DEIA/Cantabria* : Prevaricación, malversación de fondos, falsificación documental... Son términos judiciales que hoy en día se emplean con normalidad en las conversaciones de los ciudadanos de Castro Urdiales. Y es que la población castreña se ha acostumbrado a ver el nombre de la localidad en los medios de comunicación, relacionando al equipo de gobierno municipal con una serie de supuestos delitos que son investigados por la Guardia Civil y que han llevado al juzgado, en repetidas ocasiones, a sus tres cabezas visibles -Fernando Muguruza, alcalde; José Miguel Rodríguez, conocido como KyK, teniente de alcalde y concejal de Hacienda, y Rufino Díaz Helguera, concejal de Obras, Personal y Protección-.
La vida política de Castro Urdiales se ha convertido durante los últimos años en una maraña de acusaciones, denuncias y procesos judiciales que tienen desconcertada a la población y en jaque a sus representantes municipales.
Un alcalde inhabilitado para tomar decisiones urbanísticas y de contratación, una veintena de casos investigados por la Guardia Civil, una decena de sumarios abiertos en el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad y la práctica totalidad de los concejales del Ayuntamiento imputados, son las claves de un proceso que está haciendo tambalear los cimientos del municipio.
Antecedentes
El alcalde tránsfuga
La realidad es que la vida política de Castro Urdiales, sin llegar a la delicada situación actual, siempre ha estado marcada por la polémica. Los doce años como primer edil de Rufino Díaz Helguera acabaron el día que Fernando Muguruza, cabeza visible del Partido Regionalista Cántabro (PRC), le arrebató la Alcaldía en 2003. Habían sido tres legislaturas del socialista al frente del gobierno municipal y la población castreña decidió que era momento de cambiar el rumbo. Muguruza asumió, así, el puesto de primer representante de Castro Urdiales con el apoyo del Partido Popular, siempre encabezado por José Miguel Rodríguez KyK, e Izquierda Unida, con Salvador Hierro. Ambos ocuparon concejalías relevantes.
Aquella legislatura fue convulsa desde el principio. De hecho, las decisiones de Muguruza fueron muy criticadas, principalmente por Rufino Díaz Helguera, cuyos enfrentamientos con el alcalde se tornaron duros, constantes y sonados. En este clima de tensión, Díaz Helguera decidió denunciar en el juzgado al equipo de gobierno por la contratación de la empresa Izeta para realizar unas obras de mejora en el túnel de Mioño. Según argumentó en su momento, este acuerdo se firmó sin pasar los trámites municipales. Este grave conflicto supuso, a la larga, la expulsión del PSOE de Díaz Helguera y de otros cinco concejales, ya que, en contra de la directriz de su partido, decidieron presentar una moción de censura contra el alcalde; moción que, por otro lado, no prosperó.
Concluyó la legislatura y llegaron las elecciones municipales de 2007. En ellas irrumpió un nuevo partido que, a la postre, sería de vital importancia para Muguruza: Acuerdo por Castro, fundado por Rufino Díaz Helguera. Además, PSOE y PRC habían firmado en Cantabria un pacto de gobierno para las alcaldías de la comunidad. Y, dado que los socialistas fueron la lista más votada en Castro Urdiales, a ellos les correspondía acceder al puesto con los votos de los regionalistas cántabros.
Sin embargo, Fernando Muguruza se saltó la disciplina de partido, se alió con su mayor enemigo, Díaz Helguera, y sumó los votos del Partido Popular. Con esta jugada, volvió a ser primer edil; una maniobra que originó un duro enfrentamiento entre el PSOE y el PP en la Comunidad y que le supuso la expulsión del partido y, finalmente, la declaración de tránsfuga.
Procesos judiciales
Imputaciones y diligencias
Nueve meses después del nombramiento de Muguruza como alcalde, comenzaron los problemas. Aquella querella que Rufino Díaz Helguera -ahora compañero de gobierno- interpusiera en la legislatura anterior por la contratación de Izeta se convirtió en investigación policial y, posteriormente, en diligencia judicial. Así, el 27 de marzo de 2008, la Guardia Civil entró en el despacho municipal de Urbanismo, llevándose numerosos expedientes. El juez consideró que había delito y decidió imputar al alcalde y a otros seis ediles del anterior gobierno un delito de prevaricación.
Dos meses más tarde, en mayo, el titular del Juzgado de Instrucción nº2, Luis Acayro Sánchez, volvió a imputar a Muguruza -junto al primer teniente de alcalde, KyK y al ex edil Pedro Revuelta-, un delito de tráfico de influencias por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato a la empresa de desratización Trapur. Era la segunda diligencia. Pero habría más.
Muguruza, indignado por las últimas decisiones judiciales, se defendió públicamente acusando al juez Acayro de prevaricador. Sus palabras le dieron un nuevo disgusto, ya que le acarrearon una tercera imputación por un delito de injurias y calumnias.
Junto a estos tres casos, Muguruza afronta varias acusaciones más: por irregularidades en las obras del mercado municipal -por tratarse de la misma empresa del túnel del Mioño, Izeta, se unió al sumario de este-; por la contratación de un arquitecto y una ingeniera a quienes, supuestamente, se les pidió que firmasen informes y dictámenes urbanísticos para los que no estaban habilitados; por conceder una licencia de obras en el Residencial San Pelayo, de Santullán, donde se invadieron caminos rústicos y terrenos de la Junta Vecinal; por la contratación de una empresa para eliminar una plaga de termitas en el conjunto histórico; por el asfaltado de Las Mieres, en El Haya... Pero, sin duda, una de las acusaciones con más repercusión mediática es el caso Urticam. El permiso para construir varias viviendas en una vaguada terminó con la detención del alcalde y de su equipo de gobierno, quienes, tras prestar declaración ante la Guardia Civil, quedaron en libertad.
La política castreña no vive sus mejores momentos. La situación es delicada porque cada nuevo caso que sale a la luz pone más en jaque a una corporación que tiene que dar muchas explicaciones. Y no sólo ante el juez.
* Deia - Itziar Gorospe/Tamara de la Rosa - 24.10.09
Foto: deia.com
La Justicia pone contra las cuerdas a los políticos castreños al investigar posibles delitos urbanísticos
El alcalde de Almogía, imputado por prevaricación urbanística y falsedad documental
SUR/Málaga* : La Guardia Civil sigue la ronda de toma de declaraciones a los imputados del 'caso Almogía' y, ayer le tocó el turno al alcalde de esta localidad, Cristóbal Torreblanca, tal y como adelantó este periódico. El regidor, que estuvo declarando durante cuatro horas en la comandancia de la Guardia Civil de Málaga, quedó en libertad con los cargos de prevaricación urbanística y falsedad documental, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso. Torreblanca, que fue llamado a declarar por la Guardia Civil, fue asistido por su abogado defensor.
Las preguntas de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que lleva el caso, le insistieron, al parecer, sobre los derroteros que habían seguido los quince expedientes urbanísticos que había denunciado el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por irregularidades, y a los que el Ayuntamiento no había dado curso o, al menos, no lo había hecho debidamente.
La Guardia Civil quiere probar que, por parte del alcalde, Cristóbal Torreblanca, así como por otros concejales y funcionarios del Ayuntamiento, e incluso policías locales, hubo trato de favor con familiares y amigos de los ediles del Ayuntamiento de Almogía.
El alcalde de Almogía, que abandonó ayer a pie las dependencias de la Benemérita, eludió contestar a las preguntas de los periodistas que aguardaban en la puerta, y dejó, por tanto, la incógnita de si dimitará, ya que desde el día en el que se iniciaron los registros de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Almogía y en la Casa de la Cultura, el pasado martes, Torreblanca afirmó que, si como consecuencia de la investigación judicial resulta imputado en el caso, renunciaría al cargo, en el que lleva 26 años, y que presentaría asimismo la «baja automática» del partido, decisión que dijo haber comunicado al PSOE malagueño.
Por otra parte, la Guardia Civil también llamó ayer a declarar a otros tres imputados, entre ellos la esposa del policía local que acudió a declarar anteayer, otro agente municipal así como un antiguo secretario del Ayuntamiento. En los tres casos quedaron en libertad con cargos. Tal y como adelantó este periódico, al menos una veintena de personas van a estar imputadas en este caso, que persigue sacar a la luz los cauces por los cuales se realizaron construcciones ilegales en suelo no urbanizable en Almogía, así como en la prevaricación de los cargos públicos por realizar acciones a sabiendas de que no son legales, y por delito urbanístico, también llamado contra la ordenación del territorio.
Por su parte, el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, afirmó ayer que Málaga «no es asiento de todos los males relacionados con el urbanismo» y ha añadido que «ya está bien de tantas miradas puestas en la provincia» motivadas por este asunto. Ha añadido que Málaga le debe mucho al urbanismo, no al irregular, y que con motivo de esta mirada superlativa «se están cuestionando muchas cosas y esta provincia vive de lo que vive».
* SUR - 23.10.09 -PILAR R. QUIRÓS
Foto: EFE
Vigo: El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anula las licencias de Finca do Conde
FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anula las licencias de Finca do Conde. El Concello recibió ayer la desestimación del recurso de apelación que fue presentado por el consistorio contra la última sentencia que invalidaba los permisos del centro comercial y las dos torres de viviendas ubicadas en esta zona.
El tribunal advierte además de que esta sentencia “es definitiva”, por lo que no cabe recurso ordinario alguno y el Concello tendrá ahora que buscar una solución para evitar el derribo y el desembolso millonario que tendría que afrontar si el consistorio se viera obligado definitivamente a ejecutarlo.
El concejal de Urbanismo, José Mariño, advierte que el cumplimiento de la sentencia de derribo supondría para el Concello el pago de unas indemnizaciones por valor de 300 millones de euros. Una ingente cantidad de dinero que, según el propio responsable municipal, “llevaría al Ayuntamiento a la suspensión de pagos”.
Tras este nuevo varapalo de los tribunales, Mariño volvió a criticar a los responsables del Partido Popular que concedieron en su día estas licencias anuladas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia porque “sabían que eran ilegales”, asegura el edil de Urbanismo, que cargó contra el anterior concejal del PP, José Manuel Figueroa, al afirmar que él “no puede decir que actuara de buena fe”.
José Mariño recrimina además al anterior gobierno local del Partido Popular, que concedió estos permisos, que permitiera “una auténtica barbaridad urbanística” y dejara así “esta desastrosa herencia”.
“Ésta es la enésima sentencia judicial en contra de la gestión del Partido Popular en la urbanización de Finca do Conde”, subrayó Mariño. “El TSXG pone de manifiesto claramente en su argumentación que los responsables del Partido Popular sabían que estaban concediendo licencias en una parcela que ya estaba declarada ilegal por los tribunales, y que la propia licencia era ilegal en sí misma”, añade el responsable del departamento de Urbanismo.
Explicaciones
Tras esta nuevo fracaso judicial sobre las licencias de Finca do Conde, el gobierno local insiste en pedir explicaciones al Partido Popular. “Tienen que decir algún día cuál era su papel y su interés desmesurado en la concesión de estas licencias. El señor Figueroa, y el gobierno popular de aquel momento no puede decir que obrara de buena fe. Mientras concedía las licencias en el ámbito de Finca do Conde al mismo tiempo estaba proponiendo su legalización en el Plan Xeral que estaban redactando. ¿Si estaban tan seguros de la legalidad de las licencias que estaban concediendo, porqué estaban tramitando si legalización por otro lado? Sólo puede ser por un motivo: porque eran ilegales”, sentencia el concejal de Urbanismo.
El Concello no podrá además alegar “integración en el entorno” para evitar que los tribunales derriben las dos torres de 228 viviendas y el centro comercial, como sí hará con otros edificios amenazados de derribo como Jacinto Benavente o las torres de García Barbón y que podría evitar su demolición. Urbanismo entiende en el caso de Finca do Conde que en la legislatura pasada se dieron licencias con “informes técnicos en contra”, con lo que se incumpliría el criterio de actuar con buena fe, argumento indispensable en esta vía que ha abierto el Concello.
* Faro de Vigo - 24.10.09
Foto: Zona superior del centro comercial con las dos torres amenazadas de derribo al fondo. José Lores, farodevigo.es
La Sagrada Família presenta un nuevo recurso para paralizar las obras del AVE
ELPERIÓDICO/Barcelona* : La junta constructora de la Sagrada Família ha presentado hoy en la Audiencia Nacional una solicitud de suspensión parcial de las obras del muro pantalla del futuro túnel de la línea del AVE, que se está ejecutando junto al templo, ha explicado el abogado del patronato, Jordi Abel.
El letrado ha indicado que es la tercera vez que la junta del templo pide que se adopte una medida cautelar --dos de ellas ya han sido desestimadas-- de suspensión de las obras, dentro del proceso jurídico abierto contra el proyecto global del AVE, ya que estas se encuentran en un "nivel de auténtica preocupación y se debe de actuar antes de que sea demasiado tarde", ha alertado.
Cálculos diferentes
Esta solicitud se basa en tres criterios. En primer lugar, la instalación hasta el momento de un total de veinte pivotes del muro pantalla del futuro túnel del AVE. En segundo término, la reducción de la distancia entre la pantalla protectora del túnel y la fachada del templo, que debía de ser 1,95 metros según el proyecto constructivo y está siendo ejecutada actualmente a 1,12 metros de la fachada, lo que supone una desviación del 42% con respecto al plan acordado.
Y en tercer lugar, denuncian que Adif haya iniciado las obras de la pantalla protectora del túnel antes de la presentación del informe técnico sobre la seguridad de las obras que está llevando a cabo una empresa externa.
Según ha explicado el arquitecto del templo, Jordi Bonet, estos errores --en especial la reducción de la distancia entre la pantalla protectora del túnel y la fachada del templo-- varían "por completo" los cálculos realizados previamente por Adif acerca de los efectos que podían causar las obras en el edificio de Antoni Gaudí.
Bajo el nivel freático
Además, Bonet ha advertido de que el túnel del AVE se construirá a una profundidad de 40 metros, estando por debajo del nivel freático, así como de las "fuertes ondas vibratorias" que puede causar el paso de la tuneladora sobre las columnas del templo.
Para el actual arquitecto del templo, Adif está llevando a cabo una "política de hechos consumados", basada, a su juicio, en adelantar el calendario de las obras para que estas se encuentren en un estado demasiado avanzado como para frenarlas en el momento en que sea dictada la sentencia judicial. "Estos errores en la construcción evidencian la falta de rigor y responsabilidad con que se está ejecutando la obra", ha lamentado.
Por su parte, el presidente de la junta constructora de la Sagrada Família, Joan Rigol, ha pedido a la justicia que actúe con la "urgencia necesaria", aunque ha querido subrayar que la junta dispone de "voluntad de diálogo" y que "acatarán y respetarán" la decisión de la justicia, aunque ésta no sea favorable a sus intereses.
* El Periódico - EFE - 23.10.09
Foto: Barcelona, Sagrada Familia - sobrebarcelona.com
Santa Cruz: Vecinos de El Toscal tachan de especulador el Plan General
LAOPINIÓN/Tenerife* : La Comisión en Defensa del barrio de El Toscal ha vuelto a arremeter contra el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz y al Plan Especial del barrio, al considerar que abre más aún la veda a la especulación. Los vecinos presentaron ayer en rueda de prensa el bloque de alegaciones que han interpuesto contra el planeamiento y que aglutina tanto a los aspectos jurídicos como los económicos, ambientales y patrimoniales.
Aunque el contenido del PGO ha podido ser conocido por estos vecinos durante su exposición pública, no ha ocurrido lo mismo con el Plan Especial, del que desconocen exactamente en qué momento se encuentra su tramitación. Saben los vecinos que está en sus últimas fases de redacción y ha sido presentado a la Comisión de Patrimonio del Cabildo.
Por lo que se refleja en el PGO, estos vecinos consideran que su contenido será "aún mucho peor que el anterior y por eso solicitamos que se respete el PGO vigente y la consideración del casco histórico al barrio".
Vigente. Las conclusiones, por lo tanto, serían que el nuevo planeamiento busca favorecer más a los promotores privados que a los intereses de todo el vecindario. Así, señalan los vecinos que, mientras que en el plan actual hay una coherencia espacial y urbanística, en el nuevo se apuesta por un enclave atomizado en el que se rompen las tramas urbanas existentes.
Peor que todo ello se apuesta más por la renovación que por la rehabilitación que implica en el primer caso dar lugar a pocos puestos de trabajo, mientras que el segundo se apoyaría un plan económico a más sostenible y a largo plazo. No son las únicas alegaciones que se centran en el barrio y denuncian aspectos concretos de este tipo, ya que también el abogado Felipe Campos han presentado otras similares, aunque más concreta.
Jurídicas, dotaciones y ambientales
La alegación presentada por la Comisión en Defensa del barrio del Toscal se dividide en aspectos jurídicos, de dotaciones y servicios, de calidad ambiental y patrimoniales. En el primer grupo, los vecinos consideran que se hace una interpretación muy particular de la Ley pues descategoriza suelo urbano consolidado y lo declara de renovación que abre la puerta a la expropiación. Las propuestas de aparcamientos se estima exagerada hasta el punto de considerar que se quiere convertir al barrio en un enorme garaje. Estiman que el nuevo planeamiento no da respuesta a los servicios y dotaciones básicas demandas como la ampliación del centro de salud, educativos o instalaciones deportivas, entre otras. Los vecinos estiman que se prevé un crecimiento de la población desmesurado ya que casi lo duplica densificando el barrio con remontas o nuevas construcciones de cinco y seis plantas. Lo que acabaría por colapsar los precarios servicios existentes. En el capítulo patrimonial se hace hincapié en que este enclave es está protegido lo que debe primar sobre otras consideraciones. Por ello demandan la elaboración de un Plan Especial al considerar que el actual ocasionará la destrucción de parte de la trama urbana del barrio y no apuesta por la rehabilitación.
* La Opinión Tenerife - N.R. - 24.10.09
Foto: Vivienda abandonada en el barrio de El Toscal. delia padrón, laopinion.es
Barcelona, Sábado 24 de Octubre: Concentración hipotecados!
AFECTADOSPORLAHIPOTECA* : -Si tuviste que hipotecarte de por vida para acceder a una vivienda!
-Si a ti también te machacaron con la idea de que alquilar era tirar el dinero, y que el precio de la vivienda nunca baja!
-Si te sientes engañado por los políticos que durante años negaron que en España existiera una burbuja inmobiliaria!
-Si los bancos te cobraron comisiones desorbitadas, te endosaron seguros inútiles por la cara, y te estafaron con cláusulas abusivas!
-Si te ves obligada a elegir entre pagar la hipoteca o dar de comer a tus hijos!
-Si el banco te echa a la calle y encima te reclama parte de la deuda pendiente!
-Si encima el banco te presiona, te humilla y te maltrata !!!
Únete a nosotros!! Exigimos soluciones!! Decimos basta a la usura bancaria!! Los hipotecados nos plantamos!!
Somos miles. Juntos, podemos!!!
Sábado 24 octubre, 17 h
Pl. Sant Jaume (Barcelona)
* Plataforma de Afectados por la Hipoteca - 13.10.09
Alhendín: El juez ve indicios de cohecho de los empresarios de Marchalhendín y Fernández
LAOPINIÓN/Granada* : El juez instructor del caso Marchelo considera en su auto judicial que existen indicios "suficientes" de que el ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández (PP), pudo cobrar por sus favores una dádiva de los empresarios que constituyeron la mercantil Parque Empresarial Alhendín. La responsabilidad criminal de Fernández y los empresarios imputados Fernando Muñoz Nogueras, Juan Leocadio Muñoz Tamara, Luis Alonso Polo y Manuel Melguizo parte del ofrecimiento que hacen estos últimos al entonces responsable del Urbanismo en Alhendín, al que prometieron una participación en la sociedad del 1,5%.
En concreto, le ofrecieron, según consta en las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía, cuatro parcelas que sumaban 28.000 metros cuadrados y que se tasaron en 1.177.960 euros. El magistrado no califica la comisión de los delitos pero de su lectura se desprende que los implicados en la trama de Marchalhendín pudieron cometer un presunto cohecho, un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto y que también implica al que la otorga.
Todos los detalles pudieron incluso, según el juez, plasmarse en un documento privado que firmaron todos los implicados excepto Juan Leocadio Muñoz Tamara. El propio concejal, en una de las conversaciones grabadas, además de reconocerlo durante su declaración ante el juez, admitió que tenía el proyecto de montar junto a otras personas un establecimiento de comida rápida para las personas que trabajaban en el parque empresarial.
De las conversaciones telefónicas se desprende, según el juez instructor, que el concejal de Urbanismo llevó a cabo gestiones de intermediación de forma "intensiva" para resolver disputas entre los propios empresarios. Manuel Melguizo actuaría en la trama de corrupción como un "hombre de paja" o testaferro, encubriendo, según consta en el auto judicial, al concejal de Urbanismo, el "verdadero titular del 1,5%". Es más, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional detecta que Manuel Melguizo ingresó un cheque de 34.800 euros en una cuenta abierta a nombre de un despacho de abogados en pago a los servicios profesionales prestados. Aunque no se precisa en el auto a quién pertenece dicho despacho sí se conoce que Fernández compatibilizaba su ejercicio en la política con su bufete de abogados.
El juez también se refiere a la declaración del propio concejal, "acuciado" ante el contenido de las grabaciones" y que, según el instructor, no calibró adecuadamente el alcance y trascendencia de sus palabras. Reconoció que existió un interés de los Muñoz –padre e hijo– y de Luis Alonso de que él entrara en la sociedad y tuviera participación. Aunque negó que llegase a figurar como socio, confesó que le llegaron a prometer entre el 1,5 y el 2%, admitiendo que dicha promesa llegó a plasmarse documentalmente en un contrato privado.
No ocultó que acudiera a los consejos de administración pero, en su descargo, sostuvo que ese 1,5% era una "participación futurible" sin repercusión monetaria.
* La Opinión Granada - P.M. / A.C. - 23.10.09
Foto: alhendin -ideal digital
Pujol favoreció a 28 empresas que financiaron a Convergència
ELPAÍS/Barcelona* : La controvertida fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), se demostró en los últimos años del pujolismo como una de las vías más rápidas para conseguir tratos favorables del Gobierno catalán. El 80% de las empresas que aportaron dinero a esta fundación obtuvieron a corto plazo jugosos contratos de la Administración autonómica, concesiones administrativas o recalificaciones de terrenos para desempeñar sus proyectos de futuro.
Así lo demuestran las cifras que la misma fundación depositó en el registro de fundaciones de la Generalitat.
Entre 2002 y 2005, 34 empresas aportaron dinero a la fundación Trias Fargas. También lo hicieron dos fundaciones, la Puig y la del Orfeó Català, que presidía Fèlix Millet. Hasta 28 de las empresas donantes se vieron beneficiadas por decisiones del Gobierno catalán entre 2002 y 2003, los últimos con Jordi Pujol al frente de la Generalitat y Artur Mas de conseller en cap.
Sin ninguno de estos datos y sin aportar pruebas, el ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall motivó una importante crisis política en 2005 al acusar a CDC de financiarse a través de comisiones sobre obra pública y empresas de servicios. Fue el denominado caso del 3%, que finalmente los partidos catalanes decidieron enterrar. Mas negó entonces solemnemente que su partido hubiera obtenido ingresos a cambio de favores a empresas. Maragall retiró las acusaciones. Jordi Pujol también aseguró recientemente, en la presentación de su libro de memorias, que su gobierno fue "poco clientelista".
Pero la documentación del propio partido crea sombras de duda sobre si los donativos de las empresas a la fundación del partido eran totalmente altruistas. La mayor parte de estas donaciones procedían de constructoras de obra pública con contratas del Gobierno catalán, de laboratorios farmacéuticos proveedores del departamento de Salud o de compañías que prestaban servicios a la Generalitat. Entre 2002 y 2005 las donaciones particulares a la fundación Trias Fargas ascendieron a 2,1 millón de euros, la mitad procedentes de empresas constructoras de obra pública. Muchas de estas empresas vieron reducidos sus contratos con la Generalitat con la llegada de la izquierda.
- Concesiones prolongadas. En septiembre de 2003, tres meses antes de salir de la Generalitat, el Gobierno de CiU firmó una resolución con la que amplió por otros ocho años -hasta 2014- las concesiones que vencían en 2006 a las dos empresas que gestionaban la Inspección Técnica de Vehículos. Las dos empresas eran Applus, entonces del grupo Agbar, y RVSA. Ese año, Agbar dio 90.000 euros y RVSA otros 48.000 a la fundación de CDC. No repitieron las donaciones en años posteriores.
Pasa a la página 2- Ampliación de Baqueira. La polémica ampliación de las pistas de esquí de Baqueira Beret, entonces propiedad de Catalana Occidente, vio finalmente luz verde en 2002 tras años de oposición ecologista y de la propia Generalitat. En mayo de 2002, el Gobierno de Jordi Pujol cambió de opinión y autorizó la construcción de 17 pistas en parajes casi vírgenes del Pallars Sobirà. Las obras empezaron en 2003. Catalana Occidente aportó aquel año 60.000 euros a la fundación de CDC y otros 60.000 en 2004.
- Compra de vehículos. Las empresas Motorsol y Autolica, dedicadas a la venta de coches, obtuvieron en 2002 un contrato por valor de dos millones de euros, que repartir entre sus sociedades, para suministrar de vehículos a los Mossos d'Esquadra. Motorsol y Autolica aportaron 5.000 euros cada una a la fundación Trias Fargas aquel año, pero no volvieron a registrarse nuevas donaciones en años posteriores.
- Adjudicaciones de obras. Las tres principales adjudicatarias de obras de la empresa pública Gisa, entonces dependiente del actual número dos de CDC, Felip Puig, aportaron fondos a la fundación del partido. La primera, FCC, les dio 60.000 euros. La misma cantidad aportó Copisa, que entre 1999 y 2003 fue la segunda contratista de Gisa. La tercera en liza es Comsa, de la familia Miarnau, que a través de tres de sus filiales entregó 160.000 euros a la fundación nacionalista. Las dos últimas empresas han caído del podio de constructoras de la Generalitat. Otra sociedad que inyectaba con frecuencia ingentes cantidades a la Trias Fargas era Rehac SA, que entre 1999 y 2004 se adjudicó obras de rehabilitación por 9,7 millones de Adigsa.
* ELPAIS.com - MIQUEL NOGUER / LLUÍS PELLICER - Barcelona - 23/10/2009
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com
El Ejido: Enciso compró barato un terreno donde iba un parque y lo vendió por el triple
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La Fiscalía investiga estos hechos, junto a otros muchos relativos a la trama urbanística, denunciados por partidos políticos, sindicatos y particulares desde el año 2007, que corre paralela a la de la empresa municipal de obras y servicios, Elsur, en este caso a través de subcontratas con las que los arrestados habrían obtenido grandes beneficios del Ayuntamiento inflando facturas y presupuestos.
De hecho, una de las partes en el caso ha destacado la importancia de esta trama urbanística , en la que se podrían haber invertido parte de los beneficios de las subcontratas de Elsur. «Es imposible que se hayan conseguido 150 millones de euros de beneficios sólo con las facturas infladas de Elsur, por muy graves que sean», asegura esta fuente, que piensa que, gracias a estos negocios urbanísticos, las ganancias podrían ser, incluso, superiores a esta cifra.
En concreto, la compraventa realizada por la empresa Enciso y Aguilera SL fue denunciada por Izquierda Unida y por el PP, aunque se de la circunstancia de que, cuando se produjo, Juan Enciso militaba aún en sus filas, puesto que fue expulsado y fundó el PAL en 2005.
Información privilegiada
Según Izquierda Unida, valiéndose de información privilegiada, la empresa familiar del alcalde adquirió los terrenos donde después se construiría un parque para, pocos días después, venderlos por más del triple a Gestora Ejidense, a la que pertenecen, bien como representantes o en sus órganos de administración, el propio matrimonio, a través de la empresa Enciso y Aguilera SL, además de los también detenidos Juan Antonio Galán Martínez, administrador de dos subcontratas de Elsur, Jardines del Poniente y Jardines del Alcor, y de Multigestión Ejido SL; Jesús Aragón García, administrador único de Sillar y Raíz SL, y Ambrosio Cuevas, administrador único de AGC, Agencia Consultoría y Gestión SL.
Fuentes de IU han señalado que en el entramado urbanístico en el que participan algunos de los detenidos, como informó ayer este diario, es habitual el trasiego de dinero con fines especulativos. En este caso, la coalición explica que el objetivo era conseguir la edificabilidad correspondiente al terreno donde iría el parque puesto que, a pesar de ser expropiado, los dueños de solares podrían trasladar dicha edificabilidad que les correspondía a otro lugar.
Se da la circunstancia, además, de que la empresa que vendió los terrenos a Enciso y Aguilera SL fue posteriormente adjudicataria de diversas obras municipales de gran presupuesto, como un plan de reforma interior adjudicado en octubre de 2004 y de la ordenación volumétrica y aprovechamiento de la agrupación de distintas parcelas municipales, también adjudicada durante 2004, pocos meses después de la operación de compraventa.
Pero éste es sólo un ejemplo de la trama urbanística. En la denuncia presentada por IU se citan otros muchos casos. Entre ellos se encuentra otro en que también está relacionada la mujer de Enciso, Francisca Aguilera, que en 2007 figuraba como administradora mancomunada de la empresa Ensap Plaza SL junto a un constructor y promotor que en su momento realizó para el Ayuntamiento la Plaza Mayor y que gestiona el parking junto al Consistorio ejidense.
* El Mundo - Miguel Cabrera - 23.10.09
Foto: El Ejido (Almería), policía ayuntamiento -elpais
El propietario de Mahía se ve imputado en nuevos procesos
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ELCORREOGALLEGO/Santiago* : Un juez de Valladolid le investiga para saber por qué prestó 180.000 euros a un alcalde. En los próximos meses se va a intensificar la presencia en los tribunales de Ramón López Casal, propietario de, entre otras, la constructora Maexpa, antigua Mahía. Ayer tuvo que volver a comparecer en los Juzgados compostelanos de Fontiñas para dar cuenta sobre un nuevo capítulo de la demanda que abrió contra él su antiguo socio cofundador de Mahía, Manuel Gómez Maroñas, quien le acusó de apropiación indebida.
Durante hora y media, entre las diez menos cuarto y las once y cuarto de la mañana, López Casal tenía que responder a las acusaciones de los abogados de Gómez Maroñas -Ulises Bértolo y Miguel Bajo Fernández- y de la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Santiago, ana López-Suevos Fraguela.
Según pudo saber EL CORREO, López Casal se negó a responder a todas las preguntas que le realizaron Bértolo y Bajo y contestó negativamente sobre los aspectos que se le imputaban cuando las cuestiones se las planteaba la magistrada.
Gómez Maroñas acusa al presidente de Maexpa de manejar de forma irregular 27 millones de euros en forma de préstamos que se concedía a sí mismo desde empresas de su propiedad y que devolvía en las fechas posteriores tras, presuntamente, haber recibido ingresos de otras de sus firmas por similares cantidades a las prestadas. López Casal también fue cuestionado sobre la documentada participación de Gómez Maroñas en juntas a las que éste no asistió, según afirma en su demanda.
Próximamente en Valladolid
Pero los problemas judiciales de López Casal no acaban en Santiago. El magistrado de Instrucción número uno de Valladolid ha modificado la condición de testigo por la de imputado al propietario de Maexpa en el caso de presunta corrupción urbanística de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda.
Ramón López tendrá que comparecer el próximo siete de diciembre ante ese magistrado como imputado para explicar junto a José Manuel Méndez Freijo, alcalde de Arroyo, y José Presas Zobra, propietario de Recreativos Dema, porqué le prestó en 2001 a Méndez Freijo 180.303 euros que éste no devolvió en el plazo pactado de tres meses, ni tampoco entre esa fecha y el año 2005, como refleja la contabilidad en la auditoria posterior que fue realizada.
El fiscal de ese caso recordó al juzgado en un escrito que Méndez declaró en 2008 que "no tuvo relación con Mahía", a la que, sin embargo, sí compró un piso en Vilagarcía de Arousa en 2004. Y además fue después de que la acusación particular -ejercida por la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI- entregase al juez las anotaciones del préstamo donde seguía figurando en la contabilidad de Mahía cuando la defensa de Méndez Freijo aportó un recibo firmado por su socio, José Presas, en el que se asegura haber recibido 15 millones de pesetas y, posteriormente, otro similar por la misma cantidad.
Claro que el fiscal mantiene sus dudas sobre esos documentos, que se presentaron al juez ocho años después de la concesión del crédito. Pero además, el acusador quiere saber por qué si el préstamo era para recreativos Dema no se ingresó directamente en la cuenta de esta empresa, y por qué no se entregó mediante cheque. De ahí que el fiscal queira saber por qué Presas no firmó los dos recibos como socio de Dema y sí como representante de la constructora Mahía, propiedad de López Casal.
* El Correo Gallego - M. TIMONEDA - 23.10.09
Foto: Las oficinas de Maexpa ocupan ahora una pequeña parte de lo que fue la sede original de la firma - Patricia Santos, elcorreogallego.es
Barcelona: Un bloque de alquiler para jóvenes tiene 40 pisos vacíos hace meses
ELPERIÓDICO* : «Es una pena que haya tantos pisos vacíos, teniendo en cuenta la cantidad de gente que los necesita. Por aquí cada día se acercan siete u ocho jóvenes a preguntar qué tienen que hacer para alquilarlos, pero yo ya les digo que se tienen que apuntar en el patronato, que va por sorteo». Habla el conserje de la promoción de pisos de protección oficial de alquiler para jóvenes de la calle de Rosselló i Porcel, 12, en Nou Barris, cuyo sorteo, hace algo más de cinco años, fue incluso retransmitido en directo.
En esta promoción, una de las primeras del Patronato Municipal de la Vivienda, hay ahora cerca de 40 apartamentos desocupados, muchos de ellos sorprendentemente tapiados con puertas de hierro. Y no se trata de un caso aislado: entre 120 y 130 del millar de pisos de alquiler para jóvenes que el patronato tiene en Barcelona, el 12%, están sin ocupar.
«La verdad es que me sorprendió encontrarme con que habían tapiado el apartamento de al lado del mío con una puerta de hierro, ya que las puertas normales ya son de seguridad. Eso sí, el apartamento lleva unos seis meses cerrado, no sé si será por eso», explica un vecino del bloque A de la promoción de Nou Barris. El motivo de tan contundente medida de fuerza lo da Antoni Sorolla, delegado de Vivienda del ayuntamiento: evitar okupaciones.
PATRIMONIO PÚBLICO / «Lamentablemente las okupaciones ocurren, y se trata de un patrimonio público y no podemos permitir que cualquiera dé una patada en la puerta y se cuele. Si no se les coge durante las primeras 48 horas hay que ir por vía judicial, y el desalojo se alarga mucho. Por eso hemos optado por la medida de las puertas de hierro», aclara Sorolla.
«Me parece cuanto menos sorprendente que con la situación de crisis que estamos viviendo y la cantidad de jóvenes que no tienen más opción que optar a este tipo de pisos, tengamos que ver esto. No solo permiten que los pisos pasen tanto tiempo vacíos, sino que en vez de agilizar los trámites invierten esfuerzos en tapiar puertas», apunta otro enojado vecino del edificio.
Sorolla tiene perfectamente identificados los motivos de tal anomalía, que afirma se resolverá en breve. Por un lado, hace unos meses se cumplieron cinco años de la entrega de las primeras promociones, con lo que muchas personas que entraron con esos primeros sorteos han dejado de golpe los pisos. Por otro, en febrero entró en funcionamiento el sistema de adjudicaciones con registro único, que servirá para agilizar el proceso, pues reúne las distintas promociones de pisos protegidos, no solo del patronato, pero que debe empezar a rodar.
«En los pisos para jóvenes suele haber bastante rotación, y es bueno que eso pase, ya que se trata de una primera ayuda, pero la situación en la que nos encontramos ahora, en la que estos pisos pueden estar vacíos entre seis y ocho meses, es excepcional y antes de final de año estará normalizada, ya que los pisos ya están sorteados», explica Sorolla. «El problema es que hace unos meses las listas de espera antiguas caducaron, y teníamos que esperar a hacer los nuevos sorteos con el nuevo sistema de registro único, un método que agilizará mucho más los trámites», añade el delegado.
Esta bolsa de pisos vacíos fue sorteada el pasado 8 de octubre junto a otros 90 del Incasol de nueva construcción y, según apunta Sorolla, a partir del 3 de noviembre los afortunados serán llamados para ir a elegir piso, así que en pocos meses la situación estará normalizada. Entraron en el sorteo –con lo que cumplían los requisitos tanto de edad como de ingresos máximos– poco más de 2.000 jóvenes, así que 1.800 deberán seguir esperando su turno.
* El Periódico - HELENA LÓPEZ - 22.10.09
Foto: Entrada del grupo de pisos de la calle de Rosselló i Porcel, ayer. Foto: JULIO CARBÓ, elperiodico.com
Bruselas expedienta a España por la extrema degradación de Daimiel
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ELPAÍS/Ciudad Real* : La Comisión Europea ha abierto un expediente de oficio contra España por la degradación de las Tablas de Daimiel, según confirmó la Comisión Europea y fuentes del Ministerio de Medio Ambiente. El Gobierno tiene 10 semanas para explicar cómo un humedal protegido por la UE lleva cinco años seco y cómo es posible que decenas de miles de pozos, buena parte de ellos ilegales, hayan agostado las lagunas. La UE se une así a la Unesco, que ya planea quitarle su protección a La Mancha Húmeda.
El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, no quita hierro a la situación del parque: "Estamos a punto de perder las Tablas de Daimiel", reconoció ayer en un acto público.
El pasado miércoles, día 14, la Comisión aceleró la queja de oficio que prepara desde hace meses contra España. Los representantes de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario se encontraban en Madrid para la llamada reunión paquete, en la que repasan con el Gobierno y los ecologistas todos los procedimientos de infracción abiertos. El orden del día no incluía Daimiel, pero ante la publicación en EL PAÍS del incendio de turba incontrolable y la alerta de los responsables del parque, el jefe de infracciones de la UE, el español Julio García Burgués, comunicó que ese mismo día había abierto la queja.
La situación era insostenible y no podía esperar a que las asociaciones ecologistas le enviasen el informe con la situación de las Tablas. La carta enviada a España es el paso previo a la apertura de un procedimiento de infracción. La Comisión abre así un proceso que puede durar años, pero que puede terminar ante el Tribunal de Luxemburgo y con una multa. Pero, sobre todo, saca los colores a los responsables de un desastre ecológico que comenzó hace casi 40 años. España tiene procesos similares abiertos por la mala calidad del agua de los ríos, las minas a cielo abierto en espacios protegidos de León o la contaminación en Huelva.
Bruselas investiga si se ha incumplido la Directiva de Hábitats, de 1992, que establece que los países "adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies". Las Tablas son Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves de la UE.
Aunque el deterioro en Daimiel es evidente -sólo 10 de sus 1.600 hectáreas tienen agua-, un equipo de la Comisión visitará la zona antes de diciembre. Ni un diluvio puede hacer que entonces tenga agua.
El Ministerio de Medio Ambiente planea aprobar la semana que viene un trasvase de urgencia desde el Tajo hacia el parque nacional. Se trata de llevar 10 hectómetros cúbicos -cada uno equivale a un volumen como el estadio Santiago Bernabéu-. La comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura tendrá que enviar algo más en función de las pérdidas que se produzcan en el transporte. Para reducir esas fugas, el Gobierno utilizará la llamada tubería de la llanura manchega, un trasvase del Tajo al Guadiana para abastecimiento. El Ministerio ha pedido a Villar Mir, presidente de la empresa OHL, adjudicataria de la obra, que acelere al máximo la construcción.
A medio plazo, el Ejecutivo confía en rellenar las Tablas a través del trasvase del Tajo Medio, que sale de Valdecañas, en Cáceres, hacia el Segura. Daimiel está a mitad de camino y fácilmente podría dejar allí 40 hectómetros cúbicos al año. Los ecologistas se oponen a este sistema para mantener con vida el humedal y exigen que se reduzca el regadío. Extremadura no se opone al trasvase y ya ha encargado un informe sobre la viabilidad de la obra.
Puxeu admitió que el trasvase de emergencia "no es una medida ortodoxa, pero sí radical. Y ahora hacen falta soluciones radicales". "En el siglo XXI no nos podemos permitir perder espacios que nunca podremos recuperar en aras de un progreso no bien definido", señaló Puxeu, que lanzó un aviso a los agricultores que desde hace décadas han sobreexplotado el acuífero que nutría las Tablas: "Tenemos que liberar la presión sobre ese ecosistema. Si no es con la razón, será con la compra de fincas o con la legislación".
El secretario de Estado también entró por primera vez de forma abierta en la disputa que libra con la Junta de Castilla-La Mancha, también del PSOE, por la responsabilidad sobre el estado del parque. Puxeu pidió a la Junta que prohíba el regadío "en el preparque", la zona aledaña al espacio protegido y en que los pívots (el sistema de riego por aspersión de la zona) siguen regando cebollas. Aunque los parques nacionales están transferidos a las autonomías por una sentencia del Constitucional de 2005, el de Daimiel sigue en manos del Gobierno, como recuerda a menudo la comunidad. Nadie quiere hacerse cargo de ese secarral en el punto de mira de la UE y la Unesco. Por eso, Puxeu recordó que el preparque es competencia autonómica.
La situación ha llegado hasta tal extremo que cuando el secretario de Estado visitó en junio pasado las Tablas, un agricultor de la zona se acercó a la comitiva y, sin reconocer a Puxeu, le sugirió al director de Daimiel que inundasen pronto el parque nacional porque se estaba quedando sin agua para regar.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 22/10/2009
Foto: Fumarolas producto de fuego de turba junto al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real.- ULY MARTÍN, elpais.com
Construyen una urbanización en Utiel en suelo inundable
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LEVANTE/Valencia* : Las obras de urbanización promovidas por el Ayuntamiento de Utiel en sector S-3 continúan adelante pese al demoledor informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, basado en un informe de inundabilidad remitido por la propia corporación local el pasado 24 de junio, en el que se concluye que las obras de urbanización "proyectadas en sector S-3 del Termino Municipal de Utiel, "aumentan notablemente el riesgo de inundación".
Según el citado informe, además de incrementar el riesgo de inundación y los calados tanto dentro como fuera del sector que se urbaniza, la actuación proyectada "supone una notable incidencia en el régimen de corrientes del cauce, produciendo afecciones a terceros...".
En consecuencia, el Comisario de Aguas de la CHJ, con fecha 15 de julio de 2009 denegó la solicitud de autorización de las obras, que continuaban en el día de ayer.
El Plan Parcial S-3 de Utiel se desarrolla sobre un espacio aluvial de 55.895 m2 situado en el margen derecho del río Magro, en terrenos situados a un nivel inferior al del encauzamiento artificial del río.
La urbanización se ha hecho levantando el terreno con escombros incluso por encima del nivel del encauzamiento, lo que ha provocado el pánico de la comunidad de vecinos del Barrio de la Fuente, situada en la margen izquierda con 164 viviendas construidas casi un metro por debajo del pretil actual del río Magro.
Los vecinos han denunciado los hechos en la Confederación; en el Ayuntamiento de Utiel; en la conselleria de Territorio y Vivienda; mediante escrito al director general de Urbanismo, José María Selva; a la Policia Autonómica- que llegó a informar someramente y pidió "instrucciones" a la conselleria- y al Defensor del Pueblo, pero las obras continúan.
Sin pasar por el Patricova
La Comisión Territorial de Urbanismo aprobó la Homologación y Plan Parcial S-3 de Utiel el 29 de noviembre de 2004 sin exigir al Ayuntamiento de Utiel-promotor- ni a la firma Urbanizaciones Río Magro, el preceptivo estudio de inundabilidad que requería la urbanización, situada en terrenos grafiados como inundables por el Patricova.
En este sentido, los representantes legales del Barrio de la Fuente responsabilizaron ayer a la conselleria de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Utiel, gobernado por el PP, por no intervenir pese a sus reiteradas denuncias, de cualquier daño a personas o bienes que pueda derivarse de la "situación de peligro y seguridad de los ciudadanos" que reconocía el informe de la Policía Autonómica.
El pasado 2 de octubre, el alcalde de Utiel, José Luis Ramírez, autorizó el reinicio de las obras basándose, dijo, en una propuesta sancionadora de la CHJ, que de forma algo confusa levantó "la medida provisional de paralización de las obras", aunque referida exclusivamente a las actuaciones en la zona de Policía junto al cauce.
La CHJ ratificó al constructor en una reunión celebrada el pasado 5 de octubre a la que no asistió el ayuntamiento, que no dispone de autorización para las obras hasta que no se presente un nuevo informe con medidas correctoras.
* Levante-EMV - J. SIERRA - 22.10.09
Foto: Utiel (Valencia) - valenciaterraimar.org
Córdoba: Varios colectivos exigen un uso social del Mercado del Alcázar
ELDÍADECÓRDOBA* : La Asociación de Vecinos Alcázar Viejo, la Asociación de Artesanos de Córdoba y Ecologistas en Acción se concentraron ayer a las puertas del Mercado del Alcázar para reclamar al Ayuntamiento que este equipamiento sea utilizado para usos sociales y culturales. El motivo de esta reivindicación radica en las actuaciones previstas en el Plan del Casco Histórico, que contempla la adaptación de este edificio para la edificación de un inmueble de oficinas para el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA).
A través de un escrito, los colectivos informaron ayer de que si el Ayuntamiento cede este suelo al IESA durante 75 años se consumaría la privatización parcial de un espacio público "con grandes posibilidades dada su ubicación". Tanto los vecinos como los artesanos consideran que la ubicación del edificio posibilita otros fines que redundan en el beneficio de los ciudadanos de la capital.
Las asociaciones han presentado varias alegaciones ante la Gerencia Municipal de Urbanismo proponiendo varias alternativas como un mercado donde los agricultores locales de productos ecológicos o los artesanos del entorno puedan ofrecer sus artículos. Otro de los proyectos que han planteado es la puesta en marcha de una centro de arte, un museo de la ciudad, un centro de interpretación del Alcázar o un centro cívico. Incluso, los colectivos inciden en que el darle un uso cultural a este espacio supondría, dada su buena ubicación, un elemento más para lograr la Capitalidad Cultural 2016.
* El Día de Córdoba - Gema N. Jiménez - 22.10.09
Foto: Grupo de manifestantes, ayer, ante el mercado. -JUAN CARLOS MOLINA, diariodecórdoba.com
El TSJC confirma la nulidad de la licencia de las torres del Canódromo, que tendrían que demolerse
CANARIAS7/Las Palmas* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado nulidad de la licencia de obra mayor otorgada por el Ayuntamiento de la capital grancanaria a Realia para construir las dos torres del canódromo. La ejecución del fallo implicaría la demolición de ambas construcciones.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias notificó esta mañana la sentencia que desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento capitalino contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que en marzo del año pasado dio la razón colectivo vecinal Avecalta y declaró nulo el permiso.La licencia de obra mayor de las torres del Canódromo fue concedida por el Ayuntamiento capitalino a Realia el 21 de marzo de 2006.
La resolución judicial en primera instancia, ahora confirmada por la Sala, se limitó a suscribir los argumentos expuestos por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en las dos sentencias previas que anularon el Plan Especial, la primera de ellas fechada el 3 de septiembre de 2007, y la segunda, a instancias de la citada asociación, el pasado 10 de enero. De hecho, el texto de la sentencia ahora ratificada en apelación transcribe en 13 folios las consideraciones ya expuestas en las anteriores sentencias del caso, y considera nula la licencia de obra mayor al compartir «plenamente los argumentos expuestos por la Sala respecto a la ilegalidad tanto del Pan Especial como del PGO de Las Palmas, disposiciones al amparo de las cuales se dictó la que es objeto de impugnación en este juicio». Por ello, «procede igualmente declarar la ilegalidad» de la licencia, «y la consiguiente anulación».
* Canarias 7 - Antonio F. de la Gándara - 21.10.09
Foto: Las Palmas, torres Canódromo - canarias7.es
Imputada la presidenta del Parlamento balear por corrupción urbanística
ELPAÍS* : El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) Javier Muñoz ha dictado hoy una providencia en la que cita a declarar en calidad de imputados a Maria Antònia Munar, presidenta del Parlamento balear, y al diputado del PP Fernando Rubio. El juez investiga el caso Can Domege, por posibles delitos de malversación de fondos, revelación de secretos oficiales y prevaricación en la adjudicación de unos terrenos de Palma para construir 600 viviendas.La operación la efectuó el Consell de Mallorca en la pasada legislatura, bajo la presidencia de Maria Antònia Munar, con el apoyo del PP.
Munar, presidenta fundadora de Unió Mallorquina (UM), es una de las figuras clave en la formación de las mayorías políticas con el PP desde los años 80. En las últimas legislaturas ha dado mayoría parlamentaria al PP encabezado por Jaume Matas y al PSOE liderado por Francesc Antich. En la causa de Can Domenge, por el último gran solar disponible en el centro de Palma, de 52.000 metros cuadrados, está imputado también Miquel Nadal, consejero de Turismo de Baleares y ex dirigente de Unió Mallorquina (UM). Nadal, ex vicepresidente del Consell, rechazó que vaya a dimitir del Gobierno de Baleares. Cuatro políticos de UM están encausados en este sumario.
El Consell premió la oferta inmobiliaria de 30 millones de las firmas Sacresa y Ferrá-Tur con un proyecto del arquitecto Jean Nouvel. Nadal, antes de convocar el concurso, se reunió con el ex consejero de la Generalitat Joan Maria Pujals (CIU), que representaba a Sacresa. La empresa Núñez y Navarro, que ofreció 60 millones al Consell, se querelló contra los políticos de la antigua mayoría de UM y PP que votaron la decisión.
Un juez de Palma fijó una fianza de 38,5 millones de euros para diversos políticos y empresarios que intervinieron en la toma de decisiones y trámites previos, entre ellos el actual presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer; la empresa Sacrera y el político catalán Joan Maria Pujals.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma - 21/10/2009
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
Detenido el alcalde de El Ejido por una trama que malversó más de 150 millones
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La ristra de delitos que se les imputan es nutrida: blanqueo, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.
En un lateral de la plaza está la empresa mixta de servicios municipales Elsur, participada en un 30% por el Consistorio y cuyo presidente es Enciso. Esta sociedad, que gestiona aspectos vitales como agua, alcantarillado, aceras, alumbrado y parques, supone el 40% del presupuesto ejidense y tiene como gerente al interventor municipal José Alemán, también detenido.
Este alto funcionario, a quien muchos comparaban ayer con Juan Antonio Roca, el cerebro del caso Malaya, por su manejo de todos los resortes de la ciudad en su beneficio, supuestamente subcontrataba obras y servicios a empresarios asociados con el regidor, y abonaba facturas infladas hasta el delirio.
El Ayuntamiento llegó a pagar 3.000 euros por cambiar una bombilla o 2.100 euros por reparar una baldosa rota. Con semejantes albaranes no es extraño que Enciso impusiera a sus 90.000 vecinos, que le votan fervorosamente desde 1991, los impuestos y tasas municipales más altos de la provincia. El actual gerente de Elsur, Mario Pulido, también ha sido detenido.
En el extremo opuesto al Consistorio se halla la sede del Partido de Almería (PAL), la formación fundada por Enciso en 2005 cuando abandonó el PP la víspera de que lo fueran a echar. Ayer, los ediles afines a Enciso se refugiaron en la sede tras ser autorizados a salir del Ayuntamiento por la Policía durante el registro, que acabó a las 21.40.
En el lateral derecho de la plaza dos sociedades tienen su domicilio: Arborimar y Maviroad y están dirigidas por otro personaje central de la trama: José Amate Rueda. Hasta diciembre de 2006, Amate ejerció como director de producción de Elsur. Tras su salida, el directivo fundó estas dos compañías. Una semana después de registrarlas, Arborimar y Maviroad obtuvieron, sin concurso previo, un contrato de seis millones de euros para mantenimiento de jardines. Las empresas no tenían experiencia en el sector.
Sin embargo, la empresa clave del entramado se ubica en Madrid y se llama Gestora Ejidense SL. En esta sociedad, puesta a nombre de un supuesto testaferro, figuran como representantes la esposa de Enciso, Francisca Aguilera, también detenida, y otras empresas de personas que recibieron subcontratas de Elsur, como Juan Antonio Galán, también arrestado junto a Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón. En los registros practicados ayer en El Ejido, Almería, Sevilla y Madrid por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, la Policía se incautó de 120.000 euros.
La juez tiene previsto comenzar a tomar declaración a los imputados a partir de hoy. Gestora Ejidense SL es propietaria de unos terrenos que cambiaron de clasificación urbanística con el voto favorable y la firma del alcalde, un asunto que IU denunció ante la Fiscalía Anticorrupción.
El Ejido paga un canon anual de 33 millones de euros a Elsur, a los que hay que sumar las obras contratadas al margen y de las que no hay ningún control.
* ELPAIS.com - F. J. PÉREZ / M. J. LÓPEZ DÍAZ - El Ejido - 21/10/2009
Foto: Agentes de la policía, ayer, a las puertas del Ayuntamiento de El Ejido mientras se realizaba el registro.- FRANCISCO BONILLA, elpais.com
EL Paso: Juicio contra el alcalde y un constructor acusados de delito urbanístico en 2000
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ELDÍA/La Palma* : El Juzgado de lo Penal Nº6 de Santa Cruz de Tenerife se trasladó ayer a las dependencias judiciales de Los Llanos de Aridane para llevar a cabo la primera parte de la vista oral en el juicio abierto contra el alcalde de El Paso, Higinio Máximo Brito (CC), acusado de un supuesto delito de prevaricación al permitir presuntamente la comisión de una infracción urbanística durante su primer mandato, hace nueve años, al frente del Ayuntamiento pasense.
Junto a él, en el banquillo de los acusados se sentó el promotor Ricardo Javier Barrios Morales, acusado de un delito contra la ordenación del territorio. El Ministerio Fiscal reclama una inhabilitación de ocho años para el mandatario local, así como un año de prisión para el constructor.
Los hechos hablan de que se edificó en suelo rústico (zona de Tacande) y sin licencia municipal, antes de que Brito fuera alcalde, una nave o almacén-garaje, junto a varias infraestructuras anexas para ampliar la vivienda en donde reside, con un total de 500 metros cuadrados en conjunto. Aunque la nave fue paralizada y precintada tras la intervención del Seprona, sobre la vivienda ampliada recayó, pocas semanas después de la denuncia, un decreto de la Alcaldía que declaraba la prescripción (caducidad) de una infracción urbanística considerada grave.
El juicio para determinar el alcance de los hechos denunciados fue presidido por el juez instructor Fernando Paredes Sánchez. En la sala comparecían primero los dos acusados, con el interrogatorio protagonizado por la fiscal y los abogados de la defensa y la acusación. Luego, la acusación particular formada por los hermanos Pedro Javier y Ana Marlene Moreno Pérez.
Los tres informes.- Máximo Brito se declaró inocente. Aseguró que su decisión se basó en la existencia de tres informes técnicos favorables: el de la Policía Local (sobre la antigüedad de la vivienda), el del arquitecto y el de los Servicios Jurídicos. Además, se refirió a que el Seprona de la Guardia Civil sólo actuó contra la nave, no contra la vivienda, por lo que "entendí que había superado los plazos que marca la Ley para la caducidad de la infracción".
Ante un aluvión de preguntas de la fiscal y los abogados, mostró su convencimiento de que hubiera sido irregular negar su firma a una prescripción informada favorablemente. Al respecto, afirmó: "Mi formación es de maestro y si hoy en día me encuentro con informes técnicos favorables actuaría de la misma manera que lo hice".
El alcalde negó cualquier relación amistosa con el otro acusado, sólo dijo estar vinculado a la intervención en contratos públicos administrativos de las obras que salían a concurso. Además, aseguró que "tampoco sabía que era amigo o conocido del teniente de alcalde y socio de gobierno Jesús Manuel Rodríguez (PP por aquel entonces), al que el constructor le había arreglado su casa particular".
Además, Brito afirmó que no hubo relación entre la denuncia previa de la familia y la celeridad con la que el ayuntamiento solventó la prescripción urbanística a favor de Barrios: "No sabía que se trataba de la misma persona. Sólo me fijé en los informes técnicos. No había pruebas que dijeran lo contrario y la acusación tampoco las aportó".
Además, concretó, "dos meses después, a requerimiento de la oposición (PSC), solicité un nuevo informe técnico que certificó lo mismo, que la prescripción de la infracción urbanística era correcta".
"No pedí ayuda al alcalde".- Por su parte, Barrios reconoció que había cometido una ilegalidad con la construcción de su vivienda y de la nave, aunque en la primera "es cierto que ha prescrito". Sin embargo, la fiscal se centró más en intentar encontrar un enlace más directo entre el promotor de la obra y el alcalde, algo que negó tajantemente el acusado: "Aunque me ha invitado a realizar obras municipales, la relación se queda ahí, como a cualquier otro que llama para hacer trabajos".
Así, en cuanto a la prescripción que solicitó tras conocer la denuncia aseguró que "nunca hablé con el alcalde para que arreglara el problema. Sólo era el momento de presentar la solicitud". Además, afirmó que "no supe hasta hace poco que las obras invadían el suelo que se requiere para el retranqueo con la finca de la parte denunciante". Pese a eso, consiguió la cédula de habitabilidad para llevar electricidad hasta su vivienda.
El promotor dijo que actuó como "muchos otros en suelo rústico, pidiendo licencia para garaje y construyéndome una casa. No sabía que cometía un delito para ir a la cárcel, sino más bien que era una infracción para una sanción administrativa".
* El Día - MAIKEL CHACÓN, Los Llanos - 21.10.09
Foto: Los Llanos de Aridane (La Palma) - mma.es
La Xunta tiene 300 edificaciones ilegales pendientes de demolición
XORNAL* : La Xunta reconoce en la memoria que acompaña a sus presupuestos que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), el ente consorciado entre Administración autonómica y concellos que comenzó a funcionar en 2008 para perseguir las irregularidades en este ámbito, tiene pendientes de ejecutar unas 300 órdenes de demolición. También reconoce que el año próximo se incrementarán los expedientes de persecución de este tipo de ilegalidades.
En la memoria de los presupuestos se indica textualmente que “en el año 2010 se prevé un incremento de los expedientes de legalidad urbanística, teniendo en cuenta la dinámica de actuación de la agencia, pues ya en 2009 tiene 300 expedientes de demolición pendientes”. Para acometer esas demoliciones la APLU destinará 600.000 euros de su partida de inversiones, que ha pasado de 5.000 euros en 2009 a 720.000 en 2010.
Los expedientes de demolición que tiene pendientes la APLU se corresponden únicamente con procedimientos que han seguido la vía contencioso-administrativa, no la penal, se aclara desde la Xunta. Además solo se referirían a suelos no urbanos, ya que en suelo urbano las competencias las siguen teniendo los concellos. Así que quedan fuera de este recuento de demoliciones pendientes, entre otras y principalmente, los grandes edificios que han acaparado la atención en los últimos años, como la colina de Castrelos o las torres de Finca do Conde en Vigo, o el Conde de Fenosa en A Coruña.
Por contra, los derribos que acometerá la Xunta se corresponden con edificaciones principalmente en entornos rurales. Un vistazo a las ya demolidas (en la propia web de la APLU, www.axenciaurbanistica.es, se pueden observar una veintena de casos) permite comprobar que son en su mayoría construcciones enmarcadas en lo que se podría calificar como feísmo: galpones o segundas residencias y naves industriales levantadas en suelo rústico, la mayoría aisladas de otras construcciones.
BALANCE DE 2008
El último balance de actividades de la APLU, el de 2008, reflejaba que ya se habían impuesto 85 multas coercitivas con el fin de ejecutar órdenes de demolición. Esto es, la Administración multa recurrentemente a un particular con una edificación ilegal hasta que éste acometa por su propia cuenta el derribo de lo construido irregularmente. Solo cuando pasa un tiempo considerable es la propia Administración la que ejecuta con sus propios medios el derribo pasándole con posterioridad la correspondiente factura. Fruto de esas multas coercitivas se recaudaron el pasado año 443.000 euros, cifra a la que hay que añadir 1.442.000 euros de las sanciones impuestas por infracciones muy graves. Los ingresos obtenidos por la APLU a través de estas sanciones son repartidos a partes iguales de forma que la mitad es ingresado por la Administración autonómica y la otra mitad por la Administración local afectada.
Con independencia de esos expedientes de demolición, la agencia urbanística levantó en 2008 un total de 265 actas de inspección y completó un total de 218 investigaciones de ilícitos urbanísticos.
Según el plan de inspección aprobado para este año, la APLU está haciendo un especial hincapié en las zonas con mayor presión urbanística o con mayores valores ambientales como son los suelos de protección de costa, de aguas o de espacios naturales. También está extremando la vigilancia en los concellos que tienen su planeamiento urbanístico suspendido y en los limítrofes con las grandes ciudades.
* Xornal.com - David Reinero - 21.10.09
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
Roca se escuda en el difunto Jesús Gil para eludir el juicio del 'caso Malaya'
ELPAÍS/Málaga* : La defensa de Juan Antonio Roca recurrió ayer a una argucia clásica en su intento, probablemente vano, de evitar que el ex asesor urbanístico sea juzgado como presunto cerebro del caso Malaya: echar la culpa sobre una persona fallecida. En este caso, el chivo expiatorio es de primera categoría penal: el difunto alcalde de Marbella Jesús Gil.
El abogado de Roca, Aníbal Álvarez, sostuvo que su cliente "ni diseñó ni ordenó el urbanísmo de Marbella, sino que fue Gil", y, por si no había quedado claro, abundó: "En Marbella no se movía nada sin las órdenes de Gil".
Álvarez sostuvo esta idea ante la Audiencia Provincial de Málaga en la primera sesión de la vista sobre los recursos que 63 de los 103 imputados en el caso Malaya han presentado contra el auto de procesamiento dictado en julio de 2007 por el primer instructor de la causa, el magistrado Miguel Ángel Torres. La vista, que se celebra desde ayer hasta el día 30 en la nueva sala del jurado de la Ciudad de la Justicia, es una especie de ensayo general para el macrojuicio por la corrupción en Marbella, para el que todavía no se ha fijado fecha. La Audiencia confía en que el juicio se inicie en 2010.
El alegato del abogado de Roca era el más esperado de los escuchados ayer. Álvarez evitó desvelar su línea de defensa para el juicio y echó mano de argumentos que ya había utilizado anteriormente en otras vistas sobre recursos. El letrado rechazó la participación del ex asesor urbanístico en la moción de censura que en agosto de 2003 desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz. "Ni era político ni tenía cargo como funcionario, así que malamente podía dirigir el Ayuntamiento".
En la misma línea de negación, el abogado arguyó que "no existe ni un solo convenio urbanístico o licencia firmado por el señor Roca, ni éste apareció en los plenos o comisiones en los que se aprobaban".
Respecto a su patrimonio, obtenido supuestamente a través de mercadear con el suelo marbellí y tasado inicialmente por la policía en 120 millones de euros, Álvarez afirmó que "esta cifra corresponde al pasivo, no al activo" de su cliente.
El entramado societario del que, según el juez instructor, Roca se sirvió para ocultar su riqueza también está libre de sospechas, aseveró el letrado: "Todas las sociedades de Roca tiene sustantividad legal, no son fachadas. Presentaban cuentas y tributaban a Hacienda. Si fueran meras pantallas habría que imputar por blanqueo a los bancos que por otra parte, les concedían créditos importantes". Estos argumentos eran anotados por el delegado de la fiscalía anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, que no intervendrá hasta la última jornada de las vistas, el 30 de octubre.
La nueva sala del jurado, con 260 plazas y ampliada para albergar el juicio del caso Malaya, acogió ayer a un ejército de abogados cuyo objetivo principal era echar por tierra el auto de procesamiento -y la instrucción entera- del juez Torres. El defensor de Julián Muñoz, Ignacio Prieto, dijo que que el ex alcalde "no tomaba decisiones urbanísticas y se limitaba a firmar lo que le pasaban". El letrado de Muñoz trasladó la responsabilidad delictiva de su cliente a Roca y a sus sociedades.
El resto de abogados se cnetró en quejarse de la falta de motivación y concreción del auto de procesamiento. Pablo Luna, defensor de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, sostuvo que en la instrucción se ha vulnerado el derecho de contradicción de los imputados mediante un secreto sumarial excesivamente largo. También afirmó que la causa debería juzgarse en la Audiencia Nacional y no en la Audiencia Provincial de Málaga y acusó al juez Torres de "falta de imparcialidad" por haber aceptado, en junio de 2007, la medalla de la Policía Local de Marbella.
* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 20/10/2009
Foto: marbella, ayuntamiento - google
