INFORMACIÓN/Alicante* : Al hacer la ponderación de los intereses en conflicto, sopesamos, frente al desarrollista, el de defensa y protección del medio ambiente y nos parece este último más relevante, más necesitado de protección". Así se expresa el Tribunal Superior de Justicia para justificar su decisión de suspender cautelarmente la aprobación del plan parcial de Rabasa ante el recurso interpuesto por la Delegación del Gobierno central contra esta actuación urbanística.
La apuesta por la sostenibilidad es la clave del auto dictado por la Sala de lo Contencioso-administrativo sección 1, presidida por Edilberto Narbón, que supone la paralización del plan Rabasa hasta tanto se resuelva el fondo del asunto, cosa que podría suponer alrededor de dos años, a la vista de antecedentes similares.
En el auto se hace hincapié en la ausencia de garantías para el abastecimiento de agua para un plan que incluye más de 13.000 viviendas, lo que supondrá unos 40.000 habitantes, y con unas dimensiones de más de cuatro millones de metros cuadrados. Sobre las grandes dimensiones del plan la resolución judicial afirma que "no es razonable, en principio, desde perspectivas medioambientales, una utilización del suelo que supere los umbrales que la propia Administración determina, ni es razonable la utilización del suelo que implique una alteración de las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana, ni es razonable una reclasificación del suelo no urbanizable al margen del Plan general de Ordenación Urbana".
El auto insiste en que la Generalitat aprobó el plan Rabasa en contra de las exigencias de su propia normativa sobre el uso sostenible del suelo, que se recoge en la Ley sobre ordenación del territorio, y recalca que es dicha Ley la que impone como mecanismo de utilización racional del suelo la necesidad de llevar a un Plan General "las modificaciones del planeamiento que supongan la alteración de directrices definitorias o la reclasificación de suelo no urbanizable".
* Información - MANUEL DOPAZO - 19.12.09
Foto: Alicante, maqueta Plan Rabasa - diarioinformacion.com
'Rabasa': El TSJ destaca que la defensa del medio ambiente prima sobre el ´interés desarrollista´
Santa Cruz: Denuncian edificios ´fuera de ordenación´ encubiertos
LAOPINIÓN/Tenerife* : La Plataforma contra el Plan General de Ordenación de Santa Cruz anunció ayer que teme la existencia de más casos de edificios fuera de ordenación. En este caso alude a los inmuebles catalogados bajo la tipología denominada "mantenimiento de la edificación". Estos edificios se mantienen con los parámetros urbanísticos del instrumento de ordenación vigente en el momento en que obtuvieron la licencia de edificación.
Así, según la Plataforma, si los planeamientos anteriores daban a un edificio menos alturas de las que luego se concedieron vía licencia, aunque ahora se califiquen como "mantenimiento" –algo que ocurre en diversos espacios de la ciudad– estaríamos ante un caso más de "fuera de ordenación". De ello se deduce que durante la vigencia de planeamientos anteriores, se concedieron licencias para edificios que vulneraban las alturas previstas por dicha planificación urbanística.
"Nueva caja de Pandora". "Es una nueva caja de Pandora que se abre, los mantenimientos demuestran que no ha hecho absolutamente nada, se han limitado a poner mantenimientos que encubren más viviendas fuera de ordenación y crea, inseguridad jurídica", explicó Campos.
Unos mantenimientos que impiden recalcular, siempre según el letrado, las alturas y el traspaso de aprovechamientos urbanísticos de un punto a otro. Lo que sí afirmó es que "si se recoge a todos los edificios con viviendas fuera de ordenación probablemente no se puedan levantar todas las torres que se pretenden". El abogado incidió en que se trata de una decisión meramente política, que no va a ser revisada por la Cotmac. "No es una cuestión de legalidad, que es lo que valora la Cotmac; por eso se ha hecho a escondidas y tienen tanta prisa en aprobarlo", sostuvo.
Campos animó a que los vecinos cuya vivienda quede fuera de ordenación acudan el próximo lunes al Pleno que prevé celebrar el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Una cuestión que reiteró durante la tarde de ayer en el Edificio Sindical de Méndez Núñez, en la oficina donde atiende a los afectados.
Responsabilidades. En relación con la exigencia de responsabilidades, el abogado y portavoz llegó a animar a los empresarios, Cámara de Comercio y CEOE a que pidan cuentas a la Gerencia de Urbanismo, al considerar que "no querrán enriquecerse a través del robo al los vecinos de sus derechos".
La Coordinadota de Pueblos y Barrios de Tenerife estuvo presente ayer junto a la Plataforma contra el PGO. Su portavoz, Andrés Pérez, lamentó que algunas voces institucionales hayan atacado a la Plataforma aduciendo que está politizada. "Se cree el ladrón que todos son de su condición", sostuvo Pérez, que defendió a la Coordinadora de Pueblos y Barrios como un colectivo "apartidista".
El portavoz de la Coordinadora anunció además la pretensión de analizar no sólo lo que acontece con el Plan General de Santa Cruz de Tenerife, sino los documentos planificadores del resto de municipios de la Isla. "Vamos a saco a todos los Ayuntamientos, a controlar todo lo que se mueva".
Redactores del PGO de Abegondo reconocieron la depreciación
Un caso parecido al que vive Santa Cruz de Tenerife en estos momentos con su Plan General de Ordenación lo vivió hace dos años el municipio de Abegondo, en la provincia de La Coruña. Pero con varias salvedades. La primera, que en este caso fueron los redactores del PGO quienes reconocieron que dejar tal número de casas fuera de ordenación implicaba un "grave perjuicio" , toda vez que disminuye el patrimonio de sus propietarios, tal y como pusieron de manifiesto en La Opinión de La Coruña en septiembre de 2007.
En el resto de connotaciones, el caso del municipio de Abegondo no es equiparable al de Santa Cruz, por cuanto las edificaciones que quedan fuera de ordenación no son equiparables. Mientras en Santa Cruz de Tenerife hablamos de las viviendas superiores de edificios altos, en Abegondo nos encontramos con edificaciones de menores alturas y que presentan otro tipo de afección.
No en vano, el gallego es un municipio que no alcanza siquiera los seis mil habitantes. Estas viviendas, concretamente 1.172 de 3.325, quedaron excluidas del planeamiento con arreglo a unas restrictivas premisas de la Xunta de Galicia.
Fueron los propios redactores, con el apoyo del Concello, quienes solicitaron a través de un informe enviado a la Xunta la flexibilización en los criterios, al respecto de la eliminación de los suelos urbanizables y los de expansión del núcleo rural previstos.
En dicho informe, los redactores incidían en las consecuencias, en forma de pérdidas de derechos, que lleva aparejada la situación de fuera de ordenación. Por ejemplo, que sólo se pueden autorizar "obras de mera conservación y las necesarias para el mantenimiento del uso preexistente".
Otra de las diferencias notables pasan porque el trámite del PGO se sitúa aún en la fase de aprobación inicial, mientras que el documento de Santa Cruz de Tenerife solo precisa de la aprobación ya definitiva del Pleno y el visto bueno final de la Cotmac, que de cualquier forma no entrará a valorar las viviendas que se encuentran fuera de ordenación.
* La Opinión Tenerife - SAMUEL GONZÁLEZ (IDEAPRESS) - 19.12.09
Foto: Torres de edificios afectadas por el nuevo PGO de Santa Cruz. José Luis González, laopinion.es
Arca denuncia que el PSIR Piélagos-Villaescusa va a ser un nuevo pelotazo urbanístico, con campo de golf y viviendas
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CANTABRIACONFIDENCIAL* : La asociación ecologista Arca ha denunciado hoy que con el PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) que el Gobierno de Cantabria está empezando a tramitar entre los municipios de Piélagos y Villaescusa se está fraguando "un nuevo pelotazo urbanístico" consistente en la construcción de un "gran campo de golf", viviendas y un complejo hotelero.
Al hilo de este asunto, el portavoz de Arca, Gonzalo Canales, criticó la "desastrosa" política de ordenación del territorio del Gobierno regional y acusó al consejero, José María Mazón, de ser una "especie de Hormaechea". Además, y en relación con las posiciones a favor de la legalización de las viviendas con sentencias de derribo, señaló que la clases política de Cantabria es "basura humana".
En cuanto al PSIR Piélagos-Villaescusa, explicó que se desarrolla dentro de lo que el Plan de Ordenación del Litoral (POL) denomina Áreas Integrales Estratégicas Productivas, que tienen el doble objetivo de conseguir suelo productivo, es decir la instalación de industrias, y la restauración ambiental. Sin embargo en este caso, "no se va a restaurar absolutamente nada", dijo.
Así, señaló que la mitad de la superficie (unos 700.000 metros cuadrados), se destinan efectivamente a usos productivos, sin embargo en el resto la restauración ambiental "no existe", sino que 347.000 metros cuadrados (unas 35 hectáreas) se van a dedicar a "uso deportivo extensivo", 65.000 a uso hotelero y 20.000 a residencial, lo que podría suponer la construcción de más de 200 viviendas de 100 metros cuadrados cada una.
Según precisó, la empresa que promueve este proyecto es Vipar Parque Empresarial S.L., participada por Sodercan y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)y que a juicio de Canales "pasará a ser una especie de sociedad pública"
De esta manera, según Canales, "se incumplen los objetivos", al introducir los usos residencial, hotelero y deportivo extensivo, y "se está fraguando un nuevo pelotazo urbanístico" que es "un paso más en la escalada de corrupción y especulación urbanística en Cantabria", recalcó.
La "conclusión" para Arca es que PSIR es "igual a corrupción" y "a pelotazo urbanístico", y que el fin de este tipo de proyectos no es la ordenación del territorio, sino que son "instrumentos descarados para defender determinados intereses particulares y para sacar determinados negocios".
Precisó además que la mitad de los suelos de este PSIR, la parte que está en Villaescusa, son rústicos de especial protección, mientras que en la ubicada en Piélagos están zonificados como de "máxima valoración agroecologíca".
Canales puso en relación este hecho con la modificación de la Ley del Suelo que está tramitando el Ejecutivo para permitir que los PSIR se desarrollen también en suelos rústicos de especial protección y opinó que la "verdadera justificación" de la misma es "legislar a la carta" para poder sacar adelante estos "pelotazos urbanísticos que son los PSIR", en concreto el de Piélagos-Villaescusa y otro que "está en espera" en San Felices de Buelna, dijo.
Por eso "no es extraño", según dijo, que esa modificación se esté tramitando de forma "totalmente oscurantista", no se ha convocado al Consejo de Ordenación del Territorio, del que Arca forma parte, y "sin ningún tipo de estudios" ni justificación técnica.
POLÍTICA "DESASTROSA"
La conclusión de todo ello, para Arca, es que el Gobierno está haciendo una política de ordenación del territorio "absolutamente desastrosa" y "oscurantista", y su máximo responsable, el consejero José María Mazón, está "amparando la cultura del pelotazo urbanístico, la corrupción y la especulación" y demuestra un "absoluto desprecio" por el Consejo de Ordenación del Territorio.
"Lo que tenemos con Mazón es una especie de Hormaechea segunda parte, una especie de resurrección de los peores años de Hormaechea" señaló Canales, quien en nombre de Arca volvió a pedir la "inmediata dimisión" del consejero, porque Cantabria "no puede aguantar más" estas políticas de "absoluta desordenación del territorio", y porque "no tiene ni capacidad técnica ni política para desarrollar una política de ordenación sostenible", subrayó.
Preguntado por el derribo de Cerrias, criticó que "todas" la declaraciones de los responsables políticos van en el sentido de "legalizar" estas viviendas, lo que produce "vergüenza ajena", dijo. para canales, "basura humana" es lo que "tenemos en la clase politica de Cantabria".
Sobre la postura de la asociación al respecto, señaló que es la que viene manteniendo de "absoluta firmeza", aunque emplazó al próximo día 22 para hacer un pronunciamiento más detallado al respecto.
En cualquier caso, reiteró que las declaraciones de los políticos de la región en este asunto generan en Arca una "tristeza profunda" y ponen de manifiesto que "toda" la clase política Cantabria "es vergonzosa". "Mazón, desde luego, va a hacer bueno a Hormaechea", apostilló.
* Cantabria Confidencial - 18.12.09
Foto: Piélagos (Cantabria), ayuntamiento - pielagos.com
Carta abierta a nuestras autoridades y a todos los ciudadanos valencianos: Políticos y especuladores en Valencia
ANTONIO MARÍN SEGOVIA* : Todavía recuerdo las campañas orquestadas por Rita Barberá (antes de que fuera alcaldesa de Valencia) para destruir el cauce del río Turia y convertirlo en una autopista, así como su apoyo a ciertos especuladores que deseaban destruir el Parque Natural del Saler y convertirlo en un nuevo Benidorm... Convertir el Cabañal es un barrio periférico sin personalidad es un disparate además de una demostración de ignorancia imperdonable... Y la fuerza de los votos y la manipulación ejercida y desarrollada, brutal y sistemáticamente, por el PP en los últimos 20 años, no significa que tenga sentido destruir un barrio de pescadores singular y único en Valencia.
Afirmar como hacen algunos indeseables que la fuerza de los votos permite la comisión de todo tipo de ilegalidades, únicamente demuestra la falta de respeto por la historia, por la cultura, por la legalidad y por el patrimonio que tiene el PP y su corte de aduladores a sueldo.
Si existe algún enemigo de Valencia y de nuestra cultura ese es el PP y la inefable Sra. Rita Barberá, experta en expolios, saqueos y en la difusión de mentiras, de grandes mentiras...
Todavía recuerdo las campañas orquestadas por Rita Barberá (antes de que fuera alcaldesa de Valencia) para destruir el cauce del río Turia y convertirlo en una autopista, así como su apoyo a ciertos especuladores que deseaban destruir el Parque Natural del Saler y convertirlo en un nuevo Benidorm... Y por favor. señores del PP (y del PSOE): dejen de justificar sus abusos urbanísticos y pelotazos con los votos. Sabemos bien que el único partido que gana es el partido de la abstención...
Estoy deseando que el Ministerio de Cultura se pronuncie favorablemente a favor de los sufridos y combativos miembros de Salvem el Cabanyal, aunque tarda demasiado el anhelado informe. Yo me espero lo peor, dada la falta de reflejos que demuestra el gobierno del Sr. Zapatero a la hora de defender la legalidad y a los ciudadanos de a pie...
Insisto: conservar nuestras señas de identidad es lo que puede salvar a Valencia de ser un vulgar pueblo y no convertir a nuestra mediterránea villa la en una ciudad sin alma y sin señas de identidad únicas.
Ya sabemos que al PP y a la Señorita Rita Barberá no le interesa salvaguardar y respetar nuestro legado patrimonial, nuestra cultura.
Día a día el PP demuestra su desdén y su desprecio por Valencia y por los valencianos. Aquí, en la capital del Turia, debemos ser masoquistas, aunque tampoco tenemos alternativas al PP, pues el PSOE ejerce una oposición débil y muy blanda, por no calificarla de cobarde. No entiendo a qué tiene miedo, pues Rita Barberá ni es inmortal ni es Dios ni es la reina de los mares... Es tan mortal como yo y sus argumentos carecen de peso y son fáciles de desmontar con un poquito de inteligencia y tenacidad.
Motivos tenemos para protestar y defender nuestro derecho a vivir en ciudades con alma, con corazón, lejos de la barbarie y de la especulación. Y somos conscientes de que ni el PP ni el PSOE saben canalizar las demandas y necesidades de los ciudadanos, por eso crece la abstención y el desprecio hacia la clase política, hacia los dos grandes partidos dinásticos y neofranquistas.
Es hora de la República Valenciana, de promover una nueva forma de hacer política desde las necesidades diarias y con el objetivo de lograr la total independencia de los valencianos, tanto territorial como emocional.
Nosotros tenemos que elegir nuestro destino y fijar nuestras normas de convivencia, lejos de cualquier yugo o imposición externa.
Ayer fue el barrio del Cabañal y el regalo de unos terrenos en Benicalap a una empresa privada llamada Valencia SAD. Hoy es el Jardín de Monforte y mañana será otro disparate que se le ocurra a algún especulador sin escrupúlos, vinculado a la clase política dinástica.
* Antonio Marín Segovia
Miembro del ‘Cercle Obert’ de Benicalap i de República Valenciana
* OtroMadrid.org - Antonio Marín Segovia - Cercle Obert de Benicalap - 16.12.09
Collado-Villalba: Los vecinos de Altagracia denuncian el abandono de su urbanización
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ELFARODELGUADARRAMA/Madrid* : Ninguno de los 39 vecinos que decidieron comprar un chalé de cerca de 600.000 euros en la urbanización Altagracia, en Collado Villalba, pudieron pensar que un año después de haber entrado a vivir en estas viviendas de lujo se iban a encontrar en una urbanización abandonada por la promotora y el Ayuntamiento.
Debido a la crisis inmobiliaria, ORAMBA -empresa promotora de estos unifamiliares- no ha finalizado la construcción de más de 60 chalés, por lo que no se han recepcionado las calles. Esta situación ha provocado que pese a pagar sus impuestos (más de 600 euros de IBI), estos vecinos no se beneficien de los servicios de limpieza y mantenimiento de Collado Villalba. De hecho, en esta urbanización no hay ni siquiera papeleras, y la gran mayoría de las farolas están deterioradas y sin funcionar porque nunca se han cambiado las bombillas. Tampoco se han puesto nombres a las calles, sino que ha sido uno de los vecinos el que ha diseñado y colocado los carteles para que “al menos el cartero nos pueda traer la correspondencia”.
Según explican, durante este tiempo se han puesto en contacto con la promotora, explicándoles además que hay un gran número de viviendas a medio construir y que no han sido debidamente cerradas, lo que ha provocado que los fines de semana muchos jóvenes las utilicen como refugio donde realizar sus botellones. También se han encontrado borrachos y drogadictos, por lo que cada semana tienen que llamar a la Policía Local para ‘desalojar’ a alguien. Además, tras el abandono de la promotora, estas casas se han convertido en un foco de infección poblado de ratas y otros animales. La gran mayoría de los vecinos tienen niños pequeños que juegan, según dicen, en un auténtico estercolero, donde también hay bidones con combustible, hierros y todo tipo de desechos.
Uno de los vecinos, que habla en nombre de todos -ya que debido al limbo en el que se encuentra esta urbanización no pueden constituirse como asociación-, afirma que la promotora les da largas y que, tras muchos meses de revindicaciones, únicamente han conseguido que se termine de adecuar una pista de pádel, un vestuario y la piscina comunitaria.
Pero todavía hay más problemas, sobre todo circulatorios. Esta urbanización también cuenta con un acceso a la calle Doctor Poveda a través de una rotonda. Esta glorieta lleva cerrada desde que se construyó y, pese a haberse realizado dos retranqueos, a día de hoy la Policía Local todavía no ha dado autorización para que se pueda abrir al tráfico, lo que provoca que, como las vallas se encuentran en el suelo, muchos visitantes se confundan y tengan que frenar bruscamente en una zona con poca visibilidad, al encontrar este acceso cerrado. Pero hay que tener en cuenta que esta calle, desde el acceso al Mirador de la Sierra hasta la entrada a la urbanización Fontenebro, no cuenta con señalización ni con limitadores de velocidad, así que las velocidades que se pueden llegar a coger en este tramo superan en muchas ocasiones los 100 kilómetros hora.
“Se está realizando un informe sobre la situación”
Respecto a estos problemas, el director de Urbanismo, Jesús García del Burgo, ha asegurado que esta semana unos técnicos municipales se han personado en la urbanización y están elaborando un informe que enviarán a ORAMBA para instarles a que cierren convenientemente las casas que están sin terminar o a medio construir. Además, pedirán que limpien la zona de escombros, entre otras cuestiones. García del Burgo señaló que este tipo de situaciones se producen como consecuencia de la crisis inmobiliaria, y que pese a la presencia de estas familias no pueden recepcionar la urbanización hasta que que esté finalizada. “Hemos visto las peticiones de los vecinos y nos hemos puesto en contacto con la promotora. Estamos por dar soluciones y alternativas a esta situación”, finalizó.
* El Faro del Guadarrama - Arancha Ortega - 18.12.09
Foto: elfarodelguadarrama.com
'Otro Castro es Posible' recuerda la obligación de convocar una consulta popular
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DIARIOMONTAÑÉS* : La asociación denuncia que hace un año, el pleno del Ayuntamiento de Castro aprobó la celebración de una consulta para que la ciudadanía decidiese sobre el futuro de su bahía. Desde entonces, no ha realizado ninguna acción en este sentido, pese a su obligación legal. Fuentes de la Dirección General de Puertos de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo han informado a la asociación ciudadana Otro Castro Es Posible de la inminente licitación y ejecución de las obras del puerto deportivo de Castro Urdiales a comienzos del 2010.
Este hecho se corrobora por la aprobación en el Consejo de Gobierno de Cantabria, celebrado ayer mismo, de la autorización para la licitación del proyecto y ejecución de obras con un presupuesto de casi 17 millones de euros. Los planes del Gobierno de Cantabria desdicen una vez más los planteamientos del propio presidente Revilla que adquirió el compromiso de no ejecutar el puerto deportivo si el Ayuntamiento y el pueblo de Castro no lo querían (sic). Ante esta situación Otro Castro es Posible pone de nuevo de manifiesto la obligación del ayuntamiento castreño de organizar una consulta popular para que la ciudadanía de este municipio decida sobre el futuro de su bahía y puerto deportivo.
La denuncia de la asociación ciudadana se basa en la aprobación hace aproximadamente un año, por parte del pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales a propuesta del concejal de Izquierda Unida, de la celebración de una consulta popular en el municipio sobre este proyecto. En este sentido, desde el consistorio no se ha tomado ninguna decisión para implementar la consulta.
Esta es la razón por la que Otro Castro Es Posible reivindica el ejercicio de este derecho democrático, reconocido ya de manera oficial por su Ayuntamiento, y recuerda a sus responsables políticos, y especialmente a su alcalde, la obligación que tienen de llevar a cabo la consulta popular. Se señala por la asociación que las condiciones por las que atraviesa el ayuntamiento, en “estado de coma” debido a las imputaciones y procesamientos que afectan directamente al equipo de gobierno, no son las más idóneas para organizar la consulta popular, razón por la que se apela al consenso entre las formaciones políticas para poner en marcha urgentemente un programa para la celebración de la consulta, y se pongan a disposición los medios para que se informe, se opine y se debata la aceptación o rechazo al puerto deportivo.
El derecho de consulta popular está reconocido en la legislación española, concretamente, en el art. 71 de la ley 7/1985 reguladora de las bases de régimen local en la que se señala que “los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos”.
Relleno de la bahía
El proyecto aprobado por el Gobierno de Cantabria prevé el estrechamiento de la bocana de la bahía, la construcción de un dique interior perpendicular al muelle don Luis, el relleno del ecosistema intermareal bajo el Paseo Marítimo y la privatización la tercera parte de la superficie de la bahía castreña. El anteproyecto de puerto deportivo tuvo una importante contestación social desde el año 2004, organizada en torno al Colectivo para la Defensa de la Bahía que llegó a recoger más de diez mil firmas contra el proyecto. Este colectivo fue apoyado por asociaciones ecologistas y vecinales, entre ellas Otro Castro Es Posible, si bien la propuesta de consulta popular promovida por esta asociación fue desoída por el colectivo. Unas 2.500 personas, según datos de la prensa, se manifestaron en marzo de 2004 contra el puerto deportivo. El colectivo también ofreció una propuesta de ordenación del puerto organizando los usos y amarres entorno al espacio actual de la bahía, como alternativa al tremendo impacto ambiental que supondrá la construcción del puerto deportivo. Actualmente el Colectivo para la Defensa de la Bahía está disuelto.
Trigésimo aniversario de la consulta popular sobre Castro Novo
El llamamiento de Otro Castro Es Posible coincide con el 30 aniversario de la consulta popular sobre el proyecto de Castro Novo, realizada el 16 de diciembre de 1979. Ésta fue la primera consulta popular convocada en España sobre un referente urbanístico, que vino precedida de una experiencia de participación ciudadana y de movilizaciones que terminó con la claudicación del gobierno municipal de Manuel Gutierrez Elorza “Lolín”, tras la huelga de hambre de seis días de 2 concejales y 5 militantes de Izquierda Castreña Unida. El 11 de octubre de 1979 el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la convocatoria de consulta popular para el 16 de diciembre de ese mismo año. Las urnas estuvieron abiertas en todos los colegios electorales, y el pueblo votó entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde con una participación del 73,56% del censo electoral obteniendo el Si 3.188 votos, y el NO a Castro Novo 3.732 votos.
Según se pone de manifiesto desde la asociación ciudadana, esta victoria de la democracia, que rechazó el proyecto de Castro Novo, contrasta con la frustración de buena parte de la ciudadanía castreña que ha visto que a pesar de la victoria en la aquella consulta popular, se ha implantado en nuestro municipio suelo urbano y urbanizable que equivale al proyecto de Castro Novo multiplicado por diez, con el agravante de que este crecimiento urbanístico no ha venido acompañado de los equipamientos y servicios que necesita la población actual de Castro Urdiales, y sin embargo dejan entrever indicios más que probables de corrupción urbanística.
Es por esta razón por la que la consulta popular se convierte, además de un derecho democrático para decidir sobre el futuro de la ciudad, en una necesidad, y esta no es otra que la de recuperar la dignidad de una sociedad civil prácticamente inexistente durante los últimos años.
* El Diario Montañés - Mario Cerro - 18.12.09
Foto: Vista general de Castro Urdiales. / SANE, eldiariomontanes.es
El TSJ suspende cautelarmente el plan Rabassa con 13.503 casas
ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha acordado la suspensión cautelar del plan Rabassa, el proyecto urbanístico más ambicioso y polémico de Alicante, que prevé la construcción de 13.503 casas en la periferia norte de la ciudad. El programa urbanístico, adjudicado al contratista local Enrique Ortiz, fue aprobado definitivamente por el Consell el pasado mes de mayo.
La iniciativa fue recurrida por el Grupo Socialista de las Cortes Valencianas y por la Plataforma Iniciativas Ciudadanas (PIC). Con anterioridad, el Gobierno también había planteado otro recurso, en este caso porque el programa no tenía acreditados los recursos hídricos para abastecer la futura población.
El alto tribunal, según fuentes judiciales, avala la decisión de paralizar cautelarmente el plan Rabassa en dos argumentos básicos: primero porque el macroproyecto no cuenta con el preceptivo informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponibilidad de recursos hídricos; y segundo, porque el Ayuntamiento lo tramitó al margen del Plan General de Ordenacíón Urbana (PGOU) de la ciudad.
El plan Rabassa, que comenzó a tramitarse hace ocho años, ha sido la iniciativa urbanística más polémica y que mayor rechazo ha concitado entre los colectivos cívicos de la capital alicantina. Aparte de su aprobación al margen del PGOU, estos colectivos cuestionaron el negativo impacto ambiental y social de la futura macrourbanización. El rechazo social al plan cristalizó en la creación de la mencionada plataforma. El portavoz de la PIC, el profesor universitario Manuel Alcaraz, resaltó la satisfacción del colectivo por el auto del TSJ.
Desde el Ayuntamiento, gobernado por el PP con mayoría absoluta, se defendió la tesis contraria y el equipo de gobierno resaltó el volumen de viviendas sociales que llevaba aparejado el plan: 8.047 del total de 13.503.
Nada más contar con el visto bueno final del Consell, el promotor anunció que en breve comenzarían las obras de urbanización, y que en el plazo de dos años estarían levantadas las primeras casas.
Sin embargo, desde su aprobación final el plan Rabassa no ha sido noticia por el comienzo real de las obras, sino por la iniciativa del Ayuntamiento de ubicar en PAI la futura tienda de la multinacional sueca del mueble IKEA.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 18/12/2009
Foto: Alicante, vista aérea con terrenos plan Rabasa - diarioinformacion.com
Un juzgado ordena la demolición de diez viviendas en Chiclana
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DIARIODECÁDIZ* : Un juzgado ha emitido la orden de derribo de diez viviendas en Chiclana, situadas concretamente en la zona de Majadillas Bajas, al estar construidas todas ellas en terrenos denominados como urbanizable no sectorizados. En otras palabras, casas que se levantaron en suelo rústico sin contar ninguna de ellas con licencia municipal.
El Ayuntamiento recibió días atrás ese dictamen judicial y pretende ejecutar hoy mismo la orden a partir de las ocho de la mañana. Al parecer, los inquilinos de las viviendas ya han recibido varios avisos desde el juzgado para que sean ellos los que contraten los trabajos de demolición de sus propios inmuebles. Al no ser así, el Ayuntamiento tendrá que llevar a cabo esa actuación bajo mandato judicial, trasladándoles luego las facturas de los costes de esta medida a los ocupantes de las viviendas.
Todos los inmuebles se ubican en una misma parcela y ocupa prácticamente una calle. Los vecinos se arremolinaban anoche frente a las puertas de sus casas a la espera de noticias de su abogado. Según ellos, el letrado le ha asegurado que la orden judicial de derribo ha sido paralizada. No obstante, según fuentes municipales ese extremo se desconocía y será hoy cuando se sepa con seguridad si se tiran o no la decena de edificaciones.
Entre los inquilinos había ayer nerviosismo ante la proximidad del derribo de sus casas. En la calle se reunieron casi la totalidad de las familias afectadas, niños incluidos, que discutían sobre la inminente demolición de sus hogares, aunque mantenían su confianza en que esta medida no se producirá en la mañana de hoy tras hablar con el abogado.
El proceso administrativo para proceder al derribo comenzó pocos años atrás con la orden de paralización de la construcción de esas casas, según ha podido saber este medio. Fuentes consultadas relataron que se hizo caso omiso de esos avisos hasta que llegaron a levantarse las viviendas. Mientras tanto se han interpuesto recursos, pero el proceso ha continuado hasta que el juez ha decretado la demolición.
Cabe recordar que la primera de las casas que se tiró a requerimiento del juzgado en el término de Chiclana sucedió el pasado mes de marzo en la zona conocida como El Marquesado. En este caso, el ocupante tampoco hizo caso a las notificaciones de la Justicia, por lo que fue el propio Ayuntamiento de esa localidad quien se hizo cargo de los trabajos de derribo. La segunda de las viviendas que se echó abajo tuvo lugar hace escasamente un mes, pero esta vez fueron los propietarios quienes prefirieron ejecutar la orden. En ambos casos, las viviendas se situaban en suelo rústico sin disponer de las preceptivas licencias.
* Diario de Cádiz - F.M. - 18.12.09
Foto: La máquina volverá mañana a actuar en la localidad chiclanera donde continúan con el proceso de regularización de viviendas. :: ANTONIO VÁZQUEZ, lavozdigital.es
Aguirre amplía la privatización de la concesión de licencias a toda la región
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ELPAÍS/Madrid* : Primero fue el Ayuntamiento, y ahora la Comunidad de Madrid ha decidido dar cobertura legal y ampliar a toda la región la posibilidad de poner en manos de empresas la concesión de licencias y la labor de inspección y control urbanístico. Así lo recoge una de las enmiendas presentadas por el PP en la Asamblea a la Ley de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña que se vota hoy.
Concretamente su disposición adicional segunda que se titula "Colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico".
La idea es que el Gobierno homologue una serie de empresas, como las que pasan la ITV de los vehículos, para que realicen controles e inspecciones urbanísticas. La diferencia principal con el Ayuntamiento, que diseñó este sistema a raíz del escándalo de corrupción en la concesión de licencias destapado hace dos años, es que la enmienda no deja claro si podrían emitir informes referidos a modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM).
El PSOE no tiene duda de que eso sucederá. "Se trata de privatizar todo el control de la legalidad urbanística. No es la primera vez que se intenta tal operación. En el anteproyecto de la Ley del Suelo de 2001 se contemplaba la homologación de las entidades certificadoras y de inspección técnica, a lo que finalmente renunció el Gobierno de Gallardón ante las enmiendas presentadas por el PSOE", critica el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo.El PSOE pedirá que se retire la enmienda, pero si la escasa fuerza parlamentaria con la que cuenta no le se lo permite, recurrirá al Tribunal Constitucional. "Esto no tiene parangón en la legislación europea. Es inconstitucional, cualquier constructora que se precie monta un chiringuito de éstos", denuncia Gordillo.
En la Comunidad aseguran que la enmienda no afecta a ninguna de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Ninguna de esas entidades privadas, dicen, interferirá en las funciones del Gobierno regional. "Simplemente se da cobertura legal a una ordenanza del Ayuntamiento. En la enmienda se fijan una serie de características que tienen que tener las entidades privadas. El objetivo es agilizar la tramitación de las licencias", asegura un portavoz de la consejería.
Lo que está claro que hace esta enmienda es abrir la veda para que los ayuntamientos puedan implantar el mismo modelo que la capital. "Nosotros creemos que no necesitábamos esta cobertura legal. Pero si se produce, bienvenida sea", explica el impulsor de la privatización en la concesión de licencias en la capital, el concejal de Hacienda, Juan Bravo. El Ayuntamiento prevé que el nuevo sistema de tramitación de licencias empiece a funcionar en abril de 2010. De hecho, ya ha preseleccionado a unas 30 empresas que pueden cumplir los requisitos para realizar esta tarea.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 17/12/2009
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
Palma: Cuatro años y medio de cárcel para Vicens por una pieza separada del caso Son Oms
EUROPAPRESS* : El tribunal de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha condenado a cuatro años y medio de cárcel y a la inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años al diputado del Grupo Mixto Bartomeu Vicens por su implicación en una pieza separada del caso Son Oms.
La sentencia considera probado que Vicens, mientras ostentaba el cargo de conseller Insular de Territorio del Consell de Mallorca en la pasada legislatura, institución que presidía Maria Antonia Munar, ordenó el pago de 12.000 euros públicos a su contable particular para la elaboración de un informe plagiado de Internet sobre el valor del suelo.
El tribunal considera a Bartomeu Vicens autor criminalmente responsable de un delito de malversación de caudales públicos y de un delito de prevaricación administrativa.
La sentencia condena también al ex secretario general de UM, Damià Nicolau, a una pena de dos años y tres meses de cárcel e inhabilitación absoluta por tiempo de cuatro años al considerarle cómplice de un delito de malversación de caudales públicos y de un delito de prevaricación administrativa.
Por último, el tribunal condena al antiguo contable personal de Vicens, Tomàs Martín, a dieciocho meses de multa con una cuota diaria de ocho euros y a la inhabilitación absoluta por un tiempo de un año y tres meses, por considerarle cooperador responsable de un delito de malversación de caudales públicos.
Contra la sentencia, que no es firme, cabe presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Vicens confirmó este jueves en los pasillos de la Cámara autonómico que recurrirá la sentencia al TS y aseguró que, por el momento, no se plantea dejar su escaño en el Parlament balear. Pese a que Vicens fue suspendido de militancia de UM cuando el juez que instruye el caso Son Oms decretó prisión bajo fianza de 100.000 euros para él, éste mantiene su escaño en la Cámara.
De esta forma, el tribunal ha condenado a Vicens a la misma pena que pedía la Fiscalía, que solicitó cuatro años y seis meses de prisión para el ex conseller. En el caso de Nicolau, la pena del tribunal es inferior a lo que pedía la Fiscalía, que solicitó tres años y dos meses para él. En el caso de Martín, el tribunal también le condena a la pena que pedía el Ministerio Público, que en un inicio pidió nueve meses de privación de libertad, mientras que finalmente solicitó una pena pecuniaria de 18 meses de multa.
* Europa Press - 17.12.09
Foto: Palma, polígono Son Oms - interempresas.net
Imputan por la trama urbanística de Llíber al actual alcalde y a tres ediles
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LEVANTE/Alicante* : La trama urbanística de Llíber no deja de engordar. Entre los imputados hay promotores, constructores e intermediarios en la venta de terrenos no urbanizables y chalés ilegales. Hasta ahora el único político implicado era el ex alcalde de Llíber, José Mas Avellá, del PP, que ayer, tras declarar ante la juez, ingresó en prisión provisional sin fianza. Sin embargo, el actual primer edil, Juan Bautista Reus, del PSPV, también está desde ayer imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
La misma suerte que Reus corrieron todos los políticos que integraban la corporación de Llíber entre 1999 y 2003, que presidía como alcalde el popular José Mas. Además del actual primer edil, acudieron en la mañana de ayer al cuartel de la Guardia Civil de Calp el primer teniente de alcalde y actual responsable de Urbanismo, José Ordines, del PSPV, el ex concejal socialista José Fullana, y los dos ediles del PP José Juan Reus y Vicente Andrés Ivars. Todos ellos, tras ser interrogados en calidad de detenidos, quedaron en libertad pero imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
Fuentes del caso indicaron que a estos cinco políticos, de los que cuatro siguen en la corporación actual, se les relaciona con la trama de corrupción urbanística porque, en las actas de pleno del mandato de 1999 a 2003, figura que votaron a favor de dar licencias para edificar casas en suelo no urbanizable. No obstante, según las mismas fuentes, aquellos votos no tenían valor, ya que el entonces alcalde no había delegado en el pleno la facultad de conceder permisos de obra.
En esos años fue cuando el ayuntamiento otorgó licencias a destajo para construir viviendas que eran ilegales pues estaban en suelo rústico y en parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados (algunas incluso de 2.000 y 1.000 m2). En ese mandato, se edificaron entre 300 y 350 chalés ilegales que todavía hoy tienen servicios de luz y agua en precario (de obra). Fue entonces cuando el promotor Miguel M., para quien la juez decretó el lunes prisión provisional, y otros empresarios ahora imputados presuntamente estafaron a cientos de residentes extranjeros al venderles casas que están fuera de ordenación y que son difícilmente legalizables.
En la mañana de ayer, la juez del juzgado número 3 de Dénia que instruye este caso de presunto corrupción urbanística tomó declaración al ex alcalde José Mas Avellá y al arquitecto técnico Amador Signes. La magistrada ordenó para ambos el ingreso en prisión provisional sin fianza. En cambio, el otro imputado en prisión, el promotor antes citado, sí que puede salir en libertad si abona una fianza de 100.000 euros. Tanto José Mas como Amador Signes, quien fue hasta 2003 aparejador municipal de Llíber (el encargado, por tanto, de informar los permisos de obra), están acusados de cohecho, estafa, prevaricación y delito contra la ordenación del territorio.
El número de implicados en la trama no ha parado de crecer desde que el domingo la Guardia Civil detuvo al promotor Miguel M. y al constructor Trevor B. Este último y la también promotora Truder W. quedaron en libertad, pero imputados por estafa y cohecho tras declarar ante la juez el martes. Los empresarios que han estado arrestados por la trama son cinco, pero hay otros promotores, intermediarios y, posiblemente, un notario que también podrían estar relacionados con la construcción de las casas ilegales, su venta fraudulenta y la falsificación de escrituras y títulos de compra-venta.
Llíber, un pueblo del interior de la Marina Alta de mil habitantes, de los que más de la mitad son residentes extranjeros, se ha visto sacudido por un escándalo urbanístico de dimensión descomunal.
"Si José Mas tiene culpa, los otros también"
"En Llíber, toda la vida se han dado licencias para construir en parcelas de 5.000 m2". Familiares del ex alcalde José Mas Avellá, que acudieron al juzgado mientras éste declaraba, afirmaron ayer que, si en el municipio ha habido "barbaridades" urbanísticas, la responsabilidad es de más de un político. Aseguraron que la excepción de permitir construir en suelo no urbanizable en parcelas de 5.000 metros cuadrados (lo legal es en terrenos de 10.000 m2) la han aplicado tanto el PP como el PSPV. "Si José Mas tiene culpa, los otros también", sostuvieron estos familiares, que admitieron que entre 1999 y 2003 se edificaron más viviendas ilegales, "pero es que hubo más demanda". "Nosotros y también todo el pueblo estamos convencidos de su inocencia", proclamaron. También recordaron que el ex aparejador municipal, Amador Signes, estuvo durante 20 años trabajando para el ayuntamiento y para gobiernos socialistas y populares. Este arquitecto técnico, de quien prescindió el PSPV cuando en 2003 recuperó la alcaldía, hizo, según fuentes del caso, proyectos privados de chalés que luego autorizó como aparejador municipal.
* Levante-EMV - A. P. F. - 17.12.09
Foto: Llíber (Alicante), chalés ilegales - diarioinformación.com
Barcelona: Un hotel de lujo que incumple la Ley de Costas
DIAGONAL* : Hace dos meses se inauguró el Hotel Vela, una instalación de lujo que ha multiplicado el precio de los inmuebles y amenaza el tejido social histórico de la Barceloneta. Barcelona tiene un problema de modelo social, económico y urbanístico. Las autoridades municipales, denuncian desde los movimientos sociales de la ciudad, han puesto a la capital catalana, más que nunca, al servicio de los intereses de los grupos inmobiliarios y del turismo.
Un ejemplo de todo esto es el Hotel Vela, inaugurado hace poco más de dos meses, una instalación de lujo en medio de un barrio popular y de origen pescador como la Barceloneta. “El Vela orientará el comercio de la zona hacia el turismo con alto poder adquisitivo, incrementará los precios de la vivienda e intensificará el fenómeno de los apartamentos turísticos”, afirma Gala Pin de la Plataforma en Defensa de la Barceloneta.
La plataforma ha interpuesto un contencioso administrativo en el que solicita el derribo de esta edificación o bien que se someta a debate público cuál debe ser el uso de Vela. Se acusa a las autoridades de incumplir la Ley de Costas y de convertir a usos privados un espacio de titularidad pública donde no se permitían edificaciones hoteleras.
En este espacio antes del Hotel Vela había un restaurante popular donde se podía ir a pasar el día y llevar comida de casa “y ahora ese espacio se ha privatizado para los más ricos”, afirma Emilia Llorca, presidenta de l’Associació de Veïns de l’Òstia, de la Barceloneta quien añade que “el barrio no ganará nada con el Vela”. Pin señala que el rechazo de los vecinos a esta nueva operación es muy amplio, “la gente aún recuerda cuando, según la Ley de Costas, se restringieron los usos de la playa para los chiringuitos, y no se entiende que ahora se permita esta construcción”.
Falta de transparencia
Desde la Plataforma se acusa al Ayuntamiento de tener prácticas poco democráticas y nada transparentes. El Plan Especial Nova Bocana, que modificará la imagen del barrio, deja “en manos de las empresas inmobiliarias la remodelación urbanística de la Barceloneta, sin que haya un planteamiento social o garantista”, afirma Pin. También indica que el Plan “de los ascensores” (para incluir ascensores en muchos edificios antiguos del barrio) se ha realizado sin la más mínima perspectiva social y que podría acabar expulsando a muchos vecinos por no poder asumir el coste de la reforma.
Este plan, por ahora paralizado, ha despertado un amplio rechazo entre los vecinos. Para Pin, la Autoridad Portuaria de Barcelona tiene una influencia excesiva y poco transparente en las decisiones del Gobierno municipal, “los ciudadanos debemos disponer de mayores controles”, añade.
Vecinos al abordaje
Durante la inauguración de este hotel se realizaron diferentes actos de protesta como una sardinada popular o un ‘abordaje’ por tierra, mar y aire. El objetivo de estas acciones era sensibilizar a la población, aunque el hotel es ya una realidad que está afectando al barrio. A día de hoy, denuncia Llorca, se pagan alquileres por valor de mil euros por pisos de 30 metros, y ya se está vendiendo la Barceloneta como una marca para restaurantes de precios prohibitivos.
“El tejido social del barrio se está rompiendo con el Vela”, afirma Llorca. “Aún quedan pendiente la resolución del contencioso administrativo presentado. Además seguiremos con las acciones de protesta, porque nuestra crítica va más allá del Vela, es una crítica a un modelo de ciudad donde predominan los intereses privados, la falta de transparencia y donde existen claros déficits democráticos”, concluye.
* Periódico Diagonal - Viçent Canet. Barcelona - 14.12.09
Foto: HOTEL VELA. Las organizaciones de vecinos llevan años expresando su malestar por la construcción de este hotel de lujo. - diagonalperiodico.net
Lanzarote: Pelotazos y ´paquetes´
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LAPROVINCIA* : La mayor operación contra la corrupción puesta en marcha en Lanzarote deja al descubierto decenas de irregularidades. Pelotacito, el pelotazo". El empresario y vocal de la Cámara de Comercio de Lanzarote, Fernando Becerra, no dudó en alardear en una de las conversaciones grabadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de la posibilidad de obtener presuntas comisiones ilegales por actuar de intermediario en diferentes negocios urbanísticos tanto en los municipios de Arrecife como en el de Yaiza.
La lectura de las conversaciones telefónicas grabadas con autorización judicial en el marco de la operación Unión y de las declaraciones realizadas por algunos de los más de 30 imputados recogidas en el sumario ponen al descubierto una extensa mancha de corrupción que sacude a Lanzarote de norte a sur.
Una operación que se inició el 5 de junio de 2008 cuando el por entonces consejero de los Centros Turísticos del Cabildo y secretario insular de los socialistas lanzaroteños, Carlos Espino, puso en marcha la grabadora entregada por la Guardia Civil durante la reunión mantenida con Fernando Becerra en el que le iba a hacer llegar la propuesta del promotor Luis Lleó para construir el megaproyecto de las 1.000 viviendas en Costa Roja, en Playa Blanca.
A partir de ese momento y ante la gravedad de los posibles delitos que se estaban cometiendo, el Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife, la Fiscalía y los agentes de la UCO pusieron en marcha la mayor operación contra la corrupción que se ha desarrollado en Lanzarote.
Los servicios de vigilancia especiales de los agentes de la UCO a los principales implicados les llevó a realizar todo tipo de grabaciones y fotografías. Unas medidas que incluyeron también las escuchas telefónicas realizadas con el pertinente mandamiento judicial durante varios meses.
El dinero corría de un lado para otro y las presuntas comisiones ilegales a empresarios por la adjudicación de obras se convirtió en una actividad más dentro de las labores diarias de algunos concejales y miembros destacados del PIL. "Los paquetes (sobres con dinero) los preparaba Matías Curbelo", llegó a decir ante el juez el que fuera concejal de Urbanismo en Arrecife, Ubaldo Becerra, para justificar cómo se repartía en algunas ocasiones las comisiones recibidas por los empresarios.
Dinero que incluso se llegó a entregar en el baño del aeropuerto de Lanzarote, un sobre con 6.000 euros, ante el viaje a Cuba de dos de los imputados. En otras ocasiones "las bolsas" como las llamaba Alfredo Rodríguez, trabajador del Cabildo y utilizado presuntamente en ocasiones como la persona encargada de recoger las comisiones, se repartían en cafeterías o viviendas de los implicados. Cualquier sitio era válido siempre y cuando no levantara sospechas.
La lista de políticos y empresarios que salen en las conversaciones telefónicas y en las declaraciones ante el juez es inmensa. Sin embargo, muchas de las acusaciones que se realizan por los propios imputados no están del todo demostradas en las investigaciones que han salido a la luz pública después del levantamiento parcial del secreto de sumario. La trama de la corrupción sigue abierta.
* La Provincia - D. RIVERO - 16.12.09
Foto: Un furgón de la Guardia Civil ante uno de los despachos del promotor Luis Lleó el pasado mes de mayo en Arrecife.- JAVIER FUENTES, laprovincia.es
Demoliciones
CARLOS MARTÍNEZ BUJÁN* : Las demoliciones de viviendas llevadas a cabo en el Ayuntamiento de A Guarda, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), no van a quedar como un caso aislado en nuestra comunidad autónoma. Son muchos los municipios gallegos que cuentan con alguna vivienda ilegal sobre la que pende una orden de demolición decretada por los tribunales, con casos tan relevantes como el de Vigo.
Evidentemente, la tipología de viviendas afectadas que incumplen la legalidad urbanística es muy variada: desde los casos en que es el propio particular el que construye la obra sin licencia, o sin ajustarse a los términos de la licencia concedida, hasta los casos (que son mayoritarios) de personas que adquirieron de buena fe una vivienda provista de la correspondiente licencia y que vienen habitándola desde hace años. Es en estos últimos casos donde surge el verdadero drama humano de quienes, sin tener responsabilidad alguna en lo sucedido, se ven compelidos a abandonar sus hogares. ¿Qué pueden hacer estas personas?
Ante todo, deberán acatar la sentencia que decreta la demolición y no oponerse físicamente a su ejecución, porque de lo contrario acabarán cometiendo con seguridad un delito. Sentado esto, lo que procede es exigir responsabilidad a la Administración por haber otorgado una licencia contraria a las normas urbanísticas. En algunos supuestos dicha responsabilidad podrá exigirse incluso por la vía penal, dado que en nuestro Código existe un delito de prevaricación urbanística, que castiga a la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, haya concedido una licencia contraria a las normas urbanísticas o haya informado favorablemente dicha concesión. Con todo, hay que tener en cuenta que el delito de prevaricación exige una vulneración clamorosa y grosera de la legalidad, y que nuestros tribunales suelen aplicarlo singularmente cuando existen informes contrarios del arquitecto municipal y del asesor jurídico. En cambio, la prevaricación se rechaza siempre que quepa entender que la concesión de la licencia "se encuentra dentro de las opiniones que pueden ser jurídicamente defendibles", circunstancia que concurría, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de A Guarda, puesto que, antes de la sentencia del TSXG, algunos jueces de Pontevedra habían avalado la interpretación jurídica realizada por el Ayuntamiento.
Ahora bien, el hecho de que no exista delito no implica que no quepa exigir una responsabilidad administrativa patrimonial al ayuntamiento (o, en su caso, a la Xunta de Galicia), que es una responsabilidad directa y de carácter objetivo, consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y que genera un derecho del particular a ser indemnizado por los daños materiales y morales "siempre que no exista dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado", lo cual es interpretado por la jurisprudencia dominante en el sentido de que la Administración sólo queda exonerada de responsabilidad cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido.
Por lo demás, los ciudadanos nos preguntamos cómo se ha podido llegar a situaciones como las de A Guarda, donde las demoliciones se llevan a cabo en casas habitadas desde hace años. Sin desconocer el usual modus operandi de muchos ayuntamientos de otorgar licencias de dudosa legalidad acompañadas de la promesa de que las construcciones serán legalizadas en el futuro, hay que destacar la resistencia de algunos jueces a suspender cautelarmente el otorgamiento de la licencia en el momento en que, ante la presentación de un recurso contra ella, tuvieron que decidir acerca de la adopción de posibles medidas cautelares, cuando las viviendas se hallaban en construcción o cuando ésta todavía no se había iniciado. Frente a esta posición, otros jueces adoptaron la medida cautelar de suspensión, entendiendo -a mi juicio correctamente- que en tales casos el interés general en la ordenación urbanística debe prevalecer siempre sobre el interés privado en la terminación de la obra, y que la continuación de la obra haría perder la finalidad legítima del recurso, puesto que, a la vista de la congénita lentitud de la jurisdicción contencioso-administrativa, la sentencia se dictaría cuando las viviendas estuviesen ya terminadas y ocupadas.
* ELPAIS.com - Opinión - 14/12/2009
Barcelona: Expropiados de la zona sacan su queja a la calle
ELPERIÓDICO* : Hipotecados más allá de la tumba. Así se ven las decenas de expropiados de la llamada unidad de actuación 13 del Poblenou, una pieza más del puzle que compuso el cambio radical urbanístico para dar luz a la nueva Diagonal. Tras más de ocho años de trámites, reivindicaciones y lucha judicial para lograr una compensación «justa» y con el caso ya en la recta final, en el Tribunal Supremo, un colectivo de unos 40 vecinos han sacado su grito a la calle en forma de pancartas.
Cuelgan desde los balcones de la finca de nueva construcción (Provençals, 55, con Diagonal) –semivacía– donde se han podido mudar los pocos expropiados que lograron financiación bancaria.
Su unidad la integraban 97 vecinos empadronados, aunque los no residentes no tuvieron opción a reubicarse en los pisos de protección oficial que se les ofrecieron a la venta. Otros muchos tuvieron que renunciar porque a su edad (la mayoría eran ancianos) conseguir una hipoteca era casi disparatado. No obstante, en 17 casos y con el aval familiar, lograron acceder a uno de los pisos de Provençals, a costa de endeudarse por 25 años, pese a tener, en muchos casos, más de 80.
Ramon Segura, portavoz de los que siguen reclamando lo que creen sus «derechos constitucionales», explica que la expropiación forzosa supuso para muchos vecinos obtener poco más de 60.000 euros por solares (con casa incluida) de más de cien metros cuadrados. Con esa suma solo han podido dar la entrada de los pisos de protección que les reservaron a algunos por entre 150.000 y 180.000 euros, más plazas de aparcamiento a precio de mercado normal, se quejan. La mayoría ha tenido que irse de alquiler.
LARGA ESPERA / Los afectados lucharon hasta la llegada de las excavadoras por una tasación realista, opinan. Se quejan de demoras en el procedimiento, con las que el ayuntamiento logró acogerse a una actualización del valor catastral, más conveniente para las arcas municipales que la aplicación de la tasación residual, vigente en el momento de las negociaciones, sostienen. También lamentan la larga espera que precedió a la obtención de los pisos. Y que el precio de estos quedaba por encima de sus posibilidades.
«Mis padres, de 83 y 92 años y con 66.000 euros por la expropiación, no podían pagar nada, pero para que no se vieran en la calle yo asumí la hipoteca», cuenta Joan Gisbert. Su progenitor aún pregunta a diario cuándo le van a tirar la casa, ajeno a lo que sucedió con el vecino solar, donde se levantarán más pisos en breve.
«Esta es una promoción fantasma», se queja Segura, con muchos pisos vacíos, a falta de que otros destinatarios de la vivienda de protección logren hipotecas. «Y los pisos son de mala calidad», agrega Felipe Mateo, residente en la finca, hastiado de los problemas de filtraciones del párking.
El concejal de Sant Martí, Francesc Narváez, señala que el problema radica en el criterio de valoración de la expropiación, que en este caso no puede equipararse al de los antiguos propietarios expropiados en el Poblenou. Esta unidad, apunta, obedecía a la apertura de la Diagonal y «tiene distinta consideración». La pelota está en manos de los tribunales, señala el ayuntamiento.
El colectivo se queja también de irregularidades en los procesos judiciales, tanto en el tribunal provincial de expropiaciones como, espués, con el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, con un informe pericial a su favor pero que acabó con sentencias favorables al consistorio, que adjudicó los terrenos a la promotora Espais.
Con el recurso de casación en el Supremo, esperan solución final por la vía judicial: «No queremos ganar dinero, solo que se nos dé lo que antes teníamos, una vivienda, no una deuda», sentencia Gisbert.
* El Periódico - P.C. - 16.12.09
Foto: Carteles reivindicativos contra las expropiaciones, en los balcones del número 55 de Provençals, el viernes. - danny caminal, elperiodico.com
Viva la infraestructura (haga falta o no)
ELPAÍS* : Todas las líneas del AVE tendrán en un futuro parada en el aeropuerto madrileño de Barajas, comunicado con la capital por metro, autobús y, desde el año que viene, también por trenes de cercanías. "No es necesario. ¿Qué se va a ganar? ¿Cuántos usuarios que cojan el AVE van a viajar luego en avión como para justificar la inversión en un tramo de tren de alta velocidad sin continuidad?", se pregunta Edelmiro Rúa, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
La construcción de infraestructuras de transporte -carreteras, AVE, aeropuertos, puertos-, junto con la de viviendas, ha sido uno de los principales motores de la economía española en las últimas décadas. Desde finales de los años noventa, estas infraestructuras de transporte han experimentado un gran crecimiento. En 2012 se prevé que España sea el primer país del mundo en líneas de alta velocidad en servicio y el primero de la Unión Europea en kilómetros de autovías. Con la crisis, el Estado sigue realizando y programando grandes y pequeñas obras en un intento de amortiguar la destrucción de puestos de trabajo. Pero, más allá del empleo y beneficio que genera su propia construcción, ¿son todas necesarias?, ¿hacen falta?
"Una infraestructura sólo está justificada si cumple el objetivo de eficiencia", afirma Antonio Serrano, catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia.
En 1998, la única estación del AVE a su paso por Guadalajara fue construida, en lugar de en esta ciudad, como cabría pensar, en la pequeña localidad de Yebes, a 13 kilómetros. Su construcción costó 10 millones de euros y únicamente la usan 15 personas al día.
"Las infraestructuras no son un fin, sino un medio: hay que acometerlas si tienen una utilidad real, cuando hay una relación coste-beneficio", señala Gregorio Izquierdo, director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
En Madrid, las autopistas radiales de peaje (R-2, R-3, R-4 y R-5) se construyeron para descongestionar el tráfico de las sobrecargadas autovías por las que discurren paralelas (A-2, A-3, A-4 y A-5). Sin embargo, no han logrado su objetivo hasta la fecha. Un día normal, unos 10.000 vehículos circulan por la R-2 en el tramo que enlaza la M-40 con la M-50, frente a los cerca de 112.000 que transitan por la A-2, según datos del Ministerio de Fomento. "El usuario no tiene en cuenta el ahorro de tiempo y gasolina que suponen, se queda sólo con la idea de que tiene que pagar 10 euros por sesenta kilómetros", asegura Edelmiro Rúa.
"Estas autopistas se hicieron para calificar suelo, que ha sido el negocio especulativo de este país durante años y años", manifiesta Antonio Serrano, ex secretario general de Territorio y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.
"Las radiales no son inútiles, lo que pasa es que su valoración se está haciendo en el corto plazo. La R-4, por ejemplo, es a 65 años. Por esa regla de tres, también se puede decir que Barajas, tras su ampliación, únicamente opera al 60%", alega Enrique Fuentes, director de Desarrollo de Negocio de la constructora Ferrovial.
La AP-7 entre Cartagena y Vera, inaugurada en marzo de 2007, tiene 114 kilómetros, de los cuales 97,7 son de peaje. El que apenas 2.000 vehículos circulen por ella diariamente -las previsiones los cifraban en 7.000- le ha valido el apelativo de autopista fantasma o de la especulación.
El Gobierno acordó el mes pasado dar un crédito de 200 millones de euros en 2010 a las concesionarias de las últimas autopistas de peaje para ayudarles a pagar el alto coste de las expropiaciones.
La proliferación en los últimos años de infraestructuras de dudosa utilidad tiene muchas, variadas y complejas causas.
Tras la Guerra Civil y hasta finales de los años cincuenta, España sufrió un gravísimo déficit de infraestructuras. "Lo que estaba claro entonces era que esos proyectos eran muy necesarios, pero luego se pasó al extremo: toda infraestructura es buena. Y es un tremendo error. Las hay que no son aconsejables y sería mucho mejor destinar esos recursos a otro tipo de actividades", resalta Serrano.
A juicio de Carme Miralles-Guasch, profesora de Geografía Urbana de la Universidad Autónoma de Barcelona, existe el mito de que aeropuertos, autovías o trenes de alta velocidad generan por ellos mismos desarrollo económico y social, "pero no es así si no van acompañados de otras estrategias económicas, sociales...". "Una universidad no se construye sólo con el edificio". Y cita el caso del aeropuerto de Ciudad Real, inaugurado hace un año, participado por la intervenida Caja Castilla-La Mancha (CCM), en el que opera una sola compañía, Air Berlín, y que es deficitario. "Este aeropuerto no tiene razón de ser porque está muy próximo al de Barajas. No pasa nada porque se cree primero una oferta, pero tiene que haber una demanda latente, que no esté cubierta por otras infraestructuras", indica.
Miralles-Guasch sostiene que, en algunos casos, las infraestructuras pueden ser incluso contraproducentes. Un tren o una autopista, por ejemplo, conectan poblaciones diferentes; si éstas son muy desiguales en tamaño y capacidad, la que saldrá beneficiada es la que ya era la más favorecida, argumenta. El tejido económico y empresarial se trasladará al polo más grande, donde las oportunidades son mayores.
Esta profesora de Geografía Urbana recuerda que en el siglo XIX se pensó que la llegada del ferrocarril supondría un impulso de las zonas rurales y, según relata, lo que fomentó fue precisamente lo contrario: provocó un éxodo a los grandes núcleos urbanos. "En Soria quieren el AVE, pero se olvidan de que la despoblación de la provincia vino, precisamente, con el ferrocarril del XIX", destaca. Y añade que "el objetivo es legítimo, están en su derecho de reclamar un tren de alta velocidad, pero esa infraestructura funcionará si va de la mano de otras actuaciones, no por sí sola".
El economista Gregorio Izquierdo reconoce el efecto directo de la inversión en obras públicas en la creación de puestos de trabajo. No obstante, subraya que estos proyectos "no pueden justificarse únicamente por los empleos que generan, porque llevan consigo un aumento del déficit público para financiarlos, lo que luego se traduce en una subida de impuestos que acaba destruyendo puestos de trabajo". Izquierdo apuesta por dejar "campo de juego" al sector privado para que realice estas obras "sin que se sobrecarguen las arcas públicas", sobre todo en tiempos de crisis.
La secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Inmaculada Rodríguez Piñero, defiende la conveniencia de las infraestructuras por tres razones principales: mejoran la competitividad económica y permiten un desarrollo sostenible y un equilibrio territorial. Y pone dos ejemplos. Uno de ellos es el AVE a Castilla-La Mancha, que, según apunta, ha hecho que, ante los altos precios de la vivienda en Madrid, mucha gente se haya podido ir a vivir a Toledo, yendo y viniendo a trabajar a la capital.
También destaca el caso del AVE a Valencia. "Esta ciudad se colocará a una hora y treinta y cinco minutos de Madrid. ¿Se está pensando ya en la capacidad de negocio? Aquellos que sepan anticiparse a ella, van a crecer", prevé.
Para Rodríguez Piñero, el que España en 2012 sea el líder mundial en alta velocidad "da prestigio a este país como potencia económica". "Hay dos compañías españolas fabricantes de trenes a las que van a buscar en todo el mundo porque somos referencia", asegura.
Edelmiro Rúa cree que, en muchas ocasiones, los políticos crean "necesidades ficticias" para "apuntarse tantos". Incluso a veces, lamenta, dejan en el tintero las obras más acuciantes porque hay que dar salida a las "más vistosas".
"En Galicia hay dos grandes puertos en Ferrol y A Coruña, en los que entran grandes cantidades de materias primas que hay que transportar; pues bien, a día de hoy, esos puertos no tienen accesos de ferrocarril rápidos y de carretera", critica. "Antes de finales de año se licitará el acceso viario al puerto de A Coruña", replica la secretaria de Infraestructuras.
A la fiebre de algunos políticos por inaugurar grandes obras, Rúa añade el "y yo también" ciudadano. Este ingeniero considera que "el gran avance del AVE a Sevilla fue que evitaba Despeñaperros; el de Valladolid, que en media hora estabas en Segovia", pero que, salvo casos muy concretos, se pueden obtener velocidades suficientes, adecuadas, con una modernización y mejor conservación de las líneas sin tener que recurrir a la alta velocidad, la tecnología más cara. "Sin embargo, el señor de Burgos se monta y ve que, en vez de poner que el tren va a 300 por hora, pone a 209 o a 188, y se queja, y pregunta: '¿Por qué vamos tan despacio?". Lo mismo pasa con las carreteras, en opinión de Rúa. "La gente quiere tener la autopista al salir de casa", afirma.
Otra de las causas de la existencia de infraestructuras de dudosa utilidad habría que buscarla en que, dada la distribución territorial y política de España, el criterio de equidad ha primado sobre el de eficiencia en el reparto de muchas de las inversiones en obras públicas entre las distintas regiones en los últimos tiempos.
"Obviamente, el desarrollo pasa por una cierta dotación de infraestructuras, pero existen evidencias científicas que demuestran que esas inversiones no redundan en un beneficio para la sociedad a partir de un determinado nivel de desarrollo, y encima tienen un alto coste medioambiental", manifiesta Sandra Pizzinato, responsable de la campaña de Transporte de Greenpeace, para quien urge un "cambio radical" en la política de transporte hacia "un modelo más sostenible".
Las emisiones de C02 generadas por el transporte en España se incrementaron un 89% entre 1990 y 2006, y representan una cuarta parte del total de emisiones, según la organización ecologista. "No hay que construir tanto, sino mejorar lo ya construido. Hace falta un mejor ferrocarril, pero no trenes elitistas que sólo tienen parada en las grandes poblaciones, y una mayor inversión en transporte público, no más autovías", resalta Pizzinato.
Quizás España esté próxima a alcanzar el nivel de saturación en lo que a la red de carreteras se refiere, no así en el transporte por ferrocarril, sobre todo en el de mercancías, una asignatura pendiente, ya que se hace principalmente por carretera, con un gran coste medioambiental, de acuerdo con los expertos. El ferrocarril es precisamente la gran apuesta del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020 del Ministerio de Fomento.
En un mundo globalizado amenazado por el cambio climático, donde la dependencia de un recurso que se agota, el petróleo, impone la explotación de otras fuentes de energía, el responsable de Desarrollo de Negocio de Ferrovial abre un nuevo frente: "Hay que empezar a pensar en otro tipo de infraestructuras, en las que tienen que ver con el medio ambiente". Las relacionadas con el reciclaje, la incineración de basuras, el tratamiento de aguas residuales... "En la mayoría de las comunidades, el porcentaje de basura sin tratar está en torno al 50%. En este sector, España sí que tiene un déficit brutal", subraya Enrique Fuentes.
Infraestructuras del presente, infraestructuras del futuro... en lo que coinciden los consultados es en que es necesaria una mayor racionalidad a la hora de decidir los proyectos. "Priorizar", "ser más selectivos y rigurosos", "evaluar la conveniencia de una obra desde un punto de vista económico, social, ambiental y técnico", "no duplicar recursos". "Es hora de que se imponga el sentido común", dice la profesora Miralles-Guasch. "No hay que buscar culpables. Los poderosos no son más que un reflejo de lo que somos todos. Pero no podemos seguir viviendo, como lo estamos haciendo, en este espejismo de país de nuevo rico".
* ELPAIS.com - PATRICIA M. LICERAS 16/12/2009
Foto: Las carreteras radiales de peaje no consiguen aligerar el tráfico de las autovías nacionales que hacen el mismo recorrido.- elpais.com
El Tribunal de Estrasburgo condena a España por el mal funcionamiento de la justicia
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LEVANTE/Valencia* : La decisión del Tribunal Supremo de rechazar por "falta de datos" el recurso de un vecino de Bocairent contra la decisión de la Conselleria de Urbanismo de desclasificar unos terrenos de su propiedad "violó" el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España por un mal funcionamiento de sus instituciones, en este caso, judiciales.
El fallo de la Corte de Estrasburgo establece que el Supremo, que tardó cuatro años en inadmitir el recurso, vulneró el derecho de todo ciudadano de la Unión a que una causa sea oída de manera equitativa, pública y en un plazo razonable.
El autor de la demanda, Martín Vicente Llavador, presentó en 1994 un litigio contra un cambio en las normas de planeamiento de Bocairent promovidas por el ayuntamiento y aprobadas por la Conselleria de Urbanismo del Gobierno valenciano, que afectaba de lleno a su propiedad. En concreto, el ayuntamiento modificó el planeamiento urbanístico para cambiar de urbano a no urbanizable de Protección Especial unos terrenos, de 350.000 m2 de superficie, propiedad de la familia del recurrente en el entorno de la Serra Mariola y sobre los que pretendía levantar una urbanización: "Desclasificaron mis parcelas diciendo que había demasiado suelo urbano y luego recalificaron otros de Protección Especial para hacer un camping, entonces propiedad de la esposa del arquitecto municipal y de dos concejales", según explicó ayer Martín Llavador a Levante-EMV tras conocer el fallo de Estrasburgo.
Agotada la vía administrativa, Llavador presentó un recurso contencioso-administrativo, que fue parcialmente admitido en marzo de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. No contento con el fallo del TSJ-CV, recurrió en casación ante el Supremo, que admitió el recurso en febrero de 1998 y "apremió a la otra parte [la conselleria y el ayuntamiento] a que compareciera en un plazo de 30 días para poder oponerse a la apelación". Casi 4 años después, en una sentencia de 18 noviembre de 2002, el Tribunal Supremo rechazó el recurso por "falta de datos en el escrito de presentación", según la resolución.
Tumbado en el Constitucional
Pero el periplo judicial de este empresario de Bocairent continuó en el Tribunal Constitucional, donde en una estrecha votación de tres a dos, se resolvió dar por buena la decisión del Supremo. En un voto particular, uno de los magistrados que apoyó la admisión del recurso reseñó que se habían tomado por parte de la administración "medidas exacerbadas" contra el recurrente.
El afectado recordó que se gastó 10 millones de pesetas de la época "en la redacción del proyecto, en llevar la luz eléctrica a la zona y en excavar un pozo". Sin embargo, según dijo ayer Llavador, "no me bajé los pantalones como querían y fue cuando me vinieron encima todos los problemas", declaró el recurrente, quien ayer no quiso extenderse más en sus valoraciones sobre la sentencia porque "todavía no la tengo en mis manos. Sólo conozco lo que me han dicho a través del teléfono. Lo que si sé es que me destrozaron la vida y voy a llegar hasta el final para defender mis intereses y que cada uno asuma sus responsabilidades", adelantó.
* Levante-EMV - RICARD GALLEGO - 16.12.09
Foto: Bocairent (Valencia) - lasprovincias.es
La juez encarcela al cabecilla de la trama de chalés ilegales en Llíber
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ELPAÍS/Alicante* : El caso de corrupción urbanística en Llíber sigue creciendo. La Unidad contra la Delincuencia Urbanística ha detenido ya a ocho personas, dos de las cuales están en libertad con cargos tras prestar declaración, otra en la cárcel y cinco más permanecen arrestadas en las dependencias policiales a la espera de ser interrogadas por la juez de Dénia.
La magistrada decidió ayer el envío a prisión del promotor de Xàbia Miguel M., presunto cerebro de la trama por la que varias empresas vendieron 300 viviendas en suelo rústico, con el concurso del ex alcalde de Llíber, José Más, del PP, como máximo responsable político de los permisos fraudulentos que habrían permitido la edificación de los inmuebles ilegales entre 1999 y 2004.
El ex alcalde no se encuentra solo en los calabozos, le acompañan tres constructores y el ex aparejador municipal. Éste y Mas ya habían sido imputados en un anterior proceso judicial por un caso vinculado también a las construcciones ilegales. La juez tiene previsto tomar hoy declaración a tres de los detenidos.
En el fraude masivo de la venta de centenares de viviendas ilegales se encuentran implicadas más personas que deberán comparecer ante la juez: constructores, intermediarios y hasta un notario. A todos ellos se les imputan los delitos de estafa, cohecho, pertenencia a asociación ilícita y ordenación contra el territorio.
El caso, en el que la fiscalía de Medio Ambiente de Alicante actuó de oficio tras la denuncia de uno de los clientes estafados, no es más que la herencia de la fiebre urbanística que se adueñó de Llíber desde finales de los años noventa, cuando la corporación aprobó una ordenanza que permitía la construcción de chalés en parcelas de tan solo 5.000 metros cuadrados. Este resquicio legal provocó un marasmo de operaciones de compraventa de suelo y el desembarco de los promotores de la trama, que pronto vendieron terrenos para edificar. Sus precios oscilan entre los 200.000 euros y el millón de euros.
Los promotores se encargaban de todo. Contactaban con el cliente -normalmente de procedencia británica o alemana-, lo traían desde el aeropuerto, le mostraban el idílico paisaje del municipio, le vendían el terreno, le preparaban la escritura, le convencían de que todo era legal y obtenían los permisos de edificación. Muchos de estos eran para la restauración de ruinas que no existían o para la instalación de almacenes que nunca iban a existir y que fueron expedidos por el gobierno del alcalde del PP.
Llíber es hoy un caos urbanístico, hasta el punto de que el Ayuntamiento, gobernado desde 2003 por el PSPV, instaló un cartel que en castellano e inglés advertía: "Antes de comprar una parcela, verifique su situación legal". Los estafados se han organizado en la plataforma Abusos Urbanísticos Llíber.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 16/12/2009
Foto: Llíber (Alicante) - enciclopedia.cat
Córdoba: Urbanismo sigue dando licencias en Mirabueno pese a todas las carencias
ELDÍA* : En un hecho inédito, la Gerencia Municipal de Urbanismo decidió ayer desoír un acuerdo del consejo rector del año 2005 y el criterio expresado por el servicio de Planeamiento para asegurar que las licencias de ocupación del barrio de Mirabueno se seguirán otorgando a pesar de que es evidente que la junta de compensación no ha culminado las obras del proyecto de urbanización, que existen problemas de abastecimiento energético, que no se han ejecutado determinadas actuaciones contempladas inicialmente y que la Ronda Norte se encuentra a medio hacer.
El teniente de alcalde de Urbanismo, Francisco Tejada (IU), le dio ayer la vuelta a todo lo que consta en la documentación oficial -asegurando que se ha malinterpretado- para afirmar no sólo que las licencias de primera ocupación concedidas no se revocarán sino que se darán nuevos permisos. Ayer mismo, se le dio permiso de primera ocupación a una promoción de VPO de 75 pisos y 153 cocheras.
Lo habitual en una promoción de este tipo es que primero se desarrolle el proyecto de urbanización, se conceda licencia de obras para las casas y, una vez acabado cada edificio, se dé la de primera ocupación cuando se compruebe que todo está correcto. En este caso, Urbanismo permitió urbanizar y edificar a la vez con unos avales de 13 millones por si las cosas fallaban. Las cosas han terminado fallando pero buena parte de las casas están vendidas y ocupadas. Los hechos pueden generar un expediente sancionador catalogado como muy grave.
En 2005, Urbanismo decidió que si la urbanización del suelo no se completaba, las ocupaciones concedidas serían nulas y las casas tendrían que desocuparse sin posibilidad alguna de pedir indemnizaciones. En un primer cambio, un informe de la pasada semana aseguraba que los permisos podrían ser nulos si "el órgano decisorio" así lo estimaba dejando la última decisión en manos del ámbito político. Se daba por hecho -a pesar del acuerdo de hace cuatro años- que nadie sería obligado a dejar su vivienda ya que sería una medida que afectaría a terceros que han comprado de buena fe. Sin embargo, el mismo informe incluía un documento de Endesa que aseguraba que no se podían realizar nuevas conexiones al faltar la mitad de la infraestructura del transporte eléctrico inicialmente proyectada y aprobada.
El teniente de alcalde de Urbanismo decidió ayer -en una intervención puramente política- que las licencias de ocupación se seguirán otorgando a pesar de que es más que evidente que se han incumplido las obligaciones del promotor y, por ende, que la urbanización del sector no se ha terminado conforme a las previsiones inicialmente planteadas.
Para dar las nuevas licencias, Urbanismo se aferra a un documento de Endesa que asegura que, en contra de lo anunciado, puede darle electricidad a esa promoción pero a ninguna más -para ocupar un edificio es preciso contar con un boletín que garantiza que los servicios básicos pueden ser conectados-. La argumentación de la Gerencia es que se va a quedar con los 13 millones de euros en avales (realizados por medio de la entidad financiera Cajasur) que la junta de compensación, liderada por Marín Hillinger, puso en su momento para garantizar que terminaría las obras y que con ese dinero terminará la Ronda Norte y paliará todos los problemas que tenga la urbanización. El problema principal de esa argumentación es que los precedentes son precisamente los contrarios: las ocupaciones no se tramitan y se otorgan hasta que los problemas no se han arreglado y los técnicos han constatado que todo está correcto en un procedimiento que está reglado.
Todas las fuentes consultadas, salvo el teniente de alcalde de Urbanismo, reconocen el riesgo que está asumiendo la Gerencia pues entienden que lo más probable es que el asunto de los avales acabará en un pleito en el que el Ayuntamiento puede ganar o no. "No tiene por qué suceder eso", se limitó a decir el responsable del organismo autónomo. Tejada aseguró que "pertenece al ámbito privado" la consideración de que el promotor que ha incumplido los acuerdos con el Ayuntamiento -ese es el criterio de la Gerencia para quedarse los avales- pueda seguir vendiendo viviendas.
* El Día de Córdoba - Rafael Ruiz - 16.12.09
Foto: Las obras de la ronda Norte permanecen paradas desde agosto del 2008.
Foto: A.J. GONZALEZ, diariodecordoba.com
Madrid: Un juez quiere embargar a la edil de Urbanismo por una deuda municipal
ELPAÍS* : No existen precedentes, pero de aceptarse, podría sentar las bases de una jurisprudencia sorprendente. Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) redactó un auto el pasado 5 de noviembre en el que reclama al Ayuntamiento de Madrid el pago por los intereses de una expropiación irregular realizada cuando José María Álvarez del Manzano era alcalde.
Si no se pagan, dice con un tono que expresa ya cierto hartazgo por la espera (habitual en decenas de procedimientos que tiene abiertos el Ayuntamiento por impagos), embargará bienes personales de la edil de Urbanismo, Pilar Martínez.
Lo que reseña el párrafo más suculento del auto, en suma, es que si no se abona la cantidad en la fecha acordada, que expiraba el pasado viernes, "se incrementará en dos puntos el tipo de interés aplicable sin perjuicio de que el importe de dicho incremento se repercuta sobre el patrimonio personal de la concejal del área, por la diáfana y contundente negligencia en el cumplimiento de su obligación de ejecución de la sentencia". No cabe duda de que el magistrado lleva un enfado importante.
La historia comenzó en 2001 cuando la Concejalía de Urbanismo, entonces dirigida por Ignacio del Río, expropió dos parcelas en Usera. Pagó 5,6 millones por una y 479.781 euros por la otra. Los terrenos iban a servir para construir varias promociones de vivienda protegida. Pero como suele ocurrir, los expropiados consideraron que el precio era inferior a su valor real.
Y en esta ocasión así lo creyó también un juez seis años después, en noviembre de 2007. A pagar dos millones de euros más de lo abonado, dijo. Eso, y los intereses por la demora y la inflación: 410.000 euros. Finalmente, el Ayuntamiento abonó la diferencia (en 2009), pero no los intereses.
Y cuando parecía que el Consistorio se avenía a pagar por un procedimiento amistoso una suma de 390.000 euros, según fuentes del caso, se descolgó con una oferta de 27.000 euros que, obviamente, no interesa a los afectados por la expropiación.
El caso es extraño. Según el abogado Alberto Jabonero, para que pudiese ejecutarse la amenaza que pende sobre la concejal "debería tramitarse un procedimiento específico en el que se declarase tal responsabilidad con posibilidad de defensa del afectado".
Pese a todo, en el Consistorio están tranquilos y dicen que ya les ha sucedido otras veces. "No es una práctica nueva. Cuando se dicta una sentencia, si no se cumple el plazo del juzgado, si el abogado de la parte insta a que el Ayuntamiento cumpla en el tiempo legal, nos suele pasar", explica el edil de Hacienda, Juan Bravo.
El problema, dicen, es que es final de año y la cantidad asignada en el presupuesto anual al pago de este tipo de intereses ya se ha gastado. Ahora mismo, asegura Bravo, se tramita una modificación presupuestaria para hacer frente a la cifra requerida.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 16/12/2009
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
