Valencia.- Los escombros de la Fórmula-1

LEVANTE* : Por mucho que durante algunos días al año Valencia trate de disfrazarse de Mónaco, lo cierto es que la realidad de la ciudad acaba por imponerse al glamour de cartón piedra. Y es que, aunque la mayoría de visitantes del circuito de Fórmula 1 lo desconozcan, a pocos metros de las gradas en las que este fin de semana disfrutarán de la velocidad de sus bólidos favoritos, se extiende un desolador paraje repleto de escombros, basura y ratas.
Es la «cara B» del circuito urbano de Valencia, la zona trasera de naves de la calle Juan Verdaguer que, desde hace años, acumulan desechos y suciedad muy por encima de los límites de la salubridad pública. Estos antiguos edificios industriales fueron semiderruidos para facilitar un aparcamiento a los asistentes a las carreras de Alonso, Hamilton y compañía. Sin embargo, el abandono y la falta de vigilancia policial, que según la asociación de vecinos Grau-Port «solo controla la zona durante los días de la competición», hicieron que los restos de las naves se degradaran muy rápidamente. Hasta ahora, la visión de la basura acumulada era ocultada durante de los ojos de turistas y aficionados al motor los días del circuito por grandes lonas promocionales.

De esta forma, la organización trataba de salvar esa imagen de lujo que quería asociar a la ciudad. Sin embargo, este año, y a dos días escasos del comienzo de las carreras, los andamios para colgar las lonas todavía no se han incorporado. De hecho, el presidente vecinal. Jesús Vicente Andrés, cree que este año «seguramente no haya lonas». «En vez de el dineral que costaban esas telas, y ya que no querían rehabilitar el lugar, la asociación de vecinos pidió al ayuntamiento que tapiara los edificios. Dijeron que lo estudiarían pero no han dado ninguna respuesta», explica algo abatido el presidente.

Tras años en los que la indiferencia y el silencio administrativo han sido la tónica general, los vecinos se muestran «hartos» de hacer denuncias al ayuntamiento y a la policía, es desesperante»,y ya casi dan la lucha «por perdida». «Esperamos que decidan hacer algo para el barrio, que necesita equipaciones. Por ejemplo, haría falta un centro de Información a la Juventud, pues gran parte de la población de esta zona es muy joven, y también una sala deportiva multiusos, que podría ser utilizada por el instituto», señala.


* Levante - LUCÍA MÁRQUEZ | VALENCIA MARTES 21 DE JUNIO DE 2011
Foto: Valencia, naves escombros F1 - levante

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BCN rebelde, como siempre

GUILLEM MARTÍNEZ* : Frente a mi punto de vista no paran de pasar personas. La manifestación es un éxito por sí solo. Pero también es un éxito cultural: después del 11-M, es la primera vez que la ciudadanía intelectualiza una realidad diferente de la propuesta por un Gobierno para dibujar una violencia. Definitivamente, el 15-M no es kale borroka. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son el 15-M, esa masa que ha acudido aquí a representarse a sí misma?
Son familias, parejas, grupos de amiguitos y amiguitas, abuelitos, niños, bebés, personas bajas, altas, gordas, delgadas, morenas, blancas como un queso, con novia guapa, con novio feo, con la ralla del tinte por actualizar, con el pelo muy meditado. Son, en fin, la figuración con la que cada día se dota Barcelona para llenar la mayoría de sus calles. Algunos avanzan agrupados en círculos de activistas de algún tipo de derecho. Otros, los más, se representan a sí mismos, y traen en sus manos una pancarta, en la que exhiben las razones por las que han venido. Son carteles brillantes, que han hecho retroceder 100 años la causa de los carteles electorales.
Hay carteles divertidos contra Felip Puig -nombre muy coreado en la mani; en circunstancias normales, a Puig le quedarían pocas horas en el Gobierno antes de que le visite el francotirador epistemológico de CiU-. Carteles con textos turbadores: "No puedo apretarme el cinturón y bajarme los pantalones a la vez", "Tengo carrera y como mortadela", "La Rioja no se puede separar del Estado, pero sí el bienestar", "¿Dónde está la izquierda? Al fondo, a la derecha", "Mas, el presidente de Tulipán" -en alusión a un spot de mi infancia en el que un fantasma recorría Europa en helicóptero, para ofrecer margarina en los colegios-.
Brillan con luz propia dos. Uno, confeccionado por un niño de, pongamos, P-5: "Bolem mes flams a lascola", y otro, que recoge las dos grandes aficiones históricas de Barcelona: la rebeldía y el lerere -por favor, que el autor se me manifieste, que le pago una copa-: "Somos el movimiento Wonderbra: oprimiendo las masas, las levantas".

Muchos carteles explicaban la violencia económica y social. Muchos carteles contra los recortes. En la educación, en la sanidad. Muchos explicando la relación entre el mundo financiero y el político. Muchos con una propuesta política sin políticos que la representen: someter a referéndum la ley ómnibus. Muchos, por otra parte, defendiendo el carácter pacífico de la protesta -el 15-M, en fin, no solo es horizontal, sino que organiza hasta el orden horizontalmente-.

Quizá es la vuelta a la ciudad de su tradición política más dilatada: la observación del Estado con cara de póquer. A la vez, es también una toma de contacto con las nuevas izquierdas europeas, que no ven en el Estado, ni en el pulpo, un animal de compañía, algo necesariamente transformador.

El 15-M se ha despenalizado a sí mismo en una manifestación seria, divertida, participativa, en la que la ciudadanía se ha mirado a los ojos, sonriendo, y en ocasiones ha encontrado ojos húmedos, por la emoción de mirarse. La política de partidos, y los problemas que plantea en sus agendas, en ocasiones son formas de no mirarnos. Falta saber cuál será el siguiente paso. Es muy posible que no lo dé la clase política, sin discurso, salvo el de la dignidad institucional, desde hace varias semanas. Es muy posible que lo vuelva a dar el 15-M, un movimiento muy imaginativo y con una idea clara: hay que ampliar la democracia para que en el siglo XXI pueda recibir ese nombre.

* El País - Opinión - 20.06.11

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Todas las grandes ciudades se suman a la bicicleta pública menos Madrid

ELMUNDO* : Moverse en bicicleta por la ciudad puede ser un sano modo de transporte o una tortura. Depende mucho de las facilidades que la localidad conceda a la movilidad sobre las dos ruedas. En España, hay ejemplos de todo tipo. Algunas de las principales capitales han creado redes de carriles que facilitan el uso de la bicicleta. Y algunas, además, han implantado sistemas públicos de alquiler de bicicletas, lo que permite los ciudadanos tomar el vehículo en un punto y devolverlo en otro, lo que facilita los traslados cortos y las conexiones con otros tipos de transporte.
Ahora, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha realizado un análisis sobre esos sistemas públicos de alquiler en las grandes ciudades españolas, del que algunas urbes salen como grandes vencedoras y otras como las últimas de la fila. Así, Sevilla y Barcelona son dos de las capitales que más facilidades ofrecen a los usuarios, al poner a su disposición miles de bicicletas por un módico alquiler. Junto a ellas están algunas de las capitales de provincia con más habitantes de España, como Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Gijón y A Coruña. Y otras que, aunque tienen una población más reducida, como Santander y San Sebastián, son dos paraísos para moverse sobre dos ruedas.

Por contra, Madrid es 'el agujero negro' de la bicicleta en España. Mientras el resto de grandes ciudades tienen un sistema municipal de alquiler de vehículos, en Madrid no existe algo así y, además, el Ayuntamiento presidido por Alberto Ruiz-Gallardón ha rechazado hacerlo por motivos de presupuesto y dando marcha atrás en las promesas que había realizado al respecto. Así, la capital del país es la única ciudad entre las cinco más grandes de España (Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza) que no tiene sistema público de alquiler de bicicletas.

Para la CECU, el alquiler público de bicicletas es "una medida muy positiva que busca incentivar una movilidad más sostenible en el entorno urbano a un precio económico y que ha sido acogida con gran aceptación por unos usuarios que, además, también se benefician de la posibilidad de realizar un ejercicio físico regular".

Diversidad de resultados

Los sistemas de alquiler pueden depender directamente del ayuntamiento o de contratas. Básicamente, el sistema consiste en instalar varios puntos de aparcamiento de bicicletas por la ciudad a cuyo uso puede acceder cualquier usuario abonado. El ciclita toma la bici en un punto de la ciudad y la puede abandonar en otro aparcamiento similar en otro lado.

Puesto que se trata de fomentar el uso de la bici para traslados cortos que sustituyan al coche, normalmente se establece un periodo de tiempo no muy largo (generalmente media hora) en el que el uso de esas bicicletas entra dentro del precio del abono. A partir de ese periodo se comienzan a pagar tarifas extra en función del tiempo total de uso hasta un máximo de 24 horas.

En su análisis, CECU señala que Barcelona es la ciudad española con mayor implantación de este sistema al contemplar un total de 6.000 bicicletas y 420 puestos de recogida o entrega. Sin embargo, Sevilla es la ciudad con mejor proporción de bicicletas por habitante, ya que, con 2.900 cuenta con una por cada 242 habitantes.

Por contra, entre las 10 grandes urbes analizadas, por CECU, Córdoba es la que da un servicio más corto, pues tiene 35 bicicletas.

Sobre los precios, el informe señala que son equiparables a otros países. En España, los abonos oscilan entre la gratuidad total de Córdoba y Gijón, los 18 euros anuales de Valencia y los 30 euros por año de A Coruña. Siendo la ciudad gallega la más cara, el sistema sigue siendo asequible, pues no llega a los tres euros al mes.

En París, por ejemplo, el coste es de 29 euros, en Bruselas de 30 euros y en Washington D.C, 53 euros. Todos ellos por año.

Posibles abusos

El estudio de CECU defiende la oportunidad de estos servicios públicos de alquiler de bicicletas, pero señala también algunos puntos oscuros. Así, encuentra llamativa la disparidad de precios y condiciones de abono, pues sólo algunas ciudades ofrecen la posibilidad de hacerlo por meses, semanas o días.

Además, critica que los contratos en algunas ciudades incluyan cláusulas que considera "abusivas", como que el uso de teléfonos de pago 902 para avisar de incidencias o el cobro de multas de hasta 700 euros por daños causados a bicicleta.

A pesar de estos problemas mejorables, CECU califica con buena nota la oportunidad de estos sistemas.


* El Mundo - 23.06.11
Foto: Aparcamiento del sistema Sevici de bicicletas de alquiler municipal en Sevilla - elmundo

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Valencia.- El TSJ anula la parte del PGOU que afecta al Nuevo Mestalla

LEVANTE* : El Ayuntamiento modificó el uso que podía darse a la parcela que albergaría un hotel.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha declarado nula la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia, aprobada por el Consistorio en mayo de 2008, en relación a la parcela donde se construye el nuevo estadio de Mestalla. Según la sentencia de la sala de lo Contencioso -Administrativo, la aprobación definitiva de la modificación de este suelo correspondía a la Generalitat y no al Ayuntamiento, órgano que el TSJCV considera "manifiestamente incompetente". Al respecto, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Belver ha asegurado que esta resolución "no afecta" al nuevo estadio "ni a los equipamientos previstos". El recurso contencioso -administrativo fue planteado por la Asociación de Antiguos Propietarios de Nou Mestalla, que alega que la modificación del PGOU comporta "una alteración encubierta del uso global deportivo de la parcela" por considerar incluidas en el uso dominante deportivo actividades como restaurantes, tiendas, bares, cafeterías, museo del club e incluso la actividad hotelera.


En un comunicado, el concejal considera que la sentencia "hace referencia exclusivamente a una cuestión formal, de procedimiento y de competencias, que los servicios jurídicos van a estudiar y valorar, y en consecuencia, se procederá". Por tanto, añade, "nada cambia con respecto al nuevo estadio y los equipamientos que el planeamiento prevé para esta manzana".
La sentencia la ha hecho pública el grupo municipal de Compromís, al que Bellver acusa de "precipitación intencionada" a la hora de valorar esta sentencia.


* Levante - 22.06.11
Foto: Valencia, nuevo Mestalla parado - levante

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El Supremo rechaza la construcción de la biblioteca de Sevilla en El Prado

ELPAÍS* : El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de no construir la biblioteca universitaria de Sevilla en el Parque del Prado de San Sebastián, un proyecto de la arquitecta iraquí Zaha Hadid y que lleva ya consumidos más de cuatro millones de euros, por no estar justificada su situación en una zona verde. La obra fue uno de los proyectos estrella del ya ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y de la Universidad Hispalense, que nunca previó esta resolución. La iniciativa judicial contra la biblioteca corrió a cargo de los vecinos.
El TSJA echó por tierra el proyecto del Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla para compartir el uso verde y el educativo con la Biblioteca Central Universitaria en El Prado, protegido por el PGOU de 1987 por ser el único reducto verde junto al casco histórico. Según el Tribunal de Andalucía, la biblioteca no favorecía los intereses generales de la ciudad sino que “los debilita, en un claro retroceso para favorecer intereses educativos universitarios que no pueden primar sobre los generales”.

“El parque público se justifica por sí mismo”, añadía la sentencia del tribunal andaluz, mientras que la biblioteca “atenta frontalmente contra la racionalidad y coherencia el desarrollo urbanístico”.

Ahora, el Supremo ha confirmado esa resolución, tras reconocer que en “la amplia libertad de elección el planificador urbanístico”, es decir, en su discrecionalidad, está proscrita la arbitrariedad.

El Supremo explica que las zonas verdes han tenido siempre un régimen jurídico propio y peculiar, que introducía una serie de garantías tendentes al mantenimiento e intangibilidad de esas zonas, impidiendo “que fueran borradas del dibujo urbanístico de la ciudad” .

El alto tribunal agrega que el cambio de calificación de los terrenos de El Prado a equipamiento educativo “no se ajusta a los contornos propios en los que ha de moverse una decisión discrecional ni dicha decisión ha sido debidamente justificada”.

“La elección de emplazamiento de un atractivo edifico en el centro de la ciudad de Sevilla, donde albergar una nueva biblioteca, es lo propio de la discrecionalidad. Ahora bien, cuando se trata de hacer desaparecer en todo o en parte una zona verde, “han de expresarse las razones por las que la biblioteca no puede ser construida en otros terrenos para cumplir la misma finalidad de permitir el uso cualificado por el entorno universitario”.

El Supremo no comparte la sentencia del TSJA cuando parece prohibir cualquier alteración en la calificación de una zona verde. Pero la libertad del planificador queda limitada en los casos en que se advierta “una potente presencia de los intereses generales que demanden la reducción de la zona verde, lo que no es el caso”.

“Téngase en cuenta”, adoctrina el Supremo, “que la protección de las zonas verdes, fundamentalmente cuando se encuentran en el centro de las ciudades, como es el caso, nacen de la función que cumplen para hacer habitable y respirable la calle , para incrementar las posibilidades del entorno y para aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos.”

Aunque el Supremo concluye que el examen de los intereses de la comunidad universitaria y el de los ciudadanos “no tiene por qué ser contrapuesto”, añade que “esa no es la cuestión”, toda vez que lo que impide tal fusión de intereses es la realización de una construcción sobre zona verde que priva de tal uso, en esa parte, a unos y otros”.

Situación conflictiva

Antonio Ramírez de Arellano, vicerrector de Infraestructura de la Hispalense, señaló hace seis meses que, si el Supremo daba la razón al TSJA, como ha ocurrido, "el PGOU tendría una situación conflictiva y nos sentaríamos a hablar con el Ayuntamiento para ver qué hacemos con el proyecto".

Ramírez afirmaba que no se podía hablar de pérdidas cuando confiaba en que la obras fueran finalmente autorizadas, pero admitía que la empresa constructora, Ferrovial, podría reclamar entre tres y seis millones de euros, al igual que la arquitecta Zaha Hadid. La inversión hasta la fecha ha sido de cuatro millones y de unos 100.000 euros anuales en vigilancia y mantenimiento.

El Ayuntamiento de Sánchez Monteseirín defendió que la biblioteca respondía a los intereses generales mientras que su paralización era fruto de "legítimos intereses particulares de los vecinos de la zona". Por el contrario, el actual alcalde, Juan Ignacio Zoido, rechazó desde la oposición durante el anterior mandato la ubicación, aunque no el proyecto, y vaticinó que el Supremo anularía el proyecto.


* El País - 22.06.11
Foto: Estado de las obras de la biblioteca universitaria de El Prado de Sevilla tras ordenarse su paralización - elpais

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Cooperativistas del sureste de Madrid: 14 años pagando y ahora sin dinero ni viviendas

IDEALISTANEWS* : Un grupo de cooperativistas del sureste de Madrid lleva casi dos meses acampado en la cuesta de moyano para reclamar la construcción de sus viviendas. Su acampada llega en algunos casos tras 14 años de espera. Denuncian el comportamiento de las gestoras de cooperativas, como la ex gestora ofigevi, y de la aseguradora hcc europe. El ayuntamiento afirma que poco puede hacer al ser una iniciativa privada. Los cooperativistas del sureste llevan años viviendo una pesadilla. Durante este tiempo han puesto dinero con la esperanza de acceder a viviendas a precios asequibles, pero la esperanza se ha convertido en desolación y en algunos casos, en ruina. Todos ellos creyeron que encontrarían una vivienda en los nuevos desarrollos urbanísticos de los berrocales, los ahijones, el cañaveral y los cerros. se trata de lugares que eran campo y que, en muchos casos, siguen siéndolo actualmente. Invirtieron dinero –más de 50.000 euros en muchos casos- en cooperativas privadas para comprar parcelas de suelo en las que levantar las viviendas y para que el campo se convirtiera en calles a las que llegara la luz, el agua, el alcantarillado… sin embargo, todo lleva su tiempo y la llegada de la crisis provocó que muchos cooperativistas se “cayeran” de la aventura de promover edificios de viviendas de forma conjunta porque no tenían dinero para seguir pagando, no se repusieron esas bajas y cuando los que quedan “vivos” han ido al banco a pedir créditos para acabar de comprar el suelo se han encontrado con que las entidades financieras no les dan el dinero. sus motivos: ese suelo sigue siendo prácticamente campo y no tiene apenas valor que garantice el cobro en caso de problemas.

Es la pescadilla que se muerde la cola: sin calles no hay crédito para acabar de comprar los suelos y sin dinero no hay calles. mientras, los afectados cargan contra las entidades gestoras, que es la responsable de gestionar las decisiones de las mismas y de cuidar los aspectos administrativos, jurídicos y técnicos de la promoción de viviendas. también contra las aseguradoras.

Esto provoca que los cooperativistas estén "pillados": no pueden recuperar su dinero y tampoco pueden seguir adelante con su proyecto de construir porque no están urbanizados los suelos. vender los suelos tampoco es una solución porque la dramática caída de su valor no soluciona nada.

Hay una excepción: el pau del cañaveral (14.000 viviendas previstas), que es el que está más avanzado. el 90% está urbanizado (el siguiente paso es comenzar a construir las viviendas) y, según el ayuntamiento, sí es posible que los cooperativistas vean sus viviendas construidas

Sin embargo, casi todo son malas noticias para los que se decantaron por los pau de los berrocales (22.235 viviendas previstas), los ahijones (15.400 viviendas) y los cerros (15.000 viviendas), ya que apenas están urbanizados y la espera va para largo. según beatriz lobón, coordinadora general de urbanismo del ayuntamiento de madrid, se trata de desarrollos urbanísticos del tamaño de ciudades como zamora y todo eso lleva su tiempo.

Ángel Alberto Montero, portavoz de los cooperativistas afectados, asegura que han sido estafados por algunas gestoras, como ofigevi, de la que tuvieron que prescindir. el gerente de ofigevi, miguel torralbo, se ha defendido en idealista news de estas acusaciones asegurando que no se ha llevado el dinero porque en ningún momento "manejó el dinero de las cooperativas”. Alega que “sólo he cobrado lo que me correspondió de gestión” y echa la culpa de los retrasos en la construcción de las viviendas a la administración. no obstante, señala que los cooperativistas verán sus casas hechas porque tienen suficiente capital pero tendrán cambiar de gestoras.

Los afectados también reclaman a la administración permutas de suelo –que les cambien sus suelos donde no se puede construir por otro públicos en disposición de empezar a levantar viviendas-. sin embargo, el ayuntamiento de madrid asegura que todo es muy complejo. recalca que son desarrollos privados cuya responsabilidad en la ejecución de las obras la han asumido los propietarios. respecto a la permuta, el ayuntamiento contesta que el suelo urbanizado para levantar vivienda de protección pública que tiene lo destina para los ciudadanos madrileños que están en lista de espera para acceder a una vpo. “no sería justo con el resto de ciudadanos madrileños que tienen las mismas expectativas y los mismos derechos que los cooperativistas”, sentencia.


* Idealista News - 22.06.11
Foto: Madrid, plano paus sureste - idealista

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El stock de pisos sin vender continúa creciendo y alarga la crisis

ELCONFIDENCIAL* : La digestión de la burbuja inmobiliaria será más lenta de lo previsto inicialmente. Al menos, para el Servicio de Estudios de Catalunyacaixa, que en su último informe de coyuntura retrasa hasta la segunda mitad de 2012 el comienzo de la absorción del stock de pisos sin vender, un stock que cifra en 798.000 viviendas. Es decir, alrededor del 3,2% del parque total. La caja catalana ‘culpa’ de este retraso a la construcción de pisos de protección oficial, que lejos de reducirse en coherencia con los planes de ajuste fiscal del sector público, continúa creciendo. Hasta el punto de que en 2010 se terminaron 53.000 pisos protegidos que han contribuido a engordar el saldo entre pisos vendidos y acabados, y que Catalunyacaixa cifra en 15.000 viviendas. O dicho en términos más precisos, el stock continúo creciendo el año pasado tras haberse terminado de construir 258.000 pisos y vendido únicamente 243.000 unidades. Para hacerse una idea de lo que significa el actual ritmo de construcción de viviendas de protección oficial hay que tener en cuenta que representa el 21,8% del total (el resto son de promoción libre), el mayor porcentaje de la década. O el doble respecto de 2007, que marca el comienzo de la crisis económica, aunque la desaceleración en el número de construcción de viviendas comenzó a manifestarse un par de años antes.

Los datos de la caja catalana suponen una fuerte corrección respecto de las presentaciones que viene haciendo el Gobierno en el extranjero, y que concluyen que en 2013 apenas quedarán 200.000 viviendas sin vender tras aligerarse el stock. Josep Oliver, economista de Catalunyacaixa achaca esta discrepancia al menor ritmo en la creación de hogares respecto de lo que prevé el Ministerio de Economía. Según sus estimaciones, entre 2011 y 2015 nacerán cada año alrededor de 138.000 hogares, a años luz de los 430.000 de media que se crearon en los años que van entre 2000 y 2008. Y que en buena parte explican el boom del ladrillo.

El stock de viviendas sin vender, en todo caso, es escasamente homogéneo. Hasta el extremo de que hay provincias como Castellón donde existen unas 106.000 viviendas sin vender (un 20% del parque total), mientras que otros lugares apenas llega al 3%. La fotografía que dibujan los economistas de Catalunyacaixa sobre los territorios con mayor stock de viviendas sin vender va desde Girona a Cádiz más Madrid y Toledo en la zona centro. Zaragoza, Vizcaya, La Coruña y Pontevedra en el norte y las dos provincias de las Islas Canarias.

A menor tamaño del municipio, mayor stock

Lo curioso del caso es que los municipios de menos de 50.000 habitantes, que concentraban aproximadamente el 54% del parque total de viviendas de España en el cuarto trimestre de 2010, acumulan el 69% de todo el stock de viviendas nuevas pendientes de venta. En el otro extremo, las capitales de provincia, con cerca del 29% del parque de viviendas del conjunto de España, concentran únicamente el 15% de las viviendas pendientes.

En cuanto a precios, los economistas de la caja catalana también observan enormes disparidades provinciales. La estadística oficial habla de que el precio medio de los pisos entre 2008 y 2011 ha caído en términos nominales un 15,4%, aunque en términos reales (depende del deflactor que se utilice) se estaría hablando del entorno del 20-25%.

Sin embargo, mientras que en Toledo, Málaga, Murcia, Madrid, Guadalajara y Alicante el descenso en términos nominales (sin inflación) ha sido superior al 20%, en lugares como Orense y Soria el precio de la vivienda no sólo no ha bajado, sino que ha subido en los últimos tres años. Un 2,7% en el primer caso y un 0,5% en el segundo.

El estudio utiliza estadísticas de la OCDE para llegar a la conclusión de que el período de expansión 1995-2007 -la burbuja inmobiliaria- ha sido “inusualmente dilatado” en relación a la experiencia histórica anterior. Frente a los 28 y los 21 trimestres de alza durante las fases alcistas de los ciclos de los años 70 y la segunda parte de los años 80, la que precedió a la crisis actual alcanzó 44 trimestres. Es decir, un periodo extraordinariamente largo, lo que explica que el precio real de la vivienda creciera nada menos que un 120% en términos reales. Por debajo, en todo caso, de Irlanda (257%), Reino Unido (166%) o Noruega (142%), pero muy por encima de EEUU (50%) o Italia (40%). Y a una distancia sideral de Alemania, con una caída de precios del 24% en 12 años.

Si se mira más hacia atrás, los datos de la OCDE muestran que en los últimos 40 años sólo en Irlanda y en Suecia los precios de la vivienda han subido más que en España, un 70%. A la luz de estos datos, la conclusión que saca Josep Oliver es que los precios de la vivienda –frente a la opinión que manifiesta el Gobierno en público- continuarán cayendo en los próximos trimestres. Al menos, hasta que el mercado sea capaz de absorber buena parte del stock de viviendas sin vender.


* El Confidencial - Carlos Sánchez 21/06/2011
Foto: Vivienda, gráfico precios 1995-2007 - cataluñacaixa

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Acoso al movimiento 15-M

CARLOS TAIBO* : En el transcurso del último mes el movimiento 15-M ha sido objeto de dos grandes operaciones de acoso articuladas en los circuitos del poder político, económico y mediático. La primera, ya concluida, tuvo como objeto transmitir una imagen del movimiento que hacía de éste una simpática fiesta de jóvenes enfadados que poco más pedían que unas cuantas palabras de comprensión de nuestros magnánimos dirigentes. La dimensión del rechazo frontal a un sistema infumable, que estaba claramente presente en los cimientos del movimiento, parecía no existir a los ojos de los portavoces del orden establecido. Si algunos de ellos han llegado a decirnos que esos jóvenes airados no hacían sino volver a poner sobre la mesa el programa que Rodríguez Zapatero había promovido, para después olvidarlo, en 2004 -cuánta estulticia concentrada en un solo argumento-, en los últimos días ha corrido por ahí una hilarante publicidad de la Fundación Alternativas -uno de sus patronos es ese trilero de la política llamado Felipe González- que nos recuerda que desde esa institución ya se habían propuesto alternativas objetivas a la indignación… Entre ellas, cabe suponer, la de reclamar que en adelante se prohíba que un ex presidente del Gobierno pueda cobrar sumas ingentes de dinero de inmorales empresas privadas del sector energético.
La segunda ofensiva se ha desplegado con singular fuerza en los últimos días. Tengo delante un ejemplar del diario El País del jueves 16 de junio, el día siguiente al de los hechos que se sucedieron en los alrededores del Parlament catalán. Lo más normal que hay en unas páginas inundadas de intoxicación y dobleces es la pastoral sugerencia de que no puede confundirse el todo de un movimiento pacífico con la parte de unos presuntos manifestantes entregados a la violencia. Interpreto esas páginas como una declaración de guerra contra unas gentes que, tras demostrar sobradamente que van en serio y que tienen cuerda para rato, han empezado a resultar inevitablemente molestas.

Creo que en estas horas, y a la vista de lo que recogen varias filmaciones que han corrido por ahí, no hay duda en lo que se refiere a la presencia de provocadores policiales en muchas concentraciones y acampadas. Pero, más allá de ello, me resulta imposible dejar de lado lo que ya sabíamos gracias a lo ocurrido al calor de muchas de las manifestaciones que, en los últimos años, han protestado por la miseria de la globalización capitalista. Esos lamentables medios de incomunicación que padecemos concentraban su atención en el apedreamiento del escaparate de unos grandes almacenes para, consciente y pudorosamente, olvidar todo lo demás. Y entre todo lo demás que olvidaban estaba, claro, la violencia constante que caracteriza a los sistemas que padecemos: la de muchos empresarios sobre sus trabajadores, la de tantos varones sobre sus mujeres, la de nuestros policías sobre los sin papeles , la que todos desarrollamos contra la naturaleza y, por dejarlo ahí, la que asume la forma de genuinas guerras de rapiña encaminadas a privar de recursos básicos a los pueblos más pobres. Hoy como ayer este culpable y llamativo olvido merece nuestra repulsa más enérgica, que no podemos hacer otra cosa que trasladar a tantos profesionales del periodismo que, con toda certeza, podrían hacer mucho más de lo que hacen.

Tengo que prestar atención, por lo demás, a un episodio singular: lo que ocurrió con Cayo Lara, una persona respetable, en la mañana del miércoles 15, con ocasión de una concentración que, en Madrid, permitió frenar un desahucio. El País, el inefable El País , tituló así la noticia: ‘Un desahucio menos, una agresión más’. Un indicador sólido del nerviosismo que acosa a los circuitos oficiales lo aporta, por cierto, el hecho de que El País acuda en presunta defensa del coordinador general de Izquierda Unida. Quién te ha visto y quién te ve. Malo es que haya quien prefiera ignorar lo que ocurrió: nadie reprochó a Lara que estuviese presente en la concentración que me ocupa. ¡Faltaría más! Los reproches -y lo que el sistema entiende que es un reprobable acto de violencia: arrojaron agua al afectado- surgieron cuando Lara no tuvo ningún problema para responder a las preguntas que le realizaban los periodistas. Nuestros dirigentes políticos, incluidos los más sensatos, no parecen percatarse de que las cosas están cambiando rápidamente y de que al militante de a pie -no hay otro- del movimiento 15-M le repugna que alguien se arrogue la facultad de representarlo. Hay quien dirá, claro, con argumento nada despreciable, que buena parte de la culpa de lo sucedido corresponde, una vez más, a los periodistas, que al parecer sobreentienden que nada de interés pueden decir los ciudadanos comunes y que, de resultas, se impone dar la palabra a un responsable político o a un santón intelectual. La orgullosa vena libertaria del 'no nos representan’ saltó como un resorte afortunado. Y lo hizo de tal manera que no me cabe duda de que Cayo Lara ha tomado buena nota.

Sólo me queda enunciar una firme convicción: la de que también en este terreno nos adentramos en un mundo diferente del que hemos conocido durante demasiados años. Si antes la violencia contra los movimientos contestatarios poco más provocaba que miedo y retirada, ahora suscita una franca voluntad de cerrar filas en torno a la protesta. Y se convierte en un interesante estímulo para ésta.

* Rebelión - Opinión - 18.06.11

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Spanish revolution & so it begins, come on Europe get up!!

* YouTube - gking1000 - http://youtu.be/JRPTiJi4CUk

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Afectados por hipotecas basura piden acción judicial ante una posible estafa

ELPAÍS/Madrid* : Cuando la crisis empezó a dar sus primeros síntomas, a la consulta gratuita de Rafael Mayoral, abogado de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee), fue llegando un goteo de personas de todas la nacionalidades afectadas por una posible estafa piramidal asociada a hipotecas basura: avalistas en cadena o cruzados, hipotecas con cláusulas suelo abusivas, tasaciones desorbitadas y otras irregularidades. "Con el tiempo descubrimos que se trataba de una estafa con un complejo sistema para eludir el control de riesgos y dirigida por un chiringuito financiero denominado Central Hipotecaria del Inmigrante, que actuó como intermediaria en unas operaciones en las que también hay implicados directores de sucursales bancarias", explica Mayoral. En noviembre, la Conadee interpuso una demanda por la vía penal en nombre de 10 víctimas de esta supuesta estafa financiera. Ante la falta de avances en el caso, ayer, la recientemente constituida Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH Madrid), a la que se ha sumado Conadee, convocó a 40 personas ante los Juzgados de Plaza de Castilla para hacer entrega de 150 firmas de ciudadanos solidarizándose con las víctimas de este caso.

En concreto, las cartas que se entregaron en el Juzgado de Instrucción número 42 solicitan la suspensión de los procedimientos de ejecución hipotecaria de las 10 personas afectadas y piden que se tomen medidas cautelares para avanzar en el caso.

"Esta denuncia es un botón de muestra de toda una serie de estafas bancarias a personas altamente vulnerables", dice Mayoral. "Con el estallido de la crisis se están viendo las consecuencias de las hipotecas basura. Solicitamos la apertura de investigaciones y el destino de los medios humanos y materiales necesarios para el esclarecimiento de los hechos", continúa. "Más aún teniendo en cuenta que se han presentado tres ampliaciones de la denuncia desde que se presentó y todavía no hemos tenido respuesta. No puede seguir la impunidad de los bancos mientras a las familias españolas se les condena a una deuda perpetua", concluye.

La cita de ayer, a las ocho de la tarde, atrajo a unos 30 simpatizantes de esta plataforma, así como a una decena de policías municipales, que pidieron la documentación a Mayoral y a parte de los presentes. Entre los concentrados se encontraba el inmigrante de origen libanés Anwar Khalil, que la semana pasada recibió el apoyo de 500 personas, que lograron frenar el proceso de desahucio de su vivienda, situada en el barrio de Tetuán. También acudió Fabio Gándara, uno de los líderes de Democracia Real Ya, que presta su apoyo a la PAH.

Aída Quinatoa, de origen ecuatoriano y portavoz de la Conadee, es una de las 10 víctimas de esta posible estafa. Ella y su marido se dieron cuenta de que algo no iba bien hace seis años, cuando al firmar el contrato de compraventa de un piso descubrieron que, además del suyo, en las escrituras figuraba el nombre de una tercera persona a la que no conocían. Quinatoa y su marido, que recientemente se ha quedado en el paro, no pueden hacer frente a la cuota de la hipoteca que firmaron bajo presión. "Lo que pedimos es que el banco nos dé una forma de pagar hasta que nos recuperemos y que se tenga en cuenta que hemos sido víctimas de una estafa", dice la portavoz.


* El País - 21.06.11
Foto: Hipotecas, protesta Madrid dación-en-pago - periodismohumano

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Contaminación y desempleo en la bahía de Algeciras

DIAGONAL/Cádiz* : Las asociaciones ecologistas del Campo de Gibraltar, una comarca integrada por ocho municipios, están pendientes de un informe que concrete por qué la media de vida en esta área es de 20 años menos que en otros puntos del Estado. A pesar del peso de esta industria, las cifras de desempleo en la zona son las más altas de Andalucía.
El 31 de mayo explotaron dos de los cinco depósitos de la compañía Shell en el puerto de Gibraltar. Los tanques contenían más de cien mil toneladas de combustible y produjeron un vertido posterior. Durante la deflagración no se avisó adecuadamente a la población de los principales municipios del Campo de Gibraltar (La Línea y Algeciras) para que se protegieran del humo tóxico, según ha denunciado Verdemar Ecologistas en Acción; aunque en Gibraltar los ciudadanos recibieron instrucciones de su Gobierno. El peñón no aceptó la ayuda española hasta pasadas tres horas, un ejemplo de la descoordinación existente en el ámbito medioambiental. Este tipo de accidentes se está convirtiendo en rutina en la zona del Campo de Gibraltar, una región que comprende los municipios gaditanos de Algeciras, Los Barrios, La Línea de la Concepción, San Roque, Bahía de Algeciras, Tarifa, Castellar y Jimena de la Frontera. La industrialización extrema de la zona y la riqueza del peñón no se corresponden, sin embargo, con las altas tasas de paro.

Adiós, prosperidad

En 1966, con la declaración de “Zona de Preferente Localización Industrial” la Bahía de Algeciras pasó a convertirse en el principal puerto de España y uno de los 25 más importantes del mundo. En unos pocos kilómetros se concentran una central térmica de carbón, dos centrales de ciclo combinado, una planta de Acerinox y una refinería. El llamado Polo Petroquímico y Siderometalúrgico de la Bahía de Algeciras es fruto de la deslocalización de multinacionales que llegaron a Cádiz buscando mejores condiciones y que hoy comienzan a marchase buscando mejores ofertas en los mercados globales. El empleo que se queda es eminentemente subcontratado o periférico. No son empleos que estas industrias crean directamente, sino servicios externos. Por ello, los trabajadores experimentan un mayor nivel de precarización y peores condiciones laborales.

Una de las mayores preocupaciones de los habitantes del Campo de Gibraltar es el elevado número de enfermedades, y en concreto de cánceres, que se detectan en la zona. Algunos vecinos, asociados en la Plataforma de Ciudadanos Rodeados por las Fábricas, han pedido reiteradamente a la administración un estudio epidemiológico que determine si la alta tasa de tumores, la mayor de España, se debe a la contaminación que generan las fábricas. Los estudios que esgrimen los ciudadanos fueron elaborados por el epidemiólogo Joan Benach de la Universitat Pompeu i Fabra, y por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, que destaca en el Atlas Municipal de Mortalidad por Cáncer en España que la media de vida de esta región es hasta 20 años menor que en otras zonas españolas. De hecho, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) recomendó a la Junta de Andalucía que se redujese la emisión de dióxido de azufre y de níquel en la comarca en base a un estudio que se había realizado en la zona para valorar la calidad del aire. La Junta se ha limitado a señalar informes que aseguraban que las causas estaban relacionadas con el estilo de vida de la población.

La trampa del empleo

A pesar de los problemas medioambientales, los planes de expansión no paran. La compañía Cepsa pretende ampliar su negocio en San Roque en unos terrenos que, para ello, han de ser recalificados. El candidato de Izquierda Unida en la localidad asegura que el proyecto es contrario a la Ley del Suelo. El grupo ecologista de Verdemar sostiene además que se trata de un terreno que ha de ser protegido. Andalucía es una de las regiones europeas con un mayor índice de paro. Casi uno de cada cuatro parados español es andaluz. En total son 1.180.000, esto es, el 29% de la población andaluza. En Cádiz se encuentran nueve de los diez municipios con mayor tasa de desocupados de Andalucía. En el Campo de Gibraltar el desempleo afecta a 37.531 personas, según el Servicio Andaluz de Empleo, en una comarca en la que hay censados 264.620 habitantes. Aunque el paro ha caído 2,5 puntos en las últimas semanas merced a un aumento del empleo estacional, durante los últimos tres meses tuvo lugar una subida que ha situado a la zona en una tasa de paro histórica en el Campo de Gibraltar.

Los dos sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, son criticados por la Asociación Algecireña de Parados (Adelpar), que les acusa de mentir y de recibir “millones de euros en subvenciones”, en palabras de su vocal Juan Luis Becerra. De ahí que a la hora de manifestarse convoquen cada uno por su parte a la ciudadanía e incluso celebren manifestaciones paralelas. También el movimiento Democracia Real Ya se ha manifestado en el Campo de Gibraltar. Unas 250 personas recorrieron el 15M Algeciras con una pancarta en la que podía leerse “Sin nosotros no son nada” y hay constituida una #acampadaalgeciras. Algunas de las reclamaciones formuladas son la realización de un estudio epidemiológico en el Campo de Gibraltar y la creación de trabajo digno y estable.

CRISIS ECOLÓGICA EN EL ESTRECHO

ZONA DE TRÁNSITO NUCLEAR

El estrecho de Gibraltar es un área por la cual pasan con frecuencia buques a propulsión nuclear o que portan armamento nuclear. La última ocasión fue en abril, cuando el submarino estadounidense USS Florida, que se dirigía a Libia, realizó una escala en la base naval de Gibraltar. Un mes antes, otro submarino procedente del país norteamericano hizo escala en la base. Venía de lanzar misiles Tomahawk en la guerra de Libia.

La organización Ecologistas en Acción cree que el peligro derivado de un posible accidente nuclear convierte a la zona en especialmente vulnerable, ya que no existe un plan de actuación en caso de emergencia nuclear. En el convenio firmado entre España y EE UU se reconoce el riesgo de un accidente nuclear. En total son 32 los submarinos a propulsión nuclear que han atracado junto a las costas gaditanas en los últimos diez años. Gibraltar, así como Rota o Morón, también en Cádiz, son posibles objetivos de un ataque nuclear en caso de un conflicto militar internacional.

PESCA: EL MEDITERRÁNEO. LOS ACUERDOS DE LA UE SOBRE UN MAR CONTAMINADO

Hace menos de un siglo, este área era una zona de pesca. Los pocos pescadores que quedan han abandonado su oficio porque ya no hay peces, aseguran. La mortalidad de las poblaciones de peces debidas a la contaminación, y unidas a la pesca masiva, han llevado a una esquilmación de estos seres vivos. La construcción desordenada en parajes protegidos y la urbanización con fines turísticos son causas añadidas al problema de la salud del pescado en la Bahía. El Mediterráneo, por otro lado, es el mar más contaminado del mundo a causa de los hidrocarburos.

Hace unos años, esta era una zona de pesca excelente del atún rojo, en proceso de extinción en nuestros días. En febrero de 2011, la UE ha firmado una prórroga al acuerdo de pesca con Marruecos en el marco del llamado Plan Halieutis para el desarrollo del sector pesquero. Cien barcos españoles pueden pescar en base a esta prórroga. A cambio de pescar en sus aguas, Bruselas pagará 36 millones de euros a Rabat. La disminución del número de especies ha llevado a las autoridades a aplicar una política que favorece a las grandes embarcaciones, que pescan cada vez mas lejos. En el anterior acuerdo pesquero con Marruecos, eran hasta 400 los barcos que podían faenar en sus aguas y en el Sáhara. Esta cifra se ha reducido a una cuarta parte, y unos 200 eran barcos andaluces. La limpieza y regeneración de la costa y el fomento de la pesca a pequeña escala no parecen formar parte de las agendas políticas en Europa.


* Diagonal - CARMELA NEGRETE (REDACCIÓN) - 21.06.11
Foto: Contaminación en Algeciras. Andrés Carrasco - Diagonal

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El juez imputa a Rosa Garicano y a Àngel Colom por el 'caso Palau'

ELPAÍS/Barcelona* : El nuevo juez del 'caso Palau' se ha puesto manos a la obra y ha dado un ritmo más trepidante a la investigación sobre el saqueo perpetrado por Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, en el Palau de la Música. El titular del juzgado de instrucción nº30 de Barcelona, Josep Maria Pijoan, ha citado a declarar el próximo 18 de julio como imputados a la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano, y al secretario de Inmigració de Convergència Democràtica de Catalunya, Àngel Colom.
La fiscalía había solicitado la imputación de Garicano al considerarle conocedora de la estafa en la institución musical. El juez que hasta ahora llevaba el caso admitió que Garicano era uno de los directivos con mayor poder de decisión y que mantenía una relación de "especial confianza" con Millet. Pero apreció que no había indicios suficientes para tomarle declaración como imputada. La exdirectora ya declaró al juez, pero en calidad de testigo, para explicar que solo se ocupaba de lanzar la marca Palau. Y que si en sus tarjetas de visita aparecía el cargo de "directora general" era solo para tener mayor capacidad de maniobra en las negociaciones con los patrocinadores.

Colom declarará en calidad de responsable civil subsidiario, aunque con las garantías de un imputado (o sea, que asistirá a la vista con abogado). El dirigente deberá aclarar por qué Millet le entregó 75.000 euros que fueron a parar al extinto Partit per la Independència (PI) que él mismo dirigía.


* El País - 21.06.11
Foto: Àngel Colom en una convención municipal de Barcelona de CiU.- elpais

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El juicio de Malaya entra en una nueva fase de blanqueo

ELPAÍS/Marbella* : El macrojuicio del caso Malaya, la gran trama de corrupción en Marbella (Málaga), entró ayer en una nueva fase con el interrogatorio de los supuestos blanqueadores menores del patrimonio de Juan Antonio Roca. Después de 60 sesiones de vista oral dedicadas a los dos primeros bloques -el pelotazo urbanístico de Crucero Banús y los considerados grandes testaferros del cerebro de la trama- ayer se sentaron en el banquillo 16 nuevos procesados. El fiscal considera que este grupo de imputados administró sociedades y bienes de Roca a sabiendas de que él era el propietario y de que el dinero con el que habían sido adquiridas era ilegal, pero no los sitúa en el núcleo duro del blanqueo, ya que no idearon ni controlaban la madeja societaria del ex asesor urbanístico.Los nuevos procesados, en realidad, serían piezas instrumentales, no centrales, del entramado de lavado de dinero y Roca se valió de ellos para la gestión de negocios y asuntos muy concretos. En este grupo figuran, entre otros, la aristócrata alemana Sandra von Bismarck, a la que se acusa de vender a Roca por 204.000 euros una sociedad de la que esta era administradora, o los hermanos Ignacio y Manuel González Sánchez Dalp, ganaderos con los que se asoció Roca para crear una explotación de reses de lidia.

Esta especialización permitió ayer avanzar en los interrogatorios con una velocidad nunca vista hasta ahora en el macrojuicio. Ayer dio tiempo a que testificaran cinco de estos 16 procesados. La mayoría negó saber que las sociedades que administraban eran en realidad propiedad del exasesor urbanístico marbellí.

Julián José Fernández, que figuró como administrativo de una sociedad de Roca y administrador de otras dos, declaró que nunca supo quiénes eran los dueños o socios de la entidad. "Ni lo pregunté, porque no creo que corresponda a un empleado preguntarlo", aseguró ante el tribunal. No obstante, Fernández sí reconoció haber tenido un contacto con Roca para su contratación. El cerebro de la trama lo envió a Óscar Benavente, uno de sus hombres de confianza, para que lo pusiera al frente de la ganadería Marqués de Velilla.

El economista Santiago Tato relató que cedió a Roca dos sociedades que había constituido él para poner a nombre de ellas varios inmuebles y locales comerciales. Tato afirmó que él siguió figurando como administrador de ellas "como un favor personal" hacia el exasesor.

Los otros tres acusados que declararon ayer -Carlos García Puente, Juan Bautista Toledano y Rodrigo Hernando- negaron también que supieran que Roca fuera el verdadero titular de las empresas que ellos administraban. Hernando, que trabaja en una sociedad de valores, accedió a administrar la sociedad Condeor porque creía que sus dueños eran los miembros del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta, creadores del entramado societario de Roca, y no el exasesor urbanístico.


* El País - 21.06.11
Foto: Marbella, acusados Malaya, Roca, G.Marcos, Yagüe y Muñoz - laopiniondemalaga.es

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19-J: indignación masiva

JOSEP MARIA ANTENTAS / ESTHER VIVAS* : La indignación ha superado una vez más todos los cálculos, tomando masivamente las calles, y mostrando la brecha abierta entre malestar social y políticas en las instituciones. Del 15M al 19J, se han acumulado fuerzas y se han tejido complicidades, y no sólo en lo local (acampadas y barrios) sino con amplios sectores sociales que se han sentido identificados con esta crítica rotunda a la clase política y a un sistema bancario y financiero a quien se responsabiliza de la presente crisis. El lema “no somos mercancías en manos de políticos y banqueros” sintetiza ambas demandas.
Las y los indignados han señalado sin ambigüedades a aquellos que han claudicado frente a los “mercados” y que, exigiendo políticas de recortes, no se las han aplicado a sí mismos. “Queremos políticos mileuristas” era una de las consignas fervientemente aplaudidas en la manifestación. La democracia actual ha resultado ser cada vez más vacía de contenido para una ciudadanía con voluntad de decisión y de control sobre sus propias vidas. Un voto cada cuatro años no es suficiente para quienes reivindican la política como el ejercicio cotidiano de sus derechos, en el día a día y de abajo arriba.
El cerco al movimiento, tras la acción al Parlamento catalán el 15J, no ha podido con una indignación social colectiva que supera a aquellos y aquellas que han estado en las acampadas. Quien crea que el movimiento es cosa de jóvenes, activistas... se equivoca. También lo hace quien lo considere un mero problema de orden público. Los de siempre han pasado a ser muchos. Dos años y nueve meses de crisis, pesan. El movimiento expresa una corriente profunda de malestar social que, finalmente, ha emergido a la luz pública y, como es habitual, de forma imprevista y con formas novedosas. No estamos ante un fenómeno coyuntural o pasajero, sino ante las primeras sacudidas de un nuevo ciclo de movilización, de las que el 15M y las acampadas han actuado de lanzadera.

Del 15M al 19J se ha recuperado la confianza en la acción colectiva. Se ha pasado del escepticismo y la resignación al “sí se puede”. Las revueltas en el mundo árabe, las movilizaciones en Grecia y el “no pagaremos su crisis” del pueblo islandés han pesado con fuerza en el imaginario colectivo y le han dado impulso, permitiendo recuperar la confianza en el “nosotros”. La “globalización de las resistencias” de aquel movimiento altermundialista, de hace ya más de diez años, se revive de nuevo en un escenario bien distinto, marcado por la crisis.

Después de la jornada del 15J, en la que el movimiento se vio inmerso en una batalla por la legitimidad, el 19J se presentaba como un test para mostrar su solidez frente a los ataques recibidos. Se trataba de traducir en acción en la calle las simpatías populares que éste había despertado. Y así ha sido. El 19J ha mostrado la ampliación del movimiento, su capacidad de movilización de masas y su explosiva expansión en un tiempo muy breve. Su crecimiento respecto al 15M no sólo es cuantitativo sino también cualitativo, en términos de diversificación de su base social y composición generacional.

¿Y ahora qué? Los desafíos del movimiento pasan por reforzar su arraigo territorial, potenciar asambleas locales y mecanismos de coordinación estables. Asimismo, se trata de buscar lazos con la clase trabajadora, los sectores en lucha y el sindicalismo combativo, y mantener la presión sobre los sindicatos mayoritarios, desconcertados por un cambio en el panorama político y social que no preveían. Es necesario conseguir victorias concretas. La parálisis de varios desahucios, aún siendo pequeños triunfos muy defensivos, señalan el camino y aportan nuevas energías. Más en general, el movimiento tiene el reto de combinar su carácter generalista, de crítica global al actual modelo económico y a la clase política, con el fortalecimiento de las luchas concretas, contra los recortes sociales y las políticas que buscan transferir el coste de la crisis a las y los de abajo.

El 19J ha marcado un punto de inflexión que culmina la primera fase abierta con el 15M y prepara la siguiente etapa de un movimiento que no ha hecho más que empezar.
* Josep Maria Antentas es profesor de sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Esther Vivas es miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universitat Pompeu Fabra. http://esthervivas.wordpress.com


* El País - Opinión - 20.06.11

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El paisaje absurdo del 'ladrillazo' visto por un fotógrafo inglés

20MINUTOS* : Ben Roberts recorrió España desde 2007 documentado la crisis de la construcción. Las fotos muestran las incongruencias de un paisaje explotado por la especulación.
Cuatro tapas de acometidas en el pequeño espacio de una esquina, deshabitados adosados idénticos hasta el horizonte, un carril-bici interrumpido por unas torretas de alta tensión... Es el paisaje absurdo del ladrillazo español retratado por el fotógrafo inglés Ben Roberts en su serie The Gathering Clouds (Los nubarrones que vienen), que se exhiben en la Third Floor Gallery de Cardiff (Reino Unido). Entre 2007 y 2009 Roberts recorrió España para documentar los efectos escénicos de la burbuja inmobiliaria. Previamente se documentó observando imágenes de satélite en las que era posible discernir el crecimiento absurdo de las macro urbanizaciones promovidas por las ansias especulativas.
Un boom insostenible
Lo que encontró le afectó profundamente. Recuerda como en Granada le pareció que la ciudad "había explotado, extendiéndose más allá de anillo de autopistas y cubriendo las laderas de todas las colinas visibles con casas de nueva construcción". Experimentó una sensación similar -un "boom insostenible"- en otros lugares, desde poblaciones suburbiales catalanas hasta localidades valencianas.

El fotógrafo, fascinado y espantado por las gigantescas urbanizaciones vacías por la crisis inmobilaria y económica, recorrió a pie los escenarios y fotografió su realidad absurda de obra a medio hacer, nunca terminada.

Un país que cayó en manos, como su paisaje, de los promotores

El reportaje The Gathering Clouds es un "recuento personal" del paisaje desolado, que proyecta un análisis sobre la situación socio económica actual de España, un país que "cayó en manos, tal como su paisaje, de los promotores de propiedades inmobiliarias".

Roberts vive en el sur de Inglaterra. Fue seleccionado en 2010 por la revista Photo District News como uno de los mejores 30 fotógrafos emergentes. Un año antes The Gathering Clouds había ganado una beca del British Journal of Photography.


* 20 Minutos - ÁNXEL GROVE. 20.06.2011
Foto: Murcia.- Un carril-bici que no lleva a parte alguna. Es una de las fotos de Ben Roberts en 'The Gathering Clouds' - 20minutos

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El Tribunal de Cuentas procesa a dos altos cargos de Málaga

ELPAÍS* : Los dos cargos mejor pagados del Ayuntamiento de Málaga, José Estrada, gerente de la empresa municipal Promálaga, y Yolanda de Aguilar, directora del Palacio de Ferias y Congresos, podrían verse abocados a devolver los complementos de productividad que ambos percibieron en los años 2006 y 2007 y que suman 96.926 euros, al considerar la fiscalía del Tribunal de Cuentas que existe una responsabilidad contable, causa por la que este organismo les ha abierto un procedimiento.
Los afectados, el alcalde, Francisco de la Torre, y la que en aquellos años era la concejal responsable de ambas sociedades, Patricia Marín, están citados mañana en la Cámara de Cuentas de Andalucía para la práctica de la liquidación provisional, que es el trámite último de la fase de actuaciones previas, en el que los responsables municipales tienen la última oportunidad de hacer sus alegaciones y justificar si pueden el pago de los complementos salariales. De no prosperar esta, los instructores propondrán la cantidad exacta a devolver (los complementos que se consideren indebidamente percibidos más un porcentaje de intereses) que elevarán al Tribunal de Cuentas para que se abra la fase final de juicio.

Las actuaciones previas las han instruido la Cámara de Cuentas andaluza por encomienda del Tribunal de Cuentas, ya que el origen del caso se encuentra en un informe de fiscalización ordinario de la institución andaluza realizado en 2009. La fiscalía del Tribunal de Cuentas, cuando conoció el resultado del informe, estimó que se daban causas de responsabilidad contable, por lo que solicitó la apertura del procedimiento, que se inició en marzo de 2010. Las cámaras fiscalizadoras autonómicas no tienen potestad de juzgar, que es privativa del Tribunal de Cuentas, y su ámbito de actuación se limita a auditar.En el informe de fiscalización origen de la causa, la Cámara de Cuentas concluyó que José Estrada y Yolanda de Aguilar percibieron en los ejercicios auditados premios de productividad sin que se hubieran fijado unos objetivos previos, ni constara ninguna aceptación por ninguna parte y sin que tampoco estuviera acreditado el órgano que cuantificó y autorizó el pago de las comisiones.

Los contratos de ambos establecían que en el primer año cobrarían 36.060 euros en concepto de complemento de productividad y que para los siguientes ejercicios las retribuciones variables se determinarían al inicio de los mismos "en función de los objetivos previamente aceptados". En las alegaciones que Promálaga hizo en su día al informe de fiscalización adujo que la retribución del gerente fue aprobada por la vicepresidencia ejecutiva (la concejal Patricia Marín), mientras que la directora del Palacio adujo que sus retribuciones variables estaban fijadas "tácitamente" en función del cumplimiento del presupuesto.

José Estrada percibió 21.628 euros por este concepto (10.670 y 10.958 en cada uno de los dos ejercicios auditados, que se sumaron a su salario de 154.930 euros en 2006 y 159.382 euros en 2007), y ello pese a que en ambos ejercicios la sociedad perdió nueve millones de euros, según reza en la auditoría.

Mucho más elevadas son las comisiones que el Tribunal de Cuentas puede reclamar a la directora del Palacio de Ferias: 75.298 euros. De Aguilar, con salarios de 158.980 y 162.265 euros en ambos años, sumó otros 37.142 y 38.516 como complementos de productividad. Cuando trascendió el informe se originó en Málaga una intensa polémica por las retribuciones de los altos cargos y además se supo que tenían un blindaje de dos anualidades en caso de despido.

En octubre de 2009, dos meses después de conocerse la auditoría, De la Torre rebajó el sueldo a 22 altos cargos y fijó como tope máximo salarial en el Consistorio 145.000 euros, y eliminaron los incentivos y retribuciones variables, y el blindaje a Estrada. Aunque en mayo de 2010 se negó a aplicar un nuevo recorte en una propuesta que la oposición presentó en el pleno, en su discurso de investidura de hace nueve días anunció una nueva revisión a la baja de los salarios.

El informe de la Cámara de Cuentas desveló otras circunstancias anómalas, además de las elevadas pérdidas, como la carencia de un inventario del material inmovilizado o la existencia de hasta 10 facturas por 147.000 euros del Palacio de Ferias y Congresos atribuidas a un cliente que no las reconocía.


* El País - 20.06.11
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu

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Fianza de 20 y 23 millones para dos exalcaldes de Ciempozuelos

ELPAÍS/Madrid* : Los exalcaldes socialistas Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro deberán hacer frente a fianzas de 20 y 23 millones de euros, respectivamente, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del denominado caso Ciempozuelos, en el que se investiga el presunto cobro de comisiones por parte de los imputados. En un auto el juez de Instrucción nº2 de Valdemoro abre juicio oral contra los exalcaldes y otras doce personas, entre ellas sus esposas y la hija de Tejeiro. Se los acusa de un delito continuado de blanqueo de capitales, cohecho y un delito continuado de falsedad documental. Además de las fianzas impuestos a los exalcaldes, el instructor fija 1,5 millones de euros para la esposa de Torrejón y 150.000 euros para la mujer de Tejeiro.
El exalcalde de Ciempozuelos y actual portavoz del partido CPCI, Pedro Antonio Torrejón, ha calificado de "locura" la fianza impuesta de 20 millones de euros. En su opinión, no tiene "ningún sentido, razonamiento o lógica" y le hacen pensar que se encuentra "inmerso en un tribunal inquisidor que tan sólo busca las justificaciones de unos y de otros y la utilización política de un procedimiento en el que no ha habido ninguna irregularidad urbanística".

El auto se dicta después de que todas las partes personadas hayan trasladado al juzgado sus escritos de acusación. El pasado abril, se conoció que la Fiscalía solicitaba siete años y seis años y medio de prisión para los exediles.

En el auto en el que finalizaba la instrucción, el juez dio por acreditado que Torrejón acudió con Tejeiro a una entidad bancaria en Andorra con el objeto de abrir cuentas "manifestando ser socios y dedicarse a la compra de terrenos". El banco les pidió que justificasen la procedencia de ese dinero. "Tanto Torrejón como Tejeiro cancelaron sus respectivas cuentas el 27 de junio de 2006 reintegrando en efectivo el dinero ingresado" recogía el escrito. Torrejón percibió la cantidad de 806.302 euros y Tejeiro la cantidad de 104.672 euros, según el auto.

Por su parte, el fiscal asegura en su escrito que Torrejón y Tejeiro viajaron en febrero de 2006 a Andorra con "la intención de ocultar una parte del dinero que en los últimos años habían estado recibiendo de particulares". El escrito explica que el dinero fue recibido "en relación con las decisiones en las que, como miembros del equipo de Gobierno y del Ayuntamiento, debieron participar bien con su voto bien con sus actos de decisión".

Así, según el fiscal, los exalcaldes abrieron diversas cuentas y depositaron el dinero. Después de que, en marzo de 2006, los gestores del banco andorrano requirieron a Torrejón y Tejeiro "para que justificasen el origen de los fondos depositados en tal entidad", el 27 de junio de 2006, los acusados "procedieron a la cancelación de sus respectivas cuentas cifradas, retirando [todo el dinero] en billetes de 500 euros".

El fiscal expone también que "con el fin de engañar al citado banco y, así, evitar el cierre de las cuentas abiertas", los acusados Torreón y Tejeiro idearon elaborar un documento "por el que aparentemente justificaban que iban a recibir hasta un total aproximado de 40.000.000 euros, referidas todas a cuestiones urbanísticas del municipio de Ciempozuelos". En la resolución, el juez precisa que será la Audiencia Provincial de Madrid la encargada de juzgar el caso. La Audiencia madrileña deberá ahora señalar el día del juicio oral.


* El País - 20.06.11
Foto: Ciempozuelos (Madrid), casa_consistorial - educa.madrid.org

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El Guadalquivir se ahoga

ELPAÍS/Reportaje* : El Guadalquivir dejó de com­portarse como un río hace décadas. "El régimen hidrológico está invertido", apunta Leandro del Moral Ituarte, catedrático de Geografía de la Universidad de Sevilla y presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Tiene de media más caudal durante el verano que en invierno, cuando las lluvias son más abundantes y debería llevar más agua. "El tronco del Guadalquivir funciona ya como un canal de riego y hay más agua en verano porque es cuando se desembalsa para cubrir las necesidades de los agricultores", añade Del Moral.
El Guadalquivir está domesticado para responder a las demandas de los cultivos de regadío, que acaparan el 87% de los usos del agua de la cuenca. Cuenta con 57 embalses, levantados en el río principal y, fundamentalmente, en sus afluentes. Y este sistema de presas que empezó a construirse a mediados del siglo pasado ha desencadenado una "alteración del hábitat físico" de las especies autóctonas, indica Marta González del Tanago, profesora de Hidrología de Superficie en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid. "Las poblaciones de peces de los tramos vadeables de los ríos de la cuenca del Guadalquivir muestran un preocupante estado que refleja un serio y generalizado deterioro de los ecosistemas fluviales".

Es una de las conclusiones a las que ha llegado el equipo de investigación Aphanius del departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba después de analizar palmo a palmo el río y sus afluentes. Este grupo, dirigido por Carlos Fernández-Delgado, ha muestreado 1.037 puntos que cubren toda la cuenca. Del total de tramos que estudiaron -"seleccionados a priori para que estuvieran habitados"- no había presencia de peces en 556, el 53% de los puntos analizados.

Los investigadores de Aphanius recorrieron 10.566 kilómetros, y en 4.396 (el 41,6%) no encontraron peces. "De estos, en 2.737 kilómetros (25,9%) se debería a que estaban secos cuando se muestrearon o que las aguas estaban tan contaminadas que no podrían albergarlos", explican. Un dato más: en 1.659 kilómetros (el 15,7%) no había peces "a pesar de que las aguas mostraban, a priori, calidad suficiente para mantenerlos".

El grupo de Fernández-Delgado detectó tres "mecanismos" que pueden estar detrás de esta alarmante ausencia de peces. El primer lugar lo ocupa la destrucción del hábitat: "El agua desaparece y el cauce se difumina e incluso se pierde". En segundo lugar, está la degradación: "Las condiciones ambientales [contaminación] no son las adecuadas para el establecimiento de una población de peces". Y en último lugar estaría la fragmentación por las presas: "Aunque el hábitat en el tramo sea favorable, la interrupción en otros puntos de la conectividad de la red fluvial impide el funcionamiento adecuado de las poblaciones de peces".

El pulso que se libra en la cuenca del Guadalquivir es una metáfora de lo que ocurre en el resto del planeta: la demanda se multiplica, pero los recursos son los mismos. "No hay agua en el Guadalquivir para todos los usos", resume la profesora González del Tanago.

En la cuenca, que ocupa una superficie de 57.527 kilómetros cuadrados, viven más de cuatro millones de personas. La agricultura acapara el 87% de los usos del agua. O, dicho de otra forma, consume 3.329,5 de los 3.833,2 hectómetros cúbicos que se emplean en todos los usos urbanos, industriales y agrícolas. Esta cuenca, de la que beben 849.243 hectáreas de cultivos, es deficitaria, es decir, hay más necesidades que agua disponible. Y aunque en las últimas campañas los agricultores no las hayan sufrido debido a las abundantes lluvias, "tarde o temprano volverán las restricciones", augura Del Moral.

Gran parte del tronco del Guadalquivir ni siquiera es ya un río. Oficialmente se denomina "masa de agua muy modificada", como se recoge en el nuevo plan hidrológico que está ultimando el Ministerio de Medio Ambiente. "El Guadalquivir es rehén del regadío", opina Del Moral, quien cree que su primer problema es "la expansión descontrolada" de cultivos.

Se estima que a principios del siglo XX existían unas 150.000 hectáreas de regadío. A medida que avanzó el siglo fue creciendo esta superficie, entre otros asuntos por los embalses que se iban levantando y que permitían acumular el agua. Pero para encontrar el gran salto en la expansión de los cultivos apenas hay que volver la mirada una década. En 1998, fecha en la que se aprobó el vigente Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir, la estimación era que existían unas 418.000 hectáreas de regadío. En el nuevo plan hidrológico, que toma como referencia el inventario del año 2007, la superficie se ha duplicado, hasta alcanzar las 849.243 hectáreas.

La cultura del regadío lleva siglos ligada al Guadalquivir, ese río al que los musulmanes bautizaron como Wad al-Kabir (el río grande, en árabe) y que Fernando III no se atrevió a cambiar de nombre. Primero los romanos, quienes llamaban al río Baetis, y luego los musulmanes idearon y perfeccionaron los sistemas de riego que permitieron el florecimiento de la agricultura en el valle del Guadalquivir. Esa rica tradición se ha mantenido en el tiempo. La agricultura representa hoy alrededor del 20% del producto interior bruto de esta comunidad autónoma, donde las zonas rurales tienen también una gran importancia demográfica.

El poder económico y la contribución de la agricultura a que los municipios de menor tamaño sigan conservando su población se traduce en capacidad de presión ante los representantes políticos. "La madre del cordero es la presión de la agricultura (...). Y la Administración no tiene fuerza ni coraje para impedir que aumenten las hectáreas de regadío", señala la profesora González del Tanago.

Detrás de la explosión del regadío en el Guadalquivir de los últimos años está la expansión del olivar. Este cultivo acapara más de la mitad de la superficie de regadío de la cuenca, en concreto están registradas 471.090 hectáreas.

Aunque no es el cultivo que más agua necesita -ese puesto lo ocupa el arroz-, sí tiene asociados otros problemas medioambientales. Como apunta María José Polo, profesora de ingeniería hidráulica de la Universidad de Córdoba, el olivar "perjudica la conservación del suelo". Es un cultivo arbóreo que necesita el suelo desnudo, por lo que los productores eliminan la cubierta vegetal y, cuando llueve, el agua erosiona y arrastra la tierra. Ese material acaba en el Guadalquivir, que toma un color chocolate en muchos de los tramos del río. El aumento de la turbidez del agua perjudica también la supervivencia de muchas especies.

La expansión del olivar y del resto de cultivos intensivos ha ido pareja a la modernización de los sistemas de regadío, que ha permitido reducir en diez años un 25% el agua que se emplea en cada hectárea. Sin embargo, esta mejora de los sistemas, que ha supuesto una mayor eficiencia en el uso de los recursos hídricos, no ha implicado un descenso del consumo en términos globales. "En muchos casos, el ahorro ha supuesto una expansión de los cultivos", explica Polo.

La modernización de los regadíos fue impuesta por la Unión Europea en 2005. Pero, paralelamente, la política agraria común empezó a premiar más el rendimiento que la superficie, algo que, según Polo, ha provocado ese crecimiento desmesurado de las hectáreas de olivar.

La irrupción de la agricultura tiene una influencia directa en la biodiversidad del río. Según el informe elaborado por Aphanius, "los usos del suelo ejercen una influencia muy importante sobre la diversidad de peces". En términos generales, "un tramo tiene altas proporciones de bosque y zonas naturales, se encontrará una mayor diversidad de especies autóctonas que si abundan las zonas de usos agrícolas y urbanos". Por el contrario, en las áreas "más humanizadas" hay más presencia y diversidad de especies alóctonas. Ocurre también algo parecido con los embalses en la margen derecha de la cuenca, que benefician a los peces alóctonos, pero tienen una influencia negativa sobre las especies autóctonas.

La Unión Europea aprobó a finales de 2000 la Directiva Marco del Agua. El objetivo de esta norma es unificar los criterios e intentar dar una respuesta a las presiones que sufren los grandes ríos europeos, mermados en calidad y cantidad durante los últimos años. En el artículo cuarto de esta directiva se fijan los objetivos medioambientales que todos los Estados deben cumplir en diciembre de 2015.

Julia Toja, catedrática de Ecología de la Universidad de Sevilla, fue la encargada de elaborar para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el diagnóstico medioambiental de esta cuenca. En su análisis se señala que solo "el 10,4% de los tramos de río de la cuenca cumple los requisitos" de la directiva marco en todos los índices empleados. Con este análisis en la mano, la consecuencia es que casi el 80% de la cuenca del Guadalquivir requiere de importantes medidas correctoras.

Un estuario al límite
El Guadalquivir se parece a un dominó. Las decisiones que se toman aguas arriba repercuten aguas abajo. Y los tramos que presentan un mejor estado ecológico son los que se encuentran en la cabecera y en el curso alto de los ríos de la cuenca. En estas zonas es donde los hábitats están menos modificados y la presión de la agricultura es también menor. A medida que se desciende, la calidad empeora. Y esta situación es límite desde el punto de vista medioambiental en el estuario del Guadalquivir. El catedrático de la Universidad de Granada Miguel A. Losada ha coordinado un estudio sobre las repercusiones de las actuaciones humanas en los últimos 110 kilómetros del río. Este completo análisis -también coordinado por Javier Ruiz Segura, del Instituto de Ciencias Marinas andaluz- señala que "el fuerte desequilibrio en el que actualmente se encuentra el ecosistema del estuario inhibe el papel que naturalmente debería cumplir como zona de reclutamiento para especies de interés pesquero". Los últimos 16 kilómetros del río están declarados zona de reserva pesquera. En esa área se desarrollan los alevines de las especies que luego se pescan en el golfo de Cádiz.

Uno de los principales problemas es la ausencia de agua dulce. Y detrás de este fenómeno se encuentra la ocupación de los llanos mareales de Doñana, que hace que entre más cantidad de agua salada en el río. Además también influye la presa de Alcalá del Río, que provoca una "reducida renovación de las aguas en la parte alta del estuario". En el estudio se indica que "durante más del 80% de los días del año la descarga fluvial es insuficiente para evitar que las masas de agua estén bien mezcladas, lo que impide su estratificación". El resultado es una altísima concentración de sólidos en suspensión en el Guadalquivir, que, por ejemplo, triplica la que se registra en el Amazonas. Los sólidos impiden el paso de la luz solar y que la vegetación pueda realizar la fotosíntesis. Además "se favorece la permanencia de fitoplancton tóxico en el estuario".


* El País - MANUEL PLANELLES 20/06/2011
Foto: Sanlúcar (Cádiz), desembocadura_Guadalquivir -iagua

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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca pide el fin de los desahucios

PÚBLICO/Madrid* : La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentará hoy ante los tribunales de Madrid un escrito en el que reclama el fin de los desahucios en la capital. También entregarán decenas de cartas firmadas por particulares y organizaciones en apoyo de las familias desahuciadas o en riesgo de ello.
La plataforma acompañará, a partir de las 20:00 horas en los juzgados de Plaza Castilla, a familias y víctimas de estafas hipotecarias para que presenten su petición de paralización inmediata de los procedimientos de desahucio hasta que se resuelvan sus denuncias penales.
PAH denuncia que cientos de personas, la mayoría inmigrantes, "han sido víctimas con el conocimiento de las entidades bancarias prestamistas en estos años de contratos hipotecarios, con cláusulas abusivas y condiciones abiertamente irregulares, las llamadas hipotecas basura".

Agradecidos con la ciudadanía de Madrid

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha agradecido el apoyo recibido por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid para frenar los procesos de desahaucios. Según la plataforma, sin la organización de concentraciones, a las que luego se unieron Democracia Real Ya, varios grupos del Movimiento 15-M y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, "hubiera sido muy difícil la paralización de dos desahucios por hipotecas impagadas".

Gracias a esta respuesta se lograron frenar los desahucios de las familias de Anuar, vecino del barrio de Tetuán, y de Luis, vecino de Parla, que todavía disfrutan de sus hogares.

Por ello, han querido hacer un llamamiento para que todos los ciudadanos y ciudadanas se animen y se sumen a este tipo de acciones pacíficas de desobediencia. Que se hayan sumado al bloqueo de los desahucios ciudades de Cataluña y Mallorca, es solo un ejemplo más que demuestra que el movimiento se extiende pidiendo "justicia y la aplicación de uno de los derechos fundamentales, el derecho a una vivienda digna", han puintualizado.


* Público - EP. 20.06.11
Foto: Los indignados consiguieron parar el desahucio de una familia en el madrileño barrio de Tetuán.- público

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La 'ley ómnibus' y la vivienda

DOLORS CLAVELL Y RICARD FERNÁNDEZ* : Los Gobiernos deben proponer cambios legislativos acordes con los programas de las mayorías que representan, y para ello los Parlamentos debaten públicamente hasta llegar a los textos definitivos. Incluso cuando las leyes no generan consenso acaban recibiendo, desde dentro del Parlamento y desde la sociedad civil, multitud de enmiendas que evitan excesos y mejoran su aplicabilidad. Así sucedió con la Ley del Derecho a la Vivienda, que entre 2005 y 2008 fue objeto de un debate social intenso y que finalmente fue aprobada con el apoyo de las fuerzas del tripartito. Dijimos entonces que en su articulado se comprueba la huella de miles de aportaciones realizadas por muy diversas organizaciones y colectivos profesionales, sindicales, juveniles, universitarios, empresariales y de consumidores y, por supuesto, por todos los grupos parlamentarios.
El resultado fue una ley alabada por su carácter ambicioso y renovador en muchos ámbitos, que incluyen desde la definición de la función social de la vivienda hasta el marco de las políticas públicas que deben mejorar el acceso a este derecho constitucional, pasando por la rehabilitación, la intermediación, la regulación de los apartamentos turísticos, los límites a la segregación espacial, la planificación sectorial territorial, la adjudicación de la vivienda protegida y muchos otros aspectos que en conjunto respondían a nuestra intención de coger el toro por los cuernos ante el problema que la ciudadanía percibía como el más grave en esos años previos la crisis, así como poner fin a la pasividad interesada de los poderes públicos.

La combinación de la nueva legislación, las modificaciones en la ley de urbanismo y los sucesivos planes por el derecho a la vivienda empezó a dar sus resultados, consiguiendo que, a pesar del estallido de la burbuja inmobiliaria, se haya multiplicado la promoción de vivienda social, especialmente en alquiler, y se haya intensificado tanto la rehabilitación como la remodelación de barrios, así como que los nuevos planes urbanísticos locales generen un enorme stock de suelo preparado para la promoción de vivienda protegida. No podemos estar satisfechos de la situación, pues el camino por recorrer es todavía muy largo. Pero las bases para una auténtica política pública de vivienda existen ya y hoy son estudiadas en nuestras universidades y analizadas y debatidas en diversos foros.

En este contexto, la profunda crisis inmobiliaria y el cambio de una mayoría progresista a otra conservadora podrían aconsejar y legitimar cambios en cualquier ley, también en ésta, aunque probablemente los cambios debieran hacerse más a través de los reglamentos de desarrollo que en la propia ley. Por ejemplo, ya el anterior Gobierno congeló la modalidad de vivienda concertada catalana, por estar en muchos casos su precio por encima de los de mercado. Sin embargo, la propuesta de la llamada formalmente Ley de Simplificación, Agilidad y Reestructuración Administrativa y de Promoción de la Actividad Económica -popularmente ley ómnibus- incluye nada menos que 27 modificaciones y supresiones de artículos de la Ley del Derecho a la Vivienda, acompañadas de muchas otras de la ley de urbanismo. Estos cambios se refieren mayoritariamente a aspectos clave de la ley, poco o nada relacionados con la pretendida simplificación administrativa.

Nos preocupan especialmente disposiciones que favorecerían los riesgos siguientes: reducciones en las reservas de suelo para promover vivienda asequible, adjudicación libre -y por tanto con más que probable dinero negro- de pisos protegidos por parte de promotores privados, mayor segregación espacial de las clases menos favorecidas, pérdida de control público sobre los apartamentos turísticos, abandono de la consecución de un parque estable y prestigiado de vivienda protegida, facilidades formales y temporales a la descalificación de la vivienda protegida, desatención a la rehabilitación como sector clave en la salida de la crisis, reducción de la vivienda dotacional y las reservas para colectivos vulnerables, desactivación de la planificación sectorial, etcétera.

Como se ve, temas todos ellos de gran calado para los cuales proponemos al Gobierno catalán ofrecer lo que nosotros ofrecimos en su día, un debate abierto a todos: desde los sectores económicos interesados de mayor o menor poder o los profesionales afectados hasta los indignados de cualquier condición que llenan no sólo la plaza de Catalunya, sino también las listas del INEM o de los ERE y, cada día más, las de impagos de las hipotecas o los alquileres. No podemos volver a cometer los errores del pasado, que dificultaron el ejercicio del derecho a la vivienda y que, tras el estallido de la burbuja, han dejado cinco millones de parados y un país al borde del precipicio. Por favor, debatamos y luego, haya o no acuerdo, que la nueva mayoría decida.
* Dolors Clavell es abogada especialista en política de vivienda y fue diputada relatora de la Ley del Derecho a la Vivienda. Ricard Fernández es economista y fue secretario de Vivienda entre 2004 y 2006.


* El País - Opinión - 14.06.11

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