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ELPAÍS/Alicante* : Francisco Correa, supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, puesta al descubierto por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, intentó comprar el Programa de Actuación Integrada (PAI) Pie de Monte de La Nucia a los promotores del proyecto.
"Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado. El tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 [el metro cuadrado] y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos", recoge una de las numerosas grabaciones incorporadas al sumario del caso, donde Correa se refiere a un negocio urbanístico que, como se ha sabido después, tiene que ver con el citado PAI de La Nucia. "De mi 50%", alardea Correa en las grabaciones, "reparto con Ramón Blanco, con Álvaro [Pérez], con Pablo y con el alcalde. Hay un tema medioambiental que desbloqueo yo".
Para que el supuesto negocio del que habla el jefe de la trama se cerrara era imprescindible que el PAI Pie de Monte, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de La Nucia en 2004, fuera aprobado por la Generalitat. Sin ese permiso la recalificación de parte de estos terrenos era imposible. Correa visitó al menos tres veces la localidad.
El proyecto, promovido entre otros por Francisco Murcia Puchades, se había atascado en la Consejería de Territorio porque carecía de los preceptivos informes, confirmaron ayer a este diario fuentes de este departamento. El propio Correa alardea en otro fragmento de las conversaciones registradas de que cuenta con un as en la manga para desbloquear el proyecto. "Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban [Gonzálezs", en alusión al ex consejero de Territorio, cuyo departamento estableció varias condiciones para aprobar el PAI, entre ellas contar con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), una barrera prácticamente insuperable.
El PAI no pasó el examen de la Comisión de Urbanismo de Alicante a finales de octubre del año pasado. Sus responsables dejaron el expediente encima de la mesa a la vista del informe negativo de la CHJ por la falta de suficientes recursos hídricos. Tampoco contaba con el informe de la Entitat de Sanejament de la Generalitat, corroboró la misma fuente oficial.
La actuación afecta a más de un millón de metros cuadrados de suelo urbanizable y no urbanizable, donde los promotores querían levantar 3.900 viviendas.Del millón largo de metros cuadrados que abarca el plan urbanístico, unos 450.000 son urbanizables y algo más de 600.000, no urbanizables, detalló una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. La mercantil Montemar La Nucia, SL, es la sociedad promotora del PAI y en su accionariado se encuentra el promotor alicantino Francisco Murcia Puchades. También figuran Jaime Febrer Rovira o Juan Vicente Hermosilla. El proyecto de Pie de Monte no es el único que se promueve en esta localidad. En proceso están también los de La Serreta y Algar.
Este proyecto sigue en tramitación en la consejería que dirige José Ramón García Antón, pero, contrariamente a lo que defiende el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, no tiene un informe favorable de impacto medioambiental. Así lo confirmó ayer una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. Tan lejos como el domingo, el consistorio alicantino aseguraba en un comunicado que este departamento se lo había concedido en 2007. "Es rotundamente falso que tenga un informe de impacto negativo", dijo el gabinete de prensa de La Nucia, que amenazó con emprender acciones jurídicas contra los medios de comunicación.
Desde que la operación de Garzón saltara a las portadas de los diarios, Cano ha repetido que no tiene relación con Álvaro Pérez, a pesar de que numerosos testimonios, y el propio hecho de que éste tiene un chalé en L'Alfàs del Pi, municipio vecino de La Nucia, indican lo contrario. También hay testimonios que aseguran que Francisco Correa, el supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, se paseó varias veces -al menos tres- por esta localidad de La Marina Baixa. Fue precisamente Cano quien contrató a la empresa Special Events de Correa para que organizara la primera edición de los Premios Luis del Olmo de Periodismo en La Nucia. Correa estuvo en la presentación de los premios y también en la entrega. Después de este evento, se le vio una vez más por La Nucia. Correa y Álvaro Pérez -que se refería al primero como su jefe- aparcaron su vehículo a las puertas del Ayuntamiento, donde se reunieron con el alcalde.
* ELPAIS.com - A. BALAGUER - Valencia / La Nucia - 10/02/2009
Foto: la Nucía (Alicante) - diarioinformacion.com
El jefe de la trama de corrupción quiso comprar un PAI en La Nucia
Los afectados en Jerez por los casos de Urbanismo crean un frente común
LAVOZDIGITAL* : Son numerosos los ciudadanos y colectivos afectados por las actuaciones del área de Urbanismo en la ciudad. Baste con enumerar casos tan conocidos como Sherryworld, los huertos de ocio o, el más reciente, las supuestas adjudicaciones a dedo a la constructora Jerecom y un sinfín de sociedades satélite.
De ahí que desde un grupo de personas, afectadas por éstos u otros casos menos conocidos, se haya lanzado la idea de crear un frente común, llamamiento que hacen a todos aquellos que hayan padecido de alguna manera supuestas actuaciones ilícitas por parte de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo o de la actual Delegación municipal (tras su integración dentro del organigrama municipal).
Un mismo abogado
Hay que tener en cuenta que a todos los colectivos citados los representa el mismo letrado, el abogado Francisco Pérez Vera, quien por cierto ha ganado la batalla contra la antigua GMU en el caso de los huertos de ocio, ante lo que la actual alcaldesa ya ha anunciado que habrá que asumir «herencias del pasado» y ha dejado entrever, por tanto, que habrá que indemnizar a los afectados. Ahora, pretende sentar en el banquillo, por presunta prevaricación en el conocido como caso Jerecom, a la actual alcaldesa Pilar Sánchez, a la ex alcaldesa María José García-Pelayo, al ex delegado de Urbanismo Pedro Pacheco y al actual titular de este área, Juan pedro Crisol. Además, claro está, de a los administradores de la empresa constructora Jerecom y sociedades afines.
Respecto al caso Sherryworld, este mismo abogado ha conseguido, como adelantaba este medio esta misma semana, que el Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez abra Diligencias Previas para investigar la denuncia interpuesta por la Asociación de Parcelistas de los Garciagos contra el Ayuntamiento de Jerez, al que acusan de un presunto delito de coacciones y malversación de fondos públicos.
Todos estos asuntos relacionados con actuaciones del área de Urbanismo son, como se ha dicho, el frente judicial que se está llevando a cabo. Por ello, lo que ahora proponen las fuentes consultadas por este medio es crear otro, pero de tipo social: «Que todas las voces de estas personas se unan en una sola» con el fin de darse a conocer más ampliamente a la sociedad, de unir esfuerzos y de llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias.
Dicha agrupación de afectados, claro está, celebraría reuniones periódicas para definir la estrategia a seguir. Algo para lo que quieren contar con el ex Defensor de la Ciudadanía en Jerez, Agustín García Lázaro, que además de muy conocedor de estos asuntos siempre ha estado muy implicado con la ayuda a los afectados en todos estos temas.
Y es que el caso Pacheco parece haber resucitado, con una fuerza inusitada, esta lucha por parte de los numerosos damnificados, que vienen sufriendo durante muchos años perjuicios por parte de un área de la gestión municipal que está más en boca de todos que nunca.
Los últimos en saltar a la palestra, los acreedores por Jerecom, que este mismo viernes presentaron la denuncia contra los tres últimos alcaldes y contra dos responsables de Urbanismo. Hay que recordar que, en este caso, en el año 2007 la empresa Jerecom se declaró en quiebra dejando a muchas familias en la ruina, tanto a los proveedores de la constructora como a ex trabajadores de la misma.
Los afectados no cesaron en su lucha, algo que se reavivó cuando pudieron conocer, a través del caso destapado por este medio, que la empresa propiedad de la familia Grimaldi podría estar implicada en una trama que, de hecho, está investigando la misma Fiscalía Anticorrupción.
Su caso ha sido el último en conocerse y a raíz del cual ha tomado cuerpo esta idea de unir a todos los perjudicados en un frente común. Algunos de ellos ya han comenzado a agruparse y hacen ahora un llamamiento a los demás para aunar al máximo número de personas posible.
* La Voz Digital - ENRIQUE ESTEBAN - 9.02.2009
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento - wikanda.cadizpedia.eu
Ex altos cargos del Ayuntamiento de Boadilla testificarán contra el alcalde por amañar adjudicaciones
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EUROPAPRESS/Madrid* : Varios ex altos cargos y funcionarios del Ayuntamiento de Boadilla del Monte se han prestado a testificar ante la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde del municipio, Arturo González Panero, del PP, por presuntas prácticas corruptas en el Consistorio de la localidad. Denuncian que el regidor supuestamente amañó contratos, adjudicaciones e informes a favor de empresarios implicados en la supuesta trama de corrupción urbanística destapada en Boadilla y otros municipios.
El sindicato de funcionarios Manos Limpias presentó esta mañana ante Anticorrupción un dossier de unas 300 páginas con documentación y testimonios sobre las supuestas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento en diferentes adjudicaciones. El documento amplía la denuncia que se interpuso el pasado 12 de junio contra el alcalde popular y varios empresarios, entre ellos Francisco Correa, su esposa y Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia. Anticorrupción mantiene abiertas unas diligencias de investigación para esclarecer la denuncia.
Correa, María del Carmen Rodríguez y Crespo fueron detenidos el pasado viernes por su presunta implicación en la presunta red de comisionistas que operaba en Boadilla del Monte y otros municipios del noroeste de la región. Se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. La mujer de Correa y la empresaria Felisa Jordan quedaron el pasado sábado en libertad con cargos tras declarar ante la Policía Judicial.
Las empresas de servicio que gestiona Correa trabajaban para el Ayuntamiento. Se trata de Special Event Catering, Pasadena Viajes y Rústicas MB.S.L. La primera es una de las empresas ligadas a la trama de corrupción vinculada con el PP. La empresa organizaba eventos para el Gobierno de José María Aznar. El PSOE denunció en 2005 irregularidades en la actuación de esta sociedad, a la que acusaba de ocultar a los tribunales autonómicos de cuentas facturas de servicios prestados al PP en diversas campañas electorales.
A instancias de la denuncia de Manos Limpias, Anticorrupción acordó hace meses abrir diligencias de investigación contra el alcalde de Boadilla, si bien el asunto no está aún judicializado. La denuncia se dirige contra el alcalde con motivo de "la adquisición de un desmesurado y desproporcionado patrimonio individual" que no coincide con su nivel de ingresos, puesto que percibe un sueldo de 85.000 euros como alcalde.
En la ampliación de la denuncia, Manos Limpias reclama la testifical de nueve ex altos cargos y siete funcionarios que se han prestado a declarar de forma voluntaria para denunciar las coacciones y presiones a las que eran sometidos para avalar las supuestas prácticas corruptas del regidor. Según el sindicato, el alcalde cesó a estas personas al no prestarse a sus intereses particulares.
Manos Limpias solicitará, igualmente, al Tribunal de Cuentas una auditoría financiera de las cuentas del alcalde por un presunto delito de fraude a la hacienda pública.
DENUNCIA CONTRA EL ALCALDE
En la denuncia, el sindicato exponía que el patrimonio del regidor "evidencia de manera manifiesta que ha sido adquirido presuntamente como contrapartida a favores concedidos dada su posición como alcalde", conforme a la documentación que pose el sindicato.
El secretario general del sindicato, Miguel Bernad, explicó a Europa Press que se trataría del cobro de comisiones por recalificaciones urbanísticas. Según la denuncia, el primer edil "controla y asume el Área de Urbanismo, fuente inagotable de financiación, no sólo del Ayuntamiento, sino también de bolsillos particulares". "Favorece concesiones de obras y servicios públicos a cambio de contraprestaciones", recalca la denuncia.
Según Bernad, el dinero obtenido a través de la supuesta red de comisionistas se invierte fuera de España, concretamente en Miami, "sin dar conocimiento" a la Agencia Tributaria. Según Bernad, en la presunta evasión de divisas a Miami y otros "paraísos fiscales" participan "asesores y amigos".
Entre las propiedades del alcalde figuran nueve viviendas en Miami; una vivienda unifamiliar en la urbanización La Torre Golf Resort en Torrepacheco; una vivienda en Cabo Negro (Marruecos) en el complejo La Lassia; y una propiedad en la urbanización El Mayorazgo, en Boadilla del Monte, según el sindicato.
Entre las empresas de servicio que trabajan para el Ayuntamiento figuran 'Special Event Catering', 'Pasadena Viajes' y 'Rústicas MB.S.L.', propiedad de Francisco Correa. Este empresario y sus socios, su esposa María del Carmen Rodríguez y Francisco Jurado, adquirieron una vivienda en Miami.
Según la denuncia, 'Rústicas MB.S.L.' tiene firmados contratos con la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte para el arrendamiento y explotación de terrenos, solares y edificaciones. Su representante es Ramón Blanco, quien también habría adquirido una casa en Miami.
Entre los amigos, colaboradores y asesores del alcalde que invirtieron en Miami se encuentra Correa, quien acompañó al alcalde en tres viajes que efectuó a Miami, donde adquirió uno vivienda. El ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, cuya jefe de Gabinete fue la esposa de Correa, también adquirió otra casa, entre otras personas relacionadas con las empresas que gestiona Correa.
* Europa Press - 9.02.09
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
Son Oms: Un polígono sin ley
ELMUNDO/Palma* : Además de estar siendo investigado como el escenario en el que se proyectó uno de los mayores y más cuantiosos escándalos de corrupción de la historia política de Baleares, en Son Oms las leyes urbanísticas parecen ser papel mojado.
Los empresarios vinculados a Unió Mallorquina (UM) que se hicieron con el control del gobierno del polígono y con la propiedad mayoritaria de las tierras han hecho y deshecho a su antojo durante los años en que ha durado el polémico y judicializado proceso de urbanización.
Sólo los pequeños propietarios que fueron marginados en el reparto de tierras tras no ceder el 15% de su suelo en concepto de comisión a los políticos de UM han alzado la voz contra las actuaciones del llamado lobby de UM.
El empresario Pedro Salom, uno de los propietarios que ha llevado a los Tribunales a esos empresarios por presunta estafa, ha elevado un pliego de denuncias al Ayuntamiento de Palma. De momento con nulo éxito. En una de esas quejas se denuncia una nueva actuación protagonizada por uno de los propietarios mayoritarios. En este caso el empresario Bernardo Febrer, presidente de la Junta de Compensación (el organismo que agrupa a todos los propietarios y que tiene como fin redistribuir parcelas y velar por los derechos de todos).
Según denuncia Salom, Febrer recibió fondos de la Junta de Compensación para financiar con ello la demolición de dos pequeñas naves que estaban adosadas a un molino de viento protegido. Un bien catalogado que, como tal, debía ser liberado de esas edificaciones.
Pues bien, según han reivindicado los propietarios que se negaron a dar el 15% de sus tierras, Febrer no sólo no llegó a demoler esas edificaciones adosadas sino que ha reutilizado las construcciones para crear en el molino un establecimiento comercial, hoy explotado por el restaurante Toni y Curro. El destino de los fondos que debían financiar esos derribos sigue sin ser aclarado ante todos los miembros de la Junta. En este sentido, cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares ha denunciado que se desconoce el destino de al menos 1,2 millones de euros aportados por los pequeños propietarios y gestionados por los dirigentes de la Junta.
Pero el de Toni y Curro es sólo uno más de los numerosos escándalos que ha venido denunciando EL MUNDO en los últimos años en torno al proceso de edificación de Son Oms. Una más de las presuntas irregularidades urbanísticas que, de momento, no han aclarado del todo ni el Ayuntamiento de Palma –aunque en algún caso sí ha abierto expediente– ni el juez de instrucción que investiga una querella contra los miembros del lobby de UM por presunta estafa. He aquí una breve recapitulación.
Ensucian unos, pagan todos
El último caso fue denunciada hace una semana. Uno de los miembros de la Junta Rectora del polígono, el empresario de Costitx Miguel Munar Munar, vertió los escombros de una de sus obras, la de edificación de su nave industrial, en un solar propiedad del Ayuntamiento de Palma. Una parcela teóricamente destinada a equipamiento deportivo y que hasta hace poco no era sino un vertedero de escombros. Cascotes, palés, hormigoneras desvencijadas y montañas de ladrillos se apilaban en un solar en el que en su día incluso se llegó a barajar ubicar el velódromo Palma Arena.
La retirada de los escombros, efectuada por la empresa de excavaciones Euro Segle, ha sido descontada de la caja común. La factura por aquellos trabajos ascendió a 58.000 euros, que ha sido cargada a la Junta de Compensación. Es decir, la han pagado todos los propietarios.
Alquiler ilegal
Una de las principales asociaciones que agrupa a las empresas de alquiler de vehículos en Palma ha denunciado reiteradamente que los principales terratenientes de Son Oms, de nuevo el ilustre lobby, comercializa sus solares, los viales y hasta el parking público del polígono. Se los alquilan a los rent a car, según los propios repersentantes del sector. «Cobran una fortuna: entre dos euros y dos euros y medio por metro cuadrado al mes», denunció José María Blay, directivo de Baleval. Para poder calibrar el negocio que esto puede suponer, dos datos: un coche ocupa unos diez metros cuadrados y alguno de los terratenientes que controlan el polígono tiene en un solo solar más de 7.500 metros.
Una ordenanza de Cort prohíbe a los rent a car estacionar sus vehículos en las vías públicas.
'Denuncié y me cortaron la luz'
Tras denunciar ante el Ayuntamiento de Palma una de las irregularidades cometidas, Salom relató a EL MUNDO cómo le fue cortada la electricidad. «Después denunciar las obras ilegales de Febrer] me encontré con que me habían cortado los cables de la luz de mi casa». En otra de sus reivindicaciones, apunta que la parcela que le fue otorgada en el reparto está evidentemente mermada: tiene un bien protegido que ni cabe en el solar.
Igualmente, también se ha denunciado que la Junta decidió ubicar los transformadores de energía en las parcelas de aquellos que se negaron a dar los 15%.
Infracción grave
En uno de los pocos expedientes que ha abierto ante una posible vulneración de la normativa patrimonial, el Ayuntamiento de Palma abrió parte a los socios de los políticos de UM por una «infracción urbanística grave». Concretamente, y como detalla el expediente del que en su día se hizo eco este diario, la entidad Promotora Balear de Polígonos, participada por el abogado Jaime Montis (quien comercializó las comisiones del 15% del diputado de UM Bartomeu Vicens) y los ya citados Bernardo Febrer y Miquel Munar, amplió ilegalmente un molino catalogado en la Gran Vía Son Oms. «Los muros del estanque han sido incrementados en 11 metros lineales por 1,60 metros de alto con fábrica de marés», denunciaba Cort al describir cómo se había reconvertido un viejo aljibe en un local de nueva construcción.
«Estas obras constituyen la comisión de una infracción urbanística grave, así como cualquier otro tipo de obra que se haya hecho en el emplazamiento citado sin la preceptiva licencia municipal», reza el expediente. La ficha municipal de la parcela, catalogada bajo la identificación de A2, que es la que rigen las obras que pueden llevarse a cabo en un molino de esas características, establece que no se puede variar ni la «edificabilidad neta máxima», ni «la ocupación máxima sobre la parcela», ni el «número de plantas» y la «altura en metros». Ni tampoco «la separación mínima a alineaciones y medianeras». Sólo está permitido, bajo la preceptiva autorización municipal, la restauración de lo existente. Sabedores de estas directrices, no en vano Bernardo Febrer es el presidente de la Junta de Compensación del Polígono de Son Oms y Jaime Montis el secretario, acometieron unas obras que alteraban sustancialmente la edificación catalogada que se erige en su parcela.
La nueva entrada
Con la recepción (la asunción de los servicios comunes por parte del Ayuntamiento) del polígono a la vista, la vía de acceso ha sido modificada. Ahora se accede al polígono por la parte en la que están ubicados los terrenos de uno de los principales propietarios e histórico dirigente de Unió Mallorquina, Maximiliano Morales. Allí todavía queda un solar que no ha sido vendido.
El cambio de ubicación del acceso al polígono supone sin duda una ventaja a la hora de revalorizar el suelo ubicado junto a la entrada principal. Por otra parte, y pese a que es un fenómeno más habitual, los negocios que están instalados en Son Oms lo están pese a que todavía el polígono no está recepcionado.
* El Mundo - Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma - 9.02.09
Foto: Decenas de coches de alquiler aparcados en el aparcamiento público del polígono, que, como no denunciaron los rent a car, el lobby de UM ha estado alquilando ilegalmente. | Cati Cladera, elmundo.es
Piden cárcel para el ex alcalde de Gaucín por diez licencias en suelo no urbanizable
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SUR/Málaga* : La Fiscalía malagueña ha solicitado 18 meses de prisión y diez de inhabilitación para el ex alcalde de Gaucín Francisco Corbacho (PA) y el arquitecto municipal Francisco Arenas por conceder diez licencias presuntamente en suelo no urbanizable.
El fiscal considera que ambos procesados han incurrido en un delito continuado contra la ordenación del territorio y las licencias se concedían con «desprecio de la normativa vigente», según la calificación fiscal.
La acusación pública entiende que el arquitecto informó favorablemente de dichos permisos a pesar de saber que no se cumplían los requisitos, que se daban en suelo no urbanizable y a sabiendas de que se incumplía la normativa urbanística.
En la causa también hay imputados cinco concejales más que fueron ediles entre 2000 y 2003. Tres de ellos, siguen actualmente ocupando cargos públicos en el Consistorio. A cuatro de estos concejales se le imputa un delito continuado contra la ordenación del territorio, mientas que al quinto edil se le acusa de un solo delito urbanístico.
* SUR - 9.02.09
Foto: Gaucín (Málaga) - malagapueblos.com
"Ganamos 12.000 kilos. De mi 50%, yo reparto con Ramón, Álvaro y el alcalde"
ELPAÍS* : Entre las numerosas grabaciones que forman parte del voluminoso sumario sobre la trama corrupta vinculada al Partido Popular, hay una donde Francisco Correa, el organizador durante 20 años de los eventos de esa formación política, trata de negocios con Álvaro Pérez. En ella, Correa detalla sus gestiones para lograr un gran negocio urbanístico.
Correa: "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo".
Los PAI (Programas de Actuación Integrada) de la Comunidad Valenciana han sido largamente cuestionados, por su supuesta ilegalidad, desde el Parlamento Europeo. Hasta el punto que el Gobierno del PP en Valencia modificó la Ley Urbanística para intentar salvar esos reparos europeos, que aún continúan.
"Álvaro" es supuestamente Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market en Valencia, mientras que "Ramón" es supuestamente Ramón Blanco Balin, secretario de esa sociedad, y "Pablo", supuestamente es Pablo Crespo, ex número 3 del Partido Popular gallego, socio de Special Events.
Orange Market es una filial de Special Events, la sociedad con la que Correa empezó su carrera empresarial vinculada al Partido Popular.
En sus conversaciones, Correa citaba a empresarios a los que Garzón también ha imputado en relación con esta red de corrupción política en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia.
Los denunciantes de la trama también han investigado la supuesta relación de Francisco Correa con el actual consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. Los denunciantes mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros. La Comunidad de Madrid lo negó ayer a través de un portavoz.
Las instituciones 'contaminadas'
La investigación del juez Garzón se dirige contra un grupo de empresas dedicadas a lograr contratos públicos y organizar campañas electorales, siempre del PP. Se les achacan delitos como cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Un amplio abanico de administraciones, siempre bajo mando del Partido Popular, aparecen salpicadas por la investigación, al ser aquellas con las que trabajaban esas empresas.
- Agencia (Consejería) Valenciana de Turismo. Sus dependencias fueron registradas ayer.
- Ayuntamientos de Madrid. La trama salpica también los contratos de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como Las Rozas, Boadilla del Monte o Majadahonda.
- Partido Popular. Es el cliente principal de las empresas de Francisco Correa dedicadas a organización de eventos y viajes durante los años noventa.
- Comunidad de Madrid, Xunta de Galicia y Comunidad Valenciana. También son clientes principales de las empresas de la trama de corrupción, especialmente a raíz de que dejan de trabajar para el PP nacional, alrededor de 2003.
- FEMP. Bajo la presidencia de Rita Barberá, hasta 2003.
* ELPAIS.com - F. M. - Madrid - 07/02/2009
Foto: registro. La puerta de la sede de Orange Market. Ayer había quitado el cartel que identifica a la empresa. daniel garcía-sala, levante-emv.com
Ibi: La sombra del urbanismo
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INFORMACIÓN/Alicante* : La guerra interna del PP valenciano ha encontrado en Ibi uno de sus campos de batalla. Sin embargo, la decisión de la alcaldesa Mayte Parra, de adscripción campista, de expulsar a la edil Felicidad Peñalver, miembro de le ejecutiva de Ripoll, va más allá de las simples disputas de partido. Como tema de fondo del cruce de acusaciones que se ha vivido esta semana, se sitúa una forma polémica de entender el urbanismo, que ha generado suspicacias y rechazo social.
Cuando la concejal del PP ibense Felicidad Peñalver renunció a todas sus competencias, el pasado octubre, el argumento oficial de la sobrecarga de trabajo sembró dudas entre parte de la población. Sin embargo, difícilmente se podía aventurar que lo que aparentemente no eran más que diferencias internas de partido iban a derivar en sólo unos meses en una guerra declarada y abierta, con múltiples acusaciones cruzadas en las que un mismo tema siempre está presente: el desarrollo urbanístico.
En los últimos años, coincidiendo con el auge del sector de la construcción, el urbanismo ha generado diversas polémicas en Ibi. Todas las actuaciones, incluso las más controvertidas, se han ceñido al PGOU, aprobado en el año 2000 casi por unanimidad -apoyado por el entonces equipo de gobierno del PSOE y EU, así como por el PP, y con la sola excepción del único edil del Bloc-. Además, en su mayoría se trataba de desarrollos de no mucha envergadura. Sin embargo, han despertado suspicacias por su tramitación, o incluso por la idoneidad de llevar a cabo estos proyectos.
La expansión del casco urbano hacia el oeste, en las inmediaciones de la finca l'Alamí, ha sido el caso más destacado, al haber llegado hasta los tribunales. Sin embargo, no ha sido el único tema espinoso: el sector de Barberá, la construcción de viviendas en el cerro de Santa Lucía y la ampliación del polígono industrial son otros ejemplos. Algunos de ellos han tenido una fuerte contestación social, como el de las viviendas de Santa Lucía. En él, la arrolladora mayoría absoluta del PP -13 concejales de 21- tuvo que achantarse ante la encendida protesta de la oposición en bloque y de buena parte de los vecinos, indignados por el impacto visual que tendrían las casas sobre el cerro y la ermita que lo corona. Una imagen característica e incluso emblemática de Ibi, cuyo patrimonio arquitectónico ya resultó muy maltrecho por el fulgurante crecimiento que el municipio experimentó entre 1955 y 1980.
Pero la pretensión de levantar aquellas viviendas no sólo topó con el orgullo patrio de muchos ibenses. La oposición destapó presuntas irregularidades en la concesión de la licencia que permitía la ejecución de las obras, algo que ni se siguió investigando ni tuvo consecuencia alguna al paralizarse la actuación. No obstante, sí supuso que, a partir de entonces, la gestión urbanística del equipo de gobierno quedara en el entredicho.
Esto mismo ocurrió con el desarrollo frustrado del sector de Barberá. Estos terrenos, situados en torno a la masía del mismo nombre, a unos seis kilómetros de Ibi y en plena montaña, fueron catalogados como urbanizables en el PGOU. Una calificación que, ante la creciente especulación inmobiliaria, hacía a esta zona apetecible para edificar viviendas. Aún pueden verse desde la autovía dos rótulos deteriorados que hablan de una próxima promoción que, por ahora, no se va a ejecutar. Aquí, la polémica se desató al concederse a la empresa la condición de agente urbanizador por silencio administrativo positivo, para después retirársela.
La controversia urbanística ha estado también de alguna forma presente en los vuelcos políticos que ha conocido Ibi en las últimas elecciones. Ya se hablaba de ella en 2003, cuando el PSOE pasó de gobernar con mayoría absoluta a tener seis concejales. Entonces, la formación independiente ADIi fue la gran sorpresa, al cosechar 3.000 votos y lograr cinco ediles. Una masa electoral que, en gran medida, había apoyado hasta entonces al socialista Vicent Garcia y que, cuatro años después, volvió a cambiar sus preferencias para dar la mayoría absoluta a Mayte Parra.
Ante esta situación, todos los grupos políticos actuales en el Ayuntamiento son conscientes de que la crisis que se vive estos días puede influir sobre los comicios de 2011, pese a lo lejos que aún quedan en el tiempo. El PP defiende su gestión y asegura que "la transparencia de los últimos años es la deseable frente al oscurantismo del PSOE", en palabras del edil de Urbanismo, Miguel Ángel Agüera. "Todo se hace mirando el interés general", prosigue, "guiados por el criterio del PGOU". A él alude en los casos de Santa Lucía y Barberá, donde "los socialistas dieron la edificabilidad". Agüera alega que el PP apoyó ese planeamiento "con muchas discrepancias", y "porque en un PGOU hay muchas cosas".
El portavoz socialista, Antonio Martos, en cambio, critica "el proceder del PP" amparándose en que el Plan General lo aprobó el PSOE, ya que "es un instrumento vivo" que se hubiera podido modificar. Por ello, actuaciones como la de Barberá "no tienen pies ni cabeza". Los líderes de ADIi y EU, Nicolás Martínez y José Vicente Verdú, respectivamente, también insisten en la cuestión urbanística. El primero señala que "la alcaldesa ha adjudicado todo lo que ha podido a empresas de fuera, pasando por encima de los derechos de propietarios", mientras que el segundo alude a "escándalos" como Santa Lucía y a cómo el equipo de gobierno "esquilma y despatrimonializa Ibi", dejando bienes públicos en manos privadas.
Hay que señalar, finalmente, que la gestión del Ayuntamiento de Ibi en los últimos años ha estado marcada por importantes sobrecostes en determinadas obras, como la reforma del Teatro Río o la piscina climatizada. En este último caso, se creó una comisión de investigación, que apoyó la gestión del gobierno popular.
* Información - A. TERUEL - 8.02.09
Foto: Ibi (Alicante) - cult.gva.es
El Seprona denunció 437 infracciones urbanísticas en 2008 en toda Extremadura
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HOY* : El chalet de la esposa del alcalde de Villanueva es el más conocido, pero no el único. El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), tramitó en 2008 nada menos que 437 denuncias por infracciones urbanísticas en la región. Se trata en su mayoría de actuaciones en zonas rústicas o protegidas que no cumplen la legislación.
En la provincia de Badajoz, donde la Guardia Civil acumuló 168 denuncias, la zona más afectada es la del entorno del embalse de Orellana, con el 95% de los casos, donde se encuentra el chalet de la mujer de Miguel Ángel Gallardo. Estas denuncias ya han sido enviadas a la Fiscalía y a los juzgados de Villanueva de la Serena, que están instruyendo medio centenar. Todavía no se sabe cuándo se podría celebrar el juicio.
El criterio de la Fiscalía en toda España es el de pedir no sólo que se condene a cárcel y multas a los autores de los delitos, sino que se demuelan las construcciones ilegales y se restaure la zona afectada. Pero la última palabra la tienen los jueces, que son los que determinan si se aplica el apartado del Código Penal que contempla la demolición de las construcciones ilegales. Las penas que se establecen para estos delitos son de seis meses a tres años de cárcel, multas de 12 a 24 meses e inhabilitación.
Detenciones en Coria
Pero no sólo en Orellana hay denuncias por casas ilegales. Uno de los casos más sonados en Extremadura se produjo en Coria hace casi dos años, cuando la Guardia Civil detuvo a nueve personas por construir en terrenos que están en la zona inundable del río Alagón. Estas denuncias no se han juzgado todavía.
No obstante, el asunto de más entidad, por el número de afectados, es el del embalse de Orellana. La fiebre por construirse un chalet junto al agua subió en los últimos años. Tanto, que desbordó incluso al Ayuntamiento de Orellana de la Sierra, donde se encuentran la mayoría de estas segundas residencias. Orellanita, que tiene poco más de 300 habitantes, había concedido algunas licencias en los años 90, pero dejó de hacerlo entre otras razones porque las figuras de protección ambiental que tiene la zona se lo impiden. De hecho, el alcalde que concediera licencias de obra en lugares protegidos podría ser acusado de prevaricación medioambiental y condenado por ello.
Hay que tener en cuenta que el entorno del embalse, más de 42.000 hectáreas, está declarada Zona de Interés Regional (ZIR), Zona de protección de Aves (ZEPA) y Humedal de Importancia Internacional. Pertenece también a la Red Natura 2000. Unas figuras de protección que la convierten en intocable. Al menos mientras no se modifique la ley y se apruebe el plan de uso, algo que reclaman los alcaldes y que permitiría una construcción ordenada en algunas zonas y restringiría otras. Para los alcaldes sería el modo de ordenar la presión urbanística y aprovechar el tirón turístico para impulsar el desarrollo comarcal.
¿Legalización sí?
El PSOE abrió una puerta el pasado miércoles a la posibilidad de legalizar las segundas viviendas construidas en zonas rústicas. Anunció una modificación de la Ley del Suelo, pero no ha concretado si en esa regularización entrarían viviendas como la de la esposa del alcalde villanovense. De momento, la maquinaria judicial sigue adelante. También la administrativa.
Conviene recordar que las denuncias que elabora el Seprona tras su visita a las parcelas donde se levantan viviendas o se abren pozos tienen varios destinatarios: si únicamente ven infracciones administrativas por falta de licencia de obras, la envían al ayuntamiento. Si la casa se construye en un paraje protegido la denuncia va también a Medio Ambiente, en la Junta; si estiman que hay infracciones a la Ley de Aguas también recibe una copia la Confederación del Guadiana. Por último, sólo si estiman que hay delito urbanístico se manda la denuncia a la Fiscalía. La denuncia a la esposa de Gallardo se envió a todas estas instituciones porque, a juicio del Seprona, podría infringir varias leyes y ser multada por ello, al margen de las consecuencias penales que tenga el asunto.
La Confederación del Guadiana ya ha anunciado que ha abierto un expediente sancionador, que sigue su curso mientras el juzgado no ordene su paralización; el Ayuntamiento le ha enviado una notificación para que pare las obras; y la Junta también ha anunciado que le ha abierto expediente por tres infracciones diferentes: el movimiento de tierras, la vivienda y una caseta auxiliar.
El Gobierno extremeño anunció, no obstante, que estos expedientes se paralizan mientras está abierto el proceso judicial. Las multas de la Junta por infracciones graves, como en este caso, van desde 6.000 a 60.000 euros.
Medio Ambiente no ha informado de cuántos expedientes tiene abiertos por construcciones ilegales, ni cuántos se han solventado con multas. Sí lo ha hecho la CHG, que ha fijado en 110 el número de expedientes abiertos y enviados a los juzgados referentes a la zona de Orellana.
El delito prescribe
Este número, junto a las 168 denuncias del SEPRONA, puede ser indicativo de las actuaciones urbanísticas irregulares en la zona. No obstante, ninguna administración ha aclarado cuántas viviendas, legales o ilegales, existen en el entorno del pantano.
Las cifras son tan diversas que van desde los que apuntan el número de 200 a quienes lo elevan a más de 400. Algunas disponen de licencia, como las citadas por HOY el pasado viernes, y otras, por su antigüedad, no podrían ser perseguidas, al menos penalmente.
El delito urbanístico prescribe a los cinco años, siempre que no se hayan iniciado actuaciones contra la construcción presuntamente ilegal.
* Hoy - M.M. - 8.02.09
Foto: Vista del paraje de Los Tercios, con viviendas cosntruidas en el entorno del emabalse de Orellana, dentro del término de Orellana de la Sierra./ALFONSO, hoy.es
Los ciudadanos podrán consultar de manera personalizada los planes urbanísticos por Internet
TERRA* : La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a través de la entidad pública red.es, y el Ministerio de Vivienda han suscrito hoy un convenio marco de colaboración para el desarrollo del Programa de Impulso al Urbanismo en Red, que permitirá a los ciudadanos consultar de manera personalizada los planes urbanísticos por Internet. De esta forma, el programa 'Urbanismo en Red' permitirá a la ciudadanía acceder, a través de Internet, a toda la información urbanística de su municipio de manera fácil, intuitiva e inmediata, así como consultar información sobre parcelas o áreas de su interés, clasificación, categorías del planeamiento y calificación del suelo.
El usuario también podrá descargar la ficha urbanística completa.
Cualquier ciudadano podrá acceder a toda esta información de dos formas: pinchando directamente sobre el mapa en la zona que desee consultar o introduciendo datos concretos referidos al planeamiento de su interés, tales como distrito postal, referencia catastral, código urbanístico, coordenadas físicas o nombre de la zona a consultar.
Además, 'Urbanismo en Red' servirá como palanca para la incorporación de empresas del sector urbanístico a la Sociedad de la Información.
El convenio suscrito nace con tres objetivos fundamentales. Por un lado, convertir el planeamiento urbanístico en información digital en todo su ciclo de vida, desde su redacción hasta su aplicación, introduciendo herramientas que faciliten su explotación y mejoren la eficiencia de gestión, y por otro lado, garantizar el acceso transparente por medios electrónicos (a través de Internet) por parte de ciudadanos y profesionales al planeamiento urbanístico actualizado.
Asimismo, el convenio pretende fomentar la interoperabilidad con distintas administraciones y agentes a través de servicios electrónicos que coloquen a la información urbanística en disposición de ser utilizada eficientemente por los diferentes interesados.
Para la consecución de estos objetivos, el convenio de colaboración prevé el desarrollo coordinado de distintas actuaciones para extender el Programa Urbanismo en Red al mayor número posible de entidades locales.
En virtud de este convenio, la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas colaborará tanto en la difusión como en la ejecución del Programa Urbanismo en Red para asegurar el máximo apoyo institucional y elaborará las herramientas informáticas que permitan la integración en el sistema de la información urbanística de forma telemática, periódica y estandarizada.
Por su parte, red.es será la entidad ejecutora del Programa Urbanismo en Red desarrollando las distintas actuaciones previstas en las entidades locales que se adhieran al programa.
Para ello, Urbanismo en Red (2009-2013) contempla una inversión de 57 millones de euros para cuatro años de ejecución, de los que red.es aportará el 70%. El resto será aportado por ayuntamientos y/o comunidades autónomas que se sumen al programa.
Los entes locales que participen en 'Urbanismo en Red' deberán suscribir un protocolo de adhesión que fijará sus derechos y obligaciones particulares en relación con el programa, que podrá articularse en torno a convocatorias públicas anuales. Estas convocatorias consistirán en la puesta en marcha de actuaciones específicas a llevar a cabo en las entidades locales.
Además, otras administraciones, organismos o asociaciones públicas podrán participar en el programa mediante la suscripción de adendas específicas.
* Terra Actualidad - Europa Press - 5.02.09
Al menos 30 imputados por presunta corrupción urbanística
SER/Madrid* : Hay 30 imputados, entre ellos alcaldes y ex alcaldes, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y fraude fiscal, y operaciones inmobiliarias. Novedades sobre el caso de corrupción que salpica a Administraciones gobernadas por el PP en Madrid y la Comunidad Valenciana. Según fuentes cercanas al caso, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Garzón han solicitado al Ayuntamiento de Boadilla, en Madrid, información sobre tres contratos, entre ellos, el expediente de la oficina de atención al ciudadano del municipio.
Adjudicación que se realizó por un periodo de 14 años a razón de medio millón de euros anuales a la empresa Easy Concept, vinculada a Isabel Jordán, una de las detenidas en esta operación. Jordán es, según fuentes municipales, la actual pareja de Enrique Galán Abad, abogado del alcalde de Boadilla. Un abogado muy marcado por la polémica. En los últimos años, la oposición ha presentado varios escritos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Madrid, pidiendo explicaciones de por qué el alcalde ha recurrido siempre a los servicios de este letrado en lugar de los muchos abogados que hay en plantilla en el consistorio, todos funcionarios, y por tanto sin coste alguno a los presupuestos.
Es más, según han confirmado estas mismas fuentes, la oposición se ha querellado ya por este asunto con el alcalde de Boadilla acusándole de malversación y prevaricación, escrito que han presentado ya ante el juzgado de instrucción número 1 de Móstoles.
Los funcionarios que acudieoron al ayuntamiento de Boadilla también solicitaron, según fuentes de la investigación los documentos sobre la adjudicación por 35 millones de euros de una parcela a la empresa UFC, que preside José Luis Uribarri.
El tercer expediente solicitado fue sobre unos locales de la empresa municipal del suelo adjudicados a una firma de Ramón Blanco, consejero de Orange Market, la marca de este conglomerado de empresas en Valencia.
Al menos 30 imputados
Cinco personas han sido detenidas en al operación policial, varias de ellas vinculadas al Partido Popular, por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La investigación judicial tiene ya cerca de 30 imputados, que prestarán declaración ante el juez Garzón a partir de la próxima semana, después de que lo hagan el lunes los cinco detenidos.
Municipios como Boadilla, Majadahonda o Paterna donde los agentes han solicitado los contratos y las adjudicaciones realizadas a este conglomerado de empresas. Se investigan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y fraude fiscal, además de operaciones inmobiliarias.
Comienzan a aflorar las primeras reacciones desde el partido. El diputado y miembro de la Ejecutiva del PP, José María Lasalle, ha asegurado en A Vivir que son dos días que en estos casos es necesaria una acción contundente desde el partido. "Si hubiera tal vinculación y aparecieran nombres del PP que son cargos [...] estas personas serán yuguladas, en el sentido de que desaparecerán del partido", ha dicho Lasalle esta mañana en la Cadena SER.
Detenidos
Entre los detenidos figuran Francisco Correa, empresario vinculado al PP, su compañera sentimental María del Carmen Rodríguez Quijano y Pablo Crespo, ex alto cargo del PP gallego y administrador único de Special Events y Viajes Pasadena, dos de las empresas investigadas.
Special Events ha organizado numerosos actos para el Partido Popular, así como para administraciones gobernadas por el PP.
* Cadena SER - PEDRO JIMÉNEZ - 7.02.2009
Foto: Boadilla del Monte, ayuntamiento - madridiario.com
Varios detenidos por presunta corrupción urbanística en Madrid
ECODIARIO* : Cinco personas próximas al Partido Popular fueron detenidas este viernes en una operación anticorrupción, por presuntos delitos de "cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita", indicó la fiscalía anticorrupción en un comunicado.La operación, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ha dado lugar a varios registros en Madrid, en las localidades de Boadilla del Monte y Majadahonda, así como en Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz).
Según los medios de comunicación, algunos de los cuales hablan de seis detenidos, uno de los arrestados es Francis Correa, jefe de una empresa que en el pasado organizó mítines del Partido Popular. Otro podría ser Antonio Rubio, un ex responsable del PP en Galicia, en donde las elecciones autonómicas están previstas para el 1 de marzo. La investigación podría apuntar a otras empresas.
El yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar (1996-2004), Alejandro Agag, negó en la edición en línea del diario El Mundo toda "vinculación empresarial o comercial" con Francis Correa, que fue testigo de su boda. "Es cierto que fue testigo de mi boda, hace 7 años, a propuesta mía y que he tenido una relación larga de amistad con él, pero hace ya mucho tiempo que no hemos tenido contacto", asegura.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP, dijo que entre los detenidos no había ningún miembro del consistorio ni ningún militante del partido. "El Ayuntamiento sólo ha recibido un requerimiento por parte del Juzgado de Instrucción 5 de Madrid solicitando una información de procedimento que el Consistorio ya ha entregado", afirmó en un comunicado.
Estas detenciones se producen mientras el PP, presa de vivas rivalidades internas, está inmerso desde hace dos semanas en un sonado escándalo de espionaje en el que podrían estar implicados algunos altos cargos de la Comunidad de Madrid.
* El Economista - Ecodiario - 6.02.09
Foto: Boadilla del Monte - aytoboadilla.com
El fiscal pide cárcel para el ex alcalde de Armilla por prevaricación urbanística
ELCORREO/Granada* : El fiscal solicita la demolición “total” del centro comercial Nevada en Armilla (Granada) por su supuesta tramitación irregular, y pide dos años de cárcel y 20 de inhabilitación para el ex alcalde, José Antonio Morales (PSOE) y el ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate, por prevaricación en la ordenación del territorio.
En su escrito de acusación provisional, el fiscal también reclama a ambos una multa de 10.800 euros y les imputa otro delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos. Para el promotor del centro, el empresario Tomás Olivo –imputado en el caso Malaya–, pide dos años y dos meses de cárcel, otros dos de inhabilitación y la misma multa. A los ocho acusados restantes –cuatro concejales, dos arquitectos, un abogado y una letrada de la Diputación– les reclama ocho años de inhabilitación.
Los hechos se remontan a 2005, cuando el Ayuntamiento de Armilla aprobó el plan parcial en el que se ubicaría el Nevada, que contó con un informe negativo de la Consejería de Obras Públicas, pese a lo cual, el edil de Urbanismo propuso llevarlo a pleno, que lo aprobó definitivamente.
En la tramitación municipal sólo constaban un informe favorable de un arquitecto externo al Ayuntamiento y dos informes jurídicos de un abogado externo y de una funcionaria de la Diputación, todos ellos acusados. No se incluían –como requirió la Junta– informes del arquitecto ni del letrado municipales, documento este último que, según el fiscal, fue “deliberadamente sustituido” por el alcalde, conocedor de que era desfavorable.
Durante todo el proceso, el Ayuntamiento “desoyó íntegramente” los requerimientos de Obras Públicas, que apreció “graves irregularidades” en la ubicación de espacios libres y contradicciones entre el plan parcial y las normas subsidiarias. La Junta de Gobierno Local aprobó la concesión de la licencia de obras.
La Fiscalía se personó en el caso a raíz de una denuncia del PP y en su escrito señala que pese a la paralización de las obras, cuando el promotor recibió autorización para realizar sólo las relativas a asegurar la estructura, éste “impartió instrucciones para proseguir normal pero ocultamente la ejecución del proyecto”. Por ello, reclama la paralización efectiva hasta el juicio y en su acusación pide la demolición total de lo construido y que se prohíba disponer de las fincas que componen el perímetro del proyecto del centro.
* El Correo De Andalucía - 6.02.09
Foto: La Fiscalía es partidaria de que la paralización se mantenga salvo obras de emergencia - Miguel Ángel Molina, laopiniondegranada.es
El Colegio de Abogados pide una revisión del proyecto de Ley de Urbanismo
ARAGÓNDIGITAL* : El Colegio de Abogados de Zaragoza se ha quejado este jueves de la excesiva complicación del texto del proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón. Además, ha señalado que esta norma, tal y como está planteada en la actualidad, nacería desfasada al no tener en cuenta ni las nuevas directivas de la Unión Europea en esta materia ni el cambio en la situación del mercado inmobiliario. Por eso, han pedido una "reflexión integral" del mismo.
Esta institución ha realizado, a petición de algunos grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón que no han desvelado, un estudio sobre los proyectos de Ley de Urbanismo de Aragón y de Ordenación del Territorio de Aragón. Sobre esta última, no han presentado quejas ya que, según ha indicado el coordinador del grupo que ha elaborado el informe, Ignacio Pemán, “está técnicamente bien, es clara y sustituye a una norma, la de 1992, que no era adecuada”. Además, ha añadido que “la LOTA se ajusta a las nuevas directrices de la Unión Europea”.
Errores en la Ley de Urbanismo
En cambio, el Colegio de Abogados ha reclamado una reflexión integral del proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón. Ignacio Pemán ha detallado que, en primer lugar, esta norma es una adaptación de la ley estatal que “nace como una restricción de la liberalización del suelo plasmada en la norma anterior y que busca dotar al urbanismo de sostenibilidad en un momento de burbuja inmobiliaria”. En ese sentido, el coordinador del estudio ha matizada que en el momento en que se aprobó esta norma era correcto tomar estas medidas pero ha agregado que el sector inmobiliario está en crisis y “es un factor que se debe tener en cuenta”. “Ahora hay que pensar más en cómo actuar en la ciudad consolidada”, ha explicado.
Por otro lado, Pemán ha apuntado que el texto de este proyecto de ley no contempla las directivas de la Unión Europea en esta materia. “Si en la UE va a haber un cambio hay que hacer mención a él en la Ley Autonómica porque si no nace desfasada”, ha puntualizado. Por último, se ha quejado de la redacción del texto “muy enmarañado, con párrafos largos y muchos gerundios”. Para Pemán, esta característica va en contra de la claridad que exigen las Comunidades Autónomas para su normativa y, en especial, “cuando se va a producir un cambio en la tradición urbanística”. “Urge claridad en la redacción y en el contenido”, ha concluido.
Por su lado, el diputado tercero de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, Fernando Sáinz de Varanda, ha explicado que es necesario corregir estos errores para dotar de mayor seguridad jurídica al texto y para ampliar la vida de la Ley y que no haya que modificarla en un breve espacio de tiempo.
Proyectos supramunicipales
Por último, los representantes del Colegio de Abogados han tenido una mención especial para la figura de los proyectos supramunicipales, aquellos que por ser de interés general para la Comunidad Autónoma pasa a gestionarlos ésta en lugar de la institución municipal correspondiente. Esta figura se fragmenta entre los dos proyectos de ley y Pemán y Sániz de Varanda han coincidido en destacar la importancia de que se restrinja a uno de los dos textos, precisamente para ganar en seguridad.
* Aragón Digital - 5.02.09
Foto: Zaragoza, Cortes Aragón - expozaragoza2008.es
La justicia declara ilegal el crecimiento urbanístico de Tres Cantos
MADRIDDIGITAL* : El juzgado de lo contencioso - administrativo nº15 de Madrid ha anulado, por ser contrario a derecho, el convenio urbanístico con la constructora FCC aprobado por el ayuntamiento de Tres Cantos, con los votos de PP y TCU en el pleno celebrado el 15 de abril de 2005.
El convenio urbanístico firmado por el ayuntamiento de Tres Cantos y la constructora FCC para el desarrollo urbanístico de la ciudad es nulo, según sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 15 de Madrid que acaba de hacerse pública.
El texto del fallo judicial da así la razón a las reservas expresadas por el PSOE de Tres Cantos desde hace tiempo respecto de la legitimidad del proceso de adjudicación a FCC, estima el recurso interpuesto en su momento por los socialistas tricantinos y afirma textualmente: “Debo anular y anulo, por contrario a derecho, el convenio urbanístico aprobado por el pleno del ayuntamiento de Tres Cantos en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 15 de abril de 2005”.
El PSOE tricantino viene temiendo desde hace años que la gestión urbanística de la ciudad no se ha realizado con la transparencia debida y conforme a la legalidad, y ha expresado reiteradamente su preocupación por el hecho de que el interés de los ciudadanos haya quedado supeditado a otros intereses particulares. A falta de reacción por parte del alcalde y su equipo, el PSOE puso su inquietud y su información en manos de la justicia, y el tiempo parece estar dándole la razón.
“Desde el principio hemos hecho saber al alcalde, a los vecinos y a la justicia nuestras dudas sobre la legalidad y la integridad del desarrollo urbanístico que ha seguido Tres Cantos en los últimos años”, afirma Miguel Aguado, portavoz del PSOE de Tres Cantos. “Siempre hemos denunciado que el PP, en coalición con De la Poza primero y luego en solitario, pero siempre recayendo la responsabilidad del urbanismo en concejales del PP, ha hecho prevalecer los intereses de los que especularon con el suelo, los que aspiran a construir y sobre todo los intereses de FCC, por encima de los intereses de los ciudadanos. La muestra es que los adjudicatarios de las 1.000 viviendas se quejan de engaño y que no hay ni un metro cuadrado para cooperativas de viviendas, como siempre hemos dicho”, concluye Aguado.
* Madrid Digital - santiQ - 6.02.09
Foto: Tres Cantos - wikipedia.org
Guerra al fraude en la VPO
ELPAÍS* : La vivienda protegida siempre ha sido un caldo de cultivo para el fraude. La creencia de que es una lotería con la que se puede especular es una realidad. No hay más que bucear en Internet para encontrar mensajes como el de Manuela. "Me han ofrecido un piso de protección oficial, tiene 14 años. Quisiera saber las ventajas e inconvenientes que puede tener en el momento de comprarlo y en su posterior venta".
Los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Boadilla del Monte o Rivas-Vaciamadrid, y las comunidades de Madrid, Aragón o País Vasco, entre otras, tratan de garantizar que ninguna de las viviendas protegidas que construyen sea ocupada por personas distintas de las adjudicatarias, que se venda o alquile de manera irregular, o que permanezca vacía.
El Ayuntamiento de Madrid creó en 2005 un servicio de inspección de su parque de viviendas en venta y alquiler. Ha detectado fraude en el 2% de las casas. "Creemos que el grueso del fraude ya ha salido", dice Pablo Olangua, el responsable del Sivim. El servicio ha realizado 353.984 inspecciones a los 22.600 pisos promovidos por el Ayuntamiento o de propiedad municipal. Se han detectado 2.675 incidencias, de las que se han archivado 2.121 y se han abierto 484 expedientes para estudiar la interposición de la demanda judicial y volver a adjudicarlas.
Hasta la fecha se han recuperado 51 viviendas. Una de ellas es la que se adjudicó en 1993 al padre de María, que fallece en 2002. En 2004 María (la heredera) y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid elevaron a público el contrato privado de compraventa. Tras repetidas inspecciones se comprueba que la vivienda permanece desocupada. Y así lo manifiestan los vecinos. Se envían dos requerimientos a María, en los que se solicita que aporte facturas de los consumos de suministros. No hace caso y se presenta una demanda. La sentencia concluye que alquiló la vivienda a una tercera persona.
La irregularidad que más se repite, en el 63% de los casos, es que la vivienda se encuentra vacía. O que reside en ella una persona distinta del adjudicatario (25%). En un 5% de los casos el propietario ha fallecido y en otro 5% la persona que abre la puerta no facilita datos.
Dos decenas de inspectores realizan visitas aleatorias en viviendas seleccionadas al azar. Dice Olangua que todas las viviendas son inspeccionadas un mínimo de dos veces al año. Sin embargo, en la práctica no es así. De hecho, hay una promoción en Las Tablas que no ha recibido la visita de los inspectores. Hay vecinos que se acaban de trasladar. Sus casas han estado vacías un año.
También se realizan visitas motivadas por las quejas o reclamaciones de vecinos -ha crecido el número de denuncias por correo electrónico-. Los inspectores van uniformados y en pareja. "La gente se ha ido concienciando, ya conoce a los inspectores. Al principio había quejas de los vecinos porque las visitas les incomodaban", dice Olangua. El servicio es gestionado por Conurna Consultores, que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros anuales.
Persianas, buzones...
Si se observa un indicio de irregularidad en la primera visita o si nadie abre la puerta se realiza alguna más. Si no se contacta con el adjudicatario se manda un requerimiento para que acredite consumos de luz, agua y gas. También se comprueba que esté empadronado -tiene un mes-. Otras evidencias: persianas siempre bajadas, el buzón lleno de correspondencia. Los conserjes son una pieza clave. Si se detecta una irregularidad se inicia un trámite contencioso de reclamación y se interpone la demanda en el juzgado.
Es muy común que los titulares de una vivienda protegida la cedan a familiares o amigos de manera gratuita o que la alquilen o subarrienden fuera del marco legal. El negocio es redondo. Por un piso de cuatro dormitorios, la EMVS pide un alquiler de entre 300 y 500 euros. El propietario puede llegar a pedir más de 900 euros y por una habitación se solicitan 400 euros. Otro fraude es vender la vivienda sin estar autorizado y pedir importe que el comprador paga en negro.
En Boadilla del Monte funciona el mismo modelo de inspección desde hace dos años. De las 500 viviendas municipales que han sido revisadas, se ha abierto expediente a cinco, que están pendientes de fallo judicial, explica Alfonso Bosch, gerente de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de esta localidad. Se han recuperado dos viviendas, que ni siquiera tenían dada de alta la luz. En esta localidad, los dos inspectores acuden a los sorteos de viviendas para que los próximos adjudicatarios los identifiquen.
La Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid lanzó hace siete meses un servicio de inspección para evitar el fraude en las viviendas de protección pública en alquiler construidas por esta entidad, cerca de 400. Hasta la fecha, ha abierto siete expedientes de resolución de contrato por vivienda desocupada. Y uno se ha trasladado al juzgado para iniciar el proceso de desahucio. Con otro inquilino se han iniciado también los trámites de desahucio por realquiler de vivienda. En este caso, se ha remitido a la Comunidad de Madrid, organismo competente en materia sancionadora.
170 desahucios
El parque municipal de vivienda en alquiler de Bilbao se inspecciona desde 2004. Durante 2008 se han resuelto judicialmente 44 contratos por subarriendo, cesión, etcétera. El Ayuntamiento de Barcelona realizó el año pasado 948 inspecciones sobre un parque de 5.500 viviendas. El resultado son 79 expedientes contenciosos.
Respecto a la Comunidad de Madrid, el Instituto de la Vivienda de Madrid gestiona un patrimonio de más de 23.000 pisos públicos en régimen de arrendamiento, así como plazas de garaje (22.000) y locales comerciales (2.000). También tiene un servicio de inspectores para luchar contra las ventas y los subarriendos ilegales, las ocupaciones irregulares o los impagos. Realizó en 2007 más de 15.000 visitas a sus inmuebles y en 2008 se han llevado a cabo casi 16.000 inspecciones. Como resultado, se han abierto 467 expedientes y se han ejecutado más de 170 desahucios de ocupantes de viviendas de las que no eran ocupantes legítimos. El Ivima ultima la creación de un protocolo de actuación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para agilizar la lucha contra las ocupaciones ilegales en su patrimonio.
En 2003 el Gobierno vasco creó el servicio de inspección para el buen uso de la vivienda protegida. Desde entonces, ha inspeccionado 35.509 viviendas de un parque de unas 55.000, ha puesto sanciones por valor de 1.023.338 euros, y recuperado 55 casas.
El Gobierno de Navarra remitirá en 2009 y 2010 más de 2.000 requerimientos a propietarios para comprobar que las casas están ocupadas, además de las inspecciones que se realizarán a infractores de años anteriores y a otras 200 viviendas seleccionadas cada año de forma aleatoria. El fraude en Navarra no supera el 2,4%.
* ELPAIS.com - SANDRA LÓPEZ LETÓN 06/02/2009
Foto: Solicitantes de viviendas protegidas en la oficina de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid.- BERNARDO PÉREZ, elpais.com
Urbanizar o des-urbanizar
DIEGO FULLAONDO/Madrid* : La Operación Chamartín me resulta antipática. Para los no capitalinos diré que consiste en una gigantesca operación urbanística que reconfigurará la totalidad del extremo norte de Madrid, aprovechando básicamente el espacio resultante del soterramiento de una gran parte de las infraestructuras ferroviarias de la Estación de Chamartín. Prolongación de varios kilómetros de Castellana, nuevos nudos de comunicación de todo tipo, millones de metros cuadrados de urbanización, miles de viviendas, de oficinas, de equipamientos de toda índole…
Y miles de millones de euros de inversión, por supuesto. Cifras descomunales que es muy difícil incluso imaginar. Después de 15 años de disputas y trifulcas de todo tipo, parece que el plan por fin se pondrá en marcha durante el año 2010.
La verdad es que no conozco los entresijos ni del proyecto ni de los durísimos conflictos que ha ido generando a lo largo de todos estos años. Supongo que un movimiento de intereses y dinero de estas dimensiones estará lleno de porquería hasta las orejas. Pero no es este el motivo ni del artículo, ni de mi extraña y ligeramente infundada sensación de rechazo hacia este macroproyecto.
Encuentro tres explicaciones a mi negativa predisposición a aplaudir la aprobación del monstruo:
1.- La primera es el hartazgo de 15 años de peleas diversas, en absoluto motivadas por generar el mejor proyecto posible para la ciudad, sino simplemente por ver quién se llevaba los duros. Como técnico me sigue pareciendo totalmente irracional que el valor del suelo dependa de un acto administrativo. Si además la financiación de la propia Administración depende de ese acto, el problema, además de absurdo, se convierte en circular. A esto hay que añadir a los llamados reversionistas: gente que entiende que, como las antiguas huertas de sus padres o abuelos fueron expropiadas para hacer vías de tren, y ahora se va a construir sobre ellas otra cosa mucho más lucrativa, ellos también tienen derecho a una parte de la tarta. No sé quién tiene razón. Ni me importa lo más mínimo. Pero como me dijo un amigo hace unos días: ¿hasta cuándo se mantienen estos nuevos derechos inalienables del individuo y herederos? ¿eternamente?
2.- La segunda explicación tiene que ver con el proyecto en sí mismo (con lo poquito que se conoce en realidad). Me parece recordar que Ricardo Bofill (padre, claro) tuvo bastante que ver con las líneas generales del mismo. Al menos en sus fases iniciales. El rotundo y barroco (me refiero en este caso al histórico, siglos XVII y XVIII más o menos) trazado de la elipse principal responde a la perfección a los planeamientos versallescos tan del gusto de la capital de Francia. Parece ser que la operación de la Defense de París y su prolongación posterior han servido de modelo a seguir. En ese caso, objetivo conseguido. Flirteos aquí y allá para darle un toque de contemporaneidad a la marcial ordenación, y listo: ya tenemos Madrid para los próximos 30 años. Estaba mal ya hace 15 años, con lo que imagínese ahora.
3.- Y hablando de ahora… ¿tiene algún sentido planear un crecimiento de la ciudad de esta magnitud? El ritmo de crecimiento de población de las grandes ciudades occidentales hace muchos años que no aumenta con la intensidad de antes. Muchas urbes están incluso perdiendo población. Creo que es muy posible que la crisis actual acentúe este proceso. Es muy posible que se produzca un fuerte movimiento migratorio de salida de las ciudades durante las próximas décadas. La tecnología, las nuevas estructuras del trabajo, los inconvenientes evidentes de las enormes aglomeraciones urbanas y un sinfín de factores más, hacen que la gran ciudad ya no sea tan atractiva como lo era en la mitad del siglo XX. Ni tan necesaria. Ni tan segura. Más bien todo lo contrario. Es sólo una idea, pero es posible que en lo que convenga empezar a cavilar es en des-urbanizar, en lugar de urbanizar.
La población total del planeta seguirá creciendo. La medicina se encargará de eso (a no ser que se produzca algún cataclismo o algún giro drástico de nuestros principios morales más profundos, en lo que es preferible no pensar). Lo que se va a modificar significativamente es su forma de implantarse en el territorio para garantizar su supervivencia y su máximo bienestar. No creo que la rígida dicotomía entre población urbana y población rural sea la respuesta. La tecnología digital posibilita la aparición de situaciones híbridas que a un tiempo mantienen los beneficios fundamentales de la vida en la ciudad a la vez que recupera muchos de los valores precipitadamente abandonados de la vida en el campo (se produzca esto por razones de ocio y divertimento o, quién sabe, puede que muchos, por pura necesidad tengamos que volver a cultivar la tierra).
Desde mi punto de vista más que insistir en voluntariosos crecimientos megalómanos de nuestras ciudades, podríamos empezar a planificar dos cosas:
a) Nuevas formas de asentamiento, más ligeras y rápidas de ejecución; de escala moderada; más parecidas a campamentos nómadas o temporales que a auténticas ciudades; dotadas de todos servicios básicos y, sobre todo, de la máxima tecnología digital; y en contacto directo de nuevo con las actividades denominadas primarias.
b) Des-urbanizar progresivamente nuestras ciudades para adaptarlas a sus nuevas densidades de población, a las nuevas necesidades y a las nuevas formas de vida. Quién sabe si convendría simplemente empezar a demoler aquello que manifiestamente esté infrautilizado para generar urbes con más vacíos y agujeros que pudieran ser aprovechados para otras actividades. Es posible que la salvación del cadáver en que se están convirtiendo nuestras ciudades sea hacerlas permeables para que el campo, la naturaleza, se cuele por todos sus poros hasta que alcance una nueva situación de equilibrio (también temporal, por supuesto).
* Diego Fullaondo es arquitecto y uno de los directores del estudio IN-fact arquitectura
* SOITU.es - Opinión - 4.02.09
Las irregularidades urbanísticas salpican a media provincia
IDEAL/Granada* : El mapa de los puntos negros del ladrillo tuvo el año pasado 75 lunares repartidos por toda la provincia. La Delegación de Vivienda y Urbanismo de la Junta abrió a lo largo de 2008 un total de 162 expedientes por supuestas irregularidades urbanísticas en 75 municipios, prácticamente media provincia.
Las denuncias parten de los agentes del Seprona, de particulares, de los propios ayuntamientos o del equipo de inspectores que tiene la Junta en Urbanismo y Medio Ambiente. Muchas de ellas terminarán en los juzgados, en pleitos que durarán años.
Aunque hay casos de envergadura -promociones con decenas de viviendas-, la mayoría de los expedientes se originan por aparentes menudencias: la recurrente casa de aperos que se convierte en chalé de lujo.
Todas estas agresiones van esquilmando el territorio con desmontes ilegales y ocupación de zonas verdes y terrenos protegidos. Entre los 162 expedientes hay edificaciones ilegales en polígonos industriales, supuestas naves agrícolas que superan en metros construidos el 50% de la licencia, obras que han ocupado ramblas o espacios protegidos, otras que invaden el dominio público y movimientos de tierra sin autorizar.
Pero también hay una gran cantidad viviendas con licencia o ya construidas sobre las que ahora planea un futuro incierto. En total, 698. Un número que en realidad es muy superior, ya que muchas de las actuaciones recurridas lo que pretenden es urbanizar terrenos para edificar encima.
A efectos numéricos, los municipios que acumulan más expedientes son Benalúa (9), Almuñécar (8), Órgiva (7), Atarfe (6) y Loja (7). Aunque estas estadísticas no se corresponden necesariamente con la magnitud.
Salobreña tuvo el año pasado 5 denuncias, pero con relevancia. Uno de los proyectos afecta a la construcción de 40 viviendas residenciales en el Monte de los Almendros y otro a una promoción de 192 pisos y garajes.
En la Costa
La operación más ambiciosa de las que figuran en las estadísticas de Urbanismo se localiza en Gualchos. Uno de los expedientes abiertos por la Delegación de Vivienda -todavía en tramitación en Sevilla- afecta a la concesión de licencia para 72 viviendas repartidas en tres bloques, 30 adosadas y 67 plurifamiliares en Castell con aparcamientos.
En Almuñécar hay una denuncia del Seprona por la edificación de 15 unifamiliares en Cotobro, un expediente por la construcción de un residencial en el camino de Río Seco sin ajustarse supuestamente al planeamiento y un convenio urbanístico afectado por posibles irregularidades.
La práctica totalidad de los expedientes están aún a expensas de lo que decida la Dirección General de Ordenación del Territorio. 28 denuncias se encuentran en tramitación y hay un caso con diligencias abiertas en el juzgado número 6 de Granada, que investiga las supuestas irregularidades en un residencial de Atarfe donde presuntamente no se ha respetado su uso original, destinado a mayores de sesenta años y minusválidos.
* Ideal - QUICO CHIRINO - 5.02.09
Foto: Los inspectores intentan frenar los desmanes urbanísticos. /IDEAL
Detenidos el alcalde de Castro y el concejal de Obras por supuestos delitos urbanísticos
ELCORREO/Cantabria* : Castro Urdiales se despertó ayer con la enésima vuelta de tuerca en la investigación judicial abierta sobre supuestas irregularidades en la gestión urbanística que sacude al municipio. El alcalde, Fernando Muguruza, y su antecesor y actual edil de Obras y Servicios, Rufino Díaz Helguera, fueron arrestados por la Guardia Civil por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos.
El regidor -antiguo militante del Partido Regionalista de Cantabria y tránsfuga desde 2007-, está imputado en otras ocho causas, pero nunca hasta ayer había sido detenido. En esta ocasión, los cargos que pesan sobre el primer edil y su socio de gobierno -expulsado del PSOE y que formó el partido Acuerdo por Castro- están relacionados con su decisión de permitir la construcción de varias urbanizaciones sobre un arroyo, según informaron fuentes de la investigación.
Ambos políticos fueron puestos en libertad con cargos tras declarar durante dos horas. No obstante, se prevé que, tras revisar el atestado policial, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 les haga comparecer en las próximas horas.
Tanto Muguruza como Díaz Helguera tuvieron que aclarar diversos aspectos técnicos sobre la gestión de la zona de Santa Catalina, donde al menos tres urbanizaciones han quedado en entredicho. Y eso que todas contaron con las preceptivas licencias municipales. En este sentido, el magistrado entiende que fueron levantadas sobre terrenos considerados de dominio público hidráulico sin advertir de ello a los compradores.
Ante la situación que le tocó vivir ayer, el alcalde aclaró que tiene «la conciencia tranquila» al haber actuado «siempre conforme a lo que se me ha indicado desde los servicios técnicos y jurídicos». «Y siempre con la intención de hacer las cosas bien por mi pueblo». Además, Muguruza se declaró «inocente».
El regidor también adelantó que no dimitirá «bajo ningún concepto». «No he hecho absolutamente nada digno de vergüenza. El dar un paso atrás sería añadir un daño nuevo a todas las injusticias que ya estoy sufriendo», apuntó. Ahora bien, «si mis compañeros de equipo -Acuerdo por Castro y PP- deciden que es conveniente dar paso a una nueva situación política, con que ellos me lo pidan, lo haría. Pero no deberíamos hacer cambios», añadió.
«Vergüenza» vecinal
Casi acostumbrados a la espiral de detenciones e imputaciones a los políticos locales desde el pasado mes de marzo, los vecinos de la localidad se movían ayer entre la «vergüenza» y la «decepción». Y es que la investigación ha condicionado la vida municipal en muchos aspectos y ha empañado la imagen de Castro. Muchos se preguntan si, con tantos asuntos judiciales pendientes, los ediles tienen tiempo de preocuparse de los auténticos problemas locales.
La detención de dos promotores a principios de diciembre destapó la investigación judicial que se desarrollaba por el proyecto urbanístico en Santa Catalina. Los arrestados eran responsables de la construcción de una promoción de 53 viviendas, llamada 'Boulevard' y levantada por la empresa Urdicam. En esa operación también fueron detenidos los dos arquitectos de la firma, aunque luego quedaron en libertad. A los cuatro se les acusaba de haber construido el inmueble sobre un arroyo. Una treintena de familias, que ya habían firmado las escrituras, resultaron afectadas.
Apenas unos días después, la Guardia Civil arrestaba al ingeniero de caminos de Dirsur, F.J.L., empresa contratada por el Ayuntamiento en la pasada legislatura para elaborar el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana. También apresó al ex arquitecto municipal Pedro Restegui, a éste por segunda vez. Al parecer, ambos técnicos realizaron una modificación en el plan parcial que afectaba a la zona de Santa Catalina, donde se levantó el edificio 'Boulevard'.
Pronto la Policía Judicial amplió sus pesquisas a otras dos promociones próximas al inmueble, 'Paraíso XIX' y 'Santa Catalina', que estarían asentadas sobre el mismo arroyo. Los dos responsables de la empresa Viviendas y Promociones Cotolino declararon la semana pasada por un supuesto delito de estafa y otro contra la ordenación del territorio.
Hubo una tercera persona citada que desempeña el cargo de gerente de Inmobiliaria Izarra-Promociones Paraíso. Y, por idéntico motivo, es objeto de la investigación abierta en relación a la promoción 'Paraíso XIX', aún en construcción, aunque no vendió ninguno de los 21 pisos previstos.
* EL Correo Digital - SONSOLES ZUBELDIA - 5.02.2009
Foto: Castro Urdiales - wikipedia.org
El Tribunal Superior ordena demoler una casa de la asesora de Urbanismo de Nigrán
LAVOZDEGALICIA/Vigo* : La funcionaria que se encarga en Nigrán de velar por la legalidad de los asuntos de materia urbanística posee una vivienda construida de manera irregular sobre la que pesa una sentencia firme de derribo desde el pasado mes de octubre.
La asesora jurídica del departamento de Urbanismo, María del Carmen Iglesias Rial, y miembros de su familia construyeron un bloque de tres viviendas adosadas cerca de los arenales de Praia América, en San Pedro de A Ramallosa, conforme a una licencia que fue mal concedida por el Ayuntamiento porque no respetó el requisito de parcela mínima estipulado en las normas subsidiarias de planeamiento.
Las viviendas fueron levantadas sobre un solar de 603 metros cuadrados cuando hubieran sido necesarios al menos 1.200 metros (400 por vivienda) para ajustarse a la legalidad, según corrobora otro informe de disciplina urbanística de la Xunta de Galicia.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado un recurso de apelación que fue interpuesto por el Concello de Nigrán y los interesados -María del Carmen Iglesias Rial y dos cuñados de esta funcionaria- contra la primera sentencia dictada el 30 de diciembre del 2004 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo.
Dicho fallo judicial anuló la licencia por ser contraria a la normativa urbanística vigente y condenó al Ayuntamiento a demoler la edificación por incumplir la parcela mínima prevista en la ordenanza 6 del planeamiento de Nigrán.
Propuesta
Los familiares de la asesora urbanística de Nigrán han presentado una propuesta para intentar no destruir la edificación, consistente en convertir las tres viviendas adosadas en una sola. Su abogado manifestó ayer que lo ilegal son las tres viviendas, pero que se podría mantener la edificación porque consideran que no es contraria al planeamiento.
Se amparan en un apartado del último fallo judicial en el que se expresa que, anulada la licencia, se impone la orden de demolición, «sin perjuicio de que el promotor pueda promover la obtención de una nueva licencia para una única vivienda, acreditando el cumplimiento de los parámetros urbanísticos, lo que tal vez permita el aprovechamiento de lo edificado».
Para la funcionaria María del Carmen Iglesias Rial, el origen del problema es un error en la redacción de las normas de planeamiento, puesto que en la unidad de actuación donde está su vivienda se omitió la excepcionalidad del requisito de parcela mínima presente en el resto de los ámbitos.
Los propietarios de la vivienda podrían pedir una indemnización al Concello si finalmente tuvieran que llevar a cabo las obras de demolición para ajustarse a la legalidad.
Sin embargo, existe otra sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, a raíz de la denuncia de otra vecina, que señala que las obras que se realizaron tampoco se ajustaron a la licencia que fue concedida, cuestión en la que podría ampararse el Ayuntamiento para evitar el desembolso.
El lugar donde se construyeron estas viviendas era un antiguo parque público, una superficie arbolada con mesas y bancos muy utilizado por los vecinos, que el Ayuntamiento decidió sacar a subasta pública para generar ingresos.
Los vecinos del barrio de Area perdieron así un espacio verde y todavía hoy continúan lamentándolo. «Había unos olmos que daba gusto verlos», recordaba ayer Ángel Díaz Rial, vecino del barrio.
* La Voz de Galicia - Alejandro Martínez - 5.02.2009
Foto: Un vecino muestra el parque público que existía antes de que se construyera la edificación a sus espaldas - lavozdegalicia.es
Jerez: Anticorrupción requiere todo tipo de documentación en Urbanismo
DIARIODECÁDIZ* : Fiscalía y Udyco prosiguen con el desarrollo de un amplio operativo 'anticorrupción' en la ciudad y ayer mismo, según ha podido contrastar este periódico a través de diversas fuentes, irrumpieron funcionarios públicos en la Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, antigua Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), para solicitar a los técnicos de la concejalía que dirige actualmente Juan Pedro Crisol todo tipo de documentación seleccionada y relacionada con el grueso de convenios urbanísticos rubricados en los últimos años.
Probablemente, han señalado, esta petición de documentos también se esté llevando a cabo en empresas que han venido trabajando con el Consistorio jerezano. La investigación, según han venido manteniendo en días atrás fuentes del gobierno local, arrancó con el cese de Pacheco a manos de la alcaldesa, Pilar Sánchez, en marzo de 2007. La regidora denunció a la Fiscalía presuntas irregularidades en la gestión del ex alcalde y la investigación sigue su curso.
No obstante, se ha sabido que el rastreo "a conciencia" de la gestión urbanística seguida en el Consistorio durante los últimos tiempos es el principal leit motiv que impulsa el "singularísimo" expediente abierto por la Fiscalía, que además incluye otras causas -se habla de un total de cinco- como el 'caso Jerecom' y la trama de empresas satélites que, entre otras cosas, presuntamente facturaban a la GMU por duplicado y cobraban por obras no ejecutadas; y la denuncia que ya ha cursado el Juzgado de Instrucción nº3 por supuestas contrataciones irregulares de dos colaboradores de Pedro Pacheco que cobraron unos 200.000 euros sin justificar contrapartida o trabajo alguno.
Mientras los grupos políticos han declinado en todo momento pronunciarse de forma abierta hasta tanto en cuanto no avance o culmine la investigación, lo cierto es que el operativo ha solicitado en Urbanismo "todos los convenios urbanísticos y numerosa documentación sobre obras y promociones concretas". En este sentido, ha podido saber este medio, los funcionarios han requerido en los convenios la fecha de solicitud de licencias; la fecha de concesión de dichas licencias; el registro de petición de primera utilización y la fecha en la que se concedía. Igualmente, se ha solicitado información sobre "el objeto concreto de lo que se convenía". Este periódico ya adelantó que Fiscalía y Udyco habían solicitado a altas instancias municipales todo tipo de documentación relacionada con algunos de los convenios más importantes rubricados en los últimos años, como puedan ser las modificaciones puntuales de Croft, Carrascal, Ikea o acuerdos firmados sobre los suelos de La Norieta (sector 34).
En este punto, diversas fuentes insisten en el entronque que toda esta investigación pueda tener con la 'Operación Karlos', que destapó una presunta trama fraudulenta a Hacienda y Seguridad Social. De hecho, cuando van a cumplirse tres años de aquella operación, no está de más recordar que ya en aquel momento IU solicitó una investigación por las posibles extensiones urbanísticas del caso 'Karlos' y señaló directamente a la figura de José Luis López, empresario ubriqueño detenido en esta operación y puesto en libertad con cargos aunque sin fianza, y su vínculo con el polémico desarrollo de La Norieta, la segunda fase de un parque empresarial gestionado precisamente por la empresa Jerez Ciudad de Negocios, de la que López es consejero. Dicho grupo político puso de manifiesto el bajo precio de venta mediante el cual el empresario adquirió la parcela -72 euros el metro- en relación con el que llegaron a alcanzar otras zonas con menor proyección que La Norieta, con precios que rondaron los 160 euros por metro. Lo es evidente es que Fiscalía y Udyco están profundizando en las posibles causas abiertas y trabajando a destajo en una investigación que se prevé larga.
* Diario de Cádiz - Francisco Sánchez Múgica / Jerez / A. V. / F. S. M. - 5.02.2009
Foto: Funcionarios municipales sacan documentación de la GMU, el día de la ruptura del pacto PSOE-PSA en marzo de 2007. - diariodecadiz.es
