Playa Urbanista - Forges

Viñeta de Forges, playa urbanista - elpais.com 20100816

Los planes urbanísticos en Ibiza doblarán la población

DIARIODEIBIZA* : Los planes urbanísticos de los municipios de Ibiza prevén un techo de población total de la isla de 261.699 habitantes, más del doble que la población existente a 1 de enero 2009 (126.902), según recoge el informe de evaluación ambiental que acompaña el Plan Territorial de Ibiza (PTE). Los nuevos planeamientos reducen sus previsiones de crecimiento con respecto a los anteriores. Es el caso de Vila, el único municipio que ya ha aprobado de forma definitiva (en agosto de 2009) su nueva normativa, que reduce su techo de población de 117.056 a 98.449 habitantes.

Esta cifra es la capacidad máxima teórica, ya que, en la práctica, «la nueva ordenación de la ciudad se considera apta para un 50 por ciento más de la población con respecto a la situación actual; es decir, cuando se lleguen a los 70.000 habitantes de derecho se deberá proceder a su revisión». La población de Vila a 1 de enero de 2009 es de 48.684 habitantes. En los últimos cinco años el crecimiento de la población municipal se sitúa en un 13,7%, por debajo del incremento de la media insular (14,2%).

Sant Antoni, con una población de 21.852 habitantes y un aumento en el último lustro del 14,8%, prevé un máximo de capacidad residencial en su normativa en vigor de 41.005 habitantes. Este municipio es el que tiene más retrasada la tramitación de la revisión de su plan urbanístico. En cuanto a Sant Josep, con una población de 22.171 habitantes (el crecimiento de los últimos cinco años fue del 15,9%), el techo de población del nuevo planeamiento en suelo urbano es de 50.079 habitantes, a lo que se debería sumar la población diseminada.

Santa Eulària cifra la capacidad máxima de residencia de su nueva ordenación urbanística en 61.911 habitantes, cuando la población a 1 de enero de 2009 era de 31.314 habitantes, un 13,6% más que cinco años atrás. Por último Sant Joan, con una población de 4.830 habitantes (13% más desde 2004), prevé en la revisión de su normativa urbanística un techo de población de 10.255 habitantes, cuando en el PGOU actualmente en vigor lo fijaba en 21.806 sin contar con la población diseminada.

Incremento estival a considerar

El informe ambiental del PTE puntualiza que la carga demográfica real que soportan algunos municipios a lo largo del año es muy diferente a la que muestran los datos del censo y el padrón debido al movimiento turístico de los meses de verano y el incremento de población como consecuencia del aumento de la oferta laboral.

La evaluación ambiental del PTE señala que con la aplicación de la nueva norma territorial se reduce el techo de población en 4.100 habitantes. Esta cifra se extrae de la desclasificación del sector 4.22 de Cala Tarida (105 habitantes), el sector 5.4 de Punta Pedrera (477 habitantes), Benirràs (834 habitantes) y Roca Llisa (4.329 habitantes). En este último caso se reduce una cantidad inferior ya que la desclasificación de esta zona afecta a una tercera parte no consolidada de su superficie. El informe ambiental concluye que, en términos absolutos, esta reducción resulta «poco significativa» en comparación con las cifras que manejan los ayuntamientos. Salvo el sector de Cata Tarida, que el PTE desclasifica ahora directamente, el resto de zonas quedaron ´blindadas´ con la ley 4/2008 de medidas urgentes de protección del territorio.





* Diario de Ibiza - 16.08.10
Foto: Parte del municipio de Vila, con el hospital Can Misses en primer plano, y la central eléctrica.- diariodeibiza.es

Santa Cruz.- Puertos reclama la suspensión del PGO

LAOPINIÓN/Tenerife* : La Autoridad Portuaria ha elaborado un contundente informe en el trámite final del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz en el que considera que el documento introduce "determinaciones en la zona de servicio que suponen graves interferencias y perturbaciones" en la explotación portuaria. El organismo estatal llega a informar desfavorablemente sobre el Plan General al considerar que su contenido "vulnera la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante". El informe fue presentado ante la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en el pasado mes de abril a requerimiento del ejecutivo autónomo.

Por todo ello, el organismo estatal llega a solicitar la suspensión parcial de la aprobación definitiva del PGO, al menos, "en todo aquello que afecte a la zona de servicio del puerto". En este informe suscrito por el presidente del organismo, Pedro Rodríguez Zaragoza, se indica que las determinaciones sobre el sistema general viario previsto en el PGO, "afectan gravemente a los espacios destinados a usos portuarias y a la actividad portuaria, implicando por tanto, una clara interferencia y grave perturbación en el ejercicio de la explotación portuaria".

Hace un año, después de que el PGO saliera a información pública la Autoridad Portuaria elaboró otro informe en el que curiosamente se mostraban favorable hacia el Plan General aunque este parecer estaba "condicionado" a diversos aspectos. Entre ellos, al que las previsiones del PGO fueran tan sólo indicativas y que sin embargo las del Plan Especial de Puerto (PEP) fueran vinculantes.

Sistema viario

Por su parte, el PGO establece ahora como determinantes las previsiones del sistema viario, las dotaciones de usos generales y los usos y actividades no definidas como estrictamente portuarios. Este carácter obligatorio del Plan General incluso se extendía a áreas destinadas a servicios portuarios o usos mixtos.

Puertos ha alegado ahora que estas previsiones implican una interferencia y pueden perturbar el ejercicio de la explotación portuaria, toda vez que el análisis de la compatibilidad de estas actividades con la explotación portuaria le corresponde a la Autoridad Portuaria. El organismo estatal pone especialmente en solfa a la localización del Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife, en el litoral de Valleseco, cuya actividad requiere del uso de las aguas del puerto de Santa Cruz. Una ubicación que la Autoridad Portuaria por criterios de explotación no considera adecuada. Puertos arremete también con el retraso para aprobar la revisión del PEP. Un documento que es básico para desarrollar la actividad portuaria pero que en la actualidad se encuentra paralizado sin que nadie sepa dar explicaciones al respecto. "Por ello no cabe ya flexibilidad interpretativa alguna respecto a la posibilidad de que el contenido del documento relativo al PGO enviado a esta Autoridad Portuaria, pueda contener determinaciones que afecten al ámbito portuario, aún en aquellas zonas de usos no portuarios".

El organismo estatal considera que las determinaciones relativas a sistemas dotaciones y a los usos y actividades no definidas como sistemas portuarios aún las que estén previstas en zonas de uso no estrictamente portuario compatible con la actividad portuaria, "suponen una interferencia y pueden perturbar el ejercicio de la actividad portuaria, toda vez que el análisis de la compatibilidad de estas actividades con la explotación portuaria le corresponde a la Autoridad Portuaria". El contenido y contundencia de este documento supone una sorpresa y trae consigo la sensación de que se han roto las buenas relaciones que hasta ahora existían entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El informe implica el posicionamiento más fuerte contra el controvertido Plan General de Santa Cruz.

La Autoridad Portuaria hasta ahora siempre había condicionado su apoyo al planeamiento a que se modificaran diversos aspectos concretos de este documento Así lo hizo constar en la última ocasión que el documento salió a información pública, hace justo ahora un año.

La revisión del se retrasa dos años

La revisión del Plan Especial del Puerto (PEP) de Santa Cruz parece haberse quedado definitivamente guardada en algún remoto cajón de la Gerencia de Urbanismo. Desde hace ya dos años y cada cierto tiempo se avisa que el documento saldrá a información pública pero no ocurre así sin que nadie sepa a ciencia cierta por qué. En realidad se desconoce la razón por la que el PEP tiene que ser revisado tres años después de su aprobación en el Ayuntamiento. En el informe elaborado por la Autoridad Portuaria sobre el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz se deja entrever que tal vez con este retraso se busca "una flexibilidad interpretativa" a la hora de ordenar los espacios portuarios de Santa Cruz.
Puertos parece tener muy claro que el PGO no puede inmiscuirse en la labor del puerto de la capital y así lo plasma de manera meridianamente clara en el informe presentado ante la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). El PEP es el documento en el que se marca la ordenación urbanística del puerto. En el mismo se recogen las inversiones en los años próximos. Se indica que hasta el presente ejercicio el mayor esfuerzo inversor se dirige al Dique del Este donde estaba previsto gastar hasta 40 millones de euros. Otras actuaciones son la construcción de vías o canalización de barrancos, pero eso sí, las que Puertos diga en cada momento.





* La Opinión Tenerife - 16.07.10
Foto: Santa Cruz Tenerife, puerto y vista - tenerifefilmorchestra.com

«Hay una obsesión por apropiarse de las competencias urbanísticas»

LNE/Oviedo* : En su alegación al plan territorial de espacios libres del área central el Ayuntamiento de Oviedo llega a acusar al Principado de Asturias de intentar «construir una nueva organización administrativa» cuyo objetivo es, según el concejal Alberto Mortera, apropiarse de las competencias urbanísticas municipales. «La voluntad de construir una nueva organización administrativa que atribuya las competencias reales sobre el urbanismo en Asturias al Ejecutivo autonómico resulta obsesiva en todo el documento», argumenta el concejal.

En concreto, el edil ovetense se refiere a la propuesta de «creación de un departamento dentro de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda» y a la puesta en marcha de una comisión que se encargue de planificar y desarrollar la red de espacios públicos. Para el Ayuntamiento, la creación de estos organismos supone «avanzar en la línea opuesta a la oportuna», ya que se incrementaría el número de cargos públicos «en un momento de contracción de recursos».

El Ayuntamiento asegura que los espacios naturales gozan de una buena protección en Asturias y argumenta que muchas de las iniciativas para su conservación y su puesta en valor han partido de los propios ayuntamientos. Por ello, plantea que «para mejorar y completar la red de espacios libres del área central» se modernice el actual PORNA en vez de aprobar un nuevo documento.




* La Nueva España - 16.08.10
Foto: Oviedo, ayuntamiento - wikipedia.org

El juez suspende el cobro de nuevas cuotas a los dueños del PAI anulado de Almenara

LEVANTE/Castelló* : El juzgado de lo contencioso-administrativo nº2 de Castelló ha suspendido de forma cautelar el cobro de nuevas cuotas de urbanización a los propietarios de parcelas en el PAI Sector Playa de Almenara, anulado por el Tribunal Supremo tras entender que creaba un efecto de "pantalla arquitectónica" en primera línea de costa. La decisión judicial paraliza el cobro de los recibos que la empresa urbanizadora Afirma Grupo Inmobiliario SA ya había empezado a presentar a los propietarios de parcelas el pasado mes de julio por la retasación de los costes del proyecto. Los propietarios contaban con un plazo de 30 días para abonar las cantidades adeudadas, sino, podían ser embargados.

El magistrado del juzgado castellonense acordó esta medida cautelar en un auto firmado el pasado 13 de julio después de aceptar la petición presentada por un grupo de propietarios, los mismos que llevaron ante el Tribunal Supremo el proyecto urbanístico y que han conseguido que se declare nulo por prever más volumen de edificabilidad de la media prevista en el municipio. En el auto, el magistrado recoge que "consecuentemente, declarada la nulidad del Plan Parcial y del PAI del Sector Playa de Almenara, ello supone, en aplicación de la precitada doctrina jurisprudencial, motivación suficiente para la adopción de la medida cautelar" solicitada por los propietarios.
El abogado de los propietarios, José Luis Ramos, ya advirtió que esta suspensión del pago de las nuevas cuotas sería la primera de las consecuencias visibles del acuerdo del Supremo sobre el sector playa de Almenara. Las facturas se habían emitido para asumir el sobrecoste que había tenido la urbanización con respecto al presupuesto inicial al no haberse contado con obras como la construcción de una depuradora para atender el aumento de demanda, la mejora del proyecto para evitar inundaciones o la necesidad de reponer un transformador eléctrico. La retasación de las cargas, que se acerca al 20% del presupuesto inicial también ha sido recurrida en los tribunales por parte de los propietarios afectados por el PAI al entender que estas obras debían de haberse previsto inicialmente en el proyecto.
El Ayuntamiento de Almenara tiene ahora la pelota en su tejado para intentar enmendar el "exceso" de edificabilidad aprobando un nuevo planeamiento para la zona y acatar así el fallo del Tribunal Supremo. De hecho, el Alto Tribunal ha vuelto a ratificarse en su sentencia en un auto dictado a finales de julio en el que desestima las pretensiones del agente urbanizador de declarar nula la resolución que dejaba sin efecto el PAI.

No hubo indefensión
La empresa Afirma Grupo Inmobiliario SA solicitó ante el Supremo un incidente de nulidad del fallo alegando indefensión en el proceso ya que no habían sido parte al haber llegado a convertirse en agente urbanizador después de una primera cesión y de una fusión por absorción posterior.
La Sala de lo Contencioso Administrativo rechaza su petición asegurando que no tienen constancia de la fecha en que Almenamar SL, el primer agente urbanizador, "conoció la existencia del recurso pero es indudable que ya conocía la sentencia dictada en ese proceso cuando en el año 2006 presentó aquellos escritos de alegaciones ante el juzgado de lo contencioso nº2 de Castelló. Siendo ello así, no es de recibo que sea ahora, cuatro años más tarde, al producirse la sentencia de este Tribunal Supremo que casa y anula aquella sentencia de instancia, cuando Afirma Grupo Inmobiliario SA (absorbente de Almenamar SL) se decide a comparecer alegando la indefensión que se la ha causado".





* Levante-emv - 15.08.10
Foto: Una de las promociones de viviendas del PAI Sector Playa casi terminada.- levante-emv

S.Pedro Sula.- Ciudad crece, pero sin permisos de construcción

LAPRENSA/Honduras* : La industria de la construcción en lo que va del año no ha reportado mejoría. Según estadísticas de la unidad de Control Urbano de la Alcaldía sampedrana, el trámite de permisos para grandes y pequeñas edificaciones ha bajado 40% en relación con 2009. Este descenso representa para la Alcaldía dejar de percibir medio millón de lempiras mensuales, porque el año pasado entraban en las arcas municipales alrededor de 1,700,000 lempiras mensuales y en 2010 solamente ingresa 1,200,000.

El año pasado también se reportó una baja de 23% en las solicitudes de permisos de construcción en relación con 2008.

Los ingresos económicos de la Municipalidad a través de esta dependencia son por servicios como pago de planos y solicitudes, permisos para roturas de vías públicas, factibilidad de usos de suelos, ingresos por urbanismo, directrices y multas.

Esta situación acarrea un problema mayor porque quienes sí planean hacer alguna construcción prefieren iniciarla sin permisos en vez de perder tiempo en el engorroso trámite en la oficina municipal.

Urbanizaciones ilegales

En una inspección de la unidad de Urbanismo en mayo se comprobó que en la ciudad hay aproximadamente 180 urbanizaciones que no contaban con permiso de operación.

En su mayoría, el problema se detectó en lotificadoras y residenciales en los sectores de mayor poder adquisitivo de San Pedro Sula.

El director de Urbanismo, Carlos Alvarado, justificó que la lentitud en el trámite de los permisos de construcción no es directamente responsabilidad de la Alcaldía, sino de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Serna, que le debe extender una autorización al solicitante.

El funcionario señaló que el proceso que le corresponde a la unidad de Control de Urbano para extender un permiso de construcción es rápido.

“Una vez que el solicitante nos presenta los planos y documentos en orden, en unos cinco o diez días se le extiende el permiso de construcción. El atraso es de la Serna, que tarda hasta un año en proporcionar la licencia ambiental. Sin ese documento no podemos proporcionarle a la persona el permiso de operación”, explicó.

La licencia de la Secretaría de Recursos Naturales es solamente para construcciones de más de 2,000 metros cuadrados.

Alvarado recalcó que un buen porcentaje de inversionistas, al no obtener el permiso de construcción, están obligados a hacer sus proyectos sin autorización, violentando la ley.

“El proyectista hace sus urbanizaciones de acuerdo con las directrices que se le han dado. Al no poseer la licencia ambiental, empieza la obra y al finalizarla prefiere pagar la multa por no tener el permiso de operación”, señaló.

Alvarado comentó que para dar un permiso de construcción en grandes edificaciones primero le dan la autorización de uso de suelo extendida en dos días y después le otorgan las directrices. Con esas disposiciones, el inversionista elabora los planos y los presenta a la Municipalidad.

Zonas ilegales

El funcionario reconoció que no han hecho controles. Los sectores noroeste y noreste registran mayor número de construcciones ilegales.

“Irónicamente son los sectores de mayor poder adquisitivo y donde se reporta más desarrollo en proyectos habitacionales”, dijo.

Recalcó que definitivamente las solicitudes de permisos de operación han bajado 40% porque la construcción reporta un descenso por la situación económica.

La unidad de Control Urbano en 2009 revisaba al mes un promedio de cien planos de obras mayores y este año sólo ve unos 60.
“La Alcaldía deja de percibir alrededor de 500,000 lempiras al mes debido al paro que ha tenido la industria de la construcción, ya que no hay solicitudes de permisos de construcción”, indicó.

Alvarado agregó que la falta de controles se debe a que carecen de logística.

“Solamente tenemos un vehículo para las supervisiones. La unidad como mínimo debería tener cinco carros, uno para cada sector de la ciudad. Sencillamente, la carencia se debe a la falta de fondos de la Alcaldía”.

El comisionado de Urbanismo y regidor Aníbal Kelly reveló que la Municipalidad deja de percibir más de 100 millones de lempiras por permiso de construcción. “Se han detectado varias urbanizadoras que están edificando sin autorización y además cancelan sus impuestos como solares baldíos”, explicó.

El corporativo señaló que han instruido a la unidad de Catastro y Urbanismo para que haga una auditoría en proyectos habitacionales desarrollados en los últimos años en la ciudad.

Para el regidor, la mayoría de los proyectos se han ejecutado sin permiso por la falta de agilidad y por negligencia municipal.





* La Prensa Honduras - 14.08.10
Foto: San Pedro Sula (Honduras) - aprobana.org