Murcia.- La cifra de imputados en el caso de corrupción se eleva ya a veinte

LAVERDAD* : Crece el número de imputados y aumenta el número de delitos por los que, según va trascendiendo, están abiertas las diligencias del 'caso Umbra'. Fuentes próximas a este asunto han confirmado que, al margen de los tres detenidos y siete sospechosos que se ha publicado que están inmersos en el asunto, hay otros diez imputados más que están en la diana de los investigadores. Hasta el momento habia trascendido que, además de los tres arrestados, se encuentran imputados el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena; el empresario y dueño del Real Murcia, Jesús Samper; la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno Local y esposa del Gerente de Urbanismo, María Isabel Fernández; el ex jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, y su mujer, Sandra de la Puente, y el constructor Francisco Arqués.

Por lo que se refiere a los presuntos delitos que se investigan, habían trascendido los de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, pero el espectro es más amplio: prevaricación, falsedad en documento público, delito contra la Hacienda Pública...
Entre los diez nuevos imputados, que serán llamados a prestar declaración en los próximos días y cuyas identidades no han trascendido, se encuentran empresarios dedicados a la promoción urbanística y varios cargos públicos, según las citadas fuentes.
Todo apunta a que la toma de manifestaciones se va a prolongar durante varias semanas. Por otro lado, en ámbitos próximos a la investigación no se descarta que a medio plazo pueda desencadenarse una nueva redada de la Unidad Central Operativa (UCO).





* La Verdad - 8.10.10
Foto: Murcia - vegamediapress.com

Marbella.- El hombre que sabía corromper

ELPAÍS/Reportaje* : Una calle de Marbella. El policía municipal ordena detener el vehículo, cuyo conductor ha realizado una maniobra prohibida. La multa correspondiente se paga con fondos reservados del Ministerio del Interior unos días después. El coche es de alquiler para no levantar sospechas. El infractor es un policía nacional que evita identificarse como tal. Nunca se habían extremado tanto las precauciones para investigar a un hombre y su círculo de intereses. Ni siquiera las más altas autoridades policiales de Málaga están al tanto de lo que se está cociendo: agentes llegados desde Madrid, que viven en pisos francos y evitan pisar una comisaría, vigilan cada movimiento de un empleado municipal de Marbella llamado Juan Antonio Roca.

Roca no es un asalariado cualquiera. Ni siquiera es un gerente de Urbanismo cualquiera. En ese invierno de 2005, Roca es el hombre más importante de Marbella. "Tengo todo el poder", se atreve a confesarle a un abogado. "El Ayuntamiento soy yo", dice.

Casi cinco años después, Roca es memoria viva del principal caso de corrupción urbanística conocido en España. Mañana está previsto que comience el juicio del caso Malaya. Será el mayor celebrado hasta la fecha, con 95 acusados en el banquillo y un sumario de 200.000 folios ordenados en 196 tomos. Muchas son las voces que pronostican la dificultad de gobernar un juicio semejante, que puede alargarse más de un año. Marbella exportó un modelo de urbanismo en el que arraigaron el cohecho y la prevaricación. Y su gestor fue Roca. Desde entonces hasta hoy, numerosos casos de corrupción salpican España.

»EL DESPACHO DE ROCA. El centro del poder. Es una habitación amplia, funcional, al fondo de la sede de Planeamiento 2000, SL, la empresa municipal que gestiona el urbanismo de la ciudad, en la avenida de Ricardo Soriano, la principal arteria de Marbella. La oficina tiene dos puertas. Una comunica con la antesala donde trabajan sus secretarias. La otra conecta directamente con el exterior. Es una salida discreta, reservada para las visitas que no deben pasar por el acceso principal. Sobre la mesa, Roca llega a tener alineados hasta nueve teléfonos móviles. Algunos se los ha facilitado su asesor de seguridad, Jaime Hachuel Fernández, apodado El Coronel, según algunas fuentes un antiguo miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Uno de los terminales es un modelo inglés que utiliza una línea cifrada para evitar que alguien pueda interferir sus comunicaciones, pero Roca no tiene suerte en ese aspecto: a veces, su interlocutor se olvida de apretar un determinado botón, el sistema no funciona, y la conversación puede ser escuchada.

Demasiada gente llama a Roca a su despacho. Por cualquier motivo, no solo para pedir dinero. Le telefonean incluso para pedirle permiso para intervenir en un programa de televisión, para recibir instrucciones sobre lo que hay que decir sobre la situación en Marbella. Son frecuentes las llamadas del jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo. Posiblemente le informó de que sus hombres habían detectado dos coches camuflados de la Policía Nacional cerca de su domicilio. Para eso necesitaba nueve teléfonos móviles: nada importante pasaba en Marbella sin su conocimiento. "Cada uno tiene su función", llegó a explicarle a un empresario.

Tiempo atrás, la policía trató de convertir a Roca en confidente. Su colaboración era fundamental para investigar al alcalde Jesús Gil, que había fundado un partido (Grupo Independiente Liberal, con las siglas de su apellido) cuyo objetivo no era otro que trasladar el modelo implantado en Marbella a otros lugares de la costa, dos de ellos tan sensibles como Ceuta y Melilla. Y Gil estaba teniendo éxito. Roca colaboró un tiempo. No mucho. Luego lo dejó. Se sintió más cómodo colaborando con dos funcionarios del CNI que se hacían llamar Tomás e Ignacio. Esa información llegó a oídos del juez Miguel Ángel Torres: en todo caso, fue determinante para que se adoptaran por parte de la Policía precauciones excepcionales en la investigación. Quizás Roca pensaba que con el CNI estaría más protegido, que podía gozar de mayor inmunidad y seguir incrementando su riqueza a costa del patrimonio de Marbella. Estaba seguro de que alguien le avisaría de cualquier contrariedad.

La Operación Malaya no nació por casualidad. Formalmente, todo empezó el 13 de octubre de 2005, cuando Jorge González, un funcionario marginado de sus funciones como jefe del servicio jurídico de Urbanismo de Marbella, acudió a testificar sobre unas irregularidades en las obras del hotel Guadalpín. En un momento dado, González habló de Roca y explicó que "actuaba como si fuera el alcalde en los temas urbanísticos". "Es la persona que decide absolutamente", dijo. Y añadió que en Marbella se cumplía "al 99%" todo lo que decidía Roca. Al final de su testimonio, González advirtió que temía que pudiera sucederle algo después de lo que había declarado. Para el joven juez Torres, que había adquirido cierta notoriedad en la investigación de la Operación Ballena Blanca, donde afloraron algunas cosas que estaban sucediendo en Marbella, ese testimonio fue suficiente para abrir unas diligencias y judicializar una investigación que llevaba unos meses esperando una oportunidad. En términos policiales, se había realizado un trabajo de "inteligencia" previo a la puesta en marcha de la operación. Lo que no sospechaba Torres era que uno de sus compañeros, con quien comentaba algunos casos y con quien había compartido piso meses atrás, el juez Francisco Javier de Urquía, había recibido presuntamente dinero de Roca para comprarse un piso.

Sin esa información previa, la Operación Malaya quizás habría sido un fracaso. Aún hoy, pocos se han preguntado cómo una investigación que provocó más de cien detenciones y un auténtico terremoto en la Costa del Sol se fraguó en tan solo cinco meses, un tiempo récord para una operación de tanta envergadura. Sin esa información previa, sin esa inteligencia preliminar, no habría sido posible.

La estrategia se diseñó desde Madrid. Se formó un equipo entre la Policía, la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción. Se incorporó al equipo a los mejores expertos policiales en blanqueo de capitales y esos no eran otros que quienes habían trabajado en su día contra los narcotraficantes gallegos. Se dispuso un reparto de tareas muy estricto: todas las labores de vigilancia se realizarían desde Madrid, con policías enviados desde la capital, con coches alquilados para no levantar sospechas una vez que se detectó que la Policía Local de Marbella hacía labores de contravigilancia en favor de Roca. Se alquilaron pisos francos, se constituyeron empresas pantalla para dar cobertura al trabajo de algunos agentes, se evitó acudir a las notarías de la Costa del Sol o a los registros de la propiedad para no levantar sospechas. Solo un pequeño grupo de agentes de Málaga, al mando de un comisario, investigaría el patrimonio de Roca en la Costa del Sol, pero no se informó de ello a las altas instancias policiales de la provincia.

Y a pesar de todo ello, cuando fueron a detener a Roca a su domicilio, este no se sintió sorprendido. "Les estaba esperando", dijo a los agentes. En su casa de Murcia, a donde se desplazaba con frecuencia en helicóptero, no encontraron un solo papel. Una de sus secretarias, Ainoa C. G., en una declaración posterior ante el juez, dijo: "A partir de noviembre de 2005,

cambió de actitud. Nos hizo quitar documentación sobre Maras Asesores, Marqués de Velilla, Condeor, Marbella Airways, Masdevalia y One Properties. Creo que dio esas instrucciones porque no quería que la gente supiera que esas sociedades son suyas y porque quería abandonar Marbella".

Roca tuvo la certeza de que le estaban investigando. Quizás pensó que no llegarían tan lejos. O estaba convencido de que funcionaría la "protección".

»LA ALCALDÍA. No es acorde con el presunto glamour de Marbella. Decoración descuidada, no exenta de un toque de austeridad. No es un espacio generoso. Una mesa de madera noble con un sillón a juego preside la estancia. A la izquierda, un tresillo en tonos amarillos algo desgastado. Así era en el invierno de 2005. En realidad, nunca fue el centro del poder municipal. Gil gobernó casi siempre desde la sede del Club Financiero Inmobiliario, una empresa de su propiedad. Cuando hubo de abandonar la alcaldía en 2003, el despacho lo ocupó Julián Muñoz, un concejal que en tiempos fue camarero y regentó algún negocio de hostelería. Julián Muñoz hizo carrera en la prensa rosa tras un romance con la tonadillera Isabel Pantoja. Ganó las elecciones por mayoría absoluta y, desde ese momento, comenzó a tener ideas propias en materia de urbanismo, aconsejado por la cantante, según fuentes políticas. Muñoz se atrevió a destituir a Roca. Sobre su mesa de la alcaldía tenía una foto de su nieto y otra de Isabel Pantoja.

Pero el poder siguió en manos de Roca y la noche del 31 de julio de 2005 una moción de censura acabó con el Gobierno de Muñoz. Nunca hubo duda de que Roca movió todos los hilos para colocar a Marisol Yagüe, ex cantante rociera, como alcaldesa, y asegurarse el respaldo de Isabel García Marcos, la cabeza de lista del PSOE, nombrada teniente de alcalde. Para entonces, los deseos de enriquecimiento de los ediles superaban toda prudencia.

"Roca se reunía todos los lunes y los martes con la alcaldesa y el resto de concejales", explicó ante el juez otra de sus secretarias, María José L. H. "Él nunca se desplazaba a ver a nadie, pero cuando llamaba a la alcaldesa, a algún concejal o al jefe de la Policía Local venían inmediatamente a despachar con él. Roca no recibe en ningún caso instrucciones de los concejales. Más bien creo que es al contrario".

En las semanas previas al despliegue policial, el ambiente político en la ciudad estaba muy cargado. La entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, que suplía su incapacidad de gestión con altas dosis de populismo, había sido denunciada por impago por un constructor que había reformado su chalé, La Madrugada. El constructor, Alberto Piñana, había contado al juez que la regidora le debía cerca de 950.000 euros por las obras -que incluyeron, según él, tirar y levantar el mismo tabique una decena de veces- y que Yagüe había tratado de abonar los trabajos con fondos municipales. La publicación de este escándalo alarmó a Roca, que ya sospechaba que la Policía andaba tras sus pasos. En una conversación telefónica incluida en el sumario, Roca le confiaba al entonces jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo: "Es que yo no sé cómo esta chica... Yo voy a hablar muy seriamente con ella".

Otros concejales tenían conciencia de que sus días felices estaban contados. El 3 de enero de 2006, el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez, ya fallecido, hablaba con el empresario de grúas Ismael Pérez Peña, con quien supuestamente amañaba el contrato de retirada de vehículos al depósito municipal:

-Vamos primero a lo de la grúa, a dejarlo bien, y después a por el dinero, que esto se acaba.

-Ya. Coger pisos o lo que sea.

-Lo que te den. Coge lo que te den, que esto se acaba, Ismael. Lo que tienes que hacer es coger pisos donde sea porque lo puedes hacer calderilla.

La ex socialista Isabel García Marcos, otrora azote de los gilistas, y que se pasó con armas y bagajes al lado oscuro tras la moción de censura que derrocó a Julián Muñoz, también dejó su frase para la historia de la corrupción. El 24 de febrero de 2006 García Marcos hablaba con el también edil José Jaén sobre el proyecto de unos empresarios para levantar una residencia de ancianos de lujo en Marbella: "Quiero cobrar provisión de gastos, porque si no, no trabajo; quiero cobrar el ítem uno, quiero cobrarlo porque nada más sobre el papel yo genero una plusvalía muy importante (...) No muevo un papel, no muevo nada, ni siquiera me pongo a leer si no tengo dinero".

Apenas un mes después de que los policías grabaran esta jugosa conversación, se inició la primera fase de la Operación Malaya. Para detener a la teniente de alcalde García Marcos los agentes tuvieron que esperar un par de días a que regresara de su luna de miel en Rusia. Sin embargo, la espera mereció la pena: en su domicilio, en el barrio de El Limonar, en Málaga, los agentes hallaron 378.000 euros en billetes de 500. "Es el fruto de mi trabajo, una herencia de mi padre y mis regalos de boda", afirmó.

De nada habían servido los consejos de Roca a los concejales sobre la necesidad de no hablar de ciertas cosas por teléfono.

Para entonces, el ayuntamiento de Marbella había llegado al paroxismo. Existía el grupo mixto A, el B, el C, el D, el PSOE, el PP, el Grupo Socialista y el PA: 17 de los 27 concejales estaban imputados en diferentes causas. Desde 1991, ocho concejales y el alcalde Gil fueron condenados por causas relacionadas con la corrupción. Cuando se destapó finalmente la operación y se practicaron las primeras detenciones, el Consejo de Ministros tuvo que intervenir el 6 de abril de 2006 el Ayuntamiento y colocar una junta gestora que presidió el abogado Diego Martín Reyes, ocupante también de aquel despacho de la alcaldía. Martín Reyes todavía recuerda que se encontró con un Ayuntamiento que "tenía unos ingresos corrientes de 300.000 euros y unos gastos de 13 millones".

»EL TRIÁNGULO DE CORULLA EN MADRID. La sede del bufete de Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, en la calle de Fernando VI. No muy lejos, dos oficinas más, una en la calle del Príncipe de Vergara, 47, la otra a un centenar de metros, en Goya, 59. Ese era el triángulo en el que se movía Montserrat Corulla, una joven y ambiciosa abogada que administraba algunas sociedades,entre ellas, Condeor. Si el poder político de Roca estaba en Marbella, su poder económico lo tenía desplazado en Madrid. A efectos fiscales, Roca era un empleado del Ayuntamiento con un sueldo de gerente y una sola cuenta corriente, cuyos gastos se limitaban a pagar el colegio de su hija. No había otra propiedad a su nombre. Los intereses de Roca fuera de España los llevaba, según el fiscal, el abogado marbellí Juan Germán Hoffmann.

Los abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor gestionaban las sociedades bajo las que Roca supuestamente ocultó su patrimonio, y la red de presuntos testaferros que figuraban como administradores del entramado mercantil. El fiscal atribuye al ex asesor urbanístico inversiones por 136 millones de euros en inmuebles: sus adquisiciones principales son una finca de 130 hectáreas en San Roque (Cádiz), llamada La Morisca; otra en Marbella, bautizada como La Caridad; los palacios de Saldaña, Villagonzalo y de Tepa (en Madrid); hoteles en El Rocío (Huelva) y Los Alcázares (Murcia), y pisos y chalés en Marbella, Sevilla, Sotogrande y Baleares. También adquirió obras de arte y objetos de lujo por valor de 27 millones y gastó otros 31 millones en reformar y amueblar sus viviendas.

Montserrat Corulla gestionaba parte de ese capital y ello le permitió llevar un alto nivel de vida. Una mujer guapa y elegante que se movía bien en despachos oficiales. Se hizo popular cuando durante la pasada campaña electoral, el hoy ministro Miguel Sebastián, entonces candidato socialista a la alcaldía, interpeló al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Para entonces, Corulla había tenido una experiencia dramática: había pasado varios meses en prisión preventiva por el caso Malaya. Ahora, su defensa la presenta como una mujer engañada por Roca, cuya firma fue falsificada en muchos documentos mercantiles.

La policía está convencida de que Roca nunca sospechó que habían conseguido desentrañar su red madrileña. Esa fue su sorpresa. Desde allí operaban más de cien sociedades que gestionaban sus recursos, una minucia al lado de las que operaban alrededor de Maras Asesores, su otro despacho en Marbella, un sexto piso en un inmueble apenas unos metros próximo a la sede de Planeamiento 2000. La información obtenida en Maras Asesores fue incompleta porque Roca había decidido ir destruyendo pruebas, pero, con el paso de los meses, la Policía halló una pista clave en ese despacho. Entre los papeles incautados al economista Salvador Gardoqui, supuesto contable de las empresas de Roca en Marbella, había un lápiz informático de memoria. Los agentes lo enchufaron al ordenador. Al ver su contenido entendieron por qué Gardoqui era el detenido que parecía más abatido moralmente. Allí estaba toda la contabilidad de sobornos de Roca, "una ganga para la investigación", según el fiscal Juan Carlos López Caballero.

Las hojas de Excel de Gardoqui, que tenía su despacho junto al de Roca en la oficina de Maras Asesores, explicaban todo el circuito del dinero. Supuestamente, empresarios con intereses en la ciudad pagaban fuertes cantidades a Roca a cambio de recalificaciones de parcelas, aumentos de edificabilidad, ventas de terrenos municipales a buen precio. Otros buscaban prebendas no estrictamente urbanísticas, como la concesión de la grúa municipal, un negocio que se ha demostrado muy lucrativo, o la estación de autobuses. Por las hojas de cálculo comenzaron a desfilar nombres e iniciales de los promotores más potentes de Andalucía: José Ávila Rojas, Tomás Olivo, Rafael Gómez, Sandokán, Aifos... Todos ellos iban asociados a "aportaciones" en metálico.

Roca se embolsaba la mayor parte del soborno, según algunas fuentes el 35%, y repartía el resto entre los concejales del equipo de gobierno encargados de dar el visto bueno político a decisiones contrarias al planeamiento urbanístico vigente en la ciudad. Las tarifas de los ediles variaban en función de su rango en el Consistorio; y las entregas de dinero negro, en ocasiones de hasta un millón de euros, se fraccionaban por cada acto administrativo necesario para la edificación: una parte a la firma del convenio urbanístico que permitía modificar el planeamiento, otra con la licencia de obras, y la última cuando la construcción estaba terminada. El fiscal calcula que los 19 empresarios procesados aportaron a la "caja única" de Roca un total de 33,3 millones de euros.

»CIUDAD DE LA JUSTICIA EN MÁLAGA. La vista oral más poblada de la historia judicial española arrancará mañana en la Audiencia Provincial de Málaga con un procesado protagonista, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, y otros 94 acusados más o menos secundarios, entre ellos, los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe o la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos. El banquillo se completa con una ristra de concejales rasos, abogados, promotores, economistas, marchantes de arte y demás personajes en los que Roca se apoyó para, supuestamente, amasar y blanquear una fortuna que la Fiscalía cifra en 245,1 millones. Presidirá el juicio el magistrado José Godino Izquierdo, un hombre apacible y sonriente de 58 años, que se enfrenta al hecho más relevante en sus 27 años de carrera.

El juicio, para el que están acreditados 300 periodistas, arrancará con el estudio, durante un mes, de las llamadas cuestiones previas. Entre ellas, las presentadas por Roca, quien ha cambiado de abogado porque, al parecer, no podía abonar su minuta. ¿Una táctica dilatoria más? Hay especulaciones de todo tipo, entre ellas las de quienes opinan que lo más rentable para él sería negociar con la Fiscalía y decir la verdad. "Para él hay solicitada una pena de 30 años. Puede negociar una considerable rebaja y dejar el juicio resuelto. Ya lo hizo con el juez Urquía: confesó haberle prestado dinero", comenta uno de los investigadores del caso.

La información que poseía Roca se ha convertido en una leyenda urbana en Marbella. No es de extrañar siendo como fue el hombre cuya palabra se convirtió en ley, el gerente que puso y quitó alcaldes, el alto funcionario a quien todo el mundo pedía consejo hasta para saber qué es lo que tenía que decir en público. Todavía hoy en día, hay personas que especulan con la identidad de ciertas iniciales y cifras manuscritas en algunos de sus cuadernos de notas. Roca tuvo entre sus habilidades la capacidad de ponerle precio a la voluntad de muchas personas en la ciudad. Ha sido guardián de muchos secretos de Marbella. Y hay quien sostiene que el día que hable temblarán los cimientos de Andalucía".

Los implicados

-»JUAN ANTONIO ROCA NICOLÁS. Cartagena (Murcia), 1953. Es el supuesto cerebro de la corrupción en Marbella. El fiscal pide para él 30 años de prisión y 810 millones de euros de multa por blanqueo, prevaricación administrativa, malversación, fraude y cohecho. Es el único acusado que está en prisión, desde 2006, condenado por el 'caso Saqueo'. Su esposa y su hija también están acusadas.

»MARISOL YAGÜE REYES. La Línea de la Concepción (Cádiz), 1954. Alcaldesa de Marbella entre agosto de 2003 y marzo de 2006. Según el juez instructor, Miguel Ángel Torres, era una simple "marioneta" en manos de Roca. Tras seis meses en prisión preventiva, abrió un tablao flamenco. Piden para ella 20 años de cárcel.

»ISABEL GARCÍA MARCOS. Salamanca, 1954. Ex teniente de alcalde expulsada del PSOE por apoyar la moción de censura contra Julián Muñoz. Al salir de la cárcel retomó su puesto de inspectora médica de la Junta de Andalucía. Se enfrenta a 12 años de prisión.

»JULIÁN MUÑOZ PALOMO. Arenal (Ávila), 1947. Ex alcalde de Marbella con el GIL. Implicado en medio centenar de causas por delito urbanístico. El fiscal le reclama 10 años de cárcel y 400.000 euros de multa.

»PEDRO ROMÁN ZURDO. Salamanca, 1942. Ex teniente de alcalde, considerado "la sonrisa del gilismo". Defraudó a Hacienda 2,4 millones de euros. Le piden 21 años de cárcel.

»MANUEL S. ZUBIZARRETA. Segovia, 1944. Jefe de los abogados que gestionaban las sociedades tras las que Roca ocultaba su patrimonio. En su despacho se encontraron 800.000 euros en metálico. Se enfrenta a seis años de cárcel por blanqueo.

»JESÚS RUIZ CASADO. Talveila (Soria), 1959. Dueño de la promotora Aifos, una de las más potentes de Andalucía antes de la crisis. Se le acusa de dar a Roca 4,8 millones de euros a cambio de favores urbanísticos. El fiscal pide para él seis años de cárcel.

»JOSÉ ÁVILA ROJAS. Granada, 1943. Constructor. Su empresa pagó en diversas entregas cinco millones de euros a Roca. Piden para él 10 años de cárcel y 55 millones de multa por cohecho y blanqueo de capitales.

La Pantoja, el juez Urquía y los 30 hijos del 'caso Malaya'

Los investigadores del caso Malaya encontraron un hilo de corrupción mucho más largo del que se podía abarcar en un único sumario, por grande que este fuera. Los dos jueces instructores de la causa, Miguel Ángel Torres y Óscar Pérez, apoyados por el fiscal Juan Carlos López Caballero, realizaron una labor de minería y clasificación del material que ha dado origen a 30 procedimientos nuevos. Estos casos se desgajaron de la causa principal, cuyo juicio arranca mañana en Málaga, para no hacer eterna la instrucción que ha llevado más de cuatro años.

La mayoría de las causas pendientes, que la Audiencia Provincial de Málaga ha aceptado investigar, corresponden a supuestos delitos de blanqueo de capitales y a resoluciones administrativas del Ayuntamiento de Marbella que favorecen a los empresarios que pagaron sobornos al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca Nicolás.

Sin embargo, la pieza malaya más conocida popularmente, y que la prensa del corazón ha identificado sistemáticamente con la causa principal sin pertenecer a ella, son las diligencias previas 3.517/07. Bajo este número figura la investigación por blanqueo de capitales contra la cantante Isabel Pantoja, para quien el fiscal pide tres años y medio de prisión.

El 2 de mayo de 2007, en una operación televisada casi en directo pese a las prevenciones policiales, la tonadillera fue detenida. Los documentos incautados en julio de 2006 a su anterior pareja, el ex alcalde Julián Muñoz, acabaron salpicando gravemente a la artista. Según la Fiscalía, Pantoja hizo pasar como suyos 1,8 millones de euros que supuestamente había recibido su ex novio como sobornos de promotores.

En su escrito, el fiscal López Caballero explica que entre 1991 y 2003, años en los que fue concejal y alcalde del Grupo Independiente Liberal (GIL), amasó una fortuna ilícita de 3,5 millones de euros. Según los cálculos del ministerio público, el ex alcalde y su familia gastaron al menos 310.051 euros más de los que consiguieron ganar de forma legal, como las rentas del trabajo.

El ex regidor se apoyó en su popular novia para ocultar el dinero. Entre otras operaciones, una sociedad de Pantoja, Franbel Artis, adquirió un apartamento en el famoso hotel Guadalpín de Marbella, propiedad del grupo Aifos. Sin embargo, en la investigación quedó patente que en las cuentas de la sociedad solo había 15 euros, y que de las cuentas personales de la cantante no salió ni un solo euro para esta operación. El fiscal considera que el lujoso apartamento, valorado en 353.695 euros, fue abonado íntegramente por Muñoz "con cargo a fondos ocultos de procedencia delictiva". Además, la cuenta desde la que se pagaba la hipoteca del chalé de Pantoja en Marbella se nutría indirectamente con fondos en efectivo de Julián Muñoz.

Otro personaje que se hizo tristemente famoso a la sombra de Roca fue el ex magistrado Francisco Javier de Urquía. Este juez fue condenado por cohecho después de que el ex asesor urbanístico admitiera que le había pagado 73.800 euros a cambio de que prohibiera la emisión de un programa de televisión que indagaba en su fortuna. El Tribunal Superior andaluz condenó a Urquía en primera instancia a dos años de prisión, siete de inhabilitación y multa por prevaricación y cohecho. Finalmente, el Supremo anuló el cargo de prevaricación y dejó la condena en 21 meses de suspensión para el cargo de juez y multa de 73.800 euros.

Urquía, ex titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, recibió después otra nueva condena por cohecho y prevaricación. En este caso, se consideró probado que el ex juez cobró 60.000 euros de Azan Khan, un imputado en el caso Hidalgo, que instruía Urquía, a cambio de dejarle en libertad tanto a él como a su esposa y su hijo.

El veneno gilista sigue dentro

Por JUANA VIÚDEZ

Dos de los tres grandes venenos del gilismo siguen en el Ayuntamiento de Marbella: una deuda municipal de 512 millones y una ingente plantilla (3.800 personas). El actual Gobierno local, en manos de Ángeles Muñoz (PP), no se ha desecho del millar de enchufados que entraron en la etapa de Gil. "Me duele en el alma que 72 de cada 100 euros del presupuesto municipal sigan yendo a pagar los salarios de esta gente", dice Alejandro Dogan, uno de los representantes vecinales más combativos con el gilismo. "Los funcionarios son los mismos que recibían las cestas de los empresarios imputados, no han cambiado", se queja el edil socialista Javier de Luis, en la oposición. Carlos Rubio, coordinador de personal y uno de los hombres fuertes del Gobierno de Muñoz recuerda de dónde vienen. "La gente no se acuerda del desastre que era esto. Era tercermundista. Ahora hay

un ambiente de normalidad". Rubio presume de su labor en el área de recursos humanos: "Tenemos normativas ultraproteccionistas con los trabajadores, eso nos deja unas posibilidades de actuación muy limitadas (...) les estamos dando la posibilidad de que opten a sus plazas después de pasar un examen".

El tercer gran veneno, el caos urbanístico, está en vías de resolverse con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento está trayendo a la ciudad, además de la seguridad jurídica perdida durante la era Gil, numerosos inversores. Colegios privados, clínicas, residencias de ancianos de lujo y más confianza por parte de los promotores. Quedaron atrás los temores a que 18.000 viviendas irregulares de la ciudad terminaran convertidas en escombros. El documento prevé la legalización de 16.500 de estas construcciones, prácticamente todas las que estaban habitadas, a cambio de compensaciones. "La marca Marbella vuelve a tener tirón", sentencia Pablo Moro, concejal de Urbanismo. Pero sobre el PGOU también hay pegas. "Se habla del despertar de Marbella, pero la única trascendencia del caso Malaya ha sido jurídica. No ha conseguido evitar la consolidación de la especulación urbanística", comenta el edil Javier de Luis, toda una institución de Ecologistas en Acción. De Luis llegó a presentar 307 denuncias por irregularidades urbanísticas entre 1995 y 1999. Diego Martín Reyes, que presidió la gestora que gobernó Marbella tras la disolución de la Corporación, ve en el PGOU una "oportunidad perfecta" para revisar numerosos expedientes y licencias pendientes, y exigir las compensaciones a los promotores que edificaron sobre zonas verdes o de equipamiento. "Tiene que haber un propósito serio, aunque advierto una cierta resistencia a adoptar medidas poco populares", dice Martín Reyes. "La ciudad va a tener conflictos urbanísticos muchos años", vaticina Javier de Luis.






* El País - LUIS GÓMEZ / FERNANDO J. PÉREZ 26/09/2010
Foto: De izquierda a derecha, Julián Muñoz, Pedro Román, ex teniente de alcalde, y Juan Antonio Roca, en el banquillo por el caso Incopromar en 2007.- elpais.com

Firmas para someter a consulta el futuro urbanístico de Basauri

DEIA/Bizkaia* : La plataforma Otro Basauri es posible comenzará el día de San Fausto una campaña de recogida de las firmas necesarias para exigir al Ayuntamiento la convocatoria de una consulta popular sobre el proyecto que Bilbao Ría 2000 quiere desarrollar en el centro del municipio. Los 21 colectivos que conforman este grupo entre asociaciones vecinales, ecologistas, de mujeres, sindicatos y partidos políticos pretenden con esta medida que se produzca un debate "real" sobre el futuro de Basauri. "Hasta ahora el Ayuntamiento sólo está cumpliendo el expediente respecto a la participación ciudadana. Nosotros pedimos que realmente nos escuchen", explica Pedro Pérez de Mendiola, portavoz de la asociación de vecinos de Pozokoetxe.

proceso Para conseguir que se celebre la demandada consulta, la plataforma deberá aglutinar el apoyo del 10% de los residentes en Basauri, es decir, en torno a unas 4.200 firmas. Con ellas en la mano, deberá acudir al pleno y que éste otorgue su consentimiento a la consulta, un paso difícil puesto que PSE y PP, los dos únicos partidos que no conforman la plataforma, ostentan la mayoría de la cámara.

"Si conseguimos las firmas y aun así se niegan a preguntar al pueblo diremos alto y claro que temen a la democracia, pues tienen miedo a escuchar la opinión de los propios vecinos para los que gobiernan", adelanta el portavoz.

La campaña de recogida de firmas comenzará el 13 de octubre por la mañana en Arizgoiti y la zona peatonal de Virgen de Begoña y no terminará hasta finales de diciembre, mes en el que esperan presentar las rúbricas al pleno.

en la calle y las sedes Además de en la calle, los vecinos interesados en apoyar la iniciativa podrán acudir a las sedes de los colectivos que integran la plataforma como las de San Miguel Bizirik, Txarraska Gazte Asanblada, la asociación de jubilados Lagun o las de los partidos políticos PNV, EB, Aralar, Alternativa y la izquierda abertzale. Los sindicatos harán circular las hojas a firmar por las fábricas.

Paralelamente a esta campaña, Otro Basauri es posible seguirá recabando apoyos de más colectivos de la localidad con los que se irán reuniendo para explicar sus ideas. Además, esperan poder organizar una jornada de debate a la que invitarán a arquitectos y profesionales de renombre relacionadas con el mundo del Urbanismo.

El último paso hasta ahora de los contrarios al plan de Bilbao Ría 2000 fue la moción que presentaron en el pleno del 24 de junio pidiendo la creación de una mesa específica que aglutinara las diferentes sensibilidades que conviven en el pueblo respecto al proyecto -que espera construir en el centro de Basauri hasta 738 viviendas, muchas de ellas en tres grandes rascacielos-.

Aquella acción quedó en agua de borrajas al toparse con la negativa de socialistas y populares. "Nos dicen que han elevado nuestras quejas a los arquitectos del proyecto, pero que su forma de gestión, financiándolo con la venta de pisos, seguirá siendo la misma", advierten.






* Deia - 9.10.10
Foto: Integrantes de la plataforma presentaron ayer la campaña frente al Consistorio de Basauri.- deia.com

Málaga.- El Ayuntamiento aún tiene 309 VPO de Soliva sin vender tras cuatro años

MÁLAGAHOY* : Cuatro años después del mayor sorteo realizado en Málaga de Viviendas de Protección Oficial (VPO) municipales que congregó a 23.875 aspirantes en busca de una casa, muchas de ellas aún siguen sin venderse. En el citado sorteo, celebrado en 2006, se ofertaban un total de 1.301 viviendas protegidas, aunque más tarde otras nuevas se sumaron a la nómina y la oferta ascendió a 1.353. En la actualidad el Consistorio aún tiene 309 por vender en distintos barrios de la capital.

Para agilizar el proceso de adjudicación y darle salida cuanto antes, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) actualizará la nomina de candidatos, por lo que los 21.924 aspirantes que están en cartera, deberán confirmar si siguen interesados, de lo contrario se entenderá como una renuncia voluntaria al proceso de adjudicación. El concejal responsable, Diego Maldonado, explicó que las circunstancias han cambiado respecto al pasado 2006 y ahora muchas familias por distintos motivos han dejado de estar interesadas y eso está ralentizando en la actualidad el proceso de adjudicación.

Las personas que en su momento participaron en este sorteo de VPO y aún no han tenido oportunidad de comprar una de estas viviendas protegidas, la mayoría pertenecientes a la promoción de Soliva, el nuevo espacio urbano creado al oeste de Teatinos y El Cónsul, deberán dirigirse a la sede del propio IMV o a la de algunos de los diez distritos de la capital para cumplimentar un formulario en el que manifiesten su interés por seguir en el proceso de adjudicación. El plazo para hacerlo acaba de empezar y finaliza el próximo 1 de noviembre.

Quedan por vender el 22,7% de las VPO que ofertó el Ayuntamiento de Málaga en 2006. "Para participar en el sorteo sólo era necesario inscribirse, entonces muchas personas lo hicieron y luego vieron que no cumplían los requisitos necesarios para optar a la compra. 675 personas de las que hemos llamado se autoexcluyeron antes de presentar la documentación y otras 97 sabemos que las entidades bancarias les han negarodo la financiación", explicó Maldonado.

El objetivo de la actualización de candidatos que propone el Consistorio busca agilizar las adjudicaciones. "Perdemos mucho tiempo en llamar a una persona y que rechace la oferta, los plazos son lentos y se va degradando la calidad de los candidatos", subrayó el edil. El listado de candidatos se puede consultar en la página web del IMV (www.imv.malaga.eu) así como las viviendas que quedan libres. Maldonado confía que la llamada a actualizar las listas de candidatos llegue a todos los interesados, pero mostró su compromiso de atender si fuera necesario a quien llegue tarde. Mientras se encuentra comprador, el Ayuntamiento asume la hipoteca de las 309 VPO de Soliva que le quedan por vender.





* Málaga Hoy - 8.10.10
Foto: Málaga, ayuntamiento desde Gibralfaro - wikimedia.org

Murcia.- Los UCO registran las sedes de las promotoras de los 6 convenios bajo sospecha

LAVERDAD* : El coco sigue rondando por Murcia. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que el pasado martes desencadenaron la redada en la que fueron detenidos tres sospechosos de corrupción urbanística, entre ellos el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, no han regresado a su cuartel de Madrid. Permanecen en la capital murciana realizando discretas gestiones en el marco de la 'Operación Umbra', como el registro de las sedes de las sociedades mercantiles que firmaron con el Ayuntamiento, entre los años 2001 y 2006, los seis convenios de la zona norte de Murcia que se hallan bajo sospecha.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado que desde el pasado martes, en que se inició la operación y se produjeron los arrestos de Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el empresario italiano Renato de Noce, los especialistas de la Guardia Civil no han dejado de trabajar desde la sombra y han rastreado ya en un buen número de empresas promotoras en busca de documentación que pudiera aportar nuevos datos a la investigación.
La 'Operación Umbra' parte de la base de que las sociedades que firmaron convenios con el Consistorio, referidos a la zona norte del municipio -Nueva Condomina y sus alrededores-, pudieron recibir un trato de favor y no sólo vieron multiplicarse por cinco el aprovechamiento urbanístico de sus terrenos, permitiéndoles construir cinco veces más viviendas de las previstas inicialmente, sino que las compensaciones que por ello tuvieron que hacer al municipio habrían sido sospechosamente bajas. Tanto es así que, según informes técnicos aportados por el PSOE, las arcas municipales podrían haber dejado de ingresar en torno a los 783 millones de euros. Un hecho que los representantes municipales vienen rechazando rotundamente, pues mantienen que la valoración que se hizo responde a criterios objetivos y fiables.
La veintena de sociedades que firmó los citados convenios, ahora bajo sospecha, son Fadesa Inmobiliaria S.L., Castillo de Larache S.L., Ideas y Desarrollos Urbanos S.L., Mediterráneo Hispagroup S.A., Tricenter Albamur S.L., Andrés Muñoz Cánovas, Nicolás y Bienert S.L., Profusa, Mirallevant S.L., Lo Navarro de Murcia S.A., Actividades e Inversiones Futuras 3000 S.L., Urbamur 2003 S.A., Visionaria S.L., Obralia del Sureste S.L., Agrumexport S.A., Ageco S.L., Euroland S.L. y Inveralrahu S.L. Las sedes de un buen número de estas mercantiles han sido ya registradas por los UCO en los últimos días.
Un dato, el de estos registros, que apunta a que las investigaciones no se van a quedar limitadas a tomar declaración a los tres detenidos y a los siete imputados en la primera fase de la operación, entre los que se cuenta el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper. De hecho, fuentes de la investigación apuntan a que entre los nuevos imputados, alrededor de una docena, estarían administradores y legales representantes de algunas de esas firmas.
Un gran pelotazo
El juzgado también investiga si uno de los detenidos el martes, el italiano Renato de Noce, pudo contar con información privilegiada, procedente del departamento de Urbanismo de Murcia, ya que apenas dos meses antes de que se firmara un convenio urbanístico del norte de Murcia adquirió terrenos en esa zona, lo que le permitió beneficiarse de las millonarias plusvalías.





* La Verdad - 9.10.10
Foto: Murcia, ayuntamiento - wikipedia.org

Hipopopopotayt@amo - Ramón

Viñeta de Ramón - elpais.com - 6.10.10