Ante noticias como esta, no se sabe si es mejor reir o llorar. ¿Cómo es posible que la Comunidad de Madrid, última responsable del urbanismo en sus límites, no tenga a estas alturas un mapa de las construcciones ilegales? ¿Qué ha estado haciendo hasta este momento? ¿No va a dimitir nadie por tener la caradura e ineptitud de que no exista dicho mapa? ¿Y todos los políticos responsables de esta situación que han pasado en los últimos años? Aparte del delito municipal de que existan esas construcciones ilegales, también hay un delito gravísimo en la propia Comunidad.
"20MINUTOS* : La Comunidad de Madrid va a elaborar el primer mapa de viviendas ilegales de la región. El inventario permitirá someter a "control" el urbanismo salvaje que, según los expertos y los grupos ecologistas, han venido permitiendo tanto el ejecutivo autonómico como los ayuntamientos. El trabajo ha sido adjudicado a la empresa Melissa Consultoría e Ingeniería Ambiental por un importe de 45.496,00 euros, la oferta económica más ventajosa. Esta deberá elaborar una base de datos con una ficha técnica por cada construcción levantada en suelo no urbanizable y suelo urbanizable que no haya sido dividido en sectores. Estas fichas detallarán la situación de los inmuebles, el número de plantas, el terreno que ocupan y el uso que le dan sus propietarios.
La localización se realizará mediante fotografías aéreas e imágenes por satélite de los 179 municipios de Madrid tomadas durante los últimos años y hasta 2011. Ello permitirá saber el intervalo de tiempo en el que las edificaciones fueron construidas y si sus propietarios las modificaron a posteriori. Las que se hicieron despúes de 2011 que, en principio, fuera, aunque la base de datos podrá actualizarse a posteriori.
El aspecto cronológico es especialmente importante, dado que las infracciones y delitos urbanísticos prescriben a los cuatro años de cometerse, según la ley autonómica del suelo. Sin embargo, cada añadido, modificación o ampliación supone una irregularidad nueva.
La elaboración del mapa comenzará de inmediato, de forma que esté listo el próximo mes de diciembre. Una vez que la Consejería de Medio Ambiente lo tenga, contará con un instrumento con el que presionar a los ayuntamientos para hacer cumplir la ley, ya que la disciplina urbanística depende de las administraciones locales.
La adjudicataria también contará con la información proporcionada por las direcciones generales de Medio Ambiente, Evaluación Ambiental y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, además de con los informes y trabajos de campo del Cuerpo de Agentes Forestales.
Más medios
Hoy, Madrid tiene miles de viviendas ilegales repartidas por toda la región, siendo las zonas más afectadas la Vega del Tajuña (Chinchón, Morata, San Martín de la Vega), la del Jarama (El Molar, El Vellón, Talamanca) y el curso medio del río Guadarrama (Móstoles, Navalcarnero, Arroyomolinos). Espacios protegidos como el Parque Regional del Sureste o los cortados y cantiles de los ríos Manzanares y Jarama se han visto invadidos debido a la pasividad administrativa, como informó 20minutos.
Para los geógrafos de la web especializada Pensando el Territorio, cartografiar e inventariar las urbanizaciones ilegales es "indispensable". Sin embargo, critican que esta iniciativa se tome, por segunda vez en la historia reciente de Madrid, en época de crisis: "Denota claramente un fin recaudatorio, pues el objetivo es legalizar los asentamientos y cobrar impuestos para la Administración".
La última vez que se realizó este catálogo de urbanizaciones ilegales, apuntan, fue en 1985, cuando el entonces presidente regional Joaquín Leguina (PSOE) instó por ley a los ayuntamientos a regularizar 137 colonias ilegales. La mayoría quedaron en el limbo.
Los agentes forestales creen que la medida llega tarde y que adolece de fallos, como no contemplar la problemática social —marginalidad, ausencia de escolarización, drogas en algunos casos—. "Aplaudimos la iniciativa, pero tanto la Justicia como nosotros necesitamos más medios. Denunciamos el 90% de las infracciones durante el primer año de comisión, pero los expedientes y denuncias van muy lentos", describe Juan Manuel Antón, portavoz de UGT en el cuerpo.
Ecologistas en Acción alerta, además, de que la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles —conocida como 'ley Virus'— ideada por Esperanza Aguirre y aprobada por su sucesor, Ignacio González, es un obstáculo más para la conservación del territorio, ya que permitirá construir chalés de una planta en fincas de 60.000 metros cuadrados o más.
"Todo el mundo lo hace"
Eugene Morha, de 58 años, sabe que vive en una casa ilegal: "Claro, igual que mis vecinos". Su chalé está en Valdecorzas, una urbanización irregular que comenzó a formarse hace 30 años y que hoy se encuentra dentro del Parque Regional del Sureste, en el municipio de Arganda. Hasta ahora, el Ayuntamiento se ha negado a proporcionarles los servicios básicos de agua, alcantarillado, luz o transporte. Para fregar usan agua de pozo; para la luz, paneles solares o generadores.
"Construimos la casa porque todo el mundo lo hace y no pasa nada. Ahora vivimos aquí todo el año. Estamos empadronados y pagamos una cuota de 20 euros al mes a la asociación de vecinos. Tengo una sentencia judicial que me dice que no puedo acabar la fachada, pero tampoco tengo que tirarla", detalla. Como ella, otras 200 personas viven en este emplazamiento.
* 20 Minutos - ÁNGEL CALLEJA 28.06.2013
Foto: Viviendas ilegales en S.Martín de la Vega - A.C.
La Comunidad de Madrid elabora un mapa de viviendas ilegales para perseguir su construcción
en
3.7.13
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Madrid
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3 comentarios :
Mientras los ciudadanos de a pié pagamos cada año más y más impuestos estos delincuentes impunes viven como parásitos aprovechando los servicios que el resto de gente decente paga religiosamente.
Eso por no contar los que han construido en terrenos protegidos, espacios naturales, etc jodiendo el medioambiente al resto.
Y no sigo...
Tiene guasa que la comunidad hable de "urbanismo salvaje", cuando han permitido enladrillar hasta el techo de forma legal.
Deberian vigilar las construcciones en vías pecuarias. De dominio público y que se han convertido en un "todo vale" para urbanizar sin licencias.
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