
La asociación ecologista cree que la ley contra los derribos demuestra que el Gobierno y el Parlamento de Cantabria "solo se unen como una piña" cuando tienen que defender sus propios intereses políticos, lo que, a su juicio, "revela un enorme grado de irresponsabilidad frente a las consecuencias futuras de sus decisiones".
Según ARCA, ha quedado "claro" que ni el Gobierno y ni el Parlamento de Cantabria "desean que la legalidad y la decencia política" se impongan en el urbanismo regional, sino que pretenden "seguir fomentando la especulación urbanística por encima de lo que digan los jueces, o de la voluntad de los cántabros".
ARCA ha agradecido el reciente apoyo de Greenpeace en su exigencia de que se ejecuten todas las sentencias de derribo y ha pedido a la clase política que se ponga del lado de los ciudadanos, legislando a favor de la restauración del paisaje costero y promoviendo la protección de los propietarios de viviendas afectadas con políticas de compensación urbanística y con indemnizaciones económicas que compensen los daños materiales y morales sufridos.
La tutela judicial efectiva es uno de los derechos reconocidos con el rango de fundamental por el artículo 24.1 de la Constitución Española y comprende un triple e indivisible contenido: la libertad de acceso a la justicia, el derecho a obtener una sentencia motivada y que esa sentencia se cumpla, ha explicado ARCA.
* ABC - EFE - 23.07.10
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario