LAVOZ/A Coruña* : En números redondos, por cada 15 habitantes de A Coruña existe una vivienda sin ocupar. Esta relación se establece atendiendo al censo de pisos vacíos del años 2007. Si se tomasen en cuenta los datos presentados por un informe del BNG del 2005, que indicaba que el número llegaba a los 22.000, la proporción sería de un piso vacío por cada 11 habitantes. Y, si se tratasen de las 24.000 que indicó el PP en el 2006, la relación estaría en torno a los 10 habitantes.
Sea como sea, la evolución del parque de viviendas sin uso es alarmante. Entre 1997, donde se estimaba en 2.000, y 2007 se multiplican por ocho tomando como cierta la cifra de 17.000. En esa evolución espectacular se refleja el bum inmobiliario de los últimos años, en los que la inversión en inmuebles se convirtió en el modo más usual de rentabilizar el dinero.
Toda esta serie de números chocan con las previsiones de crecimiento de la ciudad que ponga el nuevo Plan General de Ordenación Municipal. En él se prevén 33.900 nuevas viviendas. Sobre la adecuación entre lo proyectado y la realidad de la ciudad, el creador del nuevo PGOM, el urbanista Joan Busquets, le restó importancia. «El parque de viviendas vacías es un tema que tenemos en todas las ciudades -dijo a La Voz la semana pasada-. Los mecanismos de mercado generan que siempre exista en las ciudades una cantidad disponible».
Desde el Ayuntamiento se insiste en que la facultades municipales no permiten adoptar medidas efectivas para neutralizar esta realidad. Ponen como ejemplo subir el Impuesto de los Bienes Inmuebles (IBI) a las casas desocupadas. En el 2003 se estableció un recargo del 25% sobre la cuota líquida del impuesto. Pero a la vista de las cifras está el resultado: la medida no surtió apenas efecto.
Los especialistas en urbanismo consultados por La Voz coinciden en señalar las facultades que tienen los gobiernos locales no sirven para atajar estos problemas. Sin embargo, muchos de ellos coinciden en destacar que una serie de medidas periféricas ayudarían a minimizar las cifras. Estas son algunas de ellas:
En algunas ciudades como Santiago las promociones impulsadas por este tipo de empresa obligaban a que una buena parte de los pisos vendidos fueran de primera residencia. Con ello se evita la compra de segundas y terceras viviendas que se pueden quedar vacías.
Facilitar los diferentes destinos de los pisos de un inmueble, permitiendo que la primera y segunda planta puedan destinarse a usos terciarios. De este modo, se podrían alquilar muchos pisos como oficinas.
Existen inmuebles en el centro de la ciudad con una amplio número de metros cuadrados, en algunos casos superiores a 200. Tanta superficie hoy en día, permite su división creando viviendas más adecuadas a las necesidades actuales.
Dotarla de más personal y presupuesto. Que la rehabilitación urbanística se entienda como una recualificación de la ciudad, ya que esta permite que se equilibren los barrios.
El propietario tiene la obligación de cuidar y sanear el edificio. Si se aplica con celo la presión sobre él, este preferirá conservar en condiciones el inmueble, ya que el Ayuntamiento puede efectuar las obras de cuidado y luego cargarle los gastos.
El Ayuntamiento podría contar una bolsa inmobiliaria, que facilitaría a los propietarios la posibilidad de alquilar sus pisos.
* La Voz de Galicia - J.?B. /A.?M. - 13/9/2009
Foto: Vista de la ciudad, con el polígono de Elviña en primer término, las torres de los Marineros, el parque de Oza y, al fondo, la medusa del puerto - JANET GONZÁLEZ, lavozdegalicia.es
La ciudad de los 20.000 pisos vacíos
La policía descubre una 'macroestafa' inmobiliaria a unas 200 personas en Jaén
ELPAÍS* : El Cuerpo Nacional de Policía ha descubierto una macroestafa inmobiliaria a unas 200 personas que pagaron 1.500 euros por reservar una parcela en terreno no urbanizable. Dos hombres han resultado imputados en un delito de estafa en el marco de la operación Yedra.
Fuentes policiales han explicado que la investigación surgió cuando uno de los afectados interpuso una denuncia en la Comisaría Provincial de Policía después de no haber podido recuperar los 1.500 euros que entregó a los supuestos estafadores. A partir de entonces, se iniciaron las pesquisas, que llevaron a la detención el pasado miércoles de Manuel Jesús C.C, en la localidad jienense de Alcaudete, y el jueves de Pablo R.E., en Úbeda. Hoy han sido puestos en libertad
Los detenidos reservaban por 1.500 euros parcelas ubicadas en el término municipal de Jaén, donde presuntamente se iba a construir la Urbanización La Yedra, conformada por viviendas unifamiliares valoradas en unos 210.000 euros. Los terrenos, cuyos verdaderos propietarios "ignoraban lo que se estaba urdiendo", no eran urbanizables y estaban protegidos, por lo que "jamás se hubieran podido construir" las viviendas.
Hasta ahora, se han presentado 97 denuncias de afectados por ese pago de 1.500 euros, aunque los investigadores policiales calculan que el número de personas podría superar las 200. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, según las mismas fuentes.
* ELPAIS.com - EFE - 11.09.09
Foto: Jaén, vista - artearqueohistoria.com
¿Y qué hay de lo mío?
DANIEL MILLET/ Tenerife* : Llamadas al alcalde para enchufar a un familiar, quitar una multa, conseguir una rebajita en un hotel o hacer la vista gorda con un local comercial irregular; llamadas al Gobierno para acelerar la aprobación de un proyecto urbanístico; llamadas a un agente al que se le había regalado hasta una yegua a cambio de favores; llamadas entre consejeros en las que se pide discreción; llamadas a un concejal para comprar su voluntad por un kilillo... Llamadas, muchas llamadas. Los pinchazos de teléfono en el marco de los numerosos procesos judiciales contra la corrupción en Canarias han destapado todo un intenso submundo de trapiches y compadreos, de los que muchos ni siquiera tenían directamente que ver con la materia investigada y no han merecido sanciones penales.
Y eso que las escuchas que han trascendido a los medios representan un mínimo porcentaje de las que se han producido y eso que tantísimas otras conversaciones comprometedoras se han perdido en la niebla de la impunidad. Eso sí, la variedad de chanchullos descubiertos llama la atención, tanto como la cantidad de expresiones chabacanas empleadas en esta jerga de los bajos fondos de la política canaria en la que abundan los "coño", "joder" o "me cago en la puta".
Pero hay mucho más: la actitud de determinados responsables públicos hacia el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado –"Me imagino que habrá algún cabrón oyendo", espetó el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, al consejero imputado Félix Sierra en una de las llamadas interceptadas del sumario Arona–, la postura de cargos de relevancia hacia las normas que rigen las oposiciones para plazas públicas –el mismo presidente del Gobierno pidió al alcalde de Arona que intercediera para meter a una sobrina en la Policía– o la sensibilidad con la que determinados responsables políticos pinchados se refieren a sus técnicos o a los marcos legales que sostienen el sistema democrático.
"Ahí las dificultades están más en Turismo con los informes y las puñetas...", le dijo Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, al empresario y constructor Santiago Santana Cazorla en 2007 en una conversación interceptada en el marco del caso Góndola. El mismo Berriel añadía en esa llamada: "Joder, siempre con, con la ley del embudo, tú sabes cómo son los juristas estos del servicio jurídico y los técnicos y leches...".
Las escuchas han cobrado ahora un gran protagonismo no sólo por la proliferación de macrocausas judiciales en el Archipiélago, sino porque lo mismo está ocurriendo a nivel nacional después de que los socialistas cumplieran desde la pasada legislatura con su compromiso de reforzar los medios para plantar cara a la corrupción. El resultado es que, por un lado, ningún partido se salva y, por otro, los más afectados (sobre todo el PP) han reaccionado agarrándose a la conspiranoia.
Canarias es un buen botón de muestra. Ahí están, por ejemplo, los innumerables tejemanejes en la Marbella tinerfeña. Por lo menos, durante 10 meses de pinchazos en Arona, por el móvil del alcalde, José Alberto González Reverón, y de otros imputados (34 en total) han pasado, aparte de alcaldes, concejales, empresarios, funcionarios, periodistas, agentes y particulares; Paulino Rivero (presidente del Gobierno de Canarias), José Manuel Soria (vicepresidente del Gobierno y máximo responsable del PP regional), Ricardo Melchior (presidente del Cabildo de Tenerife), Cristina Tavío (presidenta del PP de Tenerife) o José Segura, diputado socialista en el Congreso.
"Hay muchos detalles que están todavía por aparecer" de los 26 volúmenes que componen un sumario cuya apertura va arrojando datos a cuentagotas, según una fuente relacionada con la investigación. ¿Se refería a estas escuchas Tavío cuando hace unas semanas revelaba que fue espiada? Tavío ha dicho que no, pero su partido echa balones fuera denunciando la ilegalidad de las intervenciones (como ha dicho el mismo Soria sobre Arona), cuando las que se han conocido fueron autorizadas por un juez.
Todos estos trapicheos telefónicos están relacionados además con la gestión pública de sus protagonistas y las de Arona no son ni mucho menos las primeras en aparecer. Éstas y las demás (caso Góndola, Eólico, Antigua...) han servido para saber por ejemplo que un voto se puede comprar por tan solo 20 o 30 euros, que para sobornar a un concejal se puede ofrecer un solar y un kilillo (de pesetas o euros, no se aclara), que hay que insistir mucho con los mandamases para acelerar un proyecto urbanístico por la dichosa ley o que si quieres que un alcalde enchufe a una sobrina, ésta por lo menos debe hacer un examen decente.
Entre la privacidad y el interés público
La polémica sobre las escuchas telefónicas se centra en la línea que separa el derecho a la privacidad de la potestad de la justicia para intervenir las conversaciones de todas aquellas personas investigadas por la posible relación con actividades irregulares. El derecho individual a no sufrir intromisiones en la intimidad y el honor está perfectamente garantizado por diferentes convenios internacionales y el marco legal y constitucional español.
La misma Constitución garantiza en su art. 18.3 el secreto de las comunicaciones, pero deja expresa constancia de que la excepción será siempre en virtud de una resolución judicial. La ley 4/1988 modificó el Código Procesal Penal y su artículo 579 establece: "(...) El juez podrá acordar la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa". Pero, ¿que los medios hagan públicas las escuchas legales es deontológicamente aceptable? Teóricamente sí, siempre que éstas tengan un interés público, como ocurre con las actividades de los responsables o funcionarios de las administraciones.
a href="http://www.laprovincia.es/canarias/2009/09/09/canarias/256247.html">* La Provincia - DANIEL MILLET | SANTA CRUZ DE TENERIFE - 9.09.09
Condenado a siete años de inhabilitación el ex edil de Urbanismo de Vitoria
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ELPAÍS* : El Juzgado de lo Penal nº2 de Vitoria ha condenado al ex edil de Urbanismo de la capital alavesa, el popular Jorge Ibarrondo, a siete años de inhabilitación especial para ocupar un puesto de concejal y una multa de 9000 euros por un delito de prevaricación urbanística por haber permitido que una constructora levantase siete chalés en un solar vitoriano en el que legalmente sólo se podían edificar seis.
La pena de inhabilitación no tendrá consecuencias prácticas, ya que Ibarrondo ha abandonado la política tras haber sido edil de la corporación vitoriana entre 1999 y 2007, bajo el mandato del popular Alfonso Alonso como alcalde. Contra la sentencia cabe recurso cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alava.
La sentencia decreta además la nulidad de pleno derecho de la licencia de obras que se otorgó a la empresa Construcciones Salgado SA en junio de 2005, aunque no ordena el derribo del chalé cuestionado.
El fallo considera probado que Ibarrondo concedió la licencia de obra en dicho mes "conociendo que no podía hacerlo por ser contraria a la normativa urbanística" y sin que constase "ningún otro informe de técnicos del Ayuntamiento, o de técnicos externos al mismo de forma previa a la emisión de la licencia, y sin que se hubiera producido ninguna circunstancia nueva ni motivo conocido, todo ello "a salvo de su sola voluntad de otorgar la licencia".
El fallo considera veraz el testimonio prestado por los técnicos del Ayuntamiento de que no tuvieron conocimiento de la licencia hasta finales del año 2006. Los técnicos municipales emitieron reiterados informes en sentido contrario a la concesión de la licencia para edificar siete viviendas, ya que la parcela en que se iban a levantar no alcanzaba el mínimo exigido por la normativa urbanística para ello. Existen incluso dos resoluciones denegatorias previas a la licencia emitidas antes por el propio Ibarrondo, y no consta informe alguno favorable a la concesión hasta diciembre de 2006, más de un año después de que la licencia hubiese sido otorgada.
El fallo recuerda que "en modo alguno ha sido objeto del juicio el análisis de la existencia de alguna posible contraprestación a cambio del dictado de la resolución". Ibarrondo no había sido acusado de ello por ninguna de las acusaciones personadas en la causa.
El PP recurrirá la condena
El PP de Álava ha afirmado hoy que confía en que finalmente se probará la "inocencia" de Jorge Ibarrondo cuando se resuelva el recurso que éste va a presentar a su condena por prevaricación urbanística, informa Efe.
En un breve comunicado, el PP alavés ha mostrado su "sorpresa" por la sentencia de condena del Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria. Para el PP, la actuación de Ibarrondo "se atuvo a la ley", por lo que este partido ha asegurado que "sigue confiando en la legalidad de las decisiones adoptadas en este sentido".
* ELPAIS.com - JAVIER RIVAS 11/09/2009
Foto: Vitoria-Gasteiz, ayuntamiento - Miguel A. Garcia (vitoria-gasteiz.org)
El Tribunal Supremo de Madrid paraliza la construcción de 8.800 viviendas en El Molar
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ELMUNDO* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado un desarrollo urbanístico en El Molar en el que se pretendía construir 8.800 viviendas bajo la huella acústica del aeropuerto madrileño de Barajas y superar los niveles de ruido permitidos.
Así, el Tribunal de Madrid revoca la aprobación definitiva de un nuevo sector residencial, denominado SAU 21, al estimar el recurso interpuesto por los ecologistas contra dicho acuerdo adoptado en 2005 por la Comunidad de Madrid en 2005. Los magistrados entienden que el Decreto regional de protección acústica es de aplicación.
Ecologistas en Acción mostró su satisfacción ante el fallo judicial. No obstante, alertó de "las graves irregularidades" que se vienen cometiendo en la Dirección General de Urbanismo donde, a su juicio, "sin escrúpulos, se aprueban actuaciones urbanísticas que no sólo afectan al medio ambiente sino también a la salud de las personas".
En la resolución, el TSJM argumenta que la Comunidad de Madrid se ha apartado "sin justificación ni cobertura legal" de los criterios defendidos con anterioridad determinando que se tuvieran por subsanadas las deficiencias de que adolecía el SAU 21.
Exceso de ruido
Según la organización, la autorización para construir las viviendas se aplazó hasta en dos ocasiones. Este sector se sitúa en una zona donde se superan los niveles de ruido permitidos, para uso residencial, en el Decreto de protección de contaminación acústica de la Comunidad de Madrid.
Este Decreto es más restrictivo que la Ley del Ruido estatal. Mientras que la Ley del Ruido establece máximos de 65 decibelios diurnos y 55 decibelios nocturnos, el Decreto de la Comunidad de Madrid restringe el uso residencial a zonas donde no se superen los 55 decibelios diurnos y los 45 nocturnos. Todo ello para garantizar la salud de los ciudadanos.
Ecolistas en Acción explicó que, en 2005, poco después de llegar al gobierno Esperanza Aguirre y ocupar la Dirección General de Urbanismo Enrique Porto Rey, el sector, se aprobó definitivamente. Para ello se argumentó que el Decreto de protección de contaminación acústica de la Comunidad de Madrid no era de aplicación, siéndolo sólo la Ley de Ruido estatal. Así la nueva Dirección General de Urbanismo daba por subsanadas las deficiencias manifestadas en los informes emitidos, en años anteriores.
De esta forma, según la organización, se pretendía dar vía libre a la urbanización de 233 hectáreas y a la construcción de 8.800 viviendas que podrían llegar a albergar a 28.160 habitantes a sabiendas que la calidad de vida de los futuros residentes se vería mermada por el ruido producido por el sobrevuelo de los aviones del aeropuerto de Barajas.
Reyal, Realia y Fadesa, afectadas
Se da la circunstancia que los promotores son Reyal, Realia y Fadesa. Enrique Porto Rey había trabajado para esta última empresa antes de ser nombrado Director General. Además, el plan parcial del sector lo había redactado Plarquin Consultores, la consultora de la que Porto Rey era propietario y a la que siguió vinculado tras su nombramiento.
Ante esta situación y teniendo en cuenta que los terrenos del SAU 21 tienen importantes valores ambientales, Ecologistas en Acción, recurrió la aprobación definitiva, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Ahora, mediante sentencia de fecha 29 de mayo de 2009, notificada el 4 de septiembre, se anula la aprobación definitiva del ámbito del SAU 21.
* El Mundo - Europa Press - 10.09.09
Foto: Panorámica de El Molar (al Norte de Madrid) | elmundo.es
Pelotazo urbanístico en Barcelona: En marcha la recalificación del Miniestadi del Barça
DIAGONAL* : En una etapa de grandes desembolsos económicos para el F.C. Barcelona, la directiva ha logrado el visto bueno del Ayuntamiento para una lucrativa operación. Tras un año de rumores sobre la posible recalificación de los terrenos donde se asienta el Miniestadi del F.C. Barcelona, el pasado 28 de julio se produjo el pacto entre la alcaldía (PSC), la oposición (CiU y ERC) y la directiva del club para sacar adelante el proyecto durante el curso político que comienza, según informaba en nota de prensa el Ayuntamiento de la ciudad catalana.
Esta iniciativa pretende redefinir el marco legal creado en 1976 por el Plan General Metropolitano, que protegía en calidad de zona de equipamientos públicos este área de 7.000 metros cuadrados, ubicada en el barrio de Les Corts. El destino final de estos terrenos será la construcción de entre mil y 1.600 viviendas, de las cuales al menos el 60% serán de precio libre y el resto gestionadas por el propio cabildo. Siempre según el Ayuntamiento, el barrio de Les Corts recibirá en compensación 31.000 m2 de zonas verdes y 11.000 de equipamientos, si bien no consta dónde se construirán los mismos. Lo que sí ha trascendido es que las zonas para equipamientos que ha cedido el Barça para contrarrestar las 7 hectáreas perdidas en la isla del Miniestadi se encuentran en Montcada i Reixac, un municipio situado a 25 kilómetros de la zona afectada. Pasado y presente Ya a mediados de los ‘90 la entidad culé lanzó el plan Barça 2000, diseñado para explotar comercialmente las áreas circundantes al Nou Camp, algunas de las cuales son las mismas que hoy están en litigio. Sin embargo, esta idea se encontró con la oposición frontal de los vecinos, así como con un severo clima de desencuentro entre Generalitat y Ayuntamiento, que se hallaban en manos de CiU y PSC respectivamente. Todo ello, sumado a las pésimas relaciones que mantuvieron las directivas de Josep Lluis Nuñez y Joan Gaspart con la afición, precipitaron el fracaso y progresivo abandono del plan. Hoy el club que preside Joan Laporta se enfrenta a una serie de importantes gastos, que vienen a coincidir con una operación urbanística realizada “al vuelo, en pleno parón vacacional, sin consultar a vecinos o agentes sociales, y con un trasfondo de gran presión mediática, motivada en parte por el triplete conseguido por el Barça este año”, como apunta Jordi Giró, vicepresidente de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). 250 millones de euros costará la remodelación del Estadio, proyectada por el arquitecto británico Norman Foster; en 66 millones se tasó el futbolista Zlatan Ibrahimovic; y 3,7 ofrecidos por Ricky Rubio, un record en la ACB. Se estima que el club obtendrá unos 300 millones con la gestión del paquete de viviendas que construirá en los terrenos que se van a recalificar durante 2010, según informa la agencia EFE. Oposición vecinal El día que se firmó el acuerdo entre los actores políticos, que coincidió con la presentación estelar de Ibrahimovic ante 60.000 socios, hubo una doble reunión para comunicar los resultados del pacto. Mientras el alcalde le daba la buena nueva a Joan Laporta, el concejal de urbanismo, Rafael García Bragado, les comunicaba a los representantes vecinales los hechos consumados. Según relata Jordi Giró, presente en esa reunión, los representantes de la FAVB exigieron la convocatoria de una serie de reuniones para definir sobre el mapa, y entre todas las partes afectadas, cómo, dónde y con qué criterios se van a desarrollar las nuevas áreas de equipamientos. La negativa del concejal a la propuesta puede provocar, en palabras de Giró, “una seria fractura social entre el Ayuntamiento y una ciudadanía que considera su barrio como patrimonio propio”, así como una crisis de representatividad “que favorecerá la erosión de la confianza de la ciudadanía en la clase política”.
Nocturnidad y respuesta
En un comunicado emitido un día después de consumados los hechos, la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos y Entidades de Les Corts lamentaba que se hubieran producido “sin la consulta previa a las entidades vecinales afectadas”. Denuncian que el “pelotazo” se haya producido “con nocturnidad, en plena temporada vacacional, de un día para otro y con grandes presiones del Ayuntamiento”, como apunta Jordi Giró. A pesar de ello, en solo 24 horas se consiguió convocar una asamblea vecinal extraordinaria de 400 personas para estudiar respuestas. Respecto a los terrenos de Montcada, consideran “irracional, insostenible y perverso” que ciudadanos de Barcelona tengan que desplazarse 25 km para ir al médico o a la escuela.
* Diagonal - Ástor Díaz Simón. Redacción - 11.09.09
Foto: NO AL PLAN. Los vecinos han mostrado su rechazo al proyecto desde el comienzo.- diagonalperiodico.net
Urbanismo Sostenible dice que el 50% del PAI de Las Cañadas está en suelo protegido
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INFORMACIÓN/Alicante* : La Plataforma por un Urbanismo Sostenible aplaudió ayer la decisión del Consell de rechazar el polémico Plan de Actuación Integrada (PAI) de 7.200 viviendas y el campo de golf en el paraje de Las Cañadas en Elda por su impacto ambiental. El responsable de la agrupación Antonio Gisbert mostró su satisfacción por el hecho de que el Servicio Territorial de Ordenación de Territorio haya realizado un informe en el que reitera que "el proyecto no es aceptable a los efectos ambientales".
Gisbert manifestó ayer que "estamos contentos porque todas las críticas y las movilizaciones que hemos realizado han tenido sus frutos. Ahora nos han dado la razón" recordando que "no estábamos de acuerdo porque se suscribió un convenio de colaboración que no se hizo público, esa fue la primera irregularidad. Nos enteramos de lo que estaba ocurriendo cuando la empresa presentó la documentación".
El miembro de la plataforma precisó que su rechazo al plan se produjo cuando supo que "iba a producirse un atentado ecológico salvaje contra el espacio natural" puesto que la intención del Ayuntamiento era "recalificar un diez por ciento del suelo de Elda teniendo en cuenta que más de la mitad del terreno previsto en la urbanización estaba calificado como protegido". Gisbert aseguró ayer que la Plataforma por un Urbanismo Sostenible se movilizó y llegó a convocar marchas para rechazar esta actuación urbanística porque "considerábamos que se iba a crear una ciudad insostenible. Este tipo de actuaciones son las que nos han llevado a la crisis actual que estamos viviendo, porque no se puede depredar el territorio de esa forma". En todo momento la plataforma defendió que no se realizara el proyecto, entre otros motivos, por la eliminación de miles de pinos, carrascas y otros tipos de arbolado, así como múltiples especies de fauna. Según el responsable "estamos muy satisfechos porque presentamos alegaciones, nos movilizamos e hicimos una campaña muy fuerte en contra del campo de golf. No sé si la Conselleria habrá tenido en cuenta nuestras acciones de presión pero nosotros lo hicimos como ciudadanos comprometidos para concienciar a los vecinos y a las administraciones". Por último, Antonio Gisbert manifestó que "me gustaría escuchar ahora a todos aquellos que defendieron este proyecto, porque siempre se ha sabido que desde el punto de vista ambiental no era sostenible".
Recordar que en enero de este año, la Conselleria paralizó el campo de golf al ser un suelo protegido por su interés paisajístico. El Ayuntamiento prefirió no presentar alegaciones al considerar que la empresa debía subsanar numerosas deficiencias. Pese a que la mercantil mandó numerosos documentos, la Conselleria ha vuelto ahora a desestimar el plan. Durante los últimos cuatro años, el proyecto del campo de golf y la zona residencial ha contado con un sinfín de críticas pese a que ha sido modificado en multitud de ocasiones. En la pasada legislatura, la urbanización afectaba a la cima de la Sierra de la Umbría. Ante las quejas, el constructor rebajó la cota de edificación hasta las Barrancadas, iniciativa que también contó con el rechazo de asociaciones y vecinos. Finalmente, la empresa propuso que el proyecto se basara sólo en las Barrancadas, iniciativa que tampoco se ha avalado.
* Información - BEATRIZ RICO - 11-09-09
Foto: Imagen de una de las protestas contra el campo de golf -JESÚS CRUCES, diarioinformacion.com
El ex-alcalde de Santurde, inhabilitado tres años y multado con de 73.000 euros
LARIOJA* : El ex-alcalde de Santurde de Rioja, Jesús Montoya, ha sido condenado a pagar una multa de 73.000 euros y a tres años de inhabilitación como autor de un delito de negociaciones prohibidas para los funcionarios públicos, al calificar como residencial una parcela dotacional de su propiedad.
Un juzgado de lo penal de Logroño ha condenado al ex-alcalde de Santurde a una pena económica el doble que la que pedía el fiscal -36.500 euros-, y la ha establecido en 200 euros diarios durante un año, con un día de cárcel por cada dos cuotas no pagadas como alternativa.
Este incremento se debe a que el juez considera que debe ser sentenciado al máximo legal, en tiempo, y a una cantidad acorde a la capacidad económica del acusado y a la promoción de viviendas, 47 en total, realizada en la parcela.
El juicio contra Montoya, que fue alcalde de Santurde durante 12 años -con el Partido Riojano (1995-1999) y en dos legislaturas (1999-2007) con el PP-, tuvo lugar el pasado 20 de julio y el PSOE se personó en él como acusación particular.
La sentencia considera como hechos probados que en julio de 2004 la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño vendió una finca en Santurde por 480.708 euros a una firma, Ribera del Oja Mercantil de Inversiones" de la que, días después, Montoya fue nombrado administrador solidario.
La parcela, conocida en el pueblo como el "Edificio de las colonias", estaba calificado en el Plan General Municipal como suelo dotacional, con uso asistencial privado.
En septiembre de 2004, Ribera del Oja Mercantil de Inversiones pidió la modificación del Plan General para que el solar dotacional tuviese un uso residencial.
El Pleno del Ayuntamiento de Santurde, en ausencia de Montoya, acordó, en enero de 2005, la modificación del Plan General solicitada por esta sociedad y facultó al alcalde para firmar y tramitar los documentos necesarios.
En marzo de 2005 la modificación fue aprobada por la Comisión Permanente de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Para entonces, otra empresa, propiedad de Montoya había comenzado con el derribo de las edificaciones del solar para construir en él 47 viviendas, diez de ellas unifamiliares, apartamentos, locales comerciales, un complejo deportivo y un garaje.
El fallo establece que si bien la modificación urbanística siguió el procedimiento legal necesario, cuando se realizó el condenado era administrador de la empresa que promovió el cambio urbanístico, alcalde del municipio y dueño de la constructora de la obra en esa parcela.
Recuerda, también, que por su cargo de alcalde era conocedor de la situación de la parcela mientras pertenecía a la Diócesis, ya que ésta intentó con anterioridad a los hechos, promover su cambio de calificación urbanística y venderla al municipio.
En este sentido, relata que la Diócesis llegó a presentar un recurso de alzada contra el Plan General de Santurde, en el año 2000, al que no tuvo respuesta por parte del Ayuntamiento en los cuatro años siguientes; sin embargo, una vez vendida la parcela, la empresa de Montoya pidió el cambio de calificación y recibió la respuesta tres días después de presentar la solicitud.
El informe que justificó el acuerdo favorable al cambio fue realizado por el arquitecto municipal, Jesús D. Valer, quien por las tardes trabajaba para Construcciones Montoya, la empresa del acusado, relata la sentencia.
El fallo recoge como el propio alcalde votó a favor del cambio urbanístico para la parcela de la empresa en la que figuraba como administrador, lo que supone que Jesús Montoya "promueve, autoriza, construye y vende" con lo que incumple el reglamento de ordenación de las corporaciones locales.
El juez desestima las alegaciones hechas por la defensa, sobre que la secretaria no avisó al alcalde de esta cuestión, ya que "nadie sabía que el terreno había pasado a ser propiedad de la empresa de la que el acusado era administrador solidario, por lo que difícilmente podía informarle".
Tampoco estima su desconocimiento de la normativa, dado que ocupó la alcaldía 12 años y fue él quien acudió al Pleno Municipal a informar y aprobar la modificación del Plan General.
El magistrado tampoco ha atendido a una petición de la acusación particular para considerar como agravante el carácter público del cargo que ocupaba el acusado, por lo que reclamaban una pena de 270.000 euros y dos años de suspensión de cargo público.
* larioja.com - EFE - 10.09.09
Foto: Santurde de Rioja, ayuntamiento - santurdederioja.org
Unesco insta al Albaicín a mejorar en doce puntos
IDEAL/Granada* : El centro Unesco en Andalucía ha elaborado un listado de doce aspectos a mejorar en el Albaicín y ha instado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada a que los resuelvan de forma consensuada dado el carácter "excepcional" de este barrio, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1994.
Así lo ha manifestado el presidente del centro Unesco en Andalucía, Miguel Carrascosa, al término de la reunión que ha mantenido con el delegado de Cultura de la Junta, Pedro Benzal, para analizar el estado del patrimonio histórico de la ciudad.
Carrascosa ha precisado que la intención de la Unesco no es "poner en ridículo" al consistorio granadino sino promover el "diálogo" con la intención de mejorar el patrimonio de Granada .
Ha indicado que pese a que en la última década se han desarrollado actuaciones en Albaicín que han mejorado su estado, aún existen problemas por resolver como tapias caídas y pintadas que ofrecen una imagen "bochornosa".
Entre el listado de doce actuaciones a acometer en el barrio del Albaicín, elaborado por el centro Unesco de Andalucía, se encuentra la vigilancia para evitar pintadas en Bienes de Interés Cultural como murallas, puertas o edificios así como sus entornos; evitar la ocupación ilegal de viviendas y cuevas o la renovación de pavimentos.
El organismo también insta a la revalorización de los restos del Maristán, la finalización del paseo lineal de la Muralla de la Alcazaba Antiguo o la adquisición de propiedades privadas en San Miguel Alto.
Un mayor control del expolio de elementos arquitectónicos en edificios catalogados en obras o sin uso, la retirada del cableado o de antenas de televisión e instaurar una política de rehabilitación de viviendas en lugar de la opción por obra nueva son otras de las acciones a desarrollar en la zona.
La Unesco pretende celebrar "en el menor tiempo posible" otra reunión con el Ayuntamiento de Granada para hacerle llegar estas medidas así como organizar unas jornadas para concienciar a la sociedad de la importancia del patrimonio artístico y a la que podría asistir el director del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, Francesco Bandarín.
Por su parte, el delegado de Cultura, Pedro Benzal, ha indicado que es importante que en una ciudad como Granada el patrimonio se vea como un elemento "positivo, no negativo", ya que es un bien histórico que todos "deben proteger" desde el ámbito de sus competencias.
Ha señalado que su institución comparte al 99 por ciento los planteamientos de la Unesco y ha indicado que por ello "caminarán de la mano" para conservar el patrimonio de este barrio granadino, por lo que ha abierto el diálogo a otras administraciones e instituciones a las que ha pedido que hagan un "esfuerzo" para que Granada "luzca".
El Albaicín no se puede "transformar ni cambiar", ha dicho Benzal, quien ha asegurado que la Junta será "más conservadora" para proteger y conservar la zona histórica.
El responsable de Cultura de la Junta ha manifestado que el Albaicín no está "tan mal" aunque existen actuaciones que se necesitan con "cierta urgencia" como la vigilancia, la limpieza, el registro o el control de los solares.
A esta reunión no ha asistido el Ayuntamiento de Granada cuya concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, acusó ayer a la Junta, al Ministerio de Cultura y a la Universidad de Granada de "abandonar" la conservación del Albaicín y dejarlo en manos de la administración "más pobre", aspecto que el delegado de Cultura ha negado.
* Ideal - EFE - 10.09.09
Foto: Estado de abandono que presenta el Palacio de Dar Al Horra en el barrio del Albaicín. RAMÓN L. PÉREZ, ideal.es
La fiscalía investiga a la trama de Terra Mítica por evadir dinero a Andorra
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ELPAÍS/Alicante* : ¿Dónde fue a parar el dinero que ganaron los empresarios vinculados supuestamente a la trama de facturas falsas generadas sobre la construcción de Terra Mítica? La Fiscalía cree que una cantidad importante está en cuentas en el extranjero, concretamente en Andorra, Suiza y Alemania. Y señala en su último escrito al supuesto principal responsable de esa evasión: Vicente Conesa, empresario próximo a Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat.
Afirma la Fiscalía: "Antonio Moreno Carpio [otro imputado] reconoce que el dinero obtenido por las facturas que no obedecían a la realidad se entregaba a Vicente Conesa y se sacaba en maletines hasta Andorra. Parece ser que el dinero que obtenían por los sobrecostes y por facturas irreales se transportaba en maletines hasta Andorra, donde había cuentas aperturadas a nombre de alguno de los imputados".
La fiscal pide al titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia, que investiga desde 2005 el supuesto fraude fiscal de más de 4,4 millones de euros, que expresamente haga constar ese argumento en una nueva reclamación de información a entidades bancarias en Andorra y Suiza. Según el ministerio público, "en España, muchas de las facturas presentadas y pagadas por el parque temático se ingresaban en una cuenta que tenía aperturada la sociedad Desarrollo Gran Vía, cuyo administrador de hecho era José Luis Rubio, y existe prueba de que una vez ingresado el dinero de las facturas, el mismo se retiraba en efectivo, tratándose de grandes cantidades". José Luis Rubio, junto a los hermanos Moreno Carpio y varios imputados más, de la casi treintena que tienen esa condición en la causa, son elementos esenciales del supuesto fraude junto a Vicente Conesa, según las acusaciones.
La fiscal pide que se solicite a los bancos y entidades financieras información sobre las cuentas que tuviesen abiertas o en las que constasen como autorizados durante los años 2000, 2001 y 2002 Antonio Moreno Carpio, José Luis Rubio, José María Arráiz y Vicente Conesa, o las mercantiles a las que representaban. Además, reclama que "sobre todo se solicite a la Banca Privada de Andorra" información sobre las cuentas que tuviese abiertas o en las que constasen autorizados durante idéntico periodo los citados imputados. En la causa existe información sobre una oficina concreta de Andorra y una persona de contacto. La fiscal quiere que se le tome declaración como testigo para saber si esas personas "acudían a ingresar dinero en alguna de las cuentas que pudiesen tener abiertas a su nombre". El ministerio público también pide nuevas diligencias en Suiza: los destinatarios últimos de los fondos de varios cheques que se ingresaron en una cuenta del Banco Popular.
El juez deberá decidir sobre estas peticiones y sobre la solicitud de Terra Mítica de que se archive el caso. La mercantil, que se empeñó en no ser imputada por entender que había sido víctima, en su caso, de otros, no parece tener mucho interés en que se aclare qué pasó con los sobrecostes. Y se ampara en que un juzgado de Alicante decidió archivar la investigación sobre irregularidades en la Sociedad Parque Temático de Alicante.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 10/09/2009
Foto: Una vista del parque temático Terra Mítica de Benidorm.- CARLES FRANCESC, elpais.com
Arona: Un ´pelotazo urbanístico´ agrava la situación de Sierra
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LAOPINIÓN/Tenerife* : En el registro domiciliario del consejero del Cabildo de Tenerife delegado de Sur y edil en la oposición del Ayuntamiento de Arona Félix Sierra Melo (PP) "apareció un documento que descubrió una operación especulativa presuntamente delictiva" vinculada a una recalificación de terrenos llevada a cabo cuando era concejal de Urbanismo (entre 1999 y 2003).
Ese presunto "pelotazo urbanístico" revelado ayer por el letrado Felipe Campos al término de la segunda comparecencia judicial de Sierra en el marco del conocido como caso Arona, ha sido la parte novedosa de la amplia batería de presuntas ilegalidades atribuidas a este político que de momento ha sido imputado de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación continuada y prevaricación contra la ordenación del territorio.
Campos rehusó dar más detalles sobre ese "pelotazo" alegando que "forma parte de la investigación" judicial en curso, pero adelantó que es "espectacular", aunque lo calificó como "espectacular". Otras fuentes apuntaron a que también se investiga el llamativo patrimonio económico e inmobiliario de este imputado.
Sierra empezó imputado en este caso, al igual que el resto de políticos que integraron la Junta de Gobierno de Arona entre 2003 y 2007, por presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio por haber apoyado con su voto la concesión de licencias urbanísticas que vulneran la legalidad vigente, así como por haber apoyado la contratación de obras y servicios de forma fraccionada para poder adjudicarlas a dedo.
Corrupción. Pero su situación se complicó sobremanera cuando un empresario citado como testigo narró ante el juez, la fiscal y los abogados de los imputados y de la acusación particular una trama de corrupción urbanística en la que vinculó a Sierra durante su etapa de edil de Urbanismo. Además de desencadenar el inmediato ingreso en prisión del ex arquitecto jefe de Urbanismo en el Ayuntamiento de Arona, Eliseo de la Rosa, y del empresario Arsenio Zamora, desencadenó también que al político popular que se sentó ayer en el banquillo de los acusados se le imputaran también presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Esa trama de supuesta corrupción vinculada, según el relato del integrante de la empresa Proguito (José Ramón Ansorena) al presunto cobro de comisiones para la concesión de licencias urbanísticas, los indicios delictivos denunciados por Fiscalía en el proceder de la Junta de Gobierno aronera, el resultado de las escuchas telefónicas realizadas a Sierra y los hallazgos localizados en los registros policiales llevados a cabo en el domicilio y la oficina de este político, protagonizaron ayer la ronda de preguntas que le hicieron el juez Nelson Díaz Frías, la fiscal Inmaculada Violán y los abogados de la defensa. Y al igual que los otros imputados que han prestado declaración tampoco respondió a las preguntas de la acusación particular.
Entró en los juzgados poco antes de las 11.00 horas, empezó a declarar a las 12.20, su comparecencia acabó sobre las 16.00 horas y salió de los juzgados sobre las 20.00 horas.
Al salir de los juzgados evidenció un notable esfuerzo por aparentar una tranquilidad nada lograda, como delataba el temblor de su labio superior (más visible que de costumbre porque se afeitó el bigote que le caracteriza). Pero dijo a la prensa que estaba "tranquilo".
Sobre los registros domiciliarios respondió: "no quiero hablar por no decir algo que no guste" y al preguntarle si se sentía respaldado por sus anteriores compañeros de gobierno dijo que sí, igual que "por mi partido y sobre todo por mi familia". A la salida del Palacio de Justicia le arroparon los populares Juan Antonio González y el edil Esteban Alayón, así como la edila de CC y prima suya Marta Melo.
Según Torco, Arona es "la Marbella canaria"
Juan Manuel Fernández del Torco, abogado de la defensa de dos imputados en el conocido como Caso Arona, señaló ayer en relación a esta causa que este municipio del Sur de Tenerife es "la Marbella canaria", aunque matizó que "me gustaría más estar hablando del caso Gurtel y del cohecho impropio". Añadió que está "absolutamente preocupado" porque "lo que se está narrando como un comportamiento habitual y normal" durante la instrucción de este proceso "está tutelando la vulneración del ordenamiento jurídico por parte de la clase política como algo habitual". Para Del Torco ese es un hecho especialmente grave porque denota que "entonces lo que no es habitual es el cumplimiento de la norma". Y aunque no quiso opinar sobre si es probable o no que esta causa termine con la condena o inhabilitación de políticos y/o técnicos, sí comentó que respeta "mucho" al Ministerio Fiscal y a los jueces y que la Ley "exige un indicio racional de criminalidad" para emprender procesos como éste y que, por ende, actúan en base a la legalidad y no bajo dictados del poder ejecutivo. Eso sí, aseveró que no cree que prospere la acusación que pesa sobre sus defendidos, que son el ex arquitecto jefe de Urbanismo en el Ayuntamiento de Arona, Eliseo de la Rosa (que está en libertad bajo fianza imputado de presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación) y la sargento de Policía Local aronera Hortensia García (imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación). En relación a su solicitud de que el decano de estos juzgados de primera instancia se inhiba en la instrucción de este caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al entender que hay indicios de un presunto delito de tráfico de influencias que afecta a un político aforado como es el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el letrado reiteró que mantiene su postura y que aún no ha recibido respuesta a la solicitud que hizo el pasado viernes a ese respecto.
* La Opinión de Tenerife - BLANCA SALAZAR - 10.09.09
Foto: Arona (Tenerife), vista - D.Garuti, laopinion.es
Los ecologistas rechazan el proyecto urbanístico de La Matavieja, en Ribadedeva
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LNE/Asturias* : La «destrucción del suelo», la «modificación del paisaje rural asturiano», la «destrucción de los valores naturales de la zona, como bosques de ribera, charcas y humedales del río Ahiro», un ecosistema protegido por la Unión Europea y un «crecimiento urbanístico desorbitado». Estas son algunas de las consecuencias que, según la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies, implicará la ejecución del proyecto urbanístico de la Matavieja-Noriega, en el concejo de Ribadedeva. Un proyecto que prevé la construcción de más de 200 viviendas, un hotel y un campo de golf.
El colectivo conservacionista ha mostrado su rechazo frontal a esta actuación urbanística y ha presentado alegaciones al trámite de información pública del informe de sostenibilidad ambiental. Los ecoloxistas consideran «inaceptable» que se someta a informe de sostenibilidad ambiental este proyecto, porque ya está parcialmente ejecutado, pues se han realizado los movimientos de tierra del campo y se han ejecutado parte de los viales y los cierres. «Esto demuestra la convivencia del Ayuntamiento con la promotora, saltándose el marco legal», apuntaron los conservacionistas, al tiempo que argumentaron su rechazo a este proyecto, dado que Ribadedeva «mantiene en los últimos diez años su población», pese a lo cual pretende «duplicar el número de viviendas en los próximos años, cuando más del 60 por ciento de las existentes ya son segundas residencias».
El proyecto es una actuación de 671.176 metros cuadrados en un entorno rural, en el que se pretenden construir 202 viviendas, de las cuales 100 serán viviendas unifamiliares, 88 en edificaciones tipo villa, un campo de golf y un nuevo hotel. «Un cambio radical», según los ecoloxistas, pues «en las anteriores normas subsidiarias solo se permitía el desarrollo de 28 viviendas unifamiliares, ligadas a un campo de golf y ahora se multiplican las viviendas de una manera desproporcionada», denunciaron.
El colectivo repasa los impactos que, a su juicio, están asociados a este tipo de modelos urbanísticos, como un «elevado consumo de agua, en un lugar en eñ que no esta garantizado el abastecimiento del agua potable», la «contaminación del subsuelo con los tratamientos previstos para el césped especial de golf, como topicidas o herbicidas y sus impactos asociados para que las bolitas rueden», según denuncian los excoloxistas.
La Coordinadora Ecoloxista d´Asturies concluye recordando que su fin último es «defender otro modelo de desarrollo rural Asturias y para Ribadedeva».
* La Nueva España - Bárbara MORÁN - 10.09.09
Foto: Obras en La Matavieja, en Ribadedeva. lópez de arenosa, lne.es
Alicante: Ortiz planea llevarse el estadio a Rabasa
LAVERDAD* : Aligestión necesita que el Ayuntamiento recalifique el suelo para poder hacer efectiva la operación. Nuevo requiebro de Aligestión en su afán por amortizar de algún modo la reforma del Rico Pérez, una que se comprometió a empezar hace más de dos años y medio y que continúa en el mismo punto que estaba, sólo que con algo más de deterioro del estadio.
El rechazo que ha provocado entre los comerciantes de la ciudad el macro proyecto de remodelación ideado por Enrique Ortiz, y los dos estudios de arquitectura contratados, ha obligado al constructor a buscar alternativas.
Ikea es una prioridad para el Ayuntamiento, pues generará más de 2.200 puestos de trabajo, y debe ser una realidad sí o sí a corto plazo. La presencia del gigante mobiliario sueco lleva aparejada la edificación de un centro comercial aledaño al estilo del Plaza Mar. Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad, es consciente de que dos superficies similares separadas por pocos kilómetros es absurdo y una bomba en sus manos, dado que el pequeño comercio está de uñas.
Enrique Ortiz, que demuestra tener soluciones para todo, y más aún para lo que le beneficia de algún modo, tiene un plan que se amolda a las demandas de unos y otros. Pretende proponer a la primera edil el levantamiento de un nuevo estadio en Rabasa, que ésta le recalifique la parcela en la que ahora está el José Rico Pérez -y cuyo suelo es propiedad de Aligestión-, para que el empresario construya viviendas que sirvan para sufragar el traslado del campo.
Así, los comerciantes darían el visto bueno al centro comercial que acompaña a Ikea, los suecos abrirían su tienda en la cuarta ciudad con más población de España, Castedo se apuntaría la creación de varios miles de puestos de trabajo en época de crisis y a Ortiz le saldría gratis la reforma y se garantizaría volumen de negocio para el futuro.
El propietario del Grupo Cívica, el principal contratista del Ayuntamiento de Alicante, manifestó ayer que está «valorando la posibilidad de construir un estadio nuevo en Rabasa, porque reparar y rehabilitar el Rico Pérez tiene un coste muy elevado».
Adiós a Lamela
Enrique Ortiz precisó, a preguntas de este diario, que no ha presentado ningún papel oficial ante la Gerencia de Urbanismo de Alicante, «porque no hay nada decidido ni en firme, pero es normal que se hable del asunto, porque ya hemos vuelto de vacaciones», explió a a este periódico. Ortiz, que en un delirio magnánimo llegó a convocar un concurso de arquitectura al que se presentaron varias candidaturas para el lavado de cara integral del Rico Pérez, admite que esta iniciativa y su prevista inversión no tendrá ya sentido. Va más allá y asegura que «queremos acelerar» el proceso, aunque omite explicar si el objetivo final del actual Rico Pérez es la piqueta, la recalificación del uso de suelo y la construcción de viviendas en altura.
En todo caso, el constructor deja claro que «cualquier cosa que se haga la va ejecutar Aligestión, no Cívica». Aligestión, empresa que comparte con Valentín Botella y Juanjo Huerga, presidente y vicepresidente del Hércules, se comprometió hace casi tres años a ingresar en las arcas municipales 4,2 millones de euros como garantía, algo que finalmente no cuajó a pesar de estar incluido en el pliego de condiciones que determinó la recompra del estadio Rico Pérez por un valor próximo a los 9 millones de euros. Nunca trascendió la posibilidad de demolerlo y recalificar su suelo como urbanizable, porque como se apresuró a decir Valentín Botella tras la reunión definitiva con Luis Díaz Alperi, «esto no va a ser ningún pelotazo, pues aquí no se van hacer casas de ningún tipo».
Oposición del PSOE
El cambio de estrategia ha escamado al partido socialista, que a través de su concejal de Deportes, Lalo Díez, denuncia la volatilidad de un proyecto que para Ortiz empezó siendo «una mobilette y esta decidido a convertirlo en una BMW con sidecar».
Para el edil socialista, esta operación es «la demostración de que en esta ciudad los pactos se firman sobre servilletas y que se toman las decisiones según tenga el día el que gobierna, sin ningún criterio y riéndose de todos. Lo mismo una mañana les da por hacer un teleférico hasta el castillo, otra quieren poner una noria en la zona... y esto no es serio porque nunca se concreta nada de lo que se le presenta a los ciudadanos», lamenta Díez.
Para el edil socialista se deberían poner las cartas encima de la mesa y decir de una vez por que se vendió un inmueble que era patrimonio de los alicantinos y por qué ahora ya no se va a crear un espacio público en la parcela del estadio, sino que se construirán pisos para uso y disfrute de unos pocos.
El nuevo giro está aún en fase de gestación, pero parece ser el definitivo porque es el que más votos a favor encuentra a su alrededor a pesar de ser diametralmente opuesto a lo pactado inicialmente. La aparición de Ikea en el escenario comercial alicantino ha precipitado los acontecimientos y los ha conducido por un camino bien distinto.
En los próximos días se tratará de explicar a los ciudadanos algo que para el grupo socialista sigue sin tener sentido, dado que el Ayuntamiento se deshizo de un suelo que pertenecía a todos los alicantinos por un precio muy por debajo del valor que tendría ahora una vez que se conoce para qué irá destinado finalmente. El derribo del Rico Pérez está en marcha.
* La Verdad - P. ROJAS / B. SIRVENT - 9.09.09
Foto: Alicante - laverdad.es
El alcalde de Arona, imputado por nuevos delitos
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LAPROVINCIA/Tenerife* : El titular del juzgado de primera instancia e instrucción nº7 de Arona ha imputado al alcalde de ese municipio del sur de Tenerife, José Alberto Reverón (CC),nuevos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El alcalde, que ayer declaró durante todo el día ante el juez Nelson Díaz, ya estaba imputado en este caso por la presunta comisión de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, recuerda una nota del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Reverón es uno de los imputados en este caso abierto tras la presentación en 2007 por parte de la Fiscalía Anticorrupción de una querella contra la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arona durante los años 2003-2007.
En la querella se acusa a la Junta de haber cometido presuntos delitos de prevaricación continuada contra la ordenación del territorio.
Una nota del TSJC explica que los imputados que fueron a declarar el lunes mantienen su actual situación procesal y así el arquitecto municipal de Arona Eliseo de la Rosa sigue imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho mientras que el empresario Arsenio Zamora lo es por presuntos delitos de tráfico de influencia y cohecho.
Al aparejador Roberto de Luis, el juez le mantiene las imputaciones por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho y al arquitecto Zenón Rodríguez las de tráfico de influencia y cohecho.
Para hoy está previsto que declare el ex concejal del PP Félix Sierra Melo por la presunta comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
* La Provincia - EFE - 9.09.09
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Orpesa recalifica suelo para Mundo Ilusión pese a estar paralizado
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LEVANTE/Castelló* : El nuevo plan general de ordenación urbana (PGOU) de Orpesa convertirá dos millones de metros cuadrados de suelo agrícola protegido en urbano, de acuerdo al texto que el grupo de gobierno del PP someterá mañana a la aprobación del pleno. Esa reclasificación, la única que se plantea, se hace en aras de dar satisfacción a las necesidades del paralizado, por la Generalitat, parque de ocio Mundo Ilusión y su entorno.
Por ello, en el momento en que la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo apruebe el nuevo planeamiento, los propietarios de ese suelo pasarán a pagar un IBI claramente más elevado que el que satisfacen ahora. Y, como se recuerdan desde el Bloc, «no tendrán todos los servicios inherentes a un área urbana».
Tras la iniciativa del consistorio será la conselleria, que hasta el momento no ha emitido informe alguno sobre el parque y su entorno, la que deba determinar si aprueba la reordenación del suelo planteada. El Bloc espera que si no ve viable el parque tampoco debe aprobar la recalificación.
La aprobación del PGOU se va a realizar con urgencia y llega en un momento en el que la paralización del centro de ocio y su desarrollo es total, tras la decisión del Consell el pasado invierno. De ahí que el portavoz nacionalista en el consistorio , Josep Lluís Romero, reitera ante el equipo de gobierno que paralicen la reclasificación del terreno agrario afectado por el proyecto del complejo de ocio o la condicionen a la aprobación de Mundo Ilusión por la Generalitat Valenciana.
Otra opción a la que podría acogerse el consistorio es a mantenerse en la aprobación inicial de la modificación y no hacerla efectiva hasta que se tramite el parque.
Otra de las dudas a resolver será la fórmula que presente el consistorio al catastro, una vez la conselleria apruebe el planeamiento urbano de la localidad. Y es que, recuerda Romero, se puede dar «una situación similar a la de la Renegà, que sin estar acabada la urbanización, tras notificar el ayuntamiento al catastro que la zona pasaba de urbanizable a urbana, ya empezó a girar los recibos con el IBI de urbana, que en Orpesa es muy alto».
* Levante-EMV - 08.09.09
Foto: Oropesa (Castellón), zona Mundo Ilusión - lasprovincias.es
La quimera del coche eléctrico
Ecologistas en Acción*, ante la presentación del proyecto Movele, discrepa de los datos de ahorro energético facilitados por el Ministro de Industria. Del mismo modo, pone en duda que la solución a nuestros problemas de movilidad venga del lado del coche eléctrico. Más bien al contrario. El Ministro de Industria, Turismo y Comercio acaba de presentar el llamado Proyecto Piloto de Movilidad Eléctrica, Movele. En dicha presentación ha atribuido unas virtudes al coche eléctrico que están muy lejos de la realidad.
Efectivamente, los datos presentados no resisten el más mínimo análisis científico. Así, por ejemplo, el ministro Sebastián ha declarado que en caso de sustituir todo el parque automovilístico actual “se dejarían de emitir 81 millones de toneladas de CO2 anuales, cifra que representa el 81% de las emisiones el sector del transporte”.
Olvida el Ministro que, por ejemplo, fabricar todos esos vehículos tendría un coste energético brutal. De hecho, se calcula que fabricar un automóvil consume tanta energía como la que gasta ese mismo vehículo a lo largo de 60.000 km, un balance que a buen seguro no ha considerado el Sr. Sebastián en sus cuentas.
También llama la atención que el afán en reducir emisiones de CO2 no se vea correspondido con otras actuaciones del Ministro, como lo prueba el fuerte recorte que realizó sobre la energía fotovoltaica, una forma de generación eléctrica claramente reductora de emisiones.
También parece dar por hecho el Ministro que los nuevos vehículos eléctricos van a sustituir a los actuales automóviles diesel o gasolina. Está por ver. Más bien la situación será la de que las familias conserven su vehículo de combustión interna para recorridos largos e incorporen un nuevo vehículo eléctrico para recorridos urbanos, incrementando aún más el enorme parque móvil que ya tenemos.
Pero, además, los estudios demuestran que las mejoras en la eficiencia no suelen ir acompañadas de reducciones en el consumo total de un recurso, sino a menudo lo contrario. Así, la mejora en la eficiencia de los actuales coches con respecto a los de hace una década no ha supuesto una bajada en el consumo de combustible en estos diez años, sino su aumento por la mayor utilización de los nuevos vehículos. Es lo que se conoce como el efecto rebote. La “conciencia tranquila” que puede provocar el uso de un coche eléctrico en el consumidor –en especial con propaganda como la que se hace desde el Ministerio de Industria o desde los fabricantes, que los califican como vehículos limpios y de emisiones cero– a buen seguro llevará a una mayor utilización de estos automóviles.
En cuanto a los 8 millones de euros previstos en ayudas para impulsar la demanda de coches eléctricos, para Ecologistas en Acción estos fondos mejor se emplearían en programas como los que se impulsan desde algunos países europeos: promover el abandono del coche a cambio de abonos de transporte público. Esto sí que provocaría, de forma drástica, un gran ahorro energético, menor dependencia energética y menores emisiones de CO2, además de facilitar una mayor calidad del aire en nuestras ciudades y una mejora de la habitabilidad urbana, sin hablar de la reducción de la siniestralidad.
Para Ecologistas en Acción es cierto que los vehículos eléctricos podrían generar menor contaminación acústica, de gases y de partículas en las ciudades. Pero los coches originan otra serie de problemas, como los relacionados con el modelo urbanístico y de transporte: expansión urbana, construcción de grandes infraestructuras, gran ocupación de espacio público, limitaciones a la movilidad de otros medios más sostenibles –la bicicleta, caminar o el transporte colectivo–, siniestralidad en conductores y peatones, y un largo etcétera.
El automóvil eléctrico avanza un paso más en mantener una situación de insostenibilidad, simulando todo lo contrario. Mantener y potenciar los desplazamientos privados en los entornos metropolitanos favorece el modelo disperso de urbanismo e impulsa la creación de más infraestructuras de transporte. Crea la ilusión de que es posible un sistema de transporte “ecológico” al margen del transporte público y de la reorganización urbanística.
* Área de Transporte de Ecologistas en Acción - 8.09.09
Burgos: Los arquitectos reclaman protección para el Paseo de la Isla
ELCORREO* : El Colegio Oficial de Arquitectos se ha sumado a la defensa de la Isla de la mano de la Ley de Patrimonio. Ayer alzó la voz para expresar públicamente su rechazo al proyecto municipal para su remodelación, también para reclamar al Ayuntamiento una «protección urgente». Pide que solicite para este parque la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con el objetivo de que se le reconozca dentro de la categoría de Jardín Histórico.
«Si no lo hace el Ayuntamiento, lo haremos nosotros», advirtió ayer el presidente de los arquitectos, David Dobarco, en rueda de prensa, precisando que «nos gustaría que lo iniciara primero el Ayuntamiento, pero nosotros ya estamos preparando la documentación». De alcanzar esta figura, las intervenciones en la Isla deberían limitarse a su «conservación, mantenimiento y restauración».
Propuesta que esta organización trasladó el viernes por escrito al propio Ayuntamiento. En un documento de nueve páginas en el que argumenta su temor por las intenciones municipales de «transformar sustancialmente» el parque de la Isla y solicita pide que «se respete» el actual aspecto de la Isla.
Dobarco fue más allá ayer al sugerir al equipo de Gobierno que «paralice» el concurso que está en marcha. Sería «lo más prudente», precisó. En su opinión, el Ayuntamiento debería, además, dar opción a las empresas que se han presentado al concurso para que elaboren un proyecto basado en el presupuesto de «900.000 euros» que contempla el Plan Urban. Una cantidad que los arquitectos consideran que «sí puede encajar» en la filosofía de conservar, restaurar y mantener que se requiere para cualquier BIC.
Excesivo presupuesto
Esta organización profesional califica de excesivo el presupuesto establecido por el Ayuntamiento, 4,5 millones de euros, para actuar en la Isla, que tiene una extensión de 53.000 metros cuadrados. Le parece «una inversión que no es urgente, ni oportuna, ni razonable, teniendo en cuenta la crisis económica y la necesidad de otras urbanizaciones más interesantes en la ciudad».
En su opinión, apelar a la existencia de unos fondos europeos Urban es «un pretexto» del Ayuntamiento para intervenir en la Isla, ya que, explicó, sólo suponen el 20%, 900.000 euros, del presupuesto municipal. Lo que significa, precisó, que las arcas municipales tendrán que desembolsar el resto.
Los arquitectos son partidarios de que «se respete» la actual fisonomía de la Isla, «inconfundible para generaciones y generaciones de burgaleses». Su presidente recordó que es el resultado de las intervenciones históricas que la ciudad, los ayuntamientos, han realizado durante dos siglos, hasta 1930, aunque admite su deterioro. «Cualquiera que pase por allí reconoce que está abandonada», puntualiza Dobarco.
En su opinión, la Isla sólo necesita trabajos de mantenimiento. «Mejoras en las infraestructuras existentes, reposición de la tierra que se ha perdido, renovación de los elementos deteriorados y el cambio, si se estima oportuno, de algún aspecto del mobiliario», concreta. Y es que, según dijo Dobarco, «nos horrorizaría encontrarnos con un parque en el que se empiezan a poner plazas de aparcamiento o pavimento como en el Paseo de la Sierra de Atapuerca». En su opinión, no respetaría la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
* El Correo de Burgos - E.V. - 8.09.09
Foto: elcorreodeburgos.com
Las responsabilidades políticas por la ilegalidad del edificio Fenosa
LAOPINIÓN/A Coruña : Una sentencia del Tribunal Supremo, que culmina un proceso judicial iniciado hace doce años, ha confirmado el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2001, que dictaba que el edificio Conde de Fenosa debe ser demolido porque la licencia que otorgó el Ayuntamiento coruñés a Fadesa en 1997 es "ilegal" al vulnerar el plan general de 1985. La sentencia del Supremo rechaza el recurso presentado por el Ayuntamiento en 2007, en el que solicitaba la "inejecución" del derribo con el argumento de que el edificio está completamente habitado.
Los magistrados del alto tribunal enfatizan en la resolución el agravante que supone que el Gobierno local intentase legalizar el inmueble con el plan general de 1998, un año después de que se concediera la licencia ilegal.
La noticia del fallo del Supremo, publicada en exclusiva por este periódico el pasado viernes 28 de agosto, causó conmoción en la ciudad, al tratarse de un emblemático inmueble que albergó durante treinta años la sede central de la compañía eléctrica Fenosa antes de su integral rehabilitación en 1997, seriamente cuestionada por el círculo arquitectónico de la ciudad, que cuenta en la actualidad con más de cien viviendas y numerosos locales y despachos.
El planeamiento urbanístico de 1985, vigente en el momento de la concesión de la licencia a Fadesa en 1997, prohibía otorgar licencias en los edificios fuera de ordenación que agravaran dicha situación urbanística, por lo que sólo se admitían obras mínimas, de conservación y mantenimiento. A pesar de ello, el Gobierno local, presidido entonces por Francisco Vázquez, otorgó a Fadesa una licencia para obras de reforma integral que incluía el cambio de uso de oficinas a viviendas, lo que claramente excedía el simple mantenimiento.
La contundencia del fallo del Supremo no ha hecho sin embargo mella en el alcalde coruñés, Javier Losada, quien se muestra convencido de que el edificio no será demolido y confía en que prospere el recurso que el Ayuntamiento presentará para evitar que se ejecute el fallo del alto tribunal. Sea derribado o no, la sentencia ha ocasionado ya un grave perjuicio a los propietarios afectados, dado que la resolución judicial obliga a inscribir en el registro de la propiedad que los pisos y locales del edificio Fenosa tienen orden firme de demolición, lo que devalúa su precio hasta "un valor cero", como aseguró el presidente del Colegio Oficial de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Herminio Carballido. Esto abre la puerta a la indemnización que los propietarios tendrían ya derecho a reclamar al Ayuntamiento, según los expertos consultados por este periódico. Una indemnización con muchos ceros -los pisos de este edificio se vendían a 300.000 euros en el momento de la construcción del inmueble y en 2006 se vendió uno por 700.000- que correría a cargo del bolsillo de los contribuyentes coruñeses.
La sentencia del Supremo es una bofetada de la justicia a la política urbanística coruñesa de los años 80 y 90, instalada en la cultura del pelotazo. La espoleta retardada de la irregular decisión adoptada en 1997, activada ahora por la sentencia del Supremo, ha estallado políticamente en María Pita. El PP anuncia la petición de una comisión de investigación y los nacionalistas se han distanciado de su socio de pacto de gobierno al cuestionar la política urbanística de los socialistas en la era Vázquez. Un propietario afectado equiparaba al día siguiente de la noticia la actuación ilegal del ejecutivo local coruñés con la denostada política marbellí: "Aquí pasa igual, nosotros compramos bajo la presunción de la legalidad". Las cartas de los lectores recibidas estos días sobre el caso del edificio Fenosa, así como los comentarios de muchos afectados, hacen hincapié en la necesidad de que se depuren las responsabilidades políticas de este escándalo. Algunos de esos responsables ocupan todavía cargos públicos: Francisco Vázquez, actual embajador en el Vaticano con pretensiones de ser designado próximo Defensor del Pueblo, presidía la corporación municipal en 1997, cuando se concedió la licencia ilegal; Salvador Fernández Moreda -actual presidente de la Diputación de A Coruña, que declinó hacer declaraciones al ser preguntado al respecto por este periódico- ocupaba en ese momento la concejalía de Urbanismo y Javier Losada, actual alcalde, era entonces teniente de alcalde. La gravedad de las consecuencias obliga a que, cuando menos, abandonen su escudo de silencio y ofrezcan explicaciones de por qué ampararon con sus decisiones una ilegalidad convertida ahora en monumental desaguisado con más que probable cargo al erario público municipal.
* LaOpinión A Coruña - Editorial - 6.09.09
Foto: Fachada del edificio Conde de Fenosa. / eduardo vicente, laopinioncoruna.es
El GOB reclama congelar el crecimiento urbanístico de varias zonas de Pollença
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EUROPAPRESS/Mallorca* : Entre sus sugerencias a la revisión del PGOU de ese municipio figuran impedir más construcciones en Formentor, El Vilar, La Font y Sant Vicenç. El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) reclamó que se congele el crecimiento urbanístico de varias zonas del término municipal de Pollença, en el norte de Mallorca, cuyo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) se está revisando en la actualidad.
Según apuntó la organización ecologista en un comunicado difundido hoy, la necesidad de revisar la planificación urbana de este municipio "no sólo viene dada por la nueva normativa sobrevenida, sino también por la conveniencia de cambiar algunas cosas, impropias del siglo XXI", como "congelar el crecimiento en urbanizaciones conflictivas", señala la nota.
Según apuntó la organización ecologista en un comunicado difundido hoy, la necesidad de revisar la planificación urbana de este municipio "no sólo viene dada por la nueva normativa sobrevenida, sino también por la conveniencia de cambiar algunas cosas, impropias del siglo XXI", como "congelar el crecimiento en urbanizaciones conflictivas", señala la nota.
Así, entre las sugerencias del GOB a la revisión del PGOU de Pollença figuran impedir más construcciones en las zonas de Formentor, El Vilar, La Font y Sant Vicenç. Con el objetivo de evitar nuevos consumos de territorio, "frenar agresiones paisajísticas de primer orden e impedir crecimientos poco sostenibles", cita la organización.
Concretamente, la entidad ecologista quiere que se evite un nuevo crecimiento a la entrada de Sant Vicenç, en forma de equipamiento lúdico-deportivo, así como de edificaciones turísticas, que se levantarían sobre una zona boscosa. A lo que agregaron la ampliación del Hotel Formentor y la "congelación parcelaria" de esa zona.
También reclama el GOB que el nuevo PGOU, cuyo plazo de exposición pública acabó el pasado mes de agosto y previsiblemente quedará adaptado al Plan Territorial de Mallorca, "impida" la construcción de nuevos chalés en las urbanizaciones de La Font y El Vilar, que consideró muy degradadas después de medio siglo de edificación de esos parajes.
Cabe señalar que el PGOU de Pollença inició su tramitación a principios de la década de los 80 y acabó de aprobarse l'año 1991. Desde entonces, el Plan ha sido objeto de alguna modificación puntual y su adaptación al Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT).
* Europa Press - 8.09.09
Foto: Pollença (Mallorca) - mallorcaweb.com
El ruido es nuestro
FERNANDO DELGADO* : Suele tenerse al ruido por una seña de identidad de los españoles: los beneficios del silencio son muy mal valorados entre nosotros y el griterío es una característica patria muy reconocida. La escasez de materiales aislantes en la construcción, el tráfico aéreo o el ruido de las fábricas y las obras, con no faltarnos, y menos a los madrileños, no es lo que nos permite que sólo Japón le lleve a España la delantera como país ruidoso. Son fenómenos muy extendidos.
El antipático sonido del despertador, tan universal, tampoco. Pero si bien he llegado a saber de ese dudoso privilegio de España como segundo país del mundo con mayores niveles de contaminación acústica, gracias a las encuestas de los especialistas en el cuidado de la audición, me he quedado sin saber qué parte de ese honor corresponde a Madrid en un solidario reparto autonómico y municipal del bullicio exagerado.
En todo caso, si el COI no ha visto un pero para la candidatura de Madrid a los juegos olímpicos en su contaminación acústica, bien que tampoco en la de Río o Chicago, por ejemplo, no creo que al alcalde el ruido le quite el sueño. Pero si en el listado de los ruidos que más molestan a los ciudadanos están las obras, ni Barcelona, que tanto en lo bueno como en lo malo procura ir por delante, podría ganar a Madrid en molestias. Y si se trata de los locales de ocio nocturno tampoco creo que haya en España quien pueda llevarnos la delantera. No nos la llevan, por supuesto, en el sonido de los aviones, en el tráfico, en las industrias y mucho menos en el mal uso de las bocinas. Los bocinazos son el más habitual desahogo del conductor madrileño desesperado que, aún conociendo la inutilidad de hacer sonar sus bocinas, organiza una verdadera escandalera para su propia complacencia en el ruido.
Otra cosa son las fiestas populares, que figuran en el listado de las molestias acústicas de un modo destacado, pero no porque Madrid no las tenga, y bien ruidosas, sino porque si son los fuegos de artificiales, la música y el bullicio festero lo que molesta nadie podrá disputarse la palma con Valencia y pocos pueblos y ciudades están libres de semejantes ruidos. Cada tiempo además ha tenido sus propios ruidos y ahora mismo hay un pueblo enfrentado por un gallo que no para de cantar día y noche y a cuyos habitantes no molestan, sin embargo, los ruidos permanentes de las motos de sus criaturas. En Madrid no hay problema con el gallo: seguramente canta, pero no se le oye. Aquí el problema es otro: nuestra peculiar aportación castiza a la competición del estruendo, además de los botellones de las calles, el ruido inclemente de muchos lugares nocturnos o nuestras fiestas populares es la costumbre española, tan madrileña, de hablar muy alto, tenida por algunos como un rasgo cultural diferencial y por otros como una verdadera tradición, sin que falten los que consideran tal arraigo una agresiva horterada.
Sin embargo, en estos tiempos de prohibiciones y cuidados aparentes con nuestra salud, aunque la mental ande a veces un poco descuidada, como se desprende del ruido atronador del discurso político, las autoridades son capaces de imponer a setenta vecinos de Móstoles mil quinientos euros de multa por no limpiar la caca del perro, castigo tan justo por su intención como injusto por exagerado, y ni un céntimo por hablar a gritos en los espacios públicos. Cívico es que las normas de higiene exijan que se nos libere de los excrementos de todo tipo, pero no se obtiene igual éxito, a pesar de la ley, con los cultivadores del ruido. Y a través del oído, un órgano vital muy preciso y delicado, al que se le niega todo respeto, recibe cualquier mortal los sonidos estrepitosos que alteran su descanso o su sosiego y elevan su estrés.
Por eso es tan acusada la falta reiterada de una pedagogía en este sentido que afecta a la convivencia. Creen los gritones, unas veces arrogantes y autoritarios, otras simplemente seres muy vulgares, lo que algunos políticos en sus bravatas: que si hablan más bajo les va a faltar la razón o no se les va entender. No sé si en las encuestas se les ha preguntado por qué gritan, pero sospecho que no bajarían la voz para contestar. Y al fin desconfió tanto de la veracidad de sus respuestas como de las de aquellos que confiesan en gran número que no soportan el ruido del teléfono móvil, una actitud semejante a la que muestran en algunos foros respecto de los programas más degradantes de la televisión los que se dicen seguidores de La 2 de TVE. Y es que esa actitud hipócrita resulta común a cuantos rechazan el ruido bajo su propia ventana y van a organizarlo ante las ventanas de otros. O a quienes los ruidos de su gusto les parecen prodigios de armonía y un verdadero tormento el ruido ajeno. Una metáfora de casi todo lo que pasa.
* ELPAIS.com - Opinión - 8.09.09
