,+inundaciones+-+pizarra.es.JPG)
ABC/Andalucía* : El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha cuestionado el valor del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones de la Agencia Andaluza del Agua y la catalogación de la situación de riesgo en numerosos que estableció, ya que, según dijo, la planificación urbanística desarrollada en la última década, «ha elevado enormemente el nivel de riesgo determinado en su día».
De este modo, según recoge el Defensor del Pueblo en su informe «Ordenación del territorio y urbanismo en los informes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz», consultado por Europa Press, el «aumento de riesgo ante inundaciones» experimentado en aquellos puntos señalados como más sensible por dicho Plan de Prevención a causa del crecimiento urbanístico hace que nos cuestionemos «qué valor hay que darle a esta catalogación, que, además, está desactualizada».
Reproches
Chamizo reprocha que, a pesar de que hoy en día se cuenta con tecnología más precisa, como la tecnología Lidar, para delimitar las zona inundables con mayor detalle, cuando se formuló esta Plan «ya se pudieron hacer unos análisis rigurosos y serios y elaborar propuestas de medidas para evitarlos».
En este sentido, recrimina que con la normativa en vigor desde hace años, gran parte del desarrollo urbano de muchos de los municipios de Andalucía «no debió de aprobarse en los términos en que se ha venido contemplando en los respectivos Planes Generales de Ordenación Urbana por suponer «la invasión y desvío de cauces de ríos u ocupación de terrenos inundables».
Ahora, la institución del Defensor del Pueblo elaborará un nuevo estudio sobre el riesgo de inundaciones en Andalucía y la incidencia que en ésta tiene la planificación urbanística cuando pase el temporal que en estos momentos afecta a la comunidad, ya que éste es un tema que «preocupa especialmente» al organismo.
* ABC - 2.03.10
Foto: Pizarra (Málaga), inundaciones - pizarra.es
Chamizo dice que el urbanismo de estos años devalúa el plan de inundaciones
Los vecinos de Andújar reclaman la demolición de la presa de Marmolejo
ELMUNDO/Jaén* : Más de 1.000 personas -unas dos mil, según los convocantes- se han manifestado por las calles de Andújar reclamando la demolición de las presas de Marmolejo, Los Batanes y Villalba a las que consideran "auténticas culpables" de las inundaciones que se han producido en esta zona ribereña del Guadalquivir y que han obligado al desalojo de centenares de personas.
Los vecinos afectados en estas dos localidades y los de las pedanías de Llanos del Sotillo, La Ropera, La Isla y los polígonos industriales también han reivindicado la limpieza del cauce del río para evitar nuevos daños a viviendas y cultivos, así como la actuación urgente en la evolución de los daños sufridos en viviendas, terrenos cultivables y naves industriales.
La protesta ha partido del puente romano de la localidad iliturgitana para finalizar en la plaza del Ayuntamiento, donde se ha procedido a la lectura de un manifiesto. La plataforma en Defensa del Guadalquivir, convocante de esta marcha, ha recordado que la situación de estas poblaciones se está denunciando a las administraciones desde el año 1993, cuando quedaron anegadas dos pedanías de esta comarca jiennense.Tras 17 años, la situación de incertidumbre no sólo permanece sino que se ha agravado con la crecida del cauce registrada durante estos días.
"Vivir en pa
Durante la marcha los vecinos reclamaban el derecho a "seguir viviendo en nuestras casas y nuestras tierras". Al frente de la protesta, José Conde, quien se ha dirigido a los participantes para reconocer a través de los altavoces que "estamos pasando las de Caín" al tiempo que ha pedido reiteradamente "que quiten la presa de una vez por todas y nos dejen vivir en paz".
La manifestación ha estado encabezada por el alcalde de Andújar, Jesús Estrella; el secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez; el presidente de la Cámara de Comercio, Eduardo Criado; el portavoz de la plataforma, Luis Salas y los alcaldes pedáneos de las poblaciones afectadas. En el transcurso de la marcha, el regidor iliturgitano ha subrayado que "la presa de Marmolejo es un riesgo permanente que hay que demoler y tirar para evitar que el pueblo de Andújar sienta miedo ante un posible desbordamiento del río".
Por su parte, Luis Salas ha dicho que los vecinos son conscientes del nivel de los pantanos y el peligro que puede volver a originarse en caso de nuevas precipitaciones. por lo que ha pedido una intervención urgente. Además, los terrenos inundados con zonas que acumulan "hasta doce metros de barro".
La alcaldesa pedánea de Llanos del Sotillo, Trinidad Lorenzo, ha indicado que actualmente las familias afectadas se están incorporando a sus viviendas aunque aún existen dos calles especialmente afectadas y cinco familias alojadas en un hotel cercano a la población.
* EL Mundo - 1.03.10
Foto: Andújar - turismoruralenjaen.com
Una tubería arroja aguas fecales junto a la mayor playa de La Vila desde hace años
INFORMACIÓN/Alicante* : Un "emisario submarino" o tubería de desagüe ubicada a escasos metros de la zona derecha de la desembocadura del río Amadorio de La Vila Joiosa, a unos 500 metros de su playa Centro (la más amplia del municipio), vierte de forma irregular aguas fecales y pluviales justo en el borde marítimo desde hace más de dos décadas.
Así lo confirmaron fuentes del Departamento de Costas después de que se personaran en el lugar representantes del grupo ecologista Xoriguer, alertados por una demanda vecinal sobre la existencia de maquinaria pesada en la zona, donde reabrieron la pasada semana una zanja para desatascar la salida de la tubería, además de sustituir la tapa metálica de su alcantarillado.
Las obras han sacado a la luz la presencia del citado aliviadero, que según explicó el representante ecologista Jaume Vaello, "pasa desapercibido visualmente a los transeúntes pero se nota fácilmente por los olores desprendidos, más en los momentos en que se pone en marcha, ya que arroja directamente al mar todo lo imaginable, como compresas, plásticos o excrementos, sin que pasen por ningún tratamiento".
Estos restos se podían apreciar visualmente a ambos lados del "emisario", y llegan hasta allí desde "la estación de bombeo cercana en los momentos en que tiene algún problema o avería", según fuentes del Departamento de Costas, que confirmaron que esta situación "ya ha sido avisada por informes" hace tiempo, sin que hasta la fecha "se haya podido hacer nada".
Esa estación de bombeo, ubicada en la zona denominada "La Antoneta", a unos 500 metros de la desembocadura del río en dirección al núcleo urbano, es la encargada de impulsar a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de La Vila las aguas fecales de la zona de Puntes del Moro y Poble Nou de la localidad.
El "emisario submarino" finaliza a menos de 50 metros de viviendas habitadas, justo al borde de una playa de cantos rodados, lo que supone que aun cuando expulsa sólo aguas residuales (depuradas) incumpla la directiva europea que establece la distancia que debe tener este tipo de tuberías entre la línea de la costa y el mar (25 metros de profundidad y una longitud mínima de 500 metros).
Informes
Por ello, el Grupo Ecologista Xoriguer presentó el sábado (por registro en el Ayuntamiento y por correo certificado a Costas), una solicitud para que ambas administraciones informen sobre las autorizaciones y trabajos concedidos para los trabajos realizados en ese lugar, y una solución definitiva al colector. El edil de Medio Ambiente, José María Béjar, afirmó ayer que hoy mismo buscará dicho escrito y dará orden de que "se investigue lo que está pasando", para que "si procede", desde el Ayuntamiento se tomen medidas para "exigir a Costas que arregle la situación".
* Información - 1.03.10
Foto: El aliviadero está al borde del mar, frente a viviendas habitadas y a escasos metros de la desembocadura del río - R. LÓPEZ, diarioinformacion.com
Los vecinos de Carabanchel "condenan" a los parquímetros
MADRIDIARIO* : Los 'antiparquímetros' han colocado a las máquinas un traje de rayas negras y blancas, un gorro a juego y una bola de preso, junto a un cartel con la palabra "ilegal". Cada vez que terminaban de ataviar a uno de ellos, brindaban con sidra, según ha explicado a Efe el presidente de la Asociación de Vecinos Carabanchel Alto-Plataforma PAU Carabanchel, Pedro Casas.
Medio centenar de vecinos de Carabanchel Alto han celebrado este domingo el cuarto aniversario de su lucha contra los parquímetros vistiendo con ropa de preso estos aparatos, a los que han colocado la careta de "Alberto Ruiz-Vampirón".
Los vecinos han adornado "los ocho o nueve parquímetros que funcionan" en esa zona, ya que "otros ocho o nueve" están estropeados, ha apuntado el presidente vecinal. El 1 de marzo de 2006, el Ayuntamiento extendió el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a 21 nuevos barrios y varios cascos históricos de los distritos periféricos de la ciudad, lo que originó una rebelión vecinal que abanderaron el distrito de Fuencarral-El Pardo, en el norte de la ciudad, y el de Carabanchel, en el sur, aunque pronto se unieron afectados de Hortaleza y Villa de Vallecas.
Cuatro año después, los 'antiparquímetros' de Carabanchel celebran que la "resistencia vecinal se ha mantenido" y que todavía están dispuestos a luchar para que los parquímetros se retiren de las zonas en que, a su juicio, "no son necesarios" y sin embargo "causan un grave perjuicio a vecinos y comerciantes". "Vamos a seguir con esta pelea absurda y ridícula que nos ha impuesto este alcalde prepotente", ha aseverado este domingo el presidente de la asociación de vecinos.
Pedro Casas ha recordado que la celebración coincide además con el primer caso, dado este año, de anulación de una multa (que le impusieron a él mismo), en virtud de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaraba nula la extensión del SER del 1 de marzo de 2006.
* Madridiario - 1.03.10
Foto: Carabanchel - Kike Rincón, madridiario.es
Varapalo judicial a los planes de regularización
DIARIODECÁDIZ* : El Tribunal Constitucional (TC) acaba de fallar que no se puede suspender la ejecución de una sentencia firme de derribo de una edificación ilegal por el mero hecho de que se vayan a acometer cambios en la normativa urbanística del municipio en el que se emplace que legalizarían lo construido. El Constitucional se pronuncia así en una sentencia sobre una construcción radicada en el municipio de Siero, en Asturias.
El Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJPA) había decidido suspender la ejecución de una sentencia de derribo dictada en 2001 contra una vivienda porque el Ayuntamiento de Siero le había informado de que estaba tramitando una reforma de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que podía legalizarla.
En ese caso, el TSJPA entendió que, aunque la sentencia había sido declarada firme por el Tribunal Supremo, era conveniente otorgarse un plazo para examinar si la situación legal de esa vivienda podía cambiar con la futura reforma del PGOU del municipio asturiano.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional sostiene que esa medida vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de quien denunció una irregularidad urbanística, obtuvo una sentencia que le dio la razón en sus planeamientos y pidió que se hiciera cumplir.
Sin duda, se trata de una importante sentencia del Tribunal Constitucional que sienta una jurisprudencia que en la provincia de Cádiz va a tener gran repercusión. No en vano tanto en Chiclana como en El Puerto hay numerosas viviendas ilegales pendientes de regularización con modificaciones futuras en sus planeamientos municipales. Y en el segundo caso, en término portuense en no pocos casos anteriores mandatarios municipales habrían otorgado hasta decretos de legalización basándose en un futuro PGOU aún no aprobado.
* Diario de Cádiz - 1.03.10
Foto: PENDIENTES DE TRÁMITE. En la imagen, una vista aérea de las viviendas ilegales de El Puerto. / LA VOZ
La Fiscalía de Cataluña dobla las diligencias por delitos urbanísticos
ELMUNDO* : Una mayor eficacia. Ésta fue la principal razón de la fiscal jefe de la Fiscalía Superior de Cataluña, Teresa Compte, para crear un grupo especial dentro del Ministerio Público que persiguiese los delitos urbanísticos y contra el Patrimonio Histórico. El de urbanismo no fue el único fiscal específico creado por Compte cuando fue nombrada máxima responsable de la Fiscalía catalana, también existe la figura por delitos económicos o medio ambiente, pero sí que es uno de los que más trabajo tuvo durante el año pasado y las primeras semanas de 2010.
Según datos aportados a este diario, la Fiscalía contra delitos urbanísticos, coordinada por el fiscal Antoni Pelegrín, abrió el año pasado 61 diligencias de investigación en la provincia de Barcelona. La cifra dobla las 27 que se abrieron en 2008 o las 23 de 2007. Una de las razones del aumento de este tipo de investigaciones es el acceso a los atestados del Cos d'Agents Rurals sobre construcciones ilegales en espacios protegidos o vías de acceso.
En declaraciones a EL MUNDO, Teresa Compte explicó que la especialización de la Fiscalía permite "aumentar su eficacia". En este sentido, la fiscal jefe destacó que los temas urbanísticos son "muy complejos", ya que el Ministerio Público tiene que estar formado sobre la diversa normativa de ordenación del territorio, además de componentes del derecho contencioso administrativo y conocer su vinculación con las partidas presupuestarias.
* El Mundo - 1.03.10
Foto: zona Sta. Coloma - elpais.es
Tres nuevas imputaciones por cohecho en el ´caso Las Teresitas´
LAOPINIÓN/Tenerife* : El número total de imputaciones por el caso Las Teresitas ha crecido de 25 a 28, y el de imputados, de 12 a 13, después de que en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), del pasado 10 de febrero, aparecieran tres nuevas inculpaciones: el presunto delito de cohecho de los ex concejales Emilio Fresco, José Emilio García Gómez y, como incorporación a esta amplia lista, José Luis Martín.
El referido auto de la magistrada de la sala de lo penal del TSJC, Carla Bellini, que instruye la investigación por presunta corrupción en la compra-venta de los terrenos de la playa chicharrera, era uno más de los que todos los meses dicta para prorrogar las diligencias previas. Pero, encerraba una sorpresa: Fresco, García Gómez y Martín aparecían como supuestos receptores de sobornos.
Emilio Fresco, que fuera portavoz municipal socialista, y José Emilio García Gómez, ex portavoz del PP, ya figuraban como posibles autores de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Quien aún no figuraba era José Luis Martín, conocido contertulio de televisión que, como Fresco, fue expulsado del PSC-PSOE como consecuencia de un expediente por prácticas irregulares. Las otras 25 imputaciones que ya se conocían se reparten de la siguiente manera: presunta prevaricación y malversación de fondos públicos de Miguel Zerolo (alcalde), Manuel Parejo (ex concejal de Urbanismo y actual primer teniente de alcalde), Antonio Messia (ex tesorero municipal), Juan Reyes Delgado (secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor delegado de Urbanismo), José Eugenio de Zárate (secretario general de la corporación), José Tomás Martín (gerente de Urbanismo) y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González. Sobre Zerolo recae una tercera imputación, la de presunto cohecho, así como otras dos de malversación y cohecho contra Felipe Armas, un peón de la construcción que trabajaba para Ignacio González.
En el auto, al que ha tenido acceso La Opinión de Tenerife, Bellini expone las razones por las que prorroga el secreto de una parte del sumario y el proceso de diligencias previas. "El motivo que hace necesario mantener parcialmente secretas las presentes actuaciones no es otro que la elevada complejidad y magnitud de las mismas", se lee en el documento, que añade que la Policía sigue remitiendo información a la justicia sobre los imputados y su entorno, que "si fueran conocidas por las partes, podrían dar lugar a interferencias o manipulaciones que entorpecerían la investigación".
Lentos avances. El abogado José Ventura, de Justicia y Sociedad, colectivo personado en la causa, detalló ayer a este diario que "no es el auto propiamente dicho de imputación, sino de prórroga por un mes de las diligencias. Lo único que ocurre es que es la primera vez que vemos en la lista estas tres nuevas imputaciones, que pudieron haber venido de la Fiscalía Anticorrupción o como consecuencia de las averiguaciones de los cuerpos de seguridad del Estado". "Esto evidencia que se está avanzando, pero pedimos celeridad en la resolución de la investigación, que se está alargando demasiado en el tiempo", añadió Ventura, quien espera un pronto inicio de la apertura progresiva de la parte del sumario que falta por conocer.
El próximo mes de junio se cumplen cinco años de la presentación, ante la Fiscalía Anticorrupción, de la denuncia del colectivo Insula Viable contra la multimillonaria operación de compra-venta de los terrenos de Las Teresitas. La fiscal Anticorrupción presenta un año y medio después y tras dos prórrogas, en diciembre de 2006, sus conclusiones ante el TSJC, dada la condición de aforado del alcalde de Santa Cruz. Una parte de la instrucción, unos 15.000 folios, queda abierta desde enero de 2008. En todo este tiempo se han ido acumulando las imputaciones, las tomas de declaración, el seguimiento a las cuentas de los acusados y su entorno e, incluso, comisiones rogatorias.
El pelotazo
El inicio de la operación. Inversiones Las Teresitas se constituye el 24 de junio de 1998 y en sólo 48 horas consigue un préstamo de alto riesgo de 33 millones de euros. El mismo día, ILT compra por 30 millones los terrenos de Las Teresitas a la Junta de Compensación que manejaba los terrenos anexos a la playa y sólo tres días después, el Tribunal Supremo emite una sentencia que rebaja las expectativas edificatorias en el frente de playa, aunque permite levantar 6 hoteles de nueve plantas y dos centros comerciales. Tres años más tarde, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprueba por unanimidad un convenio urbanístico por el que compra a ILT con dinero público el frente de playa por 52 millones de euros y pacta con Inversiones Las Teresitas (Antonio Plasencia, Ignacio González) la recalificación del suelo que ésta se reserva en la zona conocida como Valle de Huertas.
Un negocio perfecto. La recalificación reconvierte el uso de este suelo de extrahotelero a residencial. El Ayuntamiento adelanta a ILT el 65% de lo estipulado en el convenio y la sociedad enjuga su deuda. En 2004 se formaliza la modificación del plan parcial, que recalifica el suelo de Valle de Huertas, e Inversiones Las Teresitas vende el 90% de los terrenos a la división inmobiliaria de una aseguradora por 96,1 millones de euros. En ocho años y sin gastar ni un euro, Inversiones Las Teresitas ha quintuplicado el valor de su inversión y obtenido un beneficio de 120 millones de euros.
* La Opinión Tenerife - 1.03.10
Foto: Manifestación contra la corrupción en Santa Cruz celebrada en las playa de Las Teresitas en febrero de 2008. efe
Fraude urbanístico a la vista de todos
LEVANTE/Valencia* : Viviendas ilegales. Antes que Montroy fue Llíber. Y antes, l'Atzúvia. Los personajes de la trama son casi siempre los mismos: promotores sin escrúpulos y políticos y técnicos municipales que les dejaron hacer y que incluso se beneficiaron de la millonaria estafa. Que el guión se repita revela que fallaron los mecanismos para preservar el territorio. Lo curioso es que el fraude urbanístico se perpetró a la vista de todos. Ahora hay cientos de casas ilegales.
Al interior de la Marina Alta no le vino nada bien mirarse en el espejo del boom urbanístico del litoral. Con Normas Subsidiarias desfasadas y prisa por rebañar las migajas del negocio de la construcción, pueblos como Gata o Pego dieron luz verde a PAI que devinieron auténticos fiascos. Gata Residencial se convirtió en una colmena inacabada de adosados y Penya Roja, en una urbanización fantasma en plena montaña. Pero esos traspiés urbanísticos son legales.
Esa fiebre tuvo un lado mucho más oscuro. En ayuntamientos como los de l'Atzúvia o Llíber, promotores sin demasiada buena reputación en el sector encontraron la complicidad de políticos y técnicos. Que de la noche a la mañana empezaran a proliferar viviendas en suelo no urbanizable y en parcelas muy inferiores a 10.000 metros cuadrados no escandalizaba a casi nadie. Incluso en Llíber, el alcalde entre 1999 y 2003, José Mas Avellà, del PP, aplicaba una ordenanza a todas luces ilegal para autorizar chalés en parcelas de 5.000 metros cuadrados de terreno rústico.
Pero, aparentemente, no pasaba nada. Los grupos ecologistas ponían el grito en el cielo y denunciaban las irregularidades. El negocio urbanístico podía más. Mientras, cientos de familias de residentes extranjeros caían en la tela de araña tejida por promotores sin escrúpulos. Les prometían un retiro feliz en un paraje de ensueño y, en realidad, les vendían casas ilegales con suministro de luz y agua en precario. Los constructores pronto desaparecían y para las familias quedaba la amenaza del posible derribo.
Precisamente, las denuncias de esos residentes estafados destaparon las tramas de viviendas ilegales. En Llíber, durante ese periodo de 1999 a 2003 se construyeron nada menos que 300. La Guardia Civil detuvo el pasado mes de diciembre al promotor Miguel Muntaner, al ex alcalde José Mas Avellà y al arquitecto técnico Amador Signes. El técnico informó favorablemente las licencias fraudulentas (algunas eran para reformar ruinas que ni existían) y el ex primer edil las otorgó. Además, hay unos veinte imputados entre constructores, concejales, abogados y hasta un notario de Xàbia.
Mientras, en l'Atzúvia, la policía arrestó en enero de 2008 al promotor alemán Klaus Dieter May por edificar en suelo no urbanizable 13 chalés de lujo que vendió a potentados clientes. Los construyó con licencia para viviendas unifamiliares o de casa de labranza que le concedió el entonces alcalde, Manuel Reig, del PP, quien ya ha fallecido. En este caso, la denuncia la presentaron los grupos ecologistas Gelibre y Agró que de nuevo ahora han advertido de que el ayuntamiento sigue haciendo la vista gorda con estas viviendas ilegales en lugar de restituir la legalidad urbanística.
Llíber y l'Atzúvia son los casos más llamativos, pero no la excepción. También en los pueblos del litoral, donde unos PGOU sobredimensionados ampararon un frenético crecimiento urbanístico, se han hecho gordas. En Calp, el plan general aprobado en 1989 legalizó unas 2.000 viviendas fuera de ordenación y desperdigadas por todo el término municipal.
Además, fuentes conocedoras del urbanismo en el interior de la Marina Alta han comentado a este diario el caso de un promotor que acumulaba 10.000 metros cuadrados en suelo rústico (la superficie mínima para construir una vivienda unifamiliar) y segregaba mil metros que vendía a un residente extranjero para que se edificara una vivienda. Posteriormente, volvía a adquirir otros mil metros para recuperar los 10.000 y poder obtener otra licencia de obra. De nuevo, segregaba una parcela de mil metros y vuelta a empezar en una práctica fraudulenta que dio pie a la construcción de decenas de chalés ilegales.
Es evidente que en aquellos años de boom urbanístico los mecanismos de control fallaron. Ni los ayuntamientos ni el Consell fueron demasiado celosos en hacer cumplir la disciplina urbanística. La herencia son cientos de casas irregulares y de propietarios -la mayoría residentes extranjeros- estafados. Desde luego que el urbanismo valenciano, al menos en la Marina Alta, se ha ganado a pulso su mala fama en Europa.
* Levante-EMV - 1.03.10
Foto: Llíber - medioambiente.ladipu.com
El plan general de Pontedeume deja 400 viviendas fuera de ordenación
LAOPINIÓN/A Coruña* : Las casas que podrían verse afectadas son las construidas en suelo rústico o rústico urbanizable no desarrollado que recibieron la pertinente licencia municipal antes de 2003. Cuatrocientas viviendas del Concello de Pontedeume quedarán fuera de ordenación si se aprueba el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que finalizará el próximo martes su plazo de exposición pública y periodo de alegaciones.
Las casas que podrían verse afectadas, de aprobarse el documento urbanístico, son construcciones que se encuentran en suelo rústico o rústico urbanizable no desarrollado y que cuentan con la pertinente licencia urbanística, otorgada por el Ayuntamiento antes del año 2003, cuando entró en vigor la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Ahora los afectados exigen que el plan general les ofrezca una solución para no quedar fuera de ordenación, ya que consideran que ellos cumplieron con todos los requisitos exigidos en su momento para poder levantar sus viviendas, como hacerse cargo de las conexiones a la red eléctrica, a la red de abastecimiento y de saneamiento por sus medios o, en los muchos casos de carecer de alcantarillado, de construir fosas sépticas. Además, señalan, llevan más de veinte años pagando la contribución urbana estipulada para sus viviendas.
El proyecto urbanístico aprobado por el pleno de forma inicial a finales del pasado mes de noviembre califica terrenos costeros del municipio (concretamente en las parroquias de Boebre, Centroña y Nogueirosa) como suelo rústico, por lo que las construcciones realizadas allí sobre las normas subsidiarias de 1986, vigentes en la actualidad, quedarían fuera de la legalidad. Esta situación, calificada por el director de la Escuela Superior de Arquitectos de A Coruña, Xosé Manuel Casabella, como "limbo urbanístico", únicamente permitiría realizar en las casas obras de conservación y mantenimiento, con el consiguiente descenso del valor económico de sus propiedades.
"Un buen plan ha de atender las peticiones de los vecinos", sentencia Casabella. Muchos de los vecinos afectados por esta situación han presentado o lo harán en los próximos días alegaciones al proyecto de ordenación, en las que reclaman que las viviendas construidas con la pertinente licencia urbanística se incluyan en el plan general como edificadas en suelo urbano no consolidado.
* La Opinión Coruña - 28.02.10
Foto: Vista aérea de Pontedeume. / carlos picallo, laopinioncoruna.es
Campo de Gibraltar: El Seprona investiga 30 casos de supuesto delito urbanístico
INFORMACIÓN/Cádiz* : El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sigue incrementando cada año su volumen de trabajo en materia de delitos urbanísticos. Esta disciplina, antaño competencia exclusiva de las policías locales de los municipios, ya concentró en 2008 el 90 por ciento del trabajo de esta unidad especializada en Algeciras, y sólo en los dos primeros meses del año, ha dado lugar a 30 solicitudes judiciales de intervención.
Este número resulta significativo, teniendo en cuenta que durante todo el año 2009 se solicitaron 83 intervenciones. Si proyectáramos el número de casos investigados actualmente con lo que podría dar a final de año, podríamos estar hablando de unos 180 supuestos urbanísticos, lo que volvería a situar al Seprona en el volumen de trabajo alcanzado hace dos años.
Y es que, según datos aportados por el Instituto Armado, en 2008 se batieron todos los records en lo que a actuaciones se refiere, con 198 solicitudes judiciales -126 de ellas diligencias informativas emitidas por la Fiscalía de Medio Ambiente- y 72 de ellas diligencias previas. Todo ello dio lugar a 68 atestados, 105 informes, una detención y 10 imputaciones. Asimismo, se produjeron 59 denuncias ciudadanas en procedimiento administrativo remitidas a los ayuntamientos.
En 2009 descendieron un poco las cifras, con 83 solicitudes del juzgado, nueve atestados, 21 denuncias administrativas y 132 informes. Si comparamos las cifras expuestas con las de 2005, 2006 y 2007, las diferencias son notables. Hace cinco años, se tramitaron 27 diligencias, con 21 solicitudes judiciales, se emitieron 12 atestados y se emitieron cuatro denuncias ciudadanas.
En 2006, las cifras bajaron a ocho diligencias, siete atestados a requerimiento de la Autoridad Judicial y una única denuncia administrativa.
2007 supuso un ligero aumento hasta las 25 diligencias, con 19 atestados solicitudes por la Autoridad Judicial, otro por una denuncia particular y cinco demandas administrativas.
Si bien desde este grupo eludieron detallar -en beneficio de la labor investigadora- en qué zonas se están practicando actualmente estas indagaciones, las fuentes sí que reseñaron que Tarifa es uno de los puntos donde más han tenido que trabajar estos agentes.
Presión municipal
Desde el Seprona detallaron que “la presión judicial y policial”, propiciada por la inestimable colaboración del departamento municipal de Disciplina Urbanística de esta localidad, “ha conseguido frenar” el levantamiento de edificaciones en zonas como Monte La Peña, Paloma Baja, Bolonia y Cañada Matatoros.
También en Algeciras se inició en los últimos años un proceso por el que se están denunciando fincas supuestamente ilegales, que han dado lugar, en algunos casos, a demoliciones, como es el caso de Argamasilla. Otras zonas de monte público, como Majadal Alto, y también la Vega de Botafuegos, han sido objeto de actuaciones. Hasta el pasado mes de noviembre, de las 39 parcelas usurpadas en Argamasilla que fueron denunciadas en su momento ante la Fiscalía de Medio Ambiente, 15 habían sido ya recuperadas por orden judicial; 17 continuaban su curso por la vía penal; y en siete se habían tramitado expedientes para la recuperación de oficio, al haber prescrito el delito penal.
Las motivaciones que dan lugar a las edificaciones ilegales son muy diversas, y dependen mucho de su localización. Así, en Tarifa suele darse el caso de presuntos usurpadores de terreno que edifican una segunda residencia. En muchos casos, son extranjeros. En Algeciras, sin embargo, estas construcciones suelen ser primeras viviendas de sus propietarios, lo que supone que en el momento de las expropiaciones se vivan fuertes tensiones de índole social.
Desde el Seprona solicitan de los departamentos de Disciplina Urbanística un mayor rigor a la hora de denunciar posibles edificaciones ilegales, tomando el ejemplo de localidades como Algeciras y Tarifa, donde el trabajo está dando sus frutos. Para los efectivos del Seprona, se está notando el efecto disuasorio que produce la contundencia de las demoliciones, con una reducción de construcciones ilegales.
En San Roque, es de todos conocida la polémica surgida a raíz de la adjudicación irregular de la parcela del TG-22, que, como recordó el secretario local del PSOE Juan Carlos Ruiz Boix en días pasados, supondrá una indemnización a las firmas afectadas de al menos 3.800.000 euros. Este mismo político denunciaba la proliferación de casos urbanísticos en zonas como Sotogrande.
Según diversas fuentes, un municipio que tiene potencialmente un campo de actuación muy amplio es Los Barrios, donde Agaden ha efectuado denuncias.
Desde esta unidad recuerdan la importancia de cortar de raíz estas actuaciones ilegales, que suelen comenzar con un vallado, una o dos casas de autoconstrucción y acaban convirtiéndose en un terreno urbanizado que requiere de servicios básicos. Otro aspecto destacado por el Seprona es el peligro que supone que algunas de estas construcciones se hagan en zonas fácilmente inundables.
Ecologistas
La organización ecologista Agaden tuvo mucho que ver en el incremento de investigaciones en cuanto a posibles delitos urbanísticos a partir del año 2008, emitiendo un enorme volumen de denuncias, en una labor que los responsables del Seprona quisieron también reconocer en estas líneas. El representante de este colectivo Juan Antonio Carrasco manifestó que en los últimos meses han reducido su labor de denuncia gracias a la creciente implicación tanto de la Fiscalía de Medio Ambiente como del propio Seprona y los departamentos de Disciplina Urbanística de los municipios, especialmente Tarifa y Algeciras.
“En 2008 denunciamos muchas construcciones ilegales dentro del parque natural del Estrecho y el de Los Alcornocales. Durante este periodo, y también en 2009, la acción de Fiscalía y Seprona ha sido encomiable, y desde hace poco se les han unido los ayuntamientos paralizando construcciones ilegales y recuperando usurpaciones”, indicó el portavoz ecologista.
“Hay un marco de colaboración muy bueno que no tiene nada que ver con la situación que se vivía hace cinco años”, concluyó Carrasco, quien señaló que, además de las zonas comentadas por el Seprona, han centrado su labor denunciadora en puntos como Chorrosquina, en Algeciras, o Valdevaqueros, en Tarifa.
* Información - 28.02.10
Foto: La Línea Y Gibraltar - lalineadigital.es
Vecinos de Ciutat Vella exigen un centro cultural en el solar del Teatro Princesa
LEVANTE/Valencia* : Desde que hace un año, el 27 de febrero de 2009, se quemara completamente el antiguo Teatro Princesa (abandonado desde 1990), los vecinos del barrio de Velluters reivindican la construcción de un centro social y de uso público en el solar del Princesa. Aprovechando el aniversario del incendio que destruyó el teatro, la plataforma "Recuperem el Princesa Reviscolem el Barri", junto con la asociación de vecinos de Ciutat Vella, salieron ayer a la calle bajo el lema "Un any més sense teatre?" para exigir al ayuntamiento una "solución favorable".
Acompañados de "Els dimonis Socarrats de Campanar", la batukada "Els Cucs de Velluters" y la murga "Los lunáticos de Valencia", los vecinos hicieron un pasacalle alrededor del barrio para pedir "que no pasen doce meses más sin una solución favorable por parte del Ayuntamiento con respecto al solar del Teatro Princesa". Durante el pasacalle se repartieron folletos explicativos sobre el motivo de la reivindicación y cuyo diseño, curiosamente, está basado en el cartel de la obra de teatro "El escándalo" que se interpretó durante los años 80 en el Princesa.
Hartos de la basura
"Estamos hartos de tanto solar vacío lleno de coches y basura mientras el barrio no tiene nada para los vecinos", se quejaba Lourdes Roncal, vecina de Velluters y miembro de la asociación. Actualmente, el solar donde antes se encontraba el antiguo teatro, se ha convertido en un aparcamiento, que provisionalmente han alquilado a los comerciantes del Mercado Central, y que los vecinos de la zona califican de "ilegal" basándose en la propia normativa del Ayuntamiento, en concreto en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Velluters.
"Esta no es la mejor solución, los vecinos queremos un equipamiento público y cultural que podamos gestionar nosotros. Nos reunimos el miércoles con la Concejalía de Urbanismo y nos dijeron que no hay dinero y que por el momento las cosas no van a cambiar, pero para otros barrios si hay dinero, han abandonado Velluters", comentaba Isabel Cervera, miembro de la plataforma "Recuperem el Princesa"
El año pasado se realizó una consulta popular a los vecinos sobre el uso que querían darle al solar. Un 97% de los encuestados optó por la construcción de un centro público cultural o social autogestionado por el vecindario.
Sin embargo, tras un año sin respuesta por parte del Ayuntamiento de Valencia, los vecinos empiezan a sentir que las autoridades municipales han abandonado el barrio de Velluters y que no escuchan a los vecinos.
* Levante-EMV - 28.02.10
Foto: Los vecinos del barrio reivindican un centro cultural durante el pasacalles. m.a montesinos, levante-emv.com
Amenaza tormenta sobre El Palmar
LAVOZ/Cádiz* : Pase lo que pase habrá tormenta. Las posturas de ecologistas, expertos, vecinos y representantes municipales son tan dispares que nadie puede evitar que alguna de las partes, si no la mayoría, salga herida de la refriega. Lo que se discutió ayer, en el marco de las jornadas de reflexión y debate organizadas por la Plataforma contra el proyecto hotelero de El Palmar, no fue la conveniencia o no de levantar instalaciones turísticas a 300 metros de la playa, sino los pros y los contras de dos modelos de desarrollo a priori irreconciliables.
En la teoría, caben opciones intermedias. En la práctica, visto lo visto, no.
La mesa redonda, moderada por la directora de LA VOZ, Lalia Gonzalez-Santiago, sirvió para escenificar el desencuentro. Antonio Muñoz, delegado de Urbanismo de Vejer y protagonista involuntario de 'Solo ante el peligro 2', insistió en los argumentos que el Consistorio lleva defendiendo desde que prendió la polémica: se trata de la mejor forma de ordenar un territorio que, de otra manera, «caería en manos de especuladores individuales». En resumidas cuentas: que o se urbaniza la zona o se la condena a la parcelación ilegal. «Hoy por hoy es inevitable», sentenció.
El profesor de arquitectura y especialista en medio ambiente y turismo sostenible Benito Sánchez, le dio la réplica. El experto trató de desmontar la idea «perversa y trasnochada» de que «el tipo de hotel que se quiere construir será una fuente de riqueza y empleo para el pueblo». «En primer lugar, la obra se adjudicará, casi seguro, a una mega constructora de fuera, que traerá su propia mano de obra, salvo algunos puestos menores; en segundo lugar, se abastecerán con grandes proveedores, como Mercamadrid; en tercer lugar, las cadenas hoteleras de este calibre forman y contratan desde una central al personal que necesitan, con lo que sólo quedará un puñado de puestos de trabajo, precarios y estacionales, para los naturales del pueblo; en cuarto lugar, ese modelo de turismo 'tipo Resort' implica que los usuarios apenas salen del recinto, con lo que tampoco se beneficiará así a los pequeños comerciantes». A todo ello hay que sumar, según Sánchez, el perjuicio que supondrá para la zona «los muchos visitantes que, desencantados por el efecto de la construcción en el paisaje, dejen de venir».
Los portavoces de los vecinos de El Palmar que participaron en el debate tampoco lo tenían claro. Para ellos, prima «la situación de abandono» que llevan «sufriendo desde hace años», la falta de prestaciones y servicios y la necesidad de regularizar la situación de sus viviendas. Lo del hotel, al fin y al cabo, «sólo ha servido para que nos echen cuenta».
En el turno de intervención del público, más posturas enconadas. El diálogo sigue abierto, aunque ya se avistan nubarrones en el horizonte.
* La Voz Digital -28.02.10
Foto: La mesa de debate, formada por el delegado de Urbanismo de Vejer, vecinos, expertos, ecologistas y moderada por Lalia González-Santiago. :: CRISTÓBAL, lavozdigital.es
Ni un ladrillo más en Monteferro
FARODEVIGO* : La sombra del pelotazo vuelve a planear sobre Nigrán, concretamente, en su espacio natural más emblemático, Monteferro. Sus defensores, los miembros de Salvemos Monteferro, advierten al gobierno municipal de que no permitirán ni una actuación urbanística más en la península y critican el hecho de que el avance del Plan Xeral de Ordenación Municipal recalifique una parcela de 20.000 metros cuadrados junto al SAU 1.
El asunto se salta, a juicio de los ecologistas, el consenso social adquirido en el consello sectorial de urbanismo, que acordó en una de sus últimas reuniones otorgar la máxima protección a la zona en el planeamiento.
La finca, en la cara norte del monte, pasaría de rústica de especial protección a urbanizable, según el plano incluido en el documento. La polémica lleva una semana en el aire. El portavoz de UCN, Antonio Fernández, denunció el cambio de calificación y el gobierno municipal se apresuró en asegurar que el equipo redactor copió los planos de las normas subsidiarias en vigor. El argumento no resulta válido para el grupo ecologista. "Para que se fai un PXOM? Para manter a ordenación preexistente ou para facer unha nova máis acorde coa realidade actual? Para copiar e perpetuar os erros ou para corrixilos?", se preguntan.
El POL impide edificar
Salvemos Monteferro asegura además que incluso el Plan de Ordenación del Litoral enviado recientemente por la Xunta califica todo el entorno natural como espacio "de mellora ambiental e paisaxística", una calificación que impide la edificabilidad. Por eso, los ecologistas consideran "indispensable" que el equipo de gobierno muestre su firme voluntad política de evitar "esta nova desfeita". "As declaracións falando de dotar da máxima protección a Monteferro, Monte Lourido e A Foz soa moi ben, pero son totalmente incompatibles con noticias coma esta", recalcan.
Respecto al consello sectorial que, según el colectivo se ha despreciado, Salvemos Monteferro recuerda que integra a veinte colectivos del entorno, prácticamente la totalidad del entramado asociativo del municipio, sin la presencia de PP y UCN "porque non se dignan a debater cos colectivos de Nigrán".
Por último, la agrupación agradece el apoyo a los numerosos internautas que se han quejado de la ordenación que ofrece el avance del plan.
* Faro de Vigo - 28.02.10
Foto: Imagen del monolito de la cima del monte. Ricardo Grobas, farodevigo.es
El Guadalquivir doblega al urbanismo
ELPAÍS : La mayoría de las viviendas inundadas esta semana estaban fuera de ordenación. El pasado jueves, mientras los vecinos Andújar (Jaén) contemplaban desolados e impotentes la espectacular crecida del río Guadalquivir, que sepultó el poblado de colonización de Llanos del Sotillo, una emisora local recordaba que ese día se cumplían 47 años de la visita que el general Franco realizó al municipio para conocer las terribles inundaciones del invierno de 1963 y prometer una lluvia de ayudas estatales. De poco o nada sirvieron. En el verano de 1996, todas las vegas del Guadalquivir volvieron a inundarse, lo mismo que ha ocurrido ahora, 14 años después.
Pero las inundaciones cíclicas en Andújar no son un caso aislado. La mayoría de las viviendas anegadas en el que ha sido el febrero más lluvioso del último medio siglo -las precipitaciones en toda la cuenca del Guadalquivir han triplicado la media habitual- ya volvieron a sufrir inundaciones años atrás.
Llueve sobre mojado, por tanto, sin que nada o nadie pueda evitarlo. Pero es que, además, hay otro elemento que identifica a la mayor parte de los centenares de inmuebles que han tenido que ser desalojados esta semana: estaban construidos fuera de ordenación urbana. El Guadalquivir ha doblegado una vez más al urbanismo ilegal, porque como dijo el pasado viernes el presidente andaluz, José Antonio Griñán, "el río tiene su título de propiedad y en cualquier momento puede llegar y decir esto es mío".
Ocurrió la semana pasada con cerca de un centenar de viviendas junto al río Guadalete de Jerez, y se ha repetido esta semana con las más de 1.600 viviendas de Los Puentes en Jaén, otras 250 junto al aeropuerto de Córdoba y una veintena el Lora del Río, entre otras. Pero no son las únicas. El Observatorio Provincial de Sostenibilidad de la Diputación de Málaga ha cifrado en un millar las viviendas construidas ilegalmente en los márgenes de ríos y afluentes, pero sólo en los municipios de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Granda y Cártama. De este modo, a falta de un censo oficial que recoja las viviendas junto a los cauces, ya hay más de 3.000 viviendas donde la propia Administración reconoce su ilegalidad. Y eso sin contar con los 8.400 expedientes por viviendas ilegales (en este caso fuera de las zonas inundables) que ha tramitado la Consejería de Vivienda, la mayoría desde que en 2005 se creó el cuerpo de inspectores. Todas esas viviendas están dentro del mapa de puntos negros por inundación que la Junta de Andalucía elaboró como anexo al Plan de Prevención de Avenidas. En total, en ese inventario hay 1.099 puntos de riesgo que afectan a unos 400 municipios, de los que 115 son de riesgo máximo al estar en juego vidas humanas.
La cuenca del Guadalquivir concentra casi la mitad de esas zonas inundables. "Es una foto fija que ya se repitió en 1996 y que debe ser tenida en cuenta", admite el director de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Paniagua, que ha encargado una actualización y revisión de este plan, muy criticado esta semana por el Partido Popular.
"Ha existido y existe negligencia por parte de los ayuntamientos por permitir construir en zonas inundables y también de los organismos de cuenca por haberlo permitido", subraya Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, una organización que tiene cuantificadas 25.000 casas en toda España en puntos inundables.
Andalucía es una de las regiones europeas que más soporta el impacto de las inundaciones. De hecho, según un estudio recogido en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones de la Junta de Andalucía, la densidad territorial de las avenidas históricas registradas en los últimos 500 años es un 62% mayor que la media nacional, y un 12% mayor la densidad de las zonas de riesgo. Y las pérdidas económicas per cápita en Andalucía son hasta un 111% mayores que la nacional, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la región.
Más de mil puntos de riesgo
- El Plan de Prevención de Avenidas contabiliza 1.099 puntos de riesgo de inundaciones, de los que 115 son de riesgo máximo al estar en juego vidas humanas. Estos se distribuyen así: 44 puntos en Granada; 24 en Almería; 12 en Málaga; 12 en Sevilla; 8 en Córdoba; 7 en Jaén; 5 en Cádiz; y 3 en Huelva.
- La Administración admite que hay unas 3.000 viviendas construidas ilegalmente junto a los cauces.
- La Consejería de Vivienda ha tramitado ya 8.400 expedientes de casas ilegales en toda Andalucía fuera de las zonas inundables.
- La densidad de las avenidas históricas en Andalucía es un 62% mayor que en el resto del país.
- En 2007, se calculó que en Córdoba había unas 6.000 parcelas ilegales, 600 de ellas en la zona del aeropuerto, la más afectada por la última riada.
- La inmensa mayoría de los dueños de las casas anegadas en Jerez son edificaciones levantadas al margen de la ley.
* ELPAIS.com - 28.02.10
Foto: Una vista de las inundaciones en Córdoba el pasado día 24. En el centro, la pista de aterrizaje del aeropuerto, abajo las parcelaciones Altea y arriba las de Fontanar de Quintos.- RAFAEL TENA, elpais.com
La capital del bache
ELPAÍS/Madrid* : Han tomado Madrid. Las constantes lluvias y las nevadas de este invierno los han hecho aparecer por todas partes. Tienen un campo fértil, 50 millones de metros cuadrados, la extensión de las calzadas madrileñas. Son los baches. Desde hace semanas se multiplican por las calles de la ciudad. Están presentes tanto en vías céntricas como Alcalá, Mayor o el paseo de la Castellana como en calles de menor importancia. De su proliferación dan fe los datos municipales: los avisos de ciudadanos al teléfono 010 por la aparición de baches se han incrementado en un 80% en lo que va de año.
De las 50 advertencias diarias que se registraron en diciembre pasado se ha pasado a 90 de media diaria desde enero.
El Ayuntamiento asegura que hace frente al problema de forma correcta y que todos los baches graves se arreglan en un plazo máximo de 72 horas. El resto se resuelve según las prioridades, asegura la portavoz de la Concejalía de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Sin embargo, al observar casi cualquier calle de Madrid da la impresión de que el Consistorio ha perdido la batalla. Los baches proliferan como hongos. Los hay de nuevo cuño y los hay veteranos, de esos que siempre salen en el mismo sitio.
Los hoyos representan una amenaza para la seguridad de conductores y peatones (también las aceras sufren los desperfectos). En un día lluvioso, un bache de casi un metro de diámetro, como el que tiene la calle de Bailén cerca de la basílica de San Francisco el Grande, provoca que los vehículos frenen de repente, vuelen un instante y caigan con un golpe seco. En un segundo se dañan no sólo los neumáticos, sino también la dirección y la suspensión.
Sergio Fernández, uno de los responsables de Tecno-Centro, una cadena de 121 talleres mecánicos y de neumáticos en España (con ocho en Madrid), ve crecer los clientes que llegan por problemas relacionados con los baches. No dispone de estadísticas, pero asegura que cada vez más los conductores tienen que cambiar sus llantas por los baches. Esta operación puede costar entre 50 y 150 euros por cada neumático, dependiendo del tipo y calidad de la rueda.
El propio Fernández padece en carne propia las consecuencias de los hoyos: tiene poca altura con respecto al suelo. Asegura que los baches le han dañado los neumáticos y la dirección. "No sé si esos problemas los va a cubrir el seguro. Si te comes un bache, no sabes a quién acudir. Y los primeros fallos no se ven, hasta que ya hay una burbuja en las llantas y explota. Eso llega mucho a los talleres, es un peligro para la seguridad vial", afirma.
Los ciudadanos cuyo coche resulta dañado por los baches pueden demandar al Ayuntamiento, pero no es habitual. Ni siquiera los taxistas, uno de los grupos más afectados, recurren a ello, asegura Julio Moreno, secretario general de la Asociación Gremial del Autotaxi, mayoritaria en la ciudad. "Sale más caro el collar que el perro. Entre el abogado y el procurador y los trámites preferimos conducir con más cuidado". "Hay un abandono del Ayuntamiento. Hay muchos socavones. Deberían de quitarse la máscara del afán recaudatorio y reparar los baches", añade.
El peligro de nuevos hoyos está lejos de amainar. Se mantiene la previsión de lluvia, la gran enemiga del asfalto. Además, se unen otras causas habituales en Madrid: exceso de tráfico, terreno arcilloso y deficiencias en la ejecución del asfaltado. Pero también está el hielo, afirma Elena de la Peña, subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera (que agrupa a administraciones públicas y empresas). Y por si fuera poco, la nieve (agua al fin y al cabo), o mejor dicho, su antídoto. "La sal es agresiva con elementos del firme", asegura esta técnica. Y este invierno se han repartido toneladas, por la abundancia de nieve. "La sal es lo peor", añade otro experto, el ingeniero técnico de Obras Públicas, Francisco Rama, autor de varios trabajos sobre los desperfectos de las calzadas. "Pero no existe otra solución para evitar que las calles se hielen en una ciudad grande", añade.
Reparación rápida y correcto mantenimiento son el antídoto para evitar que la red viaria acabe con un aspecto cercano al de un bombardeo. "En la ciudad debería hacerse ahora una operación asfalto, pero a lo mejor es inviable porque ya hay muchas obras y tráfico denso", plantea De la Peña.
Los baches están en el asfalto, en las conversaciones y hasta sirven de inspiración. Jesús Moras, lector de EL PAÍS, envío el pasado miércoles a este diario una oda a su bache favorito tras caer en sus fauces. "Tan majestuoso, amplio, desafiante y profundo que todos los vehículos y peatones reparamos en ti", lo describe. El socavón, en la Puerta del Sol a la altura de la calle Mayor, ya no está. En menos de 24 horas fue rellenado con un recubrimiento rectangular gris oscuro, de alquitrán nuevo. Lo repararon la madrugada del jueves, cuando no había transcurrido 24 horas de la difusión de la oda. Quizá fue considerado como urgente por el Ayuntamiento. Pero los expertos en este bache, que los hay, son escépticos. Saben los ciclos de vida reales de estos incómodos vecinos. "Ese lo han reparado cinco veces en menos de seis meses. Ya estaba harto del clac clac de los coches cuando caían", asegura el dueño de un quiosco cercano. Y es que muchos hoyos tienden a la reincidencia, sobre todo si los reparan con una mezcla asfáltica distinta de la del resto de la calzada o los tapan de forma chapucera.
El cielo sigue nublado. Automovilistas y moteros conducen con ojo avizor. Un bache puede ser el preludio de la caída o de la visita al taller. Y seguirá lloviendo toda la semana que viene.
Un muestrario para identificar los hoyos
HUNDIMIENTO. Se origina por un fallo de la explanada originado normalmente por el agua. Se pierde la capa de rodadura y es peligroso para los vehículos.
PIEL DE COCODRILO Alrededor de la rotura de la base de hormigón se observan grietas. El firme se quiebra porque soporta más peso del que puede.
BALDOSA CON 'SURGENCIA' . Cuando entra el agua bajo la piedra se descompone el mortero (masa que une la baldosa con el suelo), si es de mala calidad.
BALDOSA CON 'SURGENCIA'. Cuando entra el agua bajo la piedra se descompone el mortero (masa que une la baldosa con el suelo), si es de mala calidad.
PELADURA. . Descomposición y pérdida de espesor de la capa externa del asfalto por el frío, los materiales de baja calidad, el hielo, la sal y el tráfico pesado.
CAVIDAD SUBTERRÁNEA La crea la presión del agua por una rotura en su conducción. Es peligrosa. No se ve hasta que no se rompe la capa más externa.
AGOTAMIENTO ESTRUCTURAL . Ejemplo de una vía completamente afectada por la piel de cocodrilo. No está diseñada para el peso que soporta.
Información de Francisco Rama, ingeniero técnico de obras públicas (www.franciscorama.com).
* ELPAIS.com - 27.02.10
Foto: Bache en la calle de Barquillo y aledañas.- ULY MARTÍN, elpais.com
La juez imputa a más de 30 personas en la trama urbanística de Abegondo
LAOPINIÓN/A Coruña* : Entre 30 y 40 personas han sido imputadas por la magistrada de la sala dos del Juzgado de Betanzos por la trama urbanística de Abegondo. Entre los acusados se encuentran políticos, funcionarios municipales o arquitectos externos. Desfilan por esta sala de instrucción desde finales del pasado mes de noviembre y está previsto que las declaraciones se sucedan, por lo menos, hasta el próximo mes de abril.
El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes, prestó declaración hace dos semanas. "Todo lo que yo he aprobado tenía todos los informes técnicos positivos", explica que manifestó ante la juez. Ayer le tocó el turno a dos arquitectos imputados por firmar proyectos de obra irregulares en el período que se investiga.
Son Alberto Bermúdez Fandiño y Juan Carlos Ares. El primero rubricó proyectos de obra básicos como técnico municipal y como arquitecto del despacho de Antonio Carro, otro de los imputados en el caso. El segundo, se dedicaba a las reformas. Apenas media hora estuvo cada uno respondiendo a preguntas técnicas ante la magistrada; el letrado de los imputados, Salgueiro; y la abogada del ex alcalde Juan José Rocha Carro, María José Casal Rodríguez.
Los dos están acusados de un delito de prevaricación urbanística. La trama afecta a la concesión de licencias de más de medio centenar de viviendas levantadas en suelo rural desde el año 2000 en diversos puntos del municipio como Limiñón, Crendes o Cos.
* La Opinión Coruña - 27.02.10
Foto: Abegondo - forzadepor.net
Quince alcaldes de Granada son investigados por delitos urbanísticos
DIARIODESEVILLA* : Una quincena de alcaldes de la provincia de Granada estuvieron bajo sospecha el año pasado por delitos urbanísticos. El dejar hacer sin licencia o permitir edificar en suelo no urbanizable o protegido fueron conductas que provocaron algunas de las denuncias que recibió la Fiscalía de Medio Ambiente de Granada en 2009, dando lugar a las correspondientes diligencias de investigación penal, según informaron fuentes de esta sección especializada del Ministerio Público.
Cuando un fiscal de Medio Ambiente lleva a cabo una investigación de este tipo, el expediente puede tener dos finales: ser archivado o acabar en una denuncia en los juzgados para que se procese al regidor de turno por un delito contra la ordenación del territorio. En muchos casos, el delito que se le acaba imputando no es sino una posible prevaricación urbanística, consistente en favorecer o posibilitar un desarrollo urbanístico contrario a las normas aplicables "a sabiendas" de ello.
Las denuncias contra regidores que aterrizaron en las mesas de los fiscales suelen ser formuladas por partidos en la oposición o por organizaciones ecologistas, aunque a veces son particulares los que piden la intervención del Ministerio Público. La labor del Seprona en este ámbito también es fundamental.
Según detallaron las fuentes consultadas, en 2009 hubo investigaciones contra los responsables municipales La Herradura, Huétor Vega, Bubión, Cájar, Alhama de Granada, Rubite, Atarfe, Castell de Ferro, Las Gabias, Loja, Alhendín, Almuñécar, Puebla de don Fadrique, Otura y Carataunas. Y contra algunos de ellos hubo más de una denuncia.Es el caso, por ejemplo, de Almuñécar. Según las fuentes, hasta cuatro denuncias por posibles delitos contra la ordenación del territorio se tramitaron en la Fiscalía contra el alcalde, Juan Carlos Benavides, quien -todo hay que decirlo- está saliendo airoso de los distintos procesos que por otros motivos se han seguido contra él en los tribunales.
Pero no todos los expedientes prosperan. De hecho, de la veintena de investigaciones abiertas contra alcaldes, un número considerable terminó en carpetazo.
* Diario de Sevilla - 27.02.10
Foto: Almuñécar - otura.eu
Barcelona: Millet desfalcó 35,6 millones
ELPAÍS* : Suma y sigue. El avance de los trabajos periciales encargados por el nuevo equipo gestor del Palau de la Música sigue destapando el enorme agujero que dejó Fèlix Millet tras su etapa al frente de la entidad. Según fuentes de la investigación, el saqueo alcanza ya los 35,6 millones de euros, después de que los auditores de Deloitte hayan constatado el desvío de 11,9 millones más de los que hallaron en el informe que presentaron el pasado noviembre. La mayor parte de esta nueva cantidad desfalcada corresponde al dinero que desvió mediante las obras de ampliación del Palau.
Los trabajos de Deloitte han seguido su curso desde que en noviembre cifraran, en un avance de su informe, el desvío de fondos en 23,7 millones de euros. Sin embargo, quedaba todavía la tarea más ardua: recomponer, factura a factura, las obras de ampliación del emblemático edificio de Lluís Domènech i Muntaner realizadas entre 2003 y 2004. Y de ahí faltan otros 11,9 millones.
En total, Millet consiguió 24 millones de euros para financiar las obras del Palau de la Música, pilotadas por los arquitectos Óscar Tusquets y Carles Díez, procedentes de subvenciones públicas y de las aportaciones de varios patronos de la fundación. De ello se puede inferir que el Palau, en realidad, costaba 12,1 millones, aunque las fuentes consultadas matizan que, en realidad, esta cantidad incluye también otros "proyectos específicos". Es el caso del órgano del Palau de la Música, que costó unos 120.000 euros menos de lo que declaró Millet y que fue sufragado tras una campaña popular en la que los barceloneses dieron donativos de 50 euros.
El avance de noviembre del informe pericial ya señalaba que el desfalco había llegado al dinero público, puesto que, al menos, 2,9 millones correspondían a subvenciones y recursos del consorcio, que se considera un organismo público porque está integrado en su totalidad por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Ministerio de Cultura. Ahora hay más, ya que la auditoría señala que prácticamente toda esta cantidad hallada desde noviembre corresponde a dinero público y patrocinios de los mecenas del Palau de la Música.
La cantidad, además, también se ha agrandado porque los auditores han ido retrocediendo en el tiempo para rastrear todo el desvío de fondos. Los asesores del equipo gestor, encabezado por Mariona Carulla, consideran que los delitos que se imputan a Millet podrían no prescribir al ser "continuados en el tiempo".
De hecho, en las auditorías del ejercicio 2004 que la fundación presentó al Departamento de Justicia, la entidad declaró unas inversiones totales para la ampliación del Palau de 16,9 millones de euros. Eso desmentía a Millet, que el 23 de abril de 2004 dijo en público que la cifra inicial de 9,6 millones se disparó hasta los 24 millones, un sobrecoste que entonces pasó inadvertido, pero que hoy tiene ya explicación.A pesar de que la cifra del desvío de fondos es cada vez más abultada, la auditoría del Palau todavía está al 90%. Fuentes cercanas a los auditores explicaron que aún permanece incompleta porque la lentitud de la investigación judicial impide que los auditores accedan a varias cajas de documentos y soportes informáticos. Por ello, los gestores del Palau los han reclamado al juez Juli Solaz formalmente y preparan una reunión con éste para demandar una copia de la documentación.
A la salida de la asamblea general de ayer, el director general del Palau, Joan Llinares, explicó que la entidad también recurrirá ante el Juzgado de lo Social la sentencia por la que declaró improcedente el despido de Clara Millet, hija del ex presidente del Palau. Llinares agregó que pedirá a Millet que se reincorpore al Palau el próximo 8 de marzo para evitar el pago de una indemnización de 79.000 euros que considera "obscena".
No todo son malas noticias. El Palau se aseguró ayer la recuperación de otro pellizco. El actual secretario de Inmigración de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Àngel Colom, firmó un acuerdo para devolver a plazos los 75.000 euros que Fèlix Millet le dio con fondos del Palau de la Música para sufragar los gastos que contrajo tras la disolución del fallido Partit per la Independència, según publicó ayer El Periódico.
Ésta es la segunda cantidad que el Palau consigue recuperar desde CDC, después de que la Fundación Trias Fargas accediera a retornar los 630.000 euros que salieron de las arcas de la entidad entre 1999 y 2008 sin que constara que la fundación de CDC hubiera realizado actividades para obtener este dinero. De estas cantidades, sólo 90.000 estaban en la contabilidad oficial del Palau de la Música, la declarada ante Hacienda y el Departamento de Justicia, por lo que el resto tuvo que salir de la caja B de Fèlix Millet.
Sin embargo, el retorno de los 75.000 euros no zanja la polémica en torno a Colom, puesto que fuentes de la investigación explican que el ex secretario de la institución, Raimon Bergós, posee un recibo firmado por Colom en el que constan dos cantidades de 75.000 euros que Millet dio al dirigente convergente.
* ELPAIS.com - 27.02.10
Foto: Palau_de_la_musica_catalana - deviajeporbarcelona.com
La justicia obliga a Orpesa a tirar los tres apartamentos Porto Mar
+-+navymar.com.jpg)
MEDITERRÁNEO/Castellón* : La justicia ha dado finalmente la razón a los denunciantes de una irregularidad en la concesión de la licencia de obras del edificio Porto Mar de Orpesa y este tendrá que ser derribado. El concejal de Urbanismo de la localidad, Tomás Fabregat, explicó que, en una primera instancia, el Ayuntamiento recurrió la denuncia y “los juzgados nos dieron la razón, pero ahora otro juez nos la quita, por lo que se pone de manifiesto la diferente interpretación de las mismas normas”, explicó, apuntando que la licencia se concedió “en base a los informes de los propios técnicos municipales".
El inmueble en cuestión está construido hace aproximadamente un año y medio cerca de la playa de la Concha y consta de tres viviendas, “aunque es de un solo propietario”, aseguró Fabregat. El dueño, precisamente, según el mismo edil, ha presentado al Ayuntamiento el proyecto de demolición del bloque “y aunque no puedo avanzar plazos, estamos seguros que cumplirá con las fechas que se le marquen para tirarlo”. Fabregat también aseguró que no ha llegado a habitar nadie en las viviendas construidas.
La noticia del derribo de Porto Mar llega una semana después de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que obliga a derribar el edificio Bernat, con medio centenar de afectados. H
* Mediterráneo - 27.02.10
Foto: Oropesa del Mar (Castellón) - navymar.com
El Fiscal abre diligencias por la urbanización del Monte Sacro
LAOPINIÓN/Cartagena : La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha abierto diligencias informativas por las obras de urbanización del monte Sacro a raíz de la denuncia presentada por el profesor de Arqueología de la Universidad de Murcia Javier García del Toro. El concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, se presentó ayer ante el fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díez Manzaneda, quien citó al edil en calidad de testigo para preguntarle todos los detalles relativos a la urbanización del cerro.
Segado, quien acudió a la Fiscalía acompañado por el jefe de los Servicios Jurídicos del ayuntamiento de Cartagena, Francisco Pagán, y por el gerente de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, señaló: "Ha sido una conversación muy cordial en la que he explicado todo el proceso urbanístico desde 1987 hasta la actualidad, así como la concesión de la licencia de obra mayor que data de 2004".
Sin querer entrar en más detalles "por respeto a la investigación judicial", el concejal de Urbanismo recordó que hace una semana el Ayuntamiento envió al Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena el expediente del monte Sacro. Posteriormente, el juzgado decidió el sobreseimiento provisional de este caso y derivó la documentación aportada por el Ayuntamiento a la Fiscalía, que por su parte ha abierto diligencias informativas.
"La citación para que acudiese como testigo llegó el lunes o el martes al Ayuntamiento", aclaró Segado, quien añadió que ayer le llevó al fiscal más documentos, como el Plan Especia de Reforma Interior del Monte Sacro y el Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico (PEOP).
El profesor García del Toro, al saber que el juzgado había archivado la denuncia, manifestó que confiaba en la investigación de la Fiscalía. En su denuncia, el arqueólogo solicita la paralización de las obras de construcción de cuatro torres en el monte Sacro porque considera, al igual que los vecinos y el colectivo Ecologistas en Acción, que esta urbanización es un acto de expolio y degradación del patrimonio de la ciudad.
Según el Real Decreto 3046/1980 del ministerio de Cultura, el Monte Sacro formaba parte del conjunto histórico-artístico del casco antiguo de Cartagena y dentro de la delimitación de este área figura la Muralla de Tierra. Este es uno de los argumentos esgrimidos por García del Toro y el resto de denunciantes. Por su parte, los vecinos volverán a manifestarse hoy en contra de estas obras. A su vez, el presidente de la Federación Vecinal de Cartagena y Comarca, Leandro Sánchez, se reunirá esta mañana con el fiscal de Medio Ambiente para intentar que detenga las obras.
* La Opinión Murcia - 26.02.10
Foto: El profesor Javier García del Toro, en primer plano, durante una de las protestas contra la urbanización del Monte Sacro - JAVIER CONESA, laopiniondemurcia.es
