El Guadalquivir se ahoga

ELPAÍS/Reportaje* : El Guadalquivir dejó de com­portarse como un río hace décadas. "El régimen hidrológico está invertido", apunta Leandro del Moral Ituarte, catedrático de Geografía de la Universidad de Sevilla y presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Tiene de media más caudal durante el verano que en invierno, cuando las lluvias son más abundantes y debería llevar más agua. "El tronco del Guadalquivir funciona ya como un canal de riego y hay más agua en verano porque es cuando se desembalsa para cubrir las necesidades de los agricultores", añade Del Moral.
El Guadalquivir está domesticado para responder a las demandas de los cultivos de regadío, que acaparan el 87% de los usos del agua de la cuenca. Cuenta con 57 embalses, levantados en el río principal y, fundamentalmente, en sus afluentes. Y este sistema de presas que empezó a construirse a mediados del siglo pasado ha desencadenado una "alteración del hábitat físico" de las especies autóctonas, indica Marta González del Tanago, profesora de Hidrología de Superficie en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid. "Las poblaciones de peces de los tramos vadeables de los ríos de la cuenca del Guadalquivir muestran un preocupante estado que refleja un serio y generalizado deterioro de los ecosistemas fluviales".

Es una de las conclusiones a las que ha llegado el equipo de investigación Aphanius del departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba después de analizar palmo a palmo el río y sus afluentes. Este grupo, dirigido por Carlos Fernández-Delgado, ha muestreado 1.037 puntos que cubren toda la cuenca. Del total de tramos que estudiaron -"seleccionados a priori para que estuvieran habitados"- no había presencia de peces en 556, el 53% de los puntos analizados.

Los investigadores de Aphanius recorrieron 10.566 kilómetros, y en 4.396 (el 41,6%) no encontraron peces. "De estos, en 2.737 kilómetros (25,9%) se debería a que estaban secos cuando se muestrearon o que las aguas estaban tan contaminadas que no podrían albergarlos", explican. Un dato más: en 1.659 kilómetros (el 15,7%) no había peces "a pesar de que las aguas mostraban, a priori, calidad suficiente para mantenerlos".

El grupo de Fernández-Delgado detectó tres "mecanismos" que pueden estar detrás de esta alarmante ausencia de peces. El primer lugar lo ocupa la destrucción del hábitat: "El agua desaparece y el cauce se difumina e incluso se pierde". En segundo lugar, está la degradación: "Las condiciones ambientales [contaminación] no son las adecuadas para el establecimiento de una población de peces". Y en último lugar estaría la fragmentación por las presas: "Aunque el hábitat en el tramo sea favorable, la interrupción en otros puntos de la conectividad de la red fluvial impide el funcionamiento adecuado de las poblaciones de peces".

El pulso que se libra en la cuenca del Guadalquivir es una metáfora de lo que ocurre en el resto del planeta: la demanda se multiplica, pero los recursos son los mismos. "No hay agua en el Guadalquivir para todos los usos", resume la profesora González del Tanago.

En la cuenca, que ocupa una superficie de 57.527 kilómetros cuadrados, viven más de cuatro millones de personas. La agricultura acapara el 87% de los usos del agua. O, dicho de otra forma, consume 3.329,5 de los 3.833,2 hectómetros cúbicos que se emplean en todos los usos urbanos, industriales y agrícolas. Esta cuenca, de la que beben 849.243 hectáreas de cultivos, es deficitaria, es decir, hay más necesidades que agua disponible. Y aunque en las últimas campañas los agricultores no las hayan sufrido debido a las abundantes lluvias, "tarde o temprano volverán las restricciones", augura Del Moral.

Gran parte del tronco del Guadalquivir ni siquiera es ya un río. Oficialmente se denomina "masa de agua muy modificada", como se recoge en el nuevo plan hidrológico que está ultimando el Ministerio de Medio Ambiente. "El Guadalquivir es rehén del regadío", opina Del Moral, quien cree que su primer problema es "la expansión descontrolada" de cultivos.

Se estima que a principios del siglo XX existían unas 150.000 hectáreas de regadío. A medida que avanzó el siglo fue creciendo esta superficie, entre otros asuntos por los embalses que se iban levantando y que permitían acumular el agua. Pero para encontrar el gran salto en la expansión de los cultivos apenas hay que volver la mirada una década. En 1998, fecha en la que se aprobó el vigente Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir, la estimación era que existían unas 418.000 hectáreas de regadío. En el nuevo plan hidrológico, que toma como referencia el inventario del año 2007, la superficie se ha duplicado, hasta alcanzar las 849.243 hectáreas.

La cultura del regadío lleva siglos ligada al Guadalquivir, ese río al que los musulmanes bautizaron como Wad al-Kabir (el río grande, en árabe) y que Fernando III no se atrevió a cambiar de nombre. Primero los romanos, quienes llamaban al río Baetis, y luego los musulmanes idearon y perfeccionaron los sistemas de riego que permitieron el florecimiento de la agricultura en el valle del Guadalquivir. Esa rica tradición se ha mantenido en el tiempo. La agricultura representa hoy alrededor del 20% del producto interior bruto de esta comunidad autónoma, donde las zonas rurales tienen también una gran importancia demográfica.

El poder económico y la contribución de la agricultura a que los municipios de menor tamaño sigan conservando su población se traduce en capacidad de presión ante los representantes políticos. "La madre del cordero es la presión de la agricultura (...). Y la Administración no tiene fuerza ni coraje para impedir que aumenten las hectáreas de regadío", señala la profesora González del Tanago.

Detrás de la explosión del regadío en el Guadalquivir de los últimos años está la expansión del olivar. Este cultivo acapara más de la mitad de la superficie de regadío de la cuenca, en concreto están registradas 471.090 hectáreas.

Aunque no es el cultivo que más agua necesita -ese puesto lo ocupa el arroz-, sí tiene asociados otros problemas medioambientales. Como apunta María José Polo, profesora de ingeniería hidráulica de la Universidad de Córdoba, el olivar "perjudica la conservación del suelo". Es un cultivo arbóreo que necesita el suelo desnudo, por lo que los productores eliminan la cubierta vegetal y, cuando llueve, el agua erosiona y arrastra la tierra. Ese material acaba en el Guadalquivir, que toma un color chocolate en muchos de los tramos del río. El aumento de la turbidez del agua perjudica también la supervivencia de muchas especies.

La expansión del olivar y del resto de cultivos intensivos ha ido pareja a la modernización de los sistemas de regadío, que ha permitido reducir en diez años un 25% el agua que se emplea en cada hectárea. Sin embargo, esta mejora de los sistemas, que ha supuesto una mayor eficiencia en el uso de los recursos hídricos, no ha implicado un descenso del consumo en términos globales. "En muchos casos, el ahorro ha supuesto una expansión de los cultivos", explica Polo.

La modernización de los regadíos fue impuesta por la Unión Europea en 2005. Pero, paralelamente, la política agraria común empezó a premiar más el rendimiento que la superficie, algo que, según Polo, ha provocado ese crecimiento desmesurado de las hectáreas de olivar.

La irrupción de la agricultura tiene una influencia directa en la biodiversidad del río. Según el informe elaborado por Aphanius, "los usos del suelo ejercen una influencia muy importante sobre la diversidad de peces". En términos generales, "un tramo tiene altas proporciones de bosque y zonas naturales, se encontrará una mayor diversidad de especies autóctonas que si abundan las zonas de usos agrícolas y urbanos". Por el contrario, en las áreas "más humanizadas" hay más presencia y diversidad de especies alóctonas. Ocurre también algo parecido con los embalses en la margen derecha de la cuenca, que benefician a los peces alóctonos, pero tienen una influencia negativa sobre las especies autóctonas.

La Unión Europea aprobó a finales de 2000 la Directiva Marco del Agua. El objetivo de esta norma es unificar los criterios e intentar dar una respuesta a las presiones que sufren los grandes ríos europeos, mermados en calidad y cantidad durante los últimos años. En el artículo cuarto de esta directiva se fijan los objetivos medioambientales que todos los Estados deben cumplir en diciembre de 2015.

Julia Toja, catedrática de Ecología de la Universidad de Sevilla, fue la encargada de elaborar para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el diagnóstico medioambiental de esta cuenca. En su análisis se señala que solo "el 10,4% de los tramos de río de la cuenca cumple los requisitos" de la directiva marco en todos los índices empleados. Con este análisis en la mano, la consecuencia es que casi el 80% de la cuenca del Guadalquivir requiere de importantes medidas correctoras.

Un estuario al límite
El Guadalquivir se parece a un dominó. Las decisiones que se toman aguas arriba repercuten aguas abajo. Y los tramos que presentan un mejor estado ecológico son los que se encuentran en la cabecera y en el curso alto de los ríos de la cuenca. En estas zonas es donde los hábitats están menos modificados y la presión de la agricultura es también menor. A medida que se desciende, la calidad empeora. Y esta situación es límite desde el punto de vista medioambiental en el estuario del Guadalquivir. El catedrático de la Universidad de Granada Miguel A. Losada ha coordinado un estudio sobre las repercusiones de las actuaciones humanas en los últimos 110 kilómetros del río. Este completo análisis -también coordinado por Javier Ruiz Segura, del Instituto de Ciencias Marinas andaluz- señala que "el fuerte desequilibrio en el que actualmente se encuentra el ecosistema del estuario inhibe el papel que naturalmente debería cumplir como zona de reclutamiento para especies de interés pesquero". Los últimos 16 kilómetros del río están declarados zona de reserva pesquera. En esa área se desarrollan los alevines de las especies que luego se pescan en el golfo de Cádiz.

Uno de los principales problemas es la ausencia de agua dulce. Y detrás de este fenómeno se encuentra la ocupación de los llanos mareales de Doñana, que hace que entre más cantidad de agua salada en el río. Además también influye la presa de Alcalá del Río, que provoca una "reducida renovación de las aguas en la parte alta del estuario". En el estudio se indica que "durante más del 80% de los días del año la descarga fluvial es insuficiente para evitar que las masas de agua estén bien mezcladas, lo que impide su estratificación". El resultado es una altísima concentración de sólidos en suspensión en el Guadalquivir, que, por ejemplo, triplica la que se registra en el Amazonas. Los sólidos impiden el paso de la luz solar y que la vegetación pueda realizar la fotosíntesis. Además "se favorece la permanencia de fitoplancton tóxico en el estuario".


* El País - MANUEL PLANELLES 20/06/2011
Foto: Sanlúcar (Cádiz), desembocadura_Guadalquivir -iagua

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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca pide el fin de los desahucios

PÚBLICO/Madrid* : La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentará hoy ante los tribunales de Madrid un escrito en el que reclama el fin de los desahucios en la capital. También entregarán decenas de cartas firmadas por particulares y organizaciones en apoyo de las familias desahuciadas o en riesgo de ello.
La plataforma acompañará, a partir de las 20:00 horas en los juzgados de Plaza Castilla, a familias y víctimas de estafas hipotecarias para que presenten su petición de paralización inmediata de los procedimientos de desahucio hasta que se resuelvan sus denuncias penales.
PAH denuncia que cientos de personas, la mayoría inmigrantes, "han sido víctimas con el conocimiento de las entidades bancarias prestamistas en estos años de contratos hipotecarios, con cláusulas abusivas y condiciones abiertamente irregulares, las llamadas hipotecas basura".

Agradecidos con la ciudadanía de Madrid

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha agradecido el apoyo recibido por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid para frenar los procesos de desahaucios. Según la plataforma, sin la organización de concentraciones, a las que luego se unieron Democracia Real Ya, varios grupos del Movimiento 15-M y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, "hubiera sido muy difícil la paralización de dos desahucios por hipotecas impagadas".

Gracias a esta respuesta se lograron frenar los desahucios de las familias de Anuar, vecino del barrio de Tetuán, y de Luis, vecino de Parla, que todavía disfrutan de sus hogares.

Por ello, han querido hacer un llamamiento para que todos los ciudadanos y ciudadanas se animen y se sumen a este tipo de acciones pacíficas de desobediencia. Que se hayan sumado al bloqueo de los desahucios ciudades de Cataluña y Mallorca, es solo un ejemplo más que demuestra que el movimiento se extiende pidiendo "justicia y la aplicación de uno de los derechos fundamentales, el derecho a una vivienda digna", han puintualizado.


* Público - EP. 20.06.11
Foto: Los indignados consiguieron parar el desahucio de una familia en el madrileño barrio de Tetuán.- público

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La 'ley ómnibus' y la vivienda

DOLORS CLAVELL Y RICARD FERNÁNDEZ* : Los Gobiernos deben proponer cambios legislativos acordes con los programas de las mayorías que representan, y para ello los Parlamentos debaten públicamente hasta llegar a los textos definitivos. Incluso cuando las leyes no generan consenso acaban recibiendo, desde dentro del Parlamento y desde la sociedad civil, multitud de enmiendas que evitan excesos y mejoran su aplicabilidad. Así sucedió con la Ley del Derecho a la Vivienda, que entre 2005 y 2008 fue objeto de un debate social intenso y que finalmente fue aprobada con el apoyo de las fuerzas del tripartito. Dijimos entonces que en su articulado se comprueba la huella de miles de aportaciones realizadas por muy diversas organizaciones y colectivos profesionales, sindicales, juveniles, universitarios, empresariales y de consumidores y, por supuesto, por todos los grupos parlamentarios.
El resultado fue una ley alabada por su carácter ambicioso y renovador en muchos ámbitos, que incluyen desde la definición de la función social de la vivienda hasta el marco de las políticas públicas que deben mejorar el acceso a este derecho constitucional, pasando por la rehabilitación, la intermediación, la regulación de los apartamentos turísticos, los límites a la segregación espacial, la planificación sectorial territorial, la adjudicación de la vivienda protegida y muchos otros aspectos que en conjunto respondían a nuestra intención de coger el toro por los cuernos ante el problema que la ciudadanía percibía como el más grave en esos años previos la crisis, así como poner fin a la pasividad interesada de los poderes públicos.

La combinación de la nueva legislación, las modificaciones en la ley de urbanismo y los sucesivos planes por el derecho a la vivienda empezó a dar sus resultados, consiguiendo que, a pesar del estallido de la burbuja inmobiliaria, se haya multiplicado la promoción de vivienda social, especialmente en alquiler, y se haya intensificado tanto la rehabilitación como la remodelación de barrios, así como que los nuevos planes urbanísticos locales generen un enorme stock de suelo preparado para la promoción de vivienda protegida. No podemos estar satisfechos de la situación, pues el camino por recorrer es todavía muy largo. Pero las bases para una auténtica política pública de vivienda existen ya y hoy son estudiadas en nuestras universidades y analizadas y debatidas en diversos foros.

En este contexto, la profunda crisis inmobiliaria y el cambio de una mayoría progresista a otra conservadora podrían aconsejar y legitimar cambios en cualquier ley, también en ésta, aunque probablemente los cambios debieran hacerse más a través de los reglamentos de desarrollo que en la propia ley. Por ejemplo, ya el anterior Gobierno congeló la modalidad de vivienda concertada catalana, por estar en muchos casos su precio por encima de los de mercado. Sin embargo, la propuesta de la llamada formalmente Ley de Simplificación, Agilidad y Reestructuración Administrativa y de Promoción de la Actividad Económica -popularmente ley ómnibus- incluye nada menos que 27 modificaciones y supresiones de artículos de la Ley del Derecho a la Vivienda, acompañadas de muchas otras de la ley de urbanismo. Estos cambios se refieren mayoritariamente a aspectos clave de la ley, poco o nada relacionados con la pretendida simplificación administrativa.

Nos preocupan especialmente disposiciones que favorecerían los riesgos siguientes: reducciones en las reservas de suelo para promover vivienda asequible, adjudicación libre -y por tanto con más que probable dinero negro- de pisos protegidos por parte de promotores privados, mayor segregación espacial de las clases menos favorecidas, pérdida de control público sobre los apartamentos turísticos, abandono de la consecución de un parque estable y prestigiado de vivienda protegida, facilidades formales y temporales a la descalificación de la vivienda protegida, desatención a la rehabilitación como sector clave en la salida de la crisis, reducción de la vivienda dotacional y las reservas para colectivos vulnerables, desactivación de la planificación sectorial, etcétera.

Como se ve, temas todos ellos de gran calado para los cuales proponemos al Gobierno catalán ofrecer lo que nosotros ofrecimos en su día, un debate abierto a todos: desde los sectores económicos interesados de mayor o menor poder o los profesionales afectados hasta los indignados de cualquier condición que llenan no sólo la plaza de Catalunya, sino también las listas del INEM o de los ERE y, cada día más, las de impagos de las hipotecas o los alquileres. No podemos volver a cometer los errores del pasado, que dificultaron el ejercicio del derecho a la vivienda y que, tras el estallido de la burbuja, han dejado cinco millones de parados y un país al borde del precipicio. Por favor, debatamos y luego, haya o no acuerdo, que la nueva mayoría decida.

* Dolors Clavell es abogada especialista en política de vivienda y fue diputada relatora de la Ley del Derecho a la Vivienda. Ricard Fernández es economista y fue secretario de Vivienda entre 2004 y 2006.


* El País - Opinión - 14.06.11

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El movimiento 15-M se hace más grande

PÚBLICO* : Miles de personas se lanzaron a las calles de más de cincuenta ciudades españolas para protestar, de forma pacífica y festiva, contra los recortes sociales y económicos y para reclamar un sistema político más representativo. (Así te lo hemos narrado en directo). Las marchas más multitudinarias tuvieron lugar en Madrid y Barcelona.
En la capital madrileña, los cánticos y mensajes que se han hecho famosos desde el pasado 15 de mayo resonaron en toda la ciudad, ya que la marcha salió desde seis puntos diferentes hasta confluir en la céntrica plaza de Neptuno, a 300 metros del Congreso de los Diputados. La organización cifró la participación en 150.000 personas, mientras que la policía la situó entre 35.000 y 40.000. En cualquier caso, la manifestación se convirtió en la protesta más multitudinaria contra la crisis, según la empresa especilizada Lynce, que cifró los asistentes entre 37.000 y 42.000. El anterior récord lo tenía la concentración sindical de diciembre de 2009, con una asistencia entre 32.000 y 37.000 personas. La de la huelga general concitó a unas 18.000 personas.
Desde primera hora de la mañana, los manifestantes volvieron a gritar "Que no nos representan", "Lo llaman democracia y no lo es" y "Esta crisis no la pagamos", entre otros lemas. Aunque la convocatoria -realizada por la Coordinadora de Barrios y Pueblos en Lucha y a la que se unieron también Juventud Sin Futuro, Democracia Real Ya y el Movimiento 15-M- invitaba a clamar contra el Pacto del Euro, las protestas apuntaban en todas direcciones.

"Nos manifestamos en contra del Pacto por el Euro por ser un ataque a la soberanía de los estados y a los derechos de la ciudadanía, imponiendo medidas que lejos de solucionar la situación de crisis van a agravarla", anunció Acampada Sol en su página web. A la concentración también asistieron otras organizaciones como Anonymous, que pidió "la libertad de internet", y grupos reducidos con peticiones concretas como "el regreso de las tropas de Libia".

A media mañana, antes de la hora prevista para el encuentro de las columnas, la plaza de Neptuno ya se llenaba de indignados en busca de un buen puesto frente al cordón policial que rodeaba el edificio de la Cámara Baja. Aunque algunos asistentes temieron que algunos exaltados pudieran provocar conflictos que afearan el acto y el movimiento 15-M, todo transcurrió con tranquilidad.

De hecho, la pancarta que presidía la entrada a la plaza, lejos de portar una reivindicación, sólo pedía "Respeto". Se confirmó de nuevo el pacifismo del movimiento e incluso alguno de los participantes reconoció que había "aprendido mucho de la acampada". "Yo era agresivo, de los que les gustan tirar una piedra de vez en cuando y ahora sé que así no se consigue nada", explicó un manifestantes.

Las columnas comenzaron a llegar al punto de encuentro de Neptuno cerca de las dos de la tarde. No faltaron las performances y las actuaciones para amenizar la fiesta: una batukada, malabaristas en zancos, humoristas y hasta una orquesta y un coro que interpretaron la 9ª Sinfonía de Beethoven alegraron el ambiente. Una hora después, los asistentes al acto se dispersaron entre las calles aledañas a la plaza, buscando una sombra donde poder comer tranquilos. El Paseo del Prado se llenó entonces de niños y mayores disfrutando del "picnic antifatiga" anunciado como una de las actividades del día.

Ya por la tarde, los grupos de trabajo de la acampada se reunieron en los lugares donde habitualmente continúan celebrando sus asambleas para exponer nuevas propuestas en la asamblea general, que tuvo lugar a las ocho. La intención era establecer nuevas líneas de actuación para seguir demostrando que "el movimiento continúa". Para empezar, el 15-M ya ha organizado una "marcha popular indignada" que partirá de Santiago de Compostela, Cádiz, Murcia, Valencia, Barcelona, Logroño, Málaga y Granada en dirección a Madrid que "recogerá las inquietudes, las reivindicaciones, las experiencias y las luchas de todos los pueblos" españoles hasta su llegada a Madrid, prevista para el 23 de julio.

Consultas populares
Un sector del movimiento 15-M hizo pública una propuesta para llevar a cabo un referéndum popular el 15 de octubre, el mismo día para el que están convocadas nuevas manifestaciones en España y ,posiblemente, en otras ciudades europeas. "Somos un grupo de gente de diferentes comisiones de la acampada de Sol que hemos aportado una iniciativa para poder concretar algo", explica Óscar, uno de los miembros de la iniciativa. Las consultas populares se llevarían a cabo en las plazas y también en internet, aunque el proyecto aún es incipiente y sus miembros están trabajando para perfilarlo y organizarlo.

Por otro lado, la ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguró que el 15-M defiende algunas propuestas "muy razonables, posibles", que deberían incorporarse al debate político. Chacón subrayó que las manifestaciones fueron "bastante concurridas" y discurrieron de forma pacífica. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, recomendó a los manifestantes que aprovechen el derecho al voto para transformar los aspectos que rechazan de la democracia.

Hacia un referéndum el 15 de octubre
Un sector del 15-M se ha organizado para promover un referéndum popular el 15 de octubre. Estas serían las preguntas.

1- ¿Quieres que tu voto tenga un valor justo y poder elegir libremente a tus representantes?

2 - ¿Quieres saber cómo se gastan tus impuestos? ¿Quieres erradicar la corrupción política?

3 - ¿Quieres evitar la influencia política sobre los jueces?

4 - ¿Quieres tener voz y voto en las decisiones políticas que más afectan?

5 - ¿Quieres que la economía esté al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía? ¿Quieres que los responsables de la crisis paguen por ella?


* Público - PAULA DÍAZ / ANA REQUENA - 19/06/2011
Foto: El Paseo de la Castellana abarrotado de gente.- publico

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¿Dónde metemos a 7.000 millones?

ELPAÍS/Reportaje* : Cualquier niño que nazca en aproximadamente cuatro meses puede convertirse en el habitante 7.000 millones de la Tierra, pero todo apunta a que ese hipotético bebé nacerá más bien en India, donde al año se producen 27 millones de alumbramientos. En poco más de un siglo la población de la Tierra se ha multiplicado por cuatro y seguirá creciendo de forma vertiginosa todavía otro medio siglo más, hasta alcanzar los 9.000 millones. Hasta hace poco, Naciones Unidas consideraba que ese sería el cénit y que, a partir de esa cifra comenzaría una lenta y progresiva reducción de la población. Sin embargo, ahora sostiene que el planeta albergará 10.000 millones de personas a finales de este siglo. El desafío no es solo la alimentación sino muy especialmente organizar ciudades para darles cabida.
Urbanistas, arquitectos y decenas de miles de expertos estudian cómo hacer frente al reto de adaptar las urbes a semejantes volúmenes de habitantes. Cuentan, además, con otro flujo añadido: los 3.000 millones de personas que en las próximas décadas abandonarán el campo para buscar un futuro supuestamente mejor en la ciudad. Y todo ello dentro del temor cada día más generalizado al cambio climático y a las catástrofes naturales que desencadena, desde horrendas sequías a salvajes inundaciones que se vuelven más frecuentes conforme la Tierra se calienta y aceleran la huida del campo a la ciudad.

José María Ezquiaga, arquitecto, sociólogo y uno de los grandes urbanistas españoles, afirma que "el problema no es si cabemos, sino si nos alojamos bien". Y esto supone que los recién llegados deben tener acceso a la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento. Además, la autoridad local debe ser capaz de "mitigar el impacto medioambiental por la pérdida de suelo agrícola y la contaminación de la construcción".

Hasta ahora, las ciudades solo ocupan el 2% de la superficie terrestre. Pero la alarma desatada por el aumento experimentado por los precios de la alimentación en los tres últimos años, al no haber crecido la producción tanto como el consumo, ha levantado las voces de quienes denuncian que el cemento arrasa suelos fértiles. Como Hans-Joachim Braun, director del Instituto mexicano de Trigo y Maíz, que afirma que la expansión urbana se come tierras de cultivo y compite con los agricultores por el agua.

Anthony Townsend, director de investigación del californiano Instituto para el Futuro, señala por teléfono que una de las propuestas del IFTF para la sostenibilidad de las ciudades es "impulsar el cultivo urbano". Se trata de crear edificios con terrazas y balcones que faciliten el cultivo de hortalizas y verduras y educar a la población para que tenga pequeñas huertas urbanas para sus necesidades.

La mayoría de los urbanistas consultados no ven el crecimiento poblacional como una lacra sino como una oportunidad para utilizar mejor y con más sabiduría los recursos que tenemos y para estudiar y aplicar las innovaciones tecnológicas. Además, apuntan que la ciudad actúa como un exitoso método de control de natalidad, ya que al mejorar el nivel de vida y tener acceso a la salud se limitan voluntariamente los hijos sin necesidad de medidas coercitivas, como en China, ni esterilizaciones forzosas, como las que llevaron a la primera ministra de India Indira Gandhi a perder el Gobierno en 1977.

En la actualidad, el 50% de la población es urbana y en 2050 ese porcentaje habrá aumentado al 75%. "Pero también es importante tener en cuenta que las ciudades ya crean 80% de la riqueza total", destaca Ezquiaga.

Para el arquitecto Alejandro Zaera, curtido en numerosos proyectos internacionales, el urbanismo "es muy excitante porque afecta cada vez a un mayor número de personas". Zaera, que cuenta con uno de sus textos incluido en The Endless City, una de las principales obras teóricas de la arquitectura mundial, del británico Ricky Burdett y de Deyan Sudjic, afirma que "el gran reto es la sostenibilidad de las ciudades". Esto requiere de forma urgente "disminuir su consumo energético, fomentar el transporte público y eliminar el vehículo privado". En este sentido, apuesta por urbes con una alta densidad de población, como Nueva York, Shanghai, Tokio, Hong Kong o Barcelona.

Zaera apuesta por "modelos de vida con una mayor tolerancia al frío y al calor", de manera que con edificios "mucho mejor aislados, con un mejor comportamiento y que se verticalizan de forma natural" pueda prescindirse en gran medida de la calefacción y el aire acondicionado. Para luchar contra el cambio climático que nos afecta a todos defiende que la comunidad internacional imponga una tasa sobre las emisiones de dióxido de carbono, ya que, por ejemplo, "los ciudadanos de EE UU emiten cuatro veces lo que deben para ser sostenibles".

Ezquiaga señala que a la hora de preparar a las ciudades para la avalancha que se prevé hay que distinguir entre las del mundo desarrollado y las de los países emergentes. En el primero, habrá un mínimo aumento de habitantes. El problema es "contener la dispersión de la población".

En los países emergentes, por el contrario, la población urbana aumentará en un 91% entre 2010 y 2030. "Lo importante", afirma Ezquiaga, "no será tanto contener el crecimiento de las urbes como afrontar la pobreza y facilitar a todos agua potable, saneamiento, energía y transporte. Además, habrá que limitar el impacto medioambiental que provoca el paso del suelo agrícola a urbano".

La Unión Europea financia estudios y centros dedicados a investigar sobre las llamadas "ciudades inteligentes", en las que la conectividad desempeña un papel muy importante para garantizar "la creación de riqueza, la sostenibilidad social y el medioambiente", afirma Panagiotis Tsarchopoulos, director de Urenio, un instituto de Salónica (Grecia). Añade que ya tienen diseñado el proyecto de la futura Salónica inteligente, que incluye seis distritos con servicios diferentes y plena conectividad, a través de sensores y sistemas de software. Y lamenta que la crisis económica haya impedido a la municipalidad financiar la puesta en práctica del proyecto.

En esta línea se encuentra también Agenda Futura: El mundo en 2020, un proyecto en el que participan numerosas empresas para estudiar las posibilidades que brinda el crecimiento de la población en los próximos 10 años. La idea fue lanzada en Estambul, la mayor megalópolis de Europa, con más 10 millones de habitantes, y, según el semanario The Economist, la ciudad de "mejor comportamiento" del año 2010, no solo por la mejora de su nivel de vida sino porque creó un 7,3% de empleo, uno de los grandes retos de las urbes. De hecho, la búsqueda de un empleo remunerado es la gran aspiración de quienes abandonan la vida rural por la ciudad.

Zaera señala que en el futuro "tal vez sea necesario prescindir" de los grandes templos que se construyen ahora, "como la Ciudad de la Cultura de Valencia", en aras de la "sostenibilidad y de dedicar los recursos financieros a estructuras urbanas que hagan las ciudades más vivibles". Este es el gran objetivo de urbanistas y expertos: que aunque se conviertan en megalópolis de hasta 100 millones de habitantes sigan ofreciendo a los ciudadanos trabajo y esperanza en un futuro mejor.


* El País - GEORGINA HIGUERAS 20/06/2011
Foto: Peregrinos hindúes camino de una celebración religiosa. India es uno de los países con mayor crecimiento demográfico.- R. KUMAR (AP)

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Madrid.- 60 activistas para frenar un derribo en la Cañada Real

ELPAÍS* : Si la semana pasada fueron los desahucios, la causa de esta semana son los derribos en la Cañada Real Galiana. Desde primera hora de la mañana, unos 60 activistas ofrecen resistencia pacífica en dos viviendas del sector VI de la Cañada Real, encaramados a los edificios. La previsión es que se derriben otras dos más.
La actividad comenzó a las nueve de la mañana, cuando ya habían comenzado los trabajos de derribo en estas viviendas situadas en la zona de la Cañada perteneciente a Valdemingómez. Las máquinas habían llegado a las 6.30, muy temprano, como suele ser habitual en este tipo de operaciones. Los trabajos se encuentran interrumpidos a la espera de que concluya una negociación entre abogados del grupo de apoyo - formado por la plataforma Stop Derribos y el Movimiento 15-M a través de la asamblea de la zona- y representantes del Ayuntamiento de Madrid.
Según una portavoz de la plataforma, la situación ahora mismo es de "cierta tensión", aunque no se han registrado incidentes. A la zona se han desplazado agentes de Urbanismo, de la Policía Municipal y Nacional y el Samur Social.

La semana pasada, los vecinos de la Cañada Real se manifestaron ante la sede de la Alcaldía en la plaza de Cibeles para entregarle a Gallardón 13.000 firmas contra los derribos en la zona y pidieron al alcalde que mejore la situación de este área.

En la asamblea de la Cañada Real ya se había hablado de esta convocatoria, y se había aprobado la propuesta de frenar este tipo de derribos, relacionada con las movilizaciones de la semana pasada para frenar derribos. Para mañana se ha vuelto a convocar para evitar el derribo de más viviendas, en este caso, en el sector III de la Cañada Real. Según la convocatoria, una de las personas que vive en estas casas tiene una situación "extremadamente crítica", ya que está recibiendo quimioterapia.


* El País - 20-06.11
Foto: Madrid, derribos la Cañada Real (archivo) - EFE

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Salamanca.- Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio presenta alegaciones contra el derribo de una casa

SALAMANCAENDIRECTO* : La Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” ha presentado alegaciones contra el expediente relativo a la solicitud de declaración de ruina para el inmueble sito en Calle Meléndez 24 de Salamanca, el cual data de principios del siglo XIX y aparece catalogado en el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca con Protección Ambiental A.
En dichas alegaciones, presentadas ante el Ayuntamiento de Salamanca y la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, se solicita la denegación de la declaración de ruina; la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento del edificio debido al valor que la edificación tiene para la ciudad de Salamanca, para el paisaje urbano y para la protección de caserío tradicional; que se facilite información al Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO; y que los técnicos del Ayuntamiento de Salamanca realicen una revisión general de todos los edificios de la ciudad de Salamanca que cuentan con algún grado de protección, elaborando los correspondientes informes y abriendo expediente, si la situación lo requiriese, para instar a los propietarios de los mismos a la realización de cuantas labores de mantenimiento sean necesarias a fin de garantizar un estado óptimo de conservación.

El edificio sobre el cual se solicita declaración de ruina presentaba en el año 2007 (aprobación del vigente PGOU y su catálogo de edificios protegidos) un estado de conservación “mediano”. Pero, según la documentación que forma el expediente, el Arquitecto Municipal, en julio de 2008, propone la demolición interior por su deficiente estado y escaso interés, admitiendo la demolición de la fachada por estar desvirtuada y carecer de interés y que así el futuro edificio de viviendas cumpla con las condiciones higiénico-sanitarias mínimas. La valoración del inmueble resulta, por tanto, muy diferente a la realizada año y medio antes en el Plan General, tanto en lo que se refiere a su estado de conservación como a su valoración arquitectónica.

A la situación actual de este edificio se llega por la falta de interés de la propiedad en la realización de labores de mantenimiento (artículo 19 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León), suficientes y a tiempo, y por la dejadez del Ayuntamiento de Salamanca que no revisa periódicamente los edificios, especialmente aquellos que cuentan con algún grado de protección, instando a los propietarios a acometer cuantas labores sean necesarias para garantizar su conservación.

La casa, situada dentro del Conjunto Histórico-Artístico de Salamanca y del ámbito delimitado por la declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, está valorada (según el Plan General vigente) por haber sido edificada “en parcela mínima”, por ser de una “arquitectura doméstica de elemental composición y tipología muy frecuente” y por “prestar carácter a la Calle Meléndez”.

La Protección Ambiental A es “preventiva” (artículo 4.3.10.4 del PGOU) y concierne a las obras realizadas sobre la fachada y la volumetría. Por ello la ficha del PGOU de este edificio sólo permite la repetición de cubiertas, el mantenimiento de elementos originales, la restauración de la estructura y el mantenimiento de las fachadas. Algo que no sería posible en caso de ejecutarse el derribo.


* SalamancaEnDirecto - 20.06.11
Foto: Salamancaendirecto

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La Plataforma de Afectados por las Hipotecas exporta su movimiento

ELPAÍS* : La Plataforma de Afectados por las Hipotecas ha conseguido esta semana su récord de desalojos paralizados. Esta asociación de ciudadanos barcelonesa canaliza protestas, ofrece asesoramiento e intenta negociar con los partidos cambios legislativos. Su éxito y su oferta de propuestas -como la creación de un código de conducta en sus acciones, siempre pacíficas- se ha exportado a otras localidades catalanas y de todo el Estado. Este fin de semana ha reunido en Barcelona a otras plataformas, para aunar criterios y reforzar la propuesta. El qué y el cómo de la PAH son, quizás una metáfora del 15-M.
Asistimos a una acción stop-desahucio organizada por la PAH, el jueves en L'Hospitalet. Son las nueve de la mañana. Llego a un número de la calle de Terra Baixa, L'Hospitalet. Allí hay una chica bajita pero de gran metabolismo. No para de moverse mientras habla. "¿Vienes por lo del desalojo?". Le digo que sí. Me dice que somos los primeros. Ella viene de Badalona. Casi no ha dormido. "¿Cómo se hace esto?". Ni idea. Poco a poco empiezan a llegar más personas. Gente guapa, gente fea, zaras, hache-emes, chándales, personas en paro, personas que trabajan, pero se han permitido venir aquí novios, pensionistas, amiguitos y amiguitas. Casi un centenar de personas en día laborable. Un paisaje muy horizontal, como el del movimiento 15-M.

Llega un señor con una pancarta de una asociación de afectados por las hipotecas. Saca un megáfono. Explica para qué estamos ahí. El megáfono no funciona. Pero al señor se le oye a la perfección. "Vaya chorro de voz", dice una señora. Aparece un señor con una camiseta de la PAH. Explica por el megáfono, que ahora ya funciona, el caso de la cosa. El desahucio está anunciado para las 10.30. Pero es posible que la comisión judicial se retrase, a la espera de que la concentración se disuelva con el paso de las horas. Es posible que, incluso, no vengan. Esta semana, en la que la PAH ha conseguido paralizar más desalojos -10 en todo el Estado-, en al menos un par de ocasiones no llegó a venir la comisión.

Y, en efecto, pasan las horas. De vez en cuando, el señor de la camiseta habla por el megáfono, con tranquilidad y en un tono informativo alejado de la crispación. En esa espera, se habla de la realidad. El 15-M está posibilitando nuevos accesos a la realidad, que antes se hacían desde la timidez y el fuera de juego. Se citan nombres de políticos de izquierdas que están en el consejo de alguna caja. Se habla así de entidades financieras, de la vinculación entre el mundo de las finanzas y la política -tal vez, la meditación genérica del 15-M-. Se habla también de lo de hace tres días -fue 15-J-, y de la violencia. Se habla de policías infiltrados. Y de la necesidad de que el 15-M sea pacífico. También se amplía el concepto de violencia. La conversación adquiere giros de una riqueza inesperada. Se habla así de violencia económica. De la violencia que hubo en el Parlament -es decir, también en su interior-. Alguien enumera detalladamente algunas de las leyes de la ley ómnibus y de su coste social. "Esto es un cambio de régimen". "Si el Estado no está para garantizar el bienestar, ¿para qué sirve? ¿Para hacer negocios?", dice un señor, que tal vez esté formulando el bussines friendly ese. Se formula un caso concreto de violencia económica. El de Mercedes, la persona a la que han venido a proteger de un desahucio. Compró este piso por más de 200.000 euros. Ya no tiene ese precio. Si se realiza el desahucio, Mercedes seguirá debiendo al banco más de 100.000 euros. Y será inhabilitada para cualquier operación bancaria o financiera. "No podrá comprar ni una minipimer en Miró", dice uno. "En Miró, seguro que no, que están de ERE", dice otro.

Y los de la comisión, que no vienen. Pasan más horas. En un momento, la cosa parece desparramarse un tanto. Un señor de los que están a primera hora se ha puesto una gorra para protegerse del sol. Con las siglas CGT. Se monta un pollo, que una señora de PAH apacigua con celeridad y salero. Es curioso que la CGT, un sindicato con políticas muy diferenciadas del resto de sindicatos, pague el pato ahora. Como lo fue que el otro día -por el 15-J- pagarán también los diputados Boada y López Tena -ambos votaron no a los recortes-. Lo que apunta al antipoliticismo del movimiento, que no ve muchas diferencias entre los políticos. Posiblemente se tendría que depurar. Como también, posiblemente, los partidos de izquierdas, después de sus experiencias gubernamentales, deberían realizar sus análisis.La socialdemocracia europea, por cierto, se está planteando la capacidad transformadora desde los Gobiernos. Oskar Lafontaine, así, abandonó el SPD y el cargo de Ministro de Economía, y se unió Die Linke -una izquierda que agrupa a socialistas 2.0, comunistas 2.0 y libertarios 2.0-, partido que si bien participa en el Gobierno de algún Lander, se plantea los éxitos históricos de la izquierda -como el Estado de bienestar-, como un triunfo de la sociedad frente al Estado, realizado con las izquierdas fuera de los Gobiernos. Los partidos españoles y catalanes no entienden el 15-M. Pero, por lo que se ve, también están desvinculados absolutamente de otros procesos de renovación que los mismos partidos realizan en Europa.

También está poco familiarizado con otras opciones legislativas europeas, más progresistas. La PAH, por ejemplo, tiene como caballo de batalla introducir la dación como solución en este tipo de conflictos hipotecarios. Mantiene relación con partidos e instituciones para cambiar la Ley Hipotecaria y europeizarla en esa dirección. Con poco éxito. Esta misma semana el Congreso ha vuelto a rechazar la reforma de la Ley Hipotecaria. Y con más votos negativos que nunca, al sumarse CiU a PP y PSOE. El 15-M también es un análisis sobre la incapacidad de los partidos, y sobre la escasa vocación transformadora de la izquierda en el poder. "Solo pueden gobernarnos a nosotros. No a la banca. Solo nos pueden prohibir fumar a nosotros", dice alguien.

Por fin, poco antes de las 14.00 llega la comisión. Todo el mundo se agrupa frente a la portería, y empieza a corear el nombre de Mercedes. Nace en el ambiente algo extraño. ¿Fraternidad? El 15-M ha posibilitado que nuevas generaciones renueven su alianza con esa cosa extraña. La comisión judicial está compuesta por cuatro personas, tres de las cuales les gustaría estar en otra parte. "Deja el papel y vámonos rapidito", le dice uno al más echado para delante. Un par de miembros de la PAH asumen la interlocución. Desde la amabilidad y la formalidad, le explican lo que están haciendo. Están protegiendo el derecho a la vivienda. Invocan, para el caso, el artículo 47 de la Constitución. Calman a los concentrados y empiezan a negociar. Se producen momentos de empatía con la comisión. "No, si tienen toda la razón del mundo". En uno de los actos de mayor violencia cotidiana -un desahucio; echar una persona de su casa-, se produce, gracias a la mediación de la PAH, una respuesta absolutamente tranquila y sosegada. La PAH, por cierto, está muy preocupada por el carácter pacífico de sus acciones. Con ese fin, esta misma semana, ha creado un protocolo que seguir en caso de desahucio, que ha colgado en su página. El 15-M -DRY de Gipuzkoa, o #camapadasol, en las últimas horas- está editando protocolos en la misma dirección y para sus actos.

En un momento dado, uno de la comisión explica que esto es "aplazar lo inaplazable. Y ustedes lo saben". Los de la PAH responden con una sonrisa. "La PAH, aprovecha el aplazamiento del desahucio para negociar con la entidad bancaria una solución", dice luego Lucía Delgado, miembro de la PAH. La idea es conseguir que el afectado se quede en su casa, que ahora ya no sería de su propiedad, a cambio de un alquiler a la entidad bancaria. "Te sorprenderías de lo que se consigue".

Ayer sábado, la PAH celebró una reunión en su local -Obradors 6- con otros grupos de todo el Estado. Esta propuesta barcelonesa ante los abusos hipotecarios, se está exportando con éxito. En lo que es, tal vez, otra metáfora del 15-M, un movimiento sin centro. La PAH es una asociación fundada en 2009. Su primera manifestación pública fue un comunicado ante el suicidio, en 2010, de un ciudadano en un parque, momentos antes de ser desahuciado. Tal vez, ese ciudadano es el hombre que se quemó a sí mismo en Túnez. Después de formarse legalmente, la asociación empezó sus acciones ciudadanas y sus propuestas a los políticos. El CGPJ ha previsto que entre 2007 y hasta fin de 2011 se realicen cerca de 500.000 desahucios, pese a la magnitud de los números, está problemática no se ha visualizado hasta que el 15-M permitió ampliar los límites de lo visualizable.

La PAH es un círculo más de esos miles de círculos invisibles que forman el gran círculo del 15-M. Y que la cultura de la transición no puede dibujar ni comprender. No puede tan siquiera identificar los problemas que el movimiento parece apuntar: la violencia económica y la incapacidad del sistema para percibirla.

Los de la comisión se van. Todo el mundo grita el nombre de Mercedes Y, después, "sí se puede". Una y otra vez. Hoy también se ha podido hacer lo que ninguna institución o partido había previsto. La PAH, un movimiento horizontal de aspecto libertario, parece formular, curiosamente, reivindicaciones socialdemócratas, reformistas, que implican reformas legislativas. Y está reformando, por los hechos, el problema de los desahucios, un tema abandonado por la política. En lo que puede ser otra metáfora del 15-M.


* El País - GUILLEM MARTÍNEZ - Barcelona - 19/06/2011
Foto: Los colectivos del 15-M acudieron ayer a un desahucio previsto en Valencia que finalmente fue suspendido.- publico

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Los 'indignados' de toda España peregrinan hacia Madrid

20MINUTOS* : El Movimiento 15-M anunció una serie de "marchas populares indignadas" que arrancarán desde 21 ciudades españolas, y que durante un mes recorrerán parte del territorio nacional, finalizando en Madrid el próximo 23 de julio.
Este lunes, Acampada Valencia ha organizado una "marcha popular indignada" a pie que ha partido hacia Madrid y que tiene previsto completar en 34 días más de 500 kilómetros para visitar 29 poblaciones, en las que explicarán el movimiento y celebrarán asambleas para recoger las demandas de la población.
Según ha informado en un comunicado, 'indignados' de ciudades, pueblos y barrios cercanos a Valencia se reunirán el domingo en la Plaza del Ayuntamiento, rebautizada por el movimiento como Plaza del 15 de Mayo, con motivo de la manifestación convocada a las 18.30 horas bajo el lema 'No pagamos vuestra crisis'. Al día siguiente iniciarán esa marcha a pie que está previsto que concluya el 23 de julio en Madrid, donde participarán en un "gran encuentro con otras marchas a nivel estatal" y expondrán las demandas que hayan surgido en las visitas a las distintas poblaciones. "Salimos de nuestros hogares con nuestros escasos medios para llevar la indignación al interior de la península como suma a la expansión del movimiento a nivel internacional", han explicado desde el colectivo Acampada Valencia.

Marchas anunciadas en la asamblea general

El anuncio de estas marchas se produjo en la asamblea general de la Puerta del Sol de este domingo, tras las manifestaciones que en este mismo 19 de junio congregaron a miles de personas en toda España, con el objetivo de protestar contra el Pacto del Euro y la crisis económica.

Hasta el momento, las marchas confirmadas son Santiago de Compostela, Cádiz, Murcia, Valencia, Barcelona, Logroño, Málaga y Granada, entre otras, aunque se espera que otras ciudades se sumen a la iniciativa.

Para lograr el objetivo, los 'indignados' disponen de todo tipo de apoyos, desde material, como cocinas o tiendas de campaña, hasta alimentos. Sin embargo, desde la web convocante solicitan más ayuda, como coches o material sanitario, y, sobre todo, apoyo humano, para que las marchas lleguen a buen puerto y la gente no desista.

Los participantes en las marchas tomarán parte de las asambleas de barrios y pueblos por las que pasen sus recorridos. Ahí se buscará un intercambio de ideas, y que se acepten las propuestas que trasladen a estos órganos asamblearios de cada lugar. De estas reuniones surgirá un gran libro en el que está previsto recoger todas las propuestas expuestas, además de un enlace permanente entre todos los pueblos y barrios de España.


* "0 Minutos - 20.06.11
Foto: 'Indignados' en Valencia. (REUTERS)

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‘Indignadanos’

BALTASAR GARZÓN* : Hace unos días, alguien me preguntaba por qué algunas palabras que están en el léxico popular y que definen relaciones humanas o acontecimientos no aparecen en los diccionarios, como sucede con la que titula este artículo. La razón radica en que la evolución de la sociedad suele ir por unos cauces diferentes a los de la oficialidad de las reglas que nos rigen, si bien antes o después la realidad de las cosas termina por imponerse a la formalidad de las mismas.
El 15 de mayo surgió en España un movimiento que, con mayor o menor fuerza, se ha extendido a otros países. La indignación popular que venía fraguándose desde hacía tiempo cristalizó en este movimiento que, representándonos a todos, despedía la fragancia de lo nuevo, la convicción de la razón y el civismo de su demostración. Era un plante surgido de una sociedad que cuestionaba y cuestiona muchos de los clichés que el mundo de la política tiene establecidos. Los asamblearios acampados en la Puerta del Sol madrileña comenzaron pronto a ser un estorbo para la "buena y normal" ciudadanía. Habían pasado las elecciones del 22 de mayo y la presencia constante en las calles y plazas de las principales ciudades era una molestia, cuando no una provocación. El desenlace se preveía inminente, como también lo era la acción de los que habían aprovechado el movimiento para reventarlo desde dentro. Los de siempre, los mismos que unas veces actúan bajo la marca de violencia callejera, otras de los neonazis o de los "radicales antisistema", o de quién sabe qué.
La escenificación de la actuación de unos y de otros se desarrolla en una forma perfectamente previsible y por eso demasiado sospechosa. El cebo de las concentraciones ante las instituciones de representación democrática ha sido tan evidente como burdo, y los componentes del movimiento, incluidos los verdaderos paladines, han sido cazados. Su crédito ciudadano y rebelde ha sido robado por quienes estaban esperando que la caída se produjera.

Ahora todo vuelve a ser como antes. Hay que acabar con la revuelta; no se puede consentir que se cuestione el sistema, como si este fuera inalterable. De nuevo se elude la respuesta y el hacer frente a la situación denunciada. Pero seríamos demasiado torpes si esta situación fuera aceptada sin más condiciones. Sería muy triste que el esfuerzo y el empeño de miles de ciudadanos desaparecieran en la nostalgia y en la descalificación por la acción de unos pocos. Los indignadanos son, no los que persiguen o golpean a los políticos, sino los que exigen cuentas y explicaciones a los mismos; no los que arrojan pintura a los diputados o les agreden, sino los que denuncian la inacción de los mismos ante la crisis económica; no los que impiden que un Parlamento se reúna, sino los que hacen que los diputados no dejen el debate hasta solucionar los problemas de la sociedad a la que han jurado o prometido defender.

Son los que hoy, 19 de junio, reaccionan y se manifiestan en las calles de múltiples ciudades españolas y europeas para denunciar la inactividad de muchos políticos más ocupados en resolver riñas y querellas particulares que en sacar a la sociedad de la miseria moral en la que la maldad y la dejadez la han puesto. Son todos aquellos que han compartido la frustración y ahora desean alcanzar la esperanza de recuperar esos derechos esenciales, y entre ellos uno trascendental, el derecho a la felicidad, y otro, social, el derecho a participar y a decidir.

Hoy, las calles se llenan de indignación, pero de una indignación activa, democrática y pacífica. A este movimiento que hoy ocupa las calles y avenidas están llamados todos los demócratas que tanto lucharon por recuperar una democracia secuestrada durante 40 años de dictadura y todos los que la han consolidado; están llamados quienes, a pesar de las adversidades y de quienes se aprovechan de la ruina de los justos, quieren y son capaces de cambiar el mundo día a día; y están llamados quienes, además de estar indignados, han dicho "basta" y han decidido ser protagonistas por encima de toda la caterva de mediocres y agoreros que, desde la caverna de la intolerancia, tan sólo saben moverse en el cuenco de su mano, ajenos a los cambios que se están produciendo en el mundo.

Hoy, nuestra voz de indignadanos debe acompañar a todos/as aquellos/as que, a riesgo de sus vidas y de la pérdida de otros derechos fundamentales, se rebelaron a lo largo de la historia frente a los acontecimientos más adversos y violentos como el absolutismo o el fascismo, sea este franquista, nazi o mussoliniano; frente a las dictaduras genocidas, sean estas como las de Chile y Argentina o las modernas que masacran a miles de personas; frente al terrorismo o la violencia del Estado. Pero también quiero unirla a la de millones de ciudadanos indignados que salen a la calle, en forma pacífica, porque no están de acuerdo con lo que está sucediendo, con el modo de gestionar la cosa pública, con el modo de hacer política, con el cinismo de los que nos dirigen y gestionan la economía y que han sido los culpables de la situación en la que nos encontramos.

Hoy más que nunca ha quedado evidenciado que la participación ciudadana, la democracia real, no puede ni debe circunscribirse a la mera consulta electoral cada cuatro años. Todos debemos asumir que el mundo ha cambiado, que el siglo XXI ha revolucionado para siempre los viejos mecanismos de participación política. Lo estamos viendo en varios países y lo veremos en muchos más, en los que la fuerza de la comunicación a través de la red está siendo fundamental, otorgando una nueva dimensión a la fuerza política de los movimientos reales que no se puede obviar con el mantenimiento de mecanismos burocráticos de interposición que dificulten la relación bidireccional entre los ciudadanos y sus representantes.

El reto como indignadanos es hacer que este diálogo sea posible y efectivo, o lo que es lo mismo, que tenga capacidad de decisión, o no habrá comunicación. Pero también resulta evidente que el camino de la contestación irracional y violenta, además de atacar a la esencia del sistema democrático, socava al propio movimiento. Tales exponentes deben ser expulsados si no aceptan las reglas de la tolerancia, la diversidad y la fuerza de la palabra como únicas vías de expresión de este movimiento y de su configuración política.

Este 19 de junio viene cargado de indignación. Un sentimiento que no es ajeno en la historia de la humanidad y que, por azar o no, hizo que ciudadanos franceses indignados decidieran, este mismo día de 1790, desde la recién estrenada Asamblea Constituyente, la supresión de la nobleza hereditaria. Algo que puede parecer menor, pero que dio vida al más puro sentimiento republicano igualitario de una sociedad que hasta ese momento era el crisol de los privilegios y de la desigualdad y que amanecía a la realidad de un nuevo mundo más justo.

Es la indignación que sintieron los ciudadanos de todo el mundo cuando el 19 de junio de 1953 fueron ejecutados en la cárcel de Ossining en Nueva York, tras ser condenados sin pruebas convincentes, Julius y Ethel Rosenberg. Aquellos supuestos espías fueron víctimas de la cruel caza de brujas que encabezó el senador McCarthy. La frase que dejó escrita Ethel antes de morir está llena de indignación: "La historia nos recordará a mi esposo y a mí como las primeras víctimas del fascismo americano". Eran tiempos oscuros, pero no tan lejanos, porque, como dijera Camus, el bacilo de la peste (el fascismo) anida en cualquier madera vieja de una casa y puede revivir mucho tiempo después y acabar con una ciudad dichosa.

Indignados nos sentimos las personas de bien aquel 19 de junio de 1987 cuando ETA asesinó a 21 personas en el atentado de Hipercor en Barcelona. La sinrazón del terrorismo produce vergüenza y el rechazo a la violencia de todo tipo es la mejor expresión de esa indignación por una lacra que esperamos y deseamos se destierre para siempre.

Los acontecimientos de estas semanas nos enseñan que nada es inmutable y que muchas cosas se pueden y se deben cambiar a partir de experiencias muy distintas y de expresiones coincidentes de rebeldía y protesta, de responsabilidad y compromiso. Pero los desafíos suelen ser plurales y diversos como los esfuerzos para encontrar las respuestas. Por eso, si bien es cierto que, como dice el aforismo africano, el desierto se puede cruzar solo, es más seguro y fiable hacerlo acompañado.

* Publico - Opinión - 19.06.11


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El 19-J toma la calle contra el pacto del euro




* YouTube - kaos7852 - Junio 2011
Música: Muse

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Pontevedra.- El látigo del urbanismo en la costa

LAVOZDEGALICIA* : «Nuestro espíritu es ser contrapunto sin entrar en guerras de alardes». Con esta declaración de intenciones, Francisco Díaz Sánchez presentaba públicamente a finales del año 2003 la asociación Salvemos Pontevedra (SP), un colectivo social y apolítico que ha acabado por convertirse en el látigo del urbanismo en la costa gallega y de las Administraciones que lo regulan.
Con la Ley de Costas en una mano, pero no con el Plan de Ordenación do Litoral (POL) en la otra, combaten desde hace ocho años cualquier actuación nueva o pasada que, en su opinión, pueda infringir la legalidad vigente. Díaz rechaza el POL porque «se basa en un decreto anterior, el 158/2005, que está pendiente de un hilo», dice, refiriéndose a otro pleito emprendido por el «intento de usurpar por parte de la Xunta competencias de la Ley de Costas». Paradójicamente, sus enemigos más frecuentes a batir son las propias Administraciones públicas que, en buena ley, deberían ser las garantes de preservar el buen uso del dominio público marítimo-terrestre. Pero, por lo que dictan los tribunales, no parece que siempre esté siendo así. Al propio Ministerio de Medio Ambiente se le han sonrrojado sus mejillas al menos en dos ocasiones por «culpa» de la asociación fundada por Francisco Díaz. La última, con la reciente sentencia de la Audiencia Nacional sobre la situación administrativa de los terrenos que ocupa la factoría Ence en las antiguas marismas de Lourizán.

La ex conselleira de Pesca Carmen Gallego también fue objetivo de su diana a causa de los metros en los que la vivienda de su entonces marido se adentra en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, o la ex jefa provincial de Costas, Cristina Paz Curbera, por igual motivo. El ex alcalde de Sanxenxo y actual portavoz municipal del PP en Pontevedra, Telmo Martín, también inspiró más de un recurso, tanto como regidor de la localidad más turística de Galicia como por su faceta de socio de la promotora pontevedresa Construcuatro. Pleitos en los que también tuvieron algo que ver algunas resoluciones del ex conselleiro de Pesca Enrique López Veiga.

Con mayor o menor éxito, todos ellos han sido expuestos, siempre primero ante la propia Administración o en su defecto ante los tribunales, por supuestas irregularidades urbanísticas en la costa. «Espero que aprendan algo de las consecuencias del silencio administrativo», dice Díaz, que se confiesa cansado de terminar siempre ante los tribunales por la inacción de la vía administrativa.

La antigua marisma

En la ejecutiva de Salvemos Pontevedra, en la que además de Díaz Sánchez se sientan también Fabián Estévez, Jesús López, Pilar Taboada y Edelmiro Domínguez, entre otros, se han empeñado en recuperar la antigua marisma de Lourizán, al margen del propio Ayuntamiento pontevedrés, que siguiendo su propia estrategia se desmarcó del pleito con el que el colectivo quiere lograr este objetivo. Por ello, Ence no es ni mucho menos la única pieza de este puzle. También lo son la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar), el emisario submarino, la autovía de Marín, la proyectada variante, y el supernudo en tres niveles, que, probablemente, también les acabará enfrentando en los tribunales con el Ministerio de Fomento.

Los llamados núcleos de litoral, un problema urbanístico de primer orden que se concentra sobre todo en Marín, Vilaboa y A Illa de Arousa, o el plan acuícola que también impulsó Gallego, se han topado con SP.

Paradójicamente, sus enemigos más frecuentes son las propias Administraciones

«La Xunta de Galicia siempre intentan usurpar competencias de la Ley de Costas»

«Espero que aprendan algo de las consecuencias del silencio administrativo»


* La Voz de Galicia - 19.06.11
Foto: La denuncia sobre Ence pretende recuperar el espacio original, sin fábrica ni autovía ni depuradora.- lavoz

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Palma.- Anticorrupción imputa a Vicens cohechos, estafa y delitos fiscales por Son Oms

DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía anticorrupción acusa al exdiputado de UM Bartomeu Vicens de delitos tributarios, cohechos y estafa o tráfico de influencias derivados de sus relaciones con el polígono industrial de Son Oms y las empresas impulsoras del mismo. Anticorrupción quiere agilizar la instrucción y enjuiciamiento del caso Son Oms, iniciado en 2007, mediante su división en cuatro piezas separadas.
Las pesquisas sobre Son Oms empezaron en octubre del 2007 con unas diligencias informativas de la fiscalía, dirigidas contra Bartomeu Vicens, entonces diputado por UM en el Parlament balear, y Maximilià Morales, expresidente de dicha Cámara con UM. Casi cuatro años después, el caso gira sobre los mismos hechos denunciados, un supuesto entramado de corrupción en torno a la génesis y explotación del área industrial palmesana, pero con el añadido de descubrimientos relevantes realizados por los investigadores de la Policía y la Agencia Tributaria. Estas pistas giran en torno a Metalumba, la empresa tapadera de Vicens y su esposa Antònia Martorell, y Gestora de Desarrollo Son Oms, una sociedad vinculada al abogado Jaime Montis y que se dedicó a impulsar el área industrial.

El sumario, tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia debido a la condición de diputado de Vicens, se ha reactivado hace algunas semanas, tras pasar meses paralizado. La acumulación de asuntos de corrupción que investigan los fiscales Carrau, Horrach y Subirán, unida a la elevada carga de trabajo del juez Juan Ignacio Lope Sola, que también se ocupa de los casos Maquillaje e Ibatur, ha empantanado Son Oms.
Anticorrupción propone para salir del bloqueo dividir la causa en cuatro piezas separadas, en dos de las cuales el principal imputado sería Vicens, defendido por Valdivia y Campaner.
La primera pieza ya está creada y versa sobre una presunta estafa de la que habrían sido víctimas pequeños propietarios de solares en Son Oms, entre ellos Ángel Ochando (denunciante del caso) por parte de la junta de compensación del polígono y un posible desvío de fondos de esa entidad.
La primera pieza contra Vicens sería por el cobro de sobornos a cambio de favores urbanísticos en Son Oms y los delitos fiscales cometidos al invertir ese dinero negro en naves, solares y vehículos. La segunda giraría en torno al papel de Vicens para convencer a los dueños de parcelas rústicas en Son Oms a la cesión gratuita del 15% de sus solares recalificados a Montis. La tercera enjuiciaría un presunto delito fiscal de Montis.


* Diario de Mallorca - 18.06.11
Foto: Palma, polígono industrial de Son Oms - diariodemallorca.es

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Madrid.- La Cañada Real Galiana. Un barrio por construir

JAVIER RUBIO (CAES)* : El 29 de junio de 1974, el Boletín Oficial del Estado publicaba una nueva Ley de Vías Pecuarias que otorgaba al ICONA (Instituto Nacional de Conservación de la
Naturaleza) la competencia de custodia y vigilancia sobre las cañadas. El 18 de octubre de 2007 la Cañada Real Galiana saltaba en la opinión pública a través de los telediarios por el violento desalojo y derribo de la vivienda de una familia marroquí, que culminó con nueve detenidos y decenas de heridos. Millones de personas conocieron ese día la existencia de una ciudad precaria a las afueras de Madrid de la que nunca habían oído hablar. En los treinta y tres años que separan ambos episodios, el número de habitantes de la “Cañada Real” ha pasado de apenas superar el centenar a más de veinticinco mil.
Viviendas y cobertizos han cubierto la mayor parte del camino, dejando el espacio
imprescindible para una calle central de paso de vehículos. Actividades humanas de
todo tipo, desde empresas de chatarra a cría de caballos, pasando por venta de helados,
panaderías, restaurantes, centros de culto religioso, talleres mecánicos o consumo y
venta de drogas, han tomado el relevo de la antigua trashumancia ganadera. Incluso, el
Ayuntamiento de Madrid ha asfaltado los kilómetros necesarios para el paso de sus
camiones hacia el vertedero de Valdemingómez. En la actualidad, la Cañada Real
presenta un aspecto plenamente urbano, siendo el paso de ganado el último uso que
cabría imaginar. El vial ya sólo conserva el nombre de “cañada” como vestigio de lo
que fue en épocas pasadas.

En marzo de 2011, el parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid ha aprobado
una ley por la que la Cañada Real deja de ser de dominio público y por la que se
establece un plazo de dos años para que ayuntamientos, Comunidad Autónoma y
Delegación del Gobierno negocien con las asociaciones de vecinos un plan social.

Aunque de hecho es un barrio de Madrid, la mayoría de madrileños vive de espaldas a
sus vecinos de la Cañada Real, conociendo ocasionalmente tan solo aspectos parciales o
escasamente representativos por las noticias que muestran los medios de comunicación.
El presente texto reflexiona sobre esta realidad cercana y lejana al mismo tiempo, con
la mirada puesta en la capacidad de sus propios habitantes para participar de forma
articulada y democrática en los cambios que han de venir.
En los márgenes de la capital
Es sorprendente cómo durante décadas puede consolidarse un asentamiento de decenas
de miles de personas a menos de quince kilómetros de la Puerta del Sol, pasando casi
desapercibido para el resto de la población y sin apenas intervención de las diferentes
administraciones.
La ocupación y edificación en las vías pecuarias es un fenómeno común en la península
ibérica, correlativo a la decadencia de la trashumancia, que se acelera en la segunda
mitad del siglo XX.

La Cañada Real Galiana atraviesa de norte a sur la península entre
La Rioja y Ciudad Real con una anchura aproximada de 75 metros. Es a partir de los
años sesenta cuándo se producen las primeras parcelaciones de la misma a la altura de
Coslada y Madrid. Los terrenos que se empiezan a ocupar son dedicados
mayoritariamente a pequeñas huertas, siendo escasa la presencia de viviendas
permanentes.

Hasta mediados de los años setenta la ocupación de la zona se desarrolla pausadamente,
como una fina lluvia apenas perceptible. A partir de esa etapa, en el tramo más
próximo a Coslada y coincidiendo con el crecimiento de este municipio por la
emigración del campo a la ciudad, el número de construcciones aumenta rápidamente,
ejerciendo al mismo tiempo una presión para la expansión de las parcelaciones hacia el
sur de la vía pecuaria, llegando hasta el término municipal de Getafe. En esta etapa
aparecen las primeras asociaciones de vecinos, distribuidas en seis sectores
equivalentes a seis tramos de diferentes longitudes.
Desde los años ochenta se suceden oleadas de nuevos pobladores que, en líneas
generales, atienden a la siguiente cronología: en los años ochenta población gitana
española; en los años noventa y principios de siglo población marroquí y gitana
rumana; de 2005 en adelante población fundamentalmente gitana, expulsada de diversos núcleos chabolistas desmantelados en la Comunidad de Madrid.

El uso de las construcciones para vivienda familiar se intensifica a finales de los años 90 y se
consolida en la década siguiente en un contexto de rápido aumento del precio de los
pisos en el mercado español y la llegada masiva de inmigrantes con escasa capacidad
económica. Desde el año 2004 se instala el núcleo chabolista de “El Gallinero”, a un kilómetro del trazado de la vía pecuaria y sobre terrenos privados. Lo habita población rumana gitana,
sin apenas recursos, con unas condiciones de habitabilidad infrahumanas atenuadas en
parte por la asistencia de voluntarios de la cercana Parroquia de Santo Domingo de la
Calzada, entidades como Fundación Imaginario Social, Asociación El Fanal y Cruz
Roja, además de servicios sociales municipales y autonómicos.
Tolerancia consciente
Hasta la confección y promulgación de la nueva ley de la Cañada Real, confluyen en la
zona diferentes competencias administrativas. La Comunidad de Madrid es la titular del
terreno, gozando de las mayores prerrogativas para recuperar el vial. Los municipios
por dónde discurre la zona poblada de la Cañada (Madrid, Coslada y RivasVaciamadrid) ostentan una competencia residual en materia de disciplina urbanística que, en todo caso, debe contar con la firma de un Convenio específico con la Comunidad de Madrid.

Al no contar con ese acuerdo y, de hecho, estar ejerciendo una
verdadera labor de custodia de la vía pecuaria incurren, presuntamente, en desviación
de poder. Por último, el Gobierno central detenta competencias en materia de
seguridad ciudadana.

En todo este tiempo, la Cañada Real Galiana no ha sido objeto de tratamiento
específico y decidido por ninguna administración, quedando orillada en las diferentes
actuaciones que a lo largo de tantos años se han emprendido en la región (Ley Especial
9/1985 para el Tratamiento de Actuaciones Urbanísticas Ilegales en la Comunidad de
Madrid, Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, Plan General de
Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid de 2003, etc.).

El proceso de transferencia de competencias al gobierno regional tampoco desembocó
en políticas concretas sobre la senda. En 1983 se aprueba el Estatuto de Autonomía de
la Comunidad de Madrid, que otorga a ésta la competencia fundamental en vías
pecuarias. En 1998 se aprueba la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid
que, en su artículo 10, encomienda al gobierno de la región la “recuperación,
ampliación, conservación, mejora, administración, tutela y defensa de las vías pecuarias
cuyo itinerario discurre por su ámbito territorial”. Esta misma ley establecía la
obligación legal, nunca cumplida, de aprobar un Plan de Uso y Gestión que planificase
las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Algunas intervenciones públicas puntuales incluso parecían dar por sentado la
normalización de la zona. Durante años, los municipios de Madrid y de RivasVaciamadrid han girado recibos de la “contribución” (IBI) a muchos de los habitantes.
Con motivo de las obras de infraestructura que atraviesan la vía pecuaria (M-50, M-45,
ampliaciones de la A-3), los ocupantes de las parcelas situadas dentro del trazado
planeado fueron indemnizados generosamente a cambio de su desalojo. Hasta el año
2007 no se tiene constancia de ningún derribo de viviendas que estuviesen habitadas.
Más recientemente, la Confederación Hidrográfica del Tajo indemnizó a varios
ocupantes por el abandono de las parcelas afectadas por las obras de encauzamiento del
arroyo Los Migueles, afluente del Tajo.
En tanto que planes urbanísticos y remodelaciones barriales pasaban de largo sin
detenerse en la Cañada, a partir de finales de los noventa creció un mercado de compraventa informal de parcelas entre primeros ocupantes y nuevos vecinos que, a los pocos
años, vivió su particular boom inmobiliario en paralelo al que se desarrolló en el resto
del país. Este mercado de suelo al margen de registros y notarías propició - en un
tramo aproximado de un kilómetro junto a la A-3 - la instalación de varios clanes de
venta de droga que compraron grandes parcelas a los primeros habitantes a medida que
otros enclaves se iban desmantelando en la región.

En definitiva, hablamos de un prolongado proceso de consolidación de un barrio entero
con la permisividad de las administraciones públicas. Sin esa tolerancia no sería posible
que miles de familias emplearan sus ahorros, incluso con préstamos bancarios
personales, para la compra de terrenos a los antiguos propietarios y la construcción de una vivienda estable. La evidencia de que aquella compra era “normal” la tenían en las
decenas de viviendas de la década de los setenta que nunca han sido perturbadas por
autoridad alguna. Podemos afirmar que, paradójicamente, la inacción de las autoridades
a la hora de aplicar las normas legales ha aportado el grado de seguridad jurídica
necesario para la normalización del comercio de terrenos y viviendas en una franja
terreno de dominio público en la periferia de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid cambia el paso: los expedientes de demolición.
A partir del año 2005 el Ayuntamiento de Madrid comienza, en su término municipal, a
abrir expedientes de demolición de manera sistemática a muchas construcciones,
incluyendo viviendas, de la Cañada Real Galiana. Los expedientes por haber construido
sin licencia sobre una vía pecuaria no afectan a todas las construcciones, ni mucho
menos, pero sí abarca un número considerable.
La decisión significa un verdadero volantazo en la dirección seguida durante décadas, y
los motivos de ese giro, nunca explicados por el consistorio, pueden relacionarse con la
aprobación de los nuevos planes de expansión del municipio (El Cañaveral, Los
Ahijones, Valdecarros, Los Berrocales y Los Cerros) y que lindan con la Cañada Real,
así como la promoción de Madrid como candidata a albergar los Juegos Olímpicos de
2012, primero, y 2016 después.

La respuesta de los vecinos a estos expedientes se produce de forma individualizada, la
mayoría de las veces a través de defensa legal particular que recurre los
procedimientos. En otras ocasiones, sobretodo entre la población inmigrante, se ignoran
las notificaciones en parte por desconocimiento (analfabetismo, dificultades para
entender castellano, menos aún un documento administrativo), en parte por falta de
recursos, y en parte porque, tras décadas de construcción sin molestias, la posibilidad
de derribo aparecía como algo remoto. En otras ocasiones, dada la dificultad de
notificar debidamente al interesado la apertura de un expediente, el Ayuntamiento de
Madrid pone en marcha y ejecuta expedientes de demolición a través de publicaciones
en el Tablón de Anuncios del municipio, hasta el punto de que algún derribo se produce
tras varios años de tramitación sin que se entregara un solo papel a los habitantes de la
vivienda.

Derribos de viviendas habitadas

En torno a 2007 terminan su tramitación administrativa algunos expedientes de
demolición iniciados en 2005, dejando vía libre al Ayuntamiento de Madrid para
solicitar la autorización judicial de entrada en domicilio necesaria para desalojar y
derribar. Tras medio siglo de urbanización consentida de la Cañada Real, el gobierno de
Ruiz-Gallardón, aplica su maquinaria institucional para el derribo de decenas de
viviendas familiares.
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Las demoliciones no contemplan alojamiento alternativo para sus ocupantes, a pesar de
que los principales afectados suelen ser familias inmigrantes o gitanas con escasos
recursos. Los modos en que se producen, con gran despliegue de antidisturbios, actitud
agresiva de los funcionarios, toque de queda durante el derribo para las zonas
adyacentes y pérdida de objetos personales bajo los escombros, parece esconder un
ánimo ejemplarizante. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid actualiza en su página
web cada nuevo derribo, el mismo día en que se produce, conformando un completo
historial de efectividad burocrática.
Amnistía Internacional, en su reciente informe sobre España “Derechos a la
Intemperie” ha denunciado estos derribos por ser contrarios al “Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)”, ratificado por España en
1977, que reconoce el derecho a la vivienda como derecho fundamental, y a los
“Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados
por el Desarrollo” que contienen un sistema garantista de los derechos humanos para
casos de desalojo masivo como el de la Cañada.

La reacción vecinal a las constantes demoliciones de los últimos tres años ha sido hasta
ahora episódica, con movilizaciones puntuales no mantenidas en el tiempo. Las
asociaciones de vecinos existentes tampoco han favorecido la articulación de los
habitantes y los colectivos que intervienen en la zona al estar centrados en la idea de
legalizar sus viviendas, más que en paralizar los derribos. Hasta hace poco albergaban
la esperanza de que, sin hacer mucho ruido, la Comunidad de Madrid aprobaría una ley
con facilidades para la venta de terrenos a los ocupantes, al menos a los más antiguos,
que son precisamente aquellos con más influencia en las asociaciones de vecinos.

La nueva ley de la Cañada Real Galiana.

En la primavera de 2009 se alcanzó un acuerdo entre administraciones para la
elaboración de una ley para la Cañada Real. A los pocos meses, siguiendo la corriente
iniciada por Madrid, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid abrió simultáneamente
más de trescientos expedientes de demolición sobre las construcciones situadas en su
término municipal. Este municipio está gobernado por Izquierda Unida en coalición
con PSOE, lo que explica una política de amagar sin llegar a derribar, que pretende por
un lado contentar a un electorado favorable al desmantelamiento de la Cañada (en
especial electores de los barrios colindantes), y por otro lado no contradecir una
herencia histórica de izquierdas que incluye procesos de movilización vecinal en
barrios humildes de los años setenta y ochenta.
Finalmente, tras dos años de espera y un goteo constante de demoliciones, la Comunidad de Madrid ha aprobado la ley de la Cañada Real Galiana 2/2011, que establece un régimen jurídico específico para la zona. Las dos ideas fundamentales de la norma son la “desafectación” de la vía (deja de ser dominio público), y el establecimiento de un plazo de dos años para que las administraciones implicadas (ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Delegación de Gobierno) suscriban un acuerdo marco que resuelva “todas las cuestiones derivadas de la ocupación,
desafectación y destino de los terrenos, …, dando en todo el proceso participación a
los afectados debidamente representados en asociaciones acreditadas.” (Disposición
Adicional 1ª de la ley). En este punto, la propuesta de los ayuntamientos de Madrid y
Rivas es derribarlo todo para convertirlo en zona verde, algo que podría contentar a una
idea ecológica indiferente ante necesidades sociales urgentes o a un electorado en
posiciones cada vez más conservadoras. Desde colectivos variados han aparecido sin
embargo propuestas más sensatas que no conlleven el desmantelamiento total.

Con esta ley, la Comunidad de Madrid ha conseguido superar el anterior marco legal
que le atribuía las mayores competencias y la colocaba como responsable última. Al
desaparecer legalmente la vía pecuaria, ya no podrá mirarse a la Comunidad para pedir
explicaciones. Además no se hace ninguna alusión a las viviendas ya derribadas ni a los
procedimientos de derribo en curso. Lo único claro en la ley es que la Cañada Real deja
de ser de dominio público (desafectación), el resto de sus contenidos, en especial el
acuerdo marco, están por definir.

Por la construcción colectiva de un barrio
La crisis económica golpea sin contemplaciones a la población de la Cañada Real. El
índice de paro, ya elevado en cualquier barrio, es especialmente alarmante en la zona.
Mucha de la población inmigrante masculina, dedicada hasta hace poco a la
construcción, sin apenas formación, y dificultades para aplicarse en otros sectores. La
imagen que proyectan los medios de comunicación relaciona inseguridad con minorías
étnicas, y reduce aún más las posibilidades de acceso al empleo de la población de la
Cañada. A medida que las prestaciones y subsidios se van agotando las situaciones
personales empiezan a ser dramáticas. Nada de esto impide al Ayuntamiento de Madrid
seguir adelante con sus procedimientos de derribo.
La situación actual llama a la movilización, en primer lugar para defenderse de los
derribos y buscar la solidaridad entre los habitantes, y en segundo lugar para participar
con fuerza propia en el proceso de negociación que, al menos en el papel de la ley, debe
producirse entre vecinos y administraciones. Al contrario de lo que a veces cabe pensar,
la organización de personas con problemas básicos (como el derecho a la vivienda), no
resulta ni mucho menos fácil. Una extendida desconfianza, tras años de penosidades en
un entorno de desinformación, la cultura a veces predominante de “sálvese quién
pueda”, y las diferencias culturales de colectivos llegados de casi todas partes son
obstáculos difíciles de superar. Si en las capas sociales medias y altas se producen
luchas por posiciones de poder, en los sectores precarizados y vulnerables, a falta de
una izquierda comprometida con su causa, los de abajo compiten entre sí o recelan en
un ambiente de gran incertidumbre vital. El resultado es el individualismo, el
crecimiento de la diferencia y la xenofobia.

Con todo, la realidad se empeña en demostrarnos que precisamente en la organización
del descontento reside un potencial liberador aún por destapar. A través de la
cooperación y la movilización sostenida por reivindicaciones justas las anteriores
dificultades son superadas al encontrarse unas personas con otras, al ver su situación
reflejada en su vecino, al reconocerse como semejantes en un proyecto compartido. Lo
que en un contexto de atomización social pueden ser marcadas diferencias de clase,
género, raza o religión, en un proceso colectivo legítimo puede transformarse en
elementos enriquecedores, integradores y movilizadores.
Desde comienzos de 2011, algunos vecinos vienen organizándose en asambleas y
reuniones varias, desarrollando una generosa y difícil labor de encuentro, que empieza

a ver algunos frutos en movilizaciones y expresiones de comunicación social
(fotografías, murales, radio, vídeo, textos, …). Multitud de personas y colectivos con
diferentes vínculos en la Cañada aportan dedicación, análisis y herramientas que sumen
a ese proceso. Tímidamente, aunque con raíces cada vez más profundas, la creatividad,
la alegría, la humanidad comienzan a aflorar y casi de forma natural se está levantando
un barrio nuevo sin necesidad de tirar el que ya había. En una pared cercana a una
vivienda derribada se lee “nosotros sólo llegamos, también aquí hay amores, también
aquí sentimos”. No se olvida el pasado ni se parte de cero, sino que anteriores episodios
y en general toda la memoria de la Cañada se incorpora al presente cargada de nuevos
significados. Poco a poco, gota a gota, el río se va llenando.
Nuevos escenarios
Al calor de las movilizaciones del 15 de mayo, algunos vecinos de la Cañada Real han
estado presentes durante las primeras semanas de protesta en la Puerta del Sol,
apoyando el movimiento y recabando apoyos para la paralización de los derribos de la
zona. La emergencia del movimiento 15-M, capaz de aglutinar muchos descontentos,
ha llenado de esperanzas a miles de personas honestas y luchadoras. Con todas las
cautelas del momento, merece la pena apuntar que una gran parte de su futuro reside en
su capacidad para incorporar múltiples conflictos abiertos en la sociedad de la que ha
surgido.

El miércoles 15 de junio se ha paralizado un desahucio en el barrio de Tetuán con la
presencia más de quinientas personas bloqueando el portal, convocadas por, entre otros,
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Democracia Real Ya, y el movimiento
15M. Algunos habitantes de Cañada Real han acudido para apoyar esa acción y
difundir su propia situación. La apertura del movimiento 15-M a otros frentes sociales,
de manera no instrumental, conduce a multiplicar el movimiento y llenarlo de
reivindicaciones tangibles, con capacidad para hacerlas realidad aquí y ahora.

* Javier Rubio, abogado. Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES)


* Nodo50 - Opinión - 16.06.11

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El 15-M se juega su futuro

PÚBLICO* : Tras un mes de activismo en las calles y con los incidentes de Barcelona aún en la retina, el Movimiento 15-M mide hoy sus fuerzas. Las marchas convocadas por toda España y en el resto de la UE contra los recortes sociales impuestos por Europa bajo el paraguas del Pacto del Euro servirán para calibrar el apoyo ciudadano con el que cuenta. Pero también para ver si es capaz de controlar los brotes violentos como los que ensombrecieron la protesta convocada frente al Parlament de Catalunya el pasado miércoles.
"El 19-J va a ser más importante que lo de Barcelona", resalta el profesor de Ciencia Política de la UNED Jaime Pastor, que sostiene que el movimiento "ha aprendido la lección del traspié" en el Parc de la Ciutadella, como se pudo ver un día después en la concentración pacífica en Les Corts Valencianes, en el debate de investidura de Francisco Camps.
La relevancia de esta jornada se debe al carácter europeo de la convocatoria y a que el movimiento se está dotando de contenidos políticos y sociales, sostiene Pastor. El lema para que la ciudadanía vuelva a tomar las calles reza: "Europa para los ciudadanos y no para los mercados". A lo que añaden su clásica coletilla: "No somos mercancía en manos de políticos y banqueros".
Además, han empezado a funcionar las convocatorias a pequeña escala, desde los barrios. Sólo en Madrid, 104 asambleas de barrio han llamado a la movilización que culminará en las inmediaciones del Congreso de los Diputados.

El riesgo mayor, la violencia

Uno de los riesgos para la supervivencia y el éxito del 15-M es "la violencia", subraya Manuel Jiménez, profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, quien recuerda que algo similar ocurrió a principios de la década pasada con otros movimientos. "Las acciones de desobediencia civil pacífica son muy difíciles de gestionar", señala Jiménez. Unas veces por los medios que se emplean para mantener el orden público. Y otras por la presencia de grupos violentos que aprovechan estas convocatorias para colarse y provocar.

En este sentido, enfatiza la importancia de "no poner en riesgo la integridad física de nadie ni los bienes inmuebles" para que el movimiento preserve apoyo social. Por otro lado, el profesor recuerda que la cultura de protesta en España "ha sido muy pacífica en general". Algo que vincula a la Transición que en cierta medida desmovilizó a la sociedad y a la existencia de ETA.

Lo cierto es que el 15-M está tomando precauciones para que no se repitan incidentes violentos que empañen la jornada. No sólo reiterando una y otra vez su rechazo a la violencia, sino organizando dispositivos ciudadanos para evitar altercados en las marchas.

Los riesgos que entraña la violencia para una estrategia de desobediencia civil pueden verse amplificados, señalan los expertos, por los medios de comunicación. "A veces se llevan a cabo estrategias de criminalización de crear una imagen negativa del movimiento, que puede reducir la base de apoyo y simpatía y, por tanto, limita su capacidad de presión", apunta Jiménez.

Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense, pone de relieve "los intereses" de los medios a la hora de situarse ante el movimiento. "Si piensan que perjudican al Gobierno, le dan cobertura. Y cuando empieza a plantear cosas reales como una sanidad pública, las pensiones o que se acaben los paraísos fiscales, el sistema se asusta, y los medios viven del sistema", critica. Para él uno de los lemas más importantes dice "Mayo del 68, quedaos a un lado, nosotros vamos en serio".

Pastor cree que el éxito del movimiento dependerá, en parte, de la valoración que hacen los medios. "Si los grandes medios, sobre todo la televisión, magnifican los pequeños árboles que impiden ver el bosque, es decir, la protesta frente a la clase política y una salida de la crisis que rechaza, el movimiento saldrá perjudicado", señala. En caso contrario, podrá seguir adelante la estrategia de desobediencia civil.

Los efectos del movimiento
La continuidad del movimiento, según los expertos, está asegurada. De una parte, porque "hay una crisis que está azotando a la gente, que siente la necesidad imperiosa de que se haga algo con los abusos, la corrupción o la crisis", explica Gemma Galdón, investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La indignación de los ciudadanos para quienes el paro, la economía y los políticos son sus tres preocupaciones más importantes, según el CIS existe. Y de ella, en buena medida, se nutre el 15-M. El eje transversal del movimiento es "seguir luchando por el futuro", remarca el profesor y codirector del máster sobre la comunicación en conflictos sociales de la UAB Xavier Giró, que advierte de que una parte de la sociedad respira por la falta de salida ante la crisis.

De hecho, remacha Giró, en Barcelona se observa un intento por ensanchar la base social del movimiento, como continuación del proceso deliberativo, con una doble dirección: "Ha partido de la plaza de Catalunya hacia los ayuntamientos y el Parlament y hacia los barrios".

Para Jiménez, los efectos del 15-M son indudables: "Algunas de las demandas de estos actores empiezan a aparecer en la agenda política". Así, este martes el Congreso debatirá la creación de una subcomisión que estudie "las medidas para profundizar en la democracia", a propuesta de ERC-IU-ICV.

A corto plazo, el profesor también destaca la relevancia del 15-M como "experiencia de socialización" para los más jóvenes, que se han incorporado a estas protestas por primera vez. En cierto modo, contribuirá a ampliar la cultura de protesta en España. De ahí, sentencia Jiménez, "lo importante que es que se controlen los conatos de violencia".


* Público - 19.06.11
Foto: Un indignado porta un cartel del 15-M - publico

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19 de junio: toma la calle contra el pacto del euro

ENRIQUE J.DÍEZ GUTIÉRREZ* : El 19 de Junio se ha convocado a la ciudadanía a tomar pacíficamente las calles, sumando su voz a la de los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea. Bajo el lema "No al Pacto del Euro: Europa para los ciudadanos y no para los mercados", Democracia Real Ya convoca, junto con otras organizaciones y colectivos, movilizaciones para el 19 de junio en la mayoría de las ciudades del estado, ante la amenaza que suponen para el bienestar social de los pueblos los nuevos recortes en los salarios, en las pensiones, en la I+D, en la sanidad y en la educación; así como la eliminación de los servicios sociales, el mayor retraso en la edad de jubilación, la ampliación de los impuestos e injustos reajustes de los salarios a la productividad y la competitividad, previstos en la aplicación del Pacto del Euro, que se considera el mayor atentado socioeconómico e internacional contra los derechos sociales.
El llamado Pacto del Euro consiste en un paquete de medidas acordadas por los diecisiete países que forman la zona euro, que con la excusa de “combatir la crisis y la deuda”, como denuncia el movimiento ATTAC, va a establecer sistemas permanentes de revisión de las pensiones, aumentando la edad de jubilación y reduciendo el importe de las mismas (al ampliar el número de años para su computo); va a avanzar en la definitiva privatización de las Cajas de Ahorro, cuando si algo ha quedado claro en la actual crisis es la necesidad de la existencia de una banca pública capaz de canalizar financiación a empresas y familias en momentos como este, en que la banca privada está asfixiando a consumidores, pequeñas y medianas empresas del país con congelación del crédito.
Entre el 23 y el 27 de junio se ratifica en el Parlamento Europeo este Pacto del Euro, en función del cual se quiere imponer a los países miembros de la UE también la rebaja de los salarios; la individualización de la negociación de los convenios laborales para romper la fuerza de la unión de los trabajadores y trabajadoras; la reducción de los sueldos de los trabajadores públicos para que no sirvan de referencia al alza a los trabajadores del sector privado; la vinculación de los salarios a la productividad y su desvinculación a la subida del IPC.


El Pacto del Euro plantea la reducción de las cotizaciones a la seguridad social que financian las prestaciones cuando estamos de baja por enfermedad, financian las pensiones contributivas, así como el desempleo y la formación profesional. Esta reducción de las cotizaciones a la seguridad social debilita así el sistema público de pensiones y aumenta la regresividad del sistema fiscal puesto que se va a sustituir por impuestos indirectos, aumentando el IVA, que se pagan con independencia del ingreso de los individuos. De esta forma, paga lo mismo el banquero Botin que un parado de larga duración. Además esta estrategia de aumentar impuestos indirectos y reducir los directos y progresivos (IRPF) va contra los principios constitucionales: el principio de capacidad económica que establece que los impuestos deben gravar la economía de las personas según el patrimonio de cada cual, y el de progresividad que nos dice que a mayor renta debe corresponder una mayor cuota fiscal.

El Pacto del Euro supone también la precarización aún más del empleo en Europa, haciéndolo más inseguro y temporal, además de más barato, impulsando las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Parece que no ha sido bastante con la prueba de la absoluta ineficacia en materia de creación de empleo de la última reforma laboral, aprobada por decreto hace casi un año, por el gobierno actual. Además, este Pacto, obliga a reducir los déficit presupuestarios por debajo del 3%, para lo cual se exige reformar el sistema de pensiones buscando “ajustar la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida”, privatizar el sistema sanitario y reducir las prestaciones sociales. Como recuerda ATTAC, la primera economía del mundo, EE.UU. mantiene el déficit público más abultado del planeta, y al contrario que la Unión Europea, viene desarrollando en estos últimos años de crisis una política económica expansiva, con aumento del gasto y la inversión pública como la mejor manera de incentivar el empleo y el crecimiento económico.

Este Pacto del Euro exige también avanzar en los procesos de privatización de las empresas y servicios públicos. Pero, eso sí, pide que la banca esté saneada y para ello los gobiernos tendrán que desviar fondos públicos para “reestructurar las entidades vulnerables, que incluirán soluciones del sector privado” y los detraerán del dinero del desempleo, del estado de bienestar para garantizar la “prestación de apoyo público en caso de necesidad”.

Para reafirmar estas medidas antisociales, el Pacto insta a “traducir en legislación nacional estas normas presupuestarias” con objetivo de garantizar que posean un “carácter vinculante y duradero suficientemente sólido”. De hecho, se propone que se introduzcan en leyes marco o incluso en las propias constituciones. Estas nuevas normas tienen que ser decididas por toda la ciudadanía afectada, no por unos gobiernos que se inclinan de forma servil ante la dictadura de los mercados (la banca internacional y los grandes fondos especulativos). En sintonía con esta demanda clave de Democracia Real Ya, el que haya referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de la ciudadanía y para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea, ya Izquierda Unida viene impulsando desde el mes de marzo la exigencia para que haya un referéndum de cara a que la ciudadanía se pronuncie sobre el ‘Pacto del Euro’. Decidir colectivamente sobre lo que nos afecta tanto como esto es un elemento esencial de la democracia.

Por eso, ante este Pacto del Euro, que no sólo supone el desmontaje efectivo del poco “Estado de Bienestar” que queda ya en Europa y la maximización, una vez más, de los beneficios del sistema bancario y financiero, sino que es profundamente antidemocrático y se puede calificar como un auténtico golpe de estado económico, el Movimiento 15M no quiere permanecer impasible y convoca movilizaciones en todas las ciudades para que la ciudadanía no sigamos siendo mercancía en manos de políticos y banqueros.

Como afirmaba el recientemente fallecido Ernesto Sábato: “estamos a tiempo de revertir esta masacre. Esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso”. El 19-J nuestro compromiso está en tomar la calle.

* Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León.


* Rebelión - opinión - 18.06.11

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