Un borrón en el mapa de Sevilla

ELPAÍS* : A Sevilla le ha salido esta semana un borrón. La decisión del Tribunal Supremo de vetar la construcción de la biblioteca de la Universidad de Sevilla deja a la ciudad sin un edificio firmado por la iraquí Zaha Hadid, reconocida, entre otros, con el premio Pritz-Ker, probablemente el más prestigioso del mundo de la arquitectura. Implica también la pérdida de una biblioteca pública, que tampoco es una buena noticia para ninguna ciudad. Y sobre todo, supone que, una vez más, sean los tribunales los que tengan la última palabra en la planificación urbanística de la ciudad ante la incapacidad de la administración y los administrados de llegar a un acuerdo.
Las obras de la biblioteca central de la Universidad estaban paralizadas por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desde julio de 2009. El edificio llegó a los tribunales de la mano de un grupo de vecinos del entorno del Prado de San Sebastián contrarios al proyecto. Aunque el alto tribunal andaluz dio la razón a los vecinos, tanto el Ayuntamiento como la Universidad estaban convencidos de que el Supremo salvaría la biblioteca. Pero los jueces han entendido que la decisión de eliminar parte de los jardines del Prado para levantar ahí el edificio no está suficientemente justificada.

"Cuando se trata de hacer desaparecer en todo o en parte una zona verde, han de expresarse las razones por las que la biblioteca no puede ser construida en otros terrenos para cumplir la misma finalidad de permitir el uso cualificado del entorno universitario", afirma el tribunal.

Los jueces creen que el edificio podría ubicarse en otro sitio sin perjudicar a su uso. Esta parece ser la única salida que le queda al proyecto, en cuyas obras, iniciadas en agosto de 2008, la Universidad ha gastado ya más de cuatro millones de euros. El rector, Joaquín Luque, se reunió el pasado viernes con el nuevo teniente de alcalde, Javier Landa, en un encuentro que el Ayuntamiento define como "una primera toma de contacto" para encontrar una salida. Ambas partes tienen prácticamente descartado que la sentencia del Supremo, que no es recurrible, deje algún resquicio legal para mantener el proyecto en el Prado, a pesar de que la Universidad no esté de acuerdo con el argumento de los jueces de que la biblioteca puede cumplir la misma finalidad en otra ubicación. Según la institución académica, el Prado de San Sebastián tiene una gran importancia geográfica. Este parque está ubicado a medio camino entre el Rectorado (la antigua Real Fábrica de Tabacos) y los campus de Ramón y Cajal y Pirotecnia, en los que estudian unos 20.000 alumnos universitarios, que se beneficiarían del nuevo edificio.

El único emplazamiento alternativo del que se ha hablado hasta ahora lo puso precisamente sobre la mesa el actual alcalde, Juan Ignacio Zoido, cuando aún era candidato. Como en otros tantos asuntos, el ahora regidor ha intentado no posicionarse ni muy a favor ni muy en contra del proyecto, sabedor de que muchos de los vecinos que se oponen al edificio eran potenciales votantes suyos a juzgar por las fuertes críticas que dirigían al gobierno de PSOE e IU, pero conociendo también que la promotora de la obra (la Universidad) es la primera empresa de la ciudad y uno de sus grandes motores económicos.

Zoido, crecido tras su abrumadora victoria electoral, está convencido de que "en una semana" habrá cerrado prácticamente un acuerdo con la Universidad. Pero enfrente se va a encontrar a una institución herida y que sabe que el hoy alcalde acabó posicionándose en contra de las obras aludiendo al daño que supondría el edificio para el parque del Prado, construido en 1997 y en el que la biblioteca ocuparía un 8% de la superficie total. Hasta que se hicieron los jardines, ese terreno era un solar que fue recinto de la Feria de Abril y que, a partir de los setenta, se quedó sin ningún uso concreto. Tras el 22-M, el ya alcalde electo tiró de manual y aseguró que si los jueces daban luz verde al edificio, él lo apoyaría; igual que tras el fallo del Supremo ha recalcado que el gobierno municipal obligará a que se cumpla la sentencia (que la biblioteca no se construya).

Cuando aún era candidato, Zoido habló de la posibilidad de construir la biblioteca en uno de los aparcamientos de la actual Feria de Abril, en la zona de los Gordales, un área despejada donde el edificio podría levantarse sin inconvenientes, pero que no tiene cerca ningún campus universitario. Fuentes municipales señalaron ayer que el gobierno está "abierto a otras opciones" en la negociación abierta entre el Ayuntamiento y el rector, aunque ninguna de las dos partes ha hablado todavía de otras parcelas.

La Universidad de Sevilla solo tiene una cosa clara: necesita una biblioteca central. Pero la sentencia del Supremo tiene otras consecuencias que el rector y su equipo están estudiando y que podría ocasionar un agujero en las finanzas de la institución. Entre ellas, una posible indemnización a la constructora encargada del proyecto, Ferrovial. El vicerrector de Infraestructura, Antonio Ramírez de Arellano, admitió hace unos meses que la empresa podría demandar "entre tres y seis millones de euros", aunque la Universidad no ha puesto cifras a ninguna indemnización una vez conocido el fallo.


* El País - 26.06.11
Foto: Estado de las obras de la biblioteca del Prado, paralizadas desde 2009.- elpais

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La prensa vende pisos

MANUEL DE CASTRO GARCÍA* : Los medios llaman a otra crisis asustando con el "desplome" inmobiliario, que en realidad es bueno.
No busque causas perdidas, lector de periódico de gran tirada. El periodista medio escribe con el fin de contentar a su jefe formal o contentar al poder, su jefe real. Por eso no debería causar asombro que mis colegas salten de un periódico a otro ideológicamente contrario y sean eficientes en ambos. Hay temas recurrentes que evitan discusiones y siempre salen adelante en una reunión de arranque de edición: los de Internacional proponen dar un par de bofetadas a Chávez y ya no tienen que justificar ninguna documentación, que se exige hasta lo imposible para hacer lo propio con, por ejemplo, Israel o Bahrein.
Más fácil lo tienen en la sección de Economía: se sacan de la manga cualquier dato en defensa de la construcción de viviendas y vía libre para publicar aberraciones. La obediente prensa sigue considerando malo el “alarmante desplome” de los precios de la vivienda, que tenía y sigue teniendo un precio ficticio. Sigue afirmando que el crecimiento en la construcción será bueno para la economía, despreciando que tenemos el mayor stock de Europa y que el ladrillo es lo peor para la balanza comercial con el exterior, enfrentados a productos y servicios que conllevan plusvalías reales, investigación y equilibrio financiero para los otros países.

Todavía está por venir el primer político, el primero, del partido que sea, que entre tanta palabrería sobre el cambio de modelo económico se atreva a decir que es bueno que caigan los precios (es malo para el excedente de las cajas y bancos especuladores) y que el sector debería reducirse a la mínima expresión, casi hasta desaparecer, para dejar paso a otro tipo de industria.


* Rebelión - Crónicas de la Emigración - 24.06.11
Foto: Bloques viviendas construcción - diariodemallorca.es

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“El frenesí de la construcción no ha logrado hacer ciudad”

REBELIÓN/Entrevista* : Aboga por entretejer los espacios público y privado (la “calle” y la “casa”), como única forma de “hacer ciudad”; calles y casas en las que fluyen las relaciones sociales, la crianza se hace más fácil y los barrios tienen vida. Calles y casas que facilitan la integración social, la autonomía personal y la igualdad entre mujeres y hombres. Calles y casas que no se han derivado del “frenesí de la construcción de las últimas décadas”.
Marta Román es geógrafa y forma parte de gea21, una consultora dedicada al asesoramiento en diversos temas, desde el urbanismo y el medio ambiente, hasta la igualdad de oportunidades o la economía social. Ha dirigido varios proyectos de investigación acerca de la situación social y laboral de las mujeres y ha participado en otros que tienen como objetivo introducir la perspectiva feminista en la planificación urbanística. Además del enfoque de género, los procesos de participación social son, a su entender, otra clave para construir viviendas, barrios y ciudades.
-La vivienda puede jugar un papel a favor de la integración social, la autonomía personal y la igualdad entre mujeres y hombres… o todo lo contario.
-La vivienda debería jugar a favor de todo eso. Cuando se construyen viviendas considerando que no hay diferencias en la capacidad de acceso a las mismas o que ya están superados los roles de género, lo que se consigue es perpetuar y acrecentar las diferencias.
Las viviendas pueden dejar de ser una carga económica inmensa y dejar de ser inaccesibles para muchas mujeres -que de promedio ganan un 30% menos que los varones por trabajos similares-, si se realiza una política decidida de alquiler. También se pueden plantear otras formas de vivienda con servicios comunes, como lavandería, guardería, espacios de trabajo o comedor, para aquellas personas o colectivos que lo puedan necesitar: personas jóvenes, mayores, madres solteras o separadas, etc. Otra cuestión sería atender las necesidades del trabajo doméstico y dotar a las viviendas de los espacios adecuados para que se desarrollen con facilidad y se puedan compartir: cocinas soleadas y en las que quepan varias personas, tendederos accesibles, zonas de almacenaje, despensas o espacios para guardar carritos de compra o bebé, bicicletas o sillas de ruedas.

Pero una vivienda diseñada bajo los parámetros de género no parece muy compatible con ese auge desmedido de la construcción

Las viviendas construidas bajo parámetros de equidad de género y generación están integradas en la trama urbana o en las proximidades de los núcleos, esto es, no crecen como setas en mitad de la nada. Las viviendas construidas o rehabilitadas bajo los parámetros de género pertenecen a un barrio que es parte fundamental de su propia existencia, con sus espacios públicos, sus equipamientos o el comercio local con el que van a interactuar. El frenesí de la construcción, hecho de forma rápida y estandarizada, ha conseguido urbanizar una parte inmensa del territorio, pero no ha logrado hacer ciudad. Este inmenso parque de viviendas “ensimismadas”, donde el espacio público carece de interés porque las casas se vuelcan hacia los espacios privados y abandonan la calle, no contribuye en absoluto ni a la seguridad, ni a la conciliación, ni a la socialización de las mujeres.

¿De qué forma puede el diseño de una vivienda facilitar el reparto de tareas entre quienes viven en ella?

Cuando la vivienda cuenta con unos espacios de trabajo adecuados para poder realizar las tareas domésticas -principalmente las relacionadas con la cocina y con el lavado y el cuidado de la ropa- es más fácil, cómodo y sencillo que esas tareas se visibilicen y se compartan. En una cocina aislada al fondo del pasillo, ajena a los espacios de relación y donde sólo cabe una persona, es más complicado que todos los miembros de la familia contribuyan al trabajo doméstico.

A la hora de construir una vivienda, ¿el sector inmobiliario tiene en cuenta la multiplicidad de modelos familiares o sigue ciñéndose a las necesidades de la familia tradicional?

El sector inmobiliario tiene una fuerte inercia y no acompaña al cambio social. La composición, estructura y tamaño de los hogares ha variado drásticamente en estas últimas décadas y las mujeres han entrado de forma masiva en el mercado laboral. Mientras tanto, se construyen viviendas muy similares a las de hace treinta años, cuando había un ama de casa dedicada a tiempo completo a su cuidado y mantenimiento.

Buenas prácticas

¿Existen ejemplos de iniciativas que ponen el foco en el bienestar de las personas, en lugar de hacerlo en el superávit de los promotores inmobiliarios?

Las cooperativas de vivienda de países del norte y del centro de Europa llevan años innovando en vivienda. Para empezar, innovan en la propia forma de tenencia, que permite adquirir no una vivienda concreta, sino un “derecho” a tener una vivienda adecuada, que irá cambiando conforme vayan transcurriendo las distintas etapas de la vida. En el marco cooperativo se han ensayado nuevas soluciones y usuarios y usuarias participan en su diseño. También se presta una gran atención a los espacios y servicios comunes. Cuentan que la gente se adhiere a las cooperativas por el menor coste de la vivienda y que permanecen en ellas por esa forma de vida más comunitaria que propician.

¿A qué te refieres cuando dices que tiene que haber un “matrimonio entre la casa y la calle”?

En las últimas décadas se ha conseguido construir vivienda de mucha calidad, con buenos materiales y con un diseño cuidado, pero se han olvidado de que no tiene sentido hacer un precioso piso en un entorno vacío. Siguiendo el símil del matrimonio, cada miembro de esta pareja tiene que aportar algo a esta unión: la calle debe ser atractiva, ambientalmente agradable, tener interés y estar cuidada. No puede ser una vía pensada únicamente para la circulación y el aparcamiento de coches, porque genera ruido y contaminación y no permite usos estanciales.

¿Y la casa?

Debe tener sus ojos y oídos abiertos al espacio público, no debe enclaustrarse tras rejas y vallas. En los bajos debería permitirse la instalación de comercio y otras actividades que doten de vida al espacio público. Esta es la única forma de hacer ciudad, cosiendo y entretejiendo lo público y lo privado y aunando intereses. Los “divorcios” entre estas dos esferas son un desastre para la vida cotidiana.

¿En qué consisten los “espacios intermedios”, de los que habla el urbanismo feminista?

Son, justamente, esos lugares de sutura entre la casa y la calle, entre el “dentro” y el “fuera”, entre lo público y lo privado. Espacios cuya titularidad no importa, pero que juegan un papel privilegiado para fomentar las relaciones sociales, para facilitar la crianza y para alimentar la vida del barrio. Son esas aceras anchas frente a las fachadas, esos pequeños jardincillos que tienen un banco y que sirven para encontrarse con el vecindario, para que descanse una persona mayor que no puede recorrer largas distancias o para que niñas y niños jueguen con autonomía, sin que haya que estar vigilándolos de cerca.

Un barrio propio

¿Somos dueñas y dueños de nuestras propias ciudades?

No quiero ser injusta y tirar por tierra el trabajo de muchas personas que intentan humanizar y dar vida a las ciudades. Sin embargo, es cierto que, si analizamos lo construido, vemos que se prioriza a los coches, antes que a quienes van a pie, y que muchas decisiones se basan en que les salgan las cuentas a los promotores inmobiliarios, antes que en fomentar la vida vecinal.

No obstante, terminamos por apropiarnos de cualquier espacio…

Los seres humanos tenemos tanta necesidad de vincularnos, que muchas veces terminamos amando nuestro barrio, por muy feo que sea. En las experiencias que tengo de procesos de participación vecinal, es curioso comprobar cómo la gente consigue, en sitios insospechados y a pesar de los desastres urbanísticos, darle un sentido al espacio en el que habita y apropiarse de él. ¡Imagínate lo que se consigue cuando se cuenta con un espacio urbano cuidado y pensado para la población!

Hoy en día buscamos una casa para toda la vida. Tal vez esto no sea lo más práctico a medio y largo plazo.

Queremos que la casa que adquirimos sea versátil para las distintas etapas de la vida, que cubra desde la etapa joven de la emancipación, pasando por una vida familiar más o menos extensa, hasta la vejez. Eso es pedirle al hormigón que sea más flexible que nuestra gestión. Si la forma de propiedad fuera el alquiler o cualquier otra que no nos atara de por vida a un espacio concreto, sería más sencillo cambiar cuando la familia crece o decrece o cuando hay un traslado de trabajo, por ejemplo. Creo que innovar en fórmulas de tenencia y mejorar la gestión del parque construido es el camino para dar salida a los problemas de vivienda.

En un barrio con vida urbana

¿Cómo es la vivienda que ha elegido una experta en el tema?

Mi pareja y yo -él también es geógrafo- tardamos casi un año en encontrarla. Teníamos claro que queríamos una casa en el interior de la ciudad, en un barrio consolidado que tuviera vida urbana, comercios y equipamientos próximos. Era fundamental que tuviese buen servicio de transportes públicos porque no tenemos coche. La vivienda está en el borde de un barrio populoso de Madrid, Prosperidad, pero en el interior de una colonia de casas bajas de los años 20, un espacio silencioso y tranquilo. Es un piso situado en un bloque de tres plantas, que a mí me cautivó porque todas sus habitaciones tienen luz exterior. La distribución era muy clásica, pero hace unos años hicimos reforma y convertimos la cocina en el epicentro de la vivienda.

¿Cuál es el espacio de tu casa que más disfrutas?

La cocina, sin duda, porque sirve para prácticamente todo: cocinar, charlar, trabajar, jugar, escuchar música… Ahora mismo estoy escribiendo en la mesa central. El sol entra a raudales por las ventanas, hay una vista preciosa de casitas bajas con pequeños patios y hasta puedo escuchar a los pájaros.

¡Es la casa perfecta!

Le faltaría un trocito de tierra. Me encantan las plantas y una de mis aficiones es plantar semillas. He “criado” un almendro, varias encinas y ahora estoy viendo nacer unos algarrobos. Mi ojito derecho es un mandarino que nació de un pipo casual que alguien tiró en una maceta de casa. Ahora mide metro y medio y está en una maceta grande pero en una pequeña terraza. Me encantaría encontrar un pequeño patio orientado al sur para plantar el mandarino en la tierra y verlo crecer.

En pocas palabras

Lo sugerente: una conversación en un lugar tranquilo con una copa de vino

Lo deserotizante: la apatía

Un éxito: hablar de feminismo en el ámbito del urbanismo

Algo como para tirar la toalla: lanzarme al mar a nadar

Una feminista: esas mujeres anónimas que han permitido con su lucha, tesón y esfuerzo que podamos ser mujeres libres, que podamos formarnos y estudiar, que tengamos derechos ciudadanos y capacidad de decisión sobre muchos aspectos de nuestras vidas

Una época: La actual, porque es la que me ha tocado vivir y, como mujer, veo que nos toca protagonizar un cambio

Un lugar en el mundo: mi barrio, un trocito de la ciudad de Madrid, sin más, con sus miserias y sus grandezas, el lugar donde he tejido mis redes y mis lazos de pertenencia

Fuente: http://www.pikaramagazine.com/?p=3408


* Rebelión - opinión - 25.06.11

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Indigrafías.- Los indignados vistos por los Indignados

Indigrafías from ATTAC.TV on Vimeo.




Indigrafías - http://vimeo.com/25528013 - Attac - 24.06.11

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«Que se hayan pagado juergas con fulanas con dinero público es impresentable. Pero yo nunca fui consciente de que eso ocurría»

LAVERDAD/Murcia* : Miguel Navarro, exalcalde de Lorca y expresidente de la Asamblea Regional, acaba de ser exculpado del delito de malversación de caudales del que ha estado acusado, durante dos años, en el marco del 'caso Limusa'. El fiscal sostiene que había indicios para considerar que había cargado gastos de comidas personas a las cuentas de la empresa pública de limpieza de Lorca, pero que los hechos han prescrito. Navarro defiende su inocencia y afirma que jamás habría aceptado su exculpación por una mera prescripción. «De ser así, habría ido a juicio para demostrar que siempre actué legalmente», advierte.
-Tras dos años imputado, acaba de ser exculpado. ¿Qué sentimientos alberga ahora mismo?
-Pues alegría, aunque alegría contenida porque han sido meses muy duros. No lo siento por mí, sino por mi familia y mis buenos amigos. Estoy alegre porque confiaba plenamente en mi inocencia y en la justicia, pese a todas las historias que tiene este mundo del derecho penal y que yo, evidentemente, no conocía.

-¿Cómo vivió su detención? ¿Intuía algo?
-Tuve dos avisos de personas distintas. Una me llamó la tarde anterior, sobre las siete y media, y otra un poco después. Me dijeron que a la mañana siguiente se me iba a detener. A partir de ese momento, lo que sentí fue inquietud y me preocupé de ver quién me iba a acompañar al juzgado, qué procedimiento llevaba eso... Yo no sabía de dónde venía la orden de detención. Después he sabido que no fue una decisión del juez de Instrucción número 4 de Lorca, pues sólo pidió que yo fuera puesto a su disposición. El caso es que me detienen y me llevan a un calabozo.
-¿Qué pasa por la cabeza de un hombre que, después de haber sido la segunda autoridad de la Región, está catorce horas en un calabozo? ¿Se desmorona, llora...?
-Evidentemente. Pasa de todo eso y pasan por tu cabeza todas las secuencias de tu vida pública. Pero hay una anécdota genial. Cuando entré como alcalde, me preocupé de colaborar con la Administración central en algunas infraestructuras y los locales del Juzgado número 4 fueron los últimos que gestioné como alcalde. La gerente de Justicia ponía reparos a aquel local porque los detenidos tenían que entrar por la calle y eso podía dar lugar a altercados y les obligaba a pasar ante la prensa. Al ser detenido me acordé de aquello: «Mira que me hicieron esa advertencia y ahora lo estoy sufriendo en mis carnes», me dije.
-Cuando se le ha preguntado en sede judicial por las facturas de restaurantes que cargó a las cuentas de Limusa, ¿qué ha respondido?
-A mí sólo se me ha preguntado una vez por esas facturas, que fue la noche del 26 de mayo, cuando su señoría, Sergio Romero, me dice que hay unas facturas de dudosa oficialidad. Yo pregunto cuáles son y de qué año. Me dice que van desde 2003 a 2007, y yo contesto que las de 2007 me extraña que sean mías, porque dejé de ser alcalde en julio de 2006. Entonces me dice que la mayoría son de 2003 y 2004. Hago memoria y le digo que, efectivamente, en 2003 sí di un paquete de facturas, cuyo número no recordaba, al gerente de Limusa y que días después me subió el dinero en un sobre. Serían unos 3.000 euros.
-¿En qué se había gastado esos 3.000 euros?
-En comidas. Su Señoría me dice que algunas de esas comidas se habían celebrado en sábado y domingo y yo le digo que fui alcalde las 24 horas del día y los 365 días del año. Aunque admito que puedo haber cometido el error de haber incluido la factura de alguna comida familiar.
-¿Comprobó más tarde que realmente había cometido ese error?
-Alguna pudo haber. Había un par de facturas que sí se cargaron a Limusa por error. Pero también he encontrado otras que había pagado yo y que eran por comidas de trabajo.
-¿Cada una de esas facturas se correspondía con una comida? ¿O se utilizaron para encubrir otros asuntos, como una posible financiación campañas electorales?
-Nada. En absoluto. Eran comidas. Y detrás llevaban una anotación del gerente de Limusa que decía: «Atenciones Presidente». Pero era la fórmula que utilizaba en comidas en las que incluso yo no había participado. Son todas ellas facturas de comidas; nunca para justificar una financiación ilegal de una campaña electoral.
-Lo que no se entiende es por qué comidas de trabajo del alcalde de Lorca se cargan a las cuentas de la empresa pública de limpieza...
-Pues porque tendrían quizás que ver con proyectos de Limusa: la implantación del parking de San Vicente, contenedores en carriles, reuniones con vecinos...
-¿Es que no tenía usted una partida presupuestaria en la Alcaldía para esos gastos?
-Sí, pero si la comida estaba motivada por un asunto de Limusa, se cargaba a esa empresa.
-Explicaciones al margen, la conclusión que ha quedado en la sociedad sobre este asunto es que algunos políticos de Lorca eran unos triperos y que estaban cargando sus juergas y comidas familiares a las cuentas públicas.
-Yo eso no lo puedo evitar. Una cosa es la realidad de los hechos y otra lo que pueda parecer. Llevamos dos años de investigación y yo estoy en el kilómetro de salida. Mucho mejor que eso, porque ahora se me han retirado los cargos.
-A los veinte minutos de haber sido usted detenido, una emisora de Madrid ya estaba dando la noticia. ¿Cómo valora ese hecho?
-No le encuentro mucha explicación. Si me pregunta por mi intuición, le diría que quien me detiene es la Policía. Quizás salió de la Policía.
-¿Cree que lo filtró Interior? ¿Que había interés es filtrarlo?
-No lo sé. La Policía es la que tiene la información y ella la administró.
-Volvamos a Limusa. ¿Le parece a usted de recibo que una empresa pública de limpieza haya estado pagando viajes, comidas particulares, entradas a partidos de Copa de Europa, orgías en prostíbulos... y que nadie fiscalice eso y que haya estado ocurriendo durante años?
-Yo era presidente del Consejo de Administración, allí se presentaban las cuentas y los presupuestos, se aprobaban por la asamblea general, se auditaban por una empresa externa, pasaban el control de la Intervención Municipal y de la Secretaría General, el control del Tribunal de Cuentas... y en mi época nadie hizo, nunca, una advertencia de posible ilegalidad o irregularidad. La oposición incluso felicitaba al gerente por su buen trabajo. Y los viajes siempre tenían un motivo y a veces eran un mandado de Pleno. Aunque yo nunca viajé con Limusa...
-Veamos... ¿Cómo cree que se va a detectar un mal uso de los fondos si quienes tenían que controlarlo, como el interventor o el consejero delegado, estaban supuestamente disfrutando de esos usos irregulares? Es que todo parece indicar que Gil Eguino había convertido Limusa en su cortijo, que hacía el uso que le apetecía de los fondos, incluso pagando a su hija la carrera en una universidad privada, y que nadie lo fiscalizaba porque, quien más y quien menos, tenían alguna razón para callar.
-Bueno, eso de la universidad privada... Es verdad que fue así, pero estaba recogido en el convenio...
-Disculpe, pero una cosa es que haya ayudas para los estudios de los hijos y otra pagar miles de euros anuales por una universidad privada.
-No lo digo con afán de discusión, pero incluso eso lo recogía el convenio.
-Además de a la hija del gerente Gil Eguino, ¿a cuántos otros hijos de trabajadores de Limusa se les ha pagado una universidad privada?
-A ninguno. A ninguno.
-¿Usted era consciente de que Gil Eguino estaba cargando a Limusa la carrera de su hija?
-Personalmente, no lo sabía.
-¿Y lo hubiera aprobado?
-No. Lo que sí le digo es que mi compañero Bartolomé Soler actuó como un pardillo, como él mismo ha reconocido, al firmar un documento. Y puede justificar todas las facturas que se le imputan. Pero ha sido condenado por firmar un documento.
-Un documento falso, que sirvió para dar apariencia de legalidad a las irregularidades que se estaban cometiendo...
-Exactamente. Eso fue, incluso, ya en 2007, cuando Soler era diputado. Pero le voy a decir más: yo dejo de ser alcalde en junio de 2006 y las gratificaciones, los gastos, las cuentas..., todo sigue igual hasta 2009. Nadie era consciente de todo eso. Pero es que Limusa funcionaba bien. Incluso le dieron la 'Escoba de Oro' y premios de ese tipo.
-Imagino que se está refiriendo a que la empresa recogía bien la basura en las calles, y no a cómo gestionaba el dinero público...
-Por supuesto. Después he visto que eso no estaba bien. Pero entonces no había ningún indicio de hechos que no eran regulares y que yo hubiera condenado sin ninguna duda.
-Al margen de su responsabilidad penal, que ya es cero, o política, que ya no se le puede exigir, ¿no le da vergüenza que esas cosas pasaran durante su mandato? ¿Que se llegaran a pagar juergas con fulanas con dinero público?
-Evidentemente. Eso es absolutamente impresentable y a cualquier responsable público le causaría estupor.
-¿A qué se ha dedicado este tiempo?
-Me he apartado de todo acto público. Me he dedicado a trabajar en la implantación de una fábrica de acabado de curtidos en Lorca, y soy accionista de otra empresa de curtidos, en la que he tenido una nómina. Para el 1 de septiembre he pedido el reingreso en el colegio, porque soy maestro de escuela. Estos dos años, mi vida ha sido trabajar en la empresa, viajar a varios países por ese proyecto empresarial y jugar a dominó.
-¿Qué lección ha aprendido?
-Que la amistad es algo que perdura en cualquier situación.
-¿Ha tenido alguna vez que bajar la cabeza por este asunto?
-He tenido que hacer de tripas corazón. Siendo alcalde se hace algún enemigo y hay quien ahora ha querido pasarme la factura pendiente.


* La Verdad - 26.06.11
Foto: Lorca (Murcia) - lorca.es

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Se vuelven a poner en evidencia los enormes impactos sociales y ambientales del AVE

ECOLOGISTASENACCIÓN* : El abandono del proyecto de túnel de los Alcores del AVE Sevilla-Almería a su paso por Carmona y la reciente carta de emplazamiento de la Unión Europea (UE) contra el reino de España por el destrozo ambiental que causaría ese tren en las lagunas de Osuna, en la provincia de Sevilla, refuerza la posición de Ecologistas en Acción que viene denunciando que el AVE es un medio de transporte muy impactante y elitista.
El Eje Ferroviario Transversal de Andalucía Sevilla-Almería se enfrenta a varios problemas que se añaden a la falta generalizada de fondos. Por un lado, la denuncia de Ecologistas en Acción ha llevado a la Comisión a iniciar un procedimiento de infracción contra España porque las vías atraviesan una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en las lagunas de Osuna. Una ZEPA financiada con dinero europeo.

Por otro lado, la Consejería andaluza de Obras Públicas ha decidido abandonar el trazado de ese mismo tren por el túnel de los Alcores, entre Carmona y el Viso del Alcor, y reformar como alternativa una línea preexistente más al sur, por Utrera. El proyecto de túnel amenazaba el abastecimiento de los pozos y la actividad de hortelanos, granjeros y agricultores, impedía el tránsito normal del ganado y, además, destruía varios yacimientos arqueológicos. El abandono del trazado por el túnel supone un ahorro de 700 millones de euros.
Y es que una y otra vez, se comprueba que las líneas de Alta Velocidad provocan grandes impactos ecológicos, económicos y sociales, como la alteración y fragmentación de hábitats o el aumento de los desequilibrios entre zonas rurales y urbanas, en perjuicio de las primeras.
Ecologistas en Acción reitera que hay alternativas de transporte ferroviario menos problemáticas desde el punto de vista social y ambiental, y más baratas, puesto que mejorando las líneas convencionales y aprovechando buena parte de los corredores existentes se pueden alcanzar velocidades de hasta 220 kilómetros por hora, con unos precios de los billetes mucho más asequibles y justos socialmente que los elitistas del AVE. A pesar de ello, el ferrocarril convencional, que es de largo el más utilizado, recibe sólo el 17 % de las inversiones, frente al 76 % que recibe la alta velocidad.


* Ecologistas en Acción - 25.06.11
Foto: Antequera (Málaga), obras Ave - elpais

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Que el 'crash' inmobiliario no arruine al vulnerable

ELPAÍS* : La burbuja inmobiliaria sumada al paro ha dejado a miles de familias sin casa. Afectados y simpatizantes piden la dación en pago para no arruinar a los más vulnerables. Los expertos admiten que hay que reformar las leyes.
Se estrenaron el 3 de noviembre. Cuarenta personas respondieron a la convocatoria de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cataluña (PAH Cataluña) y evitaron el desahucio de Lluis Martí y su hijo de nueve años. Sucedió en la urbanización La Bisbal del Penedès, a medio camino entre Barcelona y Tarragona. El caso de Martí es paradigmático: un padre de familia en el paro a punto de perder su casa a pesar de lo cual deberá seguir cargando con una deuda de 100.000 euros. Martí fue el primer afectado que, a pesar del miedo -a la repercusión mediática, al qué dirán, a la opinión de amigos y vecinos-, solicitó ayuda para frenar su desalojo. Desde entonces, esta suerte de guerrillas pacíficas han paralizado 42 desahucios en toda España: 19 en Cataluña, 18 en Murcia, dos en la Comunidad Valencia y dos en Madrid. El viernes frenaron un último desalojo en Málaga. La PAH ha contado en esta expansión con unos aliados clave: los indignados del Movimiento 15-M y de Democracia Real Ya. La asociación de consumidores OCU y la Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros (ADICAE) también están luchando por introducir cambios que eviten la ruina de por vida (o casi) de los más vulnerables.

Aunque evitan pronunciarse al respecto, estas acciones no han pasado inadvertidas a la banca. "Las ejecuciones de los bienes hipotecados se realizan mediante resoluciones judiciales y entendemos que en un Estado de derecho las resoluciones judiciales deben cumplirse", es la escueta opinión al respecto de un portavoz de la Asociación Española de Banca.

Hace un mes, 13 vecinos y activistas que intentaron evitar el desahucio de una pareja originaria de Ghana (padres de dos hijos y esperando el tercero) en Vic (Barcelona) recibieron una citación judicial por desobediencia y resistencia a la autoridad. El juicio de faltas -el primero de este tipo- se celebrará en julio, y puede acabar con una multa de entre 50 y 300 euros para cada denunciado.

"Lo que es ilegal es que se deje a familias sin techo", dice Adriá Alemany, economista de carrera, contable de profesión y uno de los líderes del movimiento. "Al hacerlo se está vulnerando el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna".

Además de intentar evitar los desahucios con su presencia, la PAH ha elaborado tres propuestas concretas con sus peticiones: 1. Que se permita la dación en pago (es decir, que la entrega de la vivienda sirva para saldar la deuda pendiente) para aquellos deudores "de buena fe" a quienes sus circunstancias económicas les impiden seguir pagando y que estén a punto de perder su residencia habitual. 2. Que se convierta el parque hipotecario en un parque público de alquiler social. 3. Que los bancos permitan a las familias desahuciadas seguir viviendo en su piso por un alquiler del 30% de los ingresos familiares.

Ante el calado que está teniendo la propuesta de que se apruebe la dación en pago (que incluso Esperanza Aguirre usó como arma electoral, aunque enseguida tuvo que dar marcha atrás), la banca está reaccionando. Según un informe de la consultora de riesgo financiero Oliver Wyman -que las entidades utilizarán como defensa ante una posible iniciativa parlamentaria en favor de esta medida-, si se aprobara la dación en pago, acabaría pasando factura a los ciudadanos porque encarecería la hipoteca media (117.000 euros a 27 años) en 60 euros al mes. Además, los bancos exigirían más capital inicial para conceder un crédito (aproximadamente un 10% del importe), restringiendo el acceso al crédito a más familias. "Se concederían menos créditos, más caros, por menor importe y se acortarían los plazos de amortización", informan desde la Asociación Española de Banca. "Y lo que es más importante, se encarecerían y endurecerían las condiciones para el 97% de las familias que atienden puntualmente el pago de su deuda", continúan. "En otras palabras, los buenos pagadores serían los más perjudicados por un cambio legal en este sentido". Y añaden: "Esto debilitaría el crecimiento económico y hundiría aún más la deprimida actividad inmobiliaria. Además, la certidumbre jurídica en tiempos de crisis es más necesaria que nunca e imprescindible para el crecimiento económico".

Joaquín Maudos, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia, no apoya la dación en pago. "No estoy a favor por un motivo fundamental: cuando el precio de la vivienda sube mucho, como ha subido, y la persona que solicitó un crédito vende su casa, solo esta persona se se beneficia de la subida de precio. Plantear que si el precio cae, la pérdida la asuma el banco, es asimétrico e injusto", continúa. "Me parece bien que en el futuro alguien quiera pedir un crédito hipotecario sin dación en pago, pero las condiciones deben estar claras desde el principio. Cambiar las condiciones ya pactadas tendrían importantes consecuencias futuras", concluye.

A pesar de las opiniones contrarias, otros expertos asumen que algún tipo de cambio es necesario para aliviar la situación de los más afectados por la crisis. Incluso la banca se declara convencida "de la necesidad de encontrar soluciones para las familias que viven situaciones de extrema gravedad", y aporta una posible medida: "En casos de gran necesidad, las autoridades podrían considerar reducir la parte del salario susceptible de ser embargada, en atención a las graves repercusiones que está teniendo la crisis de la economía española sobre los ciudadanos más desfavorecidos".

El pasado mes de mayo, la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados aprobó crear una subcomisión para estudiar los "elementos de mejora" en el sistema hipotecario español y "en particular" respecto a aquellas condiciones que puedan ser consideradas "abusivas". Pera Macías, de CiU, Pablo Matos, del PP, y Ana María Fuentes, del PSOE, forman la comisión, que se reunió el pasado miércoles por primera vez.

Matos explica su razón de ser: "La Ley Hipotecaria tiene 150 años y ha funcionado correctamente pero la crisis ha puesto en evidencia situaciones desproporcionadas e injustas en el propio sistema". "Hasta 2004 se daban 14.000 ejecuciones hipotecarias al año", continúa. "Cuando eso pasaba, se iba a subasta pública y normalmente el problema acababa ahí porque alguien compraba el bien por un importe o superior o similar a la deuda. El problema es que ahora está habiendo 100.000 ejecuciones hipotecarias al año y cuando se va a subasta quedan desiertas porque el sector está parado y porque los bancos no dan crédito. Y cuando la subasta queda desierta la ley permite el banco adjudicarse el piso por el 50% del valor, por lo que el deudor queda debiendo el resto de la deuda, una situación que consideramos desproporcionada, sobre todo si se trata de la vivienda familiar".

¿Qué tipo de cambios barajan proponer? "Por un lado consideramos desproporcionado que se apliquen intereses de demora que llegan hasta el 29%", prosigue Matos. "Hay que corregirlo, así como algunas claúsulas suelo. Personalmente también quiero que se analice el sistema de tasaciones y la conveniencia de que las tasadoras sean totalmente independientes de las entidades financieras. Pero hay que analizar todo esto con detenimiento". Para ello, Fuentes, del PSOE, avanza que van a elaborar un cuestionario que harán llegar tanto a registradores de la propiedad, notarios, juristas, economistas, afectados o periodistas especializados.

José García Montalvo, catedrático de Economía de la Pompeu Fabra, no es partidario de la dación en pago pero sí de otras alternativas "viables", algunas de las cuales coinciden con las perfiladas por Matos: "Modificar la Lley de Enjuiciamiento Civil para que, en caso de que la subasta de una vivienda no tenga concurrencia, se aumente el porcentaje por el que el banco se adjudica la vivienda al 70% o 80% de su valor -y no al 50% actual-, reducir o elimitar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales si el banco acepta la dación en pago, lo que incentivaría a los bancos a elegir esta opción, y reducir el límite del interés de demora".

El notario José Ignacio Navas Olóriz, experto en derecho inmobiliario, se suma a la propuesta de subir el porcentaje al que los bancos se adjudican las viviendas en subasta: "Es un disparate que la entidad que decía que la vivienda valía tanto, cuando ejecuta la hipoteca se lo adjudique al 50%. Habría que subir el porcentaje por lo menos a un 70%. Eso para empezar a hablar, porque habría que revisar todo el procedimiento".

Navas también rompe una lanza a favor de los bancos: "Tienen la culpa de muchas cosas pero no olvidemos que gran parte del confort que vivimos es gracias a la generalización de los préstamos. Nadie firma una hipoteca obligado", continúa. "Y si alguien no hace frente al pago, la máquina legal tiene que actuar por un incumplimiento que es imputable al comprador y no el banco. El 15-M y las plataformas de afectados, al evitar los desahucios de forma directa, están ejerciendo una coacción, pero también están haciendo visible una disfunción severa del sistema".


* El País - 26.06.11
Foto: Una manifestación contra un desahucio en L'Hospitalet el pasado 16 de junio.- elpais

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El magma de la revuelta

PÚBLICO* : El 15-M cogió a muchos por sorpresa pero, justo antes, en muy poco tiempo, se habían constituido una miríada de organizaciones y plataformas con muchas de las reivindicaciones que luego han sido banderas del Movimiento. Lo que sigue es una pequeña muestra de esta efervescencia.
Democracia Real Ya - Febrero de 2011
Es la organización que formalmente convocó el 15-M y la que ha adquirido más notoriedad. Nació con el impulso de un grupo de internautas que compartían el malestar por la evolución política y económica de España, muy influidos por el ¡Indignaos!, de Stéphane Hessel. La primera reunión fue en el bar de la Casa de Granada, con lo que no podían ser demasiados. Ahora se reúnen en Patio Maravillas. Se han creado más de 80 asambleas locales en toda España. www.democraciarealya.es
Juventud sin Futuro - Febrero de 2011
Nació impulsado por universitarios de Madrid de izquierdas, cansados de que se colgara la etiqueta de ni-ni a toda una generación. En abril sacaron, para su estupefacción, a 6.000 jóvenes a la calle. Ahora se han formado 10 grupos en España bajo el mismo paraguas y todos funcionan en asamblea y sin estructura. La editorial Icaria acaba de publicar Juventud sin Futuro, en el que da voz a sus impulsores. www.juventudsinfuturo.net

No les votes
Febrero de 2011

Es el grupo que acabó canalizando todo el malestar del mundo internauta gestado durante los meses de tramitación de la Ley Sinde. El No les Votes se refiere a los tres grupos que la pactaron: PSOE, PP y CiU. En dos semanas se habían constituido más de 80 grupos de trabajo provinciales y autónomos, que a partir de marzo empezaron a cruzarse con DRY todo el magma del 15-M.

http://wiki.nolesvotes.org

Estado del malestar
Febrero de 2011

Se montó en Facebook como confluencia de gente indignada que decidió salir a la calle sin esperar a que llegara una gran convocatoria formal. Ante la avalancha de adheridos (más de 10.000), se fueron organizando grupos locales que montan actos abiertos en plena calle (el viernes o el sábado, según el lugar), con megáfonos y la improvisación de ágoras. Muchos de sus miembros participaron activamente en la organización del 15-M.

www.malestar.org

Coordinadora de asambleas de trabajadores
Enero de 2011

Es el colectivo que organizó la gran marcha del 19-J con el respaldo del Movimiento15-M. Las asambleas de trabajadores se fueron creando a partir de mayo de 2010 en distintos barrios y localidades de la Comunidad de Madrid, sobre todo para impulsar la huelga general. Tras el paro, siguieron y ahora conviven con las nuevas asambleas surgidas del 15-M, con un perfil más obrerista y con el objetivo de empujar hacia otra huelga.

http://marchasanticrisis.wordpress.com/

Afectados por la Hipoteca (PAH)
Febrero de 2009
La plataforma nació en Barcelona aprovechando en parte la experiencia de activistas de V de Vivienda, creada en el ciclo alcista del bum inmobiliario contra los precios prohibitivos del acceso a la vivienda, un derecho constitucional. Las prioridades son forzar alternativas a los desahucios como vivienda social y la dación en pago: que la entrega del piso salde la deuda. Hay grupos en Valencia, en Murcia y, tras el 15-M, en Madrid.

http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com

Afectados por los derivados (Apymad)
Febrero de 2009

Tras el estallido de la crisis, muchos pequeños y medianos empresarios quedaron atrapados por los complejos swaps bancarios que habían adquirido como seguros y que en muchos casos acabaron arruinando sus negocios. Algunos de los afectados, indignados, empezaron a plantar cara a las entidades bancarias llevando los swaps a los tribunales y desde principios de 2009 se coordinaron a través de la Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa afectadas por Derivados, muy activa también en la calle. Han impulsado 350 causas y acumulan ya decenas de sentencias a favor.

www.apymad.com

Inflexió
Abril de 2010

Es un colectivo que agrupa a activistas de la izquierda plural en Cataluña sindical, política, asociativa. En red y con formas "líquidas", pero con planteamientos tan sólidos como Gramsci y la aspiración de hegemonía. Nació ante "la clamorosa falta dereacción de la política" y la convicción de que no habría una reacción política al "chantaje de los mercados" si no existía una presión en sentido contrario en la calle. A finales del añopasado presentaron un escrito a la Fiscalía para que investigue las operaciones a corto, que generan ganancias cuando se hunde la economía.

Inflexio.wordpress.com

Asociación de Desmpleados
Principios de 2009

Cuenta con un núcleo activo de un centenar de personas y una base de adheridos de 10.000, aunque el censo hay que entenderlo como una lista de simpatizantes porque nadie paga cuotas. Tampoco hay una sede fija. La entidad colaboró con DRY desde el principio con un discurso que busca "dar un toque de atención" a los dirigentes de los partidos para que asuman la política de empleo como un pacto de Estado. Su presidente, Luis Fernández, de 45 años, considera que la oposición entre derecha e izquierda es "obsoleta".

http://adesorg2009.magix.net

Solidarios con Garzón
Marzo de 2011

Se creó ante la sensación de que el juicio contra el magistrado Baltasar Garzón por su intento de investigar los crímenes del franquismo era inminente. Parte de sus integrantes proceden de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que en 2010 movilizó a decenas de miles de personas exigiendo el fin de la impunidad de los crímenes del franquismo. Cada jueves, a las 20.00 horas, miembros de la plataforma sereúnen en la Puerta del Sol, imitando a las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina.

www.solidarioscongarzon.com

¡Transacciones financieras, ya!
noviembre de 2010

Bajo el impulso de Attac, la organización emblemática del movimiento antiglobalización de finales de la década de 1990, se creó una plataforma para exigir la Tasa Tobin (ahora rebautizada en algunos ámbitos como Tasa Robin Hood). En la campaña participan los sindicatos mayoritarios, ONG y otras entidades sociales y ha tenido un repunte tras la eclosión del 15-M.

www.itfya.org

Plataforma por una fiscalidad justa
Noviembre de 2010

Tras la huelga general y con el impulso de los sindicatos mayoritarios, Attac y otras entidades sociales, nació en Barcelona una plataforma por una "fiscalidad justa, ambiental y solidaria" como elemento imprescindible para el mantenimiento del Estado del bienestar. Está muy emparentada con la plataforma para crear un impuesto a las transacciones financieras y ambas tratan de revertir la idea de que bajar los impuestos es bueno per se y ofrecer alternativas al giro económico que emprendió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010, coordinado con toda la UE en el inicio de la crisis de la deuda soberana.

www.fiscalitatjusta.cat

Plataforma contra la privatización del CYII
Principios de 2009

Es la última de la constelación de plataformas creadas en Madrid para combatir la privatización de servicios públicos. Las hay centradas en la sanidad, en la educación, en los servicios públicos en general y, desde principios de 2009, contra el proyecto de privatizar el Canal Isabel II y el agua de Madrid.

www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org

Plataforma por la nacionalización de las cajas
En preparación

Estaba ya en preparación en mayo y el 15-M le ha dado un gran impulso. Entre sus promotores están varios exconsejeros de Caja Madrid y economistas vinculados a Attac. Tiene previsto constituirse en Madrid el día 30 de junio, antes de que Bankia salga a bolsa.


* Público - P. RUSIÑOL MADRID 26/06/2011
Foto: Los 'indignados' de Valencia que han protestado contra el circuito de Fórmula 1. EFE

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Indignados con los periodistas

MILAGROS PÉREZ OLIVA* : ¡Manipuladores! Eso es lo que muchos periodistas que cubrían las protestas del Movimiento 15-M han tenido que escuchar de manifestantes indignados. "Se nos mean encima y la prensa dice que llueve". En esta frase resumía un grupo de acampados de Barcelona su visión del papel que juegan en esta crisis los grandes medios de comunicación, a los que acusan de tergiversar la realidad en beneficio del poder establecido. La cobertura de los incidentes ocurridos ante el Parlamento catalán les ha confirmado en sus críticas. La lectora Isabel Núñez, por ejemplo, considera que los incidentes se han "magnificado y extendido interesadamente". "Desde que surgió", añade Iago García, "los medios de comunicación nacionales no han cesado en su empeño de demonizar al movimiento".
La descalificación es global, lo cual indica que se trata de un estado de opinión que ha tenido una larga gestación y que ahora se manifiesta en críticas como la que me remite el Observatorio de Medios de la Asamblea Popular de Arganzuela (Madrid). Sus miembros observan "una creciente tendencia por parte de los principales medios de comunicación a tergiversar la realidad. Ya no hablamos de ilustrar las manifestaciones del 15-M con fotografías de otros países, o de manipularlas para dejarnos sin cabeza, sino de algo mucho más grave que atenta contra los propios principios deontológicos del periodismo: la construcción de una realidad falsa y la inclusión de opinión donde solo debería haber información". Se refieren, por ejemplo, "a tomar la parte por el todo y a magnificar la anécdota", con el propósito, en este caso, de criminalizar las protestas y caracterizar como violento a todo el movimiento.

"Me temo que la decepción con el tratamiento que los medios le han dado está muy generalizada, en muy distintos sectores de población y de muy distintas generaciones", advierte Isabel Núñez. Esto es lo preocupante. En los últimos años hemos podido observar cómo la imagen de los periodistas se deterioraba en las encuestas de valoración ciudadana, pero nunca hasta ahora las críticas se habían expresado de forma tan clara. Creo que debemos preguntarnos por qué. Para ello he pedido ayuda a tres personas cuyo criterio considero de referencia: Joaquín Estefanía, director de la Escuela de Periodismo de EL PAÍS-UAM, Lluís Bassets, director adjunto de EL PAÍS responsable de Opinión, y Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Social y Política.

Para Joaquín Estefanía, "el movimiento de los indignados critica a los medios de comunicación tradicionales, sin establecer muchas diferencias entre unos y otros, porque para ellos la contradicción principal no está entre la izquierda y la derecha, entre los profesionales y los manipuladores, entre los propietarios y los periodistas, sino entre el establishment económico, político y mediático (con quien está tan cabreado) y lo que Robert Castel denomina 'los desafiliados del sistema': desafiliados políticos (no se sienten representados por los partidos en su actual configuración); desafi-liados económicos (piensan que no tienen futuro, ni probablemente presente dentro del actual estado de cosas), y desafiliados sociales (no se sienten identificados con los medios de comunicación de masas porque consideran que sesgan la realidad o marginan otras realidades)". La consecuencia, según Estefanía, es que "han sustituido a los partidos y a los sindicatos como formas de organización de la democracia por su propio movimiento, y a los medios tradicionales por las redes sociales como estructuras de apoyo y de comunicación para informarse y debatir, ya que esas redes no parecen tener un centro decisorio mediatizado".

A Lluís Bassets no le sorprende que los indignados dirijan también "sus miradas críticas, a veces demoledoras, contra el periodismo establecido. Sería extraño que quienes impugnan la representación política no discutieran la mediación periodística. Elecciones sin urnas, democracia sin representantes, huelgas sin sindicatos o periodismo sin periodistas, son paradojas del siglo XXI que están ya entre nosotros, en forma de unas utopías que denuncian todo lo que hay de inútil y nocivo en el sistema vigente y exigen eliminar las enormes cantidades de grasa sobrante".

Para Estefanía, "el movimiento de los indignados se sustenta en un problema de expectativas incumplidas: jóvenes que no saben qué harán cuando terminen sus estudios, condenados a largos periodos de paro y a salarios miserables cuando trabajan, que piensan que los medios de comunicación tradicionales asumen mucho más los problemas de los instalados (empleados, jubilados, funcionarios, acogidos al Estado de bienestar) que los suyos propios. Todavía no han caído en que muchos de los que trabajan en los medios de comunicación podrían formar parte de ese movimiento por sus condiciones económicas, su desafección política o su crítica a los procedimientos con los que se elaboran los programas informativos y de entretenimiento".

Daniel Innerarity inscribe la creciente desafección hacia los medios en la crisis general de las intermediaciones: "Hay un asalto generalizado del Movimiento 15-M contra la idea de la mediación. Se está instaurando una visión según la cual la voluntad general es algo que se puede construir sin instituciones intermediarias. Es un tipo de sociedad que se considera mejor representada por los aficionados que por los expertos y que valora más al filtrador que al periodista. Este es el nuevo espíritu, y lo que indica que vivimos un cambio de época es que esta idea es compartida por gentes de procedencia e ideología muy diferentes. Se está creando una utopía positiva de democracia directa que podemos encontrar tanto en sectores de la izquierda como de la derecha ultraliberal, que defiende que cuantos menos intermediarios y menos regulación, mejor".

Pero las intermediaciones son necesarias. También la del periodismo, porque una cosa es recibir información y otra estar bien informado. La cuestión es qué tipo de periodismo. "Es difícil imaginar un mundo absolutamente limpio de intermediaciones", argumenta Lluís Bassets. "Las seguirá habiendo, aunque probablemente deberán tener mejor ajuste y mayores controles. La credibilidad, en política y en periodismo, será más cara y habrá que ganársela con mayor esfuerzo, quizás más personal que corporativamente. La competencia se pondrá durísima y cuanto más nos adelantemos en el esfuerzo mejor será para nuestra credibilidad futura".

"La sociedad", corrobora Innerarity, "probablemente ya no tolera un modelo de periodismo autoritario, que establece la agenda informativa y decide qué es lo que a la gente le interesa. Pero de la misma manera que es necesaria la intermediación política -otra cosa es cómo se ejerza- para articular consensos y conformar el interés general, también me parece una ilusión pensar que la opinión pública se puede construir de manera caótica, sin aplicar ciertos instrumentos de comprobación y ordenación que tienen los periodistas y no los demás. Porque no está claro que un mundo sin la intermediación de los periodistas vaya a estar mejor informado. En la sociedad de Internet, el problema no es la información, el problema es la confusión. Hay disponibilidad absoluta de información, pero también mucha confusión. Y precisamente por eso, nada es más necesario hoy en día que un buen periodista".

Estoy de acuerdo. Pero es urgente redefinir qué es buen periodismo y señalar aquellas prácticas periodísticas que contribuyen al descrédito general de los medios. "Si seguís empeñados en un periodismo donde la información objetiva y veraz esté supeditada a la línea editorial, crearéis un golem que terminará por devoraros", advierte el colectivo de Arganda. "En nombre de las personas que os leen, de las personas que pagaron vuestras carreras de periodismo, de las personas que confían en vuestra imparcialidad, recuperad vuestra profesionalidad como periodistas", concluye. Los indignados nos confrontan con nuestras carencias como colectivo. Creo que el debate es urgente y necesario y por eso les animo a que me envíen su opinión. La expondré en la página de la Defensora en Elpais.com.

* El País - Opinión - 26.06.11

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Una promotora impulsa un PAI en terrenos del Montgó que el nuevo PGOU de Xàbia debía proteger

LEVANTE/Alacant* : El urbanismo de Xàbia es del todo previsible. Cuando a finales de enero caducó la suspensión del planeamiento, vigente desde cuatro años atrás (antes hubo un año más de suspensión de licencias), ya se sabía que alguna promotora se lanzaría a desarrollar sectores considerados sensibles y cuya protección justificó que hace más de un lustro el entonces alcalde, Eduardo Monfort, de Bloc-Centristes, iniciara una revisión del PGOU que todavía está pendiente. El pasado 9 de marzo la mercantil Huertos del Montgó, SA, dueña de una antigua finca agrícola de 400.000 metros cuadrados situada en la falda del Montgó, instó al ayuntamiento a iniciar el proceso para desarrollar en esos terrenos un plan de actuación integrada (PAI). Tras tres meses sin que el consistorio, todavía gobernado por Bloc-Centristes, PP y CpJ, respondiera, la empresa esgrime que se ha dado una situación de silencio administrativo y la ley le ampara para iniciar ella misma el trámite para la gestión indirecta del programa urbanístico. El nuevo alcalde, José Chulvi, del PSPV, se topa así con un inesperado conflicto urbanístico.
Estos terrenos del Montgó no son cualquier cosa. La mitad de la finca es corredor ecológico. Ahí no se puede construir. Sin embargo, la promotora, en un PAI que presentó en 2006, preveía trasladar las zonas verdes al conector ecológico. La superficie a urbanizar era de 185.000 m2 y salían unas 90 casas.

El concierto previo del nuevo PGOU de Xàbia desclasificaba todo este sector y lo declaraba no urbanizable de especial protección. El hecho de que la empresa impulse su PAI no significa por fuerza que esta ladera de suelo urbanizable no programado (esa es la clasificación en el vigente y obsoleto PGOU de 1992), que es de las pocas que quedan sin construir en la falda del Montgó, se pierda. Los propietarios, eso sí, tendrán derechos adquiridos si el ayuntamiento protege esta antigua finca agrícola primero de naranjos y luego de almendros del Montgó.

Propietarios vinculados

a la empresa ganaron un pleito de 2 millones de ?
La mercantil Huertos del Montgó está vinculada a unos propietarios de terrenos de la selecta urbanización de la Corona de Xàbia. Estos propietarios ya saben lo que es pleitear con el ayuntamiento y ganarle. Consiguieron que el Tribunal Supremo reconociera que el consistorio debía indemnizarles con dos millones de euros. Todavía no han exigido la ejecución de la sentencia. Pero todo llegará y el nuevo gobierno (PSPV e independientes) no tiene precisamente mucho margen económico de maniobra. Estos dueños de terrenos de la Corona cedieron suelo para viales e infraestructuras, pero el consistorio protegió esos terrenos que están en la parte alta de la urbanización y ahora forman parte del parque natural del Montgó.


* Levante - 25.06.11
Foto: Montgó (Alicante) - comunitatvalenciana

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Primero el uso, luego la rehabilitación

NORTECASTILLA/Valladolid* : La retícula urbana de Valladolid es la suma de un medievo gremial, una edad moderna tocada fugazmente por el poder de Lerma, una ilustración harinera y una contemporaneidad industrial. Sobre esta historia se cimenta el patrimonio y el urbanismo de hoy, el protagonista del debate que sostuvieron el profesor Jesús Urrea; Enrique Saiz, director de Patrimonio de la Junta; Manuel Sánchez, del Ayuntamiento; Gregorio Alarcia, de la Confederación Vallisoletana de Empresarios, y José Antonio Lobato, de la Cámara de Comercio.
Esta ciudad, «que ha vivido tradicionalmente de espaldas a algo, al río primero, luego a los canales», apunta Urrea, tiene que mantener un patrimonio, «dentro de la economía sostenible que nos toca vivir», según Saiz. Para el máximo responsable del patrimonio regional, «hay que hacer de la necesidad virtud» ya que «no es una carga, sino un recurso». Y en ese camino varias fueron las propuestas. «Es la herencia de nuestros mayores y tenemos el deber de preservarla», afirma Alarcia. «Cuando trabajamos sobre un edificio antiguo los arquitectos aprendemos de lo bien que construían antes. Pero no todo merece protección, debe haber un diálogo entre lo que hay que preservar y la mejora de la trama urbana».

Jesús Urrea señaló la confrontación histórica «entre talibanes defensores de la conservación y los bárbaros destructores, entre los que hay que hallar un punto de encuentro». A pesar del conservacionismo que puede achacarse a la autoridad académica, reconoció que «si los historiadores hiciéramos un catálogo de lo que hay que proteger, la gente se sorprendería de la lista tan restringida. No apoyamos la idea de conservar por conservar».
Urrea considera que para cualquier rehabilitación «primero hay que determinar el uso y, según este, la intervención». Como ejemplo, apuntó el Hospital Simón Ruiz, de Medina del Campo, al que propuso como «sede del archivo de la banca española, por la vinculación de los Ruiz con la banca y la letra de cambio. Además de su potencial conexión con el Archivo de Simancas», pero el guante no ha sido recogido de momento.
Manuel Sánchez reconoció las dificultades que hay para cambiar de uso edificios religiosos en aras de su conservación, como complicado resulta el mantenimiento del casco histórico si no se permiten ciertas intervenciones que ayuden a fijar población. «Estamos en plena revisión del Plan General de Ordenación Urbana y del Plan Especial del Casco Histórico. La población se ha ido del centro porque no hay aparcamientos y ahora, con la crisis, están volviendo para evitar el gasto en transporte. Necesitamos hacer aparcamientos para permitir el desarrollo del centro comercial más importante de Valladolid, su casco histórico», explicó el teniente de alcalde.
Sin embargo son las trabas legales, según Sánchez, las que han impedido la construcción de un 'parking' junto a Santa Ana o rehabilitar Villa Julia, en la calle Zúñiga. Para Sánchez, ejemplo de equilibrio entre conservación y nueva construcción es el Matadero. «Se dejó un recuerdo de la arquitectura de Madrid y se negoció con los vecinos para responder a sus necesidades. No se puede proteger al 100% todo, es contraproducente».
Enrique Saiz prefiere dar al patrimonio una visión más general, «es un recurso económico, pero no solo, también es vital porque incide en el desarrollo de las personas, en la convivencia. Cuando hablamos de patrimonio urbano lo hacemos sobre la suma de un esfuerzo colectivo, que excede lo artístico, hecho por mucha gente durante bastante tiempo». Saiz puso como ejemplo Salamanca, Segovia, Granada o Santiago de Compostela, ciudades en las que su desarrollo no solo está dirigido a atraer turismo, sino a hacer más vivible su espacio y más atractivo para iniciativas empresariales de I+D o académicas.
«Ahí es donde Valladolid puede aportar algo. Hay que equilibrar los tres palos del desarrollo económico; Por un lado, que sea apta para acoger empresas, el social -que haya buena convivencia- y medioambiental, es decir, que se dé un entorno amable. Valladolid reúne, además de patrimonio artístico, una tradición universitaria, un entorno natural, una posición estratégica central dentro de la comunidad, y todo eso debe usarse para beneficiar el desarrollo», afirma Saiz. «Está claro que no habrá una segunda oportunidad de construir tanto como hasta ahora porque no hay suelo. En el futuro hablaremos de una revisión de lo construido».
Gestión compartida
Desde el sector privado, José Antonio Lobato animó a considerar el patrimonio como fuente de riqueza que debe vincularse a una industria cultural en la que implicar a las empresas y potenciar su responsabilidad social corporativa. «Cada vez es más reconocida por los clientes y las empresas. Sería interesante crear nuevos incentivos al mecenazgo privado», camino natural que además está allanado por la crisis. «En estos tiempos en los que las arcas públicas apuntan hacia una política de austeridad, desde la Cámara animamos a buscar elementos nuevos de desarrollo y progreso; por eso vemos interesante abrir la puerta a las empresas para que se animen al mecenazgo y la gestión compartida. Desde la casa de las empresas también queremos convertir al patrimonio en una fuente de riqueza». Lobato apeló a la consideración general del patrimonio etnográfico, natural, artístico, industrial...
Enrique Saiz ejemplificó la creciente implicación cultural de las empresas en el caso de Iberdrola. «No es que ponga dinero en una intervención, es que ha dado un paso más haciéndose corresponsable del proyecto en la Raya, límite con Portugal, donde está construyendo unos saltos. Se ha convertido en patrono de la Fundación Santa María la Real desde la que se implica en el plan del románico hispanoportugués. No se trata solo de dar facilidades al mecenazgo rebajando fiscalidades, sino convertirlo en un activo de la explotación. ¿Por qué no se puede dar una concesión a un empresario para rehabilitar, convertir en negocio y explotar por ejemplo un castillo-palacio? El sano negocio de la cultura no es peyorativo, sino una oportunidad de futuro, por eso os pido a los empresario que penséis en términos de negocio cuando se habla de patrimonio».
Por su parte, Gregorio Alarcia lamenta que se acuse a los empresarios «de forrarse cuando intervienen en un edificio, cuando lo que se busca es darle un uso que es el que acabará por protegerlo».
Accesibilidad y gestión
Otra lado del poliedro patrimonial lo representan los dueños personales de edificios históricos. Jesús Urrea expuso el caso de la Casa Blanca de Medina del Campo. «Hace unos meses desde la Real Academia de la Purísima logramos un permiso para visitar la Casa Blanca, única muestra de construcción palaciega civil del XVI en Valladolid. La Junta debiera llegar a un acuerdo con la familia para que pudiera visitarse sin menoscabo del uso privado, como ocurre en los castillos franceses o ingleses».
El medio rural, en el que se asienta buena parte del patrimonio regional, afronta otras cuestiones como la accesibilidad -que determina la viabilidad de los proyectos- y la gestión con el público. «Es una pena que haya sitios que justo cuando vas a verlos un fin de semana están cerrados y no hay quién los abra», se queja Lobato.
No tiene ese problema Medina de Rioseco, que alberga junto a Medina del Campo Las Edades del Hombre, iniciativa cultural que no ha cejado de atraer visitantes en cada nueva edición reconocida por todos.
Enrique Saiz ve en Rioseco «una ciudad que conserva bastante bien sus edificios, es un enorme museo, pero a la vez tiene la dársena del canal, la fábrica de harinas, de tal manera que presenta oferta suficiente y variada para un fin de semana, y es así con o sin la exposición 'Passio'. Hay que perder la visión museística de la pieza por la pieza, que su valor particular no impida la visión de conjunto».


* Norte Castilla - 26.06.11
Foto: Valladolid, derribo fachadas Labradores (archivo) - nortecastilla.es

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Madrid.- La Justicia obliga a la Comunidad a que dé el primer paso para proteger el Teatro Albéniz

MADRIDIARIO* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha instado a la Comunidad de Madrid a que incoe expediente de bien de interés cultural al Teatro Albéniz, primer paso para conseguir la protección del emblemático recinto madrileño. El fallo del TSJM invalida las decisiones adoptadas en 2007 por el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid -Santiago Fisas- y el director de Patrimonio de la Comunidad de Madrid -Javier Hernández-, que negaron el valor cultural del Teatro Albéniz.
El Tribunal ha dado la razón a la demandante Plataforma de Ayuda al teatro Albéniz, que solicitaba la incoación de expediente de bien de interés cultural para el mencionado teatro, en la categoría de Monumento, por "su valor como fenómeno artístico y teatral en la memoria y cultura madrileña desde su fundación, especialmente en los últimos 20 años".

"El Albéniz constituyó un referente excepcional de la vida cultural madrileña (...) y su labor ha sido reconocida por miles de personas, entre ellas premios Nobel, medios de comunicación, artistas de todas las artes escénicas y plásticas, literatos, cineastas y la ciudadanía que integró el movimiento de Ayuda al Teatro Albéniz", señala un comunicado difundido por la Plataforma.

El Teatro Albéniz fue fundado en 1945 para albergar ópera y ballet, disciplinas a las que se sumarían, años más tarde, espectáculos de zarzuela y revista. En 1984, el espacio fue alquilado por la Comunidad de Madrid, que en 2007 traspasó la programación escénica que realizaba en este centro a los Teatros del Canal, dirigidos por Albert Boadella.

La vida es sueño

La sala cerró definitivamente sus puertas el 21 de diciembre de 2008 con la puesta en escena de 'La vida es sueño', de Calderón de la Barca. Unos meses más tarde, en abril de 2009, el Grupo Smedia anunció su intención de reabrirlo y negoció una cesión de varios años con la empresa Monteverde, propietaria del inmueble.

El proyecto se paralizó cuando apenas restaban unas semanas para la reinaguración, ya que la inmobiliaria recibió una oferta para vender el teatro. La operación nunca se llevó a cabo y el edificio quedó sumido en un limbo que ahora empieza a despejarse con el fallo emitido por el TSJM.


* Madridiario - 25.06.11
Foto: Madrid, Teatro Albéniz cerrado - madridiario

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Un perito acusa al 'superdelegado' de Ourense de malversar fondos de la UE

ELPAÍS* : El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, justificó y cobró de los fondos comunitarios del Feder por obras que no realizó, en su calidad de presidente de la asociación para el desarrollo local Ceivam durante los años en que fue alcalde de Arnoia. Un informe de un perito independiente encargado por el juzgado de Ribadavia que ha imputado al hombre de confianza de Feijóo en Ourense por falsedad documental y malversación de fondos públicos, concluye que entre 2001 y 2007 el entonces alcalde de Arnoia y presidente de Ceivam ?que ha testificado que invirtió 12.000 euros de la UE en crear una planta de biomasa en Arnoia? solo gastó en realidad en el retejado de la planta, ya existente, y en la colocación de una capa de piedra sobre la misma.
El informe precisa que, en el caso de estas obras, Martínez infló los precios y que la inversión que realizó fue de en torno a los 2.000 euros a los que podrían sumársele otros 1.000 por limpieza de la maleza. El informe pericial pone al representante de la Xunta en Ourense en una difícil situación.

Los letrados de Martínez habían apelado a la prescripción del supuesto delito de falsedad en documento público ?del que le acusaba el PSOE ourensano y por el que fue condenado ya a la devolución del dinero por la Audiencia Nacional? que caduca a los cinco años, pero el informe pericial abre la puerta a un supuesto delito de malversación de fondos públicos que no prescribe hasta los 10 años. Martínez será ahora juzgado por el supuesto delito de mayor entidad ?el de malversación? que, según el letrado del PSOE, incluye el de la falsedad documental "como medio necesario para su comisión".

El informe que firma el perito confirma, punto a punto, el testimonio que los integrantes de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) O Carballo prestaron ante el juez que instruye el caso. Los representantes de la SAT, además de aportar fotografías, declararon que fueron ellos quienes construyeron la nave por la que Martínez y su grupo de gobierno solicitaron y cobraron una ayuda de la UE. La pretendida planta de biomasa que el actual representante de la Xunta certificó como obra realizada por Ceivam fue construida "antes del 15 de marzo de 2000", sostiene el perito, que hace, además, un pormenorizado análisis de las certificaciones que, un año después, emitió el ingeniero municipal de Arnoia, Miguel Reza Paz, en las que no deja lugar a dudas de la supuesta falsedad documental. Todas ellas "figuran como obras ejecutadas en noviembre de 2001", explica el informe pericial.

El técnico judicial no solo alerta de la posible malversación, sino que detalla que, tras personarse en las instalaciones de la planta de biomasa, no encontró la maquinaria descrita en las facturas certificadas por Ceivam para la recibir la ayuda de los fondos comunitarios. Ni rastro del compactador de residuos sólidos ni del arrastrador por paletas ni del elevador hidráulico del material sólido ni de la maquinaria para trabajo en el campo. Ni siquiera había extintor manual, ni el grupo electrógeno para 60 kilovatios.El perito judicial incorpora a su informe fotografías en las que se aprecia que la nave estaba vacía. Tampoco había huellas de la docena de aparatos del equipamiento de bienestar, prevención y seguridad que el delegado de la Xunta certificó para cobrar de la UE. "En el interior de la nave no había material o resto de ningún tipo", precisa el técnico enviado por el juez.

El informe es contundente. Detalla que en las certificaciones emitidas entre el 29 y 30 de noviembre de 2001 "encargadas por Ceivam al señor Miguel Reza Paz" se muestran en las diferentes partidas "mediciones y precios que engloban varios trabajos" y que corresponden "aproximadamente al 50% del coste global de la certificación". Sin embargo, en esa partida "no aparecen trabajos como cerramiento exterior de la nace y enfoscado interior" los cuales sí "aparecen en una certificación posterior emitida por Ceivam".

El perito concluye que los "únicos trabajos" que fueron ejecutados por la asociación que presidía el delegado de Feijóo en Ourense fueron los de retejado y colocación de piedra. Las certificaciones emitidas en 2007 por Ceivam "incluyen trabajos que fueron ejecutados antes de 2001, cuando la SAT O Carballo cedió la parcela al Ayuntamiento de Arnoia". Ni siquiera el cerramiento que la asociación local certificó para cobrar de los fondos europeos era real. "Forma parte de la edificación que fue ejecutada con anterioridad a 2001". Martínez y su grupo de gobierno inflaron además las facturas, según se desprende del informe. "El precio por metro cuadrado que aparece en la certificación nos parece elevado", así como el que hicieron constar por suministro y colocación de bloque. Lo pusieron a 14,5 euros el metro cuadrado del año 2007 cuando en la actualidad está a "4,80 euros", precisa el perito.


* El País - 25.06.11
Foto: ourense - red2000.com

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Arrancan cuatro marchas indignadas más

DIAGONAL* : El proyecto de las marchas indignadas sigue materializándose según avanzan las jornadas. Hay 6 grandes rutas y varias más pequeñas que irán convergiendo. La coordinación logística y las fechas y puntos de confluencia de las expediciones están prácticamente acordados. Mañana comienza la ruta nororiental, que parte de Barcelona. A las 5 de la mañana están citados en la plaza de Cataluña los que quieran emprender la marcha. Esta ruta encontrará en su camino poblaciones como El Vendrell o Reus, todavía en Cataluña, y también Alcañiz, Molina de Aragón o Alcalá de Henares, entre otras. Hoy también arranca la marcha del sur , desde Cádiz. En Sevilla esperan a los de Cádiz para el día 1 de Julio, por lo que preveen unirse a los malacitanos y granadinos a la altura de Ciudad Real, una semana y media después. El arranque de la ruta norteña también está prevista para este fin de semana. Arrancarán desde Bilbao y recogerán, entre otras marchas, a los que arranquen de Logroño. En la ruta extremeño-portuguesa aún no tienen confirmada fecha de salida, aunque todo apunta al 1 de Julio desde Mérida. La ruta noroeste parte hoy desde Santiago de Compostela y mañana desde Betanzos. El 27 parten de Orense también las marchas procedentes de Pontevedra y Vigo. La confluencia de estas marchas con Compostela, Coruña y Lugo será en Ponferrada, presumiblemente el 5 de Julio.

Quinto día de marcha para la ruta este

Los primeros en salir a los caminos, procedentes de Valencia, ya afrontan su quinta jornada. Hoy llegan a Alzira. Los participantes quieren destacar la solidaridad de la gente en los pueblos. Les están habilitando polideportivos para hacer la noche y en cada pueblo ha tenido lugar una asamblea en donde los lugareños han podido expresar sus demandas y anhelos de cambio. Además, no les han faltado víveres, ya que les han obsequiado con comida por allí dónde han pasado.

Pese al calor el camino, según nos comentan, la marcha no está resultando incómoda. Los trayectos están siendo razonables (unos 10 kilómetros al día) y la treintena de caminantes que han partido se encuentra en perfectas condiciones.

Esperan que de cara al fin de semana se incorpore más voluntarios a la marcha. Donde seguro se añadirán más participantes será a su paso por Ayora, previsto para el 2 de Julio. Alli confluirán con la marcha indignada procedente de Utiel-Requena, en el interior de la provincia de Valencia.

Unos días más tarde, el 7 de Julio, se unirán, previsiblemente en Albacete, la marcha que sube desde Alicante y la marcha que sube desde Murcia. Desde ahí ya encararán el camino hacia Madrid. * Diagonal - TOMÁS MUÑOZ (REDACCIÓN WEB) - 24 DE JUNIO DE 2011
Foto: Un grupo de caminantes recibe la hospitalidad de la asamblea 15M de Alzira (Valencia).- Marcha Este

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No es por los privilegios, es por el desencanto

ROSARIO G.GÓMEZ* : Que los políticos no tienen buena fama entre la ciudadanía es una certeza avalada por las encuestas. El Centro de Investigación Sociológicas (CIS) certifica que la clase dirigente es el tercer problema de los españoles, tras el paro y la crisis económica. Los indignados del 15-M han hecho suyo este creciente desapego hacia los gobernantes para poner en la diana de sus reivindicaciones el fin de los privilegios de los que goza la casta política.
Con su omnipresente Democracia real ya, el Movimiento 15-M pide a gritos, en manifestaciones multitudinarias o en pacíficas asambleas, la regeneración del sistema político y económico. Y eso pasa, según las propuestas de los indignados, por el reparto del trabajo, la seguridad en el empleo, la supresión de los gastos inútiles en las Administraciones, la subida de los impuestos a la banca o la eliminación de los privilegios de la clase política. Detrás de estas proclamas hay quien ve un sesgo populista.
Desencanto + mentalidad antipolítica + crisis + corrupción originan el cada vez más intenso desapego hacia las clases gobernantes que evidencia el CIS, como justifica Xavier Coller, sociólogo y experto en élites políticas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. “Los políticos corruptos son muy pocos. Pero los medios de comunicación hacen de ecualizador. Tienen un efecto multiplicador, sobre todo cuando se observan grandes tramas, como el caso Gürtel”. Collar percibe que este no es un fenómeno coyuntural sino un problema estructural. “Las dictaduras son corruptas por definición, pero en democracia siempre hay corrupción”, dice. El creciente hastío hacia la política hunde también sus raíces en el empeño del Gobierno central en no reconocer la crisis y en demorar la adopción de medidas para combatirla, remarca Collar, que dirige la Escuela de Alta Gestión Pública de Andalucía.

Al margen del comportamiento del Ejecutivo de Zapatero, los expertos coinciden en que los políticos tienen que repensar su estatus. Pero siendo conscientes del papel que desempeñan. El politólogo Joan Subirats sostiene que a menudo no se tiene en cuenta que lo que ahora se ve como “privilegios” fueron en su día “conquistas de los sectores progresistas que formaban parte de Parlamentos pensados para las élites liberales”. Se trataba, apunta, de que la gente que se dedicaba a la política tuviera un salario y una cierta inmunidad para poder eludir las presiones de los poderosos. “Ahora, muchos de esos elementos, justificables en su momento, acaban pareciendo privilegios porque tienen menos sentido”.

La plataforma de los indignados del 15-M ha puesto el foco en la clase política. Reclama desde el control estricto del absentismo de los cargos electos hasta la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, pasando por la publicación obligatoria de su patrimonio y la reducción de puestos de libre designación.

La política ya no atrae a personas con una trayectoria profesional previa
¿Hasta qué punto es una novedad que los ciudadanos protesten por las prebendas de sus dirigentes? “No es algo nuevo ni raro. Esa misma dimensión antipolítica existe en otros países y ha existido en otros periodos históricos en España, como, por ejemplo, en la República o durante la Restauración”, puntualiza Xavier Coller. La percepción de esa desafección es extremadamente compleja: “Hay un sustrato sociológico tardofranquista que rechaza la política. Aún pervive esa idea que se resume en la famosa frase de Franco: ‘Haga como yo, no se meta en política”.

Hay quienes piensan que la ciudadanía tiene una idea sobrevalorada del estatus de los políticos. Ángel Valencia, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, plantea que la clase política debería nutrirse de personas con una trayectoria profesional previa que les permitiera retornar a la sociedad civil. Apela a ese tipo de diputados y senadores que surgieron durante la Transición. “Ahora existe una mayor profesionalización de la política. Hay una cooptación desde más jóvenes y muchos no tienen una profesión fuera del mundo político. Por eso luchan por estar todo el tiempo posible en la política”, dice Valencia. De ahí que dé la impresión de que se trata de una casta endogámica. Para combatir esta tendencia y para no sucumbir a los efectos perversos del poder, considera necesaria “una gran dosis de ética pública”.

Los indignados reclaman cuestiones más materiales: la supresión de los privilegios en el pago de los impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones; la equiparación del sueldo de los representantes del pueblo al salario medio español, más las dietas necesarias para el ejercicio de sus funciones.

“La ciudadanía pide más transparencia en sus ingresos, pero a veces ignoramos que los salarios están publicados y son accesibles para cualquiera”, apunta Xavier Coller. Subirats, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que sería oportuno poner al día, y “ajustar a la sociedad” los salarios de los políticos. ¿Es mucho o es poco lo que cobran? Depende. Si se compara el sueldo de un diputado español con el de un europarlamentario (con su lluvia de dietas, viajes en preferente y tropa de ayudantes) o con sus colegas del entorno comunitario parecería casi un pobre. La comparación con directivos del sector privado sería más desfavorable.

Los diputados rasos tenía el año pasado un sueldo de 3.100 euros mensuales, a los que suman 870 o 1.800 si viven fuera de Madrid. En Francia, el salario base ronda los 7.000, a los que se añaden otros 6.000 para gastos. En Italia supera los 10.000, en Alemania roza los 8.000 y en Reino Unido los miembros de la Cámara de los Comunes perciben una nómina fija de unos 6.000 y cuentan con asignaciones que pueden ser 20 veces superiores para contratar asistentes de la circunscripción. A la hora de hacer comparaciones conviene tener en cuenta que en Alemania, por ejemplo, el salario medio es de 42.400 euros anuales y en España es de 23.200.

El Movimiento 15-M se ha rebelado contra los salarios y también contra el modelo de pensiones de los parlamentarios. Se han hecho eco de la idea machaconamente repetida de que con siete años en el escaño sus señorías pueden cobrar la pensión máxima. Pero los parlamentarios se han apresurado a matizar. Solo cuando un diputado, cumplidos los 65, no alcanza la pensión máxima, el Congreso la complementa siempre que haya ocupado el escaño durante ocho años. En tres décadas de democracia apenas 81 de los 3.700 legisladores han utilizado este recurso.

Joan Subirats tiene claro que los políticos deberían tener un regimen de pensiones idéntico al del resto de los trabajadores —“y derecho a paro” —, no deberían viajar en bussines ni estar exentos de la justicia ordinaria por su condición de aforados.

Solo 81 de 3.700 parlamentarios se acogieron a la pensión máxima
Más allá de estos privilegios, el problema no es el sueldo de Zapatero o que tenga coche oficial. Los expertos perciben que lo inquietante es que alcaldes de pequeños Ayuntamientos tengan una nómina superior a la del presidente del Gobierno y estén rodeados de una corte de asesores. “La actividad pública debe estar bien pagada. Los dirigentes tienen que tener un estatus social y una remuneración económica a la altura de lo que representan. Hace falta ética pública para que esto funcione de otra manera y cultivar una mentalidad diferente. Demostrar que los representantes del pueblo no tienen nada que ocultar y que no están en la vida publica para enriquecerse”, sostiene el politólogo Ángel Valencia al tiempo que reclama transparencia y rendición de cuentas.

“Sociedades civiles más fuertes controlan mejor a sus políticos”
En al menos algunas de estas reivindicaciones, los políticos parecen haber recogido el guante. Los diputados quieren arrojar luz sobre sus cuentas, su patrimonio y sus actividades extra. Llueven las iniciativas para regular las remuneraciones, el regimen de incompatibilidades y los derechos de los parlamentarios. El PSOE propone publicar con todo detalle sus bienes y los de sus familias, el PP solicita que el régimen de pensiones sea el mismo que el del resto de los ciudadanos, e IU se decanta por endurecer el regimen de incompatibilidades.

La negativa percepción de los ciudadanos sobre la clase política no es del todo compartida por los expertos. El catedrático Xavier Coller distingue entre dos tipos de políticos: los de designación y los de representación. Estos últimos (diputados, senadores, alcaldes, concejales) tienen menos prerrogativas que los primeros (ministros, consejeros, asesores, altos funcionarios). “Los privilegios van adheridos al cargo. Otra cosa es que tengan cierta información de la que carece el ciudadano común”, advierte. Si esta información es relativa a una recalificación de terrenos, el privilegio puede dejar de serlo para convertirse en un delito. Manejar información privilegiada le costó por ejemplo, el cargo, al exgobernador del Banco de España Mariano Rubio.

Los parlamentarios no pueden acceder al paro porque no cotizan, de manera que reciben una indemnización de un mes por año en el escaño, con un máximo de 24 meses. El resto de trabajadores reciben 20 días por año, según la última reforma laboral. Algunos grupos se han apresurado a proponer que esta indemnización la perciban solo los parlamentarios que se queden en el paro.

Otro de los aspectos a debate es el régimen de incompatibilidades. Algunos grupos son partidarios de endurecerlas y no faltan quienes reclaman plena dedicación a los parlamentarios.

“Aquí hay una zona de grises que puede ser percibida por la ciudadanía como la utilización de ciertos privilegios”, previene Collar, consciente de que los parlamentarios pueden utilizar información para beneficiar a las personas que acuden a los bufetes de abogados en los que colaboran. “A no ser que se endurezca el regimen de incompatibilidades, es algo muy difícil de regular”, añade.

En el fondo del debate sobre los salarios de las clases dirigentes late el meollo de la cuestión: ¿El trabajo que hacen justifica su sueldo? Los sistemas anglosajones, como apunta Subirats, generan mayor control sobre el absentismo. El parlamentario es el representante de un territorio concreto “y tiene que currárselo”. “Sociedades civiles más fuertes que la nuestra, como es el caso del Reino Unido, controlan de manera más eficiente a los políticos. La representación es más personalizada”. Allí, los diputados trabajan de lunes a jueves en el Parlamento y el viernes y el sábado se dedican a su circunscripción. “En Estados Unidos los lobbys están permanentemente elaborando estadísticas de lo que votan congresistas y senadores. Son un mecanismo de control de la ciudadanía”

Controles a los que no son ajenos los expresidentes del Gobierno. José María Aznar y Felipe González perciben sus correspondientes pensiones (80.000 euros) y han sido fichados, respectivamente, como asesores por Endesa (un puesto remunerado con unos 200.000 euros) y Gas Natural (alrededor de 126.000). En este punto, catedrático Ángel Valencia se muestra indulgente. “Son figuras muy importantes y es evidente que deben tener coche oficial, escolta y pensión. Han sido personajes públicos y seguirán siéndolo toda la vida. Hay que exigirles una conducta y ética pública pero es lógico que impartan conferencia y que las cobren más caras que las que imparte un profesor de universidad”.

En este camino hacia la regeneración de las instituciones democráticas, el mejor ejercicio de control y transparencia de los políticos es, según Subirats, las iniciativas legislativas populares. Un instrumento del que no se ha hecho uso durante la democracia.

Listas abiertas... o limpias

¿Cómo castigar a un político corrupto? Lo obvio es no votarle. Pero los partidos no dan opción a tachar su nombre. ¿Acabarían con el problema las listas abiertas? “Los partidos y las cúpulas dirigentes difícilmente aceptarían un sistema así. Los comités de listas tienen el poder de seleccionar a los candidatos y no parece probable que renuncien a ese poder”, dice el sociólogo Xavier Coller.
Cambiar el sistema electoral presenta infranqueables resistencias por razones estructurales y estratégicas. Además, un cambio sustancial, como la puesta en marcha de listas abiertas, probablemente no sería la receta más adecuada ni introduciría factores de libertad para elegir a los candidatos más eficientes. “No es una solución mágica”, explica el catedrático Ángel Valencia, para quien las listas abiertas “no introducen una mejora sustantiva en la democracia que tenemos”. El sistema de listas abiertas se emplea ya en el Senado. Otra cosa son las listas desbloqueadas, que permiten cambiar el orden de los candidatos.
En las elecciones municipales y autonómicas del 22-M, los imputados han plagado las candidaturas. Llamativo es el caso del PP valenciano, que incluyó en sus listas varios imputados e implicados en casos de corrupción. El electorado volvió la vista hacia otro lado. El PP revalidó su victoria. Desde una perspectiva legal, un imputado no es un condenado. Por eso el debate, como expone el catedrático Joan Subirats, es más político que jurídico. “Por limpieza democrática, sería deseable que los políticos trabajaran en esa línea. Aunque cada caso es diferente”. Que se lo pregunten al socialista Demetrio Madrid, que dimitió como presidente de Castilla y León en 1986 tras ser procesado por un supuesto fraude comercial y del que fue absuelto en 1990.

* El País - Opinión - 22.06.11

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