ELCOMERCIO* : El Ayuntamiento de Gijón tendrá esta semana entre sus papeles un nuevo litigio en materia urbanística. Tras la aceptación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de cuatro demandas que pedían la anulación del PGOU de la ciudad y el frente abierto por la plataforma de Cabueñes en relación con el plan parcial de esta parroquia y el 'caso Ovidio Blanco', ahora es la plataforma de Roces la que llevará a los tribunales las últimas modificaciones aprobadas por la CUOTA que permiten la construcción en la nueva área residencial de cuatro torres de 26 plantas de altura.
En una reunión celebrada en la tarde de ayer en el local social de la asociación de vecinos San Julián de Roces, el colectivo vecinal dio el visto bueno a la presentación de un recurso contencioso administrativo a lo largo de esta semana para paralizar estos cambios urbanísticos introducidos en el proyecto original de Sogepsa. El recurso que presentará el abogado Antonio García -el mismo letrado responsable de las denuncias que han tumbado el PGOU gijonés- se basará en que estas cuatro torres «no respetan el entorno rural en donde se van a construir», en palabras de Xicu Rosado, vicepresidente y portavoz de la asociación 'Plataforma Roces Residencial Sostenible'.
La opinión de los miembros de esta plataforma se opone a la del concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, quien aseguró que «nadie puede entender que eso sea suelo rural cuando se van a construir 3.700 viviendas». Rosado rechazó ayer esta circunstancia ya que «si bien es cierto que no es una zona rural, tampoco es una zona urbana, sino que es una actuación rururbana que afecta a un millón de metros cuadrados, de los que la mitad son zonas verdes». Además, el portavoz de la plataforma recordó que «cuando se proyectó el área central de Roces, se dijo que se iba a respetar la zona».
Además, el colectivo vecinal también rechazan estas cuatro torres al proporcionar sombra a muchas viviendas de la zona, una circunstancia que no estaba contemplada en el plan inicial. «Afecta bastante porque hay zonas que tienen mucha sombra procedente de las torres, mientras que el arco inicial daba sombra a sí mismo», incide Xicu Rosado, al tiempo que añade que «no cabe duda que las torres dan mucha más sombra que otras construcciones».
Posible paralización
Con estos antecedentes, el abogado que representa los intereses de la plataforma de Roces considera factible que este recurso llegue a buen puerto, aunque todo este proceso judicial tendrá una duración entre dos y tres años. En el caso de que durante este periodo comenzaran a levantarse estas construcciones, Xicu Rosado no descarta «que el juez ordenara detener la construcción de las cuatro torres».
Este recurso contencioso administrativo es el segundo paso de la plataforma de Roces contra estas modificaciones aprobadas por la CUOTA tras el recurso de reposición que presentaron hace menos de un mes. Durante la reunión de ayer, el medio centenar de asistentes también decidieron llevar a cabo otras acciones conjuntas para frenar las torres de Roces.
* El Comercio - J. ESCUDERO - 26.10.09
Foto: Los miembros de la plataforma de Roces lucen las camisetas en protesta de las torres de 26 alturas. / PALOMA UCHA, elcomerciodigital.com
Gijón: La plataforma de Roces iniciará esta semana el proceso judicial contra las torres
Palma: Donde las calles no tienen nombre
DIARIODEMALLORCA* : Material de construcción que se oxida y se pudre bajo la lluvia. Ni un alma en la calle y sólo dos coches aparcados. Vallas que cierran caminos que no van a ninguna parte. Persianas cerradas y balcones desiertos, sin una triste maceta. Calles sin apenas personas, sin personalidad, sin nombre.
A los pocos inquilinos que viven en Sa Marina de Son Gual les vendieron que iban a vivir en una especie de paraíso en la tierra pero viven en una especie de isla rodeada de solares, donde a duras penas llega el cartero, el alumbrado falla cada tanto, el servicio de limpieza aparece cuando le viene bien y han visto ya demasiadas ratas. Por lo menos ahora tienen agua, y no como los dos primeros años que se abastecían con camiones cisternas.
Este complejo residencial situado a unos 15 kilómetros de Palma es uno de los escenarios más representativos de los efectos del terremoto inmobiliario. Es una promoción de Martinsa-Fadesa, que presentó concurso de acreedores en julio de 2008, donde viven tan sólo una treintena de familias. Se pierden en una urbanización con dos piscinas, un parque infantil y 166 viviendas; se ahogan con unos gastos de comunidad exagerados.
"Todas esas casas son de los bancos", dice una vecina señalando a un grupo de bloques cerrados a cal y canto. Las ´casas de los bancos´ nunca se han abierto y su interior se va deteriorando. Los canalones se atascan, las tejas se caen, las humedades aparecen. Incluso han entrado a robar varias veces, llevándose lo que hay en las viviendas sin inquilinos: persianas y cocinas.
"Nos dijeron que tendrían nombre de posesiones mallorquinas... pero se llaman calle A, calle B...", explica Sandra Martínez. Ella no vive en la urbanización de Martinsa-Fadesa, pero comparte la sensación de desamparo con sus residentes. Sandra habita una de las viviendas de protección oficial situadas justo enfrente. Parece que al no haber despegado la zona como parecía que iba a pasar, los escasos vecinos que allí resisten no merecen la atención del ayuntamiento de Palma. Desde que se mudaron hace ya dos años, Sandra y su familia –que incluye a un bebé– viven abasteciéndose de agua con camiones cisterna. Los cortes son continuos.
Y no sólo es eso. No cuentan con transporte público ni con servicios y para cosas como una emergencia médica, comprar arroz o unas aspirinas tienen que desplazarse una decena de kilómetros hasta Sant Jordi.
Al menos lo que sí tienen, y mucho normalmente, es silencio y tranquilidad. Excepto aquella noche de abril en que se celebró una fiesta clandestina, una rave, aprovechando lo aislada que está la zona. Más de un año después, la suciedad sigue ahí. "Hasta en Son Banya hay barrenderos", se queja esta joven. La conclusión a la que llegan Sandra y sus vecinos es simple: "Al final nosotros pagamos el pato".
Acercándonos más al centro de Palma también encontramos víctimas de un descalabro inmobiliario que ha roto las espectativas de mucha gente, empresas e instituciones. En la zona del barrio de Amanecer las calles también son anónimas.
Javier Sombra vive en la calle C. Hace años que oye que van a hacer una urbanización, pero lo cierto es que él sólo ve inmensos solares vallados llenos de plantas salvajes. Eso sí, esta zona, conocida como Son Ferragut y de más de 110.000 metros cuadrados de extensión, tiene aceras, farolas –sin cabeza–, alcantarillas e incluso su propia salida de la vía de cintura, debidamente clausurada desde hace años.
"Sólo se ve a gente que pasea al perro y a jóvenes fumando porros", dice Javier. A él no le gustan estos solares, pero ya ni se queja: "No es muy bonito, pero estamos acostumbrados". Estos terrenos eran de Ibercon, constructora que hace poco menos de dos años tenía en mente construir uno de esos "nuevos barrios" de Palma. Incluso Cort planeaba ubicar allí el centro de Salud de Son Gelabert y se habló de trasladar a esta zona el antiguo centro de transeúntes de Can Pere Antoni, pero esos planes han quedado en nada. Ibercon, que pasó momentos críticos, ha vendido esos terrenos para ir deshaciéndose de otras viviendas. El futuro de la zona es incierto.
Si andamos hasta la calle E, llegamos hasta la Femu: el barrio vallado. "Esto hace años que esta así", dice Carmen Nieva, "ayer [por el lunes] asfaltaron la calle, pero sigue cerrada". Esta vecina quiere que abran ya el paso. "No es agradable vivir así", comenta señalando una zona verde con juegos infantiles envueltos en bolsas de basura, "ahí hay un parque nuevo, pero no podremos entrar hasta que empiecen a vender pisos".
Carmen se refiere a Jardines del Amanecer, una urbanización que Ancosa está construyendo desde hace unos seis años y que espera recepcionar en el plazo de un mes. La promotora no quiere precisar cuántos pisos ha vendido. Sólo deja claro que ha vendido "lo suficiente como para constituir una comunidad de vecinos".
"Nos dijeron que abrirían la calle el 1 de septiembre", dice enfadada Cati Moreno, al frente del Orange Station, un bar sitiado por las barreras. Arrancó el negocio hace dos meses, esperando el despegue del ´nuevo barrio´; pero ahí sigue, a la espera de que abran este vial que conecta con la rotonda del Conservatorio.
En Son Güells las calles sí tienen nombre y el verde del césped brilla con intensidad, pero por reluciente que esté todo la sensación de desamparo es inevitable: viales cerrados, falta de servicios de limpieza y de contenedores, ausencia de presencia policial (y en consecuencia, inseguridad)... A sus residentes también les vendieron la idea de que iba a ser un agradable barrio de Palma, donde no les iba a faltar de nada. Hace dos años y una crisis inmobiliaria que viven allí y se sienten "abandonados".
Alberto Baz y José Luis Muñoz fueron de los primeros en llegar a esta zona, donde en un principio estaba previsto que vivieran cuatro millares de personas, entre los residentes de las urbanizaciones de Royal Urbis y Vértix y las casi 1.500 viviendas de protección oficial que están anunciadas.
Los "pioneros en todo", como son Alberto y José Luis, se han topado con que las cosas no son como les prometieron. Para empezar, los viales que les permitirían conectar con el Rafal y acceder a sus casas más fácilmente – sin dar rodeos surrealistas–, están cerrado pues los vecinos han tenido la mala suerte de que esos terrenos pertenezcan al malherido grupo Drac.
Precisamente en esos solares fue donde les aseguraron que ubicarían una zona comercial que nunca vieron: para hacer la compra, lo más cercano es el Rafal Nou; y para tomar un café, hay que ir a Ikea. Para todo es casi inevitable usar el coche. "Nos parece muy bien que fomenten carril-bici, el transporte público...¡pero nosotros también queremos!", protesta Alberto.
Los vecinos de Son Güells tampoco tienen ningún centro de salud ni ninguna farmacia cerca. Se plantean qué pasará cuando se construyan las más de mil viviendas de protección oficial previstas: "¿A qué médico irá toda esa gente?", pregunta Alberto, presidente de una asociación de vecinos que no persigue utopías, sino los requisitos básicos para ir dándole forma y alma al barrio.
En Bunyola encontramos otro ejemplo de idea deslumbrante que ha quedado paralizada, deteriorándose entre goteras y litronas vacías, por culpa del varapalo al negocio inmobiliario. El centro multiusos comenzó a construirse en 2007 con la ilusión de todo el pueblo –es la mayor obra pública de la historia de Bunyola– e iba a albergar aparcamientos, un supermercado y otros comercios, dependencias municipales y un centro de salud. Pero la constructora, Jutoba, hace más de un año que detuvo las obras por el concurso de acreedores que pesa sobre ella.
"El alcalde no hace nada y es muy feo", protesta Carola Liesen, "al menos antes servía porque lo usábamos para aparcar". "Parecía que iba a estar muy bien", apunta Rosa Valencia, que vive al lado, "pero hace mucho tiempo que está así y los chicos montan fiestas". Rosa resume la situación de muchos vecinos mallorquines decepcionados: "No pensaba que se quedaría así".
+ Diario de Mallorca - MAR FERRAGUT - 25.10.09
Foto: la femu/son ferragut. Ancosa cree que sus Jardines del Amanecer revitalizará una zona que lleva años plagada de vallas y con restricciones de tránsito. Los solares cercanos, Son Ferragut, iban a albergar otro complejo, pero Ibercon ha tenido que venderlos. Foto: M.F./M. Massuti
El caos urbanístico genera 27.000 expedientes por casas ilegales en Málaga
LAOPINIÓN/Málaga* : La ordenación urbanística en la provincia ha sido, durante años, como un chiste malo: no hace gracia, pero sigue contándose. Las consecuencias de estos años de locuras urbanísticas las vivimos ahora, con una cantidad de expedientes abiertos a viviendas irregulares que superan ampliamente los 27.000, sólo en los grandes municipios de la provincia.
Lo peor es que todo indica que este número sólo representa una fracción de las ilegalidades cometidas, como se ha demostrado con el caso de Almogía. La excesiva permisividad y la falta de vigilancia por parte de las administraciones están pasando ahora factura a muchos municipios.
Marbella es el paradigma de las ilegalidades urbanísticas, pero no es el único municipio con este problema desmandado por su gravedad. Las 18.000 viviendas que están en situación irregular la convierten en el municipio más problemático, con un proyecto de PGOU que intenta poner un poco de orden en este marasmo de ilegalidades y no recurrir al temido derribo de edificios que están ya habitados.
Pero si Marbella acumula más de la mitad de estos expedientes, las vecinas Estepona y Mijas parecen estar contagiadas con el mismo mal. Ambos municipios acumulan unos 3.000 expedientes cada uno, unas cifras estratosféricas si se ponen en contexto con el resto de la provincia, ya que sólo Cártama se acerca un poco con otros 2.000 expedientes, mientras que el resto de los municipios se sitúan por debajo de las 350 infracciones detectadas.
En los municipios de la Costa del Sol suele ser habitual la construcción en terreno no urbanizable, fruto del caos urbanístico vivido durante los años del ´boom´ inmobiliario. Estas infracciones pueden ir desde levantar edificios enteros de viviendas o urbanizaciones, a construir una piscina o un muro de cerramiento sin licencia.
Estepona, con cientos de viviendas de urbanizaciones construidas en terrenos rústicos o protegidos, vive una situación peculiar. El inicio del ´caso Astapa´ provocó la paralización de la mayor parte de los trámites sancionadores, ya que muchos expedientes están intervenidos dentro de las actuaciones judiciales.
Valle del Guadalhorce
La Costa del Sol es quizá uno de los puntos negros del urbanismo en la provincia. Pero no el único. El Valle del Guadalhorce se ha convertido en una zona muy dinámica en los últimos años, lo que ha tenido también su reverso oscuro a modo de irregularidades. Lo habitual ha sido la construcción de chalés donde antes había casas de aperos. La falta de beneficio por la agricultura y los altos precios que se pagan por un terreno han servido de excusa. Los ayuntamientos han preferido mirar a otro lado para evitar problemas, actuando como cómplices. Las víctimas han sido el paisaje y los terrenos rústicos.
Cártama es, con sus 2.000 expedientes abiertos, la zona más compleja. De hecho, allí se produjo el primer derribo de una vivienda ilegal en la provincia. El primero y casi el único, porque sólo se ha repetido esto una vez más, en Marbella.
El paisaje de este municipio se ha visto, en apenas unos años, salpicado de puntos blancos a causa de la gran cantidad de viviendas que se han construido en antiguas zonas de labranza. El control se ha hecho casi imposible.
Los municipios del interior han vivido una cierta impunidad, producto de estar en una segunda fila por el peso de la Costa. Eso no ha impedido casos como el de Almogía o Gaucín, con intervenciones judiciales para poner coto a las irregularidades.
Mientras la capital tiene abiertos poco más de un centenar de expedientes por infracciones de poco calado, el gran melón por abrir de las ilegalidades parece ser la Axarquía. Ecologistas en Acción cifra en unas 20.000 las viviendas ilegales en esta comarca, con una actividad casi descontrolada en muchos municipios del interior.
Este grupo señala que pocas son las localidades que se libran de los abusos urbanísticos, como son Alfarnate, Alfarnatejo, Riogordo, Comares y Cútar. En el resto, según Ecologistas, las infracciones se han ido extendiendo como una mancha de aceite, alcanzando cotas preocupantes.
* Información elaborada con datos de Noelia Andrade, Princesa Sánchez, Ana María Marín, Carmen Fernández, Ana García, Izaskun Guerrero, Blas Gil y Lola Sánchez.
La Axarquía reclama un urbanismo diferente
Más de 10.000 viviendas pendientes de normalizar y un futuro incierto respecto a la posibilidad de que el turismo rural tenga opciones de desarrollo en la Costa del Sol más oriental han forzado, según los representantes públicos de los ayuntamientos, a crear una mesa de trabajo por el urbanismo axárquico. Un foro que sin embargo podría desarticularse si el PP confirma que lo abandona porque nace "sin utilidad".
La problemática urbanística en la Axarquía es una realidad, pero a los regidores populares les resulta "como mínimo ridículo" que la Junta de Andalucía se siente en la mesa como "oyente".
Así lo ha expresado el grupo del PP en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía.
Para los ecologistas de esta parte de la provincia, las administraciones supramunicipales deben, sin embargo, mantenerse en esa posición neutral. "Lo que no se va a permitir es abrir otra vez el grifo para que se construya en el campo sin control". Al respecto, la cifra de casas en suelo rural que siguen fuera de ordenación la sitúan estos colectivos en más del doble, unas 20.000, respecto a las cantidades oficiales.
Todo comenzó a ser bien diferente en el interior axárquico por el parón de la crisis, pero ya habían comenzado a levantarse las voces de los ayuntamientos, contra la administración autonómica, cuando se dio luz verde a una Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que ahogaba de una forma contundente cualquier iniciativa de crecimiento en la mayoría de los terrenos con pendientes significativas –áreas montañosas–.
De hecho, ese tipo de suelos casi acaparan la totalidad del mapa geográfico de la comarca de la Axarquía.
La mesa axárquica por el urbanismo se reunía a principios de esta semana y planteaba la necesidad de plantear encuentros periódicos cada mes.
Pero desde un principio el PP, a través de su portavoz, José Alberto Armijo, pone en duda su utilidad, si no se demuestra intención alguna de cambiar los planeamientos.
La delegada provincial de Ordenación del Territorio, Josefa López, actuó como "oyente", igual que el portavoz de los constructores.
F. Extremera. Nerja
Las denuncias ciudadanas impulsan las investigaciones de la Fiscalía
Desde que se creó el área de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga han quedado claras dos cosas: la primera, que los delitos contra la ordenación del territorio se han multiplicado por toda la geografía provincial, adquiriendo en la Costa del Sol su máxima entidad, penetrando hasta el interior en forma de autoconstrucciones; la segunda es que ha crecido mucho la concienciación ciudadana contra estos delitos. Así, el ministerio público inicia cada vez más investigaciones gracias a las denuncias de particulares que, antes de ir a la Guardia Civil o al juzgado de guardia, deciden poner en conocimiento del coordinador de la sección, Juan Calvo Rubio, la ilegalidad.
Así lo reconoce el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales: "El origen de nuestras denuncias suelen ser las fuerzas de seguridad, pero es cierto que cada vez recibimos más denuncias de vecinos y particulares. Es complejo detectar los delitos urbanísticos, pero siempre hay fugas. Ha aumentado mucho la participación ciudadana". No sólo denuncian ya los partidos de la oposición o los ecologistas, sino que también han encontrado un válido interlocutor en la Fiscalía los vecinos, principales agredidos por construcciones ilegales en sus municipios.
La Fiscalía de Medio Ambiente ha incoado alrededor de 300 diligencias de investigación en los nueve primeros meses del año, de las que 250 se refieren a delitos relativos al urbanismo: fundamentalmente se investigan prevaricaciones e ilícitos contra la ordenación del territorio. Después de abrir estas diligencias, si hay indicios delictivos, el fiscal interpone la correspondiente querella en el Juzgado Decano del partido judicial afectado, iniciándose el proceso penal. Hace tiempo que el ministerio público lleva advirtiendo de la proliferación de autoconstrucciones en los pueblos del interior, viviendas ilegales levantadas en suelos rústicos que ni siquiera, en muchos casos, tienen licencia. Ocho de cada diez delitos contra la ordenación del territorio están relacionados con autoconstrucciones. Además, siempre se solicita la demolición de la vivienda.
José Antonio Sau
* La Opinión Málaga - MIGUEL FERRARY - 25.10.09
Foto: El caos urbanístico genera 27.000 expedientes por casas ilegales en Málaga - laopiniondemalaga.es
Hacienda también investiga las obras de El Madrigal de 2008 y a su adjudicataria
LEVANTE/Castelló* : Esta acción se suma a la que ya realiza la Fiscalía por la misma remodelación. El propio ministerio público denunció a Fernando Roig y a todo el consejo del Villarreal CF por facturas falsas en la reforma de su estadio en 2004 y 2005. Las investigaciones sobre las obras de ampliación del estadio municipal de El Madrigal aumentan y, con ellas, las sospechas sobre la gestión en el Villarreal CF.
Según un documento al que ha tenido acceso Levante de Castelló, la Agencia Tributaria está investigando a Estructuras, Viviendas y Carreteras SA (EVC), la subcontrata que realizó la remodelación de 2008, así como también las de 2001, 2004 y 2005. Cabe recordar que, como publicó este periódico el pasado 6 de septiembre, la Fiscalía de Castelló también está indagando en la ejecución de estas obras de EVC, motivada por la denuncia de una empresa que halló "hechos que pueden ser constitutivos de delito" en la construcción del graderío norte superior el pasado año.
Estas investigaciones sobre las diferentes obras que el Madrigal ha venido ejecutando no son nuevas. El pasado 24 de julio trascendió a la opinión pública una denuncia del Fiscal Jefe de Castelló, Javier Carceller, contra el dueño del Villarreal CF -el empresario Fernando Roig- y los diez miembros del consejo de administración amarillo, así como a otras 14 firmas y personas por tres delitos relacionados con la facturación falsa y el fraude en el IVA en las obras de remodelación del estadio en 2004 y 2005.
Las diligencias realizadas por el ministerio público se basan en un demoledor informe de la Agencia Tributaria sobre inspecciones a la empresa EVC y al club, en las que concluye que, los gestores del club, "en connivencia" con los propietarios de la empresa adjudicataria (José Manuel López Cabañas y José Luis Ocerín) y con la subcontrata Spain Gespro (Juan Serrano, Silvia Graciela Salazar y José López Ferris) urdieron una trama de facturación falsas que llevó al Villarreal CF a ahorrarse al menos 525.440 en el IVA.
"Facturas falsas"
Etas dos empresas, EVC y Spain Gespro, son las que están siendo investigadas otra vez por la Fiscalía y la Agencia Tributaria. En concreto, según el documento conocido por Levante de Castelló, Hacienda estudia una documentación que contiene "facturas falsas de las empresas EVC, Natur Cas, Spain Gespro y Gresepol, todas ellas de los años 2006, 2007 y 2008". Concretamente, el pasado año, la ya denunciada EVC llevó a término la construcción del graderío superior norte del estadio de El Madrigal.
Pero esta no es la única polémica que envuelve la última ampliación del coliseo amarillo. Como también publico este periódico, la empresa de Alcossebre Solados y Alicatados Hurtado también denunció a EVC ante el Juzgado de Instrucción de Sagunto por un delito de alzamiento de bienes y estafa. En aquella ocasión, los gestores de la firma, López Cabañas y Ocerín, fueron denunciados por no abonar 208.026 euros de las obras de ampliación de la grada norte de El Madrigal, la remodelación investigada ahora por el fiscal y la Agencia Tributaria.
Según estos denunciantes, EVC abonó la deuda con pagarés falsos. Ante la imposibilidad de cobrar, Solados y Alicatados Hurtado se dirigió al Villarreal CF como responsable subsidiario, según reza el artículo 1.597 del Código Civil. El club amarillo contestó que había facilitado los pagos a EVC y que debería ser esta la que respondiera ante la deuda.
Pese a las sospechas que pesan sobre EVC, Fernando Roig ha seguido confiando en esta firma, ya que como ha podido saber este periódico, también ha realizado las obras del chalé de su hija.
* Levante-EMV - SERGI PITARCH - 25.10.09
Foto: En el 2008 se construyó el graderío superior norte para acoger a las aficiones rivales. levante-emv
Toralla en un mar de dudas
ELPAÍS/Pontevedra* : Mientras a un lado del puente todo el mundo celebra la noticia, al otro se recibe con perplejidad, cabreo, muchas dudas y una falta de información tan grande que hasta imaginan que lo del paseo marítimo es una milonga. Un "bulo" que se propagó a través de un correo electrónico con el que tragó la prensa porque el titular era de lo más suculento. "El ministerio creará una senda litoral en la isla de Toralla".
La plataforma A Ría Non se Vende, portadora de la buena nueva, no entiende cómo el Gobierno no les tomó la delantera para hacer pública la noticia: al fin se abría el paso por completo a la isla privada que alberga una torre de 20 pisos junto a la playa de viguesa de Samil. Pero el ministerio lo niega.
"Una cosa es el paseo, de lo que ahora mismo no hay nada, seguro, y otra distinta el deslinde, que es lo que se está llevando a cabo. Como es suelo urbano, son 20 metros hacia adentro a partir de la línea del mar", indica, desde Madrid, un portavoz oficial del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que dirige la gallega, y medio viguesa, Elena Espinosa. El Gobierno central reconoce que "existe un proyecto de senda peatonal" desde hace tiempo, "un camino nada agresivo", puede que de madera, por el perímetro (1.386 metros) del deslinde, pero que está aparcado a la espera de mejores perspectivas económicas.
Ahora que empieza a azotar el invierno en la isla, ahora que las araucarias se doblan por el viento, y el mar embiste y viene con bríos suficientes como para zurrarle sin parar hasta abril a la escollera, muchos vecinos han cerrado sus casas, pero en Toralla, con buen tiempo, llegan a vivir "entre 700 y 1.000 personas", según el administrador de la isla. Todas éstas se enteraron por los periódicos del inminente propósito del ministerio de llevarse por delante buena parte de las fincas particulares para dejar pasear a los ciudadanos de a pie, que llevan toda la vida teniendo prohibida la entrada a esta isla de Vigo.
Los propietarios recibieron esta semana una carta de la Jefatura Provincial de Costas con fecha del 14 de octubre. El escrito les anunciaba que estaba a exposición el nuevo deslinde y que contaban con un plazo de 15 días para presentar alegaciones. ¿Era una casualidad, o no, que el aviso ministerial llegase al mismo tiempo que la noticia difundida por A Ría Non se Vende? Ellos, ahora, creen que este colectivo ecologista se excedió al entender "paseo" donde el Gobierno central sólo decía "deslinde". Pero una voz, desde el ministerio de Espinosa, lanza un aviso: "La verdad, hoy, es que lo único que hay es lo segundo, pero los ecologistas suelen ser gente bien informada...".
A lo largo de esta semana, varios vecinos acudieron a la llamada de Costas para ver si presentaban alegaciones. Según el administrador de Toralla, SA, la sociedad que compraron los propietarios de los 32 chalés y de la torre en 1984, no se va a reclamar porque "todo sigue como estaba". Es decir, entre los años 67 y 69, la Administración central trazó el primer deslinde, de seis metros desde el mar, y según ellos, la cifra se mantiene. Claro que el ministerio, consultado de nuevo por este diario, insiste en que los metros de cesión "son 20 por mucho que a ellos no les guste", aunque la pasarela pública, de hacerse, sólo ocuparía entre tres y seis.
En el peor caso para los vecinos, es decir, si el paso tuviese un ancho de seis metros, el día en que "haya dinero" para construir una senda (que según los residentes tendrá que ser de hierro, porque "aquí el mar lo rompe todo") desaparecerían una docena de jardines y sus piscinas, y habría, además, entre dos y cuatro chalés afectados, los que están construidos más cerca de las rocas.
El ministerio no tendría que expropiar nada, porque todas estas propiedades de ensueño están ocupando, en parte, terrenos del Estado. Por los metros más próximos al rompiente de cada finca, los residentes estaban abonando anualmente al Gobierno una especie de alquiler. Ahora ya no pagan nada, porque las concesiones han expirado. Los terrenos, oficialmente, vuelven a estar a disposición de Costas; pero mientras Costas no disponga nada, los vecinos seguirán disfrutando de las codiciadas parcelas.
Hace una década que el concejal viguista y vigués Antonio Nieto Figueroa, Leri, logró que el Supremo reconociese el derecho de todos los ciudadanos a atravesar el puente de Toralla andando, para pescar desde la plataforma o para bañarse en las dos calas que hay a la entrada de la isla. Entonces, la garita con barrera en la que siempre había un guarda se trasladó 400 metros, de una punta a la otra del viaducto. Y hoy el vigilante sigue ahí, vetando el paso a todo extraño que no demuestre que viene invitado por algún morador de la isla.
Los vecinos consideran injusto este uso democrático (pero sólo peatonal) del puente, porque pagan un canon anual de 1.210 euros por la concesión hasta 2018 del terreno en el que se asienta, y afirman que lo financiaron ellos y "nunca fue expropiado". "Para no pagárnoslo, la Administración acordó darle un cambio de uso, en vez de expropiar", dicen. El puente costó "400 millones de pesetas", y para poder pagarlo, la primigenia Toralla, SA, promotora propietaria de la isla desde 1965, vendió disparada de precio una gran parcela sin edificar. La compradora, Promotur, SA, compensó el gasto levantando la que durante años fue la torre más alta de Vigo, el polémico edificio de Toralla, firmado por Bar Bóo y rematado por Pérez Bellas, de 20 pisos, 70 metros de altura y 135 viviendas.
* ELPAIS.com - SILVIA R. PONTEVEDRA - Toralla - 25/10/2009
Foto: Toralla - viajeteca.com
La Justicia pone contra las cuerdas a los políticos castreños al investigar posibles delitos urbanísticos
DEIA/Cantabria* : Prevaricación, malversación de fondos, falsificación documental... Son términos judiciales que hoy en día se emplean con normalidad en las conversaciones de los ciudadanos de Castro Urdiales. Y es que la población castreña se ha acostumbrado a ver el nombre de la localidad en los medios de comunicación, relacionando al equipo de gobierno municipal con una serie de supuestos delitos que son investigados por la Guardia Civil y que han llevado al juzgado, en repetidas ocasiones, a sus tres cabezas visibles -Fernando Muguruza, alcalde; José Miguel Rodríguez, conocido como KyK, teniente de alcalde y concejal de Hacienda, y Rufino Díaz Helguera, concejal de Obras, Personal y Protección-.
La vida política de Castro Urdiales se ha convertido durante los últimos años en una maraña de acusaciones, denuncias y procesos judiciales que tienen desconcertada a la población y en jaque a sus representantes municipales.
Un alcalde inhabilitado para tomar decisiones urbanísticas y de contratación, una veintena de casos investigados por la Guardia Civil, una decena de sumarios abiertos en el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad y la práctica totalidad de los concejales del Ayuntamiento imputados, son las claves de un proceso que está haciendo tambalear los cimientos del municipio.
Antecedentes
El alcalde tránsfuga
La realidad es que la vida política de Castro Urdiales, sin llegar a la delicada situación actual, siempre ha estado marcada por la polémica. Los doce años como primer edil de Rufino Díaz Helguera acabaron el día que Fernando Muguruza, cabeza visible del Partido Regionalista Cántabro (PRC), le arrebató la Alcaldía en 2003. Habían sido tres legislaturas del socialista al frente del gobierno municipal y la población castreña decidió que era momento de cambiar el rumbo. Muguruza asumió, así, el puesto de primer representante de Castro Urdiales con el apoyo del Partido Popular, siempre encabezado por José Miguel Rodríguez KyK, e Izquierda Unida, con Salvador Hierro. Ambos ocuparon concejalías relevantes.
Aquella legislatura fue convulsa desde el principio. De hecho, las decisiones de Muguruza fueron muy criticadas, principalmente por Rufino Díaz Helguera, cuyos enfrentamientos con el alcalde se tornaron duros, constantes y sonados. En este clima de tensión, Díaz Helguera decidió denunciar en el juzgado al equipo de gobierno por la contratación de la empresa Izeta para realizar unas obras de mejora en el túnel de Mioño. Según argumentó en su momento, este acuerdo se firmó sin pasar los trámites municipales. Este grave conflicto supuso, a la larga, la expulsión del PSOE de Díaz Helguera y de otros cinco concejales, ya que, en contra de la directriz de su partido, decidieron presentar una moción de censura contra el alcalde; moción que, por otro lado, no prosperó.
Concluyó la legislatura y llegaron las elecciones municipales de 2007. En ellas irrumpió un nuevo partido que, a la postre, sería de vital importancia para Muguruza: Acuerdo por Castro, fundado por Rufino Díaz Helguera. Además, PSOE y PRC habían firmado en Cantabria un pacto de gobierno para las alcaldías de la comunidad. Y, dado que los socialistas fueron la lista más votada en Castro Urdiales, a ellos les correspondía acceder al puesto con los votos de los regionalistas cántabros.
Sin embargo, Fernando Muguruza se saltó la disciplina de partido, se alió con su mayor enemigo, Díaz Helguera, y sumó los votos del Partido Popular. Con esta jugada, volvió a ser primer edil; una maniobra que originó un duro enfrentamiento entre el PSOE y el PP en la Comunidad y que le supuso la expulsión del partido y, finalmente, la declaración de tránsfuga.
Procesos judiciales
Imputaciones y diligencias
Nueve meses después del nombramiento de Muguruza como alcalde, comenzaron los problemas. Aquella querella que Rufino Díaz Helguera -ahora compañero de gobierno- interpusiera en la legislatura anterior por la contratación de Izeta se convirtió en investigación policial y, posteriormente, en diligencia judicial. Así, el 27 de marzo de 2008, la Guardia Civil entró en el despacho municipal de Urbanismo, llevándose numerosos expedientes. El juez consideró que había delito y decidió imputar al alcalde y a otros seis ediles del anterior gobierno un delito de prevaricación.
Dos meses más tarde, en mayo, el titular del Juzgado de Instrucción nº2, Luis Acayro Sánchez, volvió a imputar a Muguruza -junto al primer teniente de alcalde, KyK y al ex edil Pedro Revuelta-, un delito de tráfico de influencias por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato a la empresa de desratización Trapur. Era la segunda diligencia. Pero habría más.
Muguruza, indignado por las últimas decisiones judiciales, se defendió públicamente acusando al juez Acayro de prevaricador. Sus palabras le dieron un nuevo disgusto, ya que le acarrearon una tercera imputación por un delito de injurias y calumnias.
Junto a estos tres casos, Muguruza afronta varias acusaciones más: por irregularidades en las obras del mercado municipal -por tratarse de la misma empresa del túnel del Mioño, Izeta, se unió al sumario de este-; por la contratación de un arquitecto y una ingeniera a quienes, supuestamente, se les pidió que firmasen informes y dictámenes urbanísticos para los que no estaban habilitados; por conceder una licencia de obras en el Residencial San Pelayo, de Santullán, donde se invadieron caminos rústicos y terrenos de la Junta Vecinal; por la contratación de una empresa para eliminar una plaga de termitas en el conjunto histórico; por el asfaltado de Las Mieres, en El Haya... Pero, sin duda, una de las acusaciones con más repercusión mediática es el caso Urticam. El permiso para construir varias viviendas en una vaguada terminó con la detención del alcalde y de su equipo de gobierno, quienes, tras prestar declaración ante la Guardia Civil, quedaron en libertad.
La política castreña no vive sus mejores momentos. La situación es delicada porque cada nuevo caso que sale a la luz pone más en jaque a una corporación que tiene que dar muchas explicaciones. Y no sólo ante el juez.
* Deia - Itziar Gorospe/Tamara de la Rosa - 24.10.09
Foto: deia.com
El alcalde de Almogía, imputado por prevaricación urbanística y falsedad documental
SUR/Málaga* : La Guardia Civil sigue la ronda de toma de declaraciones a los imputados del 'caso Almogía' y, ayer le tocó el turno al alcalde de esta localidad, Cristóbal Torreblanca, tal y como adelantó este periódico. El regidor, que estuvo declarando durante cuatro horas en la comandancia de la Guardia Civil de Málaga, quedó en libertad con los cargos de prevaricación urbanística y falsedad documental, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso. Torreblanca, que fue llamado a declarar por la Guardia Civil, fue asistido por su abogado defensor.
Las preguntas de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que lleva el caso, le insistieron, al parecer, sobre los derroteros que habían seguido los quince expedientes urbanísticos que había denunciado el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por irregularidades, y a los que el Ayuntamiento no había dado curso o, al menos, no lo había hecho debidamente.
La Guardia Civil quiere probar que, por parte del alcalde, Cristóbal Torreblanca, así como por otros concejales y funcionarios del Ayuntamiento, e incluso policías locales, hubo trato de favor con familiares y amigos de los ediles del Ayuntamiento de Almogía.
El alcalde de Almogía, que abandonó ayer a pie las dependencias de la Benemérita, eludió contestar a las preguntas de los periodistas que aguardaban en la puerta, y dejó, por tanto, la incógnita de si dimitará, ya que desde el día en el que se iniciaron los registros de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Almogía y en la Casa de la Cultura, el pasado martes, Torreblanca afirmó que, si como consecuencia de la investigación judicial resulta imputado en el caso, renunciaría al cargo, en el que lleva 26 años, y que presentaría asimismo la «baja automática» del partido, decisión que dijo haber comunicado al PSOE malagueño.
Por otra parte, la Guardia Civil también llamó ayer a declarar a otros tres imputados, entre ellos la esposa del policía local que acudió a declarar anteayer, otro agente municipal así como un antiguo secretario del Ayuntamiento. En los tres casos quedaron en libertad con cargos. Tal y como adelantó este periódico, al menos una veintena de personas van a estar imputadas en este caso, que persigue sacar a la luz los cauces por los cuales se realizaron construcciones ilegales en suelo no urbanizable en Almogía, así como en la prevaricación de los cargos públicos por realizar acciones a sabiendas de que no son legales, y por delito urbanístico, también llamado contra la ordenación del territorio.
Por su parte, el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, afirmó ayer que Málaga «no es asiento de todos los males relacionados con el urbanismo» y ha añadido que «ya está bien de tantas miradas puestas en la provincia» motivadas por este asunto. Ha añadido que Málaga le debe mucho al urbanismo, no al irregular, y que con motivo de esta mirada superlativa «se están cuestionando muchas cosas y esta provincia vive de lo que vive».
* SUR - 23.10.09 -PILAR R. QUIRÓS
Foto: EFE
Vigo: El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anula las licencias de Finca do Conde
FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anula las licencias de Finca do Conde. El Concello recibió ayer la desestimación del recurso de apelación que fue presentado por el consistorio contra la última sentencia que invalidaba los permisos del centro comercial y las dos torres de viviendas ubicadas en esta zona.
El tribunal advierte además de que esta sentencia “es definitiva”, por lo que no cabe recurso ordinario alguno y el Concello tendrá ahora que buscar una solución para evitar el derribo y el desembolso millonario que tendría que afrontar si el consistorio se viera obligado definitivamente a ejecutarlo.
El concejal de Urbanismo, José Mariño, advierte que el cumplimiento de la sentencia de derribo supondría para el Concello el pago de unas indemnizaciones por valor de 300 millones de euros. Una ingente cantidad de dinero que, según el propio responsable municipal, “llevaría al Ayuntamiento a la suspensión de pagos”.
Tras este nuevo varapalo de los tribunales, Mariño volvió a criticar a los responsables del Partido Popular que concedieron en su día estas licencias anuladas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia porque “sabían que eran ilegales”, asegura el edil de Urbanismo, que cargó contra el anterior concejal del PP, José Manuel Figueroa, al afirmar que él “no puede decir que actuara de buena fe”.
José Mariño recrimina además al anterior gobierno local del Partido Popular, que concedió estos permisos, que permitiera “una auténtica barbaridad urbanística” y dejara así “esta desastrosa herencia”.
“Ésta es la enésima sentencia judicial en contra de la gestión del Partido Popular en la urbanización de Finca do Conde”, subrayó Mariño. “El TSXG pone de manifiesto claramente en su argumentación que los responsables del Partido Popular sabían que estaban concediendo licencias en una parcela que ya estaba declarada ilegal por los tribunales, y que la propia licencia era ilegal en sí misma”, añade el responsable del departamento de Urbanismo.
Explicaciones
Tras esta nuevo fracaso judicial sobre las licencias de Finca do Conde, el gobierno local insiste en pedir explicaciones al Partido Popular. “Tienen que decir algún día cuál era su papel y su interés desmesurado en la concesión de estas licencias. El señor Figueroa, y el gobierno popular de aquel momento no puede decir que obrara de buena fe. Mientras concedía las licencias en el ámbito de Finca do Conde al mismo tiempo estaba proponiendo su legalización en el Plan Xeral que estaban redactando. ¿Si estaban tan seguros de la legalidad de las licencias que estaban concediendo, porqué estaban tramitando si legalización por otro lado? Sólo puede ser por un motivo: porque eran ilegales”, sentencia el concejal de Urbanismo.
El Concello no podrá además alegar “integración en el entorno” para evitar que los tribunales derriben las dos torres de 228 viviendas y el centro comercial, como sí hará con otros edificios amenazados de derribo como Jacinto Benavente o las torres de García Barbón y que podría evitar su demolición. Urbanismo entiende en el caso de Finca do Conde que en la legislatura pasada se dieron licencias con “informes técnicos en contra”, con lo que se incumpliría el criterio de actuar con buena fe, argumento indispensable en esta vía que ha abierto el Concello.
* Faro de Vigo - 24.10.09
Foto: Zona superior del centro comercial con las dos torres amenazadas de derribo al fondo. José Lores, farodevigo.es
La Sagrada Família presenta un nuevo recurso para paralizar las obras del AVE
ELPERIÓDICO/Barcelona* : La junta constructora de la Sagrada Família ha presentado hoy en la Audiencia Nacional una solicitud de suspensión parcial de las obras del muro pantalla del futuro túnel de la línea del AVE, que se está ejecutando junto al templo, ha explicado el abogado del patronato, Jordi Abel.
El letrado ha indicado que es la tercera vez que la junta del templo pide que se adopte una medida cautelar --dos de ellas ya han sido desestimadas-- de suspensión de las obras, dentro del proceso jurídico abierto contra el proyecto global del AVE, ya que estas se encuentran en un "nivel de auténtica preocupación y se debe de actuar antes de que sea demasiado tarde", ha alertado.
Cálculos diferentes
Esta solicitud se basa en tres criterios. En primer lugar, la instalación hasta el momento de un total de veinte pivotes del muro pantalla del futuro túnel del AVE. En segundo término, la reducción de la distancia entre la pantalla protectora del túnel y la fachada del templo, que debía de ser 1,95 metros según el proyecto constructivo y está siendo ejecutada actualmente a 1,12 metros de la fachada, lo que supone una desviación del 42% con respecto al plan acordado.
Y en tercer lugar, denuncian que Adif haya iniciado las obras de la pantalla protectora del túnel antes de la presentación del informe técnico sobre la seguridad de las obras que está llevando a cabo una empresa externa.
Según ha explicado el arquitecto del templo, Jordi Bonet, estos errores --en especial la reducción de la distancia entre la pantalla protectora del túnel y la fachada del templo-- varían "por completo" los cálculos realizados previamente por Adif acerca de los efectos que podían causar las obras en el edificio de Antoni Gaudí.
Bajo el nivel freático
Además, Bonet ha advertido de que el túnel del AVE se construirá a una profundidad de 40 metros, estando por debajo del nivel freático, así como de las "fuertes ondas vibratorias" que puede causar el paso de la tuneladora sobre las columnas del templo.
Para el actual arquitecto del templo, Adif está llevando a cabo una "política de hechos consumados", basada, a su juicio, en adelantar el calendario de las obras para que estas se encuentren en un estado demasiado avanzado como para frenarlas en el momento en que sea dictada la sentencia judicial. "Estos errores en la construcción evidencian la falta de rigor y responsabilidad con que se está ejecutando la obra", ha lamentado.
Por su parte, el presidente de la junta constructora de la Sagrada Família, Joan Rigol, ha pedido a la justicia que actúe con la "urgencia necesaria", aunque ha querido subrayar que la junta dispone de "voluntad de diálogo" y que "acatarán y respetarán" la decisión de la justicia, aunque ésta no sea favorable a sus intereses.
* El Periódico - EFE - 23.10.09
Foto: Barcelona, Sagrada Familia - sobrebarcelona.com
Santa Cruz: Vecinos de El Toscal tachan de especulador el Plan General
LAOPINIÓN/Tenerife* : La Comisión en Defensa del barrio de El Toscal ha vuelto a arremeter contra el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz y al Plan Especial del barrio, al considerar que abre más aún la veda a la especulación. Los vecinos presentaron ayer en rueda de prensa el bloque de alegaciones que han interpuesto contra el planeamiento y que aglutina tanto a los aspectos jurídicos como los económicos, ambientales y patrimoniales.
Aunque el contenido del PGO ha podido ser conocido por estos vecinos durante su exposición pública, no ha ocurrido lo mismo con el Plan Especial, del que desconocen exactamente en qué momento se encuentra su tramitación. Saben los vecinos que está en sus últimas fases de redacción y ha sido presentado a la Comisión de Patrimonio del Cabildo.
Por lo que se refleja en el PGO, estos vecinos consideran que su contenido será "aún mucho peor que el anterior y por eso solicitamos que se respete el PGO vigente y la consideración del casco histórico al barrio".
Vigente. Las conclusiones, por lo tanto, serían que el nuevo planeamiento busca favorecer más a los promotores privados que a los intereses de todo el vecindario. Así, señalan los vecinos que, mientras que en el plan actual hay una coherencia espacial y urbanística, en el nuevo se apuesta por un enclave atomizado en el que se rompen las tramas urbanas existentes.
Peor que todo ello se apuesta más por la renovación que por la rehabilitación que implica en el primer caso dar lugar a pocos puestos de trabajo, mientras que el segundo se apoyaría un plan económico a más sostenible y a largo plazo. No son las únicas alegaciones que se centran en el barrio y denuncian aspectos concretos de este tipo, ya que también el abogado Felipe Campos han presentado otras similares, aunque más concreta.
Jurídicas, dotaciones y ambientales
La alegación presentada por la Comisión en Defensa del barrio del Toscal se dividide en aspectos jurídicos, de dotaciones y servicios, de calidad ambiental y patrimoniales. En el primer grupo, los vecinos consideran que se hace una interpretación muy particular de la Ley pues descategoriza suelo urbano consolidado y lo declara de renovación que abre la puerta a la expropiación. Las propuestas de aparcamientos se estima exagerada hasta el punto de considerar que se quiere convertir al barrio en un enorme garaje. Estiman que el nuevo planeamiento no da respuesta a los servicios y dotaciones básicas demandas como la ampliación del centro de salud, educativos o instalaciones deportivas, entre otras. Los vecinos estiman que se prevé un crecimiento de la población desmesurado ya que casi lo duplica densificando el barrio con remontas o nuevas construcciones de cinco y seis plantas. Lo que acabaría por colapsar los precarios servicios existentes. En el capítulo patrimonial se hace hincapié en que este enclave es está protegido lo que debe primar sobre otras consideraciones. Por ello demandan la elaboración de un Plan Especial al considerar que el actual ocasionará la destrucción de parte de la trama urbana del barrio y no apuesta por la rehabilitación.
* La Opinión Tenerife - N.R. - 24.10.09
Foto: Vivienda abandonada en el barrio de El Toscal. delia padrón, laopinion.es
Barcelona, Sábado 24 de Octubre: Concentración hipotecados!
AFECTADOSPORLAHIPOTECA* : -Si tuviste que hipotecarte de por vida para acceder a una vivienda!
-Si a ti también te machacaron con la idea de que alquilar era tirar el dinero, y que el precio de la vivienda nunca baja!
-Si te sientes engañado por los políticos que durante años negaron que en España existiera una burbuja inmobiliaria!
-Si los bancos te cobraron comisiones desorbitadas, te endosaron seguros inútiles por la cara, y te estafaron con cláusulas abusivas!
-Si te ves obligada a elegir entre pagar la hipoteca o dar de comer a tus hijos!
-Si el banco te echa a la calle y encima te reclama parte de la deuda pendiente!
-Si encima el banco te presiona, te humilla y te maltrata !!!
Únete a nosotros!! Exigimos soluciones!! Decimos basta a la usura bancaria!! Los hipotecados nos plantamos!!
Somos miles. Juntos, podemos!!!
Sábado 24 octubre, 17 h
Pl. Sant Jaume (Barcelona)
* Plataforma de Afectados por la Hipoteca - 13.10.09
Alhendín: El juez ve indicios de cohecho de los empresarios de Marchalhendín y Fernández
LAOPINIÓN/Granada* : El juez instructor del caso Marchelo considera en su auto judicial que existen indicios "suficientes" de que el ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández (PP), pudo cobrar por sus favores una dádiva de los empresarios que constituyeron la mercantil Parque Empresarial Alhendín. La responsabilidad criminal de Fernández y los empresarios imputados Fernando Muñoz Nogueras, Juan Leocadio Muñoz Tamara, Luis Alonso Polo y Manuel Melguizo parte del ofrecimiento que hacen estos últimos al entonces responsable del Urbanismo en Alhendín, al que prometieron una participación en la sociedad del 1,5%.
En concreto, le ofrecieron, según consta en las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía, cuatro parcelas que sumaban 28.000 metros cuadrados y que se tasaron en 1.177.960 euros. El magistrado no califica la comisión de los delitos pero de su lectura se desprende que los implicados en la trama de Marchalhendín pudieron cometer un presunto cohecho, un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto y que también implica al que la otorga.
Todos los detalles pudieron incluso, según el juez, plasmarse en un documento privado que firmaron todos los implicados excepto Juan Leocadio Muñoz Tamara. El propio concejal, en una de las conversaciones grabadas, además de reconocerlo durante su declaración ante el juez, admitió que tenía el proyecto de montar junto a otras personas un establecimiento de comida rápida para las personas que trabajaban en el parque empresarial.
De las conversaciones telefónicas se desprende, según el juez instructor, que el concejal de Urbanismo llevó a cabo gestiones de intermediación de forma "intensiva" para resolver disputas entre los propios empresarios. Manuel Melguizo actuaría en la trama de corrupción como un "hombre de paja" o testaferro, encubriendo, según consta en el auto judicial, al concejal de Urbanismo, el "verdadero titular del 1,5%". Es más, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional detecta que Manuel Melguizo ingresó un cheque de 34.800 euros en una cuenta abierta a nombre de un despacho de abogados en pago a los servicios profesionales prestados. Aunque no se precisa en el auto a quién pertenece dicho despacho sí se conoce que Fernández compatibilizaba su ejercicio en la política con su bufete de abogados.
El juez también se refiere a la declaración del propio concejal, "acuciado" ante el contenido de las grabaciones" y que, según el instructor, no calibró adecuadamente el alcance y trascendencia de sus palabras. Reconoció que existió un interés de los Muñoz –padre e hijo– y de Luis Alonso de que él entrara en la sociedad y tuviera participación. Aunque negó que llegase a figurar como socio, confesó que le llegaron a prometer entre el 1,5 y el 2%, admitiendo que dicha promesa llegó a plasmarse documentalmente en un contrato privado.
No ocultó que acudiera a los consejos de administración pero, en su descargo, sostuvo que ese 1,5% era una "participación futurible" sin repercusión monetaria.
* La Opinión Granada - P.M. / A.C. - 23.10.09
Foto: alhendin -ideal digital
Pujol favoreció a 28 empresas que financiaron a Convergència
ELPAÍS/Barcelona* : La controvertida fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), se demostró en los últimos años del pujolismo como una de las vías más rápidas para conseguir tratos favorables del Gobierno catalán. El 80% de las empresas que aportaron dinero a esta fundación obtuvieron a corto plazo jugosos contratos de la Administración autonómica, concesiones administrativas o recalificaciones de terrenos para desempeñar sus proyectos de futuro.
Así lo demuestran las cifras que la misma fundación depositó en el registro de fundaciones de la Generalitat.
Entre 2002 y 2005, 34 empresas aportaron dinero a la fundación Trias Fargas. También lo hicieron dos fundaciones, la Puig y la del Orfeó Català, que presidía Fèlix Millet. Hasta 28 de las empresas donantes se vieron beneficiadas por decisiones del Gobierno catalán entre 2002 y 2003, los últimos con Jordi Pujol al frente de la Generalitat y Artur Mas de conseller en cap.
Sin ninguno de estos datos y sin aportar pruebas, el ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall motivó una importante crisis política en 2005 al acusar a CDC de financiarse a través de comisiones sobre obra pública y empresas de servicios. Fue el denominado caso del 3%, que finalmente los partidos catalanes decidieron enterrar. Mas negó entonces solemnemente que su partido hubiera obtenido ingresos a cambio de favores a empresas. Maragall retiró las acusaciones. Jordi Pujol también aseguró recientemente, en la presentación de su libro de memorias, que su gobierno fue "poco clientelista".
Pero la documentación del propio partido crea sombras de duda sobre si los donativos de las empresas a la fundación del partido eran totalmente altruistas. La mayor parte de estas donaciones procedían de constructoras de obra pública con contratas del Gobierno catalán, de laboratorios farmacéuticos proveedores del departamento de Salud o de compañías que prestaban servicios a la Generalitat. Entre 2002 y 2005 las donaciones particulares a la fundación Trias Fargas ascendieron a 2,1 millón de euros, la mitad procedentes de empresas constructoras de obra pública. Muchas de estas empresas vieron reducidos sus contratos con la Generalitat con la llegada de la izquierda.
- Concesiones prolongadas. En septiembre de 2003, tres meses antes de salir de la Generalitat, el Gobierno de CiU firmó una resolución con la que amplió por otros ocho años -hasta 2014- las concesiones que vencían en 2006 a las dos empresas que gestionaban la Inspección Técnica de Vehículos. Las dos empresas eran Applus, entonces del grupo Agbar, y RVSA. Ese año, Agbar dio 90.000 euros y RVSA otros 48.000 a la fundación de CDC. No repitieron las donaciones en años posteriores.
Pasa a la página 2- Ampliación de Baqueira. La polémica ampliación de las pistas de esquí de Baqueira Beret, entonces propiedad de Catalana Occidente, vio finalmente luz verde en 2002 tras años de oposición ecologista y de la propia Generalitat. En mayo de 2002, el Gobierno de Jordi Pujol cambió de opinión y autorizó la construcción de 17 pistas en parajes casi vírgenes del Pallars Sobirà. Las obras empezaron en 2003. Catalana Occidente aportó aquel año 60.000 euros a la fundación de CDC y otros 60.000 en 2004.
- Compra de vehículos. Las empresas Motorsol y Autolica, dedicadas a la venta de coches, obtuvieron en 2002 un contrato por valor de dos millones de euros, que repartir entre sus sociedades, para suministrar de vehículos a los Mossos d'Esquadra. Motorsol y Autolica aportaron 5.000 euros cada una a la fundación Trias Fargas aquel año, pero no volvieron a registrarse nuevas donaciones en años posteriores.
- Adjudicaciones de obras. Las tres principales adjudicatarias de obras de la empresa pública Gisa, entonces dependiente del actual número dos de CDC, Felip Puig, aportaron fondos a la fundación del partido. La primera, FCC, les dio 60.000 euros. La misma cantidad aportó Copisa, que entre 1999 y 2003 fue la segunda contratista de Gisa. La tercera en liza es Comsa, de la familia Miarnau, que a través de tres de sus filiales entregó 160.000 euros a la fundación nacionalista. Las dos últimas empresas han caído del podio de constructoras de la Generalitat. Otra sociedad que inyectaba con frecuencia ingentes cantidades a la Trias Fargas era Rehac SA, que entre 1999 y 2004 se adjudicó obras de rehabilitación por 9,7 millones de Adigsa.
* ELPAIS.com - MIQUEL NOGUER / LLUÍS PELLICER - Barcelona - 23/10/2009
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com
El Ejido: Enciso compró barato un terreno donde iba un parque y lo vendió por el triple
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La Fiscalía investiga estos hechos, junto a otros muchos relativos a la trama urbanística, denunciados por partidos políticos, sindicatos y particulares desde el año 2007, que corre paralela a la de la empresa municipal de obras y servicios, Elsur, en este caso a través de subcontratas con las que los arrestados habrían obtenido grandes beneficios del Ayuntamiento inflando facturas y presupuestos.
De hecho, una de las partes en el caso ha destacado la importancia de esta trama urbanística , en la que se podrían haber invertido parte de los beneficios de las subcontratas de Elsur. «Es imposible que se hayan conseguido 150 millones de euros de beneficios sólo con las facturas infladas de Elsur, por muy graves que sean», asegura esta fuente, que piensa que, gracias a estos negocios urbanísticos, las ganancias podrían ser, incluso, superiores a esta cifra.
En concreto, la compraventa realizada por la empresa Enciso y Aguilera SL fue denunciada por Izquierda Unida y por el PP, aunque se de la circunstancia de que, cuando se produjo, Juan Enciso militaba aún en sus filas, puesto que fue expulsado y fundó el PAL en 2005.
Información privilegiada
Según Izquierda Unida, valiéndose de información privilegiada, la empresa familiar del alcalde adquirió los terrenos donde después se construiría un parque para, pocos días después, venderlos por más del triple a Gestora Ejidense, a la que pertenecen, bien como representantes o en sus órganos de administración, el propio matrimonio, a través de la empresa Enciso y Aguilera SL, además de los también detenidos Juan Antonio Galán Martínez, administrador de dos subcontratas de Elsur, Jardines del Poniente y Jardines del Alcor, y de Multigestión Ejido SL; Jesús Aragón García, administrador único de Sillar y Raíz SL, y Ambrosio Cuevas, administrador único de AGC, Agencia Consultoría y Gestión SL.
Fuentes de IU han señalado que en el entramado urbanístico en el que participan algunos de los detenidos, como informó ayer este diario, es habitual el trasiego de dinero con fines especulativos. En este caso, la coalición explica que el objetivo era conseguir la edificabilidad correspondiente al terreno donde iría el parque puesto que, a pesar de ser expropiado, los dueños de solares podrían trasladar dicha edificabilidad que les correspondía a otro lugar.
Se da la circunstancia, además, de que la empresa que vendió los terrenos a Enciso y Aguilera SL fue posteriormente adjudicataria de diversas obras municipales de gran presupuesto, como un plan de reforma interior adjudicado en octubre de 2004 y de la ordenación volumétrica y aprovechamiento de la agrupación de distintas parcelas municipales, también adjudicada durante 2004, pocos meses después de la operación de compraventa.
Pero éste es sólo un ejemplo de la trama urbanística. En la denuncia presentada por IU se citan otros muchos casos. Entre ellos se encuentra otro en que también está relacionada la mujer de Enciso, Francisca Aguilera, que en 2007 figuraba como administradora mancomunada de la empresa Ensap Plaza SL junto a un constructor y promotor que en su momento realizó para el Ayuntamiento la Plaza Mayor y que gestiona el parking junto al Consistorio ejidense.
* El Mundo - Miguel Cabrera - 23.10.09
Foto: El Ejido (Almería), policía ayuntamiento -elpais
El propietario de Mahía se ve imputado en nuevos procesos
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ELCORREOGALLEGO/Santiago* : Un juez de Valladolid le investiga para saber por qué prestó 180.000 euros a un alcalde. En los próximos meses se va a intensificar la presencia en los tribunales de Ramón López Casal, propietario de, entre otras, la constructora Maexpa, antigua Mahía. Ayer tuvo que volver a comparecer en los Juzgados compostelanos de Fontiñas para dar cuenta sobre un nuevo capítulo de la demanda que abrió contra él su antiguo socio cofundador de Mahía, Manuel Gómez Maroñas, quien le acusó de apropiación indebida.
Durante hora y media, entre las diez menos cuarto y las once y cuarto de la mañana, López Casal tenía que responder a las acusaciones de los abogados de Gómez Maroñas -Ulises Bértolo y Miguel Bajo Fernández- y de la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Santiago, ana López-Suevos Fraguela.
Según pudo saber EL CORREO, López Casal se negó a responder a todas las preguntas que le realizaron Bértolo y Bajo y contestó negativamente sobre los aspectos que se le imputaban cuando las cuestiones se las planteaba la magistrada.
Gómez Maroñas acusa al presidente de Maexpa de manejar de forma irregular 27 millones de euros en forma de préstamos que se concedía a sí mismo desde empresas de su propiedad y que devolvía en las fechas posteriores tras, presuntamente, haber recibido ingresos de otras de sus firmas por similares cantidades a las prestadas. López Casal también fue cuestionado sobre la documentada participación de Gómez Maroñas en juntas a las que éste no asistió, según afirma en su demanda.
Próximamente en Valladolid
Pero los problemas judiciales de López Casal no acaban en Santiago. El magistrado de Instrucción número uno de Valladolid ha modificado la condición de testigo por la de imputado al propietario de Maexpa en el caso de presunta corrupción urbanística de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda.
Ramón López tendrá que comparecer el próximo siete de diciembre ante ese magistrado como imputado para explicar junto a José Manuel Méndez Freijo, alcalde de Arroyo, y José Presas Zobra, propietario de Recreativos Dema, porqué le prestó en 2001 a Méndez Freijo 180.303 euros que éste no devolvió en el plazo pactado de tres meses, ni tampoco entre esa fecha y el año 2005, como refleja la contabilidad en la auditoria posterior que fue realizada.
El fiscal de ese caso recordó al juzgado en un escrito que Méndez declaró en 2008 que "no tuvo relación con Mahía", a la que, sin embargo, sí compró un piso en Vilagarcía de Arousa en 2004. Y además fue después de que la acusación particular -ejercida por la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI- entregase al juez las anotaciones del préstamo donde seguía figurando en la contabilidad de Mahía cuando la defensa de Méndez Freijo aportó un recibo firmado por su socio, José Presas, en el que se asegura haber recibido 15 millones de pesetas y, posteriormente, otro similar por la misma cantidad.
Claro que el fiscal mantiene sus dudas sobre esos documentos, que se presentaron al juez ocho años después de la concesión del crédito. Pero además, el acusador quiere saber por qué si el préstamo era para recreativos Dema no se ingresó directamente en la cuenta de esta empresa, y por qué no se entregó mediante cheque. De ahí que el fiscal queira saber por qué Presas no firmó los dos recibos como socio de Dema y sí como representante de la constructora Mahía, propiedad de López Casal.
* El Correo Gallego - M. TIMONEDA - 23.10.09
Foto: Las oficinas de Maexpa ocupan ahora una pequeña parte de lo que fue la sede original de la firma - Patricia Santos, elcorreogallego.es
Barcelona: Un bloque de alquiler para jóvenes tiene 40 pisos vacíos hace meses
ELPERIÓDICO* : «Es una pena que haya tantos pisos vacíos, teniendo en cuenta la cantidad de gente que los necesita. Por aquí cada día se acercan siete u ocho jóvenes a preguntar qué tienen que hacer para alquilarlos, pero yo ya les digo que se tienen que apuntar en el patronato, que va por sorteo». Habla el conserje de la promoción de pisos de protección oficial de alquiler para jóvenes de la calle de Rosselló i Porcel, 12, en Nou Barris, cuyo sorteo, hace algo más de cinco años, fue incluso retransmitido en directo.
En esta promoción, una de las primeras del Patronato Municipal de la Vivienda, hay ahora cerca de 40 apartamentos desocupados, muchos de ellos sorprendentemente tapiados con puertas de hierro. Y no se trata de un caso aislado: entre 120 y 130 del millar de pisos de alquiler para jóvenes que el patronato tiene en Barcelona, el 12%, están sin ocupar.
«La verdad es que me sorprendió encontrarme con que habían tapiado el apartamento de al lado del mío con una puerta de hierro, ya que las puertas normales ya son de seguridad. Eso sí, el apartamento lleva unos seis meses cerrado, no sé si será por eso», explica un vecino del bloque A de la promoción de Nou Barris. El motivo de tan contundente medida de fuerza lo da Antoni Sorolla, delegado de Vivienda del ayuntamiento: evitar okupaciones.
PATRIMONIO PÚBLICO / «Lamentablemente las okupaciones ocurren, y se trata de un patrimonio público y no podemos permitir que cualquiera dé una patada en la puerta y se cuele. Si no se les coge durante las primeras 48 horas hay que ir por vía judicial, y el desalojo se alarga mucho. Por eso hemos optado por la medida de las puertas de hierro», aclara Sorolla.
«Me parece cuanto menos sorprendente que con la situación de crisis que estamos viviendo y la cantidad de jóvenes que no tienen más opción que optar a este tipo de pisos, tengamos que ver esto. No solo permiten que los pisos pasen tanto tiempo vacíos, sino que en vez de agilizar los trámites invierten esfuerzos en tapiar puertas», apunta otro enojado vecino del edificio.
Sorolla tiene perfectamente identificados los motivos de tal anomalía, que afirma se resolverá en breve. Por un lado, hace unos meses se cumplieron cinco años de la entrega de las primeras promociones, con lo que muchas personas que entraron con esos primeros sorteos han dejado de golpe los pisos. Por otro, en febrero entró en funcionamiento el sistema de adjudicaciones con registro único, que servirá para agilizar el proceso, pues reúne las distintas promociones de pisos protegidos, no solo del patronato, pero que debe empezar a rodar.
«En los pisos para jóvenes suele haber bastante rotación, y es bueno que eso pase, ya que se trata de una primera ayuda, pero la situación en la que nos encontramos ahora, en la que estos pisos pueden estar vacíos entre seis y ocho meses, es excepcional y antes de final de año estará normalizada, ya que los pisos ya están sorteados», explica Sorolla. «El problema es que hace unos meses las listas de espera antiguas caducaron, y teníamos que esperar a hacer los nuevos sorteos con el nuevo sistema de registro único, un método que agilizará mucho más los trámites», añade el delegado.
Esta bolsa de pisos vacíos fue sorteada el pasado 8 de octubre junto a otros 90 del Incasol de nueva construcción y, según apunta Sorolla, a partir del 3 de noviembre los afortunados serán llamados para ir a elegir piso, así que en pocos meses la situación estará normalizada. Entraron en el sorteo –con lo que cumplían los requisitos tanto de edad como de ingresos máximos– poco más de 2.000 jóvenes, así que 1.800 deberán seguir esperando su turno.
* El Periódico - HELENA LÓPEZ - 22.10.09
Foto: Entrada del grupo de pisos de la calle de Rosselló i Porcel, ayer. Foto: JULIO CARBÓ, elperiodico.com
Bruselas expedienta a España por la extrema degradación de Daimiel
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ELPAÍS/Ciudad Real* : La Comisión Europea ha abierto un expediente de oficio contra España por la degradación de las Tablas de Daimiel, según confirmó la Comisión Europea y fuentes del Ministerio de Medio Ambiente. El Gobierno tiene 10 semanas para explicar cómo un humedal protegido por la UE lleva cinco años seco y cómo es posible que decenas de miles de pozos, buena parte de ellos ilegales, hayan agostado las lagunas. La UE se une así a la Unesco, que ya planea quitarle su protección a La Mancha Húmeda.
El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, no quita hierro a la situación del parque: "Estamos a punto de perder las Tablas de Daimiel", reconoció ayer en un acto público.
El pasado miércoles, día 14, la Comisión aceleró la queja de oficio que prepara desde hace meses contra España. Los representantes de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario se encontraban en Madrid para la llamada reunión paquete, en la que repasan con el Gobierno y los ecologistas todos los procedimientos de infracción abiertos. El orden del día no incluía Daimiel, pero ante la publicación en EL PAÍS del incendio de turba incontrolable y la alerta de los responsables del parque, el jefe de infracciones de la UE, el español Julio García Burgués, comunicó que ese mismo día había abierto la queja.
La situación era insostenible y no podía esperar a que las asociaciones ecologistas le enviasen el informe con la situación de las Tablas. La carta enviada a España es el paso previo a la apertura de un procedimiento de infracción. La Comisión abre así un proceso que puede durar años, pero que puede terminar ante el Tribunal de Luxemburgo y con una multa. Pero, sobre todo, saca los colores a los responsables de un desastre ecológico que comenzó hace casi 40 años. España tiene procesos similares abiertos por la mala calidad del agua de los ríos, las minas a cielo abierto en espacios protegidos de León o la contaminación en Huelva.
Bruselas investiga si se ha incumplido la Directiva de Hábitats, de 1992, que establece que los países "adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies". Las Tablas son Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves de la UE.
Aunque el deterioro en Daimiel es evidente -sólo 10 de sus 1.600 hectáreas tienen agua-, un equipo de la Comisión visitará la zona antes de diciembre. Ni un diluvio puede hacer que entonces tenga agua.
El Ministerio de Medio Ambiente planea aprobar la semana que viene un trasvase de urgencia desde el Tajo hacia el parque nacional. Se trata de llevar 10 hectómetros cúbicos -cada uno equivale a un volumen como el estadio Santiago Bernabéu-. La comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura tendrá que enviar algo más en función de las pérdidas que se produzcan en el transporte. Para reducir esas fugas, el Gobierno utilizará la llamada tubería de la llanura manchega, un trasvase del Tajo al Guadiana para abastecimiento. El Ministerio ha pedido a Villar Mir, presidente de la empresa OHL, adjudicataria de la obra, que acelere al máximo la construcción.
A medio plazo, el Ejecutivo confía en rellenar las Tablas a través del trasvase del Tajo Medio, que sale de Valdecañas, en Cáceres, hacia el Segura. Daimiel está a mitad de camino y fácilmente podría dejar allí 40 hectómetros cúbicos al año. Los ecologistas se oponen a este sistema para mantener con vida el humedal y exigen que se reduzca el regadío. Extremadura no se opone al trasvase y ya ha encargado un informe sobre la viabilidad de la obra.
Puxeu admitió que el trasvase de emergencia "no es una medida ortodoxa, pero sí radical. Y ahora hacen falta soluciones radicales". "En el siglo XXI no nos podemos permitir perder espacios que nunca podremos recuperar en aras de un progreso no bien definido", señaló Puxeu, que lanzó un aviso a los agricultores que desde hace décadas han sobreexplotado el acuífero que nutría las Tablas: "Tenemos que liberar la presión sobre ese ecosistema. Si no es con la razón, será con la compra de fincas o con la legislación".
El secretario de Estado también entró por primera vez de forma abierta en la disputa que libra con la Junta de Castilla-La Mancha, también del PSOE, por la responsabilidad sobre el estado del parque. Puxeu pidió a la Junta que prohíba el regadío "en el preparque", la zona aledaña al espacio protegido y en que los pívots (el sistema de riego por aspersión de la zona) siguen regando cebollas. Aunque los parques nacionales están transferidos a las autonomías por una sentencia del Constitucional de 2005, el de Daimiel sigue en manos del Gobierno, como recuerda a menudo la comunidad. Nadie quiere hacerse cargo de ese secarral en el punto de mira de la UE y la Unesco. Por eso, Puxeu recordó que el preparque es competencia autonómica.
La situación ha llegado hasta tal extremo que cuando el secretario de Estado visitó en junio pasado las Tablas, un agricultor de la zona se acercó a la comitiva y, sin reconocer a Puxeu, le sugirió al director de Daimiel que inundasen pronto el parque nacional porque se estaba quedando sin agua para regar.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 22/10/2009
Foto: Fumarolas producto de fuego de turba junto al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real.- ULY MARTÍN, elpais.com
Construyen una urbanización en Utiel en suelo inundable
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LEVANTE/Valencia* : Las obras de urbanización promovidas por el Ayuntamiento de Utiel en sector S-3 continúan adelante pese al demoledor informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, basado en un informe de inundabilidad remitido por la propia corporación local el pasado 24 de junio, en el que se concluye que las obras de urbanización "proyectadas en sector S-3 del Termino Municipal de Utiel, "aumentan notablemente el riesgo de inundación".
Según el citado informe, además de incrementar el riesgo de inundación y los calados tanto dentro como fuera del sector que se urbaniza, la actuación proyectada "supone una notable incidencia en el régimen de corrientes del cauce, produciendo afecciones a terceros...".
En consecuencia, el Comisario de Aguas de la CHJ, con fecha 15 de julio de 2009 denegó la solicitud de autorización de las obras, que continuaban en el día de ayer.
El Plan Parcial S-3 de Utiel se desarrolla sobre un espacio aluvial de 55.895 m2 situado en el margen derecho del río Magro, en terrenos situados a un nivel inferior al del encauzamiento artificial del río.
La urbanización se ha hecho levantando el terreno con escombros incluso por encima del nivel del encauzamiento, lo que ha provocado el pánico de la comunidad de vecinos del Barrio de la Fuente, situada en la margen izquierda con 164 viviendas construidas casi un metro por debajo del pretil actual del río Magro.
Los vecinos han denunciado los hechos en la Confederación; en el Ayuntamiento de Utiel; en la conselleria de Territorio y Vivienda; mediante escrito al director general de Urbanismo, José María Selva; a la Policia Autonómica- que llegó a informar someramente y pidió "instrucciones" a la conselleria- y al Defensor del Pueblo, pero las obras continúan.
Sin pasar por el Patricova
La Comisión Territorial de Urbanismo aprobó la Homologación y Plan Parcial S-3 de Utiel el 29 de noviembre de 2004 sin exigir al Ayuntamiento de Utiel-promotor- ni a la firma Urbanizaciones Río Magro, el preceptivo estudio de inundabilidad que requería la urbanización, situada en terrenos grafiados como inundables por el Patricova.
En este sentido, los representantes legales del Barrio de la Fuente responsabilizaron ayer a la conselleria de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Utiel, gobernado por el PP, por no intervenir pese a sus reiteradas denuncias, de cualquier daño a personas o bienes que pueda derivarse de la "situación de peligro y seguridad de los ciudadanos" que reconocía el informe de la Policía Autonómica.
El pasado 2 de octubre, el alcalde de Utiel, José Luis Ramírez, autorizó el reinicio de las obras basándose, dijo, en una propuesta sancionadora de la CHJ, que de forma algo confusa levantó "la medida provisional de paralización de las obras", aunque referida exclusivamente a las actuaciones en la zona de Policía junto al cauce.
La CHJ ratificó al constructor en una reunión celebrada el pasado 5 de octubre a la que no asistió el ayuntamiento, que no dispone de autorización para las obras hasta que no se presente un nuevo informe con medidas correctoras.
* Levante-EMV - J. SIERRA - 22.10.09
Foto: Utiel (Valencia) - valenciaterraimar.org
Córdoba: Varios colectivos exigen un uso social del Mercado del Alcázar
ELDÍADECÓRDOBA* : La Asociación de Vecinos Alcázar Viejo, la Asociación de Artesanos de Córdoba y Ecologistas en Acción se concentraron ayer a las puertas del Mercado del Alcázar para reclamar al Ayuntamiento que este equipamiento sea utilizado para usos sociales y culturales. El motivo de esta reivindicación radica en las actuaciones previstas en el Plan del Casco Histórico, que contempla la adaptación de este edificio para la edificación de un inmueble de oficinas para el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA).
A través de un escrito, los colectivos informaron ayer de que si el Ayuntamiento cede este suelo al IESA durante 75 años se consumaría la privatización parcial de un espacio público "con grandes posibilidades dada su ubicación". Tanto los vecinos como los artesanos consideran que la ubicación del edificio posibilita otros fines que redundan en el beneficio de los ciudadanos de la capital.
Las asociaciones han presentado varias alegaciones ante la Gerencia Municipal de Urbanismo proponiendo varias alternativas como un mercado donde los agricultores locales de productos ecológicos o los artesanos del entorno puedan ofrecer sus artículos. Otro de los proyectos que han planteado es la puesta en marcha de una centro de arte, un museo de la ciudad, un centro de interpretación del Alcázar o un centro cívico. Incluso, los colectivos inciden en que el darle un uso cultural a este espacio supondría, dada su buena ubicación, un elemento más para lograr la Capitalidad Cultural 2016.
* El Día de Córdoba - Gema N. Jiménez - 22.10.09
Foto: Grupo de manifestantes, ayer, ante el mercado. -JUAN CARLOS MOLINA, diariodecórdoba.com
El TSJC confirma la nulidad de la licencia de las torres del Canódromo, que tendrían que demolerse
CANARIAS7/Las Palmas* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado nulidad de la licencia de obra mayor otorgada por el Ayuntamiento de la capital grancanaria a Realia para construir las dos torres del canódromo. La ejecución del fallo implicaría la demolición de ambas construcciones.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias notificó esta mañana la sentencia que desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento capitalino contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que en marzo del año pasado dio la razón colectivo vecinal Avecalta y declaró nulo el permiso.La licencia de obra mayor de las torres del Canódromo fue concedida por el Ayuntamiento capitalino a Realia el 21 de marzo de 2006.
La resolución judicial en primera instancia, ahora confirmada por la Sala, se limitó a suscribir los argumentos expuestos por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en las dos sentencias previas que anularon el Plan Especial, la primera de ellas fechada el 3 de septiembre de 2007, y la segunda, a instancias de la citada asociación, el pasado 10 de enero. De hecho, el texto de la sentencia ahora ratificada en apelación transcribe en 13 folios las consideraciones ya expuestas en las anteriores sentencias del caso, y considera nula la licencia de obra mayor al compartir «plenamente los argumentos expuestos por la Sala respecto a la ilegalidad tanto del Pan Especial como del PGO de Las Palmas, disposiciones al amparo de las cuales se dictó la que es objeto de impugnación en este juicio». Por ello, «procede igualmente declarar la ilegalidad» de la licencia, «y la consiguiente anulación».
* Canarias 7 - Antonio F. de la Gándara - 21.10.09
Foto: Las Palmas, torres Canódromo - canarias7.es
