la Junta reseña la consideración de la zona de encauzamiento del río Campanillas como suelo urbanizable, «cuando realmente es terreno no urbanizable», o la desaparición de suelos no urbanizables de protección territorial. Asimismo, añade el escrito de la Junta, «se ha comprobado que se incrementa o se disminuye la edificabilidad y se altera la superficie de algunos ámbitos».

A esto se suman las deficiencias detectadas en la ficha del antiguo Campamento Benítez, donde el plano aún no se ha corregido, de tal manera que debe figurar como un equipamiento «territorial» para parque «urbano» pero que el Ayuntamiento ha vuelto a presentarlo como parque periurbano, «sin modificarse, por tanto, la ficha», según el escrito de la Junta.

Ahora los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga trabajarán contrarreloj para tener el nuevo documento de subsanación concluido lo antes posible y remitirlo para su aprobación en un pleno extraordinario a mediados de julio. Tras ello se remitiría a Sevilla con la intención de que, una vez, supervisado por la dirección general de Urbanismo, el PGOU pueda ser remitido al Boletín Oficial de la Junta (Boja) y entrar en vigor antes de agosto.

El plazo se ve muy difícil. El propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, reconoció hace unos días que, aunque «actuaremos rápidamente» los cambio reclamados por la Junta «pueden llevarnos hasta septiembre y dejarnos casi sin margen de maniobra para que el PGOU inicie su despegue este año».


* La Opinión Málaga - 37.02.11
Foto: El uso del Campamento Benitez vuelve a sembrar diferencias entre Junta y Ayuntamiento.- La Opinion

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Las grandes inmobiliarias valencianas adeudan 2.700 millones de euros

ELPAÍS* : Las grandes inmobiliarias valencianas registraron en 2009 unas pérdidas después de impuestos de 37 millones de euros -nueve veces más que el ejercicio anterior- y una caída de las ventas superior al 25 %, al tiempo que acumularon una deuda de 2.700 millones de euros. Estas son algunas de las conclusiones del séptimo estudio anual "El sector inmobiliario a través de las 21 grandes empresas" elaborado por la consultora KPMG, que analiza su evolución a partir de las cuentas de las mayores mercantiles.
A pesar de que la caída de los principales indicadores ha sido más moderada que en 2008, en 2009 bajó por primera vez el precio medio del metro cuadrado, un 7,7 %, y se registró la cifra más baja de visados de dirección de obra y transacciones de la última década. Las mayores empresas del sector valencianas, pese a haber refinanciado su deuda, no pudieron compensar la bajada de la demanda de viviendas, de modo que la caída de la cifra de negocio de estas 21 sociedades descendió hasta los 1.067 millones, el 25 % menos que en 2008, cuando se alcanzaron los 1.422 millones de euros.

Sin embargo, los auditores de KPMG consideran que la caída real de ventas fue superior al 25 %, ya que la cifra incluye las operaciones de canje de deuda por activos, por unos 400 millones de euros. Con ello, el saneamiento de activos realizado durante los dos últimos ejercicios alcanza los 421 millones de euros, de los que 188 corresponden a existencias y 233 a escisión de sociedades participadas.

El beneficio de explotación conjunto sufre una caída del 66 % y el resultado de explotación baja desde el 15 % al 7 % como consecuencia de la caída del margen bruto provocada por la caída de las ventas y la reducción de promociones, a pesar de los ajustes en costes fijos, como el de personal, que se redujo el 24 % con la pérdida de 551 empleos.

Como datos positivos, se indica que once de las veintiuna empresas analizadas obtuvieron beneficios, diez mejoraron su resultado neto durante 2009 y que la deuda con entidades de crédito se redujo en 357 millones.

Según ha indicado el socio de KPMG Juan Latorre, las expectativas de actividad futura siguen siendo reducidas debido a la escasa demanda, el acceso al crédito o el nivel de confianza de los consumidores.

Como conclusión, el sector debe adaptar su producto a las necesidades de un mercado más exigente, generar un modelo de negocio basado en una cadena de valor eficiente y buscar una estructura organizativa coherente, que se mantenga con recursos básicos externos y externalice el resto de actividades.

"Ahora, la banca hace la competencia al sector inmobiliario y además, tiene la llave de la financiación. Es necesario que las entidades financieras identifiquen a los mejores, que definan su estrategia y empiecen a abrir el grifo", ha apuntado Latorre.

Asimismo, ha apuntado que varias de estas empresas inmobiliarias presentarán en breve concurso de acreedores por "puro agotamiento del mercado", si bien ha reconocido que esta medida en ocasiones se está usando como "herramienta de negociación con las entidades financieras".

"Sería conveniente un buen análisis de mercado que identifique las firmas de calidad y estudie cuándo se prevé una revitalización del turismo, sobre todo el alemán y el inglés, porque en este sector hay que empezar a trabajar dos años antes", según Latorre, una labor en la que las entidades financieras podrían subcontratar a las inmobiliarias.

Preguntado por la propuesta de aumentar la cuantía del sueldo no embargable, Latorre ha asegurado que esta medida "generalista" afectará a quienes vayan a pedir un crédito y tienen intención de pagarlo, "ya que las entidades pedirán más garantías para proteger su negocio" y ha insistido en que los embargos afectan a un porcentaje pequeño de "los millones de ciudadanos hipotecados".


* El País - 1.07.11
Foto: Valencia, campo Mestalla - espanja.org

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Represión sucia contra el 15M

PEDRO OLIVER OLMO* : Son legión los amigos del movimiento 15-M, y a buen seguro lo seguirán siendo. Pero no es menos cierto que a los activistas del 15-M también les brotaron desde muy pronto sus primeros enemigos. Hay muchos matices en esa hostilidad, pero destacan dos grandes grupos que se han caracterizado por haber reaccionado frente al 15-M con una actitud igualmente malhumorada y, sin embargo, con argumentos muy diferentes. Por un lado, algunas personas de orden y seguramente muy de derechas, desde sus tribunas políticas o mediáticas, y en sus entornos empresariales o simplemente particulares, desde muy pronto empezaron a imaginar a los “indignados” y a representarlos con imágenes de “nuevos pobres”, como marginales y chabolistas, como guarros y perroflautas. Por otro, algunas personas de la izquierda bienpensante los percibieron con la imagen contraria, más bien propia de “nuevos ricos”, como niños de papá y hippipijos, como estudiantes mimados y sin embargo fracasados.
Quieren ver cómo se disipa, agota y fracasa el 15-M. Quieren ver cómo meten la pata y dan argumentos a las autoridades para que se actúe contra ellos, aunque, evidentemente, unos tengan más ganas que otros de que los indignados se lleven o una buena dosis de porra y mazmorra, o un tiempo infinito de desprecio y ninguneo. Será muy difícil disipar los efectos postreros del 15-M, incluso si no tuviera una vida larga, pero unas autoridades u otras siempre estarán tentadas de reprimir este novísimo movimiento social. A esto último voy, a señalar aquí la importancia que para el movimiento 15-M tiene pensar y repensar, y preparar e incluso entrenar las formas de hacer frente a la represión. El 15-M no debe convertirse, ni por asomo, en un movimiento anti-represivo; pero, lamentablemente, no puede obviar las tres grandes estrategias represivas que, previsiblemente, el Estado va a seguir lanzando contra él: la buro-represión, la represión policial legal (más o menos cruenta), y la represión sucia.

Por un lado, la buro-represión, la que se ejerce de forma invisible, a base de trabas administrativas y sanciones económicas, es un riesgo muy serio, como comprendió en su día aquel tosco ministro socialista llamado Corcuera, porque puede desangrar económicamente a cualquier colectivo o dejarlo inactivo por miedo a las multas. La buro-represión sólo se puede conjurar con imaginación y, todo hay que decirlo, con mucha solidaridad, recabando apoyo económico para que no paguen sólo los detenidos o los identificados por la policía. Hasta hoy, el Estado ha tenido dificultades para dictar una buro-represión de oficio contra el movimiento 15-M, dado la magnitud de la movilización. La desobediencia civil tendrá que seguir siendo masiva, un reto hasta ahora alcanzable, tal y como ha quedado patente en las multitudinarias manifestaciones del 19J, pero también en las acciones contra los desahucios, con centenares de participantes trasgrediendo abiertamente dictados legales que se consideran injustos.

Por otra parte, la represión policial legal, la que el Estado justifica fácilmente apelando al orden público, hoy por hoy, no ha perjudicado al movimiento 15-M, el cual, ha demostrado estar preparado para minimizarla e incluso rentabilizarla (en la mejor línea gandhiana), gracias a que se ha apoyado en la experiencia de los movimientos de noviolencia, tan influyentes en España desde la época de la objeción y la insumisión al servicio militar obligatorio. Eso le ayuda a ganar legitimidad y simpatía social, o en el peor de los casos, (por ejemplo, si se cometen errores, o los cometen supuestos amigos internos que ni comprenden ni aceptan la fuerza de la noviolencia), como mínimo no provocarán un fuerte desafecto social. El plus de legitimidad que se han ganado los activistas de un movimiento que ha calado socialmente, porque conecta con la indignación de muchos y con los valores de una mayoría, ha hecho prácticamente inviable la utilización de la represión legal, a la que no obstante han apelado una y mil veces políticos diversos pero coincidentes, como Álvarez Cascos y Pepe Bono, y periodistas políticamente divergentes pero convergentes en la ideología del palo y tentetieso.

Lo peor puede llegar de manos de la represión sucia, algo que parece haber ocurrido ya en Barcelona durante la acción de bloqueo no violento del Parlament. Hay pruebas para denunciar este caso, pero esas cosas no son flor de un día. Se preparan. Y, por cierto, tienen antecedentes bien conocidos: fue precisamente en Barcelona, durante el domingo 24 de junio de 2001, cuando, al final de una manifestación pacífica a la que acudieron unas cincuenta mil personas convocadas por una plataforma de colectivos contra la globalización, se produjeron gravísimos incidentes, con rotura de escaparates, intervención de la policía antidisturbios, heridos y varios detenidos. Los grupos convocantes denunciaron a la policía como provocadora y autora de los estragos. Llegaron a presentar una querella criminal para que se identificara a unos 80 agentes de paisano que lanzaron barras de hierro a los policías uniformados con el fin de justificar la carga policial y criminalizar al movimiento antiglobalización.

Desde que las primeras acciones represivas se volvieron en contra del Estado desencadenando una fuerte ola de simpatía y solidaridad en la Puerta del Sol y en la Plaza de Cataluña, era obvio que el movimiento 15M iba a convertirse en un grave problema político. Una cuestión de Estado. Seguramente desde entonces se empezó a dirigir contra él algún tipo de represión sucia, infiltrando a agentes de las policías autonómicas y estatales para que se afanaran en conocer bien sus puntos débiles, con el fin de sustraerle el gran apoyo social logrado. La mayor parte de los activistas del 15M tienen esa sensación desde el principio. Y ahora, cuando esa impresión se convierte en convicción, se agiganta uno de los rasgos más sobresalientes del 15M: su estrategia no violenta. El Estado puede ser o no ser cuestionado cuando hace uso de la fuerza, pero si lo que hace es un uso sucio de la violencia, se deslegitima por completo. Y si esa represión sucia la dirige contra activistas no violentos, entonces, está perdido. Ni a los mossos de Puig ni a los policías de Rubalcaba les va a resultar fácil ensuciar a tanta gente limpia.

* Diagonal - Opinión - 29.06.11

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Censura TVE1 Indignados Dry London 15-M

* YouTube - MrTortugueando - http://youtu.be/1pkDHA2Cc20

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Águilas.- Investigan si Casanova ocultó 21 millones a Hacienda con facturas falsas

LAVERDAD/Murcia* : El 'caso Zerrichera' puede acabar costándole caro al empresario Trinitario Casanova. Muy caro. En dinero y en más problemas con la Justicia de los que ya ha tenido. Las investigaciones puestas en marcha en 2007 con motivo de la supuestamente irregular recalificación de una finca de 250 hectáreas en el paraje de La Zerrichera de Águilas, en las que el citado promotor pretendía levantar unas 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf, han acabado dando origen a otra causa judicial, ésta por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y por falsedad documental.
El levantamiento del secreto del sumario que pesaba sobre doce tomos del 'caso Zerrichera' (unos 7.000 folios que están siendo analizados por este periódico) ha permitido conocer que, en noviembre de 2009, la Fiscalía Superior de Murcia presentó una nueva denuncia contra Trinitario Casanova por seis presuntos delitos fiscales, cometidos entre los años 2004 y 2006, así como por falsedad en documento mercantil.

Esta iniciativa de la Fiscalía está basada en diversos informes emitidos por inspectores de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), que establecen que el promotor podría haber defraudado más de 21 millones de euros en esos tres años, tanto en concepto de Impuesto de Sociedades como en IVA, y que el método utilizado para cometer ese presunto fraude habría sido la compra y presentación de facturas falsas; esto es, por trabajos que le habían facturado otras empresas y que en realidad no se habrían realizado.

Por su complejidad, este asunto ha dado origen a una pieza separada de las Diligencias Previas 1.359/07, que son las que engloban las investigaciones sobre La Zerrichera.
En concreto, lo que sostienen los inspectores fiscales y respalda el fiscal en su denuncia, es que «Trinitario Casanova Abadía, en representación del Grupo Inversor Hispania, simuló durante los años 2004, 2005 y 2006 la celebración de distintos contratos de obras y servicios con empresas que le giraban las facturas presuntamente falsas».
Esos documentos presuntamente falsificados no sólo le habrían servido, siempre según la AEAT y la Fiscalía, para desgravarse algo más de 21 millones de euros en esos tres años, en concepto de Impuesto de Sociedades e IVA, sino que le podrían haber permitido justificar la salida de las cuentas de la empresa de ingentes cantidades de dinero; es decir, «para justificar movimientos de dinero cuyos destinatarios finales se desconocen».
«¿A quién pagaba Trinitario?»
Funcionarios en la diana
«¿A quién pagaba Trinitario Casanova?», se pregunta el Fiscal Superior, Manuel López Bernal, en un escrito dirigido al juzgado. «Si los pagos se hacían en el proceso de recalificación de La Zerrichera (se ha comprobado que algunas importantes salidas de dinero coinciden con fechas clave en la tramitación de la recalificación) parece a todas luces legítimo, e incluso obligado, sospechar que los pagos a 'Explotaciones El Trebolar' (una de las empresas sospechosas de emitir las facturas falsas) iban en realidad dirigidos a las personas que intervenían en la gestión urbanística de la misma».
«A mayor abundamiento -añade el fiscal- cuando en las actuaciones obra la denuncia del portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Águilas, Ramón Román, de que el concejal del mismo grupo, Pedro Gil, le había ofrecido un millón de euros a cada uno de ellos por abstenerse en la votación del convenio (la aprobación provisional del plan parcial La Zerrichera tuvo lugar el 27 de octubre de 2005 por parte del Pleno)».
Como ejemplo de esas facturas supuestamente falsas que Trinitario casanova habría adquirido y presentado al fisco destaca la que el 26 de octubre de 2005 (un día antes de la citada aprobación provisional de La Zerrichera) abonó a 'Explotaciones el Trebolar', por importe de 2,2 millones de euros, «a cuenta de la gestión en la venta de las propiedades que se relacionan en el contrato de fecha 14-6-2005». Es decir, por su supuesta intermediación en la venta de La Zerrichera a la sociedad vasca Inverlur 5005 por 105 millones de euros.
Indicios de falsedad
Implicados que confiesan
La consideración de falsedad de muchas facturas de ese tipo (las mercantiles emisoras de las mismas son más de una docena) no parece gratuita. Hay indicios que apuntan a ello. Así, respecto de la mencionada factura de 'Explotaciones El Trebolar', los propios representantes de Inverlur 5005, que fueron quienes adquirieron La Zerrichera, han manifestado que nadie medió en la operación de compraventa y que negociaron directamente con Trinitario Casanova.
En otros casos, han sido los propios administradores de las empresas emisoras de facturas los que han reconocido ya que los documentos eran falsos y que no habían realizado para Grupo Hispania los trabajos que decían hacer efectuado. Más todavía, la AEAT advierte de que la mayor parte de esas empresas no tienen trabajadores ni apenas actividad y que, en algunos casos, ya estaban siendo investigadas anteriormente por fraudes al fisco y por la emisión de facturas falsas.
Se confunden en el nombre
Paraje de 'La Cernichuela'
Un elemento que no por curioso y simpático resulta menos revelador es que buena parte de las facturas de dudosa legalidad, emitidas por diferentes sociedades mercantiles, se refieren a trabajos que habrían realizado en lo que denominan la finca 'La Cernichuela'. Ese error en la forma de denominar a 'La Zerrichera' lleva a los inspectores a confirmarse en la hipótesis de que esas firmas no sólo no han realizado trabajo alguno allí, pues no saben ni cómo se llama la finca, sino que además todas las facturas podrían haber sido ordenadas por la misma persona.
Igualmente significativo se considera que algunos de esos hipotéticos trabajos en La Zerrichera sean movimientos de tierras, aplanamiento de terrenos... y otras labores similares, cuando Trinitario Casanova no disponía de permiso alguno para realizar ese tipo de obras y, más todavía, cuando esas labores habrían causado gran escándalo teniendo en cuenta la polémica que ya existía sobre ese proyecto. Más todavía, se hace constar que algunas de esas obras se realizaron cuando Trinitario Casanova una había vendido la finca Inverlur 5005, por lo que no tendrían sentido alguno.


* La Verdad - 2.07.11
Foto: La Zerrichera (Murcia) - ecologistasenaccion.org

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Fenoll logró la basura de Calp tras pactar un soborno de 600.000 € a ediles del PP y técnicos

LEVANTE/Alicante* : El empresario Ángel Fenoll, propietario de la mercantil Colsur e imputado por el caso Brugal, pactó con el cuñado del concejal calpino Juan Roselló, Francisco Artacho, que le entregaría en varios pagos una comisión total de 100 millones de pesetas (601.012 euros) que este último debería repartir entre los concejales del PP de Calp y los técnicos municipales que le habían facilitado el contrato de tratamiento y eliminación de basura.
Así se indica en las diligencias previas de la pieza del caso Brugal que investiga el titular del juzgado de instrucción nº1 de Dénia. El sumario incluye las grabaciones efectuadas por el propio Fenoll e intervenidas por el Grupo de Delincuencia Económica de Alicante y la Brigada de Blanqueo de Capitales. De esas grabaciones se desprende, según la policía, que Artacho ejerció de «enlace» e «intermediario» para que Fenoll obtuviera en 1998 el contrato de la basura (por 25 años), pese a que su oferta no era la más económica. Entonces la alcaldía de Calp la ocupaba Javier Morató, del PP, quien gobernaba con mayoría absoluta.

La investigación considera probado que el empresario oriolano pagó comisiones «a concejales y personas allegadas al ayuntamiento». Artacho tendría contacto directo con su cuñado Roselló, a quien se sitúa en un encuentro en el hotel Meliá de Alicante en el que supuestamente se acordaron las cantidades que percibirían los ediles y técnicos vinculados a la trama. En una conversación, Fenoll le recuerda a Artacho que él no quería ofrecer más de 90 millones de pesetas, pero en esa reunión del Meliá «ellos subieron diez».

Los encuentros entre el dueño de Colsur y el cuñado de Roselló son un tira y afloja en el que el segundo reclama siempre más dinero «para que nadie se rebote». Tras lograr el contrato y los permisos para la planta de transferencias, Fenoll avanzó a Artacho 18 millones de pesetas (108.182 euros). En las grabaciones, incluso se ven entregas de fajos de billetes. Artacho se quedó supuestamente cuatro millones de pesetas, aunque insiste una y otra vez en que su comisión pactada era de seis millones. Además, le pide a Fenoll que no se le escape nunca ante los políticos que él ha recibido ese dinero.

Los otros 86 millones de pesetas (516.870 euros) del soborno se debían sacar de engordar las facturas de basura que Colsur cobraba al ayuntamiento. En las conversaciones, Artacho dice que ha negociado con Llíber, Alfàs del Pi, Callosa d´En Sarrià y pueblos próximos a Dénia llevar su basura y pesarla en la planta calpina. También hablan de pesar las algas mojadas. Y finalmente aluden a un técnico municipal que supuestamente colabora con ellos y pesa al alza los residuos.

Las comisiones en esta caso no se abonarían de golpe, sino anualmente. En una de las conversaciones, los dos interlocutores admiten que con el fraude del pesaje se están beneficiando en 9 millones de pesetas (540.091 euros) al mes de los que destinan dos (120.020 euros) a atender la deuda pendiente con la trama. Además de los cien millones de pesetas, el «pacto» incluía que el empresario oriolano destinara 25 millones de pesetas al Calpe Club de Fútbol. Fenoll insiste en abonar cinco millones cada temporada, porque no se fía del presidente del club.
El cuñado de Roselló no se conforma con sacar su parte de la comisión. Le exige a Fenoll un sueldo fijo y que lo ponga a gestionar la planta de transferencias de Calp.

En esta pieza del caso Brugal hay once imputados, entre ellos los propios Fenoll y Artacho, el exalcalde Javier Morató, que ahora es edil independiente, y los exconcejales del PP Juan Roselló, José Perles y Fernando Penella.


* Levante - 1.07.11
Foto: Calp (Alicante), planta transferencia ilegal - levante

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Un imputado en el ‘caso Granadilla’, en busca y captura

CANARIASAHORA* : El titular del juzgado nº3 de Granadilla de Abona tomó este jueves declaración como testigos a varios de los que fueron técnicos del área de cultura del Ayuntamiento de esa localidad del sur de Tenerife durante la legislatura 2003-2007, durante el mandato de Jaime González Cejas (PSC) como regidor, al que se le acusa de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Este viernes prosigue la ronda de declaraciones.
Ya son once los imputados en esta causa después de que el juez haya ampliado la denuncia a dos empresarios de la empresa Vimédano Beach S.L., a la que González Cejas vendió sus acciones en la inmobiliaria Médano Beach por 57 veces su valor, de forma que amplió su patrimonio en 144.000 euros, según un informe pericial. Uno de esos imputados ya ha declarado y el otro está en busca y captura.

Sin embargo, en su interrogatorio de este jueves a los técnicos municipales, el juez estuvo solo porque la acusación particular que emprendió el propio Ayuntamiento, con Carmen Nieves Gaspar (CC) como alcaldesa, ha sido retirada, una vez que la alcaldía ha vuelto a las manos del propio González Cejas gracias a un pacto con el PP, cuyo concejal Esteban González González apoyo en su momento la denuncia de Gaspar. Hoy, Esteban González es primer teniente de alcalde.

La Fiscalía, que hizo suya la denuncia de Gaspar, no ha participado de la toma de declaraciones a los testigos, que no son sólo técnicos y funcionarios del área de Urbanismo, sino que la instrucción del magistrado se ha ampliado al área de cultura, tras incorporar a la causa parte de una auditoria encargada por Alternativa Sí Se Puede a la empresa externa Ernst&Young, partido que acompañaba a Gaspar en la anterior legislatura y que ahora, en la oposición, también parece descolgarse de la denuncia contra Cejas.

Jaime González Cejas, alcalde y concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, fue imputado cuando dejó el cargo en 2007 por la fiscal delegada en Anticorrupción, María Farnés Martínez. Junto a él fueron imputados su hermano José Antonio González Cejas, que había sido concejal de obras (dos delitos de prevaricación y uno de tráfico de influencias), y toda la Junta de Gobierno de Granadilla por prevaricación.

El motivo de la imputación es que el renombrado alcalde aprobó en diciembre de 2004 el plan parcial para una empresa inmobiliaria de la que era accionista, y seis meses más tarde, el plan provisional, lo que era competencia del Pleno municipal. De esa forma, Médano Beach pudo adjudicar al Ayuntamiento dos parcelas valoradas en 742.484,96 y 184.919,99 euros que, según la denuncia de la Fiscalía, el Ayuntamiento revendió a la misma entidad por un precio muy inferior al del mercado, a 272 euros el metro cuadrado en vez de los 558 euros estipulados en el mercado.

Al hermano del alcalde, José Antonio González Cejas, la Fiscalía le imputa que en 2005 votase en una junta de Gobierno a favor de una concesión de licencia de reformado para primera ocupación de 25 viviendas, local comercial y 25 aparcamientos, concedida a la empresa Evanosur S.L., de la que eran propietarias su esposa y su cuñada.

Cultura y subvenciones cuantiosas.

Si antes era el área de Urbanismo, el de Cultura ahora también ha quedado metido de lleno, La llamada a declarar a funcionarios de esa área se debe a que la investigación de la Guardia Civil señala pagos en subvenciones culturales sospechosos, como una subvención de 120.000 euros a una entidad uruguaya cuando lo máximo en otros ayuntamientos, como el de Santa Cruz de Tenerife, son 15.000 euros.

Aldo Pérez, el abogado que ejerció la acusación particular contra González Cejas y su junta de Gobierno en nombre del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, confirmó a CANARIAS AHORA que el pasado martes le fue notificado que su trabajo se acababa, lo que se esperaba “por pura lógica. El imputado ha vuelto a ser alcalde. Este es un asunto que puede quedar empantanado”, añadió, en referencia a la poca participación activa de la Fiscalía.


* Canarias Ahora - 30.06.11
Foto: Granadilla (Tenerife), puerto - canarias7.es

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Greenpeace insta al nuevo alcalde de Carboneras a reconducir la política urbanística

ECOTICIAS* : Ante la toma de posesión del nuevo equipo municipal del Ayuntamiento de Carboneras, que tendrá lugar el 1 de julio, Greenpeace insta al nuevo alcalde a que rectifique los errores del anterior gabinete (1). La organización ecologista pide que se reviertan las políticas obsoletas de desarrollo urbanístico desmesurado e ilegal que han hecho a Carboneras un ejemplo de destrucción de litoral y que declare El Algarrobico no urbanizable.
En la actualidad, el Ayuntamiento incumple el auto del 25 de noviembre de 2008 que restablece en El Algarrobico el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994, donde el suelo estaba clasificado como “Área Natural de Interés Natural”. El nuevo alcalde, el independiente Salvador Hernández, debe rehacer el Plan de General de Ordenación Urbana (PGOU). Hernández debe, según ya ha señalado la Justicia declarar la parcela de El Algarrobico como no urbanizable y no al contrario, como hizo su antecesor (2).

Greenpeace recuerda que el pasado 5 de mayo de 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) prohibía personalmente a Fernández “realizar cualquier actuación urbanística” en el sector de El Algarrobico, con el apercibimiento de incurrir en delito de “desobediencia”, una vez que el Ayuntamiento aprobó en agosto de 2009, las normas urbanísticas que rotulaban el sector como urbanizable.

El nuevo alcalde, en declaraciones a el periódico El Almería el pasado 22 de junio declaró que “...El Algarrobico tampoco iba a ser la salvación del empleo en Carboneras, dada la situación de los hoteles en Toyo, en Mojácar, que cierran y solo abren en temporadas”. Greenpeace celebra estas declaraciones ya que supone un cambio sustancial en la anterior apuesta del ejecutivo local por el urbanismo masivo. La organización recuerda que hay demasiados ejemplos fallidos en todo el Estado de grandes promociones urbanísticas como solución a la crisis económica para las zonas costeras.

“Carboneras puede y debe alcanzar un plan urbanístico de desarrollo local que incentive el turismo de naturaleza y rural y que tenga en cuenta el activo económico que significa el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar”, ha subrayado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace. “Es el momento de corregir errores y clasificar el entorno de la parcela de El Algarrobico como insta la ley, como terreno no urbanizable”.

NOTAS
(1) El independiente Salvador Hernández (GICAR) gobernará en coalición junto al Partido Popular (PP), al que le corresponde la Concejalía de Urbanismo.

(2) El exalcalde Cristobal Fernández (PSOE) vulneró el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo que le valió un apercibimiento del TSJA.

http://www.greenpeace.org/


* Ecoticias - Agencias - 1.07.11
Foto: El Algarrobico - Carboneras (Almería), aérea - greenpeace.org

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¿Se hace populismo con el mercado inmobiliario o es que no funciona?

KIKE VÁZQUEZ* : Ladrillo, ese oscuro objeto de deseo en España. Si durante los tiempos de bonanza hemos demostrado una importante irracionalidad, ahora que las cosas van mal, peor. “Por mi pisito MA – TO”, que se diría en la televisión de calidad de este país. Y es que la discusión sobre el mercado inmobiliario va en aumento, encuentra lugar tanto en una manifestación de “indignados” como en el Debate del Estado de la Nación, siendo ambos reflejo del incremento de la preocupación ciudadana por este tema. Pero, ¿se está haciendo demagogia con todo esto, como sostienen algunos sectores, o es que algo no está funcionando correctamente y provoca lo que vemos?
Todo esto no viene de ahora, sino de meses o incluso años atrás, cuando la morosidad empezó a repuntar de forma notable. Ahí mucha gente descubrió que en nuestro país “el sonajero” no está muy extendido, sonido que hacen las llaves cuando se las entregas al banco para irte saldando la deuda, o lo que es lo mismo “la dación en pago”. Si bien es cierto que es ahora cuando el debate está cogiendo fuerza a medida que la situación se deteriora y los casos aumentan. Pero, ¿es justa la ley española o mejor la dación en pago?
Bien, ni justo ni injusto, son sistemas distintos. En uno hipotecas el bien y si no puedes pagar te lo embargan y adiós, en otro te haces responsable de la deuda contraída y debes abonarla con el activo o con lo que puedas. Ambos son igual de válidos. Lo que sí hay que decir es que lo que defienden algunas personas de aplicar cambios entre un modelo y otro con efectos retroactivos es una barbaridad. Lo es a nivel jurídico, lo es para la solvencia de nuestro sistema financiero y lo es para todas esas personas que han sido responsables no hipotecándose en algo que no podían pagar.

Con ello no pretendo llamar irresponsable a quien por lo que sea no pueda hacer frente a su deuda, ni mucho menos, porque debemos ser empáticos y entender que eso al fin y al cabo le puede pasar a cualquiera y más tal y como están las cosas, pero también debemos entender que los demás no son responsables de nuestras circunstancias. Por ello, sintiéndolo mucho, nadie va a venir del cielo con una ley bajo el brazo que elimine nuestras obligaciones. Eso no va a pasar.

Ahora bien, ¿podría expandirse la dación en pago de aquí en adelante? Podría, de hecho la Ley Hipotecaria actual ya lo permite. Leía en La Voz de Galicia esta semana que el coste de optar por dicho supuesto es el doble que en las condiciones actuales, si no recuerdo mal, se cobra entre un 7% y un 9% por adquirir así un activo según sea tipo variable o fijo (si se concede la hipoteca claro). Además el “loan to value” o LTV pasa del 80% al 50%. Creo que a menudo se habla de la eficiencia de nuestro mercado hipotecario sin tener en cuenta las condiciones “leoninas” que presenta, y habría que saber qué diferencial se ofrecería en el extranjero con la ley española y viceversa. Esto último lo sabemos, y como vemos no es tan eficiente a igualdad de condiciones como en un principio podría parecer. Además, teniendo en cuenta la burbuja existente, algo se habrá hecho mal...

¿Quién sale ganando más ahora? No tengo duda alguna que nuestros bancos y cajas, ya que no solo presentan una morosidad relativamente baja en nivel residencial teniendo en cuenta la crisis que tenemos entre manos, sino que además las cédulas son una buena forma de financiarse al ser emitidas por ser bastante fiables, especialmente si las comparamos con “engendros” inventados por el extranjero. Ahora bien, también gana quien haya comprado una vivienda y la pague, ya que habrá accedido a unas condiciones crediticias mucho más ventajosas que en otros lugares. Y si bien sería discutible hasta qué punto el efecto neto es positivo, ya que las facilidades crediticias aumentan los precios inmobiliarios y es posible que el hipotecado al final pague más, no es esta la situación que nos espera en los próximos años y estamos hablando de un modelo para el futuro.

¿Cuál es el problema entonces? Obviamente quien finalmente no puede pagar, que puede ser una persona irresponsable o no, puede ser también una persona que tenía un trabajo lo perdió y se quedó sin ahorros a pesar de no realizar una operación arriesgada. Habrá gente que prefiera la dación por si pudiese darse ese caso, o simplemente porque no quiere tener unas condiciones tan duras, cada cual debe ser libre de decidir. Por tanto seguramente deba promocionarse la dación en pago, para dar más opciones, pero el tema crucial está en esta deuda resultante en el sistema actual, aquí es donde España hace aguas y donde más injusto es el sistema.

Expliquemos brevemente el proceso. Don Pepito compra vivienda por 200.000€, lleva pagado 50.000€ pero un día no puede más, el banco aplica la ley y pone la vivienda en subasta aunque nadie la quiere. En dicho caso la entidad financiera se adjudica el inmueble por el 50%, bien de los 200.000€, bien de un segundo valor acordado anteriormente en caso de subasta judicial. Cláusula que está en entredicho e indigna bastante a parte de la opinión pública. Lo demás quedaría a deber.

¿Cuál es el problema real aquí? ¿Que los bancos y cajas den palmas con las orejas por ser las mayores inmobiliarias del país? No, ya que ellos negocian con dinero y el ladrillo no les resulta cómodo, todo lo contrario. El problema real es que esa vivienda no encontró a nadie que la comprase por un valor lo suficientemente alto, que en la mayoría de los casos acabaría con la deuda y convertiría a nuestro sistema en uno muy competitivo. ¿Por qué? Como explica el blog “Subastas Judiciales” pujar por menos del 70% no interesa (y de ahí la doble cláusula anterior de las entidades financieras tratando de bajar este margen y que alguien les quitase de las manos las viviendas). Y lo peor no es que la ley provoque esto, es que la falta de seguridad jurídica existente en todo el proceso espanta al más pintado. Cuando hasta los profesionales tienen problemas qué nos pasaría a los demás…

Así, si bien es cierto que bancos y cajas se benefician de la actual ley, creo que mejorar notablemente el funcionamiento de nuestra justicia (utopía al poder) sería ventajoso para ellos y aún más para todos los demás usuarios. Podríamos seguir disfrutando de los actuales costes y en caso de suceder lo peor tendríamos más garantías de que no íbamos a arrastrar una deuda para el futuro, siendo en la mayoría de los casos la mejor opción a nivel internacional. Por ello creo que, si bien algo de demagogia hay en todo esto, cuando el río suena es porque agua lleva… y en este caso es así.

* Cotizalia - Blog - 1.07.11

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