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LAOPINIÓN/Málaga* : El déficit acumulado por el Ayuntamiento de Marbella asciende a los 2.669 euros por cada uno de sus 132.662 habitantes. En total, un desequilibrio financiero de 335 millones de euros, según el último informe del Tribunal de Cuentas, que abarca el periodo comprendido entre 2002 y abril de 2006.
Se cierra, de algún modo, capítulo, pero con la vista puesta en el lastre acumulado y en los modos de salir del embrollo. Se da la paradoja de que el ´agujero´ sale a relucir justo cuando el ´caso Malaya´, el detonante de todo, ha entrado en su segunda fase en esta semana.
El referido documento, que fiscaliza la última etapa de los 16 años de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), aporta conclusiones "demoledoras" para los intereses de la ciudad y confirma "el claro atentado" que se cometió en esta etapa "contra el patrimonio de Marbella y sus ciudadanos", aseveró ayer la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz.
Endeudamiento. En este periodo, las arcas municipales acumularon un endeudamiento financiero de 31,5 millones de euros, sin contar los intereses, y sumaron hasta 20,9 millones en facturas bajo el epígrafe de "a justificar". "Se trata de una práctica muy utilizada para atender todo tipo de operaciones sin que existieran condicionantes objetivos que impidiesen su tramitación ordinaria", indica el texto.
Los gestores financieros del Consistorio marbellí en aquel momento dejaron de cobrar 203,7 millones de euros, la mayoría procedentes de enajenaciones de aprovechamientos urbanísticos, derivados de convenios valorados en 69 millones. Del total de los derechos pendientes de cobro, el Tribunal de Cuentas calcula que 96,6 millones ya pueden estar prescritos. De este hecho, Muñoz deduce que, "además de gastar sin ningún control", las anteriores corporaciones municipales "no supieron recaudar ni generar recursos". Aunque, sí organizar un entramado societario, según revela el informe.
Entre 2002 y 2006, el Ayuntamiento mantuvo una organización de entidades dependientes formada por tres organismos autónomos y 31 sociedades mercantiles. Sólo nueve de ellas ejercían su actividad al final del ejercicio fiscalizado, a pesar de que la plantilla se incrementó en 388 puestos en el Ayuntamiento y 174 en las sociedades municipales hasta superar, en total, los 3.000 trabajadores. Este aumento del personal, que no pasó por convocatorias públicas, produjo una subida en los gastos de este capítulo, que llegaron a suponer el 75% del presupuesto municipal.
El órgano fiscalizador determina que se contrataron obras y suministros a empresas como Brick, Grupo Instaladora, Copasur o Moguda por valor de 21,8 millones que supusieron un perjuicio de 17,4 millones de euros para las arcas municipales, al responder a partidas indebidamente justificadas u obras carentes de proyecto.
Asimismo, asegura que se firmaron un total de 98 convenios urbanísticos y se gastaron 14,8 millones en asesores, entre ellos, José María del Nido, que recibió, en 20 meses, 3 millones de euros.
* La Opinión de Málaga - PRINCESA SÁNCHEZ - 20 de febrero de 2008
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es
Marbella: El GIL acumuló una deuda de 2.699 euros por habitante
Oviedo: Icomos defiende el rigor e independencia del estudio
LAVOZ* : Parece que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) está más que acostumbrada a las críticas de los políticos que reciben varapalos, como es el caso del Ayuntamiento de Oviedo con la dura reprimenda lanzada por un informe redactado por esta entidad y que ya está en manos de la Unesco, a la que se recomendó "incluir los bienes inscritos en el municipio, sobre todo los constituidos por la Cámara Santa y San Julián de los Prados, en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro en tanto que no se retire la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo", referente a las trillizas.
Desde Icomos se reafirmó la independencia y rigor del documento y se aseguró que la lista roja de la Unesco "existe", aparte de la propia de Icomos. Se recordó, además, que sólo una ciudad europea estuvo incluida entre el 2004 y el 2006, la alemana Colonia, por un plan parecido a las tres torres de Calatrava.
Desde la organización se tumbaron todos los argumentos ofrecidos ayer por la mañana por el edil de Urbanismo, Alberto Mortera, para atacar el informe y la entidad. De este modo, se aseguró que son muchos los políticos de España que les acusan de estar politizados cuando una resolución no les conviene. "Nos pasó lo mismo con IU en Córdoba, con el PSOE en Ibiza, con el PP en Avila y con Coalición Canaria en La Laguna", se indicó desde la entidad. "Recurren a este argumento cuando ya no les queda otro para defender su propuesta". Sobre la fecha, "cercana a las elecciones" según afirmó Mortera, se aclaró que se ha presentado el estudio justo en el momento de conocer la propuesta del ayuntamiento y, por lo tanto, ha sido el consistorio el que ha marcado el calendario del proceso.
Otro punto usado por el popular para atacar a Icomos fue que el documento ha sido redactado por una sola persona. Se explicó que, en efecto, fue una sola persona "la que acudió a Oviedo a realizar la labor de campo" que recayó sobre el profesor de Historia de la Universidad de Sevilla Víctor Fernández Salinas; "pero el informe es un documento colegiado por toda la entidad y se encarga de su redacción el comité de Madrid". En el informe de Icomos se señaló que "no hay antecedentes en el urbanismo democrático de una acción como la que se plantea a una distancia tan corta de una catedral, centro histórico o bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial".
* La Voz de Asturias - 20/02/2008 - A. FUENTE
Foto: Oviedo, ayuntamiento - wikipedia.org
El fin del 'boom' inmobiliario abre una batalla legal entre promotores y alcaldes
EXPANSIÓN* : El número de litigios entre los promotores inmobiliarios y las administraciones locales se ha disparado con el fin del boom del sector de la vivienda. Se ha iniciado una batalla legal que radica en que cada vez más empresas se niegan a pagar a los ayuntamientos la tasa por prestación de servicios urbanísticos y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Ni por la tramitación y aprobación de Planes Parciales ni por los proyectos de urbanización o de reparcelación derivados de la ejecución de dichos Planes.
En la última década era más que habitual el cobro de estas tasas en multitud de ayuntamientos, aunque la jurisprudencia las declarase “reiteradamente” ilegales. Los promotores inmobiliarios consentían abonarlas, “puesto que los números les seguían saliendo y trataban de evitar cualquier confrontación que pudiera retrasar u obstaculizar sus desarrollos urbanísticos y promociones”, asegura Carlos Peña, socio de Urbe Asesores, bufete especializado en Derecho Urbanístico e Inmobiliario.
Ahora, el delicado estado del sector, en crisis de rentabilidad, ha dado un vuelco considerable a la situación y las promotoras controlan rigurosamente el coste de cada uno de sus desarrollos urbanísticos. La justicia está de su parte: “La aprobación de un proyecto de urbanización no constituye hecho imponible, dado que en sí misma no requiere licencia de obras, siendo improcedente la imposición de tasas por tal licencia, lo que conlleva la inexigibilidad del ICIO”, ha recogido el Supremo en varias sentencias.
En esta línea, se ha multiplicado la cifra de promotores que impugnan por la vía contencioso-administrativa las liquidaciones giradas por los ayuntamientos en concepto de tasa o ICIO de un Plan Parcial (en otros casos, estos cobros sí son legales). Antes de llegar a eso, el plazo para requerir administrativamente la reposición del importe ya liquidado es de un mes.
Había quien pagaba estas tasas por desconocimiento –y eso que la doctrina se remonta a 1980–. “Ahora se animan a recurrir muchos más promotores”, subraya Peña. Y si se hace a tiempo, “lo normal es ganar el litigio, porque te estaban cobrando por sustituir por delegación a la propia administración”, añade.
Autoliquidación
Otra vía de pago que ahora rechazan los promotores inmobiliarios es la autoliquidación. Tradicionalmente acudían de motu propio al Ayuntamiento para abonar el coste exigido, y así aceleraba el inicio de las obras de urbanización y construcción. Ahora la tendencia ha cambiado y reclaman un reembolso: “Están requiriendo la devolución de ingresos indebidos, solicitud para la que contarían con un plazo de cuatro años desde que se autoliquidó la tasa”, apuntan desde Urbe Asesores.
Julio Gil, Gerente de la Asociación de Promotores Constructores de España, también constata que “estas reclamaciones han aumentado mucho”. “Unos plazos reducidos son esenciales para el promotor, pero dependen de la tramitación local, y antes convenía pagar las tasas e impuestos si no eran muy gravosos”, añade.
La suma de la tasa y el ICIO suele suponer entre un 3,5% y un 5% del coste de construcción de un edificio. Y en los proyectos de ejecución de un Plan varía según el municipio. La tasa que algunos aplican ronda el 0,75%, mientras que otros cobran un 1,5% o unos 0,11 euros por metro cuadrado.
Y, al final, la guerra judicial de los promotores contra estas tasas puede dañar aún más las arcas locales, que se nutren fundamentalmente de ingresos derivados del urbanismo –ver información adjunta–.
Las arcas municipales se resienten
El boom inmobiliario no sólo ha sido una época alcista para las empresas. En los últimos años, los ayuntamientos se han financiado, en gran medida, gracias al desarrollo urbanístico de sus municipios. Por un lado, las promotoras deben ceder el 10% del aprovechamiento medio de sus suelos urbanizables al gobierno local; por otro, los consistorios también cobran impuestos y tasas –entre ellas, algunas que no les corresponden– y gozan de solares propios con los que hacer caja.
Así, la actual desaceleración del sector ha provocado que las arcas municipales se resientan. A la menor financiación vía aprovechamiento se le une la guerra judicial de los promotores, que se niegan a pagar, en los Planes Parciales, la tasa urbanística y el Impuesto de Construcciones. “Depender de los ingresos inmobiliarios produce efectos muy perniciosos en las arcas municipales”, asegura el gerente de APCE, Julio Gil.
* Expansión - Juan Manuel Lamet - 15/02/2008
Foto: Casa, caida índices - cotizalia.com
V de Vivienda reta al G14 a un debate sobre el problema de la vivienda
El próximo jueves 21 de febrero, a las 18 horas, varios activistas de V de Vivienda* acudirán a la sede de Martinsa Fadesa (Paseo de la Castellana 93, Madrid) para pedir un debate sobre el problema de la vivienda al presidente del G14, Fernando Martín. También se informará a los medios de comunicación de la próxima manifestación por el derecho a la vivienda, que tendrá lugar el sábado 1 de marzo en todas las grandes ciudades del país. En Madrid comenzará a las 18h. en la Puerta del Sol.
En estos tiempos de debates electorales, desde V de Vivienda pensamos que a la ciudadanía se le está hurtando el verdadero debate, el que trata sobre las cuestiones que verdaderamente afectan a la calidad de vida de los ciudadanos. Falta el debate sobre el estado del derecho a la vivienda en este país, amenazado por una dura recesión económica por culpa del negocio que han hecho unos pocos; donde la vivienda es la más cara del mundo en relación a unos salarios que difícilmente alcanzan los 1.000euros; y donde hay el mayor número de casas vacías de la UE, según el reciente informe de la ONU.
El estallido de la burbuja inmobiliaria es el resultado de un modelo económico nefasto que ha basado el crecimiento del país en la especulación urbanística, sustentada en la conculcación del derecho a la vivienda,recogido en el artículo 47 de la Constitución. Durante los años del boom,los señores promotores no han querido saber nada de la vivienda pública ni de la intervención estatal. Ahora, cuando se les ha acabado el chollo,piden que el Estado actúe para salvarles precisamente a ellos. No para hacer efectivo el derecho a la vivienda, como sería de esperar por parte del poder político, que en una democracia debe estar al servicio de los ciudadanos para garantizar sus legítimos derechos; no, al G14 no le interesa hablar de derechos, sino de su negocio. Como dijo su presidente, Fernando Martín, también presidente de Martinsa, “si hay boom, no hay VPO”. Esta desfachatez soltó Martín a los medios de comunicación, dejando claro que los señores del ladrillo no se esconden. Lo cual no ha imposibilitado que se hayan producido deshonrosas cesiones por parte del Ministerio de la Vivienda y de otras administraciones públicas, que están claudicando ante las presiones del lobby constructor. Por eso se ha modificado el Plan Estatal de Vivienda para reducir a un año el periodo en el que las viviendas puedan pasar a obtener la catalogación como protegidas y así recolocar el stock de viviendas no vendidas; por eso el Ministerio sube más de un 4% el precio nacional de las VPO; por eso la Federación Estatal de Municipios y Provincias de Pedro Castro va a poner a disposición de las constructoras y promotoras más suelo público para aumentar la construcción de viviendas protegidas, a pesar de que, como ha dejado claro la ONU, este no es un problema de falta de casas, pues somos el país con más viviendas vacías de la UE; y por eso, el Instituto de Crédito Oficial ha dado al G14 un aval de 3.000 millones para títulos hipotecarios que financien VPO. El movimiento ciudadano no va a quedarse de manos cruzadas ante toda esta desvergüenza.
Esta es la razón por la cual los que padecemos este problema queremos retar a un debate al jefe de los que lo han causado, de los que, tras haber expoliado a los ciudadanos, en ese saqueo generalizado que ha sido el boom de la construcción, se disponen ahora a saquear también a las administraciones, que se muestran sumisas e incluso agradecidas por ello. V de Vivienda acudirá el próximo jueves, 21 de febrero (18 horas) a la sede de la promotora Martinsa en Madrid para proponer un debate público a su presidente, que al mismo tiempo preside el lobby de los señores del ladrillo. Esperemos que Martín acepte y demuestre las mismas ganas de hablar con nosotros que con el Ministerio y con todos los que le están prometiendo ayudas. Este debate puede ser donde quiera el señor Martín, y no nos importa quién lo modere ni cuánto pueda durar.También invitaremos al señor Martín a la próxima manifestación por el derecho a la vivienda, prevista para el próximo 1 de marzo y que se celebrará en todas las grandes ciudades del estado (en Madrid comenzará a las 18 horas en la Puerta del Sol). Tenemos la esperanza de que acuda,porque de lo contrario quedará más que nunca en evidencia que al G14 evidentemente no le preocupa el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna. Peor para ellos, ya conseguiremos que se preocupen.
Se acabó el tiempo del saqueo. Comenzó el tiempo de los derechos. Por una vivienda digna. No nos van poder callar!!
* V de Vivienda - 19 de febrero de 2008
Foto: viviendas no valen lo que cuestan
Las Palmas: Ben Magec amplía la denuncia por las obras de El Confital
CANARIAS7* : La federación Ben Magec y el Foro por La Isleta anunciaron ayer que van a ampliar la denuncia presentada contra las obras de El Confital ante el Seprona y el Gobierno canario. El barrio se va a manifestar en protesta por el uso de hormigón y por su exclusión de la definición del futuro de la zona.
Los ecologistas y los vecinos de La Isleta vuelven a unir sus fuerzas para defender el paraje de El Confital. Ante la instalación de hormigón en el confite por parte de la Dirección General de Costas y la previsión de construir una «plataforma de 3.000 metros cuadrados para albergar locales», Ben Magec y Plataforma por La Isleta han decidido llevar la denuncia -presentada a la Fiscalía- a la Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias y el Seprona de la Guardia Civil.
Los portavoces de los dos colectivos insisten en que las obras de Costas incumplen el artículo 61 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que señala que «sólo podrán autorizarse, cuando no están expresamente prohibidas por la legislación sectorial o el planeamiento, usos y obras de nueva implantación de carácter provisional y realizadas con materiales fácilmente desmontables». Y dentro de este concepto, afirman Tanausú Zumaquero y Antonio Hernández, «no cabe el uso de hormigón».
Tampoco se entiende desde estos colectivos que no se haya abierto cauces a la participación de los vecinos de La Isleta cuando llevan décadas usando este espacio. «Decían que iban a articular un proceso de participación ciudadana», expuso Zumaquero en nombre del Foro por La Isleta, «pero como no ha sido así, los vecinos ahora estamos unidos y el jueves -mañana para el lector- decidiremos en asamblea qué hacer». Por el momento, ya se ha solicitado permiso para varias manifestaciones y mañana se escogerán las fechas para hacerlo.
Los colectivos solicitaron del Ayuntamiento capitalino una labor de mediación con Costas para tratar de reconducir la actuación que, en su opinión, puede afectar a la duna fosilizada y a los indicios fósiles de actividad humana precolonial de la zona. «Queremos que los especialistas digan si hay más arena y si se puede recuperar tras cuarenta años de chabolismo», añadió Antonio Hernández en nombre de Ben Magec.
Este periódico también intentó conocer la versión de la Demarcación de Costas pero no pudo lograrlo.
* Canarias 7 - Las Palmas de Gran Canaria - Javier Darriba - 20/02/2008
Foto: Obras. Estado actual de las obras que se están acometiendo en El Confital./ Fernando Ojeda, canarias7.es
Entre 1.500 y 2.000 viviendas de Vigo tienen orden de demolición
LAVOZ* : Vigo es el ejemplo más claro de edificaciones ilegales en Galicia que están a la espera de ser demolidas, bien por órdenes de la Xunta o por sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De hecho, se estima que entre 1.500 y 2.000 viviendas de la ciudad olívica se encuentran en esta situación.
No obstante, el Concello ha evitado hasta la fecha que la piqueta haya abatido ni estas ni ningún otro enclave en la ciudad amenazado por órdenes de derribo. Es el caso de las torres Ifer, que albergan casi 200 viviendas y la sede del Club Financiero de Vigo, el proyecto Finca do Conde, con el centro comercial Gran Vía, o dos inmuebles en Jacinto Benavente y el edificio O Picoroto, en los que ya hay más de 200 viviendas. La salvación de todas ellas pasa por que el Concello las legalice en unos meses a través del nuevo Plan Xeral.
No obstante, Vigo no es el único concello gallego en el que hay órdenes de demolición sin cumplir. Ourense. Una sentencia firme del TSXG ratificó en el 2007 la ilegalidad de la depuradora de Reza por estar situada a menos de dos kilómetros de la población, y obligó al Concello a su traslado a otro lugar. Sin embargo, la peculiaridad del caso ha provocado que de momento se esté estudiando un nuevo emplazamiento, para que la nueva depuradora pueda funcionar antes de cerrar las actuales instalaciones.
La difícil relación entre la legalidad urbanística y el desarrollo industrial ha llevado a que tanto la Xunta como el Tribunal Superior de Xustiza hayan ordenado la demolición de varias naves en Laxe, Vimianzo, Dumbría, Zas y Coristanco, y que todavía no se ha ejecutado. En Carballo, además, son ya numerosas las viviendas declaradas ilegales. De hecho, en lo que va de año Política Territorial ya ha decretado hasta cinco órdenes de derribo.
La construcción en Ameiros de una urbanización con licencia para apartotel provocó que el Tribunal Superior ordenase la demolición de seis viviendas unifamiliares en 1999. A día de hoy, esa orden aún no se ha ejecutado.
* La Voz de Galicia - 20/2/2008
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es
'Guateque': El juez imputa al jefe de Obras de la Junta de Distrito de Villaverde
PÚBLICO/Madrid* : El jefe de Obras de la Junta Municipal de Villaverde ha sido imputado por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid en la causa abierta por presunta corrupción en la tramitación de licencias en el Ayuntamiento de la capital. Fuentes de la investigación confirmaron que el imputado declarará ante el juez el próximo jueves.
La detención coincidió con el registro efectuado hoy por la Guardia Civil en la Junta Municipal de Villaverde, en la que se incautaron los discos duros de varios ordenadores del departamento de Obras.
La investigación de la presunta trama de corrupción, que afecta a las gerencias de Urbanismo, Medio Ambiente y a varias Juntas de Distrito del Ayuntamiento, se salda hasta el momento con una veintena de personas detenidas entre funcionarios y empresarios, imputados por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Registro en Villaverde
Efectivos de la Guardia Civil procedieron en torno a las 10.15 horas de hoy al registro de la Junta Municipal de Villaverde dentro del marco de la operación Guateque, una causa instruida por el juez Santiago Torres a raíz de la presunta trama de corrupción urbanística en el seno del Ayuntamiento de Madrid referida a la concesión de licencias.
Los agentes de la Benemérita se incautaron de los discos duros de varios ordenadores de la sección de Obras de la Junta de Villaverde. El nuevo registro se produjo después de que el pasado 22 de enero el juez instructor decidiera levantar en su totalidad el secreto de sumario que pesaba sobre las diligencias.
Tras levantar parcialmente el secreto de sumario de una docena de tomos a comienzos de enero, Torres procedió a hacer públicos once nuevos tomos de la investigación. La primera parte hizo referencia a las irregularidades encontradas en la concesión de licencias por parte de Medio Ambiente mientras que la segunda se concentró en Urbanismo.
Una veintena de detenidos en la trama del 'Guateque'
La investigación de la presunta trama de corrupción, que afecta a la Gerencia de Urbanismo, Medio Ambiente y a varias juntas de distrito del Consistorio, se salda hasta el momento con una veintena de personas detenidas, entre funcionarios y empresarios, imputados por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
La presunta trama de corrupción descubierta en el seno del Ayuntamiento consistía en el compromiso por parte de los funcionarios imputados de acelerar la licencia de apertura de locales a cambio de una comisión, logrando acortar los trámites de forma espectacular.
Las empresas o particulares que solicitaron los servicios ilícitos de estos funcionarios podían llevar a resolver en cinco días un expediente cuya tramitación normal podría tardar dos años. La investigación comenzó hace meses por una denuncia presentada por un particular ante la Guardia Civil.
El nuevo registro coincide con el parón en las sesiones de la comisión de investigación por el caso Guateque, puesta en marcha desde el levantamiento del sumario. En ella participan los tres partidos con representación en el Ayuntamiento, las mismas formaciones que acordaron parar las reuniones con motivo de la campaña electoral.
La última sesión antes de los comicios generales será este jueves.
* Público - 19/02/2008
Foto: La Junta de Distrito de Villaverde, registrada esta mañana por la Guardia Civil. EFE
Oviedo: Mal de altura
LAVOZ* : El informe es contundente y da un duro golpe a las tres administraciones -local, regional y estatal- ante el riesgo que plantea la construcción de las trillizas de Calatrava sobre "los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial" y sus inmediaciones. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) --entidad asesora de Unesco-- es clara y reclama, en primer lugar, al consistorio ovetense que "renuncie a la propuesta de modificación del PGOU" que daría luz verde a las tres torres de 133 metros de altura en El Vasco.
Pero hay más. El documento reclama la intervención urgente del Principado; en concreto, a la Consejería de Cultura "como responsable en Asturias de la protección del patrimonio". De este modo, el Icomos pide a la Administración regional que actúe "con contundencia y celeridad" para que proteja el entorno que está en riesgo. Y como no hay dos sin tres, el escrito también hace alusión al Ministerio de Cultura afirmando que "no puede permanecer pasivo ante la propuesta que se desarrolla en Oviedo".
El documento de Icomos es inusualmente extenso para este tipo de informes: 24 páginas. Y no deja títere con cabeza, criticando duramente el nuevo modelo de urbanismo --en altura-- que se defiende desde el Partido Popular, que copa el Gobierno local. Se habla en el escrito de la "modernidad" que un proyecto singular puede dar a la ciudad. Al respecto se dice: "Oviedo no es Nueva York, ni necesita imitarla para ser una ciudad de una elevada calidad de vida". Se "recomienda" al ayuntamiento que se "reconozca" en el modelo de las ciudades europeas que, "con un tamaño similar al de esta localidad", han planteado estrategias de desarrollo en las que el respeto al patrimonio es una de sus señas de identidad y uno de sus factores diferenciadores: Gante, Bergen, Utrecht, Ginebra, Montpellier, Verona o York. "El elemento más afectado será el paisaje histórico de Oviedo, dado que las tres torres se asomarán de forma prepotente, autista y desconsiderada sobre el viario y caserío de la ciudad medieval", se insiste en el informe.
La localización
Uno de los aspectos que más preocupa a la entidad es "la localización y proximidad del proyecto respecto a tres de los bienes del Prerrománico Asturiano de la ciudad incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial", la Cámara Santa, Foncalada y San Julián de los Prados. Especial referencia se hace a "un símbolo" de la ciudad, la torre de la Catedral que quedará ninguneado por el proyecto Jovellanos 2. Pero además, se incluye en este impacto visual el cambio que se produciría en el paisaje urbano "desde el monumento más conocido del Prerrománico Asturiano: Santa María del Naranco".
Modificación del PGOU
En este apartado, el documento para la Unesco es más que contundente. "La modificación del Plan General se ha iniciado de una forma precipitada; ya que si el proyecto básico de urbanización del sector de Santiago Calatrava era presentado públicamente el 20 de diciembre de 2007, el 11 de enero la empresa propietaria del solar, Jovellanos XXI, solicita expresamente la modificación del Plan General, con un dictamen favorable a tal modificación fechado el día 3 del mismo mes por Raúl Bocanegra Sierra, Catedrático de Derecho Administrativo. Sólo tres días después, el 14 de enero, se produce una resolución del concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, que inicia un plazo de información pública". Otro aspecto del informe jurídico de Bocanegra destacado por Icomos es que "sugiere con bastante claridad los motivos de la premura por iniciar los trámites para la modificación del Plan General y conseguir así la exención de la obligación de reserva para viviendas protegidas". Si no se aprueba antes de julio de este año, el promotor tendría que reservar el 30% de los pisos para este fin. "Llevan a la preocupación la actitud del ayuntamiento de no frenar los procesos especulativos que han hecho desaparecer notables piezas del patrimonio cultural, casos como el derribo de la interesante estación de El Vasco o de la plaza del Fontán"
Graves consecuencias
"No hay antecedentes en el urbanismo democrático español de una acción como la que se plantea a una distancia tan corta de una catedral, centro histórico o bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Tampoco se conocen acciones semejantes en ninguna ciudad europea", se mantiene en el informe. Por eso las consecuencias pueden ser graves e irreversibles.
El Icomos reclama a la Unesco --este documento ya ha sido enviado al órgano de la ONU-- "incluir los bienes inscritos en el municipio de Oviedo, sobre todo los constituidos por la Cámara Santa y San Julián de los Prados en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro en tanto que no se retire la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo". Nunca antes una ciudad europea había estado incluida en esta lista negra , salvo --como se indica en el escrito-- la ciudad alemana de Colonia que pretendía edificar torres a 900 metros de su catedral gótica tardía, proyecto que fue paralizado por las autoridades del municipio.
* La Voz de Asturias - 19/02/2008, ALEJANDRO FUENTE
Foto: Oviedo, proyecto 3 torres - lavozdeasturias.es
El Juzgado anula otra licencia a un hotel de casi 400 plazas en Playa Blanca, Lanzarote
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LAPROVINCIA* : El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado la licencia concedida por el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, a la mercantil Riversun Inmuebles S.L. para construir un hotel de casi 400 plazas en Playa Blanca. El Juzgado estima así el recurso presentado por la Fundación César Manrique.
El hotel cuya licencia ha sido anulada se encuentra en la parcela J del Plan Parcial de San Marcial del Rubicón. Corresponde al hotel Iberostar Papagayo, actualmente en funcionamiento con 208 unidades alojativas y 397 plazas, según la Guía alojativa turística del Cabildo de Lanzarote. La licencia se concedió el 10 de marzo de 1999 para un hotel de cuatro estrellas de 191 habitaciones y 338 plazas.
La Fundación César Manrique señala que "como en los pleitos anteriores, la defensa del Ayuntamiento de Yaiza trató de impedir la personación de la FCM en el caso, alegando que el recurso fue presentado extemporáneamente, si bien el argumento fue nuevamente refutado por la Sala".
"La sentencia", según explica la FCM en una nota de prensa, "abunda en los criterios seguidos por anteriores fallos, y señala que, antes de conceder la licencia, era necesario recabar un informe, preceptivo y vinculante, de compatibilidad con el Plan Insular de ordenación por parte del Cabildo. Vuelve a incidir la sala, además, en que el PIO limita el desarrollo del Plan Parcial al 50% de la capacidad edificatoria de alojamiento turístico para el cuatrienio correspondiente, de ahí la importancia de contar con un informe de la primera corporación para cumplir dichos límites".
Las plazas anuladas en la Isla, contando todas las sentencias ya firmes tanto a instancias de la FCM como del Cabildo, son más de 8.000, entre Playa Blanca y Costa Teguise. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ido endureciendo sus sentencias con el paso del tiempo. En la última que se hacía pública a través de LA PROVINCIA/DLP se reconocía al Cabildo la facultad de pedir en la ejecución de la sentencia el restablecimiento de la realidad física alterada, es decir, el derribo del hotel, que en ese caso, está ahora mismo en funcionamiento en la localidad de Playa Blanca.
* La Provincia - SAÚL GARCÍA / ARRECIFE - 19 de febrero de 2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - laprovincia.es
El Ayuntamiento de Marbella transfirió 653 millones sin control a sociedades desde 1991
TERRA/Málaga* : El Ayuntamiento de Marbella transfirió 653 millones de euros entre 1991 y 2006 a las sociedades municipales 'sin sujetarse a ningún control', pues no existe ningún expediente administrativo sujeto a la ley para que pudieran disponer de este dinero, según un informe del Tribunal de Cuentas.
El documento, que ha sido presentado hoy en rueda de prensa por la alcaldesa de la ciudad, Angeles Muñoz (PP), señala que estas actuaciones del Ayuntamiento permitieron 'simulaciones' respecto al objeto y la causa de la contratación.
Entre las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador en el periodo analizado -durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) y tripartito (expulsados PSOE, ex miembros del GIL y PA)- se han puesto de manifiesto pagos de proyectos correspondientes a obras ya ejecutadas, o por trabajos no realizados, así como por unidades de obra facturadas a precios 'muy superiores a los de mercado'.
También se han encontrado enajenaciones de inmuebles a precios muy inferiores a los de mercado, 'con importantes plusvalías a favor de los adquirentes en operaciones cercanas en el tiempo'.
El Tribunal de Cuentas concluye que durante este tiempo 'se estructuró una organización administrativa que permitió la apropiación indebida de fondos' del Ayuntamiento de Marbella.
El examen de los distintos informes de fiscalización elaborados en este periodo pone de manifiesto una serie de actuaciones dirigidas a crear un sistema que facilitara la apropiación de fondos públicos caracterizada por 'la ausencia de una justificación racional de las obligaciones y los pagos', explica.
Ello se lograba mediante un 'entramado societario que anulaba los controles de la gestión de los fondos públicos, con abuso de la posición mayoritaria que el equipo gobernante ostentaba en los órganos municipales', señala.
En materia económica y financiera, la actividad del Ayuntamiento se caracterizó por la ausencia de presupuestos específicos y por la utilización del inmediato presupuesto aprobado.
En el capítulo de personal, el Ayuntamiento contrató temporalmente trabajadores fuera de plantilla, sin realizar convocatorias públicas y sin una selección objetiva, y para regularizar la situación creada desde 1991, en 2003 se convocaron unas oposiciones.
En 1990 prestaban servicio 763 trabajadores frente a los 3.016 que figuraban en las plantillas del Ayuntamiento al cierre de 2005.
En cuanto a las irregularidades relativas a convenios, el Tribunal de Cuentas indica que, de los 98 convenios de que tiene constancia -la mayoría con el objeto de recalificación urbanística o permuta de bienes inmuebles-, sólo 48 fueron aprobados por la comisión de gobierno.
En este apartado se da el caso de que la 'falta de control' de los bienes y sobre la situación física y jurídica de éstos, originó que el Ayuntamiento negociase con bienes que ya no eran de su propiedad, o que se inscribiesen en el Registro de la Propiedad embargos por deudas del anterior propietario.
El modelo de actuación que caracterizó al gobierno de Marbella finalmente motivó que el Consejo de Ministros acordase la disolución de la Corporación en abril 2006 y la creación de una comisión gestora hasta las elecciones de mayo de 2007.
* Terra Actualidad - EFE - 19-02-2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
La ONU insta a España a adoptar medidas contra la especulación urbanística
ELPERIÓDICO* : Informe sobre la vivienda. El relator de la ONU Miloon Kothari ha urgido hoy a España a adoptar medidas contra la especulación urbanística, ya que de lo contrario, ha advertido, será imposible aplicar las leyes y compromisos adoptados por los gobiernos central y autonómicos para promover el acceso a la vivienda.
Kothari ha avanzado en Barcelona algunas de las conclusiones y recomendaciones que incluye en su informe sobre la situación de la vivienda en España, un detallado estudio monográfico que presentará oficialmente el próximo 10 de marzo en Ginebra, ante representantes del Ejecutivo español.
Entre los meses de noviembre y diciembre del 2006, el relator de las Naciones Unidas visitó nueve ciudades españolas (Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla, Barcelona y Zaragoza) para conocer de primera mano la creciente problemática del acceso a la vivienda en el país, lo que le permitió constatar que España se encuentra "a la cola de Europa" en este ámbito.
Corrupción y marginación
Uno de los problemas existentes desde hace años, según ha explicado hoy Kothari, es la "especulación incontrolada", que ha derivado, a su vez, en casos de corrupción y de marginación de los sectores más desfavorecidos, como las mujeres, los inmigrantes, los jóvenes y los ancianos.
El principal reto al que se enfrenta España --ha asegurado el experto, de origen indio-- es dar respuesta a la "fuerte contradicción" existente entre la aplicación de leyes de promoción del acceso a la vivienda y el auge de los precios y de la especulación.
"Por un lado, existe el compromiso del Gobierno para promover los derechos sociales, pero por otro lado está el poder del mercado y de la especulación. Podemos tener tantos planes de vivienda y tantas leyes como queramos, pero si no hay medidas para contrarrestar esa especulación y proteger a los más vulnerables, es imposible aplicarlas", ha alertado Kothari.
Encarecimiento espectacular
Solo en España se construyeron en el 2005 un total de 812.284 viviendas, más de las que se edificaron en Alemania, Francia y Reino Unido juntos, subraya el relator, que destaca asimismo el aumento exponencial que ha sufrido el precio de la vivienda en la última década, sobre todo en ciudades grandes como Barcelona y Madrid.
El acoso inmobiliario, la falta de viviendas de protección social, la necesidad de promover el mercado de alquiler y el alto porcentaje de fincas vacías son otros de los obstáculos a superar en España, según ha remarcado Kothari, que ha confesado estar "sorprendido" por la "magnitud" de la crisis inmobiliaria en el país.
El representante de la ONU ha valorado las leyes y ayudas impulsadas en los últimos meses por el Gobierno central y algunas comunidades, como las ayudas a menores de 30 años para el pago del alquiler.
* El Periódico - EFE, BARCELONA - 18/2/2008
Foto: ONU, sede Nueva York - nacionesunidas.org
La compraventa de viviendas nuevas para especular se frena en seco
ELPAÍS* : A los promotores de vivienda se les acumulan las complicaciones. Si las grandes empresas calculan que las ventas de pisos se desplomaron más de un 30% en la recta final de 2007, ahora la crisis empieza a hacer mella en las preventas, es decir, los pisos que creían tener ya comprometidos. La razón principal, convienen consultoras y promotoras, es la retirada del inversor que adquiría varios pisos de una misma promoción para luego revenderlos aprovechando las rápidas revalorizaciones que arrojaba el mercado español.
Este comprador, que suponía un 40% de la demanda según Aguirre Newman, prácticamente ha desaparecido del mapa. Y los que deciden permanecer en el mercado, exigen rebajas cuantiosas y pasan a ser competencia directa de los promotores. El director de Investigación de Mercados de la consultora, Javier García-Mateo, explica que este año se prevé que salgan al mercado 700.000 pisos que hasta ahora estaban en manos de los inversores, tanto de primera como segunda residencia. Estas viviendas se juntarán con las que ahora los promotores están construyendo y con el abultado stock que tienen en sus manos.
Àlex Angullo, propietario de una promotora de Tarragona, afirma que ha decidido dejar paradas varias promociones. Vendió varios activos y asegura que tiene un colchón para afrontar los malos tiempos. Primero le flojeó la demanda del comprador que quería el piso para vivir en él. Luego, sostiene, a raíz de la crisis crediticia desapareció el inversor que le compraba varios apartamentos. Dice que creía tener amarradas "contractualmente" estas viviendas. "O bien el banco les cierra el grifo o se esfuma la expectativa de revalorización y renuncian a las arras
", agrega.
La desaparición del comprador con perfil inversor empezó a notarse hace dos años, cuando la escalada de precios se desaceleró. La directora de Residencial de Cushman & Wakefield en España, Julia Serrano, añade que este cliente "ha ido disminuyendo hasta prácticamente desaparecer". Coincide con Serrano el director de Residencial de Foro Consultores, Rubén Cózar, que dice que sobre todo renuncian a sus contratos los inversores que entraron tarde al mercado.
Un promotor de una gran compañía catalana, que pide no ser identificado, conviene en que las inmobiliarias están acusando esta retirada. Este promotor explica que el apalabramiento de pisos con los inversores suele ser de dos tipos: o bien con arras, en el que se abonan entre 3.000 y 15.000 euros por piso -dependiendo del precio- o con un contrato firme en el que se paga una cantidad mayor. "En los de arras, renuncian al piso y pierden el dinero. En el otro caso, podríamos ir al juzgado, pero normalmente aceptamos rebajar el precio", explica.
Este descuento debe ser suculento para convencer al inversor, que espera obtener unas plusvalías, como mínimo, de entre el 8% y el 10%. "Los tiempos de venta o reventa se están alargando, por lo que ante esta situación estos compradores pueden preferir perder una señal que no tener un inmovilizado importante por uno o dos años", apunta Serrano.
Además de engordar el stock de pisos sin vender, en muchos casos los inversores se convierten en una seria competencia para el promotor. "Muchos se han quedado con la vivienda en las manos y rivalizan con los promotores en el mercado de obra nueva. Esto ocurre cuando hay un frenazo en las decisiones de compra", asegura el responsable de Inmobiliaria de PriceWaterhouseCoopers, Guillermo Massó.
El promotor consultado asiente, y recuerda que no son pocas las promociones de Barcelona y Madrid donde cuelgan carteles de se vende de varios propietarios. García-Mateo, de Aguirre Newman, también lo corrobora. "Acabamos de empezar un estudio de residencial y es lo primero que hemos observado", afirma. García-Mateo afirma que los 700.000 pisos que los inversores vienen acumulando desde 2004 saldrán este año al mercado. Pronto se verá si hay capacidad para absorberlos.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 19/02/2008
Foto: Un cartel en un edificio de viviendas en promoción - ULY MARTÍN, elpais.com
Benidorm anima a un promotor a seguir las obras de un PAI vetado por la CHJ
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ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el PP, ha pedido a Construcciones Euromar, SL, que no paralice las obras de un PAI en la playa de Poniente, pese a que el programa urbanístico ha sido vetado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por obras ilegales en suelo de dominio público hidráulico.
El Consistorio considera que la orden de la CHJ no es vinculante, ya que ha sido remitida al urbanizador y no al Ayuntamiento, que es el responsable. El proyecto ocupa 200.000 metros cuadrados a 50 metros de la playa y prevé entre 1.500 y 2.000 casas.
Según el concejal de Urbanismo, José Ramón González, la CHJ prohíbe ahora encauzar el barranco de Rajadell -que atraviesa el sector- de forma subterránea y obliga a dejarlo abierto, lo que implica que en lugar de mantener 12 metros de anchura en la superficie deben dejarse 22. Esta notificación se produce cuando la obra ya está en marcha y cuatro edificios del sector están directamente afectados. Las construcciones ya tienen incluso licencia de obra. "Hasta ahora hemos encauzado los barrancos así en todas las obras y no ha habido ningún problema. Entiendo que ha habido un cambio de criterio después de las lluvias de octubre por parte de la CHJ, pero eso no implica que las cosas no se hagan bien y no podamos alcanzar un acuerdo. Y a quien hay que notificar es al Ayuntamiento", explicó. Un portavoz de la CHJ asegura que "la empresa sabe desde el principio que no podía hacerlo y a pesar de eso iniciaron las obras".La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHS) sostiene que es legal notificar a la empresa y no al Consistorio la orden de paralización de las obras de PAI. El organismo de cuenca advierte de la posible apertura de un expediente de infracción que culminaría con la restitución de la zona a la situación anterior si no se acata su orden.
El PAI vetado por la CHJ es la última zona que queda por urbanizar en la playa de Benidorm. El sector estaba delimitado en el Plan General de 1990 y las gestiones se han dilatado más de una década. No fue hasta septiembre de 2002 cuando se aprobó la alternativa técnica por parte del consistorio, y el 11 de febrero de 2005 cuando se publicó el edicto del proyecto de reparcelación. Las obras empezaron en primavera de 2007, tras obtener luz verde de todas las instancias la homologación de la zona calificada como no urbana en el PGOU.
El consistorio tuvo conocimiento de las dificultades cuando Construcciones Euromar S. L. presentó en noviembre de 2007, un escrito en el que comunicaba la imposibilidad de continuar ejecutando las obras aludiendo a "irregularidades en el terreno". El Ayuntamiento solicitó posteriormente a Euromar, sociedad del constructor Carlos Pastor, que no las detuviera, alegando que era al Consistorio a quien debían notificar las deficiencias. Al mismo tiempo, José Ramón González ha anunciado que el consistorio está "mediando" con la Confederación para desbloquear la situación. Un portavoz de Construcciones Euromar confirmó a EL PAÍS la información facilitada por el edil de Urbanismo, si bien no quiso ofrecer más datos a la espera de conocer el resultado de sus gestiones.
Demanda socialista
Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el juzgado número 3 de Alicante contra el Ayuntamiento por la tramitación de otro PAI, en este caso el plan parcial Murtal 1, también en la zona de Poniente, que prevé 2.000 viviendas en 907.656 metros cuadrados. Los socialistas consideran ilegal la decisión del pleno de 2 de abril de 2007 para pagar en terrenos en lugar de en metálico los costes de urbanización correspondientes al 10% de aprovechamiento que corresponden al Consistorio.
El edil de Urbanismo mostró absoluta tranquilidad: "La documentación está avalada por informes técnicos".
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 18/02/2008
Foto: Benidorm (Alicante) - J.Jordán (El Mundo)
El ladrillo contra la sierra de Guadarrama
CARLOS BRAVO* : Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora". La reciente decisión de la Junta de Castilla y León de no proteger su vertiente de la sierra de Guadarrama como parque nacional hace buenos de nuevo los versos de Machado. Sólo la ignorancia de los importantes valores históricos, culturales y medioambientales de la sierra de Guadarrama puede llevar a tomar una decisión tan desacertada como ésa. ¿Sólo la ignorancia?...
Quizá la explicación esté más bien oculta detrás de los intereses creados de los grupos de presión del ladrillo, a los que la Junta de Castilla y León ha dado ya numerosas muestras de su benevolencia (en escándalos urbanísticos tan sonados como los de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués, la Ciudad del "Medio Ambiente" de Soria, Villanueva de Gómez, Segovia 21, San Glorio, La Covatilla, Parque de Ocio del río Arlanzón, etcétera).
Estamos hablando de una decisión sin precedentes, anunciada recientemente por la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, del Partido Popular, que en sí misma supone no sólo un tremendo engaño a la ciudadanía, sino además un insulto tanto a las Cortes de Castilla y León y la Asamblea de Madrid, como al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, ambos parlamentos aprobaron por unanimidad, en 2001 y 2002, sendas resoluciones instando a sus gobiernos autonómicos a iniciar los pasos legales precisos para la declaración de la sierra de Guadarrama como parque nacional. En cumplimiento de esas resoluciones, ambos gobiernos emitieron, unos pocos meses más tarde, las órdenes de inicio de elaboración de los respectivos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de cada una de las vertientes. Después, en estos últimos cinco años, hemos podido escuchar muchas declaraciones públicas de sus responsables prometiendo una y otra vez el parque nacional, aunque en realidad ha habido pocos avances concretos.
La Comunidad de Madrid, tras importantes vacilaciones después de las elecciones autonómicas de 2003, elaboró su PORN. Éste, con sus virtudes (proponía un parque nacional de 34.450 hectáreas, entre otras figuras de protección) y sus defectos, se presentó a la opinión pública, con gran despliegue mediático, en febrero de 2006, y fue aprobado por mayoría, no sin críticas, a finales de ese año en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, aún no ha sido ratificado por el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre.
La desidia interesada de la Junta de Castilla y León con respecto al parque nacional se empezó ya a palpar después de esas mismas elecciones autonómicas, cuando María Jesús Ruiz fue nombrada consejera de Medio Ambiente. Desde entonces, Castilla y León ha estado bloqueando de facto el proceso para la declaración del parque nacional. En estos últimos años, entre mentiras, promesas incumplidas y propuestas absurdas, ha ido poco a poco deslizándose de forma sibilina hacia situarse en el "no" rotundo al parque nacional que finalmente ha anunciado María Jesús Ruiz.
Así, en mayo de 2006, algunos meses antes de haberse finalizado el PORN castellano-leonés, la Junta afirmó que la superficie que propondría para el futuro parque nacional sería tan sólo de unas 11.000 hectáreas, que se limitarían a las cumbres de las montañas y excluiría las valiosas masas forestales de Valsaín, El Espinar, Navafría y Peguerinos. El último paso ha sido ya excluirlo del todo, con pretextos absurdos (una presunta falta de compromiso de financiación por parte del Gobierno central) y mucha demagogia (la falacia de que ya no se podría llevar a cabo ningún uso tradicional). Todo ello para solaz de los especuladores urbanísticos.
La protección de la sierra de Guadarrama bajo la forma de parque nacional constituye una reivindicación que en pocos años llegará a su centenario. Esa reivindicación empieza a gestarse en la segunda década del siglo XX y viene a culminar el singular proceso de descubrimiento y fascinación por el Guadarrama que experimentaron los círculos más ilustrados y comprometidos de la sociedad desde la segunda mitad del siglo XIX. Es el mundo científico el primero en explorar la sierra, con ocasión de los trabajos que se inician en 1849 por parte de la Comisión del Mapa Geológico de España. Se forjan en el entorno agreste del Guadarrama de aquellos años personalidades científicas y humanistas de la importancia del geólogo Casiano del Prado o los entomólogos Ignacio Bolívar y Mariano de la Paz Graells, descubridor éste de la legendaria mariposa isabelina o Graellsia isabelae.
Gran importancia tendría igualmente el descubrimiento de los paisajes de Guadarrama por Francisco Giner de los Ríos y los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, quienes convertirían a estas montañas, a las excursiones por ellas, a la contemplación y comprensión de su paisaje, en fuente de inspiración y campo de vivencia para sus métodos pedagógicos, para su sentido de la higiene y la salud, así como de sus planteamientos, morales, patrióticos y estéticos. Los montañeros, a través del excursionismo, también constituirán uno de los elementos protagonistas conformadores del "guadarramismo". Entre ellos, la Sociedad Española de Alpinismo Peñalara (cuya alma máter fue Constancio Bernardo de Quirós), constituida en 1913. Junto a la Sociedad Peñalara, el diario liberal El Sol se convertirá a lo largo de los años veinte y treinta del pasado siglo en abanderado de la reivindicación del Parque Nacional del Guadarrama, como figura de protección necesaria para la preservación de estas montañas.
Después de la Guerra Civil, con los principales mentores del Guadarrama en el exilio, su protección como parque nacional quedó a la espera de que resurgieran aquellas corrientes ilustradas, científicas y naturalistas, que supieran y quisieran identificarse y comprometerse con la identidad cultural y natural del mundo rural y serrano del Guadarrama. Han tenido que pasar, lamentablemente, muchos años desde entonces para que surgiese, en 2001, una nueva oportunidad para la sierra de Guadarrama, para que ésta pudiese gozar del reconocimiento que se merece y fuera finalmente declarada parque nacional.
A pesar de las numerosas agresiones que ha sufrido en las décadas pasadas, la sierra de Guadarrama sigue albergando valores paisajísticos, medioambientales y humanos, de índole cultural e histórica, muy importantes. Es el paraje de alta montaña mediterránea continental que mayor diversidad biológica tiene, tanto de flora como de fauna. Cuenta con extraordinarios bosques, de coníferas y caducifolios. Pinares, sabinares, robledales, acebales..., entre otros hábitats considerados prioritarios por la Unión Europea. En esta sierra se han catalogado cerca de 1.500 especies de plantas, 300 de vertebrados, más de 400 de insectos..., entre ellas, muchas amenazadas. Su avifauna es sobresaliente: casi 200 especies, destacando el águila imperial ibérica, la cigüeña negra (ambas en peligro de extinción), el buitre negro y el águila real. No es sólo eso: los habitantes de ciudades como Madrid y Segovia se benefician de esta sierra, ya que aquí tienen su origen las aguas que usan y el oxígeno del que todos dependemos.
Toda esta riqueza natural, histórica y cultural, se ve hoy día profundamente amenazada: el modelo de desarrollo impuesto por Madrid y trasladado a las ciudades limítrofes como Segovia y Ávila es incompatible con la conservación de la sierra de Guadarrama. Los desarrollos urbanísticos, que incluso trepan literalmente sobre las laderas de la sierra, están produciendo heridas irrecuperables. Y muchas decenas de miles de nuevas viviendas ya están proyectadas en la sierra de Guadarrama, en gran medida en espacios de valor natural irrepetible.
La única manera, y la más eficaz, de acabar con ese tumor que corrompe la sierra es dotarla del máximo grado de protección posible. Para ello, es clave su declaración como parque nacional. En 2001 surgió esa segunda oportunidad para la sierra de Guadarrama. Ahora, el Gobierno de Castilla y León pretende dar carpetazo y arrojar todo el esfuerzo realizado por la borda. Si no rectifica a tiempo, será el principal responsable de este fracaso histórico.
* Firman este artículo Carlos Bravo, presidente de la Asociación Centaurea; Pedro Heras, presidente de la Sociedad Castellarnau, y Carlos Tomás Rodríguez, secretario de Medio Ambiente de la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Ávila, todos ellos, miembros de Allende Sierra.
* ELPAIS.com - Opinión - 18/02/2008
Un informe europeo sobre el derecho a la vivienda constata la "situación de crisis" en España
EUROPAPRESS* : Un informe elaborado a partir de la Misión Oficial en el Estado español del Relator Especial de Naciones Unidas, Miloon Khoothari, revela la "situación de crisis" que atraviesa España a la hora de garantizar el derecho a la vivienda de sus ciudadanos. El documento analiza los principales problemas de España para garantizar este derecho y plantea una serie de recomendaciones concretas dirigidas a adecuar las políticas habitacionales.
El informe describe las principales obligaciones del poder público sobre el derecho a la vivienda y presenta algunos de los colectivos más damnificados con "esta situación de crisis", según afirmó el vicepresidente del Observatori Derechos económicos, Sociales y Culturales (DESC), Gerardo Pisarello, en la presentación del análisis.
El estudio también recoge los límites y potencialidades de las respuestas institucionales dadas a esta problemática y algunas reacciones y propuestas de organizaciones y movimientos sociales.
Pisarello destacó que los acuerdos jurídicos que España ha asumido respecto al derecho a la vivienda "muestran el claro desencuentro entre los compromisos adquiridos y el panorama habitacional realmente existente dentro del conjunto del territorio español".
El vicepresidente del Observatori DESC señaló que "la falta de vivienda social asequible y la ausencia de controles adecuados sobre el mercado de propiedad privada" producen fenómenos muy generalizados como "la especulación urbanística la corrupción y el caso del acoso inmobiliario".
En el texto también aparecen los colectivos que más se han visto afectados por esta vulneración del derecho a la vivienda donde figuran los 'sin techo', personas mayores, jóvenes y la población gitana, entre las más afectadas.
A raíz de las conclusiones del informe se elaboran varias recomendaciones que se centran en que el Estado español centre sus esfuerzos en desarrollar una política de vivienda asequible donde se priorice a los colectivos más afectados y se controle a los principales fenómenos de vulneración.
Por otro lado, el Relator Especial de Naciones Unidas, Miloon Khoothari, destacó "la necesidad de cambiar el panorama a nivel autonómico y estatal" de la vivienda en España y comentó que actualmente "el Estado español está tomando los pasos adecuados" para reconducir esta situación.
Khoothari afirmó que existen una serie de características únicas en España respecto a Europa como "la importancia de la propiedad privada, el abandono de la vivienda o la fuerte especulación", que constituyen un difícil panorama.
El Relator de Naciones Unidas indicó que el próximo 10 de marzo, Ginebra acogerá el Consejo sobre Derechos Humanos, en el que se expondrá este informe, y donde se abrirá la posibilidad de diálogo con el Gobierno español para establecer diferentes medidas de actuación en materia de vivienda.
* Europa Press - BARCELONA, 18 Feb. 2008
Foto: Vivienda Digna
El 'caso Hidalgo' destapa el cobro de comisiones urbanísticas en Estepona
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ELPAÍS/Málaga* : "Sé que ha habido que soltar un contrazo de dinero para que den la licencia de urbanización (...) Cuando estamos pidiendo presupuesto y nos estamos comprometiendo es porque vamos a tener el permiso de forma inmediata", aseguraban en conversación telefónica a Jan Nadir, uno de los imputados por blanqueo de capitales en el caso Hidalgo en marzo de 2007.
"Se va a tener en el mes de marzo, porque para esto nos ha costado el otro día soltar un montón de dinero a una gente del Ayuntamiento", añadía el intermediario del negocio.
La conversación, incluida en un informe policial dentro del sumario del caso, destapa una serie de negociaciones y presuntos pagos con personas que podrían ser funcionarios públicos o relacionados con el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Estos movimientos buscaban conseguir que se pudiera edificar en unos terrenos que Nadir -dedicado a la explotación de gasolineras y detenido en Bélgica por un fraude de IVA cometido en este sector- estaba interesado en comprar.
Según los investigadores, el empresario firmó a través de Petroazul SL, una de sus empresas, un acuerdo con las sociedades Donkasa SL y Parque Rosales SL por el que adquiría unos terrenos en el municipio de Estepona, con la condición de que se pudiera edificar en ellos. "Esta operación sería del todo imposible sin la connivencia de una persona que se encuentra dentro del área de Urbanismo de Estepona, en este caso Arturo Cebrián", recoge el escrito del grupo de blanqueo de capitales.
Cebrián es uno de los cinco arquitectos que trabajan en el área de Urbanismo. Está contratado como empleado municipal desde 2004 y mantiene la sociedad Arce Arquitectura SL, dedicada a proyectos de arquitectura y urbanismo. Según las fuentes consultadas, su principal cometido es informar de expedientes de licencias y planeamiento.
Las pesquisas policiales han determinado que el arquitecto formaba parte de las sociedades vendedoras de los terrenos y que mantenía relación con los administradores. "Es claro y notorio el deseo de Arturo de que la operación llegue a buen puerto y la implicación personal que mantiene, con reuniones, entrega de documentación y sus planteamientos futuros", añaden los investigadores.
Entre una de las conversaciones telefónicas intervenidas, grabada el 5 de marzo del año pasado, se observa cómo Nadir y Cebrián hablan del proyecto y evalúan los avances.
-Nadir (N). ¿Vamos a tener este mes la terminación de la urbanización.
-Cebrián (C). Sí, si seguramente sí.
-N. Entonces es para saber cómo va el tema.
-C. Pues a mí me gustaría tener una reunión contigo. (...) También para que podamos hacer un poco de planes para el futuro, para los proyectos.
-N. Sí, sí, eso podemos hacerlo pero, eso independientemente del proyecto, la urbanización no tiene nada que ver con esto.
-C. No, no tiene nada que ver, pero la urbanización va, es perfecto, ya está con la información pública y seguramente se tendrá el permiso en este mes.
-N. Sí, eh
-C. Sí, si, y después tenemos que hacer la reparcelación pero habría que empezar a pensar en los proyectos
-N. Sí, sí.
-C.Porque ya rápidamente se puede empezar a pedir licencia de obras.
El 19 de marzo vuelven a hablar y conciertan una cita para el día siguiente. Nadir se muestra preocupado por saber si ya disponen del permiso de terminación, que le dijo tendría para el día 20, y Cebrián le contesta que "está en plazo".Al día siguiente, los investigadores montan un dispositivo de vigilancia y siguen a Jan Nadir hasta un restaurante marbellí. A la cita, acudieron además otras tres personas. "Después de dos horas, se observa salir a Nadir junto a Arturo, todos ellos portando carpetas, y con actitud satisfecha", recogen los agentes en su informe.
'Pinchazos' telefónicos
Intermediario: "Sé que ya ha habido que soltar otro contrazo de dinero para que den la licencia de urbanización" (...) "Vamos a tener el permiso de forma inmediata".
Jan Nadir (imputado en el caso Hidalgo): "Claro. En el mes de marzo, sí".
Intermediario: "En el mes de marzo [vamos a tener la licencia de urbanización] porque para eso nos ha costado el otro día soltar un montón de dinero a gente del Ayuntamiento".
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZC - Marbella - 18/02/2008
Foto: Estepona - J.R. (El País)
Madrid, a la cola de Europa en la lucha contra la polución
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ELPAÍS* : Madrid no es Roma. Durante el mes de enero, al menos cinco estaciones de la red que mide la contaminación en Madrid registraron, durante tres días seguidos, valores superiores al límite diario (50 microgramos por metro cúbico) que marca la legislación europea. Recoletos y Luca de Tena pasaron de 80 y el paseo de Extremadura, de 70.
Madrid no es Roma, porque, de serlo, el viernes 1 de febrero los vehículos más contaminantes (matriculados antes de 2001) no hubieran podido circular. Si dos estaciones superan a la vez el límite tres días seguidos, se impone el blocco totale para "salvaguardar la salud de los ciudadanos". A los que lo hacen les cae una multa de 71 euros.
Madrid tampoco es París. En la capital francesa, las autoridades locales están obligadas a avisar a la población si se superan los 200 mg/m3 de dióxido de nitrógeno en tres estaciones a la vez. Algo que pasó aquí los días 19, 20, 21 y 22 de enero. Al día siguiente, el Ayuntamiento sí que lanzó un aviso que desaconsejaba hacer deporte. Pero lo atribuía al aumento de las partículas en suspensión provocadas por masas de aire africano. En Madrid, el procedimiento sólo obliga a alertar a la población cuando se superan los 300 mg/m3 en toda la red, una cifra que se obtiene al hacer la media de estaciones tan dispares como Recoletos y Casa de Campo.
Madrid no es ni Londres, ni Milán ni Berlín. Tres ciudades que han aplicado restricciones al tráfico de manera permanente, ya sea disuadiendo a los conductores al imponer un peaje o prohibiendo el paso a los vehículos más contaminantes.
Madrid aprobó en febrero de 2006 su Estrategia Local de Calidad del Aire, que incluye, entre otras actuaciones, prohibir el acceso al centro a los coches más contaminantes (los fabricados antes de 1993). Esa restricción debía estar en marcha en 2008, pero, de momento, nada se sabe de la marcha del plan. Las ciudades que han implantado sistemas parecidos, como Estocolmo, han necesitado meses de pruebas. "Estamos en plazo", reiteran fuentes del Ayuntamiento, a la vez que rehúsan ofrecer más información.
¿Por qué Madrid todavía no tiene planes similares?¿Está mejor o peor que estas ciudades? "Peor", contesta Fernando Prieto, doctor en Ecología y coordinador del informe Calidad del aire en las ciudades (2007), encargado por el Ministerio de Medio Ambiente. Para este experto, lo más urgente es alertar a la población cuando se superen los niveles para reducir su exposición y sacar de las ciudades los coches más contaminantes. Madrid registró una media de 60 mg/m3 de dióxido de nitrógeno el año pasado, cuando el máximo que marca la UE es 46.Miguel Ángel Alcolea, geógrafo del Instituto Complutense de Ciencias Ambientales, enumera tres maneras de reducir la contaminación: fomentar el transporte público, peatonalizar e imponer un impuesto como el de Londres. ¿Y para los episodios de contaminación alarmante? "Restricción del tráfico; no hay otra" Y concluye: "Lo idóneo sería avisar a la población cuando se superen los niveles máximos".
Madrid debería fijarse en Alemania e Italia, que restringen el acceso a los coches más contaminantes o les hacen pagar, opina Pedro Sauret, director técnico del RACC. El peaje urbano de Londres y la restricción de la velocidad de acceso a Barcelona serían buenas medidas, según Paco Segura, de Ecologistas en Acción. En todo caso, asegura, lo ideal sería coordinar un plan con la Comunidad de Madrid. "La contaminación no es un problema exclusivo de la ciudad, sino metropolitano. Cada día llegan 800.000 coches de fuera". Éstas son medidas aplicadas en otras ciudades europeas:
- Roma. Durante 12 jueves del invierno, sólo circulan por la Fascia Verde (que engloba casi toda la ciudad) los vehículos con matrícula par o impar, según el día. Además, hay prohibición total de circular tres domingos (26 de enero, 17 de febrero y 2 de marzo).
- Milán. Acaba de poner en marcha el Ecopass, un sistema de limitación de acceso al centro para los vehículos más contaminantes. Los más limpios están exentos de pago. El resto desembolsan entre 2 y 10 euros al día. Las sanciones por impago van de los 70 a los 275 euros.
- París. Los valores de dióxido de nitrógeno siempre son superiores a los que recomienda la UE, según admite el propio Ayuntamiento. París tiene un plan de actuación por el que está obligado a informar a la población en caso de que se superen los niveles máximos de cuatro contaminantes: dióxido de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre y partículas PM 10. Ha instalado paneles informativos en las calles y lanza alertas.
- Berlín. El tráfico es responsable de un 40% de la polución por partículas y de un 80% de la de dióxido de nitrógeno, según el Ayuntamiento de Berlín. El 1 de enero entró en vigor la llamada "zona ambiental", un área de 88 kilómetros cuadrados con un millón de residentes. De momento, sólo los coches Euro 1 (anteriores a 1995 y los más contaminantes) tienen prohibido circular por ella (suponen el 7% de los 1,2 millones de vehículos de Berlín), pero en 2010 ya sólo podrán entrar los vehículos Euro 4 o superiores (a partir de 2001).
- Londres. El peaje urbano empezó a funcionar en 2003 y el año pasado se extendió hacia el oeste. La llamada "tasa de congestión" es una tarifa diaria de ocho libras (11 euros) en días laborables. No hay puestos de peaje ni barreras, sino que unas cámaras leen la matrícula. Los residentes en la zona tienen un descuento del 90%. El año pasado, el peaje urbano recaudó más de 164 millones de euros, que se emplean en mejorar el transporte público. Londres cobrará a partir de octubre 25 libras (33 euros) a los coches más contaminantes. A los más limpios, nada. El peaje urbano ha reducido el tráfico un 21%.
- Barcelona. El principio "a menos velocidad, menos contaminación" está detrás de la decisión de la Generalitat de limitar a 80 kilómetros por hora la velocidad de entrada a Barcelona. La norma afecta a 17 municipios. Según cálculos del Gobierno catalán, a esta velocidad las emisiones de óxidos de nitrógeno se reducen una media del 17% respecto a circular a 100 kilómetros por hora. El bicing es la otra gran apuesta de Barcelona: un servicio público de 3.000 bicicletas de uso compartido distribuidas por toda la ciudad. Más de 100.000 abonados pagan 24 euros al año.
* ELPAIS.com - ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 18/02/2008
Foto: Atascos y contaminación en Madrid - Uly Martín (El País)
Santiago: Más de 5.000 personas participan en una "mani, festa, acción" contra la "destrucción" del territorio
ELCORREOGALLEGO* : Denunciaron la "venta" de Galicia por parte de los políticos a distintas empresas multinacionales. Los más de 60 colectivos que integran la red 'Galicia non se vende' lograron hoy la participación de miles de personas --que la organización elevó a 10.000 y la Policía redujo a 6.000-- en una "no manifestación, sino suma de una 'mani, festa (fiesta en gallego), acción" que recorrió hoy diferentes calles del casco antiguo de Santiago de Compostela.
Asistentes y convocantes hicieron uso de la retranca gallega para mostrar su rechazo a un "cuestión muy seria como es la destrucción del territorio gallego", dirigiendo, principalmente, sus críticas a los planes del Gobierno gallego en materia de acuicultura, minería y gestión de residuos.
"Nos vemos obligados de nuevo a movilizarnos porque no nos queda otro remedio", admitió cuando se convocó esta acción Mónica García, integrante de 'Burla Negra', colectivo que forma parte de esta red y que fue un activo muy crítico con gestión del Prestige cuando gobernaba el PPdeG, "pero bien poco tardó este gobierno --PSdeG y BNG-- en defraudarnos", lamentó.
Para arremeter contra las medidas del bipartito los participantes recurrieron a camisetas con originales lemas como 'o rodaballo metédeo no carallo'; a pancartas a las que instaban a 'Touriño, menos gas y mas vino', por Reganosa; y disfraces a recursos naturales que, a su juicio, están en peligro, como percebes o árboles. Todo ello, amenizado con cánticos y música de diferentes instrumentos.
Incluso, en el lugar de la salida de la manifestación (la Alameda de Santiago) se instaló un puesto de venta de chalets de 'Galicia d'Or, cidade de vacacións', en alusión al complejo vacacional mediterráneo para denunciar, de este modo, la especulación en la costa gallega.
El secretario executivo de la Asociación para a Defensa de Galicia (Adega), Fins Eirexas, indicó que la movilización de hoy pretende llamar la atención sobre los problemas de ordenación territorial "o, más bien, sobre la falta de ordenación", matizó.
Sobre las "amenazas" al territorio gallego, apuntó al Plan Acuícola como la "principal", "por su inmediatez" y porque afecta a "muchos ayuntamientos del litoral" donde se instalarán "monstruos de cemento de muchos metros cuadrados" y a "muchas personas" que sufrirán "expropiaciones".
Componentes de la manifestación
La Alameda compostelana aunó a partir de las 12.00 horas a más de 60 colectivos que abogan por la defensa del territorio gallego en las diferentes ámbitos y municipios de Galicia, entre los que se encontraban Adega, Greenpeace, Amigos da Terra, el Sindicato Labrego Galego e incluso la plataforma ciudadana 'Cultura si, Mausoleo non'.
Todos ellos coincidían, tal y como explicó el coordinador do Comité Cidadá de Emerxencia para a Ría de Ferrol, Manuel Rodríguez, en que se pretendía una "llamada de atención" a los poderes públicos. En su caso concreto, para que "no se conceda" la autorización a Reganosa ante el convencimiento de que supone "un peligro" para muchas personas la entrada de buques gaseros en la coruñesa Ría de Ferrol.
Otro colectivo participante era 'Temos dereito a saber', cuyo portavoz, José Casas, recordó que esta asociación se erige en contra de la instalación en la comarca del Ribeiro (Ourense) del "parque de basura más grande de Galicia". Casas consideró que la zona "no merece eso" porque "no está en absoluto degradada". "Por eso venimos, a luchar contra las desgracias medioambientales", argumentó.
Con todo, el Plan Acuícola concentró gran parte de las críticas. Así, la manifestación contó con la participación de colectivos que rechazaban la piscifactoría de Quilmas, que proclamaban que el citado plan es "un maltrato a la Ría"; la de Xandriña, quienes portaban peces de cartón en la cabeza y portaban tapas de cacerolas que hacían sonar al ritmo de las protestas; y Seiruga, entre otros. Estos últimos completaban sus reclamaciones con unos bidones metálicos que golpeaban haciéndolos sonar como tambores.
Otros colectivos también presentes en la manifestación reclamaban la paralización del campeonato de caza de zorro, la construcción del AVE por "su impacto ambiental y energético", la construcción de distintas autovías y el cierre de empresas como Ence o Reganosa.
"Venta" de Galicia a las multinacionales
Finalmente, ante una abarrotada Praza da Quintana, nueve representantes de distintas asociaciones leyeron un manifiesto que culminó la actriz gallega Mabel Rivero, de la asociación 'Galicia verde'. En ese documento se aunaban todas las reivindicaciones de los distintos grupos que hoy acudieron a la capital gallega procedentes de distintas partes de Galicia.
Así, denunciaron la "especulación" en el litoral, que "destruye el paisaje" y "daña irreversiblemente los recursos" pesqueros y marisqueros; el Plan Acuícola, Eólico y de Minería; el abandono del medio rural y de los montes frente a los incendios; las centrales térmicas; y la "degradación de los ríos" con vertidos.
También, criticaron el proyecto del Parque de Residuos de O Ribeiro; las empresas "peligrosas", como Ence y Reganosa; el "misérrimo" modelo de transporte público, que deriva en la perpetuación del vehículo privado y su emisión de gases; la construcción de autovías, que supone un "fuerte impacto" en el territorio; el "ridículo" mapa ferroviario de Galicia; y el AVE, "destructor" del territorio.
La lectura de este manifiesto se completó con la interpretación de dos canciones de distintos grupos gallegos presentes y con el Himno gallego tocado por un grupo de gaiteiros. No obstante, antes se escenificó también la "venta" de Galicia por parte de los políticos a distintas empresas multinacionales.
Tras esta irónica puesta en escena, la multitud congregada en la compostelana Praza da Quintana respondió con un unánime cántico de 'Goberne quen goberne, Galicia non se vende'.
Incidentes ajenos
Durante la manifestación no hubo que lamentar ningún incidente, puesto que se desarrolló en un ambiente festivo en el que predominaban los disfraces y los cánticos.
Sin embargo, al finalizar la concentración, un joven independentista subió por el balcón de la 'Casa da Parra' y arrancó la bandera de España del mástil entre los abucheos y reprobaciones de los participantes en la manifestación.
* El Correo Gallego - E.P. SANTIAGO - 17.02.2008
Foto: Miles de pesonas recorrieron las calles compostelanas bajo el lema 'Galiza non se vende'/ Antoni Hernández, elcorreogallego.es
Fuerteventura: A 86 infracciones urbanísticas por mes durante el año 2007
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CANARIAS7* : En sólo un año, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural abrió 2.525 expedientes, lo que sitúa a la Isla en el quinto puesto en el ranking de Canarias, por debajo de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote. Construcciones ilegales, infracciones a la Ley de Costas, vertidos de residuos peligrosos y extracciones sin permiso.
Son los cuatro principales males que aquejan al territorio majorero a la vista de los expedientes abiertos por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural durante 2007, que se cifraron en 2.525, lo que sitúa a la Isla en el quinto puesto de toda Canarias.
La estadística de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno autónomo, establece en 1.034 los expedientes abiertos por infracciones urbanísticas durante 2007. Una cifra superior a la de Lanzarote (848), a pesar de que en el montante total la isla vecina se encuentra por encima de Fuerteventura en cuanto a expedientes abiertos.
En el vertido de residuos peligrosos y abandono de coches también destaca Fuerteventura con 741 expedientes. Le siguen los 357 expedientes por infracciones urbanísticas no constructivas.
Ley de costas
Aunque Fuerteventura se sitúa en quinta posición con respecto a toda Canarias en número de expedientes iniciados por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, en cambio en el número de infracciones a la Ley de Costas ocupa el segundo, después de Tenerife (271). En la Maxorata, se incoaron 252 expedientes relacionados con Costas por construcciones ilegales. Por debajo de la Isla se sitúa Lanzarote (177), Gran Canaria (174), La Palma (100) y muy en la distancia La Gomera (27) y el Hierro (21).
Las denuncias por extracciones de áridos e impacto paisajístico ascienden a 81 en Fuerteventura, más que en Lanzarote (23) y que en La Palma (57), que en la lista general se encuentran por encima de la Maxorata en cuanto a expedientes abiertos durante 2007 por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Los vertidos al mar se sitúan en 60, por encima de La Palma, pero por debajo de Tenerife (317), Gran Canaria (177) y Lanzarote (71).
Durante 2007, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, acordó incoar un total de 27.052 expedientes: 8.198 en Gran Canaria, 7.556 en Tenerife, 3.422 en La Palma, 2.994 en Lanzarote, 2.525 en Fuerteventura, 1.379 en La Gomera y 978 en El Hierro. Por expedientes, el mayor porcentaje es el de las infracciones urbanísticas (11.397), el vertido de residuos peligrosos (9.156), las infracciones no constructivas (4.163), infracciones a la Ley de Costas del Estado (1.022), vertidos al mar (703) e impactos ambientales (456), entre otros.
* Canarias 7 - Catalina García - Puerto del Rosario - 17 febrero 2008
Foto: Puerto Rosario (Fuerteventura) - bbc.co.uk
Una familia pone en jaque la ley urbanística valenciana ante la UE
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LEVANTE/Alicante* : El presidente de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo en su condición de europarlamentario socialista, Herbest Bösch, solicitó el 10 de enero explicaciones a España sobre la conformidad con el derecho comunitario de proyectos urbanísticos vinculados a la percepción de fondos europeos.
Bösch asegura que la Comunidad Valenciana no aplica la nueva ley nacional del suelo porque la recurrió para regirse por la Ley Urbanística Valenciana "con nefastas consecuencias para los afectados".
Además pide información específica sobre el punto en el que se encuentra el procedimiento iniciado contra España por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por las irregularidades detectadas en los métodos de licitación de proyectos urbanísticos y la constatación de casos de corrupción de autoridades locales.
Esta solicitud está vinculada a muchos ejemplos concretos, pero en especial al caso de una familia austriaca en Orihuela Costa que lleva ocho años intentando eludir la acción de los urbanizadores. Los Wesenauer tienen su domicilio en Castillo de Don Juan, la finca Langostina. Compraron el terreno con una casa solariega de 3.450 m2 hace 12 años. La administración local autorizó agregar esa finca al cercano suelo del PAU 25-La Cuerda. Beneficiado, entre otros, con colectores de aguas residuales financiados con 2, 5 millones de fondos europeos.
El 3 y 4 de junio de 2001 un incendio arrasó parte de la pinada que iba a ocupar el plan a partir de 2003. A cambio de sumarlos al proyecto, esta familia -con dos niñas en edad escolar- ve reducida su propiedad a 1.786 m2 y debe aportar 43.869 euros para gastos de urbanización. El planeamiento les ubica un bloque de adosados modelo "Tulipán". Algo que no han pedido ni quieren, a pesar del supuesto beneficio económico.
El 23 de octubre de 2007 pasado los afectados denunciaron ante la Guardia Civil que "asaltaron su propiedad" sin permiso y "marcaron el terreno con estacas" correspondiente a los chalés que les endosan. La titular del Juzgado Número 6 de Orihuela acaba de archivar el caso y la familia ha remitido ese fallo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La embajada de Austria explicó en noviembre de 2007 por carta al Ayuntamiento que los "derechos legales como propietarios de todos los ciudadanos de los países de la UE deberían ser respetados". Pedía a la alcaldesa de Orihuela que tomara "medidas para conseguir un procedimiento transparente y ofrecer el amparo necesario". En su respuesta del pasado 17 de diciembre la primera edil Mónica Lorente ventila el asunto con antecedentes en el que se argumenta la legalidad del plan -según la legislación valenciana-, y dice que la familia Wesenauer pretende "eludir los deberes de cesión obligatoria y los gastos de urbanización" que le corresponden.
La urbanización está promovida por la empresa de un hermano de uno de los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela (San José) mientras que la urbanización del suelo es de otra mercantil local (Marcos), investigada por la fiscalía Anticorrupción en relación al uso de coches a nombre de sus empresas por parte de cargos públicos oriolanos.
* Levante-EMV - D. Pamies, Orihuela - 17 de febrero de 2008
Foto: Orihuela (Alicante), playa Aguamarina-Campoamor - mma.es
