0223/Argentina* : Lo afirmaron vecinos de la anterior y de la actual terminal de ómnibus reclamaron este jueves al intendente Pulti que “deseche” el proyecto elaborado por Emprendimientos Terminal SA para llevar a cabo la puesta en valor del edificio de Alberti y Sarmiento, al resaltar que de la iniciativa es parte el permisionario de la nueva estación, Néstor Otero, a quien acusan de “incumplimientos reiterados” en la explotación del espacio de San Juan y 9 de Julio. Exigen que se le revoque la concesión del lugar. “Somos dos barrios los que estamos sufriendo profundas modificaciones socio-culturales no queridas ni deseadas y que hasta ahora, han sido negativas para ambos por la influencia ejercida por Otero, con cuantiosas pérdidas de fuentes de trabajo y valor de las propiedades”, expresaron.
En las últimas horas, comerciantes y habitantes de la zona de la ex terminal de ómnibus, constituidos en Junta Vecinal, unieron sus reclamos con los de los vecinos de la actual estación: mientras primeros manifiestan su descontento por el estado de abandono en el que quedó el predio de Alberti y Sarmiento, los otros denuncian desde diciembre del 2009 que el barrio se convirtió en un caos. Ambas problemáticas que aquejan a los dos sectores tienen un nombre en común, Néstor Otero, concesionario del nuevo espacio e integrante del grupo empresario Emprendimientos La Terminal, conglomerado económico que junto a otros dos grupos empresariales pugna por quedarse con la remodelación del histórico Edificio Dormal.
De esta manera, Daniel Rubio, Alejandra Rubianes, Horacio Novas y Ana María del Canto, elevaron una carta al intendente Pulti expresándole su “firme oposición a que se le otorgue la remodelación de la ex terminal a la firma Emprendimientos La Terminal SA que posee a Otero como Director Suplente y financista del Arquitecto Gerónimo Mariani”.
Al fundamentar tal postura, los particulares subrayaron la gran cantidad de percances que padecen con el desempeño del empresario “como concesionario de la nueva terminal de ómnibus la cual, a 7 meses de haber sido abierta al público, continúa prestando un servicio deficiente y generando múltiples inconvenientes a los usuarios y vecinos”.
Además, pusieron en consideración el “presente el pedido en curso para que se le revoquen varias de las concesiones que posee por incumplimientos varios de los pliegos de bases y condiciones y a las ordenanzas municipales vigentes”.
En ese orden, los ciudadanos aseveraron que “el Proyecto Mariani-Otero ya era nocivo para los intereses del barrio por el impacto ambiental y socio-económico negativos que provocarán su construcción en etapas (con casi 5 años en obras - sin pagar canon), su enorme cantidad de locales (más de 200), por un local ancla (violatorio de la ley de Grandes Superficies y con destino incierto), dudosa restauración del edificio histórico y escaso o casi nulo espacio para la cultura y la recreación gratuita de nuestros vecinos”, tras lo cual calificaron de “alto riesgo patrimonial, social y cultural, que dicha empresa resulte declarada iniciadora y, peor aún, adjudicataria de la obra” por estimar que “han quedado vulnerados la calidad e idoneidad del posible oferente y también su posible solvencia económica”.
“No podemos correr el riesgo de que el lugar quede abandonado a las resultas de un trámite judicial que le es ajeno. Tampoco podemos correr el riesgo de que la obra quede paralizada por falta de financiamiento o por inhabilitación de su financista. Nuestro patrimonio histórico (declarado como tal), constituido por el Edificio Dormal, podría resultar destruido, máxime cuando esa empresa prevé su restauración recién en la segunda etapa del Proyecto (dentro de 3 años)”, argumentaron.
A su vez, enfatizaron que ambos barrios “ya se encuentran en estado terminal, generado por un traslado anticipado que beneficio solamente a ese señor y daño a cientos de miles de turistas, vecinos de las calles San Juan, 9 de julio, Chaco, Pampa, Misiones, Italia y aledañas de manera permanente”. “Merecíamos mejor suerte”, apuntaron.
En ese orden, puntualizaron que Otero “tampoco cumplió con las promesas que le hizo a los comerciantes del interior de la ex terminal” ya que “ninguno de ellos pudo reubicarse en la nueva estación, y el personal que contrató ya fue despedido al finalizar la temporada. Muchas familias quedaron sin trabajo”.
Y destacaron que “sería un escándalo de nivel nacional que el municipio premie a quien no ha cumplido con los pliegos de otras licitaciones ni con los compromisos locales o de buena vecindad. Nada permite suponer que en este caso lo hará”.
“Otero ya ha declarado que no debe rendirle cuentas a nuestro Concejo Deliberante y que no está obligado a cumplir con nuestras ordenanzas municipales, además de que tampoco ha pagado el canon por el espacio que está usufructuando. Es impensable entregarle otro espacio público. Nosotros exigimos que nuestro nuevo vecino, que tendrá en sus manos la gran transformación urbanística de esta zona, a la cual está irrescindiblemente ligado nuestro futuro, posea antecedentes intachables, compromiso social, sea promotor de la cultura y respetuoso de las leyes que nos permiten vivir en sociedad”, señalaron más adelante.
“Somos dos barrios -dos caras de una misma moneda- los que estamos sufriendo profundas modificaciones socio-culturales no queridas ni deseadas y que hasta ahora, han sido negativas para ambos por la influencia ejercida por el Sr. Otero, con cuantiosas pérdidas de fuentes de trabajo y valor de las propiedades. Por esto le pedimos al Intendente que oiga nuestros reclamos, tome las decisiones adecuadas, deseche el Proyecto Mariani-Otero y apoye el reclamo para que le sea revocada la concesión de la nueva terminal de ómnibus por incumplimientos reiterados”, concluyeron los vecinos.
* 0223.com - 3.06.10
Mar del Plata.- “Sería un escándalo nacional que el municipio premie a quien no ha cumplido con otras licitaciones"
Las condenas por corrupción urbanística se disparan
DIARIOMONTAÑÉS* : En España, ayuntamiento sigue siendo sinónimo de corrupción urbanística. Pese a que la crisis inmobiliaria ha secado la fuente de la que bebían los entes municipales, a través de la gestión del suelo urbanizable, la Justicia no ha dejado de mirar con lupa estas operaciones. De hecho, las condenas por delitos medioambientales vinculados a la ordenación del territorio se han disparado y alcanzaron su techo histórico en 2009. El aumento en un solo año fue del 28%, al pasar de 301 a 386 sanciones, la mayoría de ellas impuestas en municipios costeros, con Andalucía a la cabeza.
El incremento de las condenas por delitos urbanísticos recoge la siembra del ingente volumen de procesos judiciales que actualmente instruyen los tribunales españoles en esta materia. El año pasado había 1.737 casos en trámite y otros 1.729 en fase de diligencias previas, el paso anterior a la judicialización del asunto, según datos de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Aunque hubo sanciones a particulares, la mayor parte de las condenas escondía intereses espurios de lo que se ha venido a denominar «autoridades municipales». Se trata de alcaldes, concejales de urbanismo, técnicos municipales, promotores o arquitectos cuyo nombre aparece ligado a la especulación inmobiliaria y al incumplimiento de las normativas urbanísticas con un único fin: el enriquecimiento ilícito. Las cifras justifican por sí solas el espacio que ocupan en los medios de comunicación las condenas a cargos públicos.
Los delitos más comunes en estas tramas de corrupción son la prevaricación urbanística, la prevaricación genérica, la omisión del deber de perseguir delitos o la falsedad en documento oficial. La Fiscalía especializada destaca la complejidad de perseguir estos tipos delictivos habida cuenta de su singularidad: los órganos que deberían controlar estos excesos son los propios ayuntamientos, que tienen la obligación de hacer las veces de «policía urbanística», como ente que gestiona la recalificación de su propio suelo urbano.
Moratoria
Algunas fiscalías provinciales ya usan como documento marco para sus investigaciones el denominado 'Informe Auken', elaborado por una europarlamentaria danesa en 2009 con la colaboración de plataformas y ciudadanos españoles. El informe no vinculante pedía a las autoridades locales la moratoria de los planes de ordenación urbana que hayan sido reformados sin respetar los criterios medioambientales y criticaba la «excesiva influencia» de los promotores inmobiliarios en las decisiones de las corporaciones.
Precisamente, la Fiscalía de Medio Ambiente denuncia la falta de colaboración de los ayuntamientos y menciona que en lugares como Valencia, Sevilla, Las Palmas o Murcia los principales denunciantes son las gerencias municipales de Urbanismo, los grupos ecologistas, las fuerzas del orden y ciudadanos particulares, lo que genera un mensaje de «impunidad», admite el Ministerio Público.
Otra preocupación creciente es la «inseguridad jurídica y la incertidumbre» que generan algunas decisiones de tribunales en un mismo territorio y ante un delito similar. Ocurre sobre todo en sentencias condenatorias que determinan la demolición de una vivienda que ha sido construida de forma ilegal o el levantamiento de casas prefabricadas en lugares no urbanizables, según denuncia el órgano acusador.
* El Diario Montañés - 4.06.10
Foto: corrupción urbanística, viñeta ayuntamiento
La fiscalía pide 2 años de cárcel para el alcalde de Ceclavín y 10 de inhabilitación
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ELPERIÓDICO/Extremadura* : Dos años de prisión y 10 años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público son las penas que solicita el Ministerio Fiscal para el alcalde de Ceclavín, el socialista Pedro Martín González, al que acusa de un delito continuado de prevaricación urbanística. Para responder de esta imputación, Pedro Martín se sentará el próximo 27 de julio en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal nº1 de Cáceres, donde será juzgado por unos hechos ocurridos entre mayo del 2006 y abril del 2007.
Fue a lo largo de dicho periodo cuando, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el alcalde de Ceclavín habría concedido licencias municipales de obras para la construcción de seis viviendas unifamiliares "a sabiendas de que eran contrarias a las normas urbanísticas, pues expresamente se lo había advertido el técnico municipal en sus informes". Sabía que no podía dar dichas licencias "porque las parcelas de los solicitantes carecían de la condición de solar edificable".
La fiscal delegada de Urbanismo y Medio Ambiente detalla en su escrito de acusación las licencias de obras que Pedro Martín concedió, todas ellas mediante resoluciones de la Alcaldía, y "a sabiendas de su injusticia".
Se trata de las licencias concedidas, por resoluciones de la Alcaldía de fechas 5 de mayo del 2006, y 12 de marzo, 19 de marzo y 7 de abril del 2007 para la construcción, respectivamente, de dos viviendas unifamiliares en la calle Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra (antigua calle Molino), de otra vivienda unifamiliar aislada en la avenida de los Emigrantes, de dos viviendas unifamiliares adosadas en la calle Madrid y de una vivienda unifamiliar con locales en Presidente Rodríguez Ibarra.
Todas ella, se hace constar en el escrito fiscal, las concedió el alcalde de la localidad de Ceclavín "a pesar de que no se había aprobado ni desarrollado la Unidad de Actuación a la que pertenecía el suelo" y, además, "sin contemplar las obligatorias cesiones de suelo", ni "la excepcional obligación de urbanizar simultáneamente" y "sin exigir fianza de ningún tipo" a los solicitantes.
Todas estas resoluciones, se añade, "se dictaron con pleno conocimiento de su contrariedad con el ordenamiento urbanístico", y ocasionaron al ayuntamiento, se estima, un perjuicio patrimonial de algo más de 1,1 millones "como consecuencia de la falta de cesiones obligatorias y gratuitas que debieron asegurarse antes de la concesión de licencias por el acusado".
Este diario intentó ayer contactar con Pedro Martín para conocer su versión de los hechos, pero fue imposible, "pues se encuentra de vacaciones y no estará localizable hasta el próximo día 14", indicaron en el ayuntamiento.
* El Periódico Extremadura - 3.06.10
Foto: Ceclavín (Cáceres), plaza - todopueblos.com
Gondomar.- El fiscal ve al ex edil de Urbanismo como cerebro de la trama y recompensa a los culpables confesos
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FARODEVIGO* : La Fiscalía señala al ex edil de Urbanismo de Gondomar Alejandro Gómez como el cerebro de la supuesta trama para extorsionar a empresarios a cambio de favores urbanísticos. "Intuimos que es la persona más sólida y la cabeza mejor organizada de la trama", aseguró en su alegato final el fiscal, quien también dijo que en el ex edil de Cultura, José Luis Mosquera, Gómez tenía a "un sujeto útil que le resuelve la papeleta de las peticiones".
El ex edil de Urbanismo, que fue expulsado del PP en cuanto se destapó el escándalo, insiste en su inocencia, a diferencia de Mosquera y el arquitecto, Borja Ramilo, que se confiesan culpables de los delitos de cohecho cometidos en el Ayuntamiento de Gondomar entre 2006 y 2007, durante el anterior mandato con gobierno del PP.
Tras quedar visto para sentencia el juicio y a la espera de que el jurado popular emita un veredicto, el fiscal rebajó significativamente su petición de sanciones para el ex concejal de Cultura y el arquitecto vigués. La razón, colaboraron con la justicia al confesar y aportar datos importantes para las diligencias.
Las multas que el representante del ministerio fiscal pide para Alejandro Gómez, también registran una reducción importante, aunque por otros motivos. Los testimonios recogidos durante la vista oral demuestran que los sobornos requeridos por los ediles sumaban 540.000 euros y no 960.000 como apuntaba el escrito de acusación.
La novia de Mosquera, Belén Fernández, es la mejor parada, pues el fiscal le retira la acusación por falta de pruebas de su participación en el asunto. Su pareja, José Luis Mosquera, en cambio se enfrenta a multas que suman 135.000 euros, una cantidad muy inferior a los 1,9 millones que la Fiscalía solicitaba en un principio. La petición para Borja Ramilo se queda en un total de 70.500 euros frente a los 585.000 de la inicial.
En el caso de Gómez, las sanciones que reclama el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, alcanzan los 1,08 millones de euros, casi menos de la mitad que la primera, de 1,9 millones. A todos ellos, les mantiene la misma solicitud de inhabilitación para ostentar cargo público: de dos años para los ex concejales y de cinco meses para el arquitecto, que no podrá trabajar en obra pública durante ese período. Además, los tres cumplirían un máximo de un año de arresto domiciliario en caso de no afrontar los pagos.
Este significativo descuento en la punición responde a un acuerdo entre los abogados de Mosquera y Ramilo y el fiscal. Pero el pacto alcanzado entre las partes no impide que el representante del ministerio público mantenga el contenido de sus acusaciones. Su conclusión final se sustenta en las pruebas, las confesiones y las grabaciones de imagen y de voz, además de los testimonios de promotores extorsionados, del empresario que actuó como cebo y de los guardias civiles de la investigación.
Los defensores de los acusados también expusieron sus conclusiones tras cuatro días de vista oral. Pese a aceptar la calificación fiscal, Fernando Rubianes, el abogado del ex concejal de Cultura, apuntó a un reparto claro de papeles en la trama. "Alejandro llevaba la parte técnica y Mosquera, la parte del dinero, de la discusión con los promotores", recalcó.
También se mostró de acuerdo con la Fiscalía el letrado del urbanista que actuó como intermediario entre concejales y promotores, Alberto Muñoz. No obstante, el abogado insistió en que su defendido cometió el error de "ser un torpe utilizado. No tuvo la hombría de decir que no. Es el cándido, utilizado por todos", manifestó en un discurso en que echaba en falta más acusados. "Aquí no son todos los que están, ni están todos los que son", sugirió en posible referencia a los promotores que, al igual que Borja Ramilo, no denunciaron la trama corrupta en cuanto la conocieron.
El alegato más extenso fue el de Lorenzo Cuervo, defensor del antiguo edil de Urbanismo. Aseguró que su cliente es inocente y que no existen pruebas contra él porque apenas aparece en las grabaciones. Además, trató de demostrar que la investigación se puso en marcha para desbancar al PP del gobierno de Gondomar, dado que se acercaban las elecciones municipales. En este sentido, recordó que el denunciante que se prestó a colaborar como cebo en la operación policial perteneció a Esquerda Galega. El letrado intentó desacreditar la investigación policial y volvió a calificar las escuchas de ilegales. La clave, en su última frase: "Como un albañil que sabe de la obra, no tiene por qué saber que un compañero roba ladrillos aunque esté allí".
Los últimos en dirigirse al jurado fueron el propio Borja Ramilo y Alejandro Gómez . El arquitecto, que tuvo que abandonar los juzgados casi en volandas preso del nerviosismo, aseguró que en el transcurso de su trabajo apareció una situación (propuesta de extorsión) que tuvo que transmitir a sus clientes, "y en ellos descansé la responsabilidad". "Os juro por mi mujer –garantizó– que creí que Manuel Rodríguez [el "gancho"] iba a decir que no pagaba. Pero cuando este caballero me dice que todo estaba arreglado... Yo hice la táctica del avestruz. Me quise desentender y les dije que en mi despacho no". El ex concejal de Urbanismo fue más breve: "Soy inocente. Lo único que hice en esos años fue trabajar para que todos los vecinos de Gondomar pudiesen vivir en mejores condiciones".
"Si alguien mete la mano en la caja no tiene futuro en el PP", avisa su líder
El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que tomará medidas en el PP de Pontevedra si se demuestra la relación de alguno de sus miembros con la supuesta trama de corrupción urbanística en Gondomar (Pontevedra), aunque manifestó su "absoluta tranquilidad" al respecto.
"Por supuesto", sentenció, al ser preguntado por si actuará contra miembros de su partido en Pontevedra si hay pruebas de su vinculación con el caso, e insistió en que "nadie puede enriquecerse en nombre el PP". "Queremos que se aclare el caso a fondo y si alguien metió la mano en la caja no tendrá futuro en el PP", garantizó.
En todo caso, el líder popular subrayó que el presidente del PP pontevedrés, Rafael Louzán, ha sido "claro" en sus declaraciones sobre los datos que se han hecho públicos en el transcurso del juicio.
En este escenario, recordó que uno de los ex ediles implicados en la supuesta trama era independiente y que el otro, que sí militaba en las filas populares, fue expulsado del partido, que se personó en la causa.
* Faro de Vigo - 4.06.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
El ex gerente del consejo del Maresme se lucró con un pelotazo de Pretoria
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ELPAÍS/Barcelona* : El caso Pretoria sigue salpicando a políticos y cargos de confianza. Xavier Surinyach, ex gerente del Consejo Comarcal del Maresme, nombrado por CiU, y hasta enero gerente de la empresa de urbanismo de Tordera (Maresme), se embolsó 380.686,15 euros a raíz de un pelotazo en Sant Andreu de Llavaneres, una de las tres grandes operaciones que investiga la Audiencia Nacional. Para ello, Surinyach se asoció con el presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi.
Según el sumario, la operación urbanística proporcionó a Niesma Corporación, administrada por Luigi, unas plusvalías de 3,44 millones de euros en solo 22 meses con la compraventa de unos terrenos del municipio. El informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario señala que Luigi recurrió a la sociedad holandesa Ard-Choille y al ex gerente del Consejo Comarcal del Maresme Francesc Xavier Surinyach, que participó en la operación a través de su hijo Jaume Surinyach, que en esa época estaba cobrando un subsidio de paro. Jaume Surinyach fue imputado en 2006 por blanqueo de capitales y fraude fiscal.
El pelotazo se produjo, en tiempo casi récord, gracias a la supuesta intervención del socialista Antonio Jiménez, entonces concejal de Sant Andreu de Llavaneres e imputado en la causa. El edil, según la instrucción, modificó el plan de urbanismo para aumentar el número de viviendas que podían construirse en esos terrenos con el fin de que se revalorizaran enseguida.
Surinyach, a través de su hijo, acudió primero a una ampliación de capital por 35.000 euros en Niesma. Posteriormente, aportó 555.000 euros, que le reportaron, una vez concluida la operación, 380.686,15 euros de beneficio.Tras la ampliación de capital, las aportaciones significativas se realizaron a través de préstamos participativos, es decir, créditos que dan derecho a parte de los beneficios de la empresa. Según el sumario, tres empresas de Luigi -City Actividades Inmobiliarias, Sanur Construcciones y Construcciones Edisan- sumaban el 50% de las participaciones de la sociedad, Ard Choille tenía el 33,3%, y el hijo de Xavier Surinyach el 16,7%.
En la compraventa del inmueble intervinieron, además, dos ex altos cargos de Jordi Pujol, ambos imputados: el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el urbanista Genís Carbó. Prenafeta, a través de su sociedad Poliafers, SA, cobró una comisión de 389.456 euros más IVA por intermediar entre Luigi y la sociedad que adquirió los terrenos, Proyecto Inmobiliario Valiant. Sin embargo, la Agencia Tributaria pone en duda que Prenafeta intermediara pese a ese cobro, puesto que la persona que contactó con la empresa compradora y gestionó la operación fue el propio Luigi.
Los investigadores que seguían el rastro de la operación se sorprendieron cuando descubrieron quién era la persona que había ganado tanto dinero en tan poco tiempo: un joven de 24 años que estaba cobrando el paro. "Resulta evidente que, con los recursos económicos con los que cuenta, no podía asumir los importes correspondientes a su inversión en Niesma", detalla un informe de la Agencia Tributaria.
Con las investigaciones más adelantadas, la respuesta se hizo evidente: "Si bien es Jaime [por Jaume] quien suscribe la ampliación de capital de Niesma por un importe de 35.000 euros", quien otorga los "créditos participativos subsiguientes no es él, sino su padre". Xavier Surinyach incluyó luego los beneficios obtenidos en la declaración de la renta de 2005.
Ayer este diario intentó contactar, sin éxito, con Xavier Surinyach, que aparece mencionado en varias conversaciones registradas por la Guardia Civil a Luigi. Un portavoz del Ayuntamiento de Tordera, gobernado por CiU y ERC, explicó que Surinyach se jubiló el pasado mes de enero, tras dejar su cargo de gerente de la empresa de urbanismo. En esa sociedad recaló cuando CiU perdió el consejo comarcal, que fue a manos del PSC, ERC e ICV-EUiA. Surinyach pasó entonces a desempeñar un cargo de confianza en el Consistorio de Tordera, gobernado por CiU.
La federación nacionalista ayer no pudo concretar si Surinyach es militante del partido. Fuentes del PSC de Tordera, en la oposición, afirmaron que la sociedad pública está en disolución.
La operación
- Niesma Corporación compró las fincas de Sant Andreu de Llavaneres por 6,28 millones de euros en 2004.
- Luigi consiguió, según el sumario, que el concejal de Urbanismo, Antonio Jiménez, elevara el número de viviendas que se podían construir en la zona.
- Niesma Corporación vendió en octubre de 2005 las fincas a Proyecto Inmobiliario Valiant por 9,73 millones de euros.
- Surinyach acudió a una ampliación de capital por 35.000 euros y posteriormente aportó 550.000 euros a través de préstamos participativos, con lo que se hizo con un 16,7% de Niesma Corporación.
- El ex gerente de urbanismo de Tordera obtuvo unos beneficios de 380.686,15 euros tras la venta de las parcelas de Llavaneres.
* ELPAIS.com - 4.06.10
Foto: Promoción inmobiliaria en los terrenos de la Operación Niesma, en Sant Andreu de Llavaneres.- elpais.com
A Coruña.- La Unesco advirtió al Concello sobre las humedades cuando concedió el galardón
LAOPINIÓN* : Cuando la Unesco decidió el año pasado distinguir a la Torre de Hércules como patrimonio de la humanidad le hizo cuatro advertencias al Ejecutivo municipal si en un futuro quería ahorrarse el mal trago de ver peligrar el título. Una de ellas hacía referencia a las humedades y filtraciones de agua observadas por los técnicos de Icomos cuando evaluaron la candidatura, y que han sido denunciadas recientemente de nuevo por los empleados de la empresa que se encarga de las tareas de portería y recepción en el monumento.
La Unesco recomendó al Gobierno local que se esforzara en solucionar los problemas derivados de las humedades en las paredes del faro, bien mediante la instalación de pantallas protectoras o en su defecto mejorando las condiciones de ventilación en el interior del monumento. Hasta el momento, ni el Concello ni la Autoridad Portuaria, como propietaria de la Torre, han tomado las medidas encaminadas a resolver este problema, como lo demuestra el hecho de que actualmente pueden observarse humedades dentro del faro.
El Ayuntamiento, sin embargo, sí ha tratado de solucionar otras de las debilidades apuntadas por la Unesco, como la carencia de un plan director para el monumento, que según la Concejalía de Promoción Económica y Turismo estará listo en breve. La amenaza de la presión urbanística continúa en el horizonte hasta que el Ayuntamiento decida qué hacer con la urbanización de seis edificios en el Agra de San Amaro, a quinientos metros de la Torre.
* La Opinión A Coruña - 3.06.10
Foto: A Coruña, entorno Torre Hércules - laopinioncoruna.es
Un total de 178 viviendas en Santa Cruz de Tenerife quedan fuera de ordenación
20MINUTOS* : El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado a conocer que de las 498 solicitudes presentadas por los ciudadanos en las oficinas de Distrito (Ofra-Costa Sur, Salud-La Salle y Centro), un total de 320 se encuentran dentro de los parámetros urbanísticos conforme a lo establecido por el documento de revisión del Plan General de Ordenación (PGO) y otras 178 se encuentran fuera de ordenación por razón de altura, según ha adelantado en un comunicado la corporación local.
De las 103 consultas realizadas en el Distrito Salud-La Salle, un 88,35 por ciento de las mismas se encuentran dentro de ordenación, mientras que sólo el 11,65 por ciento excede del número máximo de plantas permitidas por el PGO.
Por otro lado, de las 97 peticiones de información tramitadas en el Distrito Ofra-Costa Sur, un 85,5 por ciento se corresponden a viviendas dentro de ordenación, mientras que el 14,43 por ciento estarían fuera de ordenación.
En el Distrito Centro se realizaron un total de 298 consultas, de las que un 48,66 por ciento presentan parámetros urbanísticos conformes a lo establecido en la normativa y el 51,34 por ciento excede en el número de alturas permitidas y están fuera de ordenación.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de un servicio coordinado desde la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), en colaboración con estos tres distritos del municipio, comenzó el pasado 27 de enero a atender a los vecinos sobre el estado de sus viviendas en relación con el PGO.
Un equipo de especialistas, formado por seis arquitectos, respondió desde esa fecha y hasta el pasado 25 de abril a todas las peticiones de información requeridas en los mencionados distritos. Del mismo modo, los vecinos pudieron solicitar un informe sobre la situación de su vivienda de forma gratuita.
* 20 Minutos - EP - 3.06.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
Tres promotores aseguran que la trama de Gondomar les exigía dinero
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LAVOZ/Pontevedra* : Socios de tres promociones inmobiliarias proyectadas en Gondomar fueron ayer claros al asegurar en la tercera jornada del juicio que se sigue por corrupción urbanística en dicha villa que desde el Ayuntamiento, gobernado por el PP, se les reclamó dinero para propiciar el desarrollo de sus urbanizaciones. «El arquitecto me comentó que pedían dinero», dijo desde Valencia por videoconferencia un buscador de terrenos para grandes superficies comerciales, que en una de las llamadas intervenidas por la Guardia Civil llegó a admitir que «vamos a colaborar, pero no ahora, que no hay nada, podemos hacer una promesa de palabra de honor, nada más».
Una situación similar fue expuesta ante el tribunal por un propietario de terrenos de Gondomar que planificaba un área de viviendas. «Borja -en alusión al arquitecto imputado que iba a desarrollar los tres proyectos objeto de extorsión- me dijo que había que pagar», exigencia que aseguró también le expresó después en persona el concejal de Cultura, José Luis Mosquera. «Él quiere 30 [millones de pesetas] y ya está», se pudo oír decir al arquitecto en una de las conversaciones grabadas entre el arquitecto y el promotor, que no negó en ella la posibilidad de pagar.
Pero todavía más concluyente para evidenciar la existencia de la trama resultó la intervención de Manuel Rodríguez, un promotor vigués que se prestó a denunciar la extorsión que sufría la empresa de unos amigos que iba a hacer una urbanización en Gondomar. Rodríguez contó sus conversaciones con el arquitecto, en las que el profesional le transmitía las peticiones de fondos, y los encuentros que tuvo con Mosquera. Este fue incluso grabado por el mismo con una cámara botón instalada en su chaqueta por la Guardia Civil. El vídeo, mostrado a la sala, da cuenta del regateo que empezó en 270.000 euros y acabó en 210.000.
Rodríguez fue claro al recalcar que Mosquera y el edil de Urbanismo, Alejandro Gómez «funcionaban como una piña, como una pareja de hecho», pero la apreciación no pudo pasar ayer del terreno de las intuiciones. Gómez fue inculpado por su compañero, señalado incluso como cerebro de la operación por él. Pero nadie, ni el arquitecto, pudo afirmar que el edil de Urbanismo pidiera dinero. Solo aparece en dos de las más de 50 grabaciones telefónicas realizadas por la Guardia Civil. Una sin un fin ilícito claro y la otra como una voz de fondo, que él mantuvo en la vista no reconocer como propia. La investigación policial no tiene dudas, sin embargo, de que Gómez era parte del equipo, pero el jurado puede tener difícil apoyarse en pruebas para lograr su condena.
* La Voz de Galicia - 3.06.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
Castellón.- El juez propone sentar a Fabra ante un jurado por cohecho y fraude fiscal
ELPAÍS* : Tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda pública. El actual titular del Juzgado nº1 de Nules (Castellón), Jacobo Pin, considera que ya existen indicios suficientes de que el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, ha cometido estos presuntos delitos. Por ello, ha optado por dar por concluida la fase de instrucción y transformar las diligencias en un procedimiento que podría concluir en un juicio con jurado. De esta manera, el juez confirma la tesis expuesta por los letrados de la acusación popular, José Luis Vera y Virgilio Latorre, que en representación de la Unión de Consumidores (UCE) ya plantearon en su querella de personación que el procesamiento debería realizarse con jurado.
El auto dictado por el juez apenas hace hincapié en los presuntos delitos cometidos por Fabra, que hace dos meses delegó sus funciones para ser sometido a un transplante de hígado. El auto indica que los hechos "serían constitutivos, en principio, y sin perjuicio de ulterior calificación, de delitos de cohecho y tráfico de influencias". Por ellos, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juez imputa a 13 personas, entre las que se encuentran Carlos Fabra, su esposa (María Amparo Fernández), el empresario que les denunció (Vicente Vilar) y la ex esposa de este (Monserrat Vives). Si la imputación se limitara a estos delitos, no habría ninguna duda de que la competencia del procesamiento sería de un jurado. Sin embargo, el juez estima que en el caso de Fabra y Fernández se han de sumar otros delitos "contra la Hacienda Pública". No en vano, el informe pericial realizado por inspectores de Hacienda sostiene que entre ambos cometieron nueve presuntos delitos fiscales y que la cantidad que dejaron de ingresar en las arcas públicas fue de 1,7 millones de euros. En cualquier caso, el juez deja la puerta abierta sobre esta imputación, ya que entre los delitos contra la Hacienda pública no solo se encuentra el fraude fiscal sino también el blanqueo de dinero.
El próximo día 25 se celebrará la vista para concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir que se practiquen nuevas diligencias de investigación.
Tanto este auto como el que determine si Carlos Fabra se sienta en el banquillo, en el caso de que así lo decida el juez, podrán ser recurridos. Aún así, y dada la diligencia que ha mostrado el noveno juez que participa en la instrucción del caso, el presidente de la Diputación de Castellón podría sentarse en el banquillo antes de que acabe el año. Ayer la dirección nacional del PP no quiso valorar la decisión judicial.
* ELPAIS.com - 2.06.10
Foto: Castellón, el presidente de la Diputación, Carlos Fabra - elpais.com
El TSXG anula el PERI para construir 350 pisos en Cangas por falta de suelo para vivienda protegida
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FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) da un duro varapalo a la Unidad de Actuación nº5 de Cangas, al estimar el recurso contencioso interpuesto por cuatro vecinos propietarios de terrenos en el denominado polígono contra el acuerdo de 26 de enero de 2007 por el pleno del Concello de Cangas, por el que se otorgó licencia definitiva al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la mencionada zona. El TSXG anula el acto administrativo por ser contrario a derecho. La actuación urbanística pretendía construir en la zona de Altamira la urbanización más grande de O Morrazo, con la construcción de 350 viviendas y abarca una superficie de 35.000 metros cuadrados, con una inversión de 19 millones de euros.
El tribunal fundamenta la anulación del acuerdo municipal en que se incumple la obligación legal de reserva de suelo para viviendas de protección pública, que tenía que alcanzar el 20% de la edificabilidad residencial de cada sector. El Concello de Cangas, a través de un informe elaborado por el jefe de Urbanismo, Alfonso Marnotes, en la época en la que gobernaba en el Concello el Partido Popular, entendía que "compre sinalar que o mandato do artigo 55.3 da LOUGA para que os plans xerais efectúen unha reserva de vivenda protexida só ten efecto para aqueles que se tramiten a partires da súa entrada en vigor, e o certo é que Cangas non dispón de planeamento xeral adaptado á LOUGA".
Sin embargo, el TSXG rechaza los demás argumentos de los demandantes, que consideraban que el proyecto no había sido sometido al trámite de impacto ambiental, que no cuenta con el informe exigido por la Ley General de Telecomunicaciones y su delimitación de polígonos incumple lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 9/2002, entre otras. "Ni la clasificación, naturaleza y ubicación del suelo, ni la extensión del ámbito afectado por el PERI, revelan como inadecuado o insuficiente el estudio de sostenibilidad ambiental que contiene. Y lo mismo hay que decir sobre lo que alega la codemandada respecto de la denunciada infracción de la ley 9/2002, pues no consta en el PERI que el suelo con destino residencial supere la relación: 0,825 metros cuadrado/metro cuadrado. y sí se respeta el límite de sostenibilidad que impone el artículo 46 de la citada ley para un municipio con la población que tiene Cangas".
También señala que la existencia de un único proyecto de urbanización no constituye la infracción de una norma imperativa ni es un obstáculo insalvable para la ejecución de los polígonos, "ya que evidentemente la relación entre ambos tiene que estar siempre contemplada, al igual que lo que ocurre con la que ha de establecerse con los terrenos exteriores al ámbito. En cuanto a los otros incumplimientos que la parte actora denuncia, la previsión de que estudios de detalle puedan completar o redefinir la red viaria interior de acceso, a los edificios, no puede decidirse que vaya contra lo establecido en el artículo 73.1 de la Ley 9/2002, ya que no es clara la equivalencia entre vías de uso público y acceso a entradas a los garajes.. En todo caso será al redactar los estudios de detalle cuando se podrán comprobar si sus determinaciones infringen dicho precepto". La sentencia no es firme, ya que cabe recurso de casación.
La Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Número 5 podría solicitar ahora una indemnización al Concello de Cangas, como consecuencia de la aprobación del PERI, que permitió seguir el proceso de esta urbanización.
* Faro de Vigo - 2.06.10
Foto: Cangas (Pontevedra) - farodevigo.es
Valencia.- Aumentan las quejas al Síndic por el urbanismo y el medio ambiente
ELPAÍS* : Las quejas de los ciudadanos por los problemas en la aplicación de la ley de Dependencia, bien por la demora en la tramitación de solicitudes, bien por la denegación de las ayudas, volvieron a ser en 2009, con diferencia, las más frecuentes, según el informe que el Síndic de Greuges, José Cholbi, entregó ayer a la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. Sin embargo, estas quejas se han reducido prácticamente a la mitad en relación con el año anterior, al pasar de 1.864 en 2008 a 948 en 2009. En cambio, frente a ese "importante descenso", se ha producido "un relevante incremento" de las quejas formuladas en otras materias, como medio ambiente, sanidad, hacienda pública y urbanismo, de manera que apenas se ha producido una reducción en el cómputo global, que pasa de 3.927 en 2008 a 3.647 en 2009.
En lo que afecta al urbanismo, el informe señala que "a pesar de que ya no se aprueban y desarrollan tantos proyectos urbanísticos como en años anteriores, el número de quejas no ha disminuido". Además, "la crisis económica sí que ha incrementado el número de quejas presentadas por personas que no tienen vivienda", que han pasado de 83 a 119. La Sindicatura advierte, por ello, del "desajuste" entre la oferta de viviendas de promoción pública y la demanda social, en un momento en que aumenta el número de personas que no pueden acceder a un piso o han sido desahuciadas del que ocupaban.
"A pesar de la crisis inmobiliaria, el urbanismo que pide la sociedad valenciana ha de responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, ha de minimizar el impacto del crecimiento irracional y ha de fomentar la regeneración de la ciudad existente", recomienda el Síndic en su informe, que, por otra parte, plantea que los ayuntamientos eviten la "consolidación de construcciones ilegales". Para ello, incluso propone medidas como el corte del suministro de agua y luz a este tipo de construcciones. La falta de información urbanística o el retraso en conseguirla y "el complicado y conflictivo tema de la ejecución y desarrollo de los planes urbanísticos" han suscitado también numerosas quejas.
La contaminación acústica, las licencias de actividad de industrias contaminantes o la ubicación de parques eólicos son otros aspectos de los que se quejaron los ciudadanos en 2009 en relación con el medio ambiente.
En el apartado de sanidad, las listas de espera, las infraestructuras sanitarias y la falta de respuesta a las reclamaciones fueron las quejas más habituales, mientras que la modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles, los impuestos sobre vehículos y las tasas municipales constituyeron el grueso de las quejas relacionadas con la hacienda pública.
Si el total de quejas recibidas por la Sindicatura de Greuges fue de 3.647, de las cuales 20 se incoaron de oficio, la Oficina de Atención Ciudadana de la institución atendió 6.662 consultas frente a las 6.172 del año 2008. Ese incremento, según el Síndic, no hay que interpretarlo como un "empeoramiento del funcionamiento de las administraciones públicas valencianas" sino como una demostración de la confianza creciente en la institución que recoge sus problemas. Cholbi señala, finalmente, que "por primera vez, y sin cambiar los criterios de valoración establecidos" no se destaca ninguna Administración hostil.
* ELPAIS.com - 2.06.10
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net
Un promotor, acusado de destruir el patrimonio histórico de Vélez Málaga
LAOPINIÓN* : La Fiscalía de Málaga pide, en su escrito de conclusiones provisionales, dos años de cárcel y una multa de dieciséis meses con una cuota diaria de 15 euros para un promotor que destruyó supuestamente restos arqueológicos en una parcela de Vélez Málaga. En este suelo se había previsto la construcción de cinco viviendas. La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía aprobó dos resoluciones los días 19 de marzo y 12 de junio de 2007 por las que se concedieron sendas autorizaciones, provisional y definitiva, «para la actividad arqueológica urgente de excavación» en un inmueble ubicado en la calle San Francisco de Vélez Málaga.
El representante legal de la promotora que debía construir en este solar fue el encargado de solicitar los permisos. La empresa trabajaba con dos compañías aseguradoras, explica la Fiscalía.
«El solar se encuentra ubicado en el barrio del Arroyo de San Sebastián, dentro del Centro Histórico de Vélez Málaga, y se proyectaba la construcción de cinco viviendas», añade el acusador público.
Conclusiones arqueológicas
La arqueóloga de una empresa privada dirigió las excavaciones. Ésta presentó, el 2 de enero de 2008, una memoria preliminar de la actividad arqueológica en la parcela. Se habían encontrado «restos prehistóricos y de las épocas medieval, moderna y contemporánea». La mercantil propuso una serie de medidas, entre las que destacaba la necesidad de controlar «el movimiento de tierras» durante la fase de ejecución de las obras proyectadas.
El 2 de julio de 2008, los servicios técnicos de arqueología, pertenecientes a la Delegación de Cultura de la Junta, «giraron una inspección en la que comprobaron que se había producido el vaciado integral del solar». Asimismo, siempre según la acusación pública, se construyó «la cimentación del inmueble sin control arqueológico alguno».
Como consecuencia de todo ello, se eliminaron totalmente los restos, lo que provocó «la imposibilidad de localizar otros nuevos correspondientes a niveles prehistóricos de ocupación».
Los daños se produjeron «al haber realizado voluntariamente el acusado, conocedor de las circunstancias expuestas y asumiendo las consecuencias que su conducta generaría, un movimiento o remoción de tierras en la parcela». Ello propició la eliminación «irreversible» del patrimonio arqueológico existente en ese suelo, «causando la pérdida de información histórica y de su interés científico». El fiscal califica de «irreparable» la destrucción de este material.
Calificación
«La conducta deliberada efectuada por el acusado ocasionó unos daños al patrimonio histórico no inferiores a 10.000 euros», recalca el ministerio fiscal.
Los hechos han sido calificados como un presunto delito sobre el patrimonio histórico. Además de los dos años de cárcel y la multa de dieciséis meses con una cuota diaria de 15 euros, la acusación reclama que el encausado indemnice, por vía de responsabilidad civil, a la Consejería de Cultura en la cantidad de 10.000 euros.
* La Opinión Málaga - 2.06.10
Foto: Imagen del Casco Histórico de Vélez Málaga.- laopiniondemalaga.es
Gürtel en lucha - Forges
Viñeta: Forges, Gürtel en lucha - 2.06.10, elpais.com
Barberá recalificará el estadio del Levante para que salde sus deudas
ELPAÍS/Valencia* : La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, y el presidente del Levante, Francisco Catalán, han firmado hoy un protocolo de intenciones con el propósito de recalificar el estadio, de modo que el club pueda hacer frente a sus deudas con la venta del solar como suelo residencial. El Levante declaró el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) el año pasado y arrastra una deuda de 90 millones de euros, según ha confirmado el presidente del club.
Esta es la segunda ocasión en que el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, acuerda una operación urbanística pensada para superar las dificultades financieras de un club de fútbol. Ya lo hizo con el Valencia CF, al reclasificar la parcela del viejo Mestalla para edificar viviendas y otro terreno en la avenida de las Cortes Valencianas para construir el nuevo estadio. La gestión de Juan Soler y la crisis echaron por tierra las expectativas millonarias del doble pelotazo: el suelo de Mestalla está por vender y el nuevo estadio a medias. Ahora es el Levante el que avanza en una solución similar.
La parcela que ocupa el estadio Ciudad de Valencia y su aledaños es de 24.749 metros cuadrados y se recalificará para uso residencial y equipamientos públicos, a través de un convenio urbanístico que "siempre estará dentro de los parámetros urbanísticos de la zona, ya que hay que dar un trato similar al de otros clubes de la ciudad", según ha recalcado la alcaldesa. Este documento permitirá al club presentar un plan de viabilidad y de pagos con garantías ante sus acreedores a finales de julio. "Hay que saldar la deuda y cuando se llegue a ese momento ya se hablará de otros grandes retos, como será recuperar la casa que perderemos. Ese día hay que estar con el contador a cero y con números azules en lugar de rojos", ha apuntado Catalán. El presidente del Levante ha recordado que la deuda de la entidad es de "90 millones de euros y hay cinco años por delante para hacerle frente". "Hay que llegar con una posición de club más estable y fuerte", como primer reto, ha añadido.
Los dirigentes del Levante no descartan jugar en el campo del Valencia mientras construyen su nuevo estadio, según han confirmado durante la firma del protocolo. "Lo que no se puede es empezar construir el estadio sin tener los recursos necesarios para hacerlo", ha advertido Catalán.
La nueva casa granota tendrá un aforo de entre 12.000 y 15.000 espectadores. "No sabemos dónde irá el nuevo estadio, ahora mismo no es una necesidad saberlo, cuando se tengan los recursos se vendrá al Ayuntamiento para decir lo que se quiere hacer. Ahora hay que trabajar para presentar una propuesta interesante", ha explicado. El Levante, al que el Ayuntamiento ha dado largas durante meses para cerrar una operación que se produce cuando el club tiene muchas posibilidades de regresar a Primera, presentará todos los documentos urbanísticos necesarios para su posterior aprobación. El club todavía no ha sondeado el mercado para vender el solar. "Hay que ir paso a paso, la venta del solar será la salvación del Levante y permitirá hacer frente a las obligaciones. Esa etapa se iniciará en octubre y será uno de los grandes retos del consejo de administración", ha subrayado el dirigente granota.
Barberá, por su parte, ha dejado claro que el nuevo estadio "lo financiará el club y lo podrá utilizar el Ayuntamiento de Valencia dentro de sus necesidades generales". "Queremos que siga teniendo una vida fructífera y feliz otros cien años más. Espero que suban a Primera División", ha deseado.
* ELPAIS.com - 31.05.10
Foto: Valencia, estadio del Levante - elmundo.es
Monforte del Cid.- El TSJ anula el polígono de Walaig con más de la mitad del proyecto urbanizado
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INFORMACIÓN/Alicante* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha dado la razón a Sepes -Entidad Estatal de Suelo dependiente del Ministerio de Vivienda- al anular el Programa de Actuación Integrada (PAI) del polígono industrial de Walaig aprobado por el Ayuntamiento de Monforte así como la adjudicación de las obras de urbanización a la firma Intersa Levante por 24,3 millones de euros. La vulneración de los principios de publicidad y concurrencia dispuestos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas es la razón en la que ha fundamentado su decisión el TSJ.
Una medida que afecta al centenar de empresas que ya han reservado suelo en Walaig y especialmente a la firma Azkar, que en febrero anunció su intención de instalar su centro logístico provincial en una manzana de 51.000 metros dentro de esta nueva zona industrial pegada a la autovía de Madrid y de 1,5 millones de metros cuadrados.
Esta sentencia es la tercera decisión judicial sobre este asunto que da la razón a Sepes. Ya en 2007, el Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Alicante declaró nulo el PAI aprobado en 2006 por el pleno del Ayuntamiento, -en el que el PP goza de mayoría absoluta-, condenando al Consistorio por no respetar los acuerdos previos.
El Ayuntamiento recurrió el fallo pero con idéntico resultado. Ahora, por tercera vez y de forma inapelable dado que contra esta sentencia no cabe recurso, la Justicia da la razón a Sepes y declara nulos tanto la aprobación del PAI como la adjudicación de las obras.
El director general de Sepes, Félix Arias, ha subrayado la importancia de este fallo judicial que anula la decisión municipal de desistir unilateralmente de los convenios previos firmados con Sepes.
Stop a la venta de parcelas
Las obras de urbanización comenzaron hace dos años y ahora que están a un 60% de ejecución podrían paralizarse ya que Sepes tiene previsto solicitar la ejecución inmediata de la sentencia. También ha recurrido el Proyecto de Reparcelación del PAI y estudia ahora pedir cautelarmente la anotación preventiva de la sentencia en dicho proceso, lo que supondría de facto la paralización de cualquier proceso de venta de parcelas. A pesar de ello, Arias quiere abrir un proceso negociador con el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo que garantice el desarrollo del polígono y no retrase su puesta en funcionamiento en exceso con el objetivo de facilitar la creación de empleo y crecimiento económico en el Vinalopó. En 2001, fue Sepes la que, de acuerdo con el Ayuntamiento, propuso el desarrollo de la actuación (casi en su totalidad, terrenos que eran propiedad del Estado) en un proceso que terminó en 2003 con la aprobación del proyecto por la Comisión Territorial de Urbanismo. Pero en 2004, el Ayuntamiento ignoró los acuerdos existentes y convocó un concurso para la ejecución de la obra, iniciando unilateralmente un proceso urbanístico que, como han venido señalando la Justicia, no se ajustó a derecho.
* Información - 2.06.10
Foto: Las obras en el polígono Walaig de Monforte se encontraban paradas en la tarde de ayer.- diarioinformacion.com
La Fiscalía reclama dos años de cárcel al ex alcalde de Cómpeta
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MÁLAGAHOY* : El ex alcalde de Cómpeta Leovigildo López Cerezo (PP), se enfrenta a una petición de dos años de prisión y diez de inhabilitación por un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio porque en 2007 el Pleno municipal que él presidía aprobó dos proyectos de actuación urbanística que permitieron levantar dos chalés en un suelo que la Fiscalía de Málaga considera que no era urbanizable.
En ambos casos se trataba de parcelas ubicadas en una zona conocida como Las Esparragueras y, según el escrito de acusación emitido por el fiscal, la Junta de Andalucía se había pronunciado en contra de los dos proyectos urbanísticos al entender que no estaban vinculados a explotaciones agrícolas ni ganaderas. Sin embargo, el 27 de abril de aquel año, es decir, sólo un mes antes de que se celebraran las elecciones municipales en las que ya no concurrió López Cerezo, el Pleno de Cómpeta les dio luz verde.
Junto a López Cerezo están acusados Joaquín Carmelo Ruiz, José Arroyo y María Kupers, entonces concejales del Partido Popular que votaron a favor de la edificación en las fincas. La Fiscalía reclama para cada uno dos años de prisión y 10 de inhabilitación para cargos públicos.
Además, han sido encausados la secretaria municipal María Yolanda Navarro y el asesor jurídico Carlos García a los que el Ministerio Público también por un presunto delito de prevaricación urbanística por los que el fiscal solicita un año y tres meses de prisión y una década de inhabilitación. Mientras que al asesor técnico Emilio Álvarez le atribuye este mismo delito pero con carácter continuado y pide una condena de diez años de cárcel, además de 10 años de suspensión para cargos públicos.
El primer proyecto de actuación lo solicitó un particular en mayo de 2004 para edificar una casa en Las Esparragueras. Al tratarse, según el fiscal, de suelo no urbanizable era preciso tramitar un proyecto de actuación que justificara la futura vivienda a fines agrícolas, forestales o ganaderos y acreditara que no induciría a la creación de un nuevo asentamiento residencial. Sin embargo, el técnico Emilio Álvarez emitió en febrero de 2007 un informe en el que afirmaba que desconocía la existencia de un texto legal o norma que especificara los criterios con los que debía acreditarse el fin agrícola, mientras que el asesor jurídico Carlos García aportaba otro informe expresivo de la inexistencia de inconvenientes para que se aprobara el proyecto urbanístico.
Aunque ese mes la Junta informó desfavorablemente, el Pleno aprobó el proyecto el 27 de abril , a un mes de las elecciones, gracias a que los técnicos realizaron "una interpretación torcida y convenida de la normativa urbanística ignorando de manera voluntaria las causas que debían impedir la aprobación del proyecto de Actuación".
En la segunda vivienda la tramitación del proyecto de actuación urbanística fue prácticamente idéntico. La única diferencia estriba en que la licencia de obras de la primera casa fue avalada por el técnico Emilio Álvarez y la de la segunda por este asesor y por la secretaria municipal, María Yolanda Navarro.
En los dos casos, además, se da la circunstancia de que la licencia de obras fue expedida con posterioridad por el actual alcalde de Cómpeta, José Luis Torres, antiguo párroco del pueblo, que no figura entre los imputados en el procedimiento.
* Málaga Hoy - 1.06.10
Foto: Cómpeta (Málaga) - buscarural.com
El Tribunal Superior prohíbe construir en el área urbana de Oia
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LAVOZDEGALICIA* : Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado parcialmente y de manera indirecta las actuales normas subsidiarias vigentes en el Ayuntamiento de Oia. El fallo tumba dos licencias concedidas por el gobierno local en la zona urbana de Oia en el año 2007 al carecer de cobertura legal por no existir en esta localidad un servicio municipal de abastecimiento de agua.
El alcalde, Alejandro Rodríguez, ha dejado de esta manera de conceder licencias en los cascos urbanos de Santa María, Viladesuso-Serrallo y Mougás Porto, según reconoció en el último pleno ante una pregunta del portavoz socialista, José Antonio Olmedo. Cualquier permiso municipal de obras en estas áreas podría ser también anulado por los tribunales ante cualquier denuncia urbanística y los regidores locales podrían incurrir en un posible delito de prevaricación si las concedieran.
Más de la mitad de la población del municipio reside en estas zonas del término municipal, que de esta forma ven que hasta que el Ayuntamiento no pueda prestar este servicio básico no podrán construir en ninguna parcela que sea edificable.
La denuncia partió de Residencial Monasterio de Oia, que acudió a los tribunales cuando el gobierno local autorizó la creación de dos viviendas dentro del ámbito que esta empresa pretendía urbanizar como zona residencial con el futuro Plan Xeral, dentro de su iniciativa para la puesta en valor de la antigua abadía cisterciense.
Los dueños del monasterio objetaron que la ley de bases de régimen local no permite otorgar licencias sin la existencia de un servicio de agua municipal. Las áreas urbanas de Oia disponen de traídas vecinales, puesto que son los propios vecinos los que han acabado organizándose por su cuenta para procurarse un servicio que el Ayuntamiento no presta.
El portavoz socialista Olmedo apremió a las autoridades locales a buscar una solución a esta carencia, que no dudó en calificar como «sangrante», puesto que Oia es el único ayuntamiento de toda la provincia de Pontevedra que no dispone de un servicio municipal de aguas.
El edil de la oposición requirió a las autoridades locales que por lo menos el Concello proceda a municipalizar la traída de Mougás-Porto, concedida en su día a una comunidad de aguas, para desbloquear el planeamiento en este área. También requirió Olmedo al alcalde que demande a las administraciones competentes inversiones para sacar al municipio de su atraso. Por su parte, el regidor de Oia, Alejandro Rodríguez, del PP, afirmó que están realizando gestiones desde el Ayuntamiento. Manifestó en el pleno que la semana pasada se puso en contacto con la presidenta de Augas de Galicia, quien le informó que han desestimado un antiguo proyecto para traer agua potable desde el río Miño por A Guarda.
La Consellería de Medio Ambiente plantea en cambio realizar una inversión de cinco millones de euros para crear una traída municipal independiente en Oia para todas las parroquias que capte el agua de los montes del municipio, según informó el alcalde.
* La Voz de Galicia - 1.06.10
Foto: Oia (Pontevedra), vista - lavozdegalicia.es
Murcia: La protesta vecinal salva un jardín donde se proyecta hacer una rotonda
LAOPINIÓN* : Vecinos de El Palmar se echaron ayer por la mañana a la calle en protesta por la construcción de una rotonda en el cruce de esta pedanía, en la avenida Primero de Mayo, con la carretera de La Alberca, que tiene previsto ejecutar el ayuntamiento de Murcia y que supondrá desmantelar el jardín de la calle Sagrado Corazón, contiguo al colegio público José Antonio y uno de las zonas verdes más antiguas de la localidad.
El Ayuntamiento, que en principio desoyó a los vecinos, se apresuró ayer a responder que el proyecto será modificado para salvar el jardín.
Los vecinos han recogido casi 500 firmas, en menos de 24 horas, contra este proyecto con las que quieren denunciar también la falta de información por parte de los regidores municipales. Los vecinos que se han manifestado tuvieron conocimiento de estas obras, proyectadas por la concejalía de Circulación, el pasado 24 de mayo cuando los residentes del edificio Barbus vieron a unos operarios trabajando en la zona y pensaron que estaban reparando alguna avería. Posteriormente, se dieron cuenta de que su intención era desmantelar el jardín. El encargado de las obras les dijo que iban a hacer una rotonda y que se vería afectado el jardín, las palmeras y los árboles.
Los vecinos contactaron con el alcalde pedáneo, Diego López, que, según afirman, no sabía nada, y requirieron información a la concejalía de Urbanismo. Tras un periplo por distintos departamentos municipales, no lograron que ningún responsable del Ayuntamiento les diera una explicación. Así comenzaron a recoger firmas y a movilizar a los perjudicados que ayer se echaron a la calle para que se paralice esta obra de la que no se puso el preceptivo cartel anunciador porque a la empresa que hace los trabajos se le olvidó encargarlo, según afirman los vecinos en el escrito que acompañan las rúbricas recogidas. La construcción de la rotonda también invade la calle Sagrado Corazón, donde los coches casi rozan los portales de las viviendas.
* La Opinión Murcia - 1.06.10
Foto: Un momento de la concentración vecinal de protesta que tuvo lugar ayer por la mañana - laopiniondemurcia.es
Benidorm aprueba 23 torres de hasta 29 alturas
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ELPAÍS/Alicante* : El pleno de Benidorm aprobó ayer definitivamente el plan parcial Armanello, donde está prevista la construcción de casi 4.000 viviendas en 23 torres de hasta 29 alturas (la máxima permitida en la zona), repartidas en 532.000 metros cuadrados ubicados tras la línea de construcción actual de la playa de Levante, en la que fue la zona de huerta de la ciudad. También se construirá un gran parque urbano público.
El plan fue adjudicado provisionalmente en julio de 2001 a Enrique Ortiz, aunque ha permanecido bloqueado varios años debido a un rosario de pleitos y contenciosos ya solventados que, tras la aprobación de ayer, dejan el camino expedito a la próxima publicación en el DOCV de su ordenación pormenorizada tras haber subsanado el urbanizador todas las deficiencias detectadas por los técnicos municipales.
Por el camino han quedado 12 recursos y una querella contra Ortiz, además de un cambio de agente urbanizador en noviembre de 2004 a favor de Armanello Milenium. La mercantil que urbanizará el sector se creó en 2002, con posterioridad a serle adjudicada la urbanización a Enrique Ortiz, y su accionariado está compartido por Inmovist (también de Ortiz) y Urbanismo Mare Nostrum (participada por Ballester), otra de las mercantiles que compitió para obtener la adjudicación, aunque se allanó tras alcanzar un acuerdo con Ortiz.
El concejal de Urbanismo, Jaime Llinares, confía en comenzar las obras antes de final de año, dado que les consta que el urbanizador "tiene los avales necesarios para acometer la reparcelación".
* ELPAIS.com - 1.06.10
Foto: Benidorm (Alicante) - burbuja.info
La necesidad de una profunda revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía
IGNACIO RODRÍGUEZ, JOSÉ A.GARCÍA Y RAFAEL LEÓN* : Las crisis socioeconómicas actuales, provocadas siempre por la irresponsabilidad y avaricia desmedida de los que manejan los mercados financieros, con la connivencia de un poder político que no tiene la valentía necesaria para enfrentarse al criminal capital especulativo y sus actos, nunca dejan de constituir situaciones indeseables por venir a perjudicar a un amplio espectro de la sociedad, los que menos tienen, en beneficio de los acaparadores y usureros. No obstante, también las crisis, al mermar considerablemente los recursos de los Estados, suponen una excelente oportunidad para optimizar el uso y destino de esos recursos con el objetivo de ir avanzando hacia una mayor sostenibilidad en lo social, lo económico, lo ambiental y lo territorial. Y esto es así de un modo relevante en el ámbito de actuación de las infraestructuras de transporte.
La crisis socioeconómica que atraviesa y condiciona el desarrollo del PISTA, cumplida la mitad de su periodo de vigencia, entendemos debe dar lugar a una revisión en profundidad de sus propuestas, priorizando aquellas actuaciones que desde la sostenibilidad ya eran razonables, pero que con el actual panorama presupuestario y financiero, ya se antojan como inexcusables.
El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía actualmente vigente, pese a su nombre, no contribuye en nada al avance de esa sostenibilidad global mencionada. Un plan que dilapida inversiones para potenciar los modos de transporte más contaminantes, más devoradores de territorio, menos eficientes energéticamente y menos igualitarios y justos en lo social, jamás debería haber contenido en su denominación la palabra sostenibilidad.
Hoy, la crisis, la menor capacidad financiera de lo público, exigen que se proceda, con valentía, responsabilidad y vocación de servicio público, a dar un giro radical a las políticas y actuaciones contempladas en el PISTA para, reduciendo y optimizando el destino de sus inversiones ir configurando ese sistema de transporte sostenible que Andalucía necesita y que los grandes problemas ambientales globales, como el del cambio climático, requieren. Para enfrentar esos problemas y configurar un sistema de transporte sostenible para nuestra Comunidad Autónoma es preciso de una vez por todas dar al ferrocarril el papel que le corresponde, que no es otro que el de columna vertebral del sistema. Es preciso poner en marcha políticas de ordenación del territorio y urbanísticas que, en lugar de favorecer la movilidad, se centren en crear proximidad y accesibilidad para propiciar un incremento notable del número y porcentajes de los desplazamientos a pie y en bicicleta. Y es preciso establecer restricciones que obliguen a reducir ostensiblemente el número de desplazamientos en coche, en beneficio del transporte colectivo.
En relación con lo anterior no deja de ser asunto baladí el hecho de la absoluta dependencia externa de Andalucía con respecto al abastecimiento de combustibles fósiles y, por tanto, las incertidumbres y riesgos que ello supone en cuanto a la fluctuación de los precios del crudo y un posible desabastecimiento en un el futuro que se antoja como no a muy largo plazo. Como tampoco lo es el tema de las emisiones de CO2 y otros gases nocivos a la atmósfera que se maximizan de manera indeseable con el actual modelo de transporte de la Comunidad Autónoma y unas políticas de transporte continuistas en este sentido.
El PISTA, en su diagnóstico, señala con nitidez la ineficiencia de un sistema de transporte, el andaluz, centrado la hipertrofia de carreteras y más carreteras de gran capacidad, de ferrocarriles destinados al tráfico exclusivo de viajeros y con trenes de alta velocidad, de puertos marítimos sobredimensionados y de aeropuertos ineficaces y sin rentabilidad alguna. Y a pesar de ello, posteriormente, abunda en proponer más y más infraestructuras de las anteriormente criticadas, infraestructuras completamente obsoletas y anacrónicas desde el punto de vista de un modelo de transporte sostenible. Un modelo de transporte que ha venido propiciado desde que comenzara a dar sus primeros pasos el Gobierno Autonómico, con la potenciación de políticas de infraestructuras de transporte dirigidas casi exclusivamente a fomentar nodos de relación, abandonando a su suerte al resto del territorio, con lo que podríamos estar dirigiéndonos en Andalucía hacia la consolidación de lo que el profesor Pedro Arrojo denominó hace tiempo como el “modelo argelino”.
Por tanto, para propiciar ese giro radical que la nueva situación requiere, como objetivo general es preciso centrar las inversiones en infraestructuras de transporte en la potenciación del ferrocarril, estableciendo al tiempo una moratoria para las infraestructuras que potencian el uso del coche, así como de otros modos de transporte ineficientes y faltos de rentabilidad, en especial la construcción de nuevos aeropuertos o la ampliación de los existentes.
No obstante, el modelo ferroviario que una Andalucía sostenible necesita, se aleja considerablemente de los postulados que al respecto recoge el PISTA. En este sentido, y en cuanto a la interconexión de los Centros Subregionales andaluces, llama la atención el provincianismo y papanatismo del planteamiento de unirlos todos mediante AVE, algo por otra parte falso, ya que tras “el todo AVE” se oculta un ferrocarril de altas prestaciones y características normales que no es el AVE de los 300-350 km/h. Este ferrocarril normal, en el desarrollo tecnológico actual y por tanto a costes adecuados y asumibles, alcanza velocidades medias de 165 km/h, permite sin dificultad alguna y sin grandes gastos de mantenimiento la explotación de las líneas en tráfico mixto, y logra un mayor beneficio económico, ambiental y social de las inversiones. Construir una línea ferroviaria para tráfico mixto, personas y mercancías, necesita un pequeño incremento de inversión, en torno al 10-15%, respecto a lo que costaría si se diseñara para tráfico exclusivo de personas, pero si una línea construida para tráfico mixto, dada su robustez, permite todo tipo de explotación ferroviaria, una infraestructura construida para tráfico exclusivo de personas, dada su fragilidad, necesitaría una reinversión del 25 al 30%, más el inconveniente que supondría la realización de nuevas obras, si se tuviera que destinar posteriormente al tráfico de mercancías o al tráfico mixto.
Por tanto, la revisión del PISTA en materia ferroviaria, precisa que la interconexión de los Centros Subregionales andaluces se realice mediante un ferrocarril mixto para mercancías y viajeros que alcance velocidades medias de aproximadamente 165 Km/h, extendiendo esta medida a líneas actualmente no contempladas entre las de altas prestaciones como las de Huelva-Zafra-Badajoz, Linares-Baeza-Moreda, Córdoba-Badajoz, Tocina-Badajoz y la conexión con el Levante. Así mismo resulta imprescindible un impulso decidido a las cercanías ferroviarias en las grandes aglomeraciones urbanas. Y, a un más largo plazo, la conexión Bahía de Cádiz-Bahía de Algeciras, y la conexión con el corredor mediterráneo desde Algeciras hasta Almería.
Y es también necesario que todas estas líneas dispongan de una amplia variedad y flexibilidad de servicios de modo que propicien no sólo la conexión de los Centros subregionales, sino también la de cuantas más estaciones intermedias mejor (junto a servicios que sólo conecten a lo largo de todo el trayecto esos centros subregionales, otros que sin tener que cubrir el trayecto al completo, conecten estaciones intermedias entre esos nodos subregionales). Por otra parte, para lograr el objetivo de que todos los habitantes de Andalucía tengan acceso a un buen servicio ferroviario, no basta con que todos ellos se encuentren a menos de una hora de una estación del ferrocarril, tal y como propone el PISTA para Andalucía, sino que es preciso también que éste, vía política tarifaria, sea competitivo en lo relativo a sus costes para el usuario en relación con el uso de coche privado.
En cuanto a la red viaria de carreteras, y dentro de esa moratoria ya mencionada, es preciso abandonar, entre otros, el proyecto de autovía Huelva-Badajoz-Lisboa, así como plantear alternativas diferentes al desdoble de la A-4 entre Jerez y Dos Hermanas, aprovechando el potencial de la actual autopista, rescatando la actual concesión administrativa que merma su utilización por los usuarios. Asimismo resulta imprescindible abandonar el proyecto de la Conexión Sur Metropolitana de Huelva.
* Ignacio Rodríguez García, José Antonio García Cebrián y Rafael León Rodríguez; Portavoz de Obras Públicas, Secretario y Asesor, respectivamente, del Grupo parlamanterio de IU LV-CA en Andalucia.
* Rebelión - 30.05.10
